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Etiqueta: derechos humanos

Llamado a respetar derechos de población migrante en situación irregular

Escrito en . Publicado en Derechos.

09 de junio de 2020
San José, Costa Rica

Llamado a las autoridades y población a respetar los derechos de la población migrante en situación irregular al implementar medidas extraordinarias para atender a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha requerido de un esfuerzo conjunto y significativo por parte de las autoridades costarricenses, con el fin de mitigar sus consecuencias de manera efectiva. Dentro de los esfuerzos más significativos, destacamos la decisión de brindar atención médica costeada por el Estado a todas aquellas personas habitantes en el país que, aún sin seguro social y sin capacidad de pago, presenten síntomas asociados al COVID-19.1

La Clínica de Migración, Refugio y Protección Internacional de la UCR; REDNAM y las organizaciones y proyectos de acción social de la UCR suscritos reconocemos el buen trabajo realizado por las autoridades costarricenses en la atención de la emergencia. En línea con lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades para que, en atención a la tradición de humanidad y solidaridad que ha destacado a Costa Rica a nivel mundial como un país líder en la promoción y respeto de los derechos humanos; se garanticen los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerabilizadas, en particular de la población migrante en situación irregular que reside en nuestro país con anterioridad a la crisis actual.

Las personas indocumentadas habitantes de Costa Rica se encuentran sujetas a la jurisdicción nacional, y como tales están protegidas por el ordenamiento jurídico costarricense y el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, recordamos:

  1. Que todas las medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis sanitaria deben ser temporales, legales, ajustadas a los objetivos definidos, basadas en criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales al fin perseguido, de conformidad con la declaración 1/20 de la Corte IDH y los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.2
  2. Que las circunstancias personales pueden agravar en mayor o menor medida el impacto negativo de las medidas extraordinarias que se adopten para atender a la población. En decir, antes de tomar una medida concreta, las autoridades están obligadas a realizar una evaluación de impacto sobre los derechos humanos y trazar un plan de mitigación de los efectos negativos.3

En este sentido, es un hecho público y notorio que en el país residen personas migrantes en situación irregular desde hace años, muchas de las cuales ya se han integrado a las comunidades e incluso tienen vínculos con personas costarricenses protegidos por la legislación. Situación que se presenta particularmente en las zonas fronterizas de nuestro país.

Al tomarse medidas como el fortalecimiento de los controles migratorios, el Estado Costarricense debe valorar cuidadosamente la situación de cada persona, sus vínculos familiares y su arraigo en el país para no aplicar sanciones desmedidas que puedan afectar la seguridad económica, alimentaria y la unidad de un núcleo familiar. De igual manera, se debe considerar que, actualmente las autoridades migratorias no están recibiendo nuevas solicitudes de regularización migratoria, por lo que debe existir un marco de tolerancia para quienes no han podido realizar dichos trámites.

Recordamos que se deben garantizar las condiciones mínimas para que la población migrante en situación irregular pueda vivir dignamente y sin discriminación en medio de esta pandemia. En este sentido, nos parece consecuente la decisión de las autoridades costarricenses de no obligar a los concesionarios de transporte público a solicitar cédulas o documentos migratorios para abordar autobuses en la Zona Fronteriza Norte. Sin duda alguna, esta medida -además de ser ilegal por delegar una potestad de imperio en particulares no preparados ni formados para tal efecto, en virtud de una instrucción administrativa- pudo tener un efecto sumamente negativo, injustificado y desproporcionado en el acceso al trabajo, alimentación y salud de la población migrante en situación irregular que reside en dicha zona.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación ante la decisión del Área de Salud de Los Chiles de imponer a sus médicos y demás personal de salud la obligación de solicitar la presencia de Fuerza Pública y/o autoridades de migración para brindar atención a pacientes indocumentados que se apersonen a los centros de salud; para luego dejarles a merced de dichas autoridades. Esto en contravención al Código de Niñez y Adolescencia, la Ley general de Salud, la Directriz 10- MP-MIDEPLAN-MTSS-MSP-MGP-MRREE y la Dirección ACE-157-08-2018 de la Dirección de Coberturas Especiales de la CCSS, entre otras.

Es importante mencionar que, dado el contexto socioeconómico de la Frontera Norte, esta medida tendrá un efecto contraproducente, ya que la población migrante evitará presentarse a los centros de salud por temor a ser deportada. Provocando así que, en casos de contagio de COVID-19 o emergencias, la población no cuente con la atención y cuidados necesarios, lo que a su vez aumenta el riesgo de transmisión comunitaria.

Por otra parte, recalcamos que el condicionar la atención de un asunto de salud en razón de la situación migratoria de una persona va en detrimento del derecho a la vida, bien jurídico por excelencia y ampliamente tutelado por el Estado costarricense.

  1. El compromiso internacional de respetar el principio de no devolución consagrado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, instamos a las autoridades costarricenses a realizar un examen pormenorizado de las personas que son identificadas y/o aprehendidas por ingreso y/o permanencia irregular en el país, con el fin de determinar si están o no en necesidad de protección internacional; y tomar las medidas correspondientes en cada caso.
  2. Instamos a las autoridades a prestar atención y accionar según corresponda ante las violaciones a derechos laborales, DDHH y medidas sanitarias en el marco de la pandemia, cometidas por distintas empresas piñeras, bananeras y de otros monocultivos, alrededor del país; las cuales afectan particularmente a población migrante en situación irregular como principal fuerza trabajadora.
  3. El núcleo duro de derechos humanos de los habitantes del país y los compromisos adquiridos en el plano internacional por Costa Rica deben ser respetados aún en tiempos de emergencia sanitaria.

Finalmente, aprovechamos este comunicado para hacer un llamado a la población en general para que respeten la dignidad de las personas y se abstengan de llevar a cabo manifestaciones de xenofobia, racismo y otras formas de discriminación. Se debe recordar que Costa Rica no solo ha sido tradicionalmente receptora de población migrante, sino que existe una diáspora de personas costarricenses que se encuentra viviendo los embates de la pandemia fuera del país y a los cuales deseamos se les trate en un marco de respeto y no discriminación.

Suscriben,

Clínica de Refugio, Migración y Protección Internacional.
C.D.L Centro de Derechos Laborales sin Frontera de Costa Rica
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho.
CIDEHUM Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes.
Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Asociación ENLACES nicaragüenses.
ACCEDER
Ni una MENOS Costa Rica.
Akelarre Impro.
Colectiva Caminando.
Chancha Negra.
Volcánicas.
Ditsö Costa Rica.
VOCES FIERAS.
GuanaRED.

Proyectos de Acción Social de la UCR

TC-738 Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante en Costa Rica.
TC-723 Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada más allá de las fronteras.
ED-3461 Migraciones y Derechos Humanos, construcciones conjuntas.
TC-652 Migrantes como sujetos políticos: Nuevas vías de expresión.
TC-480 Fortalecimiento de la protección de la población refugiada y migrante vulnerable.
EC-526-Desarrollo de capacidades comunicativas en las comunidades del Pacífico Central.
EC-527- Aportes comunitarios para la construcción de la democracia participativa.
1 CCSS, Oficio GG-0733-2020, 20 de marzo de 2020.
2 DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20 9 DE ABRIL DE 2020, disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.htrn1
3 130. La Corte ha sostenido que «en el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación cie la situación y un plan de acción previo a su intervención» Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, para. 130.

 

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Repudiamos y condenamos el asesinato del abuelo Ajq’ij Domingo Choc Che

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las organizaciones y personas firmantes de este pronunciamiento, nos sentimos consternados e indignados ante el asesinato del sabio abuelo Ajq’ij Domingo Choc Che. El hecho de quemar vivo a una persona es una expresión de saña, crueldad, maldad y falta de los mínimos principios de respeto a la vida del ser humano. Se sabe que desde meses atrás, se murmuraba en el ambiente de la comunidad el señalamiento de brujo al Tat Domingo. Este es el argumento o la causa aducida por la turba asesina. Ya no es extraño que gente de la misma comunidad, que por paradigmas de pensamiento judeo cristianas, cultura bíblica monoteísta, que llevada al fanatismo religioso lleguen a cometer estos actos delictivos.

Tat Domingo Choc Che era un padre de familia, un comunitario, trabajador, experto en el conocimiento de hierbas – plantas medicinales en su uso ancestral, su especialidad en la ciencia maya era Aj Ilonel. Pertenecía al Concejo de Guías Espirituales Mayas Releb’aal Saq’e’ y formaba parte de un equipo de científicos guatemaltecos y europeos, quienes trabajan en proyectos de investigación con la Universidad de Zurich, Suiza, el University College London, en Inglaterra, y la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, él era una persona de reconocida trayectoria en su comunidad, en su región y a nivel internacional.

La cultura maya es holista, en ese marco los conocimientos de plantas y de ceremonias curativas son expresiones conjuntas, por eso el abuelo Domingo era Aj-ilonel y Ajq’ij a la vez, porque para trabajar con las plantas debe estar en comunicación con el aire, agua, fuego y tierra, así como con los antepasados. Seguramente más de alguna vez, sus asesinos o sus hijos fueron atendidos por el Tat Domingo.

Sin embargo, el sábado 06 de junio, Junlajuj K’at, en la comunidad Chimay, del municipio de San Luis Petén, bajo la acusación de ser “brujo” el Tat Mingo fue quemado vivo. El corrió como una antorcha humana, sus agresores le siguieron y le impedían refugiarse, hasta que cayó y murió calcinado. La existencia de videos y su viralización son pruebas de los hechos que ponen en evidencia a los responsables materiales de este abominable crimen. Para sus hechores murió el brujo, pero para nosotros, Tat Domingo se transformó en una nueva estrella de luz, de vida, de verdad y justicia. El estará en nuestras invocaciones y en nuestras ceremonias. Nadie va a poder impedirlo.

La persecución y criminalización de los especialistas de los conocimientos de la cultura maya, no ha cesado. Se inició desde la colonia. Invasores y doctrineros, en nombre de dios, de la iglesia y del rey de España apresaban, lapidaban y asesinaban a las abuelas y los abuelos Ajkun, Iyom, Ajq’ij y otros. Además, quemaron los libros, papiros y pinturas, obras maestras de nuestras abuelas y abuelos. Durante el conflicto armado interno, en los años de 1980, el alto mando del ejército, en su estrategia contrainsurgente, vinculó brujería con apoyo a la guerrilla, de esta manera justificó la criminalización, persecución, tortura y asesinato de grandes abuelas y abuelos, sabios de la cultura maya. Esto ha quedado en el imaginario social y no se erradica cuando las instituciones estatales centralizadas, autónomas o semiautónomas y la sociedad civil relacionadas a la educación no adoptan en sus políticas la enseñanza y el respeto de las características de las ciencias de los pueblos indígenas que no desligan espiritualidad de los conocimientos, porque se trata de la vida misma.

El asesinato de Tat Domingo Choc Che, es una muestra más que la discriminación, el racismo y xenofobia están presentes en los distintos ámbitos de la sociedad guatemalteca, las cuales, no son erradicadas sino siguen siendo una deuda histórica del trabajo institucional del sistema educativo, los medios de comunicación social, iglesias, sectas, sistema político, sistema de justicia, entre otros.

El reconocimiento del valor científico de los conocimientos mayas y de los demás pueblos indígenas están plasmados como compromisos del gobierno en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Asi mismo en este Acuerdo de Paz, el Estado de Guatemala, reconoce la existencia y la práctica de la discriminación y el racismo, acepta que en tanto no se erradique el mismo, jamás este país podrá progresar. El progreso de los mayas es progreso del país.

En la cultura Maya, ser Ajq’ij o Aj Ilonel implica una misión de vida para los cuales se desarrollan cualidades extraordinarias para preservar y transmitir los conocimientos ancestrales maya en distintos campos de la vida a las nuevas generaciones. La persona Ajq’ij va canalizando los conocimientos de acuerdo a las necesidades de las personas o de las comunidades, por ello, la o el Ajq’ij es considerado protector y maestro de la comunidad. Rol que le es disputado por el catequista, el pastor, distintos líderes sociales, maestros, entre otros.

La matanza de guías espirituales mayas, ha representado una catástrofe en la vida del Pueblo Maya, porque se aniquilan a los referentes históricos de los conocimientos y las prácticas propias. Esta pérdida ha dejado un vacío en los principios, valores y normas de vida maya. Vacío que ha sido ocupado por sectas fundamentalistas de las religiones católica y evangélica, las cuales han proliferado en las comunidades. En la actualidad hay católicos y evangélicos que critican a los que practican la espiritualidad maya, cuando miran velas rojas o negras, las califican como los colores del diablo. Una concepción contraria en la filosofía y cosmovisión maya, pues estos colores corresponden a una visión y ubicación en el cosmos, pero la ignorancia y el fanatismo religioso los ha llevado a descalificar y justificar sus actos represivos, vandálicos y asesinos, como sucedió en contra de Tat Domingo Choc Che, que para los mayas es el sabio abuelo.

En Guatemala, la religión constituye un aspecto fundamental en la vida de la mayoría de los guatemaltecos, y aunque las tendencias religiosas han cambiado a través del tiempo, en la actualidad la iglesia católica y la evangélica son quienes cuentan con el mayor número de seguidores, en consecuencia, su gran responsabilidad en la transformación del fanatismo religioso en nuestra sociedad, para que las creencias contribuyan al bien común y no al sectarismo.

ANTE ESTE ASESINATO, DEMANDAMOS:

A las organizaciones de la sociedad civil, indígenas y no indígenas para que se pronuncien sobre este hecho deleznable, que atenta contra la dignidad humana y cualquier principio básico de Derechos Humanos. Que unamos nuestras voces para exigir justicia pronta y cumplida; en conjunto erradiquemos la discriminación, el racismo y la xenofobia en contra de los pueblos indígenas.

A los medios de comunicación social para que informen la verdad y contribuyan a detener una escalada de persecución en contra de los Aj Ilonel, Aj Iyom, Aj Q’ijab’ y demás abuelas y abuelos conocedores y especialistas en los distintos campos de la ciencia desde su cosmovisión maya. A las universidades, centros de investigación y otros, que concreten en sus programas de enseñanza los conocimientos indígenas como ciencia, con la participación de los sabios mayas, no más extractivismo de los conocimientos ancestrales mayas. A las universidades con quienes trabajaba el Tat Domingo Choc Che que apoyen a la familia mediante asesoría legal y otros mecanismos que estén a sus alcances, para resguardar la integridad física y espiritual de los miembros de la familia Choc Che.

EXIGIMOS

Al Gobierno del Dr. Giammattei definir con la participación de organizaciones de Ajq’ijab’ algunas políticas de seguridad para el ejercicio de la espiritualidad maya en cualquier centro ceremonial, ya sea en espacios privados o en espacios públicos.

Al sistema de justicia – MP, PNC y OJ – para que en forma inmediata realice las investigaciones in situ para recoger las evidencias, aprehender a los responsables y ligarlos a proceso penal para que respondan por el asesinato del Tata Domingo Choc Che. Exigimos justicia al Sistema de Justicia Estatal de Guatemala para que la herencia colonial no siga haciéndole daño a nuestra gran civilización maya.

A la Conferencia Episcopal de Guatemala, a la Alianza Evangélica y otras instancias de autoridad de las distintas denominaciones religiosas cristianas para que en conferencia de prensa u otros espacios públicos orienten a sus feligreses en los distintos territorios para que respeten a los guías espirituales mayas y la realización de sus ceremonias. No más atentados contra la vida de Ajq’ijab’ causado por el fanatismo religioso.

A la PNC, que con urgencia ingrese a la comunidad y brinde protección a los miembros de la familia de Tat Domingo, porque los responsables del vil asesinato están y son de la misma comunidad y buscarán asediar y amenazar a los miembros de la familia, para que eviten realizar las denuncias pertinentes de caso.

A la Procuraduría de los Derechos Humanos, que de oficio sea querellante adhesivo en el caso, para garantizar la imparcialidad y objetividad de la aplicación de justicia, de esta manera evitar que se engavete y que quede en la impunidad.

¡ ILONEL DOMINGO CHOC CHE ¡ ¡ VIVE ¡

WA’ MINGO, WANKAT SA’ QACH’OOL, JUNELIK.

Iximulew, Jun Kej

Guatemala, 09 06 2020

Personalidades firmantes:

Otilia Lux de Cotí, Excomisionada de la CEH. Juan León Alvarado, Exembajador de Guatemala. Dr. Abadio Green Stocel, Sabedor del Pueblo Gunadule y reconocido sabio por la UNESCO, Profesor Universitario, Expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Angel Canil Grave, Representante Legal de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Marta Juana López Batzín, Exviceministra Técnica de Educación y Docente, Escuela de Historia, USAC. Jorge Raymundo Velásquez, Exviceministro de Educación y Educador. Pablo Ceto de Universidad Ixil. Ajq’ij Edgar Choguaj. Inés Pérez, Maya Kiche’. Ajq’ij Pedro Us. Francisco López Choguaj, Trabajador Social. Angel Bunch, Antropóloga, Defensora en Derechos Humanos. Ajq’ij Marcos Ajpacaja. Claudia María Quintanilla, Arqueóloga. Ajq’ij Vilma Beatriz Morales Hernández. Esmeralda Cajas Cuestas, Abogada y Notaria, activista socio-política. Ajq’ij Adalberto Hernández López, San Antonio Aguas Calientes. María de los Angeles Veliz, estudiante de USAC. Ajq’ij José Yac Noj. Josefa Barreno Morales y Ronaldo Gabriel Pedro Pedro, Santa Eulalia, Huehuetenango. Lorenzo Saban, Alcaldía Indígena de Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez. Carmelita Ixcol Mus, Psicóloga Social. Hermelinda Magtzul y Lilian Juárez de Kaqla. Pedro Martínez, Magdalena Milpas Altas. María Cruz de energía Vital. Jorge David Julajuj Chamalé, estudiante de la Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con énfasis en la Cultura Maya. Sandra Colaj, estudiante de la licenciatura en Antropología y maestra de educación básica. Fernando Boc, egresado Usac. Gladys Bala, Docente, Escuela de Trabajo Social, Usac. Sandra Yoc, egresada de Escuela de Trabajo Social, USAC. Delfina Solloy del Concejo de Guías Espirituales Wajxaqi’ B’atz’, Sumpango. Verónica Ixen, Patzún, Chimaltenango. Ajq’ij Juana Vásquez Arcón y Ajq’ij Juan Zapil de Komon Ajq’ijab’. Ajq’ij. Mario Marroquín de Chilam B’alam de los K’iche’s. Ajq’ij Rodrígo Chub Ical, Alta Verapaz. Domingo Barreno Morales, Catarina Barreno Morales y Petronila Barreno Morales, Chupol, Chichicastenango. Autoridades Ancestrales Chajoma’ de Chuarrancho, Guatemala. Vicenta Reynoso Tzoc, Ajq’ij Maya K’iche’. Santos Gómez, Ajq’ij Maya k’iche’. José María Tol Chan, Ajq’ij Maya k’iche’. Lidia Elizabeth Florián, docente-investigadora, USAC. Alicia Catalina Herrera Larios, K’amalb’e. Licda. Myriam Bojorques, Docente, Trabajo Social, USAC. Licda. Giglia Canessa, Universidad del Valle de Guatemala. Byron S. Morales Dardón, politólogo. Ajq’ij E. Alberto Ramos Lz de IMAGUAC. Ramiro Batzín, Sotz’il. Juan Diego González. Dr. Roberto Cabrera, activista socio político, Director Adjunto de IEPADES. Dionicio Canahui, maya Achi’. Dr. Vitalino Similox y Nora Coloma, Maya’ kaqchikel Nimatijob’al. Secil Oswaldo de León, Profesor Universitario. Chnab’jul K’amalb’e Sikya Tz’unun. Carlos Chex. Obispo Rosales, Director de PLFM. Medarda Castro, maya Tz’utujil. Héctor Tuy. Ixkot, Armonía y Conocimiento.

Organizaciones firmantes:

 

Enviado a SURCOS por Casilda Sancho.

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Experta de la ONU: “Impunidad impide protección efectiva de las personas defensoras indígenas”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

GINEBRA (8 de junio de 2020) Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”.

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.

Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

 

Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera y por Henry Picado.

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“Selma”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

-desfilar contra el racismo en Alabama-

Aquí y ahora, la pantalla es el maestro
que descubre la historia y subraya sus lecciones

Gabriel González-Vega
Académico jubilado de Humanidades, UNA*

El esmerado docudrama tradicional de Ava du Vernay expone, con prudencia y vigor balanceados, el racismo, su horror y su mentira, a partir de una cita crucial en la historia. El pueblo de Selma, en Alabama, todavía bastión confederado un siglo después de la guerra civil de 1861/65, fue escenario idóneo para revelar, concentrado, el abuso cotidiano de una cultura donde el miedo, la ignorancia y la maldad son facetas de una misma necrofilia. Mientras que en Viet Nam el gobierno estadounidense está en guerra por intereses disfrazados de libertad, ésta se le niega a sus ciudadanos que cambiaron esclavitud por segregación.

Ava du Vernay fue la primera mujer afrodescendiente en ganar el Festival de Sundance (en 2 012, con “Middle of Nowhere”, que nunca llegó a Costa Rica, creo). Y la primera en ser nominada al Globo de Oro y con su filme al Óscar con “Selma”. Lo que de nuevo logró, en la categoría documental, con “13th”. Sin embargo, la militancia contra el racismo de los artistas de “Selma” provocó el repudio de los conservadores blancos en Hollywood, que se aseguraron de que no ganase la estatuilla. Aunque sí se llevó el Óscar y el Globo de Oro la Mejor canción original, Glory (John Stephens y Lonnie Rashid Lynn Jr.). También fue muy premiado su filme “When They See Us”, sobre las condenas injustas, finalmente revertidas, de cinco jóvenes afrodescendientes, acusados de haber asaltado a una trotadora blanca en el Central Park de Nueva York. Un caso semejante al que recién se hizo viral (Cooper vs. Cooper) de otra falsa acusación racista de una mujer blanca a un hombre negro (miembro de Audubon) que observaba aves en el mismo parque y que le pidió amablemente a ella llevar su perro con correa, como está estipulado.

Con actuaciones impecables, que incluyen a los célebres Cuba Gooding Jr. y Oprah Winfrey, la fotografía, que quizá falla en aspectos técnicos, está a tono con los ambientes sombríos –hay un inicio poético delirante que marca el terreno de la injusticia- y un acertado cambio de tono. La música delinea el valioso acervo cristiano que alienta a las víctimas (oportuno ahora que tanta iglesia predica discriminación y que la cabeza más visible de la discriminación, Donald Trump, usa la Biblia para predicar odio). El sobrio relato no usa trucos ni privilegia giros sorpresivos sobre la potencia de los hechos. Mas si pasa de la intimidad familiar a la visión de masas decididas a enfrentar 400 años de abusos.

Es un filme de carretera (road movie), literalmente. No con la usual pareja dispareja del cine estadounidense, sino con manifestaciones donde el valor se hace uno en jóvenes y viejos, hombres y mujeres.  Martin Luther King (el excelente actor británico David Oyelowo), recién galardonado con el Nobel de la Paz, en ese momento lidera, entre dudas y angustias, presiones y golpizas, una marea incontenible de rostros que combaten con el sacrificio de sus propios cuerpos, con la entrega de sus vidas en primera fila, lacerados siempre por coros de miradas despectivas. Porque la protesta pacífica desafía el (des)orden establecido y obliga a las autoridades corruptas y sus secuaces a una barbarie que hiere la conciencia pública mediante el testimonio decisivo de la prensa. En nuestros días, la prensa decente se refuerza con los transeúntes que recogen en sus teléfonos celulares tanto la brutalidad como la mentira sistemática de la policía estadounidense.

Sin desmerecer el protagonismo reticente del admirado pastor de Atlanta, no enfatiza su biografía ni lo despoja de su contradictoria humanidad. Lo ubica –y sagazmente al líder revolucionario Malcolm X también-, como el hombre sabio que supo bregar tanto en los pasillos traicioneros de la política como en las calles cubiertas de matones, uniformados o no. Un hombre indispensable, al decir de nuestro José Martí (de paso, sugiero disfrutar de su maravillosa biografía “El ojo del canario”, de mi amigo cubano Fernando Pérez), que no es un súper héroe sino uno de nosotros que supo levantarse a la altura de las circunstancias y logró cambios sustanciales con su breve y decisivo paso por el planeta; que como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, llevó dignidad a toda la especie.

Como educadores para la libertad (si algo he sido toda una vida es educador y si en algo creo es en la educación), debemos revertir el despojo sistemático de la curiosidad, la admiración y la creatividad naturales que perpetra la domesticación vigente. También, hay que combatir la pobreza espiritual de la comunicación masiva, que transformó el héroe y el santo del pasado, modelos ejemplares, en las celebridades de hoy en día, cuerpos/mercancía adorados en el frenesí del consumo adictivo; y peor aún, más recientemente, a brutales matones ignorantes y totalitarios en ídolos adorados por legiones de siervos.

Necesitamos reconocernos en esas manifestaciones históricas y no en falsos personajes de historietas maniqueas. Es urgente comprender este mundo arrasado por la especie feroz que somos, como lo retrata de forma sublime el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado (“La sal de la tierra”, de Wim Wenders) y comprometernos con la regeneración de vida que ese mismo filme anima.

“Selma” es un encuentro humanista con la educación que necesitamos. El arte, así como “Selma”, es indispensable. Nos brinda el conocimiento necesario para impulsar los cambios que anhelamos. Un mundo sin racismo, xenofobia, homofobia ni machismo.

Avance oficial de “Selma” en español:
https://www.youtube.com/watch?v=1U2lX2aAoiA

*Basado en mi artículo originalmente publicado en Campus, UNA, en 2015.

 

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El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Grupo Economía Pluralista[i]
(8 de junio de 2020)

En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”

Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.

  1. A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
  2. La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.
  3. Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
  4. En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
  5. Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.
  6. Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
  7. Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
  8. Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
  9. Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.
  10. Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.

[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Imagen con fines ilustrativos: https://www.elindependientedegranada.es/blog/democracia-participativa-aproximacion-radical-parte-i-teoria

Racismo en Estados Unidos: llamado conjunto de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Nicolás Boeglin

Racismo en Estados Unidos: llamado conjunto de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas

Ante las diversas protestas desatadas en Estados Unidos desde la muerte en manos de policías blancos del ciudadano norteamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis, varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas unieron sus voces este 5 de junio.

El contenido de ambos documentos en breve

En un primer texto colectivo, titulado «Statement on the Protests against Systemic Racism in the United States«, repudian el discurso de odio y de incitación a la violencia por parte de la máxima autoridad en Estados Unidos, recordándole las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos suscritas por Estados Unidos. En este comunicado conjunto, firmado por 44 mecanismos no convencionales de Naciones Unidas (véase texto completo), se puede leer que:

«The response of the President of the United States to the protests at different junctures has included threating more state violence using language directly associated with racial segregationists from the nation’s past, who worked hard to deny black people fundamental human rights. We are deeply concerned that the nation is on the brink of a militarized response that reenacts the injustices that have driven people to the streets to protest«.

En la parte final de su texto, los diversos mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos recuerdan también la obligación para los Estados de remediar mediante medidas de reparación actos como el perpetrado contra la vida de George Floyd, a la vez que exigen a líderes internacionales que se hayan expresado sobre este asesinato atacar las raíces estructurales de racismo y de la discriminación racial, al indicar que:

«Reparative intervention for historical and contemporary racial injustice is urgent, and required by international human rights law. This is a time for action and not just talk, especially from those who need not fear for their lives or their livelihoods because of their race or ethnicity. Globally, people of African descent and others have had to live the truths of systemic racism, and the associated pain, often without meaningful recourse as they navigate their daily lives. International leaders that have spoken out in solidarity with protestors, and with black people in the United States should also take this opportunity to address structural forms of racial and ethnic injustice in their own nations, and within the international system itself«.

En otro comunicado conjunto, también con fecha del 5 de junio, titulado «UN experts condemn modern-day racial terror lynchings in US and call for systemic reform and justice» (véase texto completo) varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas estiman que:

«We strongly condemn the killings of Ahmaud Arbery, Breonna Taylor and George Floyd, and call for systemic reform and justice. The latest videos to surface showing white men chase, corner, and execute a young man who was out jogging, or showing an officer kneeling with his weight on a man’s neck for eight minutes shock the conscience and evoke the very terror that the lynching regime in the United States was intended to inspire,” the experts said. “Given the track record of impunity for racial violence of this nature in the United States, Black people have good reason to fear for their lives«.

Se lee también en la parte final de este comunicado la preocupación generada por mecanismos internos policiales en Estados Unidos que favorecen la militarización de los integrantes de las fuerzas policiales; así como por el hecho que la presión que significa la pandemia del COVID-19 es mucho mayor para la población afrodescendiente en Estados Unidos, al aumentar significativamente el riesgo de verse afectada:

» The experts also recommended that the government of the United States revisit and cease policies facilitating qualified immunity, provision of military equipment to, and military-type training of police, no-knock warrants and use of non-uniformed police in citizen interactions. Finally, civilian oversight boards, mandated body worn camera use, de-escalation training, and independent review of all extrajudicial police killings would enhance both transparency and accountability.

The recent incidents are set in the context of COVID-19, which has heavily and disproportionately impacted people of African descent who faced greater risk and lesser ability to quarantine. These risks, the experts said, have been exacerbated by increased abuse of police authority, over-policing, and excessive force in the enforcement of physical distancing restrictions«.

Estos dos comunicados se dan a conocer en plena progresión de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y una semana después de haberse oficialmente retirado Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): remitimos a nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos al respecto, titulada “Estados Unidos anuncia su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” (disponible en este enlace). Como es sabido, Estados Unidos superó la dramática cifra de 100.000 muertes causadas por el COVID-19 el pasado 28 de mayo. Según los registros de la Universidad John Hopkins (véase enlace oficial a mapa del mundo), de las más de 6,9 millones de personas contaminadas a nivel global al 7/06/2020, Estados Unidos concentra en su territorio más de 1.931.000, seguido luego por Brasil con más de 672.000 personas afectadas.

Un llamado de atención a Estados Unidos raramente escuchado que reitera recomendaciones urgentes hechas… en el 2014

Los señalamientos y las recomendaciones que plantearon este 5 de junio los expertos de Naciones Unidas y los mecanismos no convencionales de derechos humanos en los dos precitados comunicados constituyen, sin lugar a duda, un verdadero desafío para las actuales autoridades norteamericanas.

Al respecto, merece mención recordar la letra del artículo 2 de la Convención Internacional para la Eliminación del Racismo y de todas las Formas de Discriminación, adoptada el 21 de diciembre de 1965 (véase texto completo), de la que Estados Unidos es parte desde 1994 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y que se lee como sigue:

«Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron«.

También merecen ser recordadas las últimas observaciones del órgano encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta convención (el Comité para la Eliminación del Racismo y de otras Formas de Discriminación o CERD) con relación al informe oficial remitido por Estados Unidos, hechas en el 2014 (cuyo texto completo está disponible en este enlace). En ellas, se podrá leer que dos aspectos específicos relacionados a prácticas policiales en Estados Unidos dieron lugar a recomendaciones de carácter urgente por parte de los integrantes del CERD:

«8./…/Recordando su recomendación general Nº 31 (2001) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité insta al Estado parte a que intensifique los esfuerzos por combatir eficazmente y eliminar la práctica de la caracterización racial por parte de los agentes del orden en los niveles federal, estatal y local, entre otros medios:

a) Adoptando y aplicando leyes que prohíban específicamente a los agentes del orden la elaboración de caracterizaciones raciales, como la Ley destinada a poner fin a la caracterización racial;

b) Revisando urgentemente las políticas que permiten la caracterización racial y las prácticas ilegales de vigilancia, supervisión y reunión de datos, incluidas las Directrices sobre la Utilización de Criterios Basados en la Raza por los Órganos de Policía Federales de 2003;

c) Poniendo fin a los programas y políticas coercitivos de inmigración que promueven indirectamente la caracterización racial, como la iniciativa Comunidades Vigiladas y el programa previsto en el artículo 287 g) de la Ley de Inmigración y Naturalización;

d) Llevando a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de caracterización racial, vigilancia, seguimiento y recopilación ilegal de información de inteligencia; obligando a los responsables a rendir cuentas; y proporcionando recursos efectivos, incluidas garantías de no repetición«.

/

«8. /…/Recalling its general recommendation No. 31 (2001) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee urges the State party to intensify efforts to effectively combat and end the practice of racial profiling by federal, state and local law enforcement officials, including by:

(a) Adopting and implementing legislation which specifically prohibits law enforcement officials from engaging in racial profiling, such as the End Racial Profiling Act;

(b) Swiftly revising policies insofar as they permit racial profiling, illegal surveillance, monitoring and intelligence gathering, including the 2003 Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies;

(c) Ending immigration enforcement programmes and policies, which indirectly promote racial profiling, such as the Secure Communities programme and the 287(g) programme; and

(d) Undertaking prompt, thorough and impartial investigations into all allegations of racial profiling, surveillance, monitoring and illegal intelligencegathering; holding those responsible accountable; and providing effective remedies, including guarantees of non-repetition«.

En otras de sus observaciones, los miembros del CERD urgían a Estados Unidos en los siguentes términos:

«17./…/El Comité insta al Estado parte a que:

a) Vele por que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden sean investigadas de manera pronta y eficaz; por que los presuntos autores sean enjuiciados y, en caso de que sean declarados culpables, se les impongan penas adecuadas; por que se reabran las investigaciones cuando se disponga de nuevas pruebas; y por que las víctimas y sus familias obtengan una indemnización adecuada;

b) Intensifique sus esfuerzos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden velando por el cumplimiento de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1990, y se asegure de que la nueva directiva sobre el uso de la fuerza del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras se aplique y se haga cumplir en la práctica;

c) Mejore los informes sobre los casos relacionados con el uso excesivo de la fuerza y refuerce la supervisión del uso inapropiado de la fuerza y de la rendición de cuentas por esta práctica;

d) Proporcione, en su próximo informe periódico, información detallada sobre las investigaciones emprendidas en relación con las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, incluidos los miembros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, así como sobre sus resultados, incluyendo las medidas disciplinarias o las actuaciones judiciales contra los autores y los recursos puestos a disposición de las víctimas o sus familias«.

/

«17. /…/ The Committee urges the State party to:

(a) Ensure that each allegation of excessive use of force by law enforcement officials is promptly and effectively investigated; that the alleged perpetrators are prosecuted and, if convicted, punished with appropriate sanctions; that investigations are re-opened when new evidence becomes available; and that victims or their families are provided with adequate compensation;

(b) Intensify its efforts to prevent the excessive use of force by law enforcement officials by ensuring compliance with the 1990 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and ensure that the new CBP directive on the use of force is applied and enforced in practice;

(c) Improve the reporting of cases involving the excessive use of force, and strengthen oversight of and accountability for inappropriate use of force; and

(d) Provide, in its next periodic report, detailed information concerning investigations undertaken into allegations of excessive use of force by law enforcement officials, including the CBP, as well as their outcomes, including disciplinary or prosecutorial action taken against the perpetrator and remedies provided to victims or their families«.

Cabe destacar la incuestionable pertinencia de estas recomendaciones hechas a Estados Unidos en el 2014 para prevenir en el futuro el racismo estructural y la discriminación racial que se evidencian en el actuar cotidiano de varias de sus fuerzas policiales.

A modo de conclusión

No cabe duda que la extrema precisión de estas observaciones de carácter urgente dadas a conocer por el CERD en el 2014, al parecer no atendidas debidamente por la administración norteamericana, haga que revistan una actualidad particular en esta primera semana del mes de junio del 2020.

Una ocasión propicia para reafirmar nuevamente cuán necesario es que sean implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos; y cuán imperioso resulta que sean ámpliamente divulgadas y analizadas en el seno de las sociedades, en Estados Unidos como en muchos otros Estados.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2020/06/racismo-en-estados-unidos-llamado.html

Imagen: http://www.i-ambiente.es/?q=blogs/una-breve-historia-de-discriminacion-racial

Esquipulas o la paz regional que nunca se construyó

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Rogelio Cedeño Castro (*)

La frase tantas, veces repetida por Óscar Arias Sánchez, de que durante el conflicto armado centroamericano de los años setenta y ochenta del siglo anterior, los centroamericanos ponían los muertos y las superpotencias ponían las armas, no es más que un lugar común o verdad a medias cuyos alcances convendría examinar, con especial cuidado y atención. Aquel no fue simplemente un conflicto más de la no tan fría guerra que libraron la URSS y los EUA, a lo largo de varias décadas; más bien, cabe destacar que las causas de ese conflicto fueron endógenas y será, desde ese ángulo que intentaremos reflexionar sobre lo ocurrido, durante el cuarto de siglo transcurrido desde que empezaron a ponerse en ejecución los acuerdos de Esquipulas.

El mero hecho del cese del fuego, con el que se pretende muchas veces poner fin a un largo y cruento conflicto bélico, dentro de una determinada área continental, no puede ser confundido con la construcción de una paz positiva y duradera, basada en la superación de las causas profundas que le dieron origen, a partir de acuerdos cuya materialización debe conducir a profundas transformaciones sociales, políticas y económicas dentro de las sociedades y naciones donde han tenido lugar los enfrentamientos armados. Ese y no otro es el caso de la escalada de los enfrentamientos armados que tuvo lugar en el istmo centroamericano, a lo largo de varias décadas, como consecuencia de los graves problemas de legitimidad del poder de las elites regionales, originados en la crisis profunda de las formas tradicionales de la dominación, la que se puso de manifiesto a partir de las crecientes demandas de participación democrática efectiva y de una redistribución de la riqueza, el conocimiento y el poder, las que fueron cobrando presencia e intensidad crecientes, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, en la conciencia y en el actuar de las grandes mayorías centroamericanas.

Debido lo anterior, puede afirmarse que los acuerdos de paz de Esquipulas, Guatemala firmados hace veinticinco años, en el mes de agosto de 1987, no trajeron la paz a la región centroamericana, puesto que de lo que se trató de la ejecución del plan maestro de una contrarrevolución blanda (ver nuestro libro La desmovilización militar en América Central. Dice Libro Editores San José Costa Rica 2008), ejecutado a contrapelo de la fórmula reaganiana de intervención militar directa de la armada estadounidense en todo el istmo, todo un plan político a partir de cuya paulatina materialización quedaron a salvo los intereses de las oligarquías centroamericanas, a pesar de algunos cambios cosméticos en las formas políticas de la dominación. De esta manera, se pasó de la era de las dictaduras militares y las formas más groseras de la dominación tradicional a unas democracias de baja intensidad, a las que calificamos de esa manera, empleando una especie de paráfrasis de las guerras de baja intensidad (Low intensity conflct) promovidas por el Pentágono Estadounidense, durante la década de los ochenta y noventa. Es decir, democracias formales, con periódicas consultas electorales, pero con la condición de que, a partir de sus resultados numéricos, no se vieran afectados los intereses de las viejas élites regionales, las que salieron fortalecidas y parcialmente relegitimadas, al ponerse fin a los enfrentamientos armados en el transcurso de la década de los 1990.

El incumplimiento constante y reiterado de los acuerdos de paz en materia de derechos humanos, en su dimensión política, para no hablar de los de carácter económico y social que tienen sumida a la región en la violencia y la miseria más degradantes y extendidas, fueron una parte esencial de esa gran mentira que buscaba no sólo mantener intacto del statu quo regional, sino que a acentuar las políticas neoliberales en beneficio de ciertos intereses locales y con preferencia, en beneficio de algunas empresas transnacionales, lanzadas al saqueo de los recursos naturales. La impunidad para los criminales de guerra, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas de cada país y de algunos cuerpos paramilitares fue la nota dominante, a lo largo de las más de dos décadas transcurridas desde el inicio de la materialización del llamado plan de paz regional, habiendo sido llevados a juicio sólo unos pocos de los responsables. El reciente golpe empresarial-militar en Honduras, del mes junio de 2009, ejecutado en uno de los países más violentos del mundo, lugar que disputaba con El Salvador, no ha sido otra cosa que una exacerbación de las mismas políticas sociales y económicas, impulsadas por quienes consideran que ellos ganaron -por así decirlo- el conflicto armado, fue el inicio de una grave sucesión de eventos, caracterizados por su secuela de asesinatos sistemáticos de dirigentes populares, periodistas y funcionarios del derrocado gobierno del presidente Manuel Zelaya , todo ello dentro de la misma visión totalitaria de las derechas regionales y de la administración estadounidense de los Obama-Clinton, en su afán de recuperar el control de su patio trasero que se ha visto reducido, en cierta medida, en algunos países situados el sur del continente.

La otra cara de esta contrarrevolución blanda, hábilmente impulsada y ejecutada por la figura más relevante del régimen de la dictadura en democracia, a quien por estos días de conmemoración de los Acuerdos de Esquipulas, Guatemala, del mes de agosto de 1987, se ha pretendido canonizar por parte de algunos de sus más notables corifeos, ha sido la ejecución de los planes del Consenso de Washington con su acelerada destrucción regional del Estado de Bienestar Social o Welfare State. Todo ello con el propósito de hacer retornar a las mayorías centroamericanas, obreras y campesinas, por no decir incluso a muchos sectores empresariales, a las condiciones de vida de por lo menos un siglo hacia atrás, en vísperas de lo conoce ahora como la Primera Guerra Mundial (1914-1918), sin organizaciones sindicales, seguridad social, prestaciones, pago de riesgos del trabajo y otras conquistas sociales no menos importantes por las que hubo que luchar hasta con pérdida de vidas, de manera heroica y tenaz, a lo largo de las primeras décadas del siglo anterior.

El plan de paz de Óscar Arias Sánchez, para el caso de Costa Rica, una nación que tuvo participación indirecta en el conflicto armado fue apenas una fachada para la intensificación de las políticas neoliberales, con estrategias de mediano y largo plazo para acabar con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Durante ese período se bajó el aporte del estado a la caja del seguro social del 3.25 al 0.25 y se comenzó a pagar esa mermada aportación en bonos, de baja denominación y redimibles hasta por períodos de quince años (Ver el libro de Luis Alberto Jaén Martínez El gran asalto del PLUSC al seguro social San José Costa Rica 2011), de ahí en adelante la estrategia de la contrarrevolución blanda, caracterizada por el saqueo de los fondos públicos y su mala administración, se basó en la negativa a comprar equipos médicos para favorecer la contratación de servicios con las clínicas privadas (católica y bíblica que empezaron a crecer de manera monstruosa, como un buen negocio para los integrantes de las elites del poder en Costa Rica), las compras irregulares y fraudulentas (préstamo español y finlandés, a comienzos de la primera década del nuevo siglo) y un deterioro generalizado de los servicios públicos de salud, dentro de lo que constituye otra forma de la guerra contra el enemigo interno , dicho de otro modo la población o los habitantes del propio país. La destrucción sistemática del ICE, a partir de proyectos como el Combo Energético del ICE del año 2000 o la reciente apertura en el campo de las telecomunicaciones, ejecutada a partir de la mal llamada agenda de implementación del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos (TLC-CAEU-RD), también fueron parte de estas estrategias de la contrarrevolución blanda, dentro de su rostro social y económico, el que convendría analizar y estudiar con detenimiento.

Tal y como habíamos señalado en nuestro libro La desmovilización militar en América Central, al que habíamos hecho mención supra, las presuntas políticas de paz llevadas a cabo en el istmo marcharon a contrapelo de lo que había indicado el economista inglés John Maynard Keynes , integrante de la delegación de Inglaterra en la conferencia de paz de Versalles de 1919-1920, en relación con la reconstrucción del tejido social europeo después del primer conflicto bélico, a escala mundial, cosa que no de no hacerse (tal y como ocurrió) llevaría a otro conflagración armada, al condenar a Alemania y Austria al pago de indemnizaciones de guerra a los vencedores. Las políticas económicas y sociales de shock, en el mejor estilo del neoliberal /neoconservador Consenso de Washington, no fueron otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios, sólo que, en contra de los vencidos, en este caso las grandes mayorías empobrecidas que habitan en el istmo centroamericano, lo que ha traído una exacerbación de otras expresiones de la violencia en la región, articuladas en las maras y toda clase de organizaciones del crimen organizado. En síntesis, el engaño de una paz que nunca fue otra cosa que un espectáculo para la platea de incautos, en ciertos casos o de interesados cortesanos, en otros.

(*) Catedrático de la UNA.

Parque de la Paz, Panabaj, Santiago Atitlán, Guatemala.

Sí, Costa Rica también es racista

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

COLECTIVA AFROFEMINISTA:

Vemos en estos días como varias personas se están manifestando en contra de lo sucedido en los Estados Unidos, ante el asesinato de George Floyd, un hombre afroestadounidense, perpetrado por un oficial de la policía. Estas manifestaciones vienen a raíz de la acumulación de la ira, el cansancio y el enojo de la población afro ante el hecho de que la brutalidad policial en los Estados Unidos ha sido históricamente institucional y hoy, aún en el 2020 la policía continúa asesinando a personas Negras escondiéndose detrás de su insignia y protegidxs por su gobierno. LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN.

Adjuntamos el documento completo:

Sí-CR-también-es-RACISTADescarga

 

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Dos cartas a Canal 7 en protesta por expresión racista en programa

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS recibió para su publicación dos cartas enviadas a la empresa Televisora de Costa Rica. En la misiva se protesta por expresiones racistas en uno de sus programas. Compartimos los documentos:

Universal Negro Improvement Association
Limón, Costa Rica

Primera carta:

Señores
Teletica Canal 7
Programa Buen Dia
Estimado Señores:

Reciban un saludo de la Junta Directiva de la organización centenaria Universal Negro Improvement Association (UNZA) Branch 300 en Puerto Limón Costa Rica, conocida popularmente como Black Star Line.

La presente misiva tiene como fin mostrar nuestra consternación, repudio, enfado e indignación debido a que en medio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución número 68/237 del 23 de diciembre del año 2013 donde se proclama el Decenio Internacional de Afrodescendientes por los temas: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, un medio nacional de tal renombre como el de la Televisora de Costa Rica Teletica Canal 7, presente en el programa Matutino Buen Día el 27 de mayo del presente año, el tema de la enfermedad conocida como Bromhidrosis, Osmidrosis y Acidosis con el doctor Mauricio Mora de Miranda quien hace uso de prejuicios racistas no fundamentados en la ciencia, para denigrar, estereotipar, menospreciar y menoscabar la dignidad humana de la población afrodescendiente, todo ello sin fundamentarse siquiera en datos estadísticos y explicando literalmente: «No tenemos claro que cantidad de población que sufre esto, lo que sí conocemos es que es por ejemplo más frecuente en personas afrodescendientes o personas que tienen una línea genealógica afrodescendiente…». Lo que nos parece más indignante aún ha sido ver que la conductora del programa la señora Nancy Dobles, mostraba un acuerdo tácito al asentir con el movimiento afirmativo de su cabeza lo dicho por el entrevistado, sin encauzar o cuestionar las bases para tal afirmación, lo que nos hace presumir que la empresa acuerpa este tipo de aseveraciones prejuiciadas sin importar el daño psicológico que las generaciones de afro costarricenses puedan sufrir por el mal manejo de esta entrevista y las nebulosas que dejaron en la psique de la población en general, que sabemos da pie a manifestaciones de discriminación.

Con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política, La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, La Declaración y Programa de Acción de Durban, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Resolución 68/237 del 23 de Diciembre del 2013 proclamada por las Naciones Unidas, la Ley 7711 para la Eliminación de la Discriminación Racial en Educación y Medios de Comunicación, exigimos una disculpa pública en persona de ambos: La conductora y el entrevistado, en el mismo medio en donde se dio este atropello a la población afrodescendiente en el término de los siguientes 10 días hábiles, de lo contrario tomaremos las medidas que consideremos pertinentes.

A la espera de su pronta atención y respuesta.
Atentamente,

 

Lic. Winston Norman Scott
Presidente

Sharon Watson Waufht.
Tesorera

Laura Hall Moore
Vicepresidente

Segunda carta:

Viernes 29 de mayo 2020

Señores Canal 7
Programa Buen Día

Reciban ustedes un cordial saludo de parte del Movimiento Limonense en el Extranjero, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de New York formada por un grupo de 30 profesionales limonenses, cuya finalidad es velar por el bienestar de los afro costarricenses y su área etnográfica original, Limón.

Costa Rica como signatario de la Asamblea General de la ONU proclamó 2015-2024 Decenio Internacional para los Afro-descendientes, Resolución 681237, citando la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. Que la Resolución 68/237 ONU declara que el tema del Decenio Internacional es Afro-descendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo.

Como ciudadanos costarricenses solidarios con la comunidad afro, expresamos nuestro profundo malestar por los acontecimientos que se suscitan en Costa Rica y por lo tanto nos permitimos hacer un llamado de atención urgente.

Somos conscientes que más allá del hecho de que el racismo está ganando terreno, las formas y manifestaciones contemporáneas, moral e incluso legal en muchos sentidos a través de tecnologías modernas de comunicación como programas televisivos, periódicos, estadios de fútbol, se han convertido en escenarios con la mayor audiencia para demostrar la perversión social entendida como una inclusión falsa y una integración hipócrita, la forma más vulgar de mostrar racismo.

Las manifestaciones de racismo no son flagrantes y directas, sino más bien establecidas e indirectas y que se filtran profundamente en los prejuicios inconscientes y afecta la forma en que interactuamos con los demás.

Los profesionales de la salud, los periodistas y los medios de comunicación obedecen a principios éticos, normas profesionales y responsabilidad penal, civil y social. No son ruedas sueltas, sino que se adhieren a condiciones que respeten los derechos humanos v al autocontrol.

El día lunes Mayo 25, 2020 en su programa «Buen Día» en una entrevista con el Dr. Christian Mora de Miranda, se llegó a una conclusión atrevida y sin base científica sobre el tema ¿Cómo eliminar el mal olor en las axilas? por cierto de muy mal gusto para nuestra comunidad afro a nivel nacional e internacional cuando dijo:

«…es más frecuente en personas afro descendientes y se ve en personas de una línea genealógica afro descendiente…».

Debemos tener mucho cuidado a la hora de abordar estos temas a nivel de medio de comunicación, ya que varios estudios recientes, indican que la glándula apocrina de las personas, a las moléculas de olor en las axilas, son absorbidas y procesadas por nuestros cerebros y traducidas en reacciones psicológicas y conductuales, por lo que esa generalización es atrevida, racista y sin fundamento.

Vale la pena señalar que científicamente realmente no existe intrínsecamente «mal olor», más bien, solo hay olores y cómo los percibimos en gran medida es artefacto de nuestra herencia evolutiva particularmente humana. Decir que la carne podrida huele desagradable es similar a decir que la puesta de sol se ve hermosa: no hay una cualidad de «belleza» intrínseca a la puesta del sol, así corno tampoco hay una «repugnancia» intrínseca a la carne podrida; más bien, la carne podrida y los atardeceres solo son percibidos de esta manera por la mente humana; como cualidades «fenomenológicas». Los adjetivos como «hermoso» y «desagradable» simplemente describen cómo experimentamos subjetivamente el mundo natural.

Estamos convencidos de que en Costa Rica estamos frente a lo que la sociología llama «Micro Agresiones Raciales» que son breves y comunes cotidianas, verbales, de comportamiento o de indignidades ambientales, ya sean intencionales o no, que comunican desaires hostiles, despectivos o negativos e insultos hacia las minorías.

El primer paso para erradicar las Micro Agresiones Raciales es la voluntad de reconocer cómo cada uno contribuye al problema. Debemos reconocer nuestros propios privilegios, poder y prejuicios, y cómo estos influyen en la forma en que interactuamos con los demás.

La Constitución política protege la honra, el buen nombre y la vida privada de las personas, así como las normas internacionales sobre los derechos humanos. Si alguien se siente vulnerado por un periodista, está en todo su derecho de solicitar la rectificación de la información.

Por este medio le estamos solicitando una aclaración y rectificación pública.

Quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente.
Marcia Robinson
Coordinadora ME

 

Imagen: https://twitter.com/OSUTI_OS

Información compartida con SURCOS por Gerardo Mora Burgos.

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