Este sábado 30 de julio del 2022 aproximadamente las 6:10 p.m., el ex ocupante ilegal Luis Pérez amenazó de muerte a la familia Sandí Morales, recuperadora del Clan Duri Wak. A quiénes les gritó: «cholos hijos de puta sigan jodiendo con esas demandas los van a sacar en bolsa de aquí…”. Posteriormente, realizó cuatro detonaciones con un arma de fuego, pesada.
Por tercera vez en esta semana el señor Luis participa en amenazas y agresiones contra esta familia, aunque la Fuerza Pública ha hecho acto de presencia no hay acciones concretas ante los hechos violentos contra la familia Sandí, por lo que respetuosamente se solicita la presencia del OIJ para el respectivo proceso de revisión sobre las armas de fuego y las tenencias de las mismas por parte del señor Pérez.
Conjuntamente, se le solicita al Poder Judicial haga cumplir las medidas cautelares que ordenan a Luis Pérez a no perturbar, ni molestar a la familia Sandí Morales y a las personas testigos de las causas judiciales en su contra. Además, mantener una patrulla de la Fuerza Pública que garantice y resguarde la integridad de la familia Sandí.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
En algunas épocas del año, en la palma se trabajan horas extras. Ese tiempo le levanta a uno el aguinaldo, le levanta las vacaciones; no es mucho, pero si a uno le vienen mil colones más en la semana, son mil colones que usted no los tenía. Entonces, se va a dejar de recibir eso con este cambio de horario. Ese tiempo adicional significa que nuestro salario aumenta porque se paga a tiempo y medio o a tiempo doble los domingos. ¿Qué pasaría si entra a regir este proyecto? Son miles de horas cada mes que van a pagar a tiempo normal.
Yo me gano 10.875 colones diarios, ese es mi salario y el salario de todos los trabajadores y trabajadoras aquí. Lo mismo ganaría en esa jornada de explotación que este gobierno está proponiendo. Este proyecto empobrece, sacrifica a los más pobres, establece en la práctica jornadas de catorce horas, sumándole el tiempo de traslado, el tiempo que hay que madrugar.
Cada día del trabajo la mayoría lo hace bajo el sol, bajo la lluvia. Si en la mañana está haciendo sol, en la tarde cae el aguacero y ahí no tienen donde resguardarse. Tampoco podrían resguardarse porque entonces les dirían que están abandonando su trabajo, todo eso va afectando en la salud del trabajador.
La intensidad del trabajo nos afecta mucho. Las parcelas o los centros fruteros, que les llamamos acá, no son iguales todos; hay algunos que tienen más “sectariaje” que otros. Una recolectora va a un centro que puede tener cinco hectáreas para adentro, puede tener tres, cuatro, dos o una, pero todo eso tiene que caminarlo y agacharse, recoger el poquito de fruta. Los compañeros tienen que cortar esa fruta; en algunos casos, la palma puede llegar a medir hasta catorce o quince metros. ¿Ustedes saben lo que es mantener una varilla de esas para cortar una fruta de esa altura? El desgaste en los hombros, en los brazos, en la nuca. Salen super agotados en las primeras tres, cuatro horas, ¡ahora, aumentarles más horas de ese trabajo! Sería matar al trabajador.
No se puede trabajar catorce horas en las condiciones que tenemos nosotros acá. En la agroindustria no, llámese palma africana, caña, piña, banano; esas labores no se pueden hacer jamás en doce horas.
También tenemos otra problemática: en las fincas, no hay servicios sanitarios; hay que llevar el agua, muchas veces se calienta con el sol que hace o con el calor; aunque no esté haciendo sol, pues si hace mucho calor, el agua, a las siete de la mañana, ya está super caliente y así tienen que tomársela porque no hay donde cambiar el agua por agua más fresca.
Tienen que llevar el almuerzo y comérselo frío porque cuando comen no tienen donde calentarlo; no tienen donde sentarse. Si alguien tuvo una necesidad fisiológica y va, no tiene donde lavarse las manos y tal vez minutos después le toca la hora del almuerzo, tiene que sentarse a comer así, con las manos sucias.
No solamente eso, si está lloviendo, tampoco tiene donde y si tiene mucha hambre, pues tiene que comérselo así, agachada bajo una palma. Así es bajo la lluvia o bajo el sol.
Hay que llevar las herramientas también. Las recolectoras tienen que llevar sus sacos. Los cortadores tienen que cargar sus varillas. Algunos lo hacen en moto, otros lo hacen en bicicleta, pero todos tienen que llevar sobre el hombro sus herramientas de trabajo.
Para nuestra salud no es posible comparar trabajar ocho horas con doce.
Sinceramente eso se ve desde un principio como un tipo de explotación laboral.
Y los únicos, los únicos beneficiarios son los empresarios. El trabajador no.
Siempre se busca beneficiar al que más tiene, pero no a nosotros que somos los que les damos las ganancias porque, ahorita a como está el dólar, las empresas están ganando bastante, pero ganan ellos y nosotros no.
De hecho, si ustedes me preguntan por qué se ganan ustedes 10.875 colones. Yo trabajo por horas y el Consejo de salarios dice que la hora ordinaria vale 1.359 colones, eso es lo que cuesta una hora para el trabajador, de peón agrícola de labores livianas como lo tienen catalogado; así lo paga la empresa.
Las recolectoras: en el Consejo de salarios dice que la recolección es un trabajo por hora, pero la empresa no lo paga así, lo paga por kilos. Entonces, ¿cuántos kilos tiene que hacer una recolectora para ganarse los 10.875 colones? Tiene que recoger 320 kilos de coyol porque lo están pagando a 32 colones el kilo, ¿cuántas veces tiene que agacharse?, ¿cuánto tiene que caminar?, para que ella pueda recoger esa cantidad. ¡Ahora, hacerlo en doce horas! Posiblemente, les van a aumentar la cantidad que tienen que recoger, entonces va a ser mayor el desgaste”.
La abogada Rosaura Chinchilla C. considera que la supuesta “libertad” con que los trabajadores y las trabajadoras van a aceptar la jornada voluntaria es una gran trampa porque entre el empresariado y las personas trabajadoras existe una asimetría económica y social. No puede haber libertad para elegir de quien depende del trabajo y del empresario para la sobrevivencia.
Una obrera opina sobre la jornada laboral 4/3 – II[1]
[1] Este testimonio recoge la participación de Dania Obando en el foro: Jornada laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica?, convocado por Alianza por una Vida Digna.
Los grandes proyectos de obra pública que se han desarrollado en nuestro país, siempre han sido vistos como parte del proceso de desarrollo que nos hemos propuesto en pro del progreso. ¡Jamás se ha objetado que una carretera, una represa hidroeléctrica, un acueducto, un aeropuerto, un hospital, una universidad, etcétera, pudiese beneficiar a un grupo particular de compatriotas!, por lo cual, para evitar que algunos fueren a resultar “premiados”, lo mejor que se podría hacer es tomar la decisión de no construir la infraestructura pública que se ha propuesto. Y así alegan, que si tal o cual carretera va ser usada por los que no son de nuestra simpatía, pues que no se construya. Si tal o cual proyecto hidroeléctrico o de acueducto va a llevar electricidad y agua a unos habitantes que “de por sí ya son ricos”, pues a detener el progreso… aunque las grandes mayorías se queden sin esos servicios públicos, solo les falta decir irracionalmente.
Por ello, porque algunos prejuicios así hemos percibido en relación con el proyecto Agua para Guanacaste, queremos compartir con ustedes algunas consideraciones que podrían ser de utilidad si así fuere posible. ¡Veamos!
HOY toda el agua que se aprovecharía proveniente del embalse Arenal (después de generar electricidad en tres plantas del ICE) sigue «cuesta abajo» hasta irracionalmente DESPERDICIARSE EN EL MAR vía río Tempisque, mientras, paradójicamente, cientos de miles de guanacastecos padecen de escasez de agua para consumo humano y producción agropecuaria.
Agua con que se abastecerían decenas de acueductos rurales (asadas) de los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo…, que hoy sufren por no tener acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuadas, incumpliéndose así el derecho humano al agua.
También el importante sector turismo, principal fuente de empleo de la provincia, no solo podría sustituir con esa agua a la de origen subterráneo que hoy utilizan (¡y que no sobra!) sino que también permitiría reactivar proyectos que esperan ser desarrollados y que no lo han sido precisamente por escasez del líquido vital. La mayoría se trata de pequeños hoteles de menos de 30 habitaciones, como es la norma en todo el territorio nacional.
Se estima que unas 400 fincas existentes en las más de 16 mil hectáreas de fértiles tierras de uso agropecuario, que ven limitada su producción por falta de agua, tendrían eventualmente la que necesitan, sin importar quiénes sean los dueños de fincas que podrían abastecerse, para así generar producción y empleo para los guanacastecos.
Agua, tanto la de aprovechamiento agropecuario como la de consumo humano, que independientemente de las tarifas que la Aresep ha determinado para su uso actual otorgada por concesiones, será igualmente sujeto de fijación tarifaria en cuanto el ansiado proyecto entrare en funcionamiento. Es decir, después de construir los cientos de kilómetros de nuevos canales, la represa, el lago artificial de 800 hectáreas, y los acueductos que la trasladarán hacia la margen derecha del río Tempisque. Cumplida esa magna tarea, entonces sí será posible para el organismo técnico del Estado fijar las tarifas que sean necesarias. Antes, sencillamente, es imposible.
El agua de la represa en el río Piedras, también podría, y esperamos que así sea, aprovecharse parcialmente por el ICE para generar electricidad para la región.
De la reserva biológica Lomas de Barbudal, donde se destaca la presencia de unas 250 especies de valiosas abejas, y flora y fauna de la zona de bosque seco, se inundarían 113 hectáreas de un total de 2.279 HECTÁREAS, o sea ¡el 4.9% del área de conservación!, que se compensarían con dos fincas colindantes de unas 500 hectáreas, de características ambientales similares, según fuere estudiado por los equipos de expertos que realizaron la evaluación ambiental.
Es preciso anotar que en la reserva biológica que, repetimos, se inundaría en menos del 5%, se encuentran y no se tocarían, varias asociaciones vegetales como la sabana arbolada, el bosque siempre verde, el bosque ripario al lado de los cursos de agua y principalmente, el bosque tropical seco de mayor extensión. Y sobre la esplendorosa ave “Galán sin Ventura” (Jabiru mycteria) ha de aclararse que por error, hay quienes han afirmado que esta especie en extinción en Costa Rica se vería afectada por el área del embalse que impacta el borde de la reserva, cuando en realidad sus especímenes remanentes NO se encuentran en el sitio, pues entre otros, están ausentes las tres especies de árboles que forman parte de su hábitat de anidación y reproducción, como sí sucede en el Cerro Corral de Piedra y otros ecosistemas del parque nacional Palo Verde, que son determinantes para su conservación.
Es relevante, además, señalar que la evaluación de impacto ambiental la realizaron profesionales de la Organización de Estudios Tropicales (OET) de muy reconocido prestigio e independencia, donde participan universidades costarricenses y estadounidenses, con programas en biología tropical, además de profesionales del ICE y Senara. Estudio de impacto ambiental, que como corresponde al principio del DESARROLLO SOSTENIBLE, valora en una balanza por un lado los impactos y por otro los beneficios sociales y económicos que tendría el proyecto para Guanacaste y Costa Rica. La meta: de garantizar a las futuras generaciones un uso sustentable de los recursos naturales, en este caso muy particular, del agua, lo más valioso que podamos imaginar en tiempos del cambio climático.
Se ha señalado por allí, que pareciere probable que se hubieren detectado algunas inconsistencias en los registros catastrales en los bordes del gran embalse, que, dicho sea de paso, ese lago artificial se convertiría en un atractivo turístico y recreativo de gran potencial. Por razones de técnicas usadas hace muchos años y por errores muy comunes en mapas de catastro, lo que corresponde es hacer las correcciones pertinentes si así se determinare, pero ¡jamás! concluir que por esas particularidades el proyecto no debe construirse. Los guanacastecos no merecen que algo soñado por tantos años, ahora que está a punto de iniciarse, vaya a rechazarse por algo tan intrascendente.
Recordemos: en tan solo dos años, estaremos celebrando el BICENTENARIO de la incorporación, de la anexión voluntaria de la tan querida Región Chorotega a la entonces «incompleta» Costa Rica. Sin duda alguna, porque su vida fue un ejemplo, el Benemérito de la Patria diputado del Partido Confraternidad Guanacasteca, Dr. Francisco Vargas Vargas, muy posiblemente estaría al frente de su pueblo luchando porque se haga realidad ese trascendental proyecto en su todavía olvidada provincia. Por su memoria, por su pueblo, al cumplirse los doscientos años de aquella decisión que vino a transformar nuestro suelo patrio, deseamos infinitamente que en el año 2024 esa fiesta nacional se celebre con la información de cuánto se ha avanzado en la construcción del proyecto. Los guanacastecos, los costarricenses, no podemos desaprovechar esta histórica oportunidad.
Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Después de Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Santa Lucía (en el 2020), Argentina y México (2021), Chile es oficialmente el Estado Parte número 13
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú. Desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.
La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, plantea ahora algunas interrogantes: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión enardecida en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe (y cuyo texto se encuentra disponible en este enlace).
Con relación a Costa Rica, esta adhesión de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose de paso la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo veremos en las líneas que siguen.
Un detalle de números que merece mención
Resulta oportuno precisar los números obtenidos en las votaciones que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:
– El 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;
– El 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.
Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y que cuando un Poder Ejecutivo se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, no hay «argumentos» en su contra que se logren sostener.
A su vez, estas cifras alcanzadas en ambas cámaras chilenas recuerdan que, en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado); que, en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial); y que, en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
Como se ha indicado anteriormente, a partir del 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13 (de 33 Estados que pueden serlo). Cabe recordar que, de estos 33 Estados, 24 lo han firmado mientras que 9 no lo han hecho. De los 24 que ya lo han firmado, permanecen 11 Estados sin aprobación legislativa del Acuerdo de Escazú.
Una anhelada rectificación por parte de Chile
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1).
Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 2). Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.
Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.
En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas, así como público en general interesado.
En estos primeros días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad; y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas
Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 3).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.
El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que:
«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«.
No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 (que tuvimos la oportunidad de analizar), la segunda se realizará también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
En América Latina se considera que, a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.
Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata de un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
En estos primeros días de julio se ha informado de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe precisar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y Constance Nalegach, exnegociadora del Acuerdo de Escazú, durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda
No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Se observa a Costa Rica en semejante lista de ¿Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
En el caso de Costa Rica, la ejemplar adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.
Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase, por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).
Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.
Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) evidencia la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar una participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el pasado 15 de julio (véase nota del Semanario Universidad) que viene a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.
Manifestación contra el Ministerio de Salud (con la presencia de la ministra de Salud María Luisa Ávila), el 21 de agosto del 2008, por el intento (algo original) de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exportación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron de un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica.
Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»). La foto pertenece a los archivos del autor.
Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de El Eco de Tandil).
Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas
Como lo recordamos, durante la última semana de junio en un foro internacional sobre Derechos Humanos celebrado en San José (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos, véase el video con nuestra intervención a partir del 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998). Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica y en muchas partes de América Latina.
En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR, «Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla y lo que recientemente tuvimos la oportunidad de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero-Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).
Los costarricenses (pero también los colombianos, los guatemaltecos, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña Chacón ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee que:
«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 4).
Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su extraña «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998, año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental, algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y el lector, es con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).
Con relación a otros supuestos “argumentos” contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de DobleCheckasí lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú».
El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase, por ejemplo, la carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente (véanse, por ejemplo, en Perú, este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros —y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana—, o bien, este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de EcoTurismo y Turismo Sostenible (Canaeco) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la Canatur (véase comunicado). La cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa gran parte de su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¡adversa el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente! Vaya tristeza, desconsuelo y profunda consternación para muchos.
Igualmente, puede resultar desconcertante el hecho de que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses. El desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la Cancillería costarricense sobre esta misma reunión no encontró eco en ningún medio de prensa en Costa Rica (Nota 5).
La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento», único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas, realizado por su Poder Judicial.
En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.
El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran a la Sala Constitucional (Nota 6).
En realidad, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente divulgada y cuestionada (Nota 7).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad —en nuestra opinión bastante insólita— del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Algunos aportes realizados desde la UCR
A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.
De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).
Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales«, que también se recomienda (véase video).
Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).
Por razones que desconocemos, ambos videos no han sido difundidos en las redes oficiales de la VAS de la UCR, como tampoco en las de la Rectoría (pese a incluir ambos documentales una entrevista al actual rector de la UCR), ni en las redes institucionales de la UCR. Esperamos que, al haberlos incluido en este mismo texto, se pueda paliar esta inexplicada omisión.
Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública. Este video realizado por el equipo de comunicadores de La Pulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas», da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso.
Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.
Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión Café para Tres realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr (véase video). Se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya algunas interrogantes:
– ¿Estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar?
– Al haber coliderado Chile y Costa Rica el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?
– ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?
– Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica (y que el Acuerdo de Escazú ofrece a todo Estado que lo aprueba)?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
Notas
Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental», Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 2: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus? ¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura? ¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos» en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.
Nota 3: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debería inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 4: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas». Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojo al clima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto«, añadió Madrigal.»
Nota 5: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente», Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.
Nota 6: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a junio del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.
Nota 7: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y solamente ella) como un derecho humano. Ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida». Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Este 27 de julio se publicó en el diario Semanario Universidad un artículo sobre la preocupante situación que se avecina con el proyecto de jornadas de 12 horas, pues nos revela que a pesar de que se ha tratado de restar importancia diciendo que serían pocas las personas afectadas, los estudios están demostrando que estas jornadas podrían afectar hasta al 37% de los trabajadores del sector privado poniendo en peligro la salud y los salarios. Ante esta problemática Mainer Barboza, miembro del movimiento Patriótico por Costa Rica, nos indica su opinión.
Señala una gran preocupación hacia nuestra población informal debido a que el modelo neoliberal se inclina hacia este amplio sector laboral e indica que esto tendrá consecuencias muy graves para un gran segmento de la población que trabaja en la informalidad que es hasta el 43.1% de los trabajadores, porcentaje que sube a más de 50% en otros países. Nos indica sobre cuáles son los objetivos del gobierno con este movimiento:
2 objetivos inmediatos:
1) Desarticulación de la división del trabajo, entonces, no hay estructura salarial y no hay pago de garantías sociales y laborales (seguro social, aguinaldo, vacaciones, extras, otras).
2) Al pasar a jornadas de 12 horas, están «unificando» al trabajo asalariado con el informal; y no me queda duda, que ese resto de días, «disque», 3 días de descanso, pasan a completar trabajo vía informal.
De este modo los 7 días o quizá 6, se completarían 12x 6… 60 horas”.
Investigación UCR consultó a 18 mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La legislación existente en Costa Rica no detiene la violencia política contra las mujeres
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadasen la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
Yanet Martínez Toledo, directora e investigadora en temas de género del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La violencia política trasciende al espacio digital
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó que 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.
Gustavo Martínez Solís, Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
El pasado 24 de julio de 2022 en el programa “Desde la U” en el canal de la Universidad de Costa Rica se le realizó un entrevista a Rosaura Chinchilla Calderón, jueza, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la UCR sobre el proyecto de ley llamado 4/3, que pretende extender las jornadas laborales a 12 horas diarias, desde la perspectiva de las mujeres y la legalidad nacional. La entrevista fue realizada por Gabriela Mayorga López, editora periodística del programa “Desde la U”.
Primeramente, la licenciada Chinchilla indica que la jornada de 8 horas diarias y acumulativas de 48 horas llegó como parte de una lucha por la obtención de derechos,al apoyar este tipo de proyectos que atentan contra los derechos de las personas trabajadoras solo provocaría retroceder, lo cual no es posible y no es justo. Esta jornada puede ser ampliada según la constitución, siempre y cuando sea excepcional y no genere afectaciones en la salud de las personas trabajadoras. Este proyecto de ley estaría atentando contra la constitución en tanto que intente generalizar, de esta forma en donde la constitución dice excepcional, ahí va a ser la regla, lo cual implica un choque; en segundo lugar, no toma en cuenta las afectaciones a la salud, seguridad y los ingresos económicos ya establecidos por la constitución política y el código de trabajo para las personas trabajadoras, su criterio es que esta propuesta en discusión en la Asamblea Legislativa chocará con muros legales.
La profesora indica que este proyecto desconoce el pago de horas extra, es decir, en costa rica se establece que más allá de las 8 horas trabajo ordinaria cada hora extra va a ser pagada con el monto del salario más el 50 por ciento cuando el trabajador sobrepasa las ocho horas; con este proyecto las doce horas se convertirían en la jornada ordinaria y de esta forma las personas empleadoras no tendrían que pagar esa hora extra.
Por último, pero no menos importante, se recalca lo que significa para las mujeres este cambio en las jornadas laborales. Las mujeres normalmente realizan dobles o triples jornadas de trabajo, en consecuencia eso va a impactar necesariamente en la salud que incluye la física, emocional y psicológica de las mujeres y sobre todo en hogares en donde solo existe una figura materna a cargo de la familia. Se afectarían las labores de cuidado de los niños de las niñas, de las personas con alguna condición de discapacidad y enfermas que por tradición se encarga a las mujeres, esto no debería ser así pero es la realidad, va a impactar en temas de seguridad porque esas cuatro horas adicionales va a implicar salidas nocturnas en un país que posee altos índices de violencia contra las mujeres en la calle.
Si se desea observar la entrevista completa puede dirigirse al siguiente enlace:
La razón de fondo del estallido que sacude a Panamá es la gran deuda social acumulada con más de la mitad de la población que no accede a los beneficios de un crecimiento que dejó por fuera a muchos.
Panamá registró hasta 2019 más de una década de crecimiento económico sobresaliente, pero con limitado desarrollo social, producto de un enfoque de políticas que no tiene como objetivo la persona humana.
Y esa enorme deuda social no se resolverá con nuevos subsidios que finalmente también los paga el pueblo. Los subsidios hacia grupos desfavorecidos son una especie de acción de caridad que no resuelve las causas de fondo del problema de la pobreza.
Los subsidios a los productores tampoco serán una solución duradera, si no se resuelven los problemas de productividad, sobre todo en un contexto internacional de crisis económica y encarecimiento de los insumos.
La Encíclica “Fratelli Tuti” del Papa Francisco señala que el trabajo “es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello […) ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisional […] El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo”.
Agrega la Encíclica: “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieren hacer creer este dogma neoliberal […] Es imperiosa una política activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial…”
En la Nota Técnica N° 16 de la FUNTRAB (abril de 2020) se decía que en el marco de la adversidad de la pandemia, se tendría “la oportunidad de construir un Panamá diferente, un Panamá que se aleje de la desigualdad y la pobreza (…) y que avance hacia un país más productivo, equitativo y justo. Sin embargo, ese cambio no se logrará con el mismo modelo de crecimiento y las políticas económicas que han llevado al país al actual estado de inequidad”.
Pero ese otro modelo de crecimiento inclusivo no llegará por arte de magia y será más viable si primero cambia la actitud y el nivel de compromiso de los actores económicos, sociales y políticos que definen el rumbo del país. El marco de ese modelo renovado está en la Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas, con la cual se ha comprometido el Estado panameño y la gran mayoría de las organizaciones sociales del país, con el mismo resultado: no se cumple. Por eso en Panamá el principal enemigo del diálogo social es la falta de confianza y credibilidad.
La mesa de diálogo instalada en Penonomé frente a la crisis que vive el país podría ser un paso inicial en la construcción de un esquema renovado de políticas para enfrentar los problemas coyunturales y estructurales de la economía, siempre que se integre a todos los sectores económicos, sociales y políticos artífices del nuevo Panamá al que se aspira. Pero esta no es una tarea de una semana, de un mes ni para un tiempo muy limitado.
Una visión estrecha y monocromática sobre los problemas del país no conducirá a soluciones viables y sostenibles. Pretender corregir con nuevos subsidios los desequilibrios de la economía mundial y su impacto sobre los precios en Panamá no es sostenible en el tiempo, aún si se corrigiera la evasión fiscal y se erradicara la corrupción. Tampoco será viable erradicar la corrupción sin cambiar el marco constitucional y legal y excluyendo del diálogo a la clase política y a los poderes constituidos y fácticos.
A la fecha (26 de julio de 2022) y después de tres semanas de caos derivados del cierre de la economía y del país, y luego de más de una semana de diálogo sin resultados, el pueblo panameño afectado en su mayoría, clama por el retorno de las condiciones que permitirán a la sociedad entera consensuar soluciones viables y sostenibles a los problemas que originaron la crisis política, económica y social que vive Panamá. Es hora de construir un renovado Pacto por la inclusión social con la participación de TODOS.
LAS CAUSAS DEL ESTALLIDO SOCIAL
La determinante de fondo de la explosión popular que ha vivido Panamá es la deuda social acumulada con más de la mitad de la población, que no cuenta con un trabajo decente y que transita alrededor de una línea de pobreza muy sensible a los precios del mercado de bienes y factores, a la falta de oportunidades y a la exclusión provocada por un modelo de crecimiento sin desarrollo. En situación extrema siempre han estado las poblaciones de las áreas rurales e indígenas, que no acceden a los beneficios del crecimiento ni de las políticas públicas.
Se requerirá avanzar hacia un modelo renovado de políticas que está explícito en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenibles. Esta agenda plantea compromisos para un crecimiento económico inclusivo, trabajo decente, educación universal de calidad, salud para todos, erradicación del hambre y la pobreza, defensa del medio ambiente, equidad, entre muchos otros objetivos. Esta agenda fue aprobada por el Estado y las organizaciones sociales en el Plan Estratégico Nacional con visión de Estado: Panamá 2030,[2] pero no ha habido la voluntad política de cumplirla, siendo también este incumplimiento un factor provocador de la crisis actual.
El modelo inclusivo no llegará por arte de magia y sólo será viable si primero cambia la actitud y el nivel de compromiso de los actores económicos, sociales y políticos que definen el rumbo del país. [3]
Las estadísticas y diagnósticos sobran para dibujar las dimensiones de esa deuda social en términos de desempleo y empleo precario informal y de exclusión de la seguridad social que afecta a más de la mitad de la fuerza de trabajo; las desigualdades regionales en la capacidad productiva y de generación de ingresos; el gran rezago de las remuneraciones respecto al crecimiento de la economía; la alta concentración en la distribución personal y funcional del ingreso; y la exclusión masiva que no se reduce a la llamada pobreza multidimensional, sino que también incluye a trabajadores (activos o retirados) que perciben salarios e ingresos alrededor del promedio nacional, o pensiones que no permiten cubrir necesidades básicas.
A esa deuda social se suma la pandemia acumulada de la corrupción e impunidad generalizada, que es rechazada masivamente por la población y que se considera como gran responsable del estado de sufrimiento y postración de la población panameña. Si fuese verdad que los sobrecostos de los gastos gubernamentales son entre el 10% y 20% ; y si se considera que entre 2010 y 2019 el presupuesto de inversión pública rondó los 60 mil millones de balboas, con los recursos posiblemente sustraídos (entre 6 mil y 12 mil millones) se habría modernizado el sector agropecuario y fortalecido su competitividad, se habría cubierto plenamente los déficit de salud entre las poblaciones rurales e indígenas y se habría cerrado la brecha digital que desfavorece a los más pobres.
La deuda social en Panamá se potencia por las políticas de corto plazo desplegadas desde el desmantelamiento de la institucionalidad de la planificación a fines de los años 90. Esto ha conllevado al socavamiento de las instituciones del Estado, particularmente salud y educación, al debilitamiento progresivo del sector agropecuario e industrial; a la distorsión y especulación en el sistema de precios; a la profundización del desbalance sectorial, regional y social en favor de la plataforma de servicios metropolitana; al rezago relativo de las remuneraciones al trabajo; y en fin de cuentas, a una progresiva concentración del ingreso nacional.
La ineficacia de la política económica ha conllevado a un progresivo debilitamiento fiscal, que se sustenta en una política tributaria regresiva e ineficiente. Persiste también un alto nivel de evasión fiscal que ronda el 8.2% del PIB en 2019 y que entre 2010 y 2019 alcanzó cerca de 34,500 millones de balboas. [4] En adición la poca racionalidad del gasto público en asignaciones de personal y otros usos improductivos se traduce en una fuga de recursos que desfavorecen la eficiencia del Estado.
El gran déficit fiscal del gobierno ha tenido como contraparte un endeudamiento externo que se hace insostenible y en 2021 representaba cerca del 70% del PIB, una deuda que nos cobrarán a todos los panameños.
Si bien el estallido es detonado por un factor externo de precios explosivos del combustible, ese elemento coyuntural reactiva los otros detonantes estructurales acumulados en el largo plazo. En un contexto de amenaza de recesión mundial, la solución sostenible a los problemas de fondo de la economía y la sociedad panameños se hace más difícil, lo cual es un aspecto central que se debe tomar en cuenta en cualquier diálogo.
Durante las tres últimas décadas no ha habido un esfuerzo concertado para enfrentar los problemas de fondo del país. En el pasado se ha ensayado varios diálogos para discutir aspectos específicos de esos problemas; y durante los años 2000 la mayoría de las iniciativas de diálogo oficial no han dado resultados, debido principalmente a la falta de voluntad política para llegar a acuerdos y para cumplirlos.
Como consecuencia, persiste una gran falta de confianza y credibilidad en la gran mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad, incluyendo las organizaciones sociales y del sector privado. Se ha dado un desgaste progresivo del diálogo social como instrumento de construcción de consensos y la falta de confianza y credibilidad podría condenarlo a su descalificación total.
VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS DEMANDAS
Si bien el estallido se inició con la acción de diversos movimientos aparentemente espontáneos y descoordinados a nivel nacional, éstos acordaron con el gobierno una agenda temática única para la mesa unificada de diálogo. Esta agenda incluye ocho puntos: (a) rebaja y congelar el precio del combustible; (b) rebajar y congelar el precio de la energía; (c) rebajar la canasta básica sin afectar a los productores; (d) rebajar el precio de los medicamentos; (e) asignación del 6% del PIB a la educación; (f) discusión del problema de la caja de seguro social; (g) corrupción y; (h) crear una mesa intersectorial de seguimiento.
Es una agenda temática a la cual se le ha ido dando contenido en la marcha y las demandas más concretas representan en general aspiraciones básicas reiteradas por la mayoría de la población panameña. Algunas de las demandas tienen connotaciones de carácter coyuntural y otras reflejan problemas estructurales acumulados en el largo plazo. A su vez, parte de los cambios exigidos son posibles inmediatamente con el marco legal y constitucional vigente, mientras otros requerirán cambios en dicho marco.
La viabilidad y sostenibilidad de las aspiraciones dependerá de que se aborden las causas de fondo de los problemas y de la participación de todos los actores con responsabilidades en la solución de los mismos. La solución del problema del alto costo de vida no se puede concebir sin la participación de los agentes económicos o productores de la canasta. La solución de las causas de fondo de la corrupción no se puede dar sin la presencia y compromiso de quienes deben velar por la transparencia pública y privada. Mientras estén ausentes de la mesa de diálogo los actores fundamentales, no parece viable ni sostenible una solución duradera a estos problemas.
Un balance preliminar del pliego de peticiones requiere considerar la viabilidad y sostenibilidad de cada aspiración.
La rebaja y congelamiento del precio del combustible y la energía tiene viabilidad en la coyuntura y su sostenibilidad dependerá de la evolución de los precios internacionales del petróleo, de la capacidad de las fuentes de energía eléctrica en el país y del espacio fiscal que tengan las finanzas públicas para mantener el subsidio. Obviamente también dependerá de la racionalidad del gasto público en sus diversos usos.
Aunque sería esperable hacia el futuro una rebaja y estabilización del precio internacional de los combustibles, dependiendo de una eventual finalización del conflicto bélico en Ucrania, estas se podrán cumplir dependiendo de la duración de la crisis internacional y de las posibilidades de las finanzas públicas.
La rebaja de la canasta básica de alimentos sin afectar a los productores enfrenta el gran desafío de conciliar el “precio social” de los alimentos al que se aspira para cada producto, con el costo de producción de éstos, que en gran medida están determinados por los insumos importados. Luego de superar las distorsiones y especulaciones en la comercialización y de encontrar un “balance milagroso” entre costos de producción y precios al consumidor, esta aspiración tendrá viabilidad y sostenibilidad siempre que el Estado tenga el espacio fiscal para subsidiar lo que corresponda, pero ello no se podrá mantener indefinidamente.
Si detrás del espíritu de esta demanda también está la aspiración por la soberanía y seguridad alimentaria, se deberá entender que para alentar y fortalecer al productor agropecuario, se requiere asegurarle una compensación o ingreso redituable y justo a su inversión y esfuerzo productivo.
Este tema también tendrá como condicionante los acuerdos y tratados comerciales suscritos, particularmente el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, que compromete al país a la liberalización de los aranceles de los principales productos agropecuarios durante los próximos años.
En el caso de los productos no alimenticios la rebaja o estabilización de los precios dependerá de otras medidas relacionadas con los aranceles de importación y con los márgenes de ganancia de las empresas.
La rebaja de los precios de los medicamentos es una vieja exigencia del pueblo panameño. Se debe reconocer que las penurias y angustias de los panameños en este tema se deriva de la voracidad de la llamada “libre oferta y demanda” (competencia perfecta) que en realidad no existe en este mercado. Siendo un tema muy especializado y complejo, para dar viabilidad y sostenibilidad a la decisión que corresponda, es importante involucrar a los actores concernidos, incluyendo a los distribuidores de medicamentos, farmacias y a los profesionales de la salud.
La asignación del 6% del PIB a la educación, es una ley que se debe cumplir de manera efectiva e inmediata, por lo cual es una obligación del Estado hacerla efectiva, y no debería ser un tema de negociación, a menos que se acuerde la necesidad de reformar dicha ley por inviabilidad, ya que si se impusieran asignaciones presupuestarias a los diversos sectores institucionales con el relación al valor del PIB y no al monto total de presupuesto del Estado, no se estaría presupuestando con base a los recursos efectivamente disponibles.
Adicionalmente, la asignación de cualquier monto presupuestario no es suficiente para lograr una educación inclusiva y de calidad. Se debe entender que la calidad de la educación nunca podrá mejorar si no se potencia las competencias y capacidades de los educadores; se requiere también extender la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza al menos hasta la educación media; y en general el gobierno debe cumplir los acuerdos en materia de educación alcanzados en otras mesas de diálogo.
En el caso de la Caja de Seguro Social la FUNTRAB ha insistido en la necesidad de un diálogo genuino, que incluya efectivamente a “los accionistas” de la institución, que deben confirmar su voluntad política para lograr resultados. [5] El punto de partida para enfrentar los problemas y desafíos de la CSS es el debate y consenso sobre el modelo de seguridad social conveniente al país. Y tal modelo debe ser coherente con la visión de economía y sociedad que aspiramos: un Panamá en progreso económico y social, con desarrollo integral, más solidario, incluyente y equitativo.
El camino hacia una visión renovada de la seguridad social requiere de cambios en el marco legal y el compromiso del Poder Legislativo de que se respetará fielmente lo acordado en una mesa de diálogo inclusiva. Este es un debate que debe incluir absolutamente a todos los actores concernidos.
La pandemia de la corrupción ha sido más devastadora y duradera que cualquier epidemia de salud pública; y por tanto será más difícil de erradicar porque pareciera estar enraizada en el ADN y en los principios del juega vivo del panameño. Las dos caras de la corrupción (el ente que corrompe y el ser que se deja corromper)) deben ser encaradas simultáneamente, lo cual difícilmente se podrá resolver en la coyuntura o en el corto plazo.
Para comenzar se debe acordar acciones de impacto inmediato que den una señal del compromiso político de combatir este flagelo. Los diversos sectores nacionales han propuesto acciones de contención del gasto y de eliminación de irracionalidades en el manejo de las partidas presupuestarias, que se podrían cumplir de inmediato por parte del gobierno como señal de compromiso hacia el cambio.
La lucha contra la corrupción es un objetivo permanente y de largo aliento y se debe armar una hoja de ruta para desmontar todo el andamiaje jurídico, institucional y político que la sostiene. Esta es una tarea que supera el marco constitucional y legal vigente y habría que discutir la mejor estrategia para avanzar hacia el objetivo de erradicación de la corrupción e impunidad. Esta tarea trasciende un diálogo entre el Poder Ejecutivo y un determinado grupo social o económico y debe incluir el compromiso y acción de todos los órganos del Estado, los partidos políticos, las iglesias y las organizaciones del sector productivo y la sociedad civil.
La propuesta de una “mesa intersectorial de seguimiento” de los acuerdos es una cuestión pertinente, teniendo en cuenta la experiencia de mesas de diálogo en los últimos tiempos que han hecho acuerdos que finalmente no se cumplen o que se distorsionan en el Órgano Legislativo cuando tales acuerdos precisan de leyes para su instrumentación. Una mesa de este tipo debe incorporar la representación de todos los actores económicos, sociales y políticos del país.
La deuda social acumulada no se puede resolver de manera sostenible con nuevos subsidios, ya que las necesidades insatisfechas seguirán creciendo y el espacio fiscal será cada vez más reducido. Tampoco se pueden resolver problemas estructurales con medidas coyunturales. Independientemente del resultado de la mesa de Penonomé, es hora de comenzar a construir un renovado Pacto por la inclusión social con la participación de TODOS.
[1] Co Presidentes: Lic. Araceli De Gracia (Sector sindical) y José Javier Rivera (Sector empresarial). Directora Ejecutiva: Lic. María Salcedo. Responsable principal de la publicación: Miguel Del Cid, Asesor, FUNTRAB
[2] Aprobado por la Concertación Nacional para el Desarrollo en 2017.
[3] La FUNTRAB ha hecho múltiples propuestas y contribuciones por ejemplo en la Nota Técnica N° 16: La pandemia del COVID 19: oportunidad para corregir rumbos. Lograremos un Panamá diferente?
Este acuerdo se basa en el principio número 10 de la Declaración de Río, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, además, firmado y ratificado por muchos países latinoamericanos en el año 2020
El documento presenta un paquete de herramientas para la acción climática, el cual fue escrito por Sara Cognuck González, joven activista climática de Costa Rica, y Emilia Numer, consultora de UNICEF.
Tiene como objetivo central garantizar la implementación de los derechos de acceso a información ambiental, justicia en asuntos ambientales y la participación pública en políticas ambientales.
Entre sus artículos más destacados se encuentran:
El Acceso a la información ambiental. Cada país debe generar mecanismos para garantizar el acceso a toda la información ambiental.
Generación y divulgación de información ambiental. Cada país promoverá el acceso a la información contenida en concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que involucren el uso de recursos públicos.
Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Cada país deberá asegurar el derecho a la participación del público en los procesos ambientales, y garantizará los mecanismos para la participación pública.
