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Etiqueta: derechos humanos

Tecnologías emergentes: ventana de oportunidades para las mujeres – webinar

El Viceministerio de Telecomunicaciones le invita a participar el próximo jueves 23 de julio a las 3:00 p.m. en el Webinar: “Tecnologías emergentes: ventana de oportunidades para las mujeres”.

Con la participación de las expositoras Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET); Jendy Varela, co fundadora de WOW Emotions y Angélica Chinchilla, directora de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

Se contará con la participación de Ana Cecilia Escalante, consultora independiente, especialista en género, diversidad cultural y derechos humanos.

El objetivo del Webinar será visualizar los retos pendientes del país en materia de brecha digital de género en el uso y aprovechamiento de las TIC, y las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías emergentes para las mujeres.

 

*Imagen de portada tomada de: http://www.mesaticfid.cl/

Tenemos derecho a vivir sin violencia

Milena Barrientos Blanco es licenciada en Planificación Social de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos, trabajando con la cooperación de internacional en proyectos de desarrollo y protección de derechos, así como en instituciones estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, defendiendo tanto los derechos de las mujeres como de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas LGTBI.

Junto con Sebastián Barrientos Arroyo y Roberto Barrientos Arroyo, y como un aporte a esta sociedad que está enfrentando la pandemia, han producido una serie de videos.

-Introducción al curso – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Autoestima – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Derechos – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Violencia intrafamiliar parte 1 – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Violencia parte 2 – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Salida de la violencia – Tenemos derecho a vivir sin violencia
-Desde la profundidad de mi alma de mujer – Tenemos derecho a vivir sin violencia

Podrá ver y compartir cada uno de los videos que encontrará en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCIypsD7l_ADept5YIVIAsOQ

Desatención del Estado colombiano y COVID-19 incrementan riesgo de exterminio del Pueblo Siona

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las  autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17  de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias.  Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

 

*Imagen tomada de https://www.aa.com.tr/

Red Clamor sobre la realidad de personas migrantes y refugiadas en tiempos de Covid 19

Conocerlos para comprenderlos

“Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados”.

La anterior frase nos la ha regalado el Papa Francisco en su mensaje para el Día Mundial del Migrante y Refugiado 2020. A nosotros, integrantes de la Red Clamor Costa Rica –una instancia de comunión en la que, diócesis y congregaciones religiosas de la Iglesia Católica, procuramos hacer real el compromiso pastoral liberador junto a hombres y mujeres en situación de migrantes y refugiados–, nos ha parecido muy elocuente para dar a conocer, ante los hermanos miembros de nuestra Iglesia Católica Costarricense y los ciudadanos que habitamos en este hermoso país, nuestra mirada pastoral sobre realidades que viven los hombres y mujeres obligados a migrar o a buscar refugios lejos de sus comunidades de origen.

En el actual contexto provocado por la pandemia del Covid-19, los rostros de los migrantes y refugiados emergen como expresión de un drama humano agudizado, donde no solo la enfermedad misma, que tiene sometida a toda la humanidad, sino otros agravantes sociales y legales, están poniendo de manifiesto el estado de vulnerabilidad que les agrieta la esperanza y les carcome la posibilidad de alcanzar condiciones de vida digna. En medio de una sociedad que parece dejarse empequeñecer por el pánico ante un virus, se están develando una serie de atropellos a la dignidad humana, que tiene como destinatarios a hombres y mujeres empobrecidos, no solo de origen extranjero, sino también a personas de nuestro propio país. Prueba de ello es la constatación de las condiciones en que nuestros hermanos y hermanas son contratados laboralmente, con las consecuentes disminuciones de sus opciones de tener viviendas adecuadas, adquisición de servicios básicos, acceso al derecho humano de condiciones adecuadas en su salud.

Es deplorable que, en medio de lo que una realidad no prevista, y ante la que ningún grupo social podría haber actuado de forma previsora, surjan voces desde las que, con una negación casi absoluta de objetividad, aun cuando hoy se tiene acceso a tanta información calificada, se culpabilice a las personas migrantes y refugiadas como los grandes contagiadores, relevando la responsabilidad de otros actores que por intereses económicos reducen a las personas migrantes y refugiadas a simples medios de producción, ante los que no hay compromisos morales ni legales para preservarles su integridad.

La vida en plenitud (Jn 10,10) de una sociedad que tiene que ver con la salud como asunto público, demanda la corresponsabilidad para todos los miembros de la colectividad, y no puede ser concebida como privilegio de un sector social, en detrimento de las calidades de otro, que, por su origen o condición migratoria, lo excluye de la posibilidad de ser estimado como destinatario de las estrategias para preservarlos de los factores de riesgo. Como ha afirmado el papa Francisco, en el mensaje citado, es necesario conocer para comprender.

Para la Red Clamor Costa Rica la comprensión de la realidad de migrantes y refugiados, no es asunto intelectual, sino el desarrollo de actitudes de cuño cristiano que no requieren de permisos especiales, y que tampoco se dictaminan por decreto, sino que únicamente demandan volver la mirada hacia la presencia acogedora de un Dios que es padre de todos (Lc 11,2-4), que pide mostrar nuestra fidelidad a la Buena Noticia dada a conocer en su Hijo Jesucristo, para que pasemos por el tamiz de la misericordia todas nuestras acciones, asumiendo con rectitud evangélica que dar de comer al hambriento, saciar al sediento, vestir al desnudo, acoger al migrante (cf. Mateo 25, 31 ss), no es un compromiso a negociar, sino un estilo de vida solidaria que urge fortalecer.

Es oportuno y necesario que, como miembros de la familia humana, en estos tiempos aciagos de pandemia, tengamos claro que el cuidado es compromiso universal, y por ello tenemos que poner mucha atención en las poblaciones afectadas por el pecado social, porque “La construcción del Reino de Dios es un compromiso común de todos los cristianos y por eso se requiere que aprendamos a colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, las discordias y las divisiones. Y en el actual contexto, es necesario reiterar que: «Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas” (Papa Francisco, Día del Migrante y del Refugiado 2020).

Desde la Red Clamor invitamos a todas las personas que creemos en el Dios de la Vida, fuente del Amor generoso y sin prejuicios, a despertar nuestras conciencias, en este momento de la pandemia, comprender que los y las hermanas migrantes continúan pasando, ahora más que nunca, una situación dolorosa y difícil, la cual reclama un actuar desde la hondura de nuestra fe y desde la dulzura de la misericordia.

Todas las personas tenemos dignidad, independientemente de nuestro origen, y, en consecuencia, todos debemos cuidarnos y debemos ser cuidados. Dios nos auxilie en esta misión de preservar la vida para todos, y nos dé la gracia para comprometernos en ella.

San José, Costa Rica, 6 de julio de 2020

Suscriben.
Secretariado Nacional Pastoral Social-Caritas Costa Rica.
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Cartago
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Puntarenas
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Alajuela
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Arquidiócesis de San José
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Tilarán-Liberia
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de San Isidro El General
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Limón
JPIC Claretianos Costa Rica
JPIC Familia Franciscana Costa Rica
Pastoral de Jóvenes Migrantes Costa Rica
Servicio Jesuita para Migrantes (SJM Costa Rica)
Hermanas de la Caridad de Santa Ana
Hermanas Scalabrinianas Costa Rica

 

Compartido con SURCOS por Jaime García.

Agroindustria, condiciones laborales y derechos humanos – OPNA

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA), en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita a la conferencia: «Agroindustria, condiciones laborales y derechos humanos: conflictos históricos evidenciados por la pandemia» a realizarse el jueves 9 de julio a partir de las 6:00 pm, a través del canal de YouTube de la unidad académica: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg

Si quisiera enviar sus preguntas a los conferencistas, puede hacerlo al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr con las mismas o bien, hacerlas durante la actividad.

Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku regresa a la Corte Constitucional ecuatoriana para garantizar que se implemente el fallo de la Corte Interamericana

Ocho años después de la decisión del tribunal, la comunidad exigirá una vez más que el gobierno ecuatoriano cumpla con el fallo que exige la eliminación de explosivos enterrados en su territorio y la garantía de una consulta previa e informada gratuita de acuerdo con las normas internacionales y nacionales.

Quito, Sarayaku, 2 de julio: El 19 de junio de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador publicó su decisión de admitir una queja presentada por los pueblos indígenas Kichwa de Sarayaku en relación con el incumplimiento de una decisión de 2012 emitida por la Corte Interamericana de Derechos humanos. Lenin Moreno, Presidente de la República, César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional, Cecilia Chacón, Secretaria Nacional de Derechos Humanos, y el Dr. Iñigo Salvador Crespo, Fiscal General del Estado, deben responder por el incumplimiento de tres órdenes de reparación en el caso Sarayaku.

El caso comenzó en 1996, cuando el Estado de Ecuador otorgó una concesión para la exploración y explotación de petróleo a la compañía petrolera argentina CGC (Compañía General de Combustibles) en el territorio ancestral de la comunidad Kichwa de Sarayaku. Después de presentar múltiples quejas ante las autoridades nacionales, la comunidad indígena logró retrasar las actividades extractivas durante varios años.

Sin embargo, en 2002, miembros de CGC ingresaron por la fuerza al territorio de Sarayaku, custodiados por las fuerzas de seguridad militares y privadas. La compañía abrió caminos, utilizó explosivos y deforestó tierras, destruyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Cerca de 1.400 kilos de explosivos de pentolita fueron enterrados en su territorio, poniendo en grave peligro la vida del pueblo de Sarayaku y amenazando su acceso a una vida digna.

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador por violar el derecho a la integridad física de la comunidad de Sarayaku y poner en grave peligro su derecho a la vida. El Tribunal también determinó que el Estado violó los derechos del pueblo de Sarayaku a la consulta previa e informada gratuita, la propiedad comunitaria y la identidad cultural.

Ecuador aún no ha cumplido con la decisión de la Corte Interamericana sobre tres puntos clave: (I) la eliminación de los explosivos enterrados por la compañía petrolera CGC en el territorio de Sarayaku; (II) la garantía de una consulta gratuita previa e informada de conformidad con las normas internacionales antes de cualquier nuevo proyecto en el territorio de Sarayaku; y (III) la implementación efectiva del derecho a una consulta libre, previa e informada con la participación de las comunidades en la legislación ecuatoriana. Ante este incumplimiento persistente, Sarayaku presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional ecuatoriano.

La decisión de admitir la queja llega en un momento en que Sarayaku y otros pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana sufren los efectos de las inundaciones devastadoras que comenzaron en abril de este año, así como la propagación del COVID-19 entre las comunidades indígenas en la ausencia de asistencia del Estado.

Tupak Viteri, Tayak Apu (presidente) de Sarayaku, afirmó que a pesar de esta situación crítica, no abandonarán su lucha para garantizar que se implemente la decisión de la Corte Interamericana. «El Estado solo nos recuerda durante las elecciones, cuando quiere eliminar el petróleo de nuestro territorio o cuando ganamos un juicio», dijo.

La Corte Constitucional ahora debe ordenar la regulación de la consulta previa de los pueblos indígenas de conformidad con la Constitución del Ecuador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recientemente, el Ministerio de Minería anunció la adopción de un reglamento sobre consulta previa sobre minería que nuevamente no cumple con los estándares internacionales y los requisitos establecidos por la Corte Interamericana.

En los próximos días, según la ley ecuatoriana, la Corte notificará formalmente a los acusados sobre su decisión. Entonces, el Estado debe cumplir de inmediato o justificar su incumplimiento en una audiencia que se celebrará dentro de los dos días. Junto con sus representantes, el abogado Mario Melo y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el pueblo de Sarayaku solicita que la Corte priorice este juicio, dado que ya han esperado ocho años para que se implemente la decisión interamericana. También reiteran que el Estado ecuatoriano tiene la obligación internacional de actuar de manera efectiva e inmediata para abordar la crisis de salud y las inundaciones dentro del territorio de Sarayaku, en consulta con la gente, para garantizar su derecho a la vida y la salud

Para más información: Túpak Viteri, (Tayak Apu) tupamaruv@hotmail.com ; Mario Melo (Abogado de Sarayaku) melo.napi@gmail.com ; Viviana Krsticevic (CEJIL) vkrsticevic@cejil.org, Elsa Meany (CEJIL) emeany@cejil.org;

Más sobre Sarayaku aquí: https://www.amazonteam.org/maps/sarayaku-es/

La comunidad internacional debe actuar rápidamente para evitar la anexión del Valle del Jordán

La FIDH* condena la decisión de Israel, que cuenta con el apoyo explícito de los Estados Unidos, de continuar avanzando hacia la anexión ilegal del territorio palestino ocupado. Instamos a la comunidad internacional a intervenir de inmediato y a tomar todas las medidas a su alcance para evitar este intento ilegal de Israel.

El artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra protege firmemente los derechos inviolables de la población palestina de cualquier «anexión por esta última [la Potencia ocupante] de la totalidad o de parte del territorio ocupado.»

Además, la Resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exige la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados, mientras que la Resolución 478 (1980), establece que «todas las medidas y los actos legislativos y administrativos adoptados por Israel, la Potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén […] son nulos y carentes de valor y deben dejarse sin efecto inmediatamente».

La Resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas subraya una vez más que la implantación de asentamientos ilegales por parte de Israel constituye una «flagrante violación» del derecho internacional y «no tiene validez legal».

De conformidad con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional, todos los Estados deben abstenerse de realizar acciones que contravengan el derecho internacional o de prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación ilegal.

El continuado incumplimiento por parte de terceros Estados, que incluso forman parte del Consejo de Seguridad, de la obligación de adoptar y aplicar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación está teniendo un efecto gravemente perjudicial y de gran alcance en cuanto a la eficacia del derecho internacional. Aunque muchos Estados y organizaciones internacionales han condenado la inminente anexión, es imprescindible que los Estados adopten medidas positivas y significativas para hacer frente a la continua violación del derecho internacional por parte de Israel.

El incumplimiento de esta obligación supone legitimar la ocupación, consolidar el apartheid y permitir que continúen, cuando no aumenten, las violaciones de los derechos humanos de la población palestina, como advirtieron 47 expertos de la ONU en una declaración en la que instaban a la comunidad internacional a garantizar la rendición de cuentas ante una nueva anexión de territorio palestino.

Por consiguiente, la FIDH hace un llamamiento a la comunidad internacional y a los Estados para que, de forma tanto individual y como colectiva, adopten medidas concretas e inmediatas para poner fin a la prolongada ocupación israelí del territorio palestino ocupado y reafirmen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la unidad nacional e integridad territorial de Palestina, y en particular que:

  • rechacen la afirmación de Israel de soberanía sobre el territorio palestino ocupado;
  • reconozcan inmediatamente el Estado de Palestina y promuevan su plena incorporación a las Naciones Unidas;
  • Decidan y adopten sanciones económicas y otras medidas para evitar contribuir al desarrollo de los asentamientos israelíes y, por consiguiente, excluyan los productos de los asentamientos del mercado de los Estados, excluyan los asentamientos del ámbito de los tratados bilaterales y disuadan activamente a las empresas de mantener relaciones comerciales y de inversión con los asentamientos;
  • garanticen la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas de este conflicto.

*Federación Internacional por los Derechos Humanos https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/israel-y-palestina/la-comunidad-internacional-debe-actuar-rapidamente-para-evitar-la

Urge reglamentar la Ley 9859 contra la usura

Carta Abierta al Presidente de la República y la Ministra de Economía

Recientemente se emitió la ley contra la usura (número 9859). Urge ahora que, sin dilación, se emita el reglamento respectivo, y que este incorpore criterios técnicos y paramétricos que garanticen una protección efectiva de las personas consumidoras. Ello motiva esta carta abierta que, desde el grupo Economía Pluralista, enviamos al presidente Alvarado y a la ministra Hernández de Economía.

San José, viernes 3 de julio de 2020

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República

Señora Victoria Hernández Mora
Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Excelentísimo señor Presidente y muy distinguida señora Ministra:

         Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes mediante esta misiva abierta con el propósito de realizar un llamado o exhortativa pública, y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra preocupación cívica e independiente con relación al cumplimiento pleno de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969; específicamente en lo referente al artículo 21 y su párrafo tercero, el cual textualmente indica: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”. Lo anterior en concordancia con el artículo 243, de la Sección Segunda de la Ley N. 4573 o Código Penal. Esperamos, por lo tanto, que, en forma coherente con lo antes indicado, la Ley 9859 recientemente sancionada sea reglamentada, sin dilación alguna.

Con relación a la Ley 9859 o Ley de adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quarter, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la ley 7472 o Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, coincidimos con quienes consideran urgente que se proceda a su pronta reglamentación. Ello de conformidad con los establecido en el artículo 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política, según el cual ése es un deber y una atribución que corresponde conjuntamente al Presidente de la República y al respectivo Ministro de Gobierno.

Entre los temas que requieren ser reglamentados se encuentra el concepto de Tasa de Interés Efectiva, sobre el cual ya existe camino andado. Mediante el Acuerdo SUGEF 10-07, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el término Tasa de Interés Efectiva se cita en el Artículo 9, del Acta de la Sesión 652-2007, celebrada el 11 de junio del 2007 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 123 del 27 de junio del 2007, que comenzara a regir desde esa fecha. De esa forma, el Reglamento sobre Divulgación de Información y Publicidad de Productos y Servicios Financieros, define claramente el instituto de la Tasa de Interés Efectiva como una variable de suma utilidad para comparar el costo efectivo de los créditos que ofrecen las diferentes entidades y es determinante para la certidumbre en la toma de decisiones de las personas usuarias de productos financieros.

El hecho de contar con una definición de Tasa de Interés Efectiva y los conceptos que deben incluirse en la misma es de suma importancia, no solo como remedio frente al agravio histórico y la deuda moral y normativa pendiente que es la usura, sino para la corrección de las asimetrías de información, lo cual afecta sobre todo a las personas usuarias más vulnerables. Esperamos que ese concepto quede formulado en forma claro y coherente, sin generar contradicción entre diferentes normas reglamentarias. De allí la importancia de utilizar la misma definición en el nuevo Reglamento.

         Igualmente, y con todo respeto, deseamos hacer notar al señor Presidente y la señora Ministra, la urgencia de contar a la brevedad posible con un Reglamento que permita dar cumplimiento pleno a una obligación rezagada por más de 50 años, para castigar el flagelo de prácticas lesivas y usurarias, perpetuadas por la ausencia de una referencia paramétrica con rango legal. Es también menester poner en vigencia el reglamento a fin de que los diversos actores sociales y personas que tienen interés en la determinación de la tasa de interés máxima a cargo del Banco Central, puedan realizar una adecuada aplicación de la ley.

         Exhortamos a ustedes, señor Presidente y señora Ministra, para que se ejecute la potestad reglamentaria y para que se indique a las entidades crediticias, el deber de acatamiento del principio de legalidad derivado de la Ley 9859, según el cual los oferentes y colocadores de crédito deberán inmediatamente adecuar todos aquellos contratos de crédito actuales y sucesivos. Esto implicará que se ajusten a los parámetros tope para los créditos en general, a partir del 20 de junio de 2020, en cumplimiento irrestricto de la ley.

         Reiteramos a ustedes que el ejercicio que anima la presente comunicación, lo realizamos en un marco de profundo respeto, que estimamos fundamental para la vigencia del Estado de derecho. Agradecemos de antemano la receptividad característica de la institucionalidad, su anuencia y apertura ante las demandas que surgen de la preocupación de la población en general y en particular sobre este tema, de relevancia histórica.

         Atentamente,

Por el Grupo Economía Pluralista

Luis Carlos Olivares Martínez

Luis Paulino Vargas Solís

Daniel Vartanián Alarcón

Ana Rosa Ruiz Fernández

Fernando Rodríguez Garro

Renzo Céspedes Vargas

Henry Mora Jiménez

María Leonela Artavia Jiménez

Jeannette Cordero Gamboa

Welmer Ramos González

Bernardo Aguilar González

Rosberly Rojas Campos

Osvaldo Ureña Jiménez

Pablo Abarca González

María Fernanda Vega Solano

Hugo Cascante Mico

Greivin Salazar Álvarez

Giovanni Beluche Velásquez

Mario Devandas Brenes

Montserrat Ruiz Guevara

Edwin Zamora Bolaños

Jorge Arturo Chaves Ortiz

Martín Gerardo Murillo Córdoba

 

 

¡Vamos a hacer una comunidad LGBTIQ tóxica!

Luis Rojas Herra (Pherra Divancci)

El 26 de mayo entró en vigencia la ley de reforma sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica, antes de esa fecha y desde el inicio de la declaración de Estado nacional de crisis sanitaria producida por el covid-19, las siglas LGBTIQ[1] no habían sido mencionadas por ningún medio de comunicación hegemónica en el país.

Desde el inicio de la crisis sanitaria se visibilizó una intensa campaña de propaganda promovida por los medios de comunicación hegemónica, para impulsar un discurso tergiversado de sororidad que garantizaba beneficiar a todos los ciudadanos por igual.

A pocas horas de entrar en vigencia el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario los discursos solidarios con la homofobia, el clasismo y la desigualad no se hicieron esperar por parte de una sociedad blanqueada, heterosexualizada que sentía en riesgo de perder sus privilegios.

A pesar de los discursos de odio y las actitudes políticamente incorrectas hacia la “comunidad LGBTIQ” que ejerció esta parte de la población, un grupo de “activistas”, que se hacen llamar promotores de los derechos humanos, siguen insistiendo en adquirir migajas de lástima, disfrazadas de respeto, por parte de este sector de la población.

Mismos promotores de los derechos humanos que se encargan de elevar una imagen de “comunidad LGBTIQ” al beneficio del régimen heteronormativo. Sin reconocer la gran desigualdad y violencia estructural que atraviesa el cuerpo y los afectos de las personas que constituyen esas 6 siglas.

Nuestra “comunidad LGBTIQ” ha sido construida por Lesbianas y homosexuales (LG) privilegiados, bajo principios individualistas y que trata de sostenerse de la explotación y desigualdad de las otras 4 letras (BTIQ).

Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se junten para proponer y construir propuestas que den respuesta para acabar o trans-formar la desigualdad producida por la discriminación.

Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como trans-formar los sentimientos de superioridad producida por la discriminación entre las mismas personas del colectivo LGBTIQ.

Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como trans-formar la desigualdad de oportunidades y condiciones laborales producida por la discriminación hacia las personas LGBTIQ.

Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como erradicar las herramientas afectivas heredades de la heteronormatividad, para producir las nuestras y trans-formar los vínculos afectivos tóxicos para aprender a relacionarnos de una forma más sana entre nosotrxs mismxs. Es en ese momento que podremos empezar a hablar de nuestro propio tejido social.

Cuando ese momento llegue, podremos empezar a llamarnos “comunidad” por merito propio. Hasta el momento la palabra comunidad es un mito construido por un grupo de homosexuales y lesbianas privilegiadas que se ven y viven como heterosexuales por que el capitalismo les favoreció y no piensan trans-formar la estructura que les genera sus privilegios.

Como ejercicio crítico sobre la conciencia de mis privilegios y por la posibilidad que me permite la escritura para gestionar otras recursos epistémicos y lingüísticos les invito a hacer[2] una comunidad LGBTIQ tóxica, yo empiezo:

  • Yo soy el chico gay masculino que no soporta a los hombres afeminados.
  • Yo soy el chico gay que no sale con personas que viven con diagnóstico positivo VIH.
  • Yo soy la chica lesbiana afeminada que no soporta a las mujeres masculinizadas.
  • Yo soy la chica lesbiana que piensa que las ITS solo se le pegan a los homosexuales.
  • Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que no se identifica con el “ambiente gay” por que es muy promiscuo, lleno de drogas y fiestero.
  • Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que no construye relaciones afectivas con bisexuales por que son más propensos a ser “infieles”.
  • Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que piensa que los bisexuales están confundidos, solo son personas que no se lxs han cogido bien aún.
  • Yo soy la persona diversa que promueve el ¨cuido propio¨ con un estilo de vida saludable. Por eso voy a un centro de acondicionamiento físico, que me cobra en dólares, y me alimento con comida artesanal que compro en barrio de moda de la ciudad donde vivo. Y me tomo muchas fotos con el fin de compartir mi estilo de vida sano por mis redes sociales.
  • Soy el que se autodenomina queer por moda del imperialismo occidental y colonial.
  • Soy el chiquito privilegiado que se pinta las uñas, usa falda y cree que es revolucionario.
  • Soy la persona que piensa que de verdad existen las “feminazi”.
  • Yo soy el homosexual y la lesbiana joven que se desentiende de las personas de la “comunidad” envejecidas viviendo en condiciones de olvido y precarización.
  • Yo soy el cliente que le pide rebaja al scort o a la puta por su trabajo.
  • Yo soy el cliente que agrede y abusa del scort y de la puta por su trabajo.
  • Yo soy el cliente que paga más si el scort y la puta acceden a negociar el uso del condón durante la penetración.
  • Yo soy el cliente que se va sin pagar lo acordado.
  • Yo soy el gay musculoso que vive con ansiedad si no tengo la aprobación de mi belleza de los likes de Instagram en cada una de mis fotos sin ropa.
  • Yo soy el gordo que vive con ansiedad por que no tengo likes en Instagram.
  • Yo soy el “poco algo” que vive para alimentar el ego y la soberbia del gay musculoso.
  • Yo soy la persona hermosa que utiliza su belleza para subordinar a otrxs.
  • Yo soy la persona fea que me dejo subordinar por la persona hermosa.
  • Yo soy la persona queer de-construida que solo puede construir relaciones románticas e idealizadas.
  • Yo soy la persona queer de-construida que desea constituir familia tradicional y reproducirse.
  • Yo soy el homosexual y la lesbiana privilegiada que piensan que el matrimonio igualitario es la solución a todos los problemas de desigualdad que tenemos en la comunidad.
  • Yo soy el homosexual y la lesbiana privilegiada que piensa que la persona es podre porque quiere.
  • Yo soy el activo que espera que el pasivo “siempre” este listo. Porque un ¨buen pasivo” tiene el culito limpio por naturaleza.
  • Yo soy la persona que conocí por Grindr pero que me enfado cuando la otra persona cambia de opinión y ya no quiere tener penetración.
  • Yo soy el hombre que coge a pelo con otros hombres porque se siente más rico, y luego se coge con su esposa o a su pareja que vive engañada siendo monógama.
  • Soy la persona que no demuestra afecto a otras personas del mismo sexo en público porque piensa que hay que “respetar” a los heterosexuales.
  • Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi presencia discriminan a alguien por ser diverso, sobre todo si es feo.
  • Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi trabajo se expresan de manera discriminatoria sobre lo que es ser gay o lesbiana.
  • Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi familia critican de manera discriminatoria mi “Estilo de vida” por ser gay o lesbiana.
  • Yo soy el dueño del bar gay que no les brinda garantías sociales a sus empleados.
  • Yo soy el dueño del bar gay que no paga salarios dignos a las Drags.
  • Yo soy el dueño del bar gay que explota con largas jornadas laborales, bajos salarios y sin garantías sociales a sus empleados. Y además los obligo a que se quiten la camisa.
  • Yo soy el dueño del bar gay que no deja entrar a mujeres trans al bar.
  • Yo soy el dueño del bar gay que no emplea personas trans en el bar.
  • Yo soy el dueño del bar ¨gay friendly¨ que deja que abusen sexualmente a mujeres en los baños.
  • Yo soy la organización LGBTQ que trabaja con hombres que tienen sexo con hombre (HSH). Pero que no atendemos hombres trans, porque ellos no son hombres.
  • Yo soy la organización LGBTQ que trabaja con mujeres trans que solo aceptamos chicas trans que den lástima por su condición de extrema vulnerabilización para así poder conseguir fondos internacionales.
  • Soy el activista LGBTIQ que lucra con el dolor y la miseria de los demás.
  • Soy el activista LGBTIQ que solo quiere figurar y levantar culitos.
  • Soy el empresario que lucra con el “Pride”
  • Soy el empresario que lucra con la “Expo Boda Gay”
  • Soy la cámara de comercio diversa Costa Rica.
  • Soy la inmobiliaria que se promociona gratis del “Pride”
  • Soy la marca registrada que se posiciona con el “Pride”
  • Soy la empresa privada que lucra con el “Pride”
  • Soy el político que hace populismo con el “Pride”
  • Soy parte de la junta directiva (personería jurídica) que privatiza y organiza el “Pride”.
  • Yo soy la clase de persona que mientras no me toquen mis privilegios, el resto de las personas me valen verga.

Sigue usted…

[1] LGBTI utilizadas por un grupo hegemónico heterosexualizado y privilegiado para categorizar las personas que se enuncian de la disidencia del régimen heteronormativo.

[2] Durante la cuarentena se viralizaron una seria de memes que tenían como dinámica construir situaciones o espacios bajo la categoría tóxico. Donde las personas podían contribuir agregando a la lista nuevas situaciones o características.

La Federación Sindical Mundial (FSM) denuncia ante la ONU y la OIT la represión en EE.UU

El Secretariado de la FSM emitió el siguiente comunicado de protesta a la ONU y la OIT ante la represión que ejerce el gobierno de EEUU contra los manifestantes.

La Federación Sindical Mundial (FSM), en representación de más de 100 millones de afiliados que viven, trabajan y luchan en 130 países de todo el orbe, expresa su enérgica protesta ante la represión brutal desatada por el estado de EEUU contra los trabajadores y el pueblo del país que está en las calles para protestar contra el racismo, la represión y la violencia policial durante los últimos días.

Estas marchas, que estallaron como una justa expresión de la indignación del pueblo y los trabajadores de EEUU tras el asesinato por policías de George Floyd, afroamericano de 47 años, están siendo reprimidas brutalmente por las autoridades estadounidenses, tanto federales como estatales. Al mismo tiempo, mientras que los asalariados, los desempleados y los pensionistas de EEUU sufren las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en un país con carencias terribles de material médico, ventiladores e infraestructuras de salud pública, los líderes de EEUU prefieren intensificar la represión contra el pueblo que protesta.

Hasta el momento, se han registrado más de 5.600 detenciones que ocurrieron en cientos de protestas celebradas en más de 80 ciudades importantes en los dos tercios de los estados del país; al mismo tiempo, muchas quejas de organizaciones internacionales denuncian métodos de represión militarizada sin ningún precedente, mientras que las fuerzas policiales están utilizando equipamiento anti-disturbios de gran potencia y armas de uso militar que incluyen porras, gas lacrimógeno, aerosol de pimienta y proyectiles de goma contra manifestantes, transeúntes o incluso periodistas. Además, entre los miles de quejas presentadas contra la conducta de los departamentos de la policía durante los últimos días, se ha denunciado que en Nueva York, coches de la policía atropellaron a varios manifestantes.

Esta ferocidad sin precedente y la violencia brutal empleada por las fuerzas de represión estadounidenses constituyen una provocación contra el movimiento sindical internacional que se agrupa en las filas de la FSM; constituyen también una infracción manifiesta de cualquier noción de derechos civiles y de libertades democráticas según ratificadas y reconocidas mediante convenios internacionales.

En ese sentido, la FSM expresa su profunda preocupación por la necesidad de proteger a los trabajadores que protestan así como por la violación del derecho del pueblo estadounidense a reunirse, celebrar reuniones públicas y manifestaciones, especialmente si se toman en consideración muchas de las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT así como varios documentos internacionales fundamentales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

La FSM llama a las organizaciones internacionales a asumir acción directa e iniciativas concretas para investigar fenómenos de violencia racista y represión contra los trabajadores estadounidenses, investigando substancialmente las quejas contra la arbitrariedad policial. Por nuestra parte, nos comprometemos a internacionalizar el asunto y emprender cualquier iniciativa necesaria a nivel institucional para proteger la vida, la salud y los derechos de los trabajadores.

El Secretariado de la FSM

 

Enviado a SURCOS por Luis Chavarría, UNDECA.