El viernes 29 de noviembre de 5 p.m. a 7 p.m. en la Cancillería (Casa Amarilla) se llevará a cabo una actividad pacífica de solidaridad con Palestina, en el marco de las negociaciones del tratado de libre comercio con Israel.
Esta manifestación se debe a que el pasado 22 de noviembre el gobierno de Costa Rica contestó la solicitud formal de la organización Red de Solidaridad con Palestina sobre el tratado con Israel, indicando que mediante jurisprudencia de la Sala Constitucional, la documentación que se solicitó será tratada como secreto de estado.
El llamado del movimiento que promueve la solidaridad con Palestina es el siguiente: “No permitamos que se hagan negocios con criminales de guerra y genocidas, y tampoco permitamos que se negocie a oscuras un TLC con un estado y gobierno perseguidos por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional”.
Le invitamos a esta manifestación, la cual es apta para todo el público con diversas participaciones culturales El llamado es a formar parte de esta jornada internacional de solidaridad.
¡Unirse a esta lucha es defender los Derechos Humanos de nuestras familias y comunidades!
La Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811 viene impulsando gestiones dirigidas al MOPT, CONAVI y otras instituciones involucradas para que resuelvan y hagan el Asfaltado Total de la Ruta Nacional 811; así como proporcionar su respectivo mantenimiento.
Es urgente su presencia para manifestar públicamente la preocupación por el mal estado de la Ruta Nacional 811; interrupción de labores de asfalto y el no recibir respuesta por parte de ninguna institución para resolver de manera oportuna esta situación. Dicha manifestación ciudadana la impulsó en conformidad con derechos consignados en legislación internacional y en la constitución Política de Costa Rica vinculados al derecho a la protesta; entre ellos en los artículos 26 y 28.
Reiteramos que el estado actual de dicha ruta afecta en el diario vivir de las familias que viven a las orillas de esta vía y otras comunidades aledañas; entre algunas se encuentran La Ligia, Santa María, Irlanda, Escocia, El Silencio, Dos Ríos, El Camarón, Los Ángeles, Finca Lomas, La Morenita, La Aurora y otras comunidades cercanas.
Así mismo, perjudica drásticamente la calidad de vida y la seguridad de todas las personas que transitan por dicha carretera, en el actual estado en que se encuentra. En el verano hay demasiados huecos y polvo que también se convierte en un problema de salud pública, donde en especial, niñez, juventud y personas adultas mayores sufren de problemas respiratorios a causa de tanto polvazal. Problemática que se agudiza con la lluvia que provoca un barrial casi intransitable.
Esta problemática violenta y vulnerabiliza derechos humanos de todas las comunidades, inclusive a los grandes empresarios del banano, piña, productores agrícolas, pequeños emprendedores de proyectos de turismo.
Hemos hecho propuestas y hemos estado esperando por muchos años una verdadera solución, como es el asfaltado. Exigimos a las instituciones respectivas que, en coherencia con el discurso que se da aludiendo a la política de Estado, se agilice con las acciones concretas por el desarrollo de nuestra provincia será una realidad.
Durante los últimos cincuenta años, el estado costarricense ha participado en el despojo de propiedades de la población afrocostarricense en diversas partes del país, especialmente en las zonas costeras.
Estas injusticias se han perpetrado a través de la reclamación ilegal y silenciosa de derechos de propiedad sobre sus tierras, gestionada por el ITCO/IDA, ahora INDER. En años recientes, se ha implementado un Sistema de Información de Registro de Propiedades (SIRI) que excluye la mayoría de los títulos de propiedad registrados durante la primera mitad del siglo.
A pesar de ser un delito, la apropiación indebida de tierras ajenas – antes por helicópteros y ahora por internet – es uno de los mayores problemas en los territorios tribales afro-costarricenses. Se ha convertido en un crimen organizado destinado a empobrecer a los pueblos tribales costeros.
Entre las diversas formas de depredadores, en cuanto a color, plumaje y tamaño, el peor es el ser humano de tu propia comunidad, que actúa como un peón para identificar propiedades privadas que no están registradas en el SIRI, ocuparlas ilegalmente mientras sus cómplices tramitan información falsa para legitimar el robo de la propiedad.
Por lo tanto, la delimitación de los pueblos tribales del caribe costarricense debe comenzar con el estado devolviendo las miles de hectáreas que ha confiscado y que aún están en manos del INDER.
Además, las tierras que han sido designadas como parques nacionales, refugios de vida silvestre, humedales y reservas similares deben seguir formando parte del territorio tribal, manteniendo la misma rigurosa protección ambiental. Sin embargo, deben ser administradas por el respectivo pueblo tribal, quien debe tener pleno acceso y disfrute económico de esos recursos para contribuir a la protección del medio ambiente y desarrollo socio-económico del pueblo.
A propósito de este asunto de territorio ancestral, No nos engañemos, somos descendientes de agricultores y pescadores que vivían en la costa pero cultivaban en la montaña por lo que esa era su extensión territorial.
Así que ni se les ocurra intentar defraudarnos, porque nuestros límites territoriales ya los definieron nuestros antepasados y lo conocemos.
El miércoles 23 de octubre de 2024, Radio Universidad emitió en directo una nueva edición de Desayunos de Radio Universidad, un espacio dedicado al análisis de temas de actualidad. En esta ocasión, las personas oyentes tuvieron la oportunidad de escuchar a Argentina Artavia quien modera una profunda conversación con el Dr. Nicolás Boeglin, experto en Derecho Internacional y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Durante el programa, Boeglin aportó su conocimiento para ayudar a comprender los antecedentes y los elementos clave del conflicto entre Gaza e Israel, que cumple un año desde su inicio. La conversación permitió desentrañar aspectos fundamentales del contexto y las dinámicas actuales en la región.
Le invitamos a escuchar el programa con el amplio análisis de la conversación entre la conductora y el experto.
En 1941, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue creada a partir de un pacto histórico entre el entonces presidente, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder comunista Lic. Manuel Mora Valverde y el Obispo Víctor Manuel Sanabria. Este acuerdo garantizó a las familias costarricenses el acceso equitativo a servicios de salud de alta calidad, consagrando un derecho humano fundamental para todos.
En su 83º aniversario, se hace un llamado a proteger la institución de la corrupción para preservar su legado y seguir brindando salud digna para todos los ciudadanos.
En el año 2007 se realizó un referéndum muy apresurado para que el país decidiera si quería un Tratado de Libre Comercio con EEUU. Las críticas y objeciones a este tratado tenían que ver con la defensa de la soberanía del país y de la soberanía y aseguramiento de la producción local y de nuestro Estado Social.
A pesar de la población costarricense estaba comenzando a tomar consciencia de los riesgos, el TLC fue aprobado en ese año, por la manipulación mediática y por maquiladoras como la Jockey, que habían presionado para que sus empleados se manifestaran a favor, diciéndoles que si no se aprobaba el Tratado, perderían sus empleos. Resultó que con el TLC perdieron -de todas maneras- sus empleos pues la fábrica cerró un tiempo después.
Y así pasó con otras industrias y muchas otras actividades, como la agrícola, que terminaron siendo liquidadas, ya que entraron a competir con productos de EEUU, México y Canadá que eran subvencionados por sus gobiernos y que tenían mayor valor agregado y más bajo costo.
Nuestros campesinos se han ido extinguiendo por esto y tenemos un país vulnerable y dependiente de los precios y de la afluencia de productos que antes producíamos y daban trabajo a muchos costarricenses y residentes.
Igual, se fueron desmantelando instituciones como el ICE, en razón de cumplir con la apertura de mercado y la privatización de bienes y servicios del Estado.
El símbolo de esa lucha fue el corazón rellenado con la bandera de Costa Rica y las letras NO al TLC. En esa lucha, el pueblo costarricense vibró por miles en cada comunidad y en las calles de las principales ciudades del país. La mitad de la población votó contra el TLC. La otra mitad, muchos de ellos, fueron engañados para que respaldaran ese tratado. Hubo muchas amenazas y artimañas que lograron meter temor, especialmente en la última semana previa a la votación.
Hoy los mismos que entregaron el país están negociando un TLC con Israel. Un Estado artificial que es juzgado y condenado internacionalmente por G3NOC1D1O. No estarán en juego con este tratado bienes y servicios de lo poco que nos queda de patrimonio, pero lo que sí se entregaría es el aval moral y los principios que tiene Costa Rica como país de paz, no militarista y defensor de los Derechos Humanos.
Más allá de las «piñas» que unas empresas piñeras (contaminadoras además) le vendan a los «mataniños» y de recibir productos, especialmente de seguridad y ciberseguridad (lo que ya constituye un enorme riesgo para Costa Rica) de las manos ensangrentadas de las empresas israelíes, lo que el TLC con Israel significa es la aprobación, complacencia y respaldo político y moral a un ente de apartheid, g3noc1da, supremacista, expansionista y, a todas luces, violador del Derecho Internacional.
Por eso, vuelve nuestro corazón a latir contra el TLC -ahora con Israel- que, más que comercial, se convertiría en un Tratado de Impunidad G3noc1da. ¡No permitamos que nuestro país se convierta en un cómplice más!
SURCOS comparte el comunicado enviado por GuanaDefensoras:
22 de Octubre 2024
Comunicado Oficial
A todas las mujeres de Costa Rica y a la opinión pública:
Hoy, GuanaDefensoras junto a diversas colectivas feministas, activistas independientes y grupos organizados por los derechos de las mujeres en Guanacaste y Costa Rica, levantamos nuestras voces para denunciar la responsabilidad directa del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) frente a la creciente violencia que sufrimos las mujeres en todo el país. Las estrategias como “Puntos Seguros” y “Puntos Violetas”, que deberían ser espacios de protección y apoyo para nosotras, no pasan de ser simples maniobras publicitarias que, en su esencia, buscan beneficiar a comerciantes y no a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Estos puntos, marcados apenas por un adhesivo en la puerta, no brindan la seguridad que prometen; al contrario, exponen aún más a las mujeres, especialmente en zonas rurales, costeras y en condiciones de desventaja social.
Casos recientes como el de Daniela Escobar, vista por última vez el Martes 15 de Octubre en Sámara, Guanacaste, demuestran que nuestras compañeras y amigas han sido desaparecidas cerca de estos lugares que se proclaman “seguros”. Porque lamentablemente, no es un caso aislado. Son muchas las familias que hoy buscan a sus hijas, madres, amigas, hermanas, mujeres.
No es la primera vez que nos pronunciamos sobre estos “Espacios seguros”, lo hicimos este pasado Marzo 2024 en el foro organizado por la Municipalidad de Nicoya y la Plataforma PIEG Región Chorotega, y recientemente en Setiembre en la Auditoría Social “Evaluemos al INAMU” Región Chorotega donde también señalamos que no se cuenta con estadísticas, evaluaciones, ni un seguimiento real de la efectividad de estos programas por parte del INAMU. Nosotras las mujeres de las comunidades no reconocemos estos espacios como seguros, porque simplemente no lo son. Nos sentimos desprotegidas ante la inoperancia de políticas que no consideran las verdaderas necesidades de las mujeres y sus diversas realidades.
Es evidente que el INAMU, bajo su actual dirección, práctica un feminismo blanco, clasista, con sororidad selectiva que se posiciona solo frente a las élites corruptas y poderosas, mientras ignora el clamor del pueblo que demanda justicia. No escuchan nuestras voces cuando pedimos respuestas por nuestras desaparecidas, por nuestras muertas, por las mujeres violadas. No están presentes para las mujeres en la ruralidad, para las organizadas que luchan sin fondos, para las que superviven a las violencias estructurales y sistémicas de las que el INAMU es parte.
Exigimos una respuesta inmediata y urgente del INAMU y sus jerarcas. Exigimos que su Ministra dé la cara, que asuma su responsabilidad, y que dejen de lavarse las manos con campañas sin fondo ni compromiso. No aceptamos más indiferencia ante la violencia que nos asesina. Ya es hora de que se nos escuche, se nos vea y se actúe de forma concreta para proteger nuestras vidas y derechos.
Que den la cara por nuestras desaparecidas, nuestras muertas, nuestres compañeres violentades, y por todas nosotras.
Información compartida con SURCOS por GuanaDefensoras.
Este viernes 25 de octubre, a las 5 pm en la Cancillería Casa Amarilla se estará llevando a cabo una manifestación pacífica para protestar la legitimación de Israel y sus actos genocidas por el contacto comercial con Costa Rica.
Le invitamos a participar, y hacer un llamado a que Costa Rica, baluarte de la democracia y de la paz, no comercie con sangre. Agregamos el enlace abajo a la publicación.
No permitamos que nuestro país legitime las atrocidades que comete Israel contra el pueblo palestino!
Este viernes 18 de octubre del 2024, se llevó a cabo una conferencia de prensa para divulgar un comunicado de un voto de censura que realizaron más de 900 personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, para denunciar la absolución del asesino confeso Juan Eduardo Varela, por el Tribunal de Pérez Zeledón.
En la lectura de este comunicado, se contó con la participación de la diputada Rocío Alfaro Molina, al igual que Fanny Reyes Ortíz, indígena Terraba; Zeidy Brugal Rodríguez, indígena Ngobe; y María Trejos Montero, del colectivo de apoyo a doña Digna Rivera, madre de Jerhy Rivera.
Rocío Alfaro recalcó la preocupación de la fracción Frente Amplio, por un asunto que trasciende a solo un trámite judicial, y expresó su apoyo al movimiento, para que se pueda difundir, y salga a la luz.
María Trejos Montero, leyó el comunicado, en el cual se resalta la intención de los jueces de enmarcar la situación como una lucha interna entre etnias indígenas que no se ponen de acuerdo, y la inacción de estos a mantener derechos constitucionales de tierra, al mismo tiempo que mantienen la impunidad del confeso asesino.
Fanny Reyes Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Rurales, comenta la importancia de recordar el poder hegemónico del Estado, cuya historia colonial y racista se ve plasmada en esta absolución. También, resalta el ambiente de violencia, y la complicidad entre la Fuerza Pública, y los finqueros alrededor de los territorios indígenas. Incendios provocados, amenazas sexuales a mujeres recuperadoras, disparos al aire; nada de esto ha sido castigado, en una escalada de violencia real y visible para un Estado que no hace efectiva la protección que promete a los pueblos originarios. El peligroso precedente que impone la absolución de Juan Eduardo Varela, es que se puede asesinar a un indígena de manera libre de consecuencias.
Es sumamente preocupante que los jueces no entiendan el contexto de la reivindicación de los indígenas y su derecho a la tierra, en Terraba hay una ocupación del más del 80%, si no se defienden, se perdería su cultura.
Zeidy Brugal Rodríguez resalta la lucha de la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, en donde sacaron arrastrados de las salas de la Asamblea Legislativa a sus compañeros indígenas, haciendo que llevaran esta lucha a lo interno, en los territorios indígenas, aplicando la autonomía y defendiendo su tierra, educación, salud, sus derechos. Al defender su buen vivir, se les trata como criminales, al protegerse ante talas ilegales, al defenderse en contra de la contaminación, el acoso a las compañeras indígenas, se les enmarca como violentos. Pero realmente, dice Zeidy, ¿quiénes son los violentos? ¿quienes se quieren lavar las manos? ¿Cómo es posible, que Costa Rica, un modelo de democracia a nivel internacional, permita que su sistema judicial deje impune estas situaciones?
Le invitamos a ver la conferencia de prensa con estas mujeres luchadoras y mantenerse al día, no dejar que esta situación se mantenga solamente en círculos de derechos humanos.
¡No más impunidad a los asesinatos! ¡Repudio al racismo!
Esa es la primera pregunta que todo afro-costarricense debería hacerse.
Recordemos, que durante el período de la trata transatlántica de esclavos (1517-1857), más de 12 millones de africanos fueron traídos por la fuerza a las Américas y Europa, incluyendo a nuestros propios antepasados, donde los afortunados sobrevivientes lograron su emancipación a través de muchos sacrificios, luchas, la unidad, solidaridad y sobre todo empatía entre ellos.
Tras la emancipación, hubo casi un siglo de servidumbre, que también fue superado mediante esfuerzos colectivos dentro de las comunidades.
Sin duda, esto fue posible dentro de un modelo económico global diferente al actual Nuevo Orden Mundial de economías globalizadas, donde el supra citado desplazamiento histórico representa un obstáculo mucho mayor para el progreso y el desarrollo que nunca antes.
Sin embargo, han surgido durante los últimos años acusaciones de usurpación de la Zona Maritima Terrestre (ZMT) y del Patrimonio Natural del Estado (PNE) contra los afro-descendientes en la costa caribeña, lo que inevitablemente trae a memoria uno de los capítulos más vergonzosos de la historia costarricense: El haber sometido a los «negros» a una vida de esclavitud y servidumbre durante la era de la trata de esclavos.
Es relevante destacar que nuestra presencia en las zonas costeras del Caribe no fue una elección de nuestros antepasados, sino una imposición de las autoridades gobernantes de la época.
Desde esa perspectiva, considero que tales acusaciones son absurdas y carentes de sentido, elaboradas para encubrir la perpetuación del abuso por parte de los líderes gubernamentales. Es evidente que en la actualidad, buscan condenar una vez más a las generaciones presentes y futuras de los descendientes de africanos desplazados de su tierra natal hace más de 400 años, a la pobreza y la ruina, repitiendo así la injusticia cometida con sus antepasados.
