Este viernes 19 a las 6 de la tarde el tema en el programa Programa Alternativas será: Matrimonio igualitario: un paso hacia la igualdad de derechos.
Aquí puede ver los detalles:
Queridas compañeras del movimiento feminista y de mujeres:
En Mujeres en Acción estamos muy preocupadas por las decisiones que el gobierno está tomando en el contexto de la crisis del COVID 19. Dichas medidas apuntan hacia una sociedad más desigual que la que teníamos, más excluyente para la diversidad de mujeres y otras poblaciones tradicionalmente discriminadas y, más frágil ante futuras emergencias como la que estamos viviendo. Sin embargo, esta crisis y sus lecciones, pueden ser la oportunidad para diseñar y construir una Costa Rica inclusiva, justa y democrática entre todas.
Pensando en la sociedad que sí queremos, hemos redactado un documento para plasmar las preocupaciones y plantear propuestas que aseguren el ejercicio de los derechos humanos básicos, tan urgentes en esta coyuntura.
Queremos invitarlas a leerlo, divulgarlo al interior de sus organizaciones y suscribirlo si así lo consideran. En el enlace que incluimos más abajo podrán leer el documento y firmarlo a título personal, como organizaciones o colectivas. Una vez recogidas las firmas, lo publicaremos y lo presentaremos junto a ustedes, en una sesión virtual de redes sociales.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmOscD5MWIrl9wimPVosYjvrIQYjYZ8aYH4rmaKecIKF4yQ/viewform
Mujeres en Acción
Tamarindo-Guanacaste, miércoles 17 de junio 2020
HÉCTOR MARTÍNEZ MOTIÑO: A CINCO AÑOS DE SU ASESINATO
Crónica de una muerte anunciada, es un clásico de la literatura, publicado en 1981. Forma parte, sin lugar a dudas, una de las obras más realista, dentro de la narrativa latinoamericana. El asesinato de Héctor Martínez Motiño, no difiere en sus circunstancias y hechos, al punto nodal de la novela señalada. Todos saben que lo van a asesinar, Solo que aquí, una señora, la cual todos conocemos, se convierte en la asesina intelectual de este gran compañero de lucha y defensor inclaudicable de los Derechos Humanos y las luchas sindicales de la Universidad, en la que este luchador, laboró hasta el día de su muerte.
Fue hace exactamente 5 años que quisieron apagar la luz de Martínez Motiño, pero sigue irradiando energía por todo Honduras y Centroamérica. Lo enterraron, creyendo que con eso lo sepultaban, pero la intelectualidad honesta, el movimiento estudiantil comprometido, ha hecho de Héctor una semilla que germina aún en la aridez de ese régimen corrupto, asesino y narcotraficante que gobierna a nuestra hermana república de Honduras, bajo la bota asquerosa de Juan Orlando Hernández-JOH.
Claro compañeras y compañeros, déjenme llorar una vez más mi tristeza, permítaseme llenar de lágrimas mi blusa negra, por la muerte de este entrañable amigo y luchador por las causas justas.
Como en la novela citada, todos los lugares son comunes, son nuestros, y pertenecen a nuestra memoria. En el Centro Universitario Regional Litoral Pacífico, en Choluteca —Honduras, la lucha permanente de Héctor Martínez, por la Defensa de los Derechos Humanos, su militancia orgánica en el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-SITRAUNAH, hoy está presente.
En la novela son los hermanos Vicario los asesinos convictos, aquí al contrario, es la Rectora y sus secuaces los que perpetraron el asesinato de este incansable defensor y activista de los Derechos Humanos.
A JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, le debe pesar mucho la fecha del 17 de junio de 2015, bajo la escoria de los más sucios intereses y objetivos, fríamente se había diseñado la muerte de este ilustre profesor, sindicalista y defensor de los derechos humanos. Recordemos que Héctor Motiño no tuvo ningún reparo en nombrar con apellidos y funciones a cada uno de sus asesinos(as): Julieta Castellanos, Aleyda Romero, Alina Molina, Rogelio Alvarez. Pero la perversidad del régimen fascista de JOH, guardó ese silencio impune, parecido a la estupidez.
Digamos que, para salvar un poco ese «asco nauseabundo«, como lo señala Horacio Castellano Moya, en su exquisita novela: El Asco, aunque la investigación de este asesinato sigue «una espeluznante travesía», y por qué no decirlo una investigación exhaustiva, la mano negra de la Excretora obliga a que la Fiscalía General, en una actitud cobarde y cómplice haga mutis. Por eso, a pesar de las pruebas fehacientes, y la evidencia absoluta del asesinato de mi amigo entrañable Héctor Martínez Motiño, su caso nunca llegó a los Tribunales de Justicia y la impunidad se extiende sobre el corazón de la Patria de Morazán, como una magra y pesada sombra de fetidez e impunidad.
Agradezco a mi organización, la ACODEHU, todo el respaldo y acompañamiento que, durante estos largos cinco años de dolor, me ha brindado.
Hoy, una vez más alzo mi voz ante el mundo. Espero que en ese latido solidario, la verdad real de los hechos, brille en la bandera blanco, azul y que las cinco estrellas que la forman, compartan este largo luto que vivimos los centroamericanos honestos.
AID me tiraron ID me tumbaron w me remataron ® me silenciaron lb no fueron suficiente it, y sigo presente;- lb pesadillas serán ® los perseguirán
ANA FRANZEN, def. DDHH internacional.
Representante de Héctor Martínez Motiño en vida y en muerte.
ACTIVISTA de DD.HH. — ACODEHU
Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
Imagen tomada de https://www.solidaritycenter.org/
– Perderíamos avances que podrían violentar derechos fundamentales que tenemos en el país.
– Es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales.
– Cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas, la solicitud de UCCAEP sobre el agua es indignante.
(FECON, 16-06-2020) Según expertos en legislación ambiental, llamar “acoso” a la normativa ambiental en el país es inaceptable por parte de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Sector Privado (UCCAEP). Un documento titulado “Pacto por el empleo” contiene una serie de exigencias antojadizas que según dicen buscan la reactivación económica, pero en realidad obedecen a caprichos sin fundamento técnico ni legal que atentan la protección al ambiente.
Para Álvaro Sagot Rodríguez, abogado y docente de la Universidad de Costa Rica, es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales. A los grandes empresarios se le deben de exigir requisitos, no para limitarlos a ellos, sino para pensar en las siguientes generaciones.
El abogado ambiental recordó que existe en la legislación ambiental el principio de no regresión y el principio de progresividad que exige al país a entonar todo el ordenamiento jurídico hacia la protección de los derechos humanos fundamentales.
Para el abogado Isaac Rojas, de COECOCEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, las solicitudes de UCCAEP son una clara regresión en lo que el país ha avanzado. Por lo tanto esto podría violentar derechos fundamentales que tenemos todas las personas que habitamos en el país.
“En materia ambiental no podemos retroceder. Siempre hay que ir adelante porque estamos hablando de derechos humanos, que tienen que ver con el lugar que habitamos, que tienen que ver son nuestra salud y que tienen que ver también con la salud de los ecosistemas con que nos relacionamos.” Dijo Rojas que además es el Coordinador Internacional del Programa de Bosque y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.
Rojas señaló que “la flexibilización de la legislación que hace UCCAEP es inaceptable. Así también es inaceptable la solicitud de abrir nuevos negocios, la solicitud de abrir la generación eléctrica que ha demostrado impactos graves en comunidades y ríos de nuestro país.”
Hay que recordar gracias a criterios técnicos y científicos muchas comunidades han logrado echar para atrás varios de estos negocios que iban a seguir atentando contra los ríos, y lo han hecho tanto en sede judicial como ante el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del “enjambre hidroeléctrico” que planteaba desarrollar más de 17 represas en la Zona Sur y que gracias a la organización comunitaria y al trabajo de colectivos como Ríos Vivos fueron frenadas.
Además Rojas alertó que “la UCCAEP también está pidiendo la apertura del negocio de los agroquímicos. Cuando se ha comprobado de que el país tiene el deshonroso puesto de ser uno de los países donde se consumen más pesticidas en el mundo, con esto la UCCAEP quiere llevarnos a ser el número uno impactando la salud nuestra y de la naturaleza.”
La UCCAEP también están pidiendo profundizar un modelo anticuado cuando dicen que quieren la apertura del mercado de exploración y explotación de mercado de gas natural. Tristemente estas peticiones en materia ambiental solamente nos enseñan que empresarios como UCCAEP actúan irresponsablemente en una crisis.
A esto Isaac Rojas dijo que: “los empresarios ven la crisis como una oportunidad para profundizar su agenda, para profundizar sus beneficios a expensas de toda la sociedad.”
A propósito del agua
La UCCAEP solicitó en este documento: “Instruir al SENARA para que dicha institución no aumente las tarifas de riego por parte en el Distrito de Riego Arenal – Tempisque.”
Para Oscar Alpízar, abogado ambiental, integrante de Confraternidad Guanacasteca: “no se entiende como la UCCAEP solicita tratos preferenciales en el costo de las tarifas del agua para el sector agroindustrial.”
Alpízar acotó que: “En la actualidad ya estas tarifas son ínfimas e indignantes. Las grandes extensiones agrícolas pagan 0,2 colones por metro cúbico de agua, mientras que el ciudadano paga en promedio 400 colones por metro cúbico. Es decir, cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas.”
Existen varias consideraciones importantes a las cuales se debe prestar atención en relación con el incremento de los discursos de odio hacia las personas migrantes en el país, mayoritariamente son nicaragüenses.
Guillermo Acuña González, sociólogo y escritor comentó con SURCOS como esta tendencia xenofóbica en el país responde a relaciones históricas, sociales, económicas y culturales, no únicamente al contexto de crisis sanitaria que enfrentamos actualmente.
Imagen ilustrativa, UCR.
La Alianza por una Vida Digna invitó a reflexionar en torno a las vías para lograr solidaridad-social y equidad. Participaron: Esteban Arias Chavarría, politólogo con una maestría en Sociología; Sofía Cortés Sequeira, máster en Historia por la Universidad de Costa Rica; Flora Fernández Amón, empresaria comprometida con la justicia social; y Fernando Rodríguez Garro, integrante del Grupo de Economía Pluralista, académico de la Universidad Nacional, ex viceministro de Hacienda.
La Alianza por una Vida Digna le invita por este medio a dar la lucha cultural, «lucha que es de todas y todos quienes opten por una sociedad basada en la conjunción de valores como la solidaridad, la equidad, la justicia, el respeto a los derechos humanos». Por ello, se le invita a compartir en sus redes y medios este video.
Imagen: https://ajedrezsocial.org
Existen muchos mitos y desinformación sobre la población migrante en el país. Esto provoca un escenario donde la xenofobia está a la orden del día. Analizamos con Koen Voorend, investigador y docente de la UCR, este fenómeno en el marco de la crisis sanitaria; y la importancia de reconocer los aportes de la población migrante al país.
El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial).
Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales.
El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo) que:
«States of emergency are exacerbating the marginalisation of indigenous communities, and in the most extreme situations, militarisation of their territories is taking place. Indigenous peoples are being denied their freedom of expression and association, while business interests are invading and destroying their lands, territories and resources. In some countries, consultations with indigenous peoples and also environmental impact assessments are being abruptly suspended in order to force through megaprojects relating to agribusiness, mining, dams and infrastructure».
En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo) que:
«En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región«.
Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial«, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.
El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado
Se puede revisar desde ya el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas.
Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.
Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que:
«La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión«.
El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada «Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH» y disponible en este enlace).
El contenido del comunicado conjunto (versión integral)
En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado «Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas» (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar:
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«… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.
Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.
“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”
Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.
Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.
Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.
Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.
“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.
La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.
El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.
Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.«
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Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica).
En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública«, disponible en este enlace.
La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal
Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado «Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:
«Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”.
El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como «CERD») ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:
«15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)«.
En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007:
«28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios».
En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que:
«42. El Estado parte debe:
Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ampliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense.
A modo de conclusión
No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pie para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre.
(*)Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
A partir de este lunes 15 de junio a las7:30 p.m. (hora Centroamérica), se realiza el seminario virtual “DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTIQ ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”. Para participar inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/2MNpVtO
Invitan:
Organización Interseccional Pro Derechos Humanos
Fundación Justicia y Género
Universidad Nacional de Costa Rica
Colectivo Alejandría El Salvador
Asociación Ciudadana ACCEDER
Colectivo Trans- Formación
REDNADS Guatemala
COMCAVIS TRANS
AMATE El Salvador
Hazte Visible
APUVIMEH
San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.
Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.
A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).
Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.
Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.
En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.
Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.
Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:
Imagen ilustrativa, UCR.