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Etiqueta: derechos humanos

Carta Abierta al Estado de Costa Rica sobre desalojos y vulnerabilidad de los Pueblos Originarios: el caso del Territorio Cabécar de China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Viernes 13 de noviembre 2020

Las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta Carta Abierta dirigida al Estado de Costa Rica nos referimos a las órdenes de desalojo judicial que existen contra el Pueblo Cabécar de China Kichá y el aumento de la vulnerabilidad que dichos desalojos suponen para este Pueblo.

A saber, existen dos amenazas de desalojo judicial en el Territorio Cabécar de China Kichá. El primero corresponde al de Kono Jú: en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José se ordenó el desalojo de las y los recuperadores Cabécar de la recuperación realizada en mayo del 2019 y nombrada como Kono Jú[1]. Tras una serie de acciones judiciales, políticas y mediáticas, el 25 de septiembre el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires suspendió temporalmente el desalojo de Kono Jú.

El segundo corresponde a Yuwi Senaglö, tierra-territorio recuperada desde el 28 de septiembre del presente año. Hasta esa fecha estaba ocupada ilegalmente por Miguel Vargas Mata (quien todavía se encuentra atrincherado en la casa dentro de Yuwi). La Resolución N. 48-2020 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) del 13 de octubre de 2020 ordenó el desalojo de las familias Cabécar recuperadoras.

Sobre ambos procesos, solicitamos al Estado de Costa Rica considerar cuatro cuestiones fundamentales:

  1. Se está aplicando el derecho Civil y Agrario, más no el Derecho y Legislación Indígena. Según los Principios Generales del Derecho, la norma especial prevalece sobre la general. En Costa Rica además existe suficiente normativa de carácter internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado desde 1993 y la Ley Indígena (Ley 6172 de 1977) que expresamente regulan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Se debe entender que estos Territorios y estos Pueblos se encuentran protegidos por una legislación y derechos especiales y como consta en ambos expedientes según información oficial del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), los terrenos recuperados se encuentran dentro del Territorio Cabécar de China Kichá.
  2. En el contexto de la Pandemia del Covid 19, una medida cautelar como el Desalojo Judicial o Administrativo aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran estos Pueblos. Sobre esta situación varias instancias nacionales e internacionales emitieron diversos informes y normativas que recomiendan que los desalojos contra Pueblos Originarios no se lleven a cabo.

Entre ellos, se rescata el Comunicado Público del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda: Balakrishnan Rajagopal, del 18 de agosto de 2020, en el que expresa: “(…) El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia (…) Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida” (…) “los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”.

Balakrishnan Rajagopal, en ese mismo comunicado, menciona: “Hago un llamado a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad a la COVID-19”[2].

III. La CIRCULAR No. 227-2020 de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que establece “El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 95-2020, celebrada el 6 de octubre de 2020, artículo XLIX, acordó comunicar a todos los despachos judiciales del país que tramitan procesos judiciales donde se disponen puestas en posesión y desalojos en los que intervengan personas en situación de vulnerabilidad, y con fundamento en la normativa nacional e internacional de derechos humanos -de carácter supraconstitucional conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…se insta a las personas servidoras judiciales vinculadas con la tramitación y ejecución de desalojos y puestas en posesión para que, a fin de garantizar el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, cumplan con lo siguiente:

  1. Garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, aplicando el Derecho Indígena -siempre y cuando no transgreda los derechos humanos- así como sus costumbres y cosmovisión, conforme a la normativa nacional e internacional, en especial, el artículo 1 de la Constitución Política, que declara a Costa Rica como una República multiétnica y pluricultural. De ser necesario podrá requerirse un peritaje antropológico, para garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos de los pueblos indígenas, conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.
  2. Respetar la importancia de que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, en resguardo del derecho colectivo y comunitario de esa relación. La utilización del término «tierras» debe incluir el concepto de territorios, que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Además, tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades”[3].
  3. La Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá y las familias Cabécar residentes de Kono Jú, presentaron desde el 22 de septiembre del 2020 la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo en Kono Jú de China Kichá ante Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública; solicitud que todavía no ha sido respondida por dicha instancia.

Esta solicitud se basa en el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS. Donde se determina la Creación de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento especial para la atención de desalojos considerados como de vulnerabilidad social. El artículo 15 de dicho Decreto establece:

“El Ministerio de Seguridad Pública o la CAID podrán considerar un desalojo, en trámite judicial, como de vulnerabilidad social. En ese caso, por medio de la Procuraduría General de la República, se impulsarán las gestiones necesarias para solicitar al despacho judicial que, en sentencia, se considere un tiempo prudencial para ejecutar el desalojo a partir de una atención integral y respetuosa de los Derechos Humanos”.

Ante ello, las organizaciones e instituciones que suscribimos, solicitamos vehementemente al Estado de Costa Rica que:

  1. Se garanticen y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  2. Se priorice la aplicación del Derecho y Legislación Indígena sobre el derecho Civil o Agrario, según lo estipulan los Principios Generales del Derecho, en el sentido que la norma especial prevalece sobre la general.
  3. Se detengan los desalojos en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el tanto un desalojo como medida cautelar anticipada genera indefensión a los Pueblos Originarios y violenta su derecho fundamental, colectivo y comunitario a la tierra y en el contexto de la pandemia del Covid-19 el desalojo aumentaría la vulnerabilidad de este Pueblo.
  4. El Ministerio de Seguridad Pública resuelva la Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jú y se inicie el proceso de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, en consonancia con el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS.
  5. La suspensión de los desalojos ordenados hasta tanto el Ministerio de Seguridad resuelva la solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad de ambos desalojos.
  6. En el caso de Kono Jú, habiendo transcurrido un lapso de tiempo razonablemente largo desde la fecha de recuperación del terreno y considerando que no existe más prueba que conocer, se proceda ya con la resolución de fondo de ese litigio.

Organizaciones, instituciones y personas firmantes:

Brigada para Leer en Libertad AC, México
Cultural Survival
Mujeres y la Sexta, México
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, Cuba
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, México
Comité Cerezo; México
Festivales Solidarios, Guatemala
Red Latinoamericana Somos Un Abya Yala
Recuperadoras/es Cabecar de Kono Ju de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Yuwi Senaglö de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Sekeirö Kaska de China Kichá
Recuperadoras Cabecar de Sá Ka Duwé Senaglö. De China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Kerpego. De China Kichá
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá
Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
Concejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa de Cabagra
Recuperadoras/es Brörán de Crun Shurin
Recuperadoras/es Brörán de Finca San Andrés
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica
Asociación de Productores de Finca 10
Comité de lucha por la Tierra de Finca Changuina
Cootraosa
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
Comité de Lucha por la Tierra de Finca Venecia
SOJUPANO de Palmar de Osa
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
SERBUSUR de Finca Puntarenas
Asociación Voces Nuestras
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CiCDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Estudios Avanzados UCR (UCREA)
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Alaklä sulú täkili wömi, La fortaleza de la mujer maíz por siempre, Alto Chirripó
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Centro de Orientación Indígena de Sixaola
Asociación de Trabajadores Ngöbes de Sixaola, ATIGUSI
Consejo de Mayores Broran Térraba
Mujeres Mano de Tigre Orcuo Dbön de Térraba
Mujeres en Acción, Costa Rica
Lunayena Títeres
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Comité Ejecutivo, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), Costa Rica
Humanismo Secular de Costa Rica
Colectivo de Geografía Crítica 24 de abril
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR
Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica
Movimiento Cultura Viva Comunitaria Costa Rica
Hablemos de Derechos Humanos
Colectiva Caminando
Colectiva Radio Andante
CEFEMINA
Radio Machete
La Cadejos, Comunicación Feminista
Frente de Resistencia Animal y de Tierra, FRAT
Asociación de Estudiantes de Antropología Social y Arqueología, UCR
TardeArte Revista Cultural
Red del Buen Vivir Región Brunca
Asambleas Patrióticas Populares
Movimiento Alternativas de Izquierda (MAIZ)
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1 835 921
Ana Elena Obando, cédula 1 651 024
Mariel Rojas Gómez, cédula 1 1051 0809
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490
Natalia Silva Maffio, cédula 4 0192 0714
Carol Moreira Campos, cédula 1 1178 0654
María Elena Moreira Campos, cédula 1 0525 0022
Adriana Sánchez Sánchez, cédula 1 1040 0980
Marisela Navarro Brenes, cédula 1 1163 0622
Geoffrey González Jiménez, cédula 401660158
Judith Navarro Brenes, cédula 3 0200 1324
Evelia Navarro Brenes, cédula 3 0144 701
Karol Montero Rony, cédula 1 1108 0959
Nery Chaves García, cédula 1 1482 062
Paula Pinto, 1 2490000-0327 Francia
Jaime Arturo Rojas Brenes, cédula 4 0162 0345
Jackeline Corrales Mora, cédula 1 1096 0142
Osvaldo Muñoz Fores, cédula 1 1698 0742
Soledad Díaz Pasten, cédula 1 15200 006105
Juan Carlos Gutiérrez Camacho, cédula 1 724001 39828
Reiner Retana Solano, cédula 1 1086 0040,
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1 06460922
Larraitz Lexartza Arza, cédula 8 0124 0792
Olman Bolaños Vargas, cédula 2 0420 0917
Lorna Mariana Li Gutiérrez, cédula 1 1594 0566
Jorge Segura Ramirez, cédula 1 0464 0390
Pamela Campos Chavarría, cedula 1 1345 0315
Ricardo Araya Rojas, cédula 1 0529 0917
Luis A Monge Arrieta, cédula 1 0618 0825
María Pérez Porras, cedula 1 0457 0132
Juan Francisco Valerio Delgado, cédula 4 0184 0769
Vianey Mora Vega, Cédula 1 1 448 0728
Dayana Ureña Solís, cédula 2 0590 0549
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4 0137 0280
Ronny Valverde Chinchilla, cédula 1 0914 0538

Notas:

[1]De esta forma, el Tribunal acogió una medida cautelar solicitada por Hacienda La China R y L S.A -propiedad de Ángel Marín Espinoza- en un proceso ordinario agrario que se conoce en el Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).

[2] Ver: https://hic-al.org/2020/09/04/experto-de-la-onu-insta-a-prohibir-los-desalojos-durante-la-pandemia-de-covid-19 y https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E

[3] Esto de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Colombia: Rechazan amenazas contra la vida de defensores y defensoras de DD.HH integrantes del Pacto Nacional Por la Salud y la Vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.

En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.

Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.

El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.

La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.

Por eso exigimos;

Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.

También solicitamos a:

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.

Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.

Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,

– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública.
– Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ).
– Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay.
– Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta.
– Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS).
– Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT).
– Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá.
– Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME).
– Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología.
– Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Alicia Milena Torres, profesora universitaria.
– Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia.
– Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia.
– Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria.
– Ana Marcela Bueno, docente universitaria.
– Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF).
– Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados.
– Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral.
– Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC).
– Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina.
– Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS).
– Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila.
– Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN).
– Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá.
– Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga.
– Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR).
– Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking.
– Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS).
– Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA)
– Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana.
– Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina
– Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional.
– Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina.
– Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur.
– Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida.
– Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE)
– César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut.
– Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social.
– Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL).
– Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria.
– Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador.
– Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia.
– Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE).
– Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia.
– Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia.
– Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC).
– Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona.
– Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia.
– Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
– Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
– Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Corporación Grupo Guillermo Ferguson.
– Cristina Ruiz, Argentina.
– David Cuéllar Gálvez, profesor universitario.
– Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH.
– Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga.
– Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia.
– Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva
– Diego I. Lucumí, profesor universitario.
– Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN).
– Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME).
– Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).
– Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín.
– Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE).
– Elba Luz Martínez, docente universitaria.
– Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil.
– Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
– Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G).
– Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
– Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador.
– Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria.
– Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES).
– Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia.
– Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM).
– Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca.
– Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia.
– Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP).
– Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente.
– Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO).
– Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN)
– Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD).
– Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México.
– Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá.
– Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC).
– German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia
– Gilberto Ríos, Uruguay.
– Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC).
– Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia.
– Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
– Gloria Leal, profesora universitaria.
– Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Haydali Rodríguez, profesora universitaria.
– Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD).
– Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín.
– Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia.
– Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI).
– Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria.
– Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL.
– Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia.
– Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
– Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario.
– Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá.
– Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos.
– Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción.
– Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador
– José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios.
– José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana.
– José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB).
– José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
– Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL).
– Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana.
– Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina
– Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas.
– Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA).
– Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ).
– Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR).
– Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR).
– Katia Cesa, Brasil.
– Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores
– Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS).
– Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario.
– Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados.
– Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia.
– Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
– Luz Marina Suaza, profesora universitaria.
– Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina
– Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores.
– Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina.
– Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO).
– María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
– María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá.
– María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS).
– María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua.
– María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY).
– María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia.
– Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria.
– Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz.
– Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile.
– Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB).
– Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación.
– Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP).
– Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial.
– Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP).
– Maylen Rojas, doctora en epidemiología.
– Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería.
– Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud.
– Mesa Ecuménica por la paz (MEP).
– Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA).
– Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES).
– Miguel López, comunicador social.
– Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
– Sandra Milena Montoya, profesora universitaria.
– Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina.
– Miryam Rico, presidentes, ACCES.
– Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil.
– Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento.
– Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana
– Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia
– Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización.
– Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI).
– Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI)
– Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador.
– Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT).
– Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia.
– Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
– Nora Aller, odontóloga, Argentina.
– Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).
– Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito.
– Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología.
– Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela.
– Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD).
– Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC).
– Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora
– Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina.
– Patricia Uribe, profesora universitaria.
– Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional.
– Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia.
– Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Red Colombiana de Salud Perioperatoria.
– Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz)
– Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ.
– Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador.
– Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá.
– Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública.
– Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria.
– Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia.
– Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE).
– Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina.
– Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT).
– Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina.
– Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia.
– Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia.
– Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria.
– Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC).
– Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria
– Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección.
– Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina.
– Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia.
– Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá
– Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT)
– Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República.
– Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista.
– Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina
– Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC).
– William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).
– William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial.
– William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST).
– Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador.
– Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia.
– Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.

Criminalización de la protesta social, coyuntura de crisis, detenciones y violencia en el marco de la lucha del movimiento social costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos.

ACODEHU, SINDEU

En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase.

Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia.

Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes anti laborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con la vieja estructura del Estado Social de Derecho.

En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera particular.

Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios fiscales a las grandes rentas y capitales. El simple anuncio que vivió el país, de un nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.

Le invitamos a descargar el documento completo del análisis de ACODEHU y SINDEU recibido en SURCOS.

ACODEHU-MOVIMIENTOS-SOCIALES-SETIEMBRE-Y-OCTUBREDescarga

Movimiento feminista y de mujeres condena detención contra Stella Chinchilla

Escrito en . Publicado en Derechos.

Movimiento feminista y de mujeres: Condenamos la detención arbitraria y violenta contra Stella Chinchilla Mora, compañera comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos

Las organizaciones, mujeres y personas que suscribimos el presente posicionamiento, rechazamos y repudiamos con vehemencia la violencia y el abuso policial contra las mujeres y las niñas en el marco de las protestas y manifestaciones contra el FMI y las medidas de impuestos regresivos por parte del gobierno contra la clase trabajadora.

Denunciamos que el pasado 29 de octubre fue detenida en Ochomogo, Cartago, junto a otros compañeros, de manera arbitraria y violenta Stella Chinchilla Mora destacada comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos, quien enfrenta ahora un proceso de judicialización.

Enfatizamos nuestro repudio contra la detención abusiva, arbitraria e ilegal de Stella, mientras ella se encontraba reportando un abuso de poder por parte de la policía contra una persona con una condición de discapacidad, antes de iniciar una manifestación pacífica.

Condenamos que la violencia policial obstruya el derecho a la comunicación, información y a la libre expresión de todas las personas en Costa Rica. Exigimos el cese inmediato de los abusos de autoridad y la violencia policial contra las mujeres y niñas, o cualquier otra persona que haga uso de su legítimo derecho a la protesta social. Le recordamos a la policía que su principal labor es proteger a la sociedad civil, no perpetuar la violencia ni la masculinidad tóxica que ha manifestado como institución desde la base de su matonismo policial.

Este atropello a la integridad física y emocional de Stella se da en el marco de la violación sistemática a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, bajo las órdenes del Ministro de Seguridad Michael Soto y el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, contra el movimiento social en resistencia desde las calles.

Puntualizamos:

Es inaceptable la violencia sufrida por la compañera Stella Chinchilla Mora, siendo ésta abuso sistemático de poder por parte de la policía, antimotines y diferentes órganos de seguridad nacional bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

Este atropello a los Derechos Humanos se suma a un conjunto de hechos registrados contra el ejercicio a la libre comunicación, periodistas y comunicadores sociales en el país, demostrando que el gobierno irrespeta acuerdos internacionales como el contemplado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que establece el Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Que en la detención de Stella el Ministerio Público aduce “obstrucción de la labor policial” y “resistencia agravada”, lo cual además de no tener fundamentación, es la justificación bajo la cual el gobierno pretende legitimar el uso de armas químicas de forma indiscriminada con los gases lacrimógenos a la población, las cuales han dejado personas afectadas incluyendo niñez y adultas mayores, que se encontraban en sus casas. También, se han registrado agresiones físicas, verbales y con arma de fuego, envío de infiltrados para ocasionar disturbios con el fin de deslegitimar la protesta social, desapariciones y detenciones arbitrarias como la descrita aquí contra la compañera Stella, sumando al día de hoy más de 141 detenciones de esta naturaleza inconstitucional.

El gobierno de Costa Rica no respeta la libertad de prensa y comunicación popular, y a su vez, es cómplice de la campaña mediática basada en falacias emitidas desde medios de comunicación como La Nación cuyas publicaciones intentan denigrar la labor profesional y comprometida de Stella Chinchilla Mora.

Consideramos que no es posible ni congruente la disposición de un gobierno que convoca al diálogo multisectorial mientras persista un escenario donde se dé la represión, intimidación, persecución, y desapariciones contra sus habitantes, pues caracterizan un estado reproductor de la indefensión, impunidad, cuando acciones como la criminalización y judicialización de la protesta social, son propias de gobiernos antidemocráticos.

Es por esto que en medio de esta crisis política, económica y social donde la pandemia se ha convertido en la cortina de humo para intentar invisibilizar la desigualdad y violencia contra las mujeres, exigimos al gobierno de Carlos Alvarado Quesada ser consecuente con la voluntad manifestada de abrirse al dialogo con el pueblo mediante la priorización del respeto y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, comunicadores, defensores y todos los habitantes de Costa Rica por medio del alto definitivo a la represión del legítimo derecho a la protesta social.

Le recordamos al Gobierno que el disenso es clave para la democracia, y no puede ser acallada con armas químicas, golpes y aprisionamientos. La democracia es un proyecto continuo y debemos protegerlo, reducir nuestros derechos humanos a partir de la represión policial o políticas públicas para criminalizar y judicializar el disenso es una alerta en cuanto el proyecto país que deseamos y que merecemos.

Por último, invitamos a medios locales, nacionales e internacionales a que se sumen a esta denuncia porque comunicar, informar y expresarse libremente ¡Son Derechos Humanos! Un Estado que limite el ejercicio libre de estos no es una democracia. ¡Libertad para Stella! ¡Libertad para protestar! ¡Justicia para las personas en procesos por ejercer su derecho humano a la Protesta Social!

Para apoyar esta iniciativa, ingrese en el siguiente enlace: https://forms.gle/VtC3VUJgSpDWeEEW9

El mundo recupera la esperanza

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Mujeres por Costa Rica

Con el triunfo electoral de Biden-Harris, el mundo recupera la esperanza de hacer cambios impostergables para el cuido de los ecosistemas del planeta y la superación de las condiciones de desigualdad que empujan a millones de personas a vivir en la pobreza y con hambre.

Celebramos la llegada de Kamala Harris.  Ella será la primera mujer, y la primera persona de ascendencia afroasiática en ocupar dicho cargo. Su agenda en favor de las minorías y con enfoque de género, revive esperanzas en momentos en que el supremacismo blanco amenaza los derechos civiles alcanzados desde la década de 1960.

Felicitamos a los movimientos de mujeres de los Estados Unidos y del mundo que se unieron en una sola voz para impedir la reelección y la consolidación de un gobierno negacionista de la pandemia, la ciencia, los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y raciales y defensor del capitalismo salvaje.

El nuevo mundo demanda el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento del multilateralismo, la solidaridad internacional y el cuido de la naturaleza como la única vía posible para la construcción de una comunidad internacional que viva en paz.

 

Represión a Vicente Vázquez Ruiz, compañero de la SextaDSL, Colectivo Autónomo Smalael A’maletik

Escrito en . Publicado en Derechos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
4 de noviembre 2020

Acción urgente
Agresión a miembro de Colectivo Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación
Al pueblo en general

El día de hoy, alrededor de las 5 de la tarde, el compañero Vicente Vázquez Ruiz, miembro del Colectivo Autónomo Smalael A’maletik, Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, del municipio de Altamirano, fue hostigado y agredido por elementos de la policía en un retén en la entrada de San Cristóbal de Las Casas, cuando se dirigía al CIDECI, con prepotencia y abuso de autoridad violentaron sus derechos fundamentales al forzar y obligar a bajar del transporte público en el que viajaba, con tratos crueles y degradantes, revisaron sus pertenencias, le sustrajeron su celular y le obligaron a proporcionar la contraseña para desbloquearlo, invadiendo así su privacidad, actuando con alevosía y ventaja bajo el pretexto de su apariencia física fue retenido por varios minutos para luego dejarlo libre, dicho acto inadmisible evidencia la discriminación y racismo que aún impera, así como la criminalización a la juventud disidente y organizada.

Dicha acción violatoria de los derechos humanos no es un hecho aislado, una revisión de rutina más que pretende ser legal cuando a todas luces raya en la ilegalidad, puesto que en el Estado de Chiapas se criminaliza la protesta social, la lucha organizativa, la defensa por la Autonomía, por la Vida y el Territorio desde las altas esfera de este mal gobierno Morenista: No es más que muestra de la dictadura fascista que estamos viviendo, un cerco policíaco militar disfrazado de seguridad y protección contra la delincuencia y el crimen organizado, que sirve para intimidar al pueblo y sus luchas autónomas, todo para encubrir sus megaproyectos de “izquierda” muerte.

Denunciamos enérgicamente esta agresión a nuestro colectivo, responsabilizamos a los tres niveles del mal gobierno de la integridad física y psicológica de nuestro compañero Vicente Vázquez Ruíz.

¡Condenamos la violación sistemática a los derechos humanos!
Llamamos al apoyo y solidaridad de las organizaciones hermanas y solidarias.
¡Alto a la criminalización de los luchadores sociales!
¡Por verdad y justicia!
Colectivo Autónomo Smalael A’maletik (Montañas de Esperanza)

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Concentración en apoyo a la comunicadora Stella Chinchilla

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este 10 de noviembre se está convocando a una concentración en los Tribunales de Justicia de Cartago para apoyar a la comunicadora, defensora de derechos humanos y compañera Stella Chinchilla Mora, quien está siendo llevada a Juicio en Flagrancia después de una detención arbitaria, imputada por acusaciones falsas de la Policía, quienes injustamente le atribuyen delitos que no ha cometido.

¡Porque ella comunica, nos enteramos!
¡Porque la quieren callada, la defendemos!
¡En defensa de la Protesta Social, la Libertad de Expresión, el Derecho a Informar!
Facebook: tinyurl.com/y37fovv9

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA Y NUESTROS-AS COMUNICADORES-AS ALTERNATIVOS

Centro Amigos para la Paz

 

Enviado por Marcela Zamora Cruz.

La libertad de expresión es sustancial a la democracia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Nosotras feministas y mujeres defensoras de Derechos Humanos que conformamos la Red de Puntos Violentas nos posicionamos ante el caso de nuestra compañera defensora Claudia Campos Rodríguez, quien en este momento está lidiando con una demanda por difamación por parte de Juan Diego Castro.

El programa Suave un Toque, donde Claudia Campos Rodríguez era presentadora, realizó una serie de ediciones donde se abordó las candidaturas presidenciales, entre ellas Juan Diego Castro del Partido Integración Nacional (PIN). Debido a la crítica realizada y la información recopilada que realizó el programa durante la contienda presidencial del 2017, Claudia está siendo injustamente demandada por el delito difamación como reprimenda por ejercer el ejercicio de la comunicación popular.

Las organizaciones feministas y de mujeres aquí firmantes denunciamos esto como un ataque directo a la libertad de expresión y señalamos las intenciones en las que en muchas ocasiones se ha procurado en censurar las voces de jóvenes y mujeres críticas que han asumido el compromiso de informar y comunicar a la población nacional en el contexto electoral. La libertad de expresión es sustancial a la Democracia y la pluralidad de medios alternativos también.

La denuncia de Juan Diego Castro contra la compañera Claudia Campos durante su colaboración en el programa Suave un Toque, es un acto que busca desacreditar el trabajo de comunicadoras y comunicadores populares quienes encabezan el periodismo crítico y libre en la región de América Latina.

Recordemos que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia por fortalecer el funcionamiento de los sistemas pluralistas y deliberativos. La libertad de expresión protege y fomenta la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole. Sin libertad de expresión el concepto de opciones políticas se convierten en una ficción y la democracia en ilusión. La democracia se construye día a día, ¡por eso la defendemos!

Instamos al Poder Judicial y al Gobierno de Costa Rica poner alto a los intentos de coartar los derechos humanos con actos que son claramente antidemocráticos. También hacemos un llamado a la prensa libre y a las defensoras y defensores de Derechos Humanos a sumar su apoyo a Claudia en este momento de violencia política, donde la violencia machista, adultocentrista la quieren no sólo callar sino también castigar por expresar lo que es de conocimiento público.

Acompañemos a Claudia este 11 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. en el II Circuito Judicial de San José en Calle Blancos Goicoechea, porque la #JusticiaParaClaudia es Democracia. #NadieNosCalla
#EntreNosotrasNosCuidamos #ProtejamosLaLibertadDeExpresión

Para apoyar esta iniciativa ingrese aquí.

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del acuerdo de Escazú en Naciones Unidas (ONU)

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas (ONU), adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

  1. Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre 2020 la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay;
  2. Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismopublico- regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor;
  3. Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en septiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas;
  4. Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización, que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto, resulta a todas luces sorprendente que, de los diez (10) Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países;
  5. reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior), que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión»;
  6. denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú;
  7. reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales;
  8. recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo;
  9. felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región;
  10. Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

Hecho en San José, el 20 de octubre de 2020.

Lanzamiento sitio web CEJIL – Movilidad Humana en Mesoamérica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Evento virtual

Movilidad Humana en Mesoamérica: retos y resistencias
Lanzamiento del sitio web: cejilmovilidadenmesoamerica.org

Nuestro nuevo sitio web busca recopilar y ofrecer herramientas e insumos que sean de utilidad para las personas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos de la población en movilidad humana en Centroamérica y México. Súmate al lanzamiento: https://bit.ly/3obMJoh

San José, 28 de octubre de 2020.- En un contexto en que las políticas anti migrantes se profundizan, al tiempo que la pandemia por COVID-19 y las respuestas estatales agravan los riesgos que enfrentan las personas en contextos de movilidad humana, crear redes y compartir herramientas es vital para encontrar nuevas rutas para la defensa y promoción de los derechos humanos.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL) creemos en la construcción colectiva de estrategias que, desde el litigio, la incidencia, la comunicación, el arte y otras disciplinas, nos permitan resistir a los continuos embates que enfrenta nuestra región. Por ello, lanzamos nuestra nueva página web: cejilmovilidadenmesoamerica.org, un espacio para visibilizar la situación de movilidad humana en Centroamérica y México, así como el trabajo de las organizaciones que defienden derechos de las personas migrantes, desplazadas y refugiadas.

Para presentar esta plataforma, te invitamos el próximo miércoles 04 de noviembre a las 14hrs Centroamérica y México al evento “Movilidad humana en Mesoamérica: retos y resistencias”, un espacio para conversar sobre la situación de movilidad en la región desde la resistencia y el arte, y exponer las distintas herramientas que organizaciones de la región, periodistas, estudiantes, y, en general, personas interesadas en la defensa de derechos de la población en movilidad podrán encontrar en el sitio web.

Conoce nuestro programa:

14:00-14:30: Bienvenida y presentación de la página web de Movilidad Humana en Mesoamérica
14:30-15:15: Coloquio: Retos y resistencias entorno a la movilidad humana en Mesoamérica
15:15-15:45: Acto cultural: México y Centroamérica resisten desde el arte

Este evento es abierto al público y será transmitido mediante Zoom y Facebook Live. Acompáñanos a construir rutas para la defensa de derechos humanos que cambien realidades, inscríbete al evento aquí: https://bit.ly/3obMJoh