La comunicadora popular Stella Chinchilla fue detenida por la policía la noche de este 29 de octubre, cuando hacía su labor informativa en una movilización social en Cartago.
A propósito de esto la organización de derechos humanos ACODEHU publicó esta declaración:
El Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Publica, están socavando el derecho a la Protesta Social.
Lamentables los hechos de la tarde de hoy, y los últimos días de parte de la fuerza pública de este país, sin control alguno por parte de las instituciones del Estado, que guardan silencio, ante los atropellos y violación de los Derechos Humanos a los sectores de la población que intentan manifestarse contra el Gobierno de Costa Rica. Hacemos un llamado a la Defensoría de los Habitantes, a la Asamblea Legislativa- a la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones sociales, para que se impugnen las acciones y el comportamiento de la Fuerza Pública, en contra de la libertad de expresión, de organización y de movilización de las y los ciudadanos que expresan su malestar por algunas de las actuaciones del Gobierno del Dr. Carlos Alvarado. Somos conocedores de algunos de los atropellos a las personas, que están siendo criminalizadas, Judicializadas y lastimadas con acciones policiales propias de gobiernos autoritarios. Cómo ACODEHU, denunciamos esta situación y hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica, para que se retome el camino del diálogo, y el respeto a los Derechos Humanos, como elementos fundamentales para el ejercicio del sistema democrático en Costa Rica. ACODEHU. 29 OCTUBRE 2020.
SERPAJ Costa Rica y CENAPRONOVA le invitan al ciclo virtual de talleres 2020 “Derechos Humanos y No Violencia Activa” a realizarse en los meses de noviembre y diciembre de 4:00 a 6:00 p.m. por Jitsi Meet.
Los detalles del enlace a la reunión y los temas a tratar los puede encontrar en la siguiente imagen.
Para más información comuníquese al correo: serpajcostarica@gmail.com o ingrese a la página de Facebook SERPAJ-Costa Rica.
El Recurso de Amparo en contra del presidente Alvarado y otros funcionarios, expediente 20-019530-0007-CO entró a estudio el viernes 23 de octubre 2020.
Compartimos una parte introductoria del texto del Recurso de Amparo presentado y el archivo para su lectura completa.
«
Quien suscribe, CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, cédula 2-287-015, en mi condición de Secretario General del Sindicato de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular (UNPROBANPO), me apersono ante sus estimables personas con el objetivo de interponer formal recurso de amparo en contra del señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, por la violación a derechos fundamentales como lo son entre otros, el Derecho Ciudadano a que las demandas urgentes sean atendidas no mediante respuestas positivas pero por lo menos con el debido respeto abordadas y respondidas cada una de ellas, dado que el irrespeto que una parte de la sociedad reclama al Recurrido señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se debe entre otras cosas a que, un grupo de ciudadanos que bajo el nombre del Movimiento RESCATE NACIONAL y representan a sectores sociales que durante décadas han sido excluidos de los llamados “diálogos”, el día 05/08/2020 entregaron en Casa Presidencial un pliego de peticiones para resolver la grave crisis fiscal que afecta al país, PETICIONES puntuales que a la fecha se encuentran IGNORADAS, hecho que a la vez ha provocado una convulsión social de incalculables consecuencias, lo que afecta a todos nosotros, ciudadanos en general y cuyo responsable es el Recurrido.
El recurrente estuvo presente en Casa Presidencial el pasado lunes 12 de octubre, día en que los Dirigentes de RESCATE NACIONAL convocaron a una marcha hacia este lugar para ser atendidos por el señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA aquí recurrido, fui testigo presencial de que actores de la sociedad civil-video adjunto-presentes al igual que el suscrito, suplicaron hasta la saciedad ser atendidos por el Recurrido, o por el Ministro de la Presidencia, y la respuesta irrespetuosa fue el serIGNORADOS Y BURLADOS COMO CIUDADANOS».
La persona que quiera unirse a este Recurso de Amparo con el objetivo de poder entre todos/as detener la forma en que están actuando las fuerzas policiales, el documento está disponible en un Word modificable.
En el mundo, la movilización de un grupo de personas buscando soluciones a problemas concretos, o para expresar su opinión a favor o en contra de una figura, política pública, o ley, es una práctica acostumbrada. Incluso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (que impone a los Estados miembros, obligaciones tendientes a la promoción y protección de derechos humanos), y del cual forma parte nuestro país; reconoce que la protesta social juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.
Costa Rica no es ajena a las acciones de protesta. Incluso centros de investigación como el Programa Estado de la Nación, definen la protesta social como eventos en que participa un grupo de personas, para expresar una demanda o reivindicación de alcance colectivo, ante alguna entidad pública o privada.
Pero tengamos presente que la protesta social no ocurre en el abstracto, sino como parte de un contexto regional, en el cual la desigualdad sigue presente y crece. Tal desigualdad suele ser el rasgo social ante el cual la participación ciudadana sobre asuntos públicos, con frecuencia, toma forma de protesta.
En Costa Rica, desde años atrás, entes internacionales como el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), nos vienen avisando del crecimiento alarmante de la desigualdad, así como del sostenido y sistemático aumento de la brecha entre ricos y pobres. A la vez, investigaciones nacionales indican cómo el desempleo y la pobreza, consumen a cada vez más hogares.
En sociedades democráticas, no es de extrañar que las personas se organicen y expresen sus demandas de formas distintas, con estrategias variadas, sean formales o no institucionales. En sociedades con desigualdades tan crecientes como la nuestra, no debería causar extrañeza que la protesta tome formas menos institucionales; sobre todo si ésta proviene de sectores vulnerables a los cuales, durante largo tiempo, los canales tradicionales de participación para tramitar sus necesidades insatisfechas, no les han generado soluciones concretas.
Esas formas no institucionales de protesta, en variadas ocasiones, afectan el normal desarrollo de otras actividades; incluso, al punto de generar su interrupción súbita. Sin embargo, tal situación no las vuelve en sí mismas ilegítimas como formas de expresión. Tenga claro la persona lectora que esto no lo digo yo, sino la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las protestas son una realidad social compleja, donde resulta difícil armonizar los distintos derechos en juego, tanto los de los manifestantes, como los de los ciudadanos que no forman parte de la protesta. Precisamente, por ello, las manifestaciones suelen convertirse en un disparador de emociones, lo cual puede resultar riesgoso en un país como el nuestro, en el cual reiterados estudios de opinión vienen señalando una alarmante disminución del respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los demás; en especial, a los de aquellos con quienes no se está de acuerdo. O lo que es lo mismo: un aumento de la intolerancia política.
Por eso, a pesar de las emociones encontradas que generan las protestas, no corresponde al rol de los afectos, dar solución a una conflictividad social en aumento. Por el contrario, corresponde a los Estados, la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Así lo promueve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que Costa Rica es parte.
Siempre con relación a las medidas que tomen los Estados para atender las protestas sociales en sus distintas modalidades, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos diferencia, que una cosa es el uso proporcional de la fuerza en aras del orden público; y, otra cosa muy distinta, un paradigma de seguridad ciudadana, en el que se considere a la población civil que se manifiesta como “enemigo”, lo cual a la luz del derecho humano y de un sistema democrático, se considera un error en la gestión del conflicto social.
Se puede estar de acuerdo o diferir con las modalidades que grupos vulnerables con limitado o nulo acceso institucional escogen para realizar sus protestas, pero en toda gestión del conflicto, los Estados que se precien de democráticos, paralelo a su preocupación por el establecimiento del orden público, deben garantizar respuestas enmarcadas en el diálogo y las garantías para quienes se manifiestan.
Por eso llama mucho la atención que los días 4 y 11 de octubre, el Presidente Alvarado (Poder Ejecutivo) y el diputado Criuckshank (Presidente del Legislativo), propusieran una fórmula de diálogo entre actores institucionales, pero se excluía a un actor principal de los acontecimientos: el Movimiento Rescate Nacional.
El diálogo se ha vuelto necesario ante las manifestaciones, sin ellas, el Gobierno hubiese seguido su ruta causante del descontento. Tal diálogo, en cualquier parte del mundo, sucede entre actores concretos que entran en tensión sobre ciertos temas. Si el diálogo se ve como salida negociada a la conflictividad, ¿qué sentido tiene que el Gobierno hable de diálogo desde una posición que descalifica al adversario como sujeto de negociación?
La apertura al diálogo con los Estados y la sociedad civil no se limita a la vía institucional. En momentos de elevada conflictividad, deben primar altas luces democráticas para discernir, si quienes se manifiestan tienen o no, por su situación de exclusión o vulnerabilidad, acceso a las instituciones de mediación. O si, por el contrario, el origen de su malestar consiste en que la vía institucional no responde, efectivamente, a sus necesidades. Alarmante es para la Democracia cuando quienes gobiernan, insisten en desconocer a la oposición cuando ésta emerge de grupos subrepresentados o marginados, que enfrentan marcos institucionales que no favorecen su participación.
Más alarmante es aún la reacción de la clase gobernante, luego de que, por debilidades metodológicas propias, el pasado 15 de octubre se anunciara la caída de la primera mesa de diálogo. Ahí es donde el mensaje del Presidente Alvarado, del 16 de octubre, se torna pieza de antología: apoyándose en que la solidez de la Democracia no se debe poner en riesgo, calificó como mancha a la Democracia que una organización empresarial legitimara, mediante la firma de un principio de diálogo sin exclusiones, al actor que el Gobierno califica como “ilegítimo”.
Si tal cosa no es insistir en un paradigma de seguridad ciudadana, que considera “enemigos” a los protagonistas de las protestas, no sé lo que sea. La improcedencia del discurso de la legitimidad formal, como impedimento para interactuar en un dialogo social, queda en evidencia cuando, guardando las diferencias y dimensiones del caso, lo aplicamos a otros sucesos históricos: ¿es que alguien se imagina al imperio británico diciéndole a Ghandi que no atendería sus demandas, por considerar que la dirigencia de su movimiento no tenía legitimidad formal?
En comunicación política, la construcción de un enemigo externo es recurso frecuente para cohesionar la opinión pública; generalmente es seguido de llamados a cerrar filas con el sistema democrático. En nuestro país las instituciones democráticas siguen vigentes, más allá de temores infundados. La verdadera preocupación que deberíamos atender, es aprender las lecciones del tristemente célebre Memorándum del Miedo en tiempos del TLC, y preguntarnos si en Costa Rica se ha convertido o no, en una práctica recurrente, la costumbre de apelar a la cultura del miedo como estrategia de profundización del modelo neoliberal.
A menos de 24 horas de anunciada la nueva convocatoria de Gobierno, 40 diputados de 5 fracciones legislativas anunciaron que no asistirían. ¿A quién culparán ahora de manchar la Democracia? ¿Cómo garantizarán la vinculación legislativa de lo que ahí se acuerde? ¿Por qué insistir en excluir del proceso a protagónicos actores?
Diálogos hay muchos y con propósitos diversos. Por ello resulta esclarecedor analizar la gestión de la conflictividad social. Sepamos distinguir: Un diálogo sin exclusiones contempla los actores en tensión en busca de una salida una salida negociada a la conflictividad. Un diálogo entre actores únicamente institucionales, se limita a legitimar decisiones. Si los procesos de diálogo no dan cabida a la voz de los descartados de la economía, cuando estos presentan planteamientos alternativos a los intereses políticos y económicos dominantes, de poco servirán las mesas en la búsqueda de aplacar las protestas. ¡Con exclusiones no… La salida debe ser política.
El pasado 13 de octubre SURCOS publicó la nota “Denuncia en contra del Estado de Costa Rica”, en la cual elingeniero Carlos Manuel Vega Bolaños, secretario general del sindicato UNPROBANPO y dirigente comunal del Cantón de Grecia compartió la siguiente denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Denuncia en contra del Estado de Costa Rica, presidente de la república y ministro de Seguridad Pública por graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la gravísima violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado denunciado”. (Puede leer la nota completa ingresando en el enlace del titular de dicha nota).
A días de interpuesta la denuncia el Ing. Carlos Vega, luchador social hace la siguiente reflexión:
“Gracias a patriotas que hicieron invaluables aportes para enriquecer este recurso de amparo en contra del presidente de la República y la cúpula de la Fuerza Pública y estar en trámite a partir de las 16:00 horas.
Este recurso de amparo tiene dos salidas: 1-si es rechazado la Sala deberá de fundamentar las razones de su decisión. Esto permitirá agotar la vía interna y continuar en la vía internacional hasta escalar las Instancias de DDHH y llegar hasta el Tribunal Penal Internacional. 2-En caso de que sea acogido, podría convertirse en un Recurso de Amparo para la historia de Costa Rica.
Valió la pena las madrugadas destinadas a la Defensa de los Sin Voz de los EXCLUIDOS de los llamados «diálogos». Gracias Patriotas por sus aportes profesionales. ¡Nos han cerrado las puertas con grandes candados, pero les abriremos las ventanas para que salga la Justicia aprisionada! ¡Sin luchas no hay
Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense
El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.
Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:
Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente)el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa;y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.
Por Vanessa Romo, Yvette Sierra Praeli en 13 septiembre 2020
Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.
Él y su padre habían sido amenazados en varias oportunidades desde el año 2012, cuando se inició la invasión de sus territorios
Las amenazas se cumplieron. Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado ayer cuando salió a recorrer su concesión forestal ubicada en la margen derecha de la carretera Interoceánica, en Madre de Dios.
El cuerpo de Roberto Carlos fue encontrado por su padre Demetrio el viernes 11 de setiembre en medio de una trocha que conducía a un terreno agrícola de la comunidad de San Juan, predio colindante con la concesión de Pacheco. Dos balas, una en la cabeza y otra en la cadera terminaron con la vida de Pacheco Villanueva, quien, en más de una oportunidad, junto con su padre, había denunciado ser víctima de amenazas de muerte por parte de invasores ilegales que ingresaban a su propiedad.
Roberto Carlos Pacheco Villanueva. Foto: Archivo personal Demetrio Pacheco.
Un día antes de su asesinato, Roberto Carlos salió como de costumbre a recorrer su concesión pero esta vez no regresó a casa. Preocupados por su desaparición, dos de las personas que trabajaban con él y su padre salieron en buscarlo. Lamentablemente lo encontraron muerto.
De acuerdo con información policial, el cuerpo fue ubicado en una trocha de acceso a un predio agrícola ubicada a la altura del kilómetro 356 de la carretera Interoceánica Urcos-Iñapari, a unos dos kilómetros de distancia de esta vía principal. Muy cerca encontraron un vehículo color naranja, sin placa de rodaje y sin número de chasis. La fiscal Miriam Huillca Huamán, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, llegó hasta la escena del crimen.
Una historia de amenazas
“Aquí estás perdiendo tu tiempo, tú eres el que tienes que desaparecer de aquí”, fue la última amenaza que recibió Roberto Carlos Pacheco en abril de este año. Su padre la recuerda muy bien y la mencionó en una entrevista con Mongabay Latam.
Son más de 800 hectáreas de concesión. El problema es que están ingresando por varios lados, indica Pacheco. Foto: Jack Lo.
El amedrentamiento provino de un grupo de aproximadamente seis personas que encontró dentro de la concesión, a quienes su hijo recriminó por haber talado algunos de sus árboles, narra Pacheco.
Las invasiones a la concesión de 842 hectáreas de bosque adjudicadas a Pacheco empezaron a registrarse en el año 2012. Este terreno, dedicado principalmente al aprovechamiento de la castaña, está a su nombre desde 1995. “Desde que empezaron a invadir, en el 2012, he realizado por lo menos ocho denuncias por deforestación”, asegura Pacheco.
Fue siguiendo ese camino en defensa de los bosques de Madre de Dios que se convirtió en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por un grupo de ambientalistas y propietarios de concesiones forestales ubicadas en la zona de amortiguamiento de esta área protegida. Todo ellos llevan años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones de terrenos.
En una ocasión, Demetrio Pacheco y su hijo encontraron una bala en la mesa de su casa dentro de su concesión. Foto: Archivo Mongabay Latam.
“En junio del 2016 pedí una medida cautelar para que paralicen todo tipo de actividades en la vía administrativa y en el campo, pero es letra muerta. Ellos [se refiere a los invasores] han presentado supuestos certificados de posesión de los años 1988 y 1989. Nosotros pedimos imágenes y hasta el año 2005 no hay cambio en la cobertura boscosa, ¿Cómo en 1988 otorgaron constancias?”, señala Pacheco en referencia a los documentos que entregan a las autoridades regionales para certificar el cambio de uso de suelo que ocurre en el bosque.
Las amenazas y agresiones hacia la familia Pacheco han sido constantes. En el 2017, Roberto Carlos Pacheco fue golpeado y amenazado con un arma y un machete. Ese mismo año le pusieron el cañón de un arma en la boca y destruyeron sus bienes personales. En una ocasión dejaron una bala en la mesa de su comedor, recuerda así Pacheco todas las veces que recibieron estos mensajes contra sus vidas.
“La única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la Prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. Luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al Defensor del Pueblo en Madre de Dios”, menciona Pacheco.
Guimo Loaiza, representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, dice que cada vez que Demetrio entraba a su concesión era amedrentado. “Muchos como Demetrio, lamentablemente por la minería ilegal que ha ingresado a las concesiones, son amenazados”.
La minería ilegal en Madre de Dios ha destruido grandes extensiones de bosques. Foto cortesía Cincia.
Loaiza agrega que con lo sucedido ahora evaluarán solicitar la protección de Demetrio y su familia. “Hay muchos concesionarios que han sido amenazados. Ellos están expuestos al riesgo de sufrir cualquier atentado al estar en zonas próximas a la minería ilegal y a los invasores. Los que tienen concesiones forestales son los más vulnerables”.
La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, se pronunció sobre el asesinato de Pacheco a través de sus redes sociales. “Recibo desde Perú la terrible noticia de que Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, fue asesinado”, escribió en su cuenta de Twitter.
El 15 de junio envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre “el asesinato de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Arbildo Meléndez Grandez y Gonzalo Pío Flores”, ambos ocurridos este año durante la pandemia.
El congresista del Partico Morado, Alberto de Belaúnde, también escribió sobre la muerte de Roberto Carlos Pacheco. “Pese a la difícil coyuntura política, no puedo dejar de lamentar y condenar la muerte de Roberto Carlos Pacheco, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, quien como parte del Comité de Gestión de la RN Tambopata viene luchando en contra de la minería ilegal en Madre de Dios”.
Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente hizo un llamado a las autoridades para que brinden protección a los ambientalistas amenazados. “Mis sentidas condolencias a la familia de Demetrio Pacheco. Urgente llamado a @Defensoria_Peru, @MinjusDH_Peru, @MinamPeru @MininterPeru para que brinden efectiva seguridad personal y familiar”, escribió en sus redes.
La ministra del Ambiente (Minam), Kirla Echegaray Alfaro, también lamentó lo sucedido a través de las redes sociales.
Mongabay Latam buscó a Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente y actual representante del Minam ante la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización, para consultar sobre las acciones que se están realizando para proteger a los ambientalistas amenazados. En la misma línea consultamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta el cierre de esta edición no se manifestaron.
Un esquema de ilegalidad
La fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, señala que la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de tierras son lideradas por mafias que se han instalado en Madre de Dios. “Quienes están comprometidos con la conservación son amenazados. Muchas veces no presentan sus denuncias ante la Fiscalía por miedo a lo que les pueda pasar”.
La Operación Mercurio se inició en febrero de 2019 con el fin de erradicar la minería ilegal en La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Ministerio del Interior.
Garay explica que los invasores de tierra son mafias que operan junto con la minería ilegal y la tala ilegal. Las concesiones invadidas, muchas veces bajo la fachada de asociaciones de agricultores, pasan con el tiempo a manos de mineros ilegales cuando ya se deforestó el bosque, explica Garay.
La fiscal señala que con la Operación Mercurio en la zona denominada La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, muchos mineros ilegales están desplazándose hacia otros lugares cercanos e invadiendo otros terrenos.
Hace una semana un operativo que duró tres días destruyó más de 60 dragas de minería ilegal en zonas fuera de la Pampa.
Lo ocurrido con el hijo de Demetrio Pacheco ha alarmado a otros concesionarios que son víctimas de esta violencia. “Tengo medio y quisiera dejar la concesión”, dice Freddy Vracko, hijo del ambientalista Alfredo Vracko, asesinado dentro de su concesión en noviembre de 2015 por taladores ilegales.
La minería ilegal ahora amenaza a las comunidades nativas de Pariamanu. Foto: FEMA Madre de Dios.
Vracko señala que son muchos los dueños de concesiones en Madre de Dios que tienen sus terrenos invadidos y son víctimas de amenazas. Comenta también que las denuncias en las fiscalías se quedan estancadas o son archivadas y lo mismo sucede con las investigaciones policiales.
El caso de su padre –recuerda Vracko– tiene cinco años sin resolverse pese a que hubo pruebas y testigos del hecho. “La situación está terrible en Madre de Dios. Lo que ha sucedido ahora es una forma de decirle a Demetrio y a todos los ambientalistas que dejen de hablar”.
Imagen principal: Concesión forestal de Demetrio Pacheco en Madre de Dios. Foto: Jack Lo.
El acuerdo de Escazú consiste en un tratado regional, específicamente para América Latina y el Caribe, es un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que tiene como fin el garantizar y facilitar la incidencia ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región, lleva el nombre de Escazú puesto que fue adoptado y negociado en la ciudad de Escazú, San José de Costa Rica el pasado 4 de marzo de 2018, el mismo cuenta con una extensa participación de la sociedad civil, comunidad científica, y política. Asimismo, su objetivo es primordial ya que busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Es importante destacar que este acuerdo se enmarca dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se busca el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales son impulsados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), dentro de dichas metas se enmarcan tres de estos objetivos que son muy importantes, los cuales tienen gran injerencia en el cumplimiento de este acuerdo, estos son, ODS 10. Reducción de las desigualdades, ODS 13. Acción por el clima y ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
En ese sentido, es importante indicar que en América Latina es urgente este acuerdo con el objeto de resguardar los derechos humanos de todas las personas que se desenvuelven en el ámbito ambiental, ya sea desde sus labores profesionales hasta el activismo, no está de más recodar que en Costa Rica han surgido diversos acontecimientos violatorios a los DDHH, en las que algunos de estos, lamentablemente han terminado con la vida de ambientalistas y activistas.
En primera instancia, es indispensable recordar el asesinato de Jairo Mora Sandoval, un ambientalista y activista costarricense, que fue asesinado en junio de 2013, cuando buscaba proteger los nidos de las tortugas baula en el Caribe de Costa Rica, junto a él, fueron asesinadas cuatro personas más en aquel suceso, este caso ha sido de los casos más sonados inclusive a nivel internacional, por lo que a raíz de este lamentable acontecimiento políticos, colectivos y grupos organizados han llamado a una restructuración y reforma de la política ambiental costarricense, sumado a lo anterior, es importante mencionar asesinatos como el de María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante, y Oscar Fallas Baldí, integrantes de la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO), quienes lucharon contra la compañía Ston Forestal, y entre otros crímenes en contra de ambientalistas, en dónde detrás de estos, sin duda alguna se esconden el crimen organizado y la mafia del tráfico de drogas.
El enfoque de derechos humanos que se le da al Acuerdo es crucial, según Global Witness, Latinoamérica fue la región con mayores asesinatos de defensores ambientalistas en el 2019, y es por esto, que este enfoque es indispensable con el objeto de encargarles mayores responsabilidades y esfuerzos en la lucha por el crimen organizado y los intereses detrás de los asesinatos de ambientalistas, en esa misma línea se analiza que
El Acuerdo de Escazú es también un tratado de derechos humanos. Es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente (artículo 9). Esta primicia mundial está lejos de ser insignificante en una de las regiones del mundo más afectadas por los conflictos socioambientales y que presenta un mayor riesgo para la vida y la seguridad de las personas y grupos de personas que actúan como defensores de los derechos humanos en materia ambiental. (Barchiche, Hege y Nápoli, 2019, p.3)
Solo en el 2018, se registraron 164 personas asesinadas por motivo de ser defensores de la tierra y el ambiente, sin embargo, en la región de Latinoamérica, Colombia registró 24 asesinatos, Brasil 20, Guatemala 16, México 14, Honduras 4, Venezuela 3 y Chile 2 asesinatos, dichas estadísticas se muestran en el informe “¿Enemigos del estado?” de Global Witness.
En cuanto al derecho al acceso a la información, los estados deben asegurar jurisprudencia que asegure el acceso a la información y a la transparencia ambiental, mediante mecanismos de gobierno abierto y semejantes, sin embargo, en la región se tiene un gran reto porque “(…) como lo indica la UNESCO, demuestra claras dificultades para la aplicación efectiva de la legislación sobre libertad de información, en particular en el establecimiento de mecanismos adecuados que permitan el acceso a la información de manera oportuna” (Jiménez, 2019, p.393), esto inclusive debe incluir un plan de capacitación en transparencia dirigido hacia funcionarios públicos.
Por tanto, el acuerdo de Escazú es un importante mecanismo que procura derechos fundamentales dispuestos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, y que por responsabilidad cada uno de los estados Latinoamericanos deben acceder a la firma y ratificación del acuerdo, para su entrada en rigor se debe proceder en primera instancia a la firma del mismo, demostrando interés en la materia y de ese modo se lleva a cabo un proceso de consulta bajo los ordenamientos jurídicos de los Estados, desdichadamente el plazo para que los países puedan firmarlo finalizó el 26 de septiembre de 2020, hacia el final de septiembre de 2020 se contaba con la firma de 23 países. En segundo lugar y una vez firmado el acuerdo se debe ratificar el tratado, los cuales se debaten y se realiza la votación en los Congresos o Asambleas Legislativas, hacia el final de septiembre de 2020, únicamente se contaban con 10 ratificaciones, para que el acuerdo entre en vigor se necesitan 11 ratificaciones.
Ahora bien, en el caso de los países que no llevó a cabo el proceso de firma y ratificación, puede dar la adhesión al acuerdo, dicho proceso es a través de los poderes legislativos de cada país. Por tanto, desde la sociedad civil es indispensable hacer un llamado vehemente a las autoridades del país, principalmente a las diputaciones para que de una vez por todas, ratifiquen el acuerdo, sin más demoras y trabas a los derechos humanos de las personas protectoras del ambiente y de los que están en la primera línea contra el combate al cambio climático y los intereses de inescrupulosos con grandes beneficios económicos, como la explotación de gas y petróleo, las piñeras con sus agroquímicos, los autobuseros que se oponen a una movilidad sostenible, los oreros con la extracción de oro y un sinfín de intereses adversos que no vienen más que a incrementar los efectos del cambio climático y las más afectadas son las zonas costeras, niños, niñas, y personas en pobreza extrema.
Referencias Bibliográficas:
CEPAL, N. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Jiménez Guanipa, H. (2019). El Acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la información dan a luz una nueva jurisprudencia. Análisis jurisprudencial. Sentencia Fundación Ambiente y Recursos Naturales (farn) c/ ypf SA s/varios. Revista Derecho Del Estado, (44), 385-396. https://doi.org/10.18601/01229893.n44.14
Witness, G. (2019). ¿ Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras. Londres: Global Witness.
Barchiche, D., Hege, E., Napoli, A. (2019). El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho ambiental? IDDRI, Issue Brief N°03/19.
Este miércoles 21 de octubre a las 6 p.m. (Centroamérica) 7 p.m. (Panamá), la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos tendrá un Webinar sobre “Las múltiples brechas que enfrenta la población afrocostrarricense”.
Con la participación de Génesis Pérez Thomas, Earnel Gibb Bernard y Linford Patterson.
La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La denuncia fue formulada en contra del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los Informes preliminares e Informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral el cual no han podido probar.
La denuncia sintetiza ocho informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos de universidades y periódicos de prestigio mundial entre los cuales resaltan los elaborados para el New York Times, el Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) a lo que se suma la petición de congresistas estadounidenses para que se investiguen las acciones de la Secretaría General de la OEA. Los estudios desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno Constitucional, la desestabilización de la democracia que concluyó en un Golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales.
Los denunciantes señalan: “La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Los actos de intervencionismo cometidos por la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, han tenido consecuencias nefastas en Bolivia provocando un quebrantamiento del Estado; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a un Golpe de Estado y a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.”
A tiempo de presentar la denuncia, los firmantes del documento solicitan al Alto Comisionado de Naciones Unidas que acoja estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales al acusar de un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Exigen que la OEA, como un organismo intergubernamental, respete a las organizaciones políticas populares, a las instituciones nacionales, a la democracia y a la soberanía de los pueblos de uno de sus Estados Miembros, y de su gobierno constitucional.
Asimismo, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme un grupo de expertos para lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2020
Imagen tomada de: https://www.voanoticias.com/
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