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Etiqueta: derechos humanos

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Organizaciones, instancias institucionales y 96 personas firmaron un comunicado dirigido al presidente de la República y otros funcionarios de los Poderes de la República para solicitar una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

La mañana de este miércoles 02 de diciembre se llevó a cabo una conferencia de prensa al respecto, denominada “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sivar y demás recuperadorxs de territorios indígenas” con la participación de Ana C. Jiménez, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Costa Rica (Acodehu); Julio Figueroa Calderón, dirigente territorio indígena de Salitre; Trino Barrantes Araya, Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu); y compañeras indígenas.

“La policía no está preparada para ser guardaespaldas, sino que están para mantener el orden. Es un territorio extenso y hay un par de policías, pero no están 24 horas. Pablo está expuesto”, expuso Figueroa, dirigente del territorio indígena de Salitre, refiriéndose a las amenazas de muerte que ha recibido el líder indígena Pablo Sivar.

SURCOS comparte el comunicado:

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

“Tengo miedo de mi vida”

Pablo Sivar Sivar
San José, Costa Rica
30 de noviembre, 2020

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica
Señora Epsy Campbell Barr
Vicepresidenta de la República
Señor Fernando Cruz Castro
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Señor Eduardo Newton Cruickshank Smith
Presidente Asamblea Legislativa
Señor Michael Soto Rojas
Ministro de Seguridad
Señora Fiorella María Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz
Señora Emilia Navas
Fiscala General de la República de Costa Rica
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)

Reciban un cordial saludo. A la vez, hacemos de su conocimiento que las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a ustedes una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la impunidad e inoperancia que se da desde el Estado Costarricense en la defensa plena de los Derechos Humanos y el reconocimiento y no invisibilización ni mediatización de la legítima lucha de los pueblos indígenas, siendo permisibles ante la estrategia de terror que se impulsa para acabar con el movimiento indígena.

Las organizaciones firmantes instamos a emprender, con carácter de urgencia, la siguiente acción, acatando las medidas dispuestas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  1. Implementación inmediata de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del señor Pablo Sivar Sivar y del conjunto de las comunidades indígenas de Bribri de Salitre, Bröran de Térraba y de otras regiones.
  2. Llevar a cabo una investigación minuciosa e imparcial en torno al conjunto de hechos denunciados a lo largo de esta lucha, a fin de identificar a los responsables y viabilizar las sanciones penales y/o administrativas previstas que corresponden a la ley.
  3. Garantizar de manera urgente medidas que generen seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en la Ley 6172 de Costa Rica.
  4. Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incorpore los componentes necesarios para la protección, prevención y lucha contra la impunidad.
  5. Demostrar, de manera práctica, la aplicación de lo dictado por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. El Estado Costarricense no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la vida, a la tierra, a la cultura y a la autonomía de las comunidades indígenas del país, incumpliendo con las medidas cautelares promulgadas en el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Resolución 16/15. Medida cautelar N°321-12 Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica. Aprobada a los 30 días del mes de abril de 2015 por: Rose Marie Antonie, presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Segundo Vicepresidente; Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi, miembros de la CIDH”), violentando el derecho a la propiedad y a la integridad personal de dirigencia indígena y sus familias.

“Nos hace vulnerables en nuestras casas y territorios porque…el gobierno no ha garantizado nuestras vidas, nuestra seguridad.” Lideresa indígena Bribri

Por lo tanto, alertamos a la comunidad internacional ante el contexto que se vive en Costa Rica, donde, día a día, aumenta el estado de vulnerabilidad de las comunidades indígenas defensoras de Derechos Humanos y de sus territorios, víctimas de constantes amenazas y agresiones a pesar de contar con medidas cautelares desde el 2015, en el que en menos de un año son asesinados el dirigente Bribri Sergio Rojas Ortiz y el dirigente Börán Jerhy Rivera Rivera.

Por el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

Porque el Estado asuma todas las medidas necesarias para que se cumplan los protocolos correspondientes a la puesta en marcha de las medidas cautelares.

Por la vida de Pablo Sivar Sivar y cada lideresa y líder indígena quienes defienden sus territorios como Derecho Humano inalienable.

Organizaciones e instancias institucionales firmantes
1. Alianza de Mujeres Costarricense
2. Asambleas Patrióticas Populares en San Ramón
3. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
4. Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica
5. Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
6. Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
7. Bloque Autónomo 12s
8. Bloque de Vivienda
9. Buen Vivir
10.Casa El Emigrante (Human Rights)
11.CEAAL- Colectivo Costa Rica
12.Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
13.Centro ETHOS
14.Círculo Bolivariano Yamileth López
15.Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
16.Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
17.Colectivo Político Semilla Ramonense
18.Comisión Interinstitucional para el seguimiento e Implementación de las
Obligaciones internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH)- Ente Permanente de
Consulta (EPC)
19.Comuna Socialista
20.Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
21.Coordinadora Campesina del Caribe
22.Coordinadora de Lucha Sur Sur
23.Debate Feminista Costa Rica
24.Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
25.Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
26.Frente Ecologista Universitario
27.Fundación Pedagógica Nuestra América
28.Fundación Laberinto
29.Handmaids Costa Rica
30.Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
31.Juventud Vanguardista Costarricense
32.Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta (METJA)
33.Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
34.Movimiento Patriótico por Costa Rica
35.Mujeres Mano de Tigre
36.Organización Política Carmen Lyra
37.Partido Obrero Socialista (POS)
38.Partido Vanguardia Popular
39.Pri Laka (Nicaragua)
40.Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
41.Programa “Hablemos de Derechos Humanos”
42.Programa Kioscos Socioambientales-Universidad de Costa Rica
43.Red de Solidaridad con Palestina
44.Ríos Vivos de Costa Rica
45.Sembrando Libertad
46.Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
47.Sindicato Patriótico de Educadores (SINPAE)
48.Sindicato UNPROBANPO
49.Unidad del Pueblo Mayangna en Defensa de su Territorio (Nicaragua)
50.Universidad Bíblica Latinoamericana
51.Yo NO voy al Zoo
Personas firmantes
1. María Hidalgo Quesada – Abogada Jubilada
2. Alejandra Monge Arias – Abogada Notaria Jubilada del Poder Judicial
3. José María Villalta Flores-Estrada – Abogado, Diputado Fracción Frente Amplio
4. Cristina Rojas Rodríguez – Activista DDHH y Directora Ejecutiva Centro ETHO
5. Suy Wong Ugalde – Activista de Derechos Humanos
6. Eydis Ñurinda Guzmán – Agricultora
7. Roger Sánchez Alfaro – Agricultor
8. Liuba Ramírez Otto – Artista
9. Ana Cecilia Hernández Bolaños – Alianza de Mujeres Costarricense
10. Grace Valeria Bueso Ortega – Activista de DDHH, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
11. Ana Cecilia Jiménez Arce – Activista de DDHH, presidenta de ACODEHU
12. Denis Omar Calix – Activista de DDHH (ACODEHU), planificador económico-social
13. Tatiana Otto Golovina – Activista de DDHH (ACODEHU)
14. Temístocles Guerra Vargas – Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica y Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH). Ente Permanente de Consulta (EPC) Vocería
15. Gustavo Oreamuno Vignet – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
16. Mariano Sáenz – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
17. Osvaldo Durán Campos – Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
18. Orlando Barrantes Cartín – Bloque de Vivienda
19. Edison Valverde Araya – Buen Vivir
20. Abelardo Brenes Castro – Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
21. Ignacio Dobles Oropeza – Catedrático Universidad de Costa Rica
22. Elisa Trejos Montero Catedrática – Universidad de Costa Rica
23. Ana Franz – Casa El Emigrante (Human Rights)
24. María Trejos Montero – CEAAL- Colectivo Costa Rica
25. Oscar Jara Holliday – Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
26. Amanda Méndez Ramírez – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
27. Laura Valverde Cuevillas – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
28. Mario Cabrera Burgos – Colectivo Político Semilla Ramonense
29. Juan José Soto Morales – Colectivo Político Semilla Ramonense
30. Luis Alberto Soto Ramírez – Colectivo Político Semilla Ramonense
31. Dayana Ureña Solís – Colectivo Político Semilla Ramonense
32. Ana María Vega Torres – Comuna Socialista
33. Antonio Aguilar Umaña – Comuna Socialista
34. Héctor Ferlini-Salazar – Comunicador y docente
35. Miguel Marín Calderón – Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
36. Róger Sánchez – Coordinadora Campesina del Caribe
37. Melissa Chinchilla Romero – Coordinadora Colectivo Handmaids Costa Rica
38. Reinier Canales Medino – Coordinadora de Lucha Sur Sur
39. Hugo D. Fernández González – Coordinador Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
40. Carlos Antonio Zúñiga Zúñiga – Coordinador de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
41. Juan Carlos Ocampo Zamora – Coordinador Ejecutivo de la organización Prilaki
42. Julieta Montoya Molteni – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
43. Alberto Álvarez Toirac – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
44. Allen Cordero Ulate – Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
45. Laura Arias Cabrera – Docente
46. Karol Montero Rony – Docente Técnico en Gestión Local – UNED
47. Joliem Figueroa Siles Docente Programa de Atención a Estudiantes Indígenas-UNED
48. Arnoldo Mora Rodríguez – Ex Ministro de Cultura Juventud y Deportes, Catedrático Emérito UCR, filósofo
49. Rodrigo Hernández Jiménez – Fundación Laberinto
50. Ingrid Flores Salazar – Handmaids Costa Rica
51. José Amesty – Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
52. Bayron Bucardo Miguel – Líder indígena Mayangna de Bosawas Nicaragua
53. Julia María Peña Salas – Luchadora social
54. Yumira Cortés – Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
55. Francisco Cordero Gené – Movimiento Patriótico por Costa Rica
56. Carmen María Carlucci – Patronato Nacional de lnfancia (PANI) Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia
57. Edgar Gutiérrez Cordero – Partido Pueblo Unido
58. Humberto Vargas Carbonel – Partido Vanguardia Popular
59. Pamela Campos Chavarría – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
60. Amilcar Castañeda Cortez – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
61. Rafael Eduardo López Alfaro – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
62. Carolina Somarribas Dormond – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
63. Adriana Villalobos Araya – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
64. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
65. Sary Rojas Leiva – Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
66. Ann Marie Saidy – Red de Solidaridad con Palestina, pensionada
67. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
68. Raquel Bolaños – Ríos Vivos de Costa Rica
52. Trino Barrantes Araya – Secretario General Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
69. Rafael Contreras Cascante – Secretario General Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)
70. Carlos Vega – Secretario General Sindicato UNPROBANPO
71. Ligia Isabel Castro Salas – Pastora OBF/OSC
72. David Solís Aguilar – Politólogo y geógrafo
73. Cinthia Crespo Campos – Profesora y artista, SINPAE
74. Ailhyn Bolaños Ulloa – Socióloga y Evaluadora
75. Daniel Camacho Monge – Sociólogo, Miembro Honorario del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
76. Fresia Eugenia Camacho Rojas – Socióloga, agremiada al CPSCR
77. Gerardo Enrique Cerdas Vega – Sociólogo, agremiado al CPSCR
78. Róger Chaves Grijalba – Sociólogo
79. Allen Cordero Torres – Sociólogo, Director de la Escuela de Sociología
80. Amilcar Ernesto Luna Palmás – Sociólogo
81. Roberto Pineda Ibarra – Sociólogo
82. David Quesada García – Sociólogo, El Servicio Paz y Justicia (SEPAJ)
83. Pablo Ramírez Otto – Sociólogo
84. Rodolfo Ulloa Bonilla – Sociólogo, asesor parlamentario
85. Karla Vargas Solera – Socióloga docente universitaria
86. Francis Muñoz Calvo – Sociólogo, agremiado al CPSCR. Revista digital
87. Guillermo A. Bueso Ortega – Técnico en Informática
88. Alberto Álvarez Toirac – Teólogo
89. Luis Henry Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Alto Chirripó
90. Carmen Villanueva Vargas – Territorio Indígena de Ujarrás, Buenos Aires
91. Felipe Figueroa Morales – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
92. Jéssica Jeannette Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
93. Alejandra Bonilla Leiva
94. María Elena López
95. Daniella Sola Morales
96. Gabriela Rodríguez Pizarro
CEAAL-Costa Rica
CEP-ALFORJA
ACODEHU
SINDEU
Responsable
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta ACODEHU

Un acto de sensatez, con impacto global

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Armando Vargas Araya, Embajador de Costa Rica en Australia

Palabras en la actividad «Adiós a las armas. Países sin ejército permanente.  Seminario web en ocasión del 72 aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica», Centro Nacional Australiano de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de Australia, Canberra, 1.° de diciembre de 2020.

El historial de 72 años sin un ejército permanente en Costa Rica, demuestra de manera fehaciente que es posible y positivo organizar un Estado sobre los principios de la confianza mutua, la paz y la no violencia. Aún más, es prueba coherente de que los estamentos militares, el dispendio en armamentismo y las guerras de agresión son incompatibles con la construcción de una cultura de paz. Las naciones pueden gozar de seguridad interna y defensa externa garantizadas por las instituciones de la democracia, el imperio del derecho internacional y los organismos multilaterales. La decisión de abolir el ejército es un acto de sensatez, de enaltecimiento civilizador y una apuesta al sentido común de cooperación humana.       

Al traspasar el cuartel Bella Vista al Ministerio de Educación para el Museo Nacional, el estadista José Figueres dijo el 1.° de diciembre de 1948: «Somos sostenedores del ideal de un nuevo mundo en América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy decirle: ¡Oh, América! Otros pueblos te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte su amor a la civilidad, a la democracia».

Ese día luminoso se hicieron realidad ideales largamente anhelados. Cuatro años después de lograr la independencia de Imperio Colonial Español, el primer Jefe de Estado Juan Mora Fernández advertía en 1825: «La fuerza pública –que en otros Estados es un elemento indispensable del Gobierno– a veces ha sido un instrumento ominoso de tiranía, una fuente oscura de anarquía y desorden, o una plaga que ha devorado a los hombres y sus propiedades. Nuestro Estado se apoya en el libre consentimiento de sus hijos. Nuestra milicia está compuesta de ciudadanos honestos, labradores pacíficos, artesanos y trabajadores dedicados honesta y constantemente a sus tareas particulares… quienes no tienen otra aspiración que cumplir con sus deberes domésticos y defender al Estado cuando la autoridad los llame». Y en 1891, el dirigente del liberalismo radical Félix Arcadio Montero propuso: «No habrá ejército permanente, cuando reina la paz. Para mantener el orden y velar por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, se establece la institución de la policía».

Aquel pueblo rural de 825 000 habitantes, auténtica república del café cultivado sobre las empinadas serranías del centro del país –donde la frecuencia de los obstáculos obliga a no apartar los ojos del camino y a mantener el pie siempre firme–, escogió el derrotero del trabajo y la paz. Así se hizo realidad la definición del historiador francés Fernand Braudel: «La montaña es el refugio de las libertades, de las democracias y de las ‹repúblicas› campesinas›.»

He aquí cinco, entre muchos, beneficios producto de la abolición del ejército. 

– Mayor inversión de recursos económicos en programas educativos y sociales: 7,4 % del PIB en educación, 7,36 % en salud pública, expectativa de vida de 80,4 años. 

– Una cultura civilista y pacifista, que se transmite a todos los aspectos de la vida cotidiana: 11,2 homicidios por 100.000 habitantes (2019), comparado con 25,9 en Centroamérica. 

– Reconocimiento mundial como nación libre, democrática y pacífica: dos invasiones armadas externas repelidas, sin restablecer el ejército. En la crisis centroamericana de seguridad de los años 80, se logró resistir presiones hegemónicas para restaurar el ejército. 

– Estabilidad institucional y política: desde 1948 se han registrado 71 golpes de Estado en Latinoamérica, ninguno en Costa Rica. Dieciocho elecciones presidenciales consecutivas y contando. 

– Atracción de inversión extranjera directa: US$ 2.764 billones (2018), octavo mayor receptor de IED en Latinoamérica.

La abolición del ejército no fue un hecho aislado sino la consecuencia de una trayectoria nacional. Y por ello mismo, un proceso dinámico que requiere ajustarse a las condiciones cambiantes. Desafíos tales como el aumento del nivel de los océanos por el cambio climático, las amenazas a la salud pública por pandemias virales, la explotación de nuestras riquezas marinas por flotas foráneas, la destrucción indiscriminada de la biodiversidad, el terrorismo y el crimen concomitante (ataques cibernéticos), el debilitamiento del multilateralismo y nuevas formas sutiles de hegemonía. Definir y actualizar una Doctrina Nacional de Seguridad y Defensa es tarea compleja pues no hay ejemplos a emular. La desmilitarización no es un lecho de rosas.

La trayectoria de Costa Rica prosigue con el desarrollo de instituciones jurídicas y derechos humanos vinculados a la paz. En las cuatro décadas más recientes, la república se comprometió legalmente ante la comunidad internacional a cumplir una neutralidad estricta, amplió los derechos fundamentales para incluir el derecho a la paz garantizado a cada habitante, prohibió la fabricación e importación de armamentos de guerra, decidió educar a las nuevas generaciones en una cultura de paz y confianza mutua, acogió la sede de la Universidad para la Paz. En foros multilaterales ha promovido iniciativas como el Tratado sobre Comercio de Armas, el Plan Centroamericano de Paz o el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Con razón, la candidatura presentada por académicos y parlamentarios escandinavos durante cinco años consecutivos prosperó, cuando al Pueblo de Costa Rica le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 1987.

Estos 23 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas no tienen ejército permanente: el Principado de Andorra, la República de Costa Rica, la Mancomunidad de Dominica, Granada, la República de Haití, Islandia, la República de Kiribati, el Principado de Liechtenstein, la República de las Islas Marshall, la República de  Mauricio, los Estados Federados de Micronesia, el Principado de Mónaco, la República de Nauru, la República de Palaos, La República de Panamá, el Estado Independiente de Samoa, la República de San Marino, las Islas Salomón, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu, la República de Vanuatu y la Ciudad Estado del Vaticano. Quizá la hora sea llegada de reunir a estas naciones con objetivos como dar voz a posiciones contra la carrera armamentista y la guerra, fomentar el desarrollo de una cultura de paz y confianza mutua, promover estudios académicos e investigaciones comparativas sobre seguridad y defensa en países sin ejército permanente, compartir su experiencia con otros pueblos que opten por la misma vía pacífica, reconocer con un premio anual a quien se distinga en sus luchas por la paz y la comprensión mutua. La Grecia Clásica y la Federación Helvética han orientado los derroteros de la humanidad, como en el futuro podrían hacerlo también estas naciones ubicadas en el mar Caribe, Centroamérica, Europa, los océanos Índico y Pacífico.

Un filósofo mediterráneo adelantó: «Si la humanidad escribe el futuro, no con sangre, sino con el espíritu, Costa Rica, vaticino, contribuirá de manera valiosa al reencuentro, racional y razonable, de los hombres». Nuestra convicción es que, en el espacio de las ideas y la perspectiva de las iniciativas constructivas, no hay países grandes, medianos o pequeños: todos los Estados somos iguales. La guerra y la paz nos afectan a todos por igual. Benditos sean los hacedores de la paz.

Imagen ilustrativa, tomada de la BBC Mundo

Alto a la criminalización de la protesta social

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos:

Alto a la criminalización de la protesta social

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) se pronuncia, a nivel nacional e internacional, contra la violencia y criminalización de la Fuerza Pública a la ciudadanía costarricense que ejerce el legítimo derecho a la protesta social, cuyos responsables son el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública.

El pasado 14 de octubre balearon por la espalda al señor Dennis Cortés Arce, de 48 años de edad, en Upala, provincia de Alajuela, quien es un humilde trabajador que participaba en los movimientos de protesta contra impuestos y los nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Él sufrió heridas graves y hoy se encuentra con profundas secuelas en su salud, hecho que se suma a innumerables atropellos a los Derechos Humanos en el marco del movimiento social y popular convocado por el Movimiento Rescate Nacional (MRN).

Ayer 21 de noviembre a las 8 pm balearon al joven indígena Jimmy Martínez Tercero, en Buenos Aires de Puntarenas, quien participaba en una manifestación y hoy se encuentra en el hospital de dicha región. Aparentemente la OIJ está tratando de recabar datos para realizar su respectivo informe. Además, nos informan que vapulearon a tres jóvenes al extremo de que los dejaron tumbados y malheridos en el suelo.

Se supone que en Costa Rica no tenemos ejército, el próximo 2 de diciembre se celebrará un año más de la abolición del ejército; de esta institución que en la mayoría de los países lo único que hace es daño e impulsa la violencia contra su propio pueblo.

Denunciamos que esta práctica sistemática tan violenta y plagada de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública contra la ciudadanía de este país es relativamente nueva en este país, por lo que el pueblo de Costa Rica está muy preocupado.

La ACODEHU hacemos un llamado a la Defensoría de los Habitantes, a las diputadas y a los diputados de nuestra República, a organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, al movimiento social y sindical para que denunciemos e impugnemos estas prácticas nefastas, propias de otros Estados donde existen ejércitos.

Reiteramos que en Costa Rica no existe ejército. La protesta social es un derecho

¡Defender los Derechos Humanos, es ampliar la democracia!

Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Óscar Leiva Cerrato
Vicepresidente

 

Fotografía: (Facebook: ACODEHU)

Apoyo virtual “¡Ratifiquemos el Acuerdo de Escazú en Costa Rica!”

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

En próximos días la Asamblea Legislativa debatirá sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica, una oportunidad histórica para proteger el medioambiente y a quienes lo defienden en nuestro país.

Queremos pedir su apoyo para que la votación sea favorable: usando este enlace puede enviar un correo a diputados y diputadas pidiendo que voten a favor de la aprobación del Acuerdo: http://bit.ly/EscazuAhoraEnCostaRica. ¡Solo toma un minuto!

Con la herramienta también puede compartir la acción en las redes sociales para que podamos dar la mayor visibilidad posible a la votación. También puede ayudarnos reenviando este correo a sus contactos. ¡Necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles! 

Información compartida con SURCOS por Fundación Friedrich Ebert .

ANEP – Declaración pública

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Declara ante sus miles de personas trabajadoras asalariadas afiliadas de los sectores Público y Privado, así como ante las personas y organizaciones socio-políticas que ven con simpatía y con esperanza nuestro quehacer; así como también ante la comunidad de los movimientos sociales y sindicales internacionales de los cuales formamos parte,

  1. Que mantendremos nuestra línea y posición política de total independencia con respecto a partidos políticos, gobiernos de turno y sector empleador.
  2. Que no somos organización sindical gobiernista ni pro-patronal, pues nos mantenemos con férrea lealtad a los principios universales y eternos de la clase trabajadora, teniendo claridad acerca de la serie de transformaciones y de amenazas que la asechan hoy en día; invocando los conceptos de la política de Trabajo Decente promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en nuestro quehacer sindical de base de todos los días.
  3. Que poseemos un amplio ideario-país construido durante los últimos años, lo cual nos garantiza tener un criterio sólido sobre los problemas nacionales, gracias a una militancia sindical activa y propositiva; teniendo el honor de recibir los aportes de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses de sólida trayectoria moral y ética, con procedencias filosófico, ideológicas y políticas diversas; inspiradas todas en la promoción del bien común y la integración social.
  4. Que preferimos optar por la legitimidad y la legitimación que nos da una militancia leal y consecuente con nuestros objetivos estratégicos de total reivindicación obrera; mas no la procedente de las esferas político-ejecutivas de la hegemonía neoliberal dominante.
  5. Que optamos por ser parte de la construcción y del surgimiento de una nueva hegemonía, que emerja desde las bases y entrañas mismas del pueblo trabajador y productor, explotado y estrujado, por un modelo económico propiciador de la exclusión socioeconómica, de la concentración de la riqueza y de la desigualdad, con cuyos operadores político-ejecutivo no hay nada que negociar.
  6. Que, de cara a la llegada de la conmemoración de los 200 años de la independencia política del país con respecto a España, nos proponemos propiciar el reforzamiento de los valores y principios que animan nuestro accionar socio-político, cimentando aún más la lucha sin cuartel por el pleno Humanismo, la verdadera Justicia Social y el total respeto a los Derechos Humanos.
  7. Que no compartimos que desde los sectores sociales y, específicamente, desde los sindicales, se legitimen las líneas político-ideológicas del fundamentalismo neoliberal anti-Estado, emitiendo “cheques en blanco” para avalar cruzadas extremistas recortistas irracionales del gasto y de la inversión públicas, cuando está sobradamente demostrado que el déficit tiene raíces estructurales que no son las del salario devengado por las personas trabajadoras estatales.
  8. Que reafirmamos nuestro compromiso de lucha inclaudicable en defensa de la institucionalidad pública que nos fuera heredada para la promoción del bien común y de la integridad social; institucionalidad pública que, mediando transformaciones necesarias, es hoy día mucho más vital y estratégica que nunca antes, ante el avance de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria, de la exclusión y de la corrupción.
  9. Que, precisamente, alertamos a todas las personas trabajadoras estatales, así como a sus familias, que todos sus derechos seguirán bajo ataque artero, pues anunciado ha sido que las amenazas al empleo público, a la integridad salarial, a los derechos constitucionales a la Negociación Colectiva (Derecho Humano universalmente reconocido), están dentro de la “otra agenda”, pactada en la sombra por el gobierno de Alvarado con los sectores del alto corporativismo empresarial.
  10. Que las transformaciones estructurales que ocupa nuestro país para establecer una justicia social real y efectiva con democracia verdadera, solamente será posible si potenciamos la más amplia movilización popular bajo los conceptos socio-políticos de la Democracia de La Calle; mediando una organización local múltiple y activa que incline la balanza hacia el lado de la gente, no del capital financiero-neoliberal, controlador hoy en día de, prácticamente, todos los aspectos de nuestras propias vidas.

San José, lunes 23 de noviembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

«Mi Reino no es de este mundo…»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Información del DEI

Esta vez compartimos un artículo de Mario Luna, de El Salvador, cuya intención es ofrecer un análisis socio-teológico de coyuntura y opinión, desde su experiencia salvadoreña como parte de una Comunidad Eclesial de Base.

Este hermoso y oportuno artículo es parte de la serie de textos de análisis de coyuntura que compartimos este año tras la declaratoria de pandemia. Pretendemos compartir insumos para las personas y comunidades que quieran contar con análisis y herramientas para entender lo que estamos viviendo en Latinoamérica., siempre desde el enfoque del pensamiento crítico.

Mario Luna es docente, Teólogo, maestrante en Teología Latinoamericana (por la UCA de El Salvador), miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Facilitador de biblia y teología del ministerio de diversidad sexual de la Iglesia Episcopal de El Salvador. Acompañó a dos CEBs en Zacamil, Mejicanos, la comunidad Monseñor Romero, Zacamil, y la comunidad la Fosa. Además, es miembro del Centro de Investigación Ecuménica de El Salvador (CIE)

Mario ya nos ha acompañado en el DEI de forma presencial durante el Taller Socio-Teológico, y actualmente forma parte del Seminario de Construcción Colectiva que se realiza en modalidad virtual en este momento.

Agradecemos profundamente a Mario por recuperar las experiencias desde las Cebs en Zacamil y compartir generosamente este artículo.

Les animamos a ustedes enviar sus artículos para compartirlos con muchas más personas.

DEI

«Mi Reino no es de este mundo…»

Hacia la construcción y recuperación de lo femenino en los espacios comunitarios políticos en tiempos de crisis por el Covid-19

Por: Mario Luna (El Salvador, CA).

  1. Covid-19 y crisis social-política en El Salvador y Latinoamérica

Evidentemente debemos decir que en los actuales contextos que vivimos en América Latina, hubo una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Es decir, una naturalización de este.

Se justifica esta narrativa señalando que “por razones de salud y seguridad pública” se quitan las libertades constitucionales a los ciudadanos. Dando así lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus.

El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.

Por ejemplo en El Salvador, la pandemia ha llegado, y ha puesto en crisis no solo el sistema de salud pública, sino que también a las personas más empobrecidas. Muchos salvadoreños y salvadoreñas afirman: “Si me quedo en casa, me muero de hambre”. Por tanto hay una naturalización de morir de hambre o morir por el contagio del virus.

Dejar de trabajar y encerrarse en casa por Coronavirus es un lujo para quienes trabajan en el sector informal de El Salvador. Según un estudio que Fusades presentó en octubre de 2018, se trata de siete de cada diez salvadoreños. Gente que no tiene Seguro Social ni pensión y, salvo excepciones como algunas empleadas domésticas, tampoco un pago fijo. Los vendedores informales son ícono de este desafortunado sector de la economía nacional, y los vendedores del Centro Histórico son los más célebres de entre ellos (ver enlace).

Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina calculaba que son más de 8,600 en puestos en las calles del Centro, y unos 10,000 ambulantes: carretoneros y buhoneros (que andan la venta en la mano). Toda esa gente no se puede dar el lujo de encerrarse. Si venden, comen; si no, no. Así lo dicen algunos de ellos. “¿Se imagina si no salimos a vender lo que va a pasar con nosotros? Nos van a dejar morir”, dice una anciana que vende medicamentos. “Si no me dejan venir al trabajo, yo voy a hacer desvergue”, dice un lustrador de zapatos. “¡La gente de dinero compra cosas para guardarlas, nosotros ni el supermercado conocemos!”, dice una vendedora de ropa interior.

(ver enlace en externo en El Faro).

No obstante, se posiciona toda una narrativa de parte del gobierno que naturaliza su accionar, por ejemplo:

Geovanny Ramírez tuvo que salir de su vivienda, ese 7 de abril, porque ya no tenía nada para comer. La cuarentena y el régimen de excepción, impuestos por el Gobierno desde el 21 de marzo por la pandemia de COVID-19, lo obligaron a guardar su venta y eso lo dejó al borde de la hambruna. Así que se acomodó la mascarilla, tomó su bicicleta, el dinero de una encomienda y luego salió rumbo al centro de San Miguel. A pocas calles de su casa, unos policías de la Unidad Táctica Operativa (UTO), destacados en San Miguel, lo detuvieron en un retén, cuando el reloj marcaba las 8:30 a. m. cuando se detuvo “por respeto a la ley”, según dijo, los policías comenzaron a acusarlo: “Uno de ellos dijo que yo era pandillero, porque yo andaba dinero ajeno (…) Me dijeron que me iban a llevar como a un pandillero, y yo les dije que no soy nada de eso. Ahí fue cuando me empezaron a pegar”.

Geovanny es electricista de profesión y comerciante, y más recientemente repartidor y recadero. “Salí por necesidad”, dijo, pero los agentes no le creyeron. El primero lo golpeó en las costillas y, sin recuperar el aliento, corrió con todas sus fuerzas de regreso a casa, dejando atrás su bicicleta y a los policías. Uno de ellos disparó y Geovanny no supo si fue al aire o si falló el tiro. Griceydi Padilla, su vecina, salió al escuchar “una detonación similar a la de un arma de fuego” y “gritos de una persona pidiendo auxilio”. Era Geovanny, quien aprovechó la puerta abierta para buscar refugio, pero fue descubierto y sacado a puntapiés por los policías. De ahí se lo llevaron junto a tres más que pedían detener el maltrato, incluyendo a una adulta mayor. Así lo narró Griceydi a la procuradora delegada de Derechos Humanos en San Miguel, Gladys Benítez, según la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el caso (Fuente: ver enlace).

Por otro lado, hay una crisis política en El Salvador. Hay fuertes indicios antes de la pandemia de la absolutización de la militarización del Estado (con el 9 de febrero), es decir un mes antes del confinamiento y de la paro de la economía (trabajo), había fuertes indicios de esta realidad:

“Por primera vez en la historia, un presidente utiliza al ejército para tomarse la Asamblea Legislativa y amenaza con disolver el Congreso. Nayib Bukele organizó este domingo 9 una concentración con miles de simpatizantes frente al Órgano Legislativo y dio un ultimátum de siete días a los diputados si no ceden a su presión y autorizan la negociación de un préstamo de $109 millones” (fuente: ver enlace).

Sin embargo, durante todo este contexto de pandemia, hay ataques a la prensa, a la libertad de expresión, persecución política por parte del ejecutivo de periodistas (en especial mujeres) y comunicadores, desprestigio de todo aquel o aquella que haga una crítica o juicio o de una opinión distinta al ejecutivo (el medio estratégico son las redes sociales):

“La periodista de la revista Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, es acosada digitalmente por el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch.

En reiteradas ocasiones Bruch ha descalificado la labor de la periodista; sin embargo, dicho acoso se intensificó en el marco de la pandemia, lo que también desató ataques digitales por otros usuarios de redes sociales.

“El nivel de acoso de este personaje llegó a un nivel intolerable”, expresó la periodista en su cuenta de Twitter. APES condena este tipo de ataques que atentan contra la integridad de las y los periodistas y pide a los usuarios de redes sociales respetar la labor de la prensa, fundamental para el ejercicio democrático en el país” (Fuente: ver enlace).

Por último, el domingo 9 de agosto, el presidente Bukele señalo en radio y televisión: “Si yo fuera dictador, los mandaría a fusilar a todos”. En esta frase expresó sus más caros anhelos, esto es, fusilar a todos los que no comulgan con sus determinaciones, comenzando con los magistrados de la Sala de lo constitucional de El Salvador.

Por tanto, en mi opinión personal, la pandemia ha sido la excusa perfecta para la exacerbación de la militarización del estado y del espacio público, e impulsar políticas populistas que buscan posicionar en la administración pública una nueva aristocracia (contexto de El Salvador).

Se quiere controlar a la población generando miedo por medio de los medios de comunicación social, redes sociales, entre otras; se construye el pánico por medio de la desinformación de qué medidas de saneamiento tomar ante la pandemia, además del incremento del desempleo, inseguridad social.

Hay por tanto, toda una estrategia psicológica para mantener el miedo en la población y así mantener paralizada a las personas, para que estas no reaccionen ante un abuso y violación de derechos humanos.

Se aprovecha el estado de emergencia (Contexto de El Salvador) para hacer negocios (corrupción) y compras de accesorios de bio-seguridad de mala calidad, se oculta la información del manejo de la pandemia de una forma tan descarada, violando la ley de ética gubernamental.

Planteando este escenario, vemos con claridad la presencia de una necro-política en todo este proceso.

1.1. Necro-política y necro-capitalismo

Es decir un proyecto político-económico de muerte que empobrece siempre a las mayorías. La realidad más cruda: morir de hambre o por el virus. Evidentemente, serán siempre los marginados y excluidos de un sistema social-económico los que tendrán o que sobrevivir o perecer.

Achille Mbembe (2011) quien construye el concepto de necropolítica, examina cómo el derecho soberano de matar se reformula en las sociedades donde el Estado de excepción es permanente. Según Mbembe, en un estado sistemático de emergencia, el poder refiere y apela constantemente a la excepción y a una idea ficticia del enemigo.

Pero como entendemos la necro-política:

Se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (Estévez, 2017).

Lo legal, lo jurídico y lo político sistematizan y ordenan este proyecto de muerte, que tiene como fin, salvar el mercado (el orden) y no al ser humano.

Vivimos esta situación que describe Mbembe, donde la crisis y emergencia sanitaria por el Covid-19 desvelan el necro-poder, o por lo menos está más evidente que en otros tiempos las necro-praxis (políticas) de las formas radicalmente corrosivas de capitalismo. Es sin duda, un capitalismo necropolítico, es decir, prácticas capitalistas o formas organizacionales de acumulación que involucran la pobreza, muerte, suicidio, destrucción del ecosistema y la organización y administración general de la violencia social estructural (Estévez, 2017).

  1. ¿Cuál es la respuesta teológica latinoamericana de la liberación, ante la actual situación del Covid-19?

Desde la perspectiva del teólogo Asman (1997), ante esta situación la crisis socio-política que provoca el capitalismo como necro-praxis, se deben posicionar las experiencias de fe anti-idolátricas y una de ellas es crear lenguajes alternativos para hablar de Dios y desde luego construir una comunidad ética-política solidaria alternativa distinta a la que se construye desde la idolatría del dios del capitalismo (individualismo, muerte, destrucción de los ecosistemas, entre otros). Se trata de estar en el mundo pero no ser del mundo (Jn 18, 36). Veamos.

2.1. Mi reino no es de este mundo (Jn 18, 36)

Según el texto de Juan 18, 36: Contestó Jesús:

Mi reino no pertenece a este mundo. Si perteneciera mi reino a este orden, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Ahora que mí reinado no es de aquí.

Para Mateos-Barreto (1982), Jesús no responde directamente a la segunda pregunta de Pilato: ¿Qué has hecho?, sino a la primera: ¿Tú eres el rey de los judíos? Al descartar la realeza que se apoya en la fuerza quedará patente que no pretende ocupar el trono, como podría sugerirlo el título que le ha dado: el rey de los judíos.

Al decir Jesús de Nazaret: “Mi reino no pertenece a este orden”, está en paralelo con la que había dicho de sí mismo: “yo no pertenezco al orden éste” (8,23) (…). El orden este, “el mundo”, es el sistema de injusticia, el que oprime al ser humano (mujer-hombre), y la adhesión a él es el pecado (8,23).

No obstante, Jesús practica el servicio al ser humano (al Otro) y rechaza el poder (6,10.15); como rey será el hombre levantado en alto, que dará su vida por salvar al Otro (12,13.15.32.34; cf. 3,3.5.14). La figura de Jesús, el rey que no pertenece al orden este, se opone a la del “jefe de este orden” (Jn 12, 32; 16,11), se trata de la personificación del círculo de poder (Mateos-Barreto, 1982).

Para Mateos-Barreto (1982), Jesús caracteriza a los reyes de este orden por apoyarse en la fuerza de las armas e imponer así su dominio: Si perteneciera a este orden (mundo) la realeza mía, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Jesús considera el uso de la violencia como perteneciente a la esfera de la injusticia y del pecado. En eso precisamente se distingue su realeza de las demás. La oposición entre su postura y la de “este orden” es clara; él se ha entregado voluntaria mente y ha cortado en seco la violencia de Pedro (Jn 18,11).

Por ende, Jesús renunciando al uso de la fuerza, ha probado no ser rey como los otros. No se ha constituido en rival de sus adversarios, disputándoles el poder, sino que se ha entregado en sus manos. Su realeza no tiene su origen en ninguna legitimidad de este mundo: “Mi reino no es de este mundo”. Tiene un fundamento completamente distinto que no se expresa en el lenguaje jurídico de derecho-sumisión.

En Síntesis, “no ser de aquí” equivale, por tanto, a “no pertenecer al orden este”. Su realeza pertenece a lo de arriba”, la esfera del Padre y del Espíritu; es, por tanto, una realeza que por amor comunica vida, en vez de producir muerte con la opresión (Jn 4,47.49).

2.2. Los imperativos del mundo (necro-poder: orden-ley)

Para Jesús el uso de la violencia del orden (mundo) pertenecen a la esfera de la injusticia y del pecado. El mundo (el orden), fundamenta un proyecto de muerte, desde el poder. Y esta realidad, desde la óptica del Jesús del evangelio de Juan es pecado.

El Sanedrín y Pilato son mundo, y estos siguen los imperativos del mundo. Ellos defienden las Leyes, Pilato la ley del dominio imperial y el Sanedrín la legalidad de la Ley judía. Pero para estos, Jesús de Nazaret ha transgredido la Ley (cuando lo ha hecho, pues cuando cura a los enfermos en día sábado). Para el Jesús Joanico, la ley no debe impedir la vida humana, por tanto, los que se open a Jesús y su praxis, lo hacen en nombre de la Ley (Hinkelammert, 1998).

2.3. Sustitución de Dios por el mercado (Jn 2, 13-16): necro-teología del orden mercantil

En síntesis, si actualizamos el mensaje de Jesús de Nazaret desde el evangelio de Juan, el mundo y su orden es toda una realidad de pecado e injusticia, con una ley que cosifica al ser humano. Pero también, para que se fundamente este orden-mundo, es fundamental toda una necro-teología que legitima este orden. Ahora bien, el Jesús del evangelio de Juan desenmascara esta realidad es decir “la sustitución de Dios por parte de las relaciones mercantiles”:

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado.

Se trata del conflicto entre Dios y Mamón. Mamón en este texto ocupa el lugar de Dios, al transformar la casa del Padre en casa de mercado. Dios desaparece de la casa de Dios y su lugar lo ocupa el Mamón, que ahora se llama Dios, pero en ningún momento se transgrede la Ley. Es evidentemente el cumplimiento de la Ley (en este caso la ley del valor) que sustituye a Dios en la casa de mi Padre. Dios es destronado cumpliendo la Ley. Por tanto, se trata de un acto en contra de Dios, que a la vez es un acto contra el ser humano (Hinkelammert, 1998).

En resumen, en el mundo-orden el mercado y la ley normatizan teológicamente el seguimiento a Mamón como el absoluto señor del orden-mundo. Pero el Jesús del evangelio de Juan, deja clara la postura radical de: “Mi reino no es de este mundo”, y sobre todo desenmascara la teología del mundo orden: “No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado”. En último término, Jesús señala que este mundo-orden (podríamos decir el necro-política) construye relaciones de poder que son pecado e injustas, que van en contra de la voluntad del Padre (y del reino de Dios).

  1. La ética de la compasión: para deconstruir el orden-mundo (necro-poder) y la recuperación de los espacios comunitarios políticos

Boff (2004), se hace una pregunta fundamental que nos sirve para deconstruir todo lo que hemos construido hasta este momento como civilización (orden-mundo): ¿Por qué hemos llegado hasta este punto crucial? Para Boff, las revoluciones agrícolas, la industrial, la del conocimiento y la comunicación, modificaron la faz de la tierra para bien y para mal. Dieron comodidad al ser humano, pero también depredaron la tierra.

Con el conocimiento técnico-científico y cultural, obtuvo el poder-dominación de la tierra, de las mujeres, de los pueblos. En lugar de estar junto a los demás seres, se puso contra ellos y sobre ellos.

Urge por tanto, de-construir todo este proyecto de muerte (necro-políticas), y para ello Boff (2004) expresa que lo fundamental para contrarrestar esta realidad, es la activación consciente e intencionada del principio femenino que está presente en las animas de la mujer y el hombre. Lo femenino en nosotros es aquella energía estructuradora que nos hace sensibles a todo lo que tiene que ver con la vida y la cooperación, que capta el valor de los hechos, que lee el mensaje secreto emitido por todos los seres, que identifica el hilo conductor que liga y re-liga las partes en el todo a la Fuente que todo procede. Lo femenino nos enseña a cuidar de todo con celo entrañable.

El cuidado constituye la esencia del anima y precondición necesaria para que continúe la vida.

En conclusión, según Leonardo Boff (2004), “para ser plenamente humanos, el ethos tiene que incorporar la compasión (pp. 56). El ethos que se compadece… incluye a todas las personas… donde hay acogida y donde las lágrimas pueden ser lloradas sin vergüenza o enjugadas cariñosamente” (pp. 57).

Y la compasión como señala Boff (2004), “es compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, alegrarse con él, caminar con él (pp. 57). Y la compasión como señala nuestro teólogo, exige, libertad, altruismo y amor” (pp. 59).

Hoy por hoy, en tiempos de crisis por el Covid-19 y de la implementación de las políticas de muerte, lo que debe primar es la ética –política de la compasión.

Se debe crear comunidades con esta óptica, es lo que debemos considerar para construir otros mundos distintos a este.

***

Fotografías: agradecemos a Mario Luna por facilitarlas. Las tres corresponden a la Colonia Zacamil, en el Municipio de Mejicanos (Departamento de San Salvador, El Salvador).

Fotografía 1: Primer aniversario de Comunidad Eclesial de Base (Ceb).

Fotografía 2: (con imagen de una cruz): Viacrucis latinoamericano, con tres Cebs de la zona.

Fotografías 3: Círculo de Lectura Popular de la Biblia en casa de Mario, Zacamil.

Referencia Bibliográfica

  • Asman H (1997). La idolatría del Mercado. Colección Economía Teológica. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). San José, Costa Rica.
  • Barrera, C. Publicado el 18 de Marzo del 2020. Si me quedo en casa, me muero de hambre. Recuperado el 21 de Junio del 2020, de: ver enlace anterior.
  • Boff, Leonardo (2004). Ética y moral, la búsqueda de los fundamentos. Sal Terrae.
  • Estévez A (2017). Biopolitica y Necro-política ¿Constitutivos u opuestos? 21 de Junio del 2020 de: ver enlace anterior.
  • Hinkelammert F. J (1998). El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José Costa Rica.
  • Mbembe A (2011). Necro política. Editorial Melusina. España.
  • Mateos, J y Barreto, J (1982). El evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y comentario exegético (segunda edición). Ediciones Cristiandad. Madrid.

 

Enviado por DEI.

16 días de activismo contra violencia de género

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Del 25 de noviembre al 10 de diciembre 

Durante los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre se estará celebrando 16 días de activismo contra la violencia de género y por la promoción de los derechos humanos.

 

Imagen de portada ilustrativa.

“Una vaca importa más que un indio”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON

“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.

En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:

  1. Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
  2. Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
  3. Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
  4. Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
  5. Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
  6. Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
  7. Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.

En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.

Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.

Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.

Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.

Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.

Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.

Foro Internacional: “Tendencias de la Información y la opinión pública: Democracia, Ética y Derechos Humanos”

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El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-COLPER, por medio de la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación Alberto Cañas, La Rectoría, El Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, El Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, conscientes de su responsabilidad social, se han enfocado en el análisis de los efectos en la opinión pública, producto de los cambios tecnológicos, políticos y sociales, así como de las tendencias en el ámbito de los consumos informativos. Por ello, y en el marco de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación en Costa Rica, dedicada a la Agenda 2030 (ODS) para el Desarrollo Sostenible de la ONU, se organizó el 4 de noviembre de 2020 el Foro Internacional: “Tendencias de la Información y la opinión pública: Democracia, Ética y Derechos Humanos”.

Dada la complejidad en la construcción de la agenda pública, la opacidad de los líderes de opinión tradicionales, los cambios en los consumos mediáticos, la incidencia de fenómenos socio culturales más amplios y complejos, que plantean a su vez nuevas formas de producción y de intercambio del conocimiento, visiones de mundo confrontadas y a su vez complementarias, globalidad, regionalismo y localismo, el Tribunal de Honor y Ética-COLPER llevó a cabo este diálogo, que nos permitió, ahondar en el contexto y las tendencias en la construcción de la agenda de los medios y las relaciones entre Estado, Medios y Sociedad Civil. Este Foro se constituyó en un espacio de análisis y reflexión sobre estos procesos en Europa, América Latina y de sus manifestaciones en Costa Rica. El foro realizado por medio de la presencialidad remota (Zoom) generó un importante y oportuno intercambio de experiencias, teorías, metodologías y evidencia fácticas de las transformaciones de los consumos mediáticos y el relevo de los líderes de opinión, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Los expertos que compartieron sus visiones proceden de Francia, España, Colombia, México, Chile y Costa Rica:

Dr. Guilherme Canela de Souza. Consejero en comunicación e información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU

Dra. Nuria Lloret Romero. Directora del Doctorado en Comunicación – Universidad Politécnica Valencia. España.

Dr. Valerio Fuenzalida Fernández. Académico-investigador en comunicación de la Pontificia U. Católica de Chile.

Dr. Omar Rincón Rodríguez. Investigador, profesor y director del Centro de Estudios en Periodismo y del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia.

Dra. Ariana Macaya Lizano. Coordinadora de Grupo, Área Legal Corte Interamericana de Derechos Humanos-IDH.

Dr. Raúl Trejo Delarbre. Académico, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-México.

Como parte de la actividad se recogieron los mensajes de las autoridades de las entidades involucradas en la organización del evento. De ahí, que el Lic. Belisario Solano Solano, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, hizo hincapié en el contexto actual, planteando la premisa de que hoy en día vivimos en una llamada “anarquía” de la comunicación, en donde las redes sociales muchas veces se convierten en redes antisociales, lo que llama a sentare con la academia, con profesionales e investigadores a reflexionar. Por ello, rescató la importancia de traer a diálogo los principios de un sistema democrático, fundamentalmente, el respeto a los derechos convencionales dentro de un marco ético que guíen la libertad de expresión.

El Rector de la Universidad Nacional, Master Francisco González Alvarado, reconoció el aporte de la Universidad Nacional desde el Proyecto: “Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, desde el Eje Transformación del Estado (Ética y Valores) en donde se ha venido realizando una consulta nacional para construir una propuesta del futuro para nuestro país hacia los próximos 30 años tomando como base los Objetivos del Desarrollo Sostenible. De esta manera, indicó su complacencia de que el Colegio Profesional (COLPER) que reúne a los comunicadores sociales, haya tomado como principio de esta discusión los ODS y sean hoy el motivo de diálogo, para incidir en la ciudadanía, de cómo promoverlos y trabajar juntos, con la certeza de que todos los actores sociales debemos asumir los desafíos globales en el marco de las instituciones democráticas.

La Ministra de Ciencia, Tecnología y Comunicación-MICIT-Costa Rica- Dra. Paola Vega Castillo, resaltó la importancia de reflexionar en el tema del mundo digital y la comunicación avanzada, así como su influencia en la sociedad actual. En el marco del foro internacional señaló que, gracias a las telecomunicaciones hoy se transmiten los datos en gran volumen e inmediatez, con el propósito de que se convierta en información confiable y verdadera, pero que para alcanzar ese objetivo es necesario cumplir dos condiciones; por un lado, que las personas emisoras sean capaces de discriminar de manera crítica, efectiva, rápida y objetiva, dentro del margen de datos disponibles, aquello que será transmitido y por otro lado, que ante las innumerables cantidades de datos disponibles, las personas receptoras sean capaces desde una perspectiva tecnológica y cognitiva distinguir la veracidad, exactitud e intencionalidad de los mensajes de manera que puedan reaccionar consecuentemente con los valores que buscan el bien común.

El Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, enfatizó en cómo estos espacios contribuyen en la construcción de una sociedad dinámica, fuerte, y moralmente cimentada en valores universales, y en la práctica de valores ciudadanos históricos, que fortalezcan la participación responsable, demandante, capaz de aportar a la vida democrática, mediante el diálogo, el consenso en materia de transparencia y acceso de la información pública, la ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción de la innovación, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Por ello, el ejercicio de la comunicación social como el presente Foro Internacional con participantes de diversos países y organizaciones, se constituye en un compromiso para escuchar y recoger de diferentes voces, venidas de diversos sectores de la comunicación, instituciones, universidades, comunidades, regiones, países y demás sectores y personas, que advierten de la necesidad de una ética universal de la responsabilidad por el presente y el futuro de las personas y la ciudadanía.

El Dr. Valerio Fuenzalida, Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigador en audiencias en TV Pública e Infantil, comentó que algunos problemas en materia de comunicación tienen que ver con la desconfianza de la ciudadanía en la clase e instituciones políticas indistintamente del país; además las “noticias falsas”, que no solamente engañan, sino, que dificultan la deliberación social, no contribuyen a generar una opinión, ni discusión a las soluciones de los temas a tratar: “hemos perdido la inocencia frente a las redes sociales inicialmente consideradas como campos de deliberación y participación”. Por ello, Fuenzalida invitó a la audiencia a estar alertas y tomar acciones en pro del ejercicio comunicativo, poniendo atención en la forma como la prensa escrita trata las noticias falsas, ser muy críticos frente a la promoción de series que abordan temas de corrupción, a veces ficcionales y otras basadas en casos reales; asimismo, promover sistemáticamente la conversación social, desde puntos de vista que no están habitualmente representados y propiciar la deliberación para resolver los problemas mediante ejercicios participativos.

Por su parte el Dr. Guilherme Canela de Souza, Consejero de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU, colocó el tema de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en el contexto de pandemia, (Covid19) e hizo referencia al concepto de “tempestad perfecta”, para definir el conjunto de desafíos y ataques a la libertad de expresión que vienen de diversas partes, primero, las medidas o desafíos regulatorias llamadas leyes o decretos de emergencia que fueron puestos para enfrentar la pandemia, pero que traen en muchos casos medidas que van contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que no están en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la información pública.

Como segunda dimensión mencionó el desafío de la seguridad que alcanza a los profesionales en periodismo, dado que vemos amenazas físicas y psicológicas, prisiones arbitrarias, violencia en línea principalmente a periodistas mujeres para el ejercicio profesional. El tercer elemento que indicó Canela de Souza es el desafío laboral, como consecuencia del aumento del despido de periodistas en distintas partes del mundo y más allá el desafío de la salud, en donde han fallecido muchos profesionales en comunicación al dar cobertura informativa a la pandemia y haberse contagiado del virus.

El desafío de viabilidad económica de los medios de comunicación, ya que expertos hablan de que se estarán viviendo desiertos mediáticos en los próximos meses por el cierre de medios de comunicación afectados por la pandemia, que no han podido soportar los efectos disruptivos de las circunstancias, pero, que son fenómenos que ya se venían dando por los cambios del mundo de la publicidad y el advenimiento de plataformas de internet.

Toda esta “tempestad perfecta” se da en el marco de una ola impresionante de desinformación que afecta todo este escenario, en un momento que irónicamente quizás el periodismo nunca fue tan necesario para nuestras democracias.

La Dra. Nuria Lloret Romero, directora del Doctorado en Comunicación-Universidad Politécnica Valencia-España, abordó la temática de las noticias falsas, aludiendo que las “Fake News” no son un problema del periodismo, sino, un enemigo de la democracia, un problema de los partidos políticos, de los gobiernos, y sobre todo del ciudadano, dado que el 65% de las personas de todo el mundo se informan en primer lugar de las redes sociales. Es preocupante la incidencia negativa de estas noticias en la sociedad, por lo que se hace necesario una formación en materia digital, para interpretar los mensajes y poder diferenciar lo que verídico y lo que es falaz.

El combate de los contenidos falsos es responsabilidad de la democracia, son los sistemas y gobiernos que deben velar que no existan estos contenidos falsos. Por ello, los comunicadores deben encontrar fórmulas eficaces de hacer su trabajo e impedir que prosperen tantas mentiras en las redes. Los comunicadores no deben ser parte del problema, sino de la solución, alfabetizarse en el campo mediático y digital para contrarrestar con la verdad.

Como se mencionó en el Foro Internacional quizás de manera ingenua pensamos que el surgimiento de las redes sociales podrían ser un instrumento para la mejora de la democracia y vimos con el principio de las primaveras árabes el rol que pudo haber tenido plataformas como Facebook, para la organización de la sociedad civil, para reclamar sus derechos y derrocar Gobiernos autoritarios sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta también de los riesgos de estas redes sociales y los desafíos que imponen sobre todo para los tribunales regionales de protección de los derechos humanos, que siempre han pensado la libertad de expresión en un marco tradicional de prensa escrita, televisiva, y que ahora hay que pensar en otro marco de prensa en donde primero hay carácter anónimo muchas veces, hay un carácter transnacional de las empresas que controlan estos medios de comunicación y una gran posibilidad de manipulación.

Lloret, indicó que las noticias falsas cambiaron el modelo de negocio de la información y son ellas mismas un modelo de negocio, por lo que es imposible que desaparezcan las Fake News, dado que los grandes holdings (sostenimiento) de la comunicación a nivel internacional están ganando dinero con estas formas de información. Debemos cortar ese ciclo vicioso que genera cada vez más odio, más polarización y más Fakes. Los comunicadores debemos trabajar sobre esa educación digital para que la verdad vuelva a tener prismas y no sea la verdad absolutista.

La Dra. Ariana Macaya Lizano, Coordinadora de Grupo, Área Legal Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió al tema de la ética y tutela de derechos humanos en materia de comunicación desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de forma más general de la jurisprudencia internacional de protección de los derechos humanos, pero, sobre todo hizo hincapié en los desafíos frente al cambio de paradigma en materia de información que estamos viviendo por el papel protagónico que juegan las redes sociales y su relación con la democracia.

Es pertinente evidenciar que la CIDH desde sus inicios sentó las bases y la relación íntima que existe entre la libertad de expresión y democracia. En una de sus primeras decisiones en el marco de su competencia consultiva ante una consulta realizada justamente Costa Rica en marco de la colegiación obligatoria de los periodistas, se pronunció y marcó un precedente que va a ser base para todo el desarrollo jurisprudencial de la libertad de expresión y su relación con la democracia. Dice la CIDH en su opinión consultiva la 585: la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública, es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas, culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente”. De esta manera, Macaya agregó que lo anterior, es, en fin, condición para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada, por ende, es posible afirmar que la sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Como garantizar entonces, ahora, la información de la sociedad frente a los desafíos que nos dan las redes sociales. También en el marco contencioso, en un caso que tiene que ver también con Costa Rica, caso Herrera-Ulloa vs Costa Rica del 2004, la Corte desarrolló aún más y nos dice que sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece; el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y se empieza a crear el campo fuerte para sistemas autoritarios. Entonces, habla de un verdadero derecho de defender la democracia que constituye una concretización de varios derechos, en particular la libertad de expresión.

La CIDH ha hecho un especial énfasis en la importancia de la labor de los periodistas en esta relación entre libertad de expresión y democracia. Los periodistas de los medios de comunicación deben entonces tener una protección especial y una independencia para realizar sus funciones esto particularmente importante.

La Comisión Interamericana afirma que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas las cuales no pueden ser impuestas por los Estados, puede ser regulada pero necesita de un ambiente de libertad para poder ejercer estas escogencias propias de una decisión ética y ahí justamente los colegios de periodistas pueden jugar un papel muy importante, para recordar esta responsabilidad de los comunicadores frente también a estos nuevos desafíos que nos da el surgimiento primero de internet y luego de las redes sociales: “ Sabemos que este contenido llamémoslo Fake News o desinformación, puede afectar finalmente la democracia, que es lo que está en juego actualmente. Es uno de los grandes desafíos en los tribunales regionales y no hay duda de que lo que está pasando en la actualidad y será materia para que se desarrolle jurisprudencia al respecto”, acotó Macaya Lizano en el Foro Internacional.

Por su parte el Dr. Omar Rincón Rodríguez, escritor, investigador, crítico, académico y director del Centro de Estudios en Periodismo y del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia, hizo referencia a elementos de la información y a observaciones sobre la opinión pública.

Rincón señaló 5 elementos sobre la información actual:

  • Expresó que la verdad no es sexy, no ha sido sexy nunca, no es erótica, no es seductora, nadie dice la verdad todo el tiempo, este criterio de la verdad que hemos vendido y que el periodismo trató de vender nunca existió y no es absolutamente fascinante, por eso las Fake News entran tan fácil, porque uno quiere creer en las verdades de uno mismo, entonces, el concepto de verdad tiene un problema complicado visto desde este enfoque.
  • El periodismo clip todo lo hace por ganar un clip, por eso tiene como centro al informador, el medio o el político, pasando la noticia a ser más espectáculo público que un mensaje pertinente y oportuno para informar a la sociedad. No es que todo el periodismo de un clip sea malo, pero pareciera que lo que tiene mayor interés es sumar clips más que el mismo suceso. Y ahí reina el periodismo sensacionalista y militante.
  • La información ya no es un producto de los medios, es el producto fundamental de Google, Facebook, las redes y las plataformas digitales. En este sentido, los medios que eran los que se creían dueños de la información ya no lo son tanto. Hoy son las plataformas digitales las que explotan la información y la usan. El New York Times ya decidió que no es un medio de periodismo, es una plataforma digital, donde uno de sus productos es el periodismo, no el único.
  • Los medios de comunicación decidieron ante la crisis de credibilidad, legitimidad y de negocio volverse actores políticos. Hoy los medios son actores políticos. Por ejemplo, la oposición a Cristina Fernández en Argentina era el periódico Clarín, mientras que para Macri era su aliado fundamental. El medio O Globo estaba contra Dilma lo mismo La Folha de Sao Paulo, esto favoreció a Bolsonaro, quien a su vez ahora son su enemigo. New York Times y CNN es la oposición a Donald Trump. Todo esto indica que los medios decidieron eliminar ese papel de narrador de la sociedad y empezaron a ser actores políticos, en aras de defender el negocio y el negocio ahora es hacer el periodismo de sus dueños y sus empresas. A Clarín, por ejemplo, le interesa defender su negocio de internet y celulares más que el periodismo.
  • Murió el periodismo que habíamos creado en el siglo veinte, un periodismo donde supuestamente había objetividad, donde la verdad se contaba, donde supuestamente las cosas funcionaban perfectamente, eran neutrales y rigurosas. Estos medios hoy en día perdieron su lugar de referencia, no hay medios de referencia, lo último que quedaba era el New York Times y se fue para el carajo. Se muere también el periodismo de denuncia, ya no sirve para absolutamente nada. Hoy se denuncia a Donald Trump en EEUU, a Duque en Colombia y a Bukele en Salvador y no pasa absolutamente nada, no tiene incidencia pública. Todo se volvió una pirotecnia digital, cada uno en su fake, con eso también el periodismo pierde legitimidad.

Rincón, aprovechó el espacio donde participaron comunicadores, académicos y estudiantes de carreras universitarias para referirse a la opinión pública:

  • Los opinadores cambiaron. Antes, los líderes de opinión eran intelectuales que escribían libros, daban referencia y retaban a la sociedad. Hoy esos intelectuales fueron cambiados por influencer. Y qué es cambiarse de un líder de opinión por un influencer. El líder de opinión, el líder intelectual quería generar conversación pública, el influencer busca básicamente generar consumo, no ofender a sus audiencias y complacerlas para que lo amen y para poder mostrar productos que generen ingresos o beneficios a su red. El intelectual lo que quería generar era disenso, diversidad de opiniones en la sociedad.
  • Los intelectuales de hoy han sido desplazados por Twitteros superficiales, cuya lógica es una lectura a la velocidad de un clip, sin fondo ni análisis. Tenemos que empezar a entender que la opinión pública actual no es la opinión del siglo veinte cuando teníamos la prensa mandando, la televisión divirtiendo y la radio acompañando. Lo que tenemos es una opinión pública basada en redes digitales.
  • Hoy vemos diversos tipos de opinión pública, en un primer estadio la que llamo, opinión pública “jurásica”, que es donde habitamos los mayores de cuarenta años, quienes nos creemos todas las Fake News que nos pongan. Somos una generación que damos por un hecho que tenemos la verdad absoluta y que habitamos en el reino de Facebook, WhatsApp y Face News, que realmente deberíamos llamarle: “Fake Book”. En este mundo, nos creemos como verdades todo lo que nos pasan por redes y dispositivos móviles y lo asumimos como la gran maravilla. No obstante, estamos ante un problema complicadísimo, como es la falta de profundidad en el análisis de los mensajes y asumimos todo como válido, con grandes consecuencias, dado que somos cuatro mil millones de personas en el mundo que votamos e incidimos directamente en la democracia guiados por nuestras fake.
  • La opinión pública “zombie” que vive en las pantallas se cree muy cool y crítica, esos tres mil millones de jóvenes que habitan en Instagram, Tik Tok y YouTube. Todos dependen de una pantalla de celular, alucinados por el acceso a lo tecnológico, pero, que no tienen mucho espíritu crítico ante el mercado. No votan, pero tienen causas sociales como el medio ambiente y los feminismos.
  • “El club de la pele” que es donde viven los políticos y los periodistas peleando en Twitter. Lo que debemos entender es que Twitter es pequeña, solo tiene 300 millones de personas en su red a nivel mundial, por lo tanto, crea otra burbuja entre los que se creen opinadores y líderes, no obstante, cuenta con cero incidencia en la ciudadanía, pero como ahí están los periodistas y los políticos se creen que ese es el único mundo posible.
  • La esfera pública colectiva del siglo veinte ya no existe más, tenemos multiplicidad de escenarios y por eso pensar en opinión pública, es comenzar a pensarla en términos de cuáles son las redes que usamos, para que audiencias y en que estéticas y narrativas vamos a construir las opiniones públicas.

Dr. Raúl Trejo Delarbre, Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-México, académico enfocado en proyectos de investigación, ligados al campo de la democracia, la prensa y la comunicación, articulados al modelo de desarrollo económico y político, desarrolló el tema de la responsabilidad periodística: una necesidad inclaudicable. Reconoce que al contexto del Covid-19, se le designa un carácter multidimensional y transtemporal al que èl ha propuesto que se le llame “META-EVENTO” ya que lo considera como un descomunal hecho histórico, porque una pandemia como la que ha brotado en el año 2020, no tiene una fecha de inicio, ni concluirá en un día especifico y el hecho de narrar y explicar este “metaevento” solo puede cubrirlo el periodismo. Las redes socio digitales esparcen noticias en instantes, pero, la tarea de darles coherencia y antes que nada desglosar entre los hechos falsos y verdaderos la cumple el periodismo profesional, este que coteja los hechos, que al equivocarse se reconoce. En ese sentido, la pandemia ha implicado nuevas exigencias porque es un acontecimiento que es imposible de comprender sino se le mira desde numerosos ángulos y se le reconoce su evolución constante.

Trejo mencionó que hay que ser enfático de que los periodistas son trabajadores esenciales, como el personal de salud o los trabajadores que mantienen funcionando las telecomunicaciones o la base de mercancías en la situación de emergencia que ocasionó la pandemia, sin embargo, no siempre los trabajadores de la información cuentan con las garantías materiales y jurídicas que requieren las tareas que realizan.

Con frecuencia los periodistas están expuestos a peligros que ahora se incrementan con la pandemia, a la violencia de grupos delincuenciales que les amenazan e incluso asesinan y el riesgo de contagiarse de COVID 19, pues ya son docenas los periodistas latinoamericanos que han fallecido de esa enfermedad. Se agrega a esto, la descalificación desde el poder político contra el periodismo que indaga y que refleja la diversidad de nuestras sociedades. Es la actitud vigilante y responsable de la prensa, la que se ha constituido en una de las más inquietantes amenazas de los Gobiernos de talante más autoritario, que abominan de la prensa crítica y la descreditan, por otra parte, desestiman la gravedad de la pandemia y menosprecian las indicaciones de los científicos para enfrentar esta emergencia. El periodismo profesional para hacer precisamente eso, comunicación con responsabilidad social, tiene que ser independiente de los poderes económicos y políticos.

No podemos dejar al margen, que también hay medios que informan sobre la pandemia, utilizando maniobras para generar el amarillismo y difundir el desconcierto. Pero el periodismo profesional es el que investiga, coteja los hechos y que cuando se equivoca lo reconoce y rectifica, mira desde numerosos ángulos y reconoce su evolución constante.

Enlace al Foro Internacional: “Tendencias de la Información y la opinión pública: Democracia, Ética y Derechos Humanos”:
https://www.facebook.com/104524877983409/videos/1255048854856756

 

Por: Efraín Cavallini Acuña. Académico UNA
Gabriela Corrales Alfaro. Ideario Diálogo Nacional UNA