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Etiqueta: derechos

El Frente Ecologista Cipreses: Preocupación por contaminación del agua y solicitudes de intervención al AyA

El Frente Ecologista Cipreses en un comunicado dirigido al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Don Juan Manuel Quesada, expresa su profunda preocupación por la contaminación del agua y solicita una intervención urgente.

La carta detalla una serie de problemas graves que afectan a las fuentes de agua en la región, incluyendo la presencia de plaguicidas y la contaminación por tanques sépticos. Se señala que, a pesar de las órdenes sanitarias y los informes técnicos que alertan sobre la gravedad de la situación, la Administración de Servicios de Agua y Alcantarillado (ASADA) local ha mostrado una falta de acción y desobediencia hacia las autoridades del AyA.

Con respecto al agua de Cipreses se detalla que la comunidad cuenta con cuatro fuentes de agua, dos de las cuales (Edwin Coto y San Francisco A.) han sido clausuradas debido a la invasión de tanques sépticos y la presencia de coliformes fecales. Las otras dos fuentes (Plantón y Carlos Calvo) están en uso pero han sido contaminadas por plaguicidas, y sus áreas de protección están afectadas por actividades agrícolas o ganaderas. Además, se menciona la presencia de un pozo donado a la ASADA en medio de áreas agrícolas fumigadas, así como la perforación de otro pozo en un terreno adquirido por la ASADA sin la aprobación técnica del AyA, lo cual se detalla en un informe de la institución fechado el 16 de febrero (MEMORANDO No.PRE-J-2024-00537).

Además, se destaca la desidia de las autoridades superiores del AyA en abordar el problema, a pesar de las múltiples solicitudes y denuncias presentadas por la comunidad: “Además, la ASADA desobedece al AyA y se encuentra haciendo conexiones, pozos, comprando terrenos y proyectos sin la autorización del AyA tal y cual consta en sus propios informes técnicos de INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS”

El Frente Ecologista Cipreses menciona que la ASADA, liderada por residentes locales, está priorizando el desarrollo urbano sobre la calidad del agua, presionando al AyA para obtener permisos de expansión, a pesar de las órdenes de clausura de fuentes contaminadas como Edwin Coto y San Francisco de Asís. 

Señalan la falta de protección ambiental en estas fuentes y se expresa preocupación por la posible violación de órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. Además, se ha observado la realización de obras de conexión sin autorización del AyA, incluyendo la compra de terrenos para la construcción de pozos, lo cual está documentado en un memorando fechado el 16 de febrero (MEMORANDO No.PRE-J-2024-00537).

En la carta se menciona que “el agua subterránea se contamina no solo de materia fecal sino de todos los medicamentos, fármacos, antibióticos productos de limpieza, etc. que la gente excreta y vierte precisamente sobre el área de recarga acuífera de la naciente. Una planta de tratamiento para este tipo de contaminantes no es para nada una solución barata y esto pone en una encrucijada el desarrollo habitacional de la zona.” Y se hace referencia a acuerdos previos no cumplidos, falta de análisis sobre la contaminación, y la ausencia de acciones para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente.

Se solicita considerar que el suministro de agua de más de 3000 personas en la ASADA de Cipreses, Cartago, está en riesgo debido a la falta de protección de las fuentes de agua y la presencia de plaguicidas. Se confirmó la contaminación con agroquímicos desde 2021 en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo, según un estudio del IRET de la Universidad Nacional. Se han encontrado productos de degradación del plaguicida clorotalonil, clasificado como carcinógeno por la EPA de EE. UU. Las concentraciones de plaguicidas en el agua superan los límites permitidos, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad del agua potable en la comunidad.

Se ha detectado la presencia de contaminantes, incluyendo 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno, en la toma de agua de Carlos Calvo, superando los límites permitidos. Se ha confirmado la presencia de nuevos contaminantes derivados del plaguicida clorotalonil en Cipreses, Santa Rosa y San Pablo. 

Además, se descubrió que el agua transportada por el AyA desde una naciente que se creía limpia también estaba contaminada con residuos de clorotalonil, según informes del IRET de la UNA y el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA. Ante la clausura de las fuentes de agua de la ASADA de Cipreses en 2022, se comenzó a llevar agua en camiones cisterna desde la Asada de Santa Rosa, pero se encontró contaminación en la naciente Miguel Brenes, con niveles de un derivado del clorotalonil superiores al límite permitido.

Con casi dos años después se sigue sin hacer cumplir lo ordenado por la Sala Constitucional:

«… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…» (Exp: 22-015651-0007-CO) 

La comunidad, preocupada por la salud de sus familias debido a la contaminación del agua por agroquímicos en la zona norte de Cartago y la falta de acción por parte de las autoridades del AyA, se siente desesperanzada. Como Presidente Ejecutivo del AyA, se le pide responder a una serie de cuestionamientos para explicar la estrategia para abordar esta contaminación y por qué no se han tomado medidas a pesar de los acuerdos previos. 

Cuestionan la falta de estudios hidrogeológicos ordenados por la Sala Constitucional y la negativa a realizar un análisis integral del problema en todas las ASADAs. Además, se solicita una explicación sobre la suspensión del acuerdo para quitar la delegación a la ASADA de Cipreses y la falta de acción de varios departamentos del AyA ante la situación. Finalmente, se pregunta si se ha considerado presentar una denuncia a la Fiscalía dada la evidencia documental disponible.

Finalmente se solicita formalmente al Presidente Ejecutivo del AyA lo siguiente: primero, una reunión presencial para buscar soluciones a la grave situación de contaminación del agua. Quieren que se escuchen sus propuestas y trabajar juntos por el bien común. Segundo, piden que se tomen acciones concretas, ya que hasta ahora las respuestas del AyA han sido insuficientes y se percibe una falta de atención real al problema. Tercero, solicitan retomar un acuerdo previo de la Junta Directiva para abordar la situación de la ASADA de Cipreses.

La carta concluye con la firme determinación de la comunidad de utilizar todos los recursos legales disponibles para hacer cumplir sus derechos, destacando la importancia de una colaboración efectiva entre el AyA y la comunidad para garantizar un suministro de agua seguro y sostenible.

Para más detalles sobre la carta, sus denuncias, demandas y los detalles de la situación, se remite al comunicado completo dirigido al Presidente Ejecutivo del AyA.

Mesa redonda virtual: Derechos políticos de las mujeres y las nuevas tecnologías

SURCOS comparte la siguiente información:

¡No se pierda la mesa redonda virtual: Derechos políticos de las mujeres y las nuevas tecnologías! Este martes 5 de marzo, de 11 a 13 horas (hora de Costa Rica), en conmemoración al Día Internacional de la Mujer; nos sumergiremos en este debate desde una perspectiva actual y relevante.

Únase a la conversación y acompáñanos en nuestra transmisión en vivo por las redes sociales de la Corte IDH: https://www.facebook.com/CorteIDH

ArtCity Tour por Palestina

La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica invita el jueves 15 de febrero al ArtCity Tour por Palestina, «por amor a Gaza «, en San José.

Esta actividad pacífica para todo público iniciará a las 5:00 p.m. en la Plaza de la Cultura, recorriendo los siguientes lugares: 

  • Museo de jade
  • Museo Nacional 
  • Cenac, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
  • Artea Morazán 
  • Alianza francesa 
  • Tienda Eñe – Casa Amarilla – Cancillería

Compartimos la invitación:

Para acceder a la página oficial de La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica de Instagram, acceda al siguiente enlace: https://www.instagram.com/palestinacostarica/

UCR: Costarricenses perciben que menores de edad están expuestos a violencia psicológica y sexual

Esta décimo tercera edición de la Encuesta Actualidades de la Universidad de Costa Rica incluyó una muestra probabilística de 631 personas mayores de edad, usuarias de telefonía celular, y abordó ocho temas relacionados a la actualidad nacional, entre ellos el de violencia infantil (foto Archivo OCI, UCR).

Encuesta Actualidades 2023 exploró la percepción de los ticos sobre los tipos de violencia infantil que consideran altamente probables que ocurran a niñas y niños

Más de la mitad de la población costarricense considera que los dos tipos de violencia, que son altamente probables que les ocurran a las niñas y los niños en el país son la violencia psicológica y la sexual.

Así lo reveló la Encuesta Actualidades 2023, realizada por estudiantes de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, mediante la cual se exploró la percepción de las personas sobre la probabilidad de que las niñas y niños experimenten distintas formas de violencia, como lo son: el abandono y negligencia por parte de una persona adulta, violencia física, violencia psicológica, y violencia sexual.

Los resultados de este estudio determinaron que, las formas de violencia infantil que los ticos consideraron más probables que ocurran, fueron la violencia psicológica o emocional y la violencia sexual, con un porcentaje del 53,7% de la población encuestada para ambas formas de abuso.

Además, un 47.3% de los costarricenses considera altamente probable que los menores de edad sufran violencia física, y un 43.3 abandono o negligencia por parte de la persona encargada.

En cuanto a las consecuencias de la violencia infantil, el 74,3% de las personas considera que el estrés y la ansiedad son la repercusión más probable que sufrirán los menores de edad que experimenten cualquier tipo de violencia en sus hogares. Mientras que un 69% considera que la consecuencia más probable es el uso de drogas y la tenencia de armas.

Lamentablemente, estas percepciones coinciden, con la realidad nacional, ya que el país atraviesa una problemática social en donde, cada año, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en conjunto con el 9-1-1 recibe miles de denuncias sobre situaciones que violentan los derechos de las personas de edad.

Por ejemplo, en el 2022 el PANI atendió 81.644 situaciones violatorias a los derechos de las personas de edad. De ellas un total de 3 418 están relacionadas a abuso sexual; 11 667 a violencia física; 7 192 a violencia psicológica; 17 065 por negligencia en materia de salud, y 2227 por casos de negligencia por personas menores de edad solos en casa. 

En ese mismo periodo el PANI atendió un total de 2533 casos por situaciones violatorias relacionadas con conflictos vecinales, un total de 15 995 casos relacionados a conflictos familiares, un total de 5746 denuncias por menores que estuvieron expuestos a drogas, 201 casos por explotación y un total de 4904 por consumo de drogas.  

Por otra parte, el Hospital Nacional de Niños, confirmó que 254 menores fueron referidos al PANI, en el año 2022, luego de que los análisis médicos determinaran que sufrieron violencia física o sexual, mientras que para el año 2023 esa cifra aumentó a 315 menores.

En cuanto a la problemática de la violencia infantil, la Mag. Laura Rivera Alfaro, investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) manifestó que la desigualdad social que atraviesa el país contribuye que este fenómeno se fortalezca.

“Esta es una cuestión de realidad que tiene que ver con las formas en las que la sociedad en este momento se está estabilizando en términos de condiciones socioeconómicas, vivimos en un país en donde alrededor del 40% de las personas menores de edad están en condición de pobreza y hay desigualdad social. Entonces, ya ahí hay una forma de violencia establecida que es la carencia y la falta de oportunidades que tienen estas personas para resolver sus derechos básicos, y esa es una violencia que como sociedad perpetuamos, que no es solamente intrafamiliar. Sabemos que hay violencia infantil en todos los niveles socioeconómicos, pero es en los entornos familiares más desfavorecidos en donde es más probable que se violente el derecho a la educación, o que las personas menores de edad estén más expuestos a otras situaciones de violencia física, sexual o psicológica” explicó Rivera.    

En su opinión, la pandemia también pudo haber influido en que se diera un subregistro en las estadísticas nacionales sobre los casos de violencia infantil en los últimos años, debido a que los centros educativos (uno de los principales lugares donde se detectan las situaciones de violencia) al estar en modalidad virtual probablemente no pudieron determinar ni denunciar algunas situaciones que violentaron los derechos de las personas menores de edad.   

Con respecto al tema de la violencia psicológica, la experta de la UCR afirmó, que en los últimos meses se han venido legitimando discursos en contra de la población menor de edad, por parte de algunos jerarcas, en donde se hace referencia a una generación de cristal. Desde su perspectiva este tipo de mensajes contribuyen a que se desvaloricen las emociones de las personas adolescentes y en cierta forma esto influye en que se normalice el abuso psicológico y emocional.

Ticos no confían en la labor del Patronato Nacional de la Infancia

Por otra parte, la encuesta también determinó que el nivel de confianza de los costarricenses con respecto a la labor que ejerce el PANI para atender la violencia hacia los menores de edad en Costa Rica es bajo.

En general, los resultados demuestran que el 32,9% de las personas encuestadas no confían en el PANI, el 40,4% confía poco, el 20,1% confía algo y solo el 6,5% confía mucho.

Sobre esta percepción, Rivera comentó que es importante vislumbrar que, con las políticas de reducción del gasto público, también ha disminuido la inversión del país en programas y acciones para resguardar los derechos de las personas menores de edad.

“Claramente el debilitamiento que se ha venido dando en el PANI y en otras instituciones que están orientadas a garantizar este tipo de derechos pasa también una factura en la confianza que la población tiene, porque en efecto su labor se ve más limitada porque se recortan fondos o presupuestos para los servicios, y sin duda hay instituciones como el PANI que tienen muchos años de tener carencia de personas profesionales para cumplir con los procesos de trabajo que tienen que desarrollar.  Por ejemplo, el PANI debería de ir un poco más allá y educar e impulsar acciones para que se generen entornos protectores, donde la violencia psicológica o física se limite, pero eso es una labor que en este momento está casi que, excluida de las posibilidades de la institución, porque no hay profesionales, no hay presupuesto y hay que priorizar” explicó Rivera.

En su opinión, las instituciones y organizaciones a cargo del resguardo de derechos fundamentales deben seguir resistiendo y buscando otras formas de incidencia política, mediante la cual logren conseguir los recursos necesarios para seguir amparando a estas poblaciones vulnerabilizadas.

Encuesta de Actualidades 2023

Tatiana Carmona Rizo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Elecciones en El Salvador, claroscuros de una democracia burlada

El programa «Elecciones en El Salvador, claroscuros de una democracia burlada» de La Mesa Redonda Con Sergio Marin Cornavaca, aborda diversos aspectos relacionados con las elecciones en El Salvador y las municipales de Costa Rica. La conversación tiene un enfoque crítico sobre los resultados y las acciones de los involucrados, particularmente del presidente Nayib Bukele. Se cuenta con la participación de el historiador costarricense Vladimir de la Cruz. 

Primero se señala la controversia en torno a los resultados de las elecciones, donde el magistrado del tribunal electoral no había declarado oficial el triunfo de Bukele, a pesar de que el sitio web del tribunal reportara una clara ventaja del oficialismo con más de un millón de votos, y Bukele ya anunciara su gane. Esta discrepancia entre los datos reportados y la declaración oficial genera cierta desconfianza sobre la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de los resultados.

Los expositores abordan la gestión de Bukele para controlar las maras en El Salvador y como esta ha sido un factor clave en su creciente popularidad. Sin embargo, esta estrategia también ha generado preocupaciones sobre un posible autoritarismo en su gobierno. Y aunque se reconoce la necesidad de abordar la delincuencia y la inseguridad, existe el riesgo de que las medidas implementadas por Bukele para combatir las pandillas pueda llegar a erosionar las instituciones democráticas del país. 

Se realiza un análisis comparativo con la historia política de Costa Rica, se resalta la tradición de reelección de presidentes en el siglo XIX y los cambios constitucionales que han moldeado el sistema político del país. Se mencionan casos de reelección exitosa y los desafíos enfrentados por los gobiernos en términos de legitimidad y poder político.

Este programa de La Mesa Redonda Con Sergio Marin Cornavaca ofrece una reflexión crítica sobre las elecciones en El Salvador, destacando las ambigüedades y desafíos en el proceso electoral, así como las implicaciones políticas y sociales de los resultados. La comparación con la historia política de Costa Rica permite enriquecer dicho análisis y proporciona perspectivas históricas para entender mejor el contexto político actual en El Salvador.

Compartimos el video del programa:

La lucha tribal de Cahuita continúa

Bernardo Archer Moore

¿De qué se trata?

Es por el respeto a los derechos ancestrales (cultura y forma de vida) de la población de Cahuita, los cuales anteceden en más de un siglo al Decreto Ejecutivo número 43532 del 5 de mayo de 2022, que reconoce su existencia.

De hecho, el gobierno costarricense simplemente estaba tratando de ponerse al día con las leyes internacionales que se había comprometido a cumplir al ratificar y adoptar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo («OIT») en 1992. (Administración Carlos Alvarado – Epsy Campbell).

Este último y su jurisprudencia internacional son la cuna y pilares jurídicos de los derechos particulares del Pueblo Tribal de Cahuita. Las cuales no se limitan a la propiedad de la tierra, formas de transferencia; sino también, tener un impacto efectivo y directo en su administración y gobernanza.

En este orden de ideas, la conformación o pertenencia a nuestro Pueblo Tribal NO se debe a la pigmentación de la piel («banca», «negra» o «chocolate»), sino a la autodeterminación de la persona a tener asimilado nuestra cultura ancestral. Y, sobre todo, honrar los lugares sagrados de enterramiento de nuestros antepasados.

Cosa que se nos ha impedido hacer desde 1977, debido a la confiscación de esas tierras por parte del gobierno. Rompiendo así el vínculo de todos los menores de cincuenta años con sus ascendientes (Abuelos, bisabuelos, etc.); hasta el punto de desconocer su propia existencia y más aún el lugar donde fueron enterrados sus restos.

Este es el acto gubernamental más dañino contra nuestra continuidad cultural tribal, que ha causado una grave erosión de nuestra cultura ancestral. Lo que tenemos que hacer ahora es rescatar lo que podamos, protegiendo lo poco que queda.

Paralelo a lo anterior, a pesar de haber sido legislada a satisfacción de nuestros antepasados en 1915 (Ley Número 35), sobre la organización habitacional de nuestro territorio: tipos de construcción, tamaño de calles, ubicación de Escuela, Parque y Policía. (Considerado por algunos como: El Primer Ordenamiento Territorial de Costa Rica).

Ahora, 109 años después, el actual gobierno pretende imponernos una nueva organización territorial ajena a nuestra cultura y su evolución natural denominada “PLAN REGULADOR COSTERO”, que no es otra cosa que un vehículo de GENTRIFICACIÓN COSTERA.

Eso sí, sin haber realizado una consulta previa sobre la naturaleza o modelo de desarrollo que nuestra población desea; obviamente porque conocían de antemano nuestras costumbres, cultura y forma de vida.

En lugar de enfrentar la oposición a sus objetivos de gentrificación, optaron por el camino fácil de reclutar a un pequeño grupo de personas de ascendencia africana y legitimarlos como representantes y portavoces de la población tribal de Cahuita; que como si todos «los miembros de las tribus fueran iguales, y basta con tener uno, dos o tres en sus filas».

Sobre este tema, la Sala IV o La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrán la última palabra.

NOTA:

La Sala IV no ha resuelto aún el Recurso de Amparo (Exp. 23-027898-0007-CO) del 05/12/2023.

 

Publicado en Las Cosas Son Lo Que Son: https://www.facebook.com/100070264653237/posts/446316684387150/?mibextid=WC7FNe

Información compartida con SURCOS por Bernardo Archer Moore.

30 de enero: Día Escolar de la No Violencia y la Paz

El hogar y la escuela juntos enseñan la paz

Dra. Hazel M. Gutiérrez Ramírez
Pediatra. Especialista en Cuidado Paliativo Pediátrico y Bioeticista
Invitada de ACANAMED

El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, y se conmemora el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (India, 1869-1948). Gandhi fue un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia al rechazar de forma tajante cualquier tipo de violencia o maltrato contra los seres vivos y que desdichadamente, fue asesinado por defender estas ideas.

El objetivo de recordar este día es que en todos los hogares y centros educativos de nuestro país sean ambientes defensores de la paz y se incentive en ellos una cultura dedicada a la no violencia en ninguna de sus formas (física o verbal) para nuestros niños, niñas y adolescentes.

En la actualidad, hablar con nuestros hijos sobre la importancia de fomentar la paz, es fundamental. Estamos viviendo situaciones que sólo hace unos pocos años llegamos a considerar que serían impensables. Entre ellas, el desarrollo de guerras entre ya varios países y las numerosas situaciones trágicas ocurridas recientemente donde menores de edad inocentes resultan heridos o pierden la vida ante el uso de violencia desmedida dentro de un ambiente seguro como era su propia escuela o bien su comunidad. Tan solo hace un año en EUA, un niño de 6 años disparó a su maestra de preescolar por haber tenido un desacuerdo con ella: ¿Cómo puede ser esto posible? Sin duda, como adultos responsables del cuidado de nuestros hijos debemos preocuparnos y analizar con conciencia: ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?

La paz no solamente se siembra en las escuelas, más importante aún, se siembra en el seno de cada uno de nuestros hogares. Mientras el niño crece, es dentro de su familia donde el niño aprende cómo comunicarse con otros niños y con los adultos, cómo comportarse durante las diferentes circunstancias de la vida (sean experiencias positivas o negativas) y cómo interactuar con los demás para ser parte de una sociedad. Debemos recordar que cuando el niño inicia el primer año de la escuela, cerca de los 6 años, está madurando y desarrollando su personalidad pues imita las acciones de socialización de sus padres con los demás e incorpora los valores morales trasmitidos dentro de su familia. Es por esta razón, que la responsabilidad de los adultos que cuidan y enseñan a los niños durante estos primeros años de la infancia es tan valiosa e importante: la paz inicia y termina en casa.

Una educación inspirada en una cultura de la no violencia y paz permite que los niños adquieran los conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas (UNICEF, 2020).  Enseñar a nuestros niños y adolescentes herramientas valiosas para una adecuada convivencia, no sólo les ayudará a aprender a vivir en armonía con los demás, sino también en su futuro desarrollo profesional.

Las habilidades blandas, también conocidas como “habilidades de las personas” o bien “habilidades interpersonales”, son, al contrario de las habilidades duras, una combinación de habilidades humanas, subjetivas y no cuantificables que juegan un papel esencial en la forma que nos relacionamos e interactuamos con otras personas. En conmemoración de esta fecha, deseo destacar 5 habilidades blandas que, si las sabemos enseñar y fomentar en nuestros hijos, tanto en el hogar como en la escuela, serán “semillas de la paz” a lo largo de las futuras generaciones:

  1. Empatía: Permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de solo ver la nuestra, es en sí la habilidad de “ponerse en los pies del otro”. Es enseñar a los niños sobre el significado de desarrollar el valor de la sensibilidad para relacionarse con los demás, es que interioricen y apliquen en su forma de vivir la frase de Confucio que una y otra vez, me decía mi padre cuando era pequeña: “No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”.
  2. Habilidades de comunicación: En estos tiempos donde existe tanta globalización y la comunicación es tan diversa a causa de los medios tecnológicos y digitales, el saber comunicarse de forma asertiva es sumamente primordial. Enseñar a nuestros hijos a escuchar activamente a los demás con respeto y atención (mirando siempre a los ojos y no compulsivamente el teléfono como ya con más frecuencia ocurre), o bien, el desarrollo de estrategias de negociación a lo largo de las diferentes etapas de su vida les brindará un mundo abierto con un sin fin de posibilidades de crecimiento y aprendizaje.
  3. Tolerancia: Es promover el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. Es un derecho de la infancia y de toda la humanidad el lograr desarrollar un adecuado entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar. El lograr que nuestros niños y adolescentes desarrollen habilidades pacíficas de resolución de conflictos hará sin duda que el uso de la violencia no forme nunca parte de sus vidas, independientemente de las circunstancias que atraviesen.
  4. Respetar los derechos de los demás: Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las personas también tienen responsabilidades; así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás (UNICEF, 2015). Es enseñarle a los niños y adolescentes la frase del filósofo Jean-Paul Sartre: «Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás”
  5. Trabajo en equipo: Aprender a ser un líder positivo y saber trabajar en equipo es hoy en día una habilidad indispensable. En 1964, Robert Greenleaf fundó el llamado “liderazgo servicial” o “liderazgo compasivo”, el cual es un enfoque de liderazgo en el que ayudar a los demás está por encima de todas las demás prioridades de la persona. En lugar de gestionar para obtener resultados, un líder servicial se centra en crear un entorno en el que su equipo pueda prosperar y realizar su labor de la mejor forma posible. Por el contrario, si enseñamos a nuestros niños y adolescentes a ser individuos puramente individualistas, difícilmente serán buenos líderes. El promover el conocimiento, la comprensión y la práctica de la importancia del trabajo en equipo en nuestros niños y adolescentes, sea con sus propios hermanos como con sus amigos y compañeros de clase, fomentará la búsqueda de objetivos comunes, el sentido de lealtad, seguridad y alta autoestima. Lo anterior, llevará a que se esfuercen por mantener relaciones positivas dentro y fuera de sus grupos de pares y nos aseguraremos de que a lo largo de sus vidas sean voces que mitiguen las expresiones o acciones negativas dirigidas hacia los demás.

Como madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, cuidadores y educadores los invito a cada uno de ustedes a construir con los niños y adolescentes de nuestro entorno, el camino hacia la paz y no violencia. Es la forma idónea de hacer un mundo mejor para aquellos que vendrán detrás cuando ya no estemos con vida. Como una vez dijo Mahatma Ghandi: «Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo».

Despidos Municipales. Sigamos el ejemplo de la seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz

Por Mauricio Bonilla Blanco

En medio de la incertidumbre laboral que afecta a los trabajadores municipales en Costa Rica, el movimiento encabezado por la seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz se erige como un llamado a la solidaridad y a la reflexión sobre las decisiones de la Contraloría General de la República (CGR). El 9 de enero del presente año, 83 trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz iniciaron un movimiento que tenía como fin el de cuestionar y revertir estos despidos.

La polémica surge a raíz de la decisión de la CGR de prescindir la no aprobación del presupuesto. Albino Vargas, ha expresado su desacuerdo con esta medida considerándola cuestionable

El movimiento liderado por la seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz buscaba  no solo la reinstalación de los 83 trabajadores despedidos, sino también concientizar sobre la necesidad de revisar y reconsiderar las decisiones de la CGR. Se hace un llamado a los trabajadores de todas las municipalidades de Costa Rica, en especial a aquellos que están experimentando despidos, para unirse en solidaridad y tomar acciones concretas ante esta situación.

La situación en Santa Cruz no es un caso aislado; es un reflejo de la preocupante realidad que enfrentan los trabajadores municipales en todo el país. Este llamado a la acción busca sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de abordar estas problemáticas laborales de manera urgente y justa, garantizando el bienestar de quienes dedican su esfuerzo diario a servir a sus comunidades.

En el video adjunto se puede visualizar lo acontecido.

Anulada sentencia de un juzgado de Buenos Aires que afectaba territorios indígenas

El 19 de diciembre de 2023, en el Segundo Circuito Judicial de San José se anuló la sentencia N.º 19 del 14 de abril de 2021, centrada en una disputa sobre territorios indígenas.

El proceso fue presentado por cinco sociedades representadas por Eladio Ramírez González. Buscaba el restablecimiento de derechos de posesión en territorio indígena. Sin embargo, la sentencia original, emitida por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, ha sido anulada debido a errores procesales y falta de congruencia, lo que generó inejecutabilidad.

El tribunal argumentó que la sentencia carecía de la debida identificación de las partes demandadas y no proporcionaba una descripción precisa de los terrenos en litigio, creando confusión. Además, se señaló la falta de especificidad en la parte dispositiva de la sentencia, planteando dudas sobre quién debía tener posesión de cada finca en disputa.

Uno de los elementos fundamentales del conflicto es la lucha por la aplicación adecuada de la legislación especial indígena, como el Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena 6172. Las personas demandadas argumentaron que la sentencia no consideró correctamente la especificidad de la ley indígena frente a la ley agraria, creando un choque normativo no resuelto.

La sentencia no abordó adecuadamente la excepción de prescripción y no analizó detalladamente la legislación indígena.

El recurso de apelación liderado por Pablo Sivar Sivar destaca la indebida interpretación y aplicación de la legislación indígena, así como la falta de fundamentación de la sentencia. La anulación de la sentencia brinda la oportunidad de corregir procedimientos y garantizar que se respeten adecuadamente los derechos territoriales de las comunidades indígenas en futuras resoluciones. Este caso destaca la complejidad de abordar conflictos territoriales en comunidades indígenas y la necesidad de una interpretación legal precisa.

El fallo subraya la necesidad de un enfoque legal más claro y específico al abordar conflictos territoriales en territorios indígenas. A medida que se avecina una nueva sentencia, se espera que el tribunal se centre en la identificación precisa de las partes y terrenos involucrados, evitando ambigüedades que puedan afectar la ejecutabilidad. Además, la atención a las normativas indígenas específicas, en armonía con las leyes agrarias, será crucial para evitar choques normativos en el futuro.

La resolución completa se puede obtener descargando el PDF adjunto.

La información anterior fue compartida con SURCOS por Pablo Sibar.

Imagen extraída del Semanario Universidad

Resistencia contra torres de radiación propuesta por activista y con respaldo científico

Un grupo liderado por la presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, respaldada por el Centro de Investigación en Vivienda y Construcción (CIVCO) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), se encuentra inmerso en una batalla contra la imposición de torres de radiación. Esta lucha no solo abraza la defensa de la salud pública sino también la preservación del equilibrio ecológico. La activista, insta a la acción colectiva para proteger espacios naturales y hacer frente a las amenazas planteadas por estructuras que ponen en peligro la salud y el entorno.

El trasfondo de la activista se cimenta en cursos internacionales en biología y ecología, así como en un postgrado en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba. Estos estudios la sumergieron en la complejidad de la radiación no ionizante, microondas, radiofrecuencia y magnetismo, estableciendo una base científica robusta para abordar los riesgos asociados con las torres de radiación. 

La contienda se centra en la resistencia a la instalación de torres de radiación en zonas protegidas y parques públicos, especialmente cerca de la Quebrada La Cangreja. La comunidad destaca la importancia del Artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575, que ha sido objeto de encendidos debates ante la propuesta del Artículo 33 Bis presentada por el Ministro del MINAE, Tattenbach. 

Se critica enérgicamente la postura legal que coloca a los tratados de libre comercio por encima de los convenios internacionales de derechos humanos y salud. Señala luchas recientes contra la minería en Panamá y el caso de Crucitas en Costa Rica como ejemplos de la necesidad de reevaluar las prioridades legales. 

La preocupación se intensifica ante la instalación de torres con tecnología G5, respaldada por un caso exitoso en Estados Unidos. Se proponen acciones concretas, como llevar el caso a instancias como el SINAC-MINAE y la Fiscalía Ambiental, además de abogar por una audiencia en la Asamblea Legislativa.

Esto se encuentra respaldado por instituciones académicas y defensores ambientales, se destaca en la protección del entorno y la salud pública. Su resistencia no solo resalta la necesidad urgente de cuestionar la instalación de infraestructuras con posibles consecuencias dañinas, sino que también podría sentar un precedente inspirador para futuras discusiones y políticas en torno a la protección ambiental y la salud comunitaria. La lucha continúa, pero la esperanza se alza en el horizonte de posibilidades para una causa que trasciende los límites de la comunidad.

La información anterior fue compartida con SURCOS por Carmen Rojas, Maria Elena Fournier y Nicolas Boeglin.

Imagen tomada de National Geographic.