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Etiqueta: derechos humanos

Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku regresa a la Corte Constitucional ecuatoriana para garantizar que se implemente el fallo de la Corte Interamericana

Ocho años después de la decisión del tribunal, la comunidad exigirá una vez más que el gobierno ecuatoriano cumpla con el fallo que exige la eliminación de explosivos enterrados en su territorio y la garantía de una consulta previa e informada gratuita de acuerdo con las normas internacionales y nacionales.

Quito, Sarayaku, 2 de julio: El 19 de junio de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador publicó su decisión de admitir una queja presentada por los pueblos indígenas Kichwa de Sarayaku en relación con el incumplimiento de una decisión de 2012 emitida por la Corte Interamericana de Derechos humanos. Lenin Moreno, Presidente de la República, César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional, Cecilia Chacón, Secretaria Nacional de Derechos Humanos, y el Dr. Iñigo Salvador Crespo, Fiscal General del Estado, deben responder por el incumplimiento de tres órdenes de reparación en el caso Sarayaku.

El caso comenzó en 1996, cuando el Estado de Ecuador otorgó una concesión para la exploración y explotación de petróleo a la compañía petrolera argentina CGC (Compañía General de Combustibles) en el territorio ancestral de la comunidad Kichwa de Sarayaku. Después de presentar múltiples quejas ante las autoridades nacionales, la comunidad indígena logró retrasar las actividades extractivas durante varios años.

Sin embargo, en 2002, miembros de CGC ingresaron por la fuerza al territorio de Sarayaku, custodiados por las fuerzas de seguridad militares y privadas. La compañía abrió caminos, utilizó explosivos y deforestó tierras, destruyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Cerca de 1.400 kilos de explosivos de pentolita fueron enterrados en su territorio, poniendo en grave peligro la vida del pueblo de Sarayaku y amenazando su acceso a una vida digna.

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador por violar el derecho a la integridad física de la comunidad de Sarayaku y poner en grave peligro su derecho a la vida. El Tribunal también determinó que el Estado violó los derechos del pueblo de Sarayaku a la consulta previa e informada gratuita, la propiedad comunitaria y la identidad cultural.

Ecuador aún no ha cumplido con la decisión de la Corte Interamericana sobre tres puntos clave: (I) la eliminación de los explosivos enterrados por la compañía petrolera CGC en el territorio de Sarayaku; (II) la garantía de una consulta gratuita previa e informada de conformidad con las normas internacionales antes de cualquier nuevo proyecto en el territorio de Sarayaku; y (III) la implementación efectiva del derecho a una consulta libre, previa e informada con la participación de las comunidades en la legislación ecuatoriana. Ante este incumplimiento persistente, Sarayaku presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional ecuatoriano.

La decisión de admitir la queja llega en un momento en que Sarayaku y otros pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana sufren los efectos de las inundaciones devastadoras que comenzaron en abril de este año, así como la propagación del COVID-19 entre las comunidades indígenas en la ausencia de asistencia del Estado.

Tupak Viteri, Tayak Apu (presidente) de Sarayaku, afirmó que a pesar de esta situación crítica, no abandonarán su lucha para garantizar que se implemente la decisión de la Corte Interamericana. «El Estado solo nos recuerda durante las elecciones, cuando quiere eliminar el petróleo de nuestro territorio o cuando ganamos un juicio», dijo.

La Corte Constitucional ahora debe ordenar la regulación de la consulta previa de los pueblos indígenas de conformidad con la Constitución del Ecuador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recientemente, el Ministerio de Minería anunció la adopción de un reglamento sobre consulta previa sobre minería que nuevamente no cumple con los estándares internacionales y los requisitos establecidos por la Corte Interamericana.

En los próximos días, según la ley ecuatoriana, la Corte notificará formalmente a los acusados sobre su decisión. Entonces, el Estado debe cumplir de inmediato o justificar su incumplimiento en una audiencia que se celebrará dentro de los dos días. Junto con sus representantes, el abogado Mario Melo y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el pueblo de Sarayaku solicita que la Corte priorice este juicio, dado que ya han esperado ocho años para que se implemente la decisión interamericana. También reiteran que el Estado ecuatoriano tiene la obligación internacional de actuar de manera efectiva e inmediata para abordar la crisis de salud y las inundaciones dentro del territorio de Sarayaku, en consulta con la gente, para garantizar su derecho a la vida y la salud

Para más información: Túpak Viteri, (Tayak Apu) tupamaruv@hotmail.com ; Mario Melo (Abogado de Sarayaku) melo.napi@gmail.com ; Viviana Krsticevic (CEJIL) vkrsticevic@cejil.org, Elsa Meany (CEJIL) emeany@cejil.org;

Más sobre Sarayaku aquí: https://www.amazonteam.org/maps/sarayaku-es/

La comunidad internacional debe actuar rápidamente para evitar la anexión del Valle del Jordán

La FIDH* condena la decisión de Israel, que cuenta con el apoyo explícito de los Estados Unidos, de continuar avanzando hacia la anexión ilegal del territorio palestino ocupado. Instamos a la comunidad internacional a intervenir de inmediato y a tomar todas las medidas a su alcance para evitar este intento ilegal de Israel.

El artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra protege firmemente los derechos inviolables de la población palestina de cualquier «anexión por esta última [la Potencia ocupante] de la totalidad o de parte del territorio ocupado.»

Además, la Resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exige la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados, mientras que la Resolución 478 (1980), establece que «todas las medidas y los actos legislativos y administrativos adoptados por Israel, la Potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén […] son nulos y carentes de valor y deben dejarse sin efecto inmediatamente».

La Resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas subraya una vez más que la implantación de asentamientos ilegales por parte de Israel constituye una «flagrante violación» del derecho internacional y «no tiene validez legal».

De conformidad con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional, todos los Estados deben abstenerse de realizar acciones que contravengan el derecho internacional o de prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación ilegal.

El continuado incumplimiento por parte de terceros Estados, que incluso forman parte del Consejo de Seguridad, de la obligación de adoptar y aplicar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación está teniendo un efecto gravemente perjudicial y de gran alcance en cuanto a la eficacia del derecho internacional. Aunque muchos Estados y organizaciones internacionales han condenado la inminente anexión, es imprescindible que los Estados adopten medidas positivas y significativas para hacer frente a la continua violación del derecho internacional por parte de Israel.

El incumplimiento de esta obligación supone legitimar la ocupación, consolidar el apartheid y permitir que continúen, cuando no aumenten, las violaciones de los derechos humanos de la población palestina, como advirtieron 47 expertos de la ONU en una declaración en la que instaban a la comunidad internacional a garantizar la rendición de cuentas ante una nueva anexión de territorio palestino.

Por consiguiente, la FIDH hace un llamamiento a la comunidad internacional y a los Estados para que, de forma tanto individual y como colectiva, adopten medidas concretas e inmediatas para poner fin a la prolongada ocupación israelí del territorio palestino ocupado y reafirmen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la unidad nacional e integridad territorial de Palestina, y en particular que:

  • rechacen la afirmación de Israel de soberanía sobre el territorio palestino ocupado;
  • reconozcan inmediatamente el Estado de Palestina y promuevan su plena incorporación a las Naciones Unidas;
  • Decidan y adopten sanciones económicas y otras medidas para evitar contribuir al desarrollo de los asentamientos israelíes y, por consiguiente, excluyan los productos de los asentamientos del mercado de los Estados, excluyan los asentamientos del ámbito de los tratados bilaterales y disuadan activamente a las empresas de mantener relaciones comerciales y de inversión con los asentamientos;
  • garanticen la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas de este conflicto.

*Federación Internacional por los Derechos Humanos https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/israel-y-palestina/la-comunidad-internacional-debe-actuar-rapidamente-para-evitar-la

Urge reglamentar la Ley 9859 contra la usura

Carta Abierta al Presidente de la República y la Ministra de Economía

Recientemente se emitió la ley contra la usura (número 9859). Urge ahora que, sin dilación, se emita el reglamento respectivo, y que este incorpore criterios técnicos y paramétricos que garanticen una protección efectiva de las personas consumidoras. Ello motiva esta carta abierta que, desde el grupo Economía Pluralista, enviamos al presidente Alvarado y a la ministra Hernández de Economía.

San José, viernes 3 de julio de 2020

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República

Señora Victoria Hernández Mora
Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Excelentísimo señor Presidente y muy distinguida señora Ministra:

         Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes mediante esta misiva abierta con el propósito de realizar un llamado o exhortativa pública, y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra preocupación cívica e independiente con relación al cumplimiento pleno de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969; específicamente en lo referente al artículo 21 y su párrafo tercero, el cual textualmente indica: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”. Lo anterior en concordancia con el artículo 243, de la Sección Segunda de la Ley N. 4573 o Código Penal. Esperamos, por lo tanto, que, en forma coherente con lo antes indicado, la Ley 9859 recientemente sancionada sea reglamentada, sin dilación alguna.

Con relación a la Ley 9859 o Ley de adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quarter, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la ley 7472 o Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, coincidimos con quienes consideran urgente que se proceda a su pronta reglamentación. Ello de conformidad con los establecido en el artículo 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política, según el cual ése es un deber y una atribución que corresponde conjuntamente al Presidente de la República y al respectivo Ministro de Gobierno.

Entre los temas que requieren ser reglamentados se encuentra el concepto de Tasa de Interés Efectiva, sobre el cual ya existe camino andado. Mediante el Acuerdo SUGEF 10-07, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el término Tasa de Interés Efectiva se cita en el Artículo 9, del Acta de la Sesión 652-2007, celebrada el 11 de junio del 2007 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 123 del 27 de junio del 2007, que comenzara a regir desde esa fecha. De esa forma, el Reglamento sobre Divulgación de Información y Publicidad de Productos y Servicios Financieros, define claramente el instituto de la Tasa de Interés Efectiva como una variable de suma utilidad para comparar el costo efectivo de los créditos que ofrecen las diferentes entidades y es determinante para la certidumbre en la toma de decisiones de las personas usuarias de productos financieros.

El hecho de contar con una definición de Tasa de Interés Efectiva y los conceptos que deben incluirse en la misma es de suma importancia, no solo como remedio frente al agravio histórico y la deuda moral y normativa pendiente que es la usura, sino para la corrección de las asimetrías de información, lo cual afecta sobre todo a las personas usuarias más vulnerables. Esperamos que ese concepto quede formulado en forma claro y coherente, sin generar contradicción entre diferentes normas reglamentarias. De allí la importancia de utilizar la misma definición en el nuevo Reglamento.

         Igualmente, y con todo respeto, deseamos hacer notar al señor Presidente y la señora Ministra, la urgencia de contar a la brevedad posible con un Reglamento que permita dar cumplimiento pleno a una obligación rezagada por más de 50 años, para castigar el flagelo de prácticas lesivas y usurarias, perpetuadas por la ausencia de una referencia paramétrica con rango legal. Es también menester poner en vigencia el reglamento a fin de que los diversos actores sociales y personas que tienen interés en la determinación de la tasa de interés máxima a cargo del Banco Central, puedan realizar una adecuada aplicación de la ley.

         Exhortamos a ustedes, señor Presidente y señora Ministra, para que se ejecute la potestad reglamentaria y para que se indique a las entidades crediticias, el deber de acatamiento del principio de legalidad derivado de la Ley 9859, según el cual los oferentes y colocadores de crédito deberán inmediatamente adecuar todos aquellos contratos de crédito actuales y sucesivos. Esto implicará que se ajusten a los parámetros tope para los créditos en general, a partir del 20 de junio de 2020, en cumplimiento irrestricto de la ley.

         Reiteramos a ustedes que el ejercicio que anima la presente comunicación, lo realizamos en un marco de profundo respeto, que estimamos fundamental para la vigencia del Estado de derecho. Agradecemos de antemano la receptividad característica de la institucionalidad, su anuencia y apertura ante las demandas que surgen de la preocupación de la población en general y en particular sobre este tema, de relevancia histórica.

         Atentamente,

Por el Grupo Economía Pluralista

Luis Carlos Olivares Martínez

Luis Paulino Vargas Solís

Daniel Vartanián Alarcón

Ana Rosa Ruiz Fernández

Fernando Rodríguez Garro

Renzo Céspedes Vargas

Henry Mora Jiménez

María Leonela Artavia Jiménez

Jeannette Cordero Gamboa

Welmer Ramos González

Bernardo Aguilar González

Rosberly Rojas Campos

Osvaldo Ureña Jiménez

Pablo Abarca González

María Fernanda Vega Solano

Hugo Cascante Mico

Greivin Salazar Álvarez

Giovanni Beluche Velásquez

Mario Devandas Brenes

Montserrat Ruiz Guevara

Edwin Zamora Bolaños

Jorge Arturo Chaves Ortiz

Martín Gerardo Murillo Córdoba

 

 

¡Vamos a hacer una comunidad LGBTIQ tóxica!

Luis Rojas Herra (Pherra Divancci)

El 26 de mayo entró en vigencia la ley de reforma sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica, antes de esa fecha y desde el inicio de la declaración de Estado nacional de crisis sanitaria producida por el covid-19, las siglas LGBTIQ[1] no habían sido mencionadas por ningún medio de comunicación hegemónica en el país.

Desde el inicio de la crisis sanitaria se visibilizó una intensa campaña de propaganda promovida por los medios de comunicación hegemónica, para impulsar un discurso tergiversado de sororidad que garantizaba beneficiar a todos los ciudadanos por igual.

A pocas horas de entrar en vigencia el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario los discursos solidarios con la homofobia, el clasismo y la desigualad no se hicieron esperar por parte de una sociedad blanqueada, heterosexualizada que sentía en riesgo de perder sus privilegios.

A pesar de los discursos de odio y las actitudes políticamente incorrectas hacia la “comunidad LGBTIQ” que ejerció esta parte de la población, un grupo de “activistas”, que se hacen llamar promotores de los derechos humanos, siguen insistiendo en adquirir migajas de lástima, disfrazadas de respeto, por parte de este sector de la población.

Mismos promotores de los derechos humanos que se encargan de elevar una imagen de “comunidad LGBTIQ” al beneficio del régimen heteronormativo. Sin reconocer la gran desigualdad y violencia estructural que atraviesa el cuerpo y los afectos de las personas que constituyen esas 6 siglas.

Nuestra “comunidad LGBTIQ” ha sido construida por Lesbianas y homosexuales (LG) privilegiados, bajo principios individualistas y que trata de sostenerse de la explotación y desigualdad de las otras 4 letras (BTIQ).

Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se junten para proponer y construir propuestas que den respuesta para acabar o trans-formar la desigualdad producida por la discriminación.

Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como trans-formar los sentimientos de superioridad producida por la discriminación entre las mismas personas del colectivo LGBTIQ.

Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como trans-formar la desigualdad de oportunidades y condiciones laborales producida por la discriminación hacia las personas LGBTIQ.

Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como erradicar las herramientas afectivas heredades de la heteronormatividad, para producir las nuestras y trans-formar los vínculos afectivos tóxicos para aprender a relacionarnos de una forma más sana entre nosotrxs mismxs. Es en ese momento que podremos empezar a hablar de nuestro propio tejido social.

Cuando ese momento llegue, podremos empezar a llamarnos “comunidad” por merito propio. Hasta el momento la palabra comunidad es un mito construido por un grupo de homosexuales y lesbianas privilegiadas que se ven y viven como heterosexuales por que el capitalismo les favoreció y no piensan trans-formar la estructura que les genera sus privilegios.

Como ejercicio crítico sobre la conciencia de mis privilegios y por la posibilidad que me permite la escritura para gestionar otras recursos epistémicos y lingüísticos les invito a hacer[2] una comunidad LGBTIQ tóxica, yo empiezo:

  • Yo soy el chico gay masculino que no soporta a los hombres afeminados.
  • Yo soy el chico gay que no sale con personas que viven con diagnóstico positivo VIH.
  • Yo soy la chica lesbiana afeminada que no soporta a las mujeres masculinizadas.
  • Yo soy la chica lesbiana que piensa que las ITS solo se le pegan a los homosexuales.
  • Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que no se identifica con el “ambiente gay” por que es muy promiscuo, lleno de drogas y fiestero.
  • Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que no construye relaciones afectivas con bisexuales por que son más propensos a ser “infieles”.
  • Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que piensa que los bisexuales están confundidos, solo son personas que no se lxs han cogido bien aún.
  • Yo soy la persona diversa que promueve el ¨cuido propio¨ con un estilo de vida saludable. Por eso voy a un centro de acondicionamiento físico, que me cobra en dólares, y me alimento con comida artesanal que compro en barrio de moda de la ciudad donde vivo. Y me tomo muchas fotos con el fin de compartir mi estilo de vida sano por mis redes sociales.
  • Soy el que se autodenomina queer por moda del imperialismo occidental y colonial.
  • Soy el chiquito privilegiado que se pinta las uñas, usa falda y cree que es revolucionario.
  • Soy la persona que piensa que de verdad existen las “feminazi”.
  • Yo soy el homosexual y la lesbiana joven que se desentiende de las personas de la “comunidad” envejecidas viviendo en condiciones de olvido y precarización.
  • Yo soy el cliente que le pide rebaja al scort o a la puta por su trabajo.
  • Yo soy el cliente que agrede y abusa del scort y de la puta por su trabajo.
  • Yo soy el cliente que paga más si el scort y la puta acceden a negociar el uso del condón durante la penetración.
  • Yo soy el cliente que se va sin pagar lo acordado.
  • Yo soy el gay musculoso que vive con ansiedad si no tengo la aprobación de mi belleza de los likes de Instagram en cada una de mis fotos sin ropa.
  • Yo soy el gordo que vive con ansiedad por que no tengo likes en Instagram.
  • Yo soy el “poco algo” que vive para alimentar el ego y la soberbia del gay musculoso.
  • Yo soy la persona hermosa que utiliza su belleza para subordinar a otrxs.
  • Yo soy la persona fea que me dejo subordinar por la persona hermosa.
  • Yo soy la persona queer de-construida que solo puede construir relaciones románticas e idealizadas.
  • Yo soy la persona queer de-construida que desea constituir familia tradicional y reproducirse.
  • Yo soy el homosexual y la lesbiana privilegiada que piensan que el matrimonio igualitario es la solución a todos los problemas de desigualdad que tenemos en la comunidad.
  • Yo soy el homosexual y la lesbiana privilegiada que piensa que la persona es podre porque quiere.
  • Yo soy el activo que espera que el pasivo “siempre” este listo. Porque un ¨buen pasivo” tiene el culito limpio por naturaleza.
  • Yo soy la persona que conocí por Grindr pero que me enfado cuando la otra persona cambia de opinión y ya no quiere tener penetración.
  • Yo soy el hombre que coge a pelo con otros hombres porque se siente más rico, y luego se coge con su esposa o a su pareja que vive engañada siendo monógama.
  • Soy la persona que no demuestra afecto a otras personas del mismo sexo en público porque piensa que hay que “respetar” a los heterosexuales.
  • Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi presencia discriminan a alguien por ser diverso, sobre todo si es feo.
  • Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi trabajo se expresan de manera discriminatoria sobre lo que es ser gay o lesbiana.
  • Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi familia critican de manera discriminatoria mi “Estilo de vida” por ser gay o lesbiana.
  • Yo soy el dueño del bar gay que no les brinda garantías sociales a sus empleados.
  • Yo soy el dueño del bar gay que no paga salarios dignos a las Drags.
  • Yo soy el dueño del bar gay que explota con largas jornadas laborales, bajos salarios y sin garantías sociales a sus empleados. Y además los obligo a que se quiten la camisa.
  • Yo soy el dueño del bar gay que no deja entrar a mujeres trans al bar.
  • Yo soy el dueño del bar gay que no emplea personas trans en el bar.
  • Yo soy el dueño del bar ¨gay friendly¨ que deja que abusen sexualmente a mujeres en los baños.
  • Yo soy la organización LGBTQ que trabaja con hombres que tienen sexo con hombre (HSH). Pero que no atendemos hombres trans, porque ellos no son hombres.
  • Yo soy la organización LGBTQ que trabaja con mujeres trans que solo aceptamos chicas trans que den lástima por su condición de extrema vulnerabilización para así poder conseguir fondos internacionales.
  • Soy el activista LGBTIQ que lucra con el dolor y la miseria de los demás.
  • Soy el activista LGBTIQ que solo quiere figurar y levantar culitos.
  • Soy el empresario que lucra con el “Pride
  • Soy el empresario que lucra con la “Expo Boda Gay
  • Soy la cámara de comercio diversa Costa Rica.
  • Soy la inmobiliaria que se promociona gratis del “Pride
  • Soy la marca registrada que se posiciona con el “Pride
  • Soy la empresa privada que lucra con el “Pride
  • Soy el político que hace populismo con el “Pride
  • Soy parte de la junta directiva (personería jurídica) que privatiza y organiza el “Pride”.
  • Yo soy la clase de persona que mientras no me toquen mis privilegios, el resto de las personas me valen verga.

Sigue usted…

[1] LGBTI utilizadas por un grupo hegemónico heterosexualizado y privilegiado para categorizar las personas que se enuncian de la disidencia del régimen heteronormativo.

[2] Durante la cuarentena se viralizaron una seria de memes que tenían como dinámica construir situaciones o espacios bajo la categoría tóxico. Donde las personas podían contribuir agregando a la lista nuevas situaciones o características.

La Federación Sindical Mundial (FSM) denuncia ante la ONU y la OIT la represión en EE.UU

El Secretariado de la FSM emitió el siguiente comunicado de protesta a la ONU y la OIT ante la represión que ejerce el gobierno de EEUU contra los manifestantes.

La Federación Sindical Mundial (FSM), en representación de más de 100 millones de afiliados que viven, trabajan y luchan en 130 países de todo el orbe, expresa su enérgica protesta ante la represión brutal desatada por el estado de EEUU contra los trabajadores y el pueblo del país que está en las calles para protestar contra el racismo, la represión y la violencia policial durante los últimos días.

Estas marchas, que estallaron como una justa expresión de la indignación del pueblo y los trabajadores de EEUU tras el asesinato por policías de George Floyd, afroamericano de 47 años, están siendo reprimidas brutalmente por las autoridades estadounidenses, tanto federales como estatales. Al mismo tiempo, mientras que los asalariados, los desempleados y los pensionistas de EEUU sufren las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en un país con carencias terribles de material médico, ventiladores e infraestructuras de salud pública, los líderes de EEUU prefieren intensificar la represión contra el pueblo que protesta.

Hasta el momento, se han registrado más de 5.600 detenciones que ocurrieron en cientos de protestas celebradas en más de 80 ciudades importantes en los dos tercios de los estados del país; al mismo tiempo, muchas quejas de organizaciones internacionales denuncian métodos de represión militarizada sin ningún precedente, mientras que las fuerzas policiales están utilizando equipamiento anti-disturbios de gran potencia y armas de uso militar que incluyen porras, gas lacrimógeno, aerosol de pimienta y proyectiles de goma contra manifestantes, transeúntes o incluso periodistas. Además, entre los miles de quejas presentadas contra la conducta de los departamentos de la policía durante los últimos días, se ha denunciado que en Nueva York, coches de la policía atropellaron a varios manifestantes.

Esta ferocidad sin precedente y la violencia brutal empleada por las fuerzas de represión estadounidenses constituyen una provocación contra el movimiento sindical internacional que se agrupa en las filas de la FSM; constituyen también una infracción manifiesta de cualquier noción de derechos civiles y de libertades democráticas según ratificadas y reconocidas mediante convenios internacionales.

En ese sentido, la FSM expresa su profunda preocupación por la necesidad de proteger a los trabajadores que protestan así como por la violación del derecho del pueblo estadounidense a reunirse, celebrar reuniones públicas y manifestaciones, especialmente si se toman en consideración muchas de las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT así como varios documentos internacionales fundamentales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

La FSM llama a las organizaciones internacionales a asumir acción directa e iniciativas concretas para investigar fenómenos de violencia racista y represión contra los trabajadores estadounidenses, investigando substancialmente las quejas contra la arbitrariedad policial. Por nuestra parte, nos comprometemos a internacionalizar el asunto y emprender cualquier iniciativa necesaria a nivel institucional para proteger la vida, la salud y los derechos de los trabajadores.

El Secretariado de la FSM

 

Enviado a SURCOS por Luis Chavarría, UNDECA.

Documental «Trazos de Libertad»

Este el sábado 27 a las 4:30 p.m. se proyectará por Canal 13 el documental: “Trazos de Libertad”, el cual trata sobre el mural dirigido por Olga Coronado Calvo y realizado por privados de libertad en La Reforma.

“Trazos de Libertad” es un proyecto audiovisual que consta de una serie de talleres de expresión artística, la elaboración de un mural participativo y un documental social que invita a cuestionar temas sensibles como la libertad, la educación, la importancia del trabajo en equipo y las oportunidades.

Como parte de los objetivos del proyecto, el documental busca contribuir en los procesos de fortalecimiento de la identidad y de la historia de las comunidades, aportar a la memoria histórica y social, y la defensa de los Derechos Humanos.

Este proyecto es un trabajo conjunto de varias instancias de la UNED, en el que participaron el Centro Universitario La Reforma, el Programa de Promoción Cultural y el Programa de Producción de Material Audiovisual.

 

Información de Olga Coronado y UNED.

Imágenes tomadas de https://www.uned.ac.cr/

Una resolución constitucional regresiva

José Manuel Arroyo Gutiérrez / Columna ¿Gato o Liebre?, Semanario Universidad*

            Las consecuencias jurídicas, sociales y culturales de la Resolución No. 2020-001619, emitida por la Sala Constitucional el pasado 24 de enero y hecha pública recientemente, son gravísimas. En síntesis, una mayoría de magistrados (5 de 7) ampara a un juez notarial que alegó tener derecho a la “objeción de conciencia” frente a su deber de realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, dado que tal actuación atenta, según él,  contra sus más firmes convicciones religiosas.

            Para emitir sus principales conclusiones, este voto de mayoría elabora el siguiente iter lógico: (1) estamos en presencia de una colisión entre distintos derechos fundamentales: la libertad religiosa (extensiva a convicciones éticas e ideológicas)- del juez objetante-,  frente a los derechos de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia de las personas homosexuales que desean contraer matrimonio; (2) esta contradicción, -continúa diciendo la Sala-, debe resolverse sin vaciar de su contenido esencial ninguno de esos derechos fundamentales en conflicto; (3) lo anterior se logra resolver mediante el principio de “concordancia práctica”; (4) así, se acepta que puede alegarse y aceptarse la objeción de conciencia en el ámbito jurisdiccional, en tanto que para tutelar los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia, se pueden derivar los trámites de matrimonios entre personas del mismo sexo a jueces o notarios no objetantes que “… están dispuestos a brindar el servicio… en condiciones de igualdad, que a otros usuarios…”: y (5) la objeción de conciencia no será admisible a futuro, para las nuevas personas juzgadoras que ingresen al servicio y voluntariamente acepten aplicar las normas con las reformas ya puestas en vigencia.

            Hay errores de bulto en estos argumentos. Me referiré a los que me parecen de mayor gravedad: (1) Pasa por alto este fallo que hay una diferencia cualitativa entre el ciudadano común y el juez.  El primero no jura el cumplimiento de ningún orden normativo y, si lo irrespeta, sólo se atiene a las consecuencias sancionatorias correspondientes. Al contrario,  la autoridad pública que, al asumir su cargo está obligada a jurar respeto a la Constitución y las leyes (incluido el Derecho Internacional de Derechos Humanos), adquiere el compromiso no sólo jurídico sino también moral de respetar los valores ínsitos en esas normas (Ferrajolli). Debe hacer a un lado sus convicciones religiosas y éticas personales para, haciendo honor a los principios de legalidad y objetividad,  respetar sólo los valores objetivados en el ordenamiento jurídico que ha jurado cumplir y aplicar. Una de las destrezas esenciales del juez o jueza en un Estado de Derecho, es su capacidad de “ponerse en el lugar del otro o la otra”, valorar los intereses de las partes en conflicto conforme las personas involucradas, sus definiciones identitarias básicas, sus historias de vida, sus condiciones sociales particulares. No puede el juez pontificar desde sus personales códigos religiosos, morales,  de clase, o de cualquiera otro tipo. Esta es una cuestión técnica, pero también psicológica y humanista esencial en el ejercicio de la judicatura. (2). El derecho a la objeción de conciencia es un instituto concebido como garantía para la persona particular frente a las normas o disposiciones promulgadas por los órganos legítimos del Estado como obligatorias para todos. La misma sentencia que analizamos, con los ejemplos que trae a cuento (servicio militar, derecho de progenitores a educar, derecho de médicos frente al aborto o eutanasia, etc.) ilustran ese carácter tutelar del interés particular frente al aparato estatal. El juez o jueza es precisamente lo contrario, un agente de ese mismo Estado, no es un ciudadano común, no puede alegar que se lesionan sus derechos cuando se ve obligado a aplicar el ordenamiento jurídico vigente. Si se siente incapaz de aplicar alguna ley que no admite, esta persona funcionaria debe irse para la casa. Puede, como ciudadano común, pelear políticamente los cambios que estime necesarios, pero no puede en unos casos sí, y en otros no, aplicar el régimen legal que ha jurado respetar. (3) Hay una terrible confusión en la sentencia analizada, que por cierto el voto de minoría desarrolla con toda propiedad. Me refiero a que no puede aceptarse que un juzgador o juzgadora alegue que están violentando sus más firmes convicciones si se le obliga a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. Estamos en presencia de dos órdenes normativos distintos: por un lado el religioso o moral, y  por otro, el civil o estatal. El derecho a la opción religiosa y las creencias personales que este juzgador puede desplegar en su vida privada y pública se mantienen intactas, aunque realice los deberes funcionales para los que tiene competencia, y no debe, con su negativa, afectar los derechos de terceras personas que pretenden hacer efectivos los propios. Es falso que de no aceptarse la objeción de conciencia, se estaría vaciando de su contenido esencial el derecho al libre ejercicio de la opción religiosa del funcionario actuante,  dado que a lo que se le obliga es a realizar matrimonios civiles, sin ninguna consecuencia ni efectos en el ámbito religioso del objetante. Nadie lo está obligando a que cambie sus creencias,  ni a que se abstenga de practicarlas públicamente. Por el contrario, lo que se evidencia con esta resolución es cómo las convicciones religiosas individuales (“matrimonio es sólo lo que la religión dice que es”), pretende imponerse en el ámbito civil y estatal, al menos para cada caso particular, lo que abre grietas peligrosos en la unidad, homogeneidad y consistencia del ordenamiento jurídico. (4) Es lamentable cómo, en esta resolución, se dedican muchas páginas a analizar antecedentes jurisprudenciales de tribunales internacionales y constitucionales de varios países y regiones, para darnos cuenta que ninguno de los casos o supuestos antecedentes resultan atinentes para lo que se está concluyendo. No hay una sólo decisión que apoye la tesis de que el amparo por objeción de conciencia jurisdiccional o judicial sea posible.  (5) Por otro lado, también se señala reiteradamente en esta resolución que “importante parte de la doctrina” apoya la tesis de aceptar la objeción de conciencia, anunciándose que “más adelante” se referirán esos criterios. El lector se va a quedar esperando esa doctrina y  la fuerza argumentativa que tiene, puesto que no se menciona por ninguna parte. (6) Otro punto inaceptable se evidencia cuando la Sala Constitucional establece, como supuesta salida,  que no hay quebranto a los principios de igualdad, acceso a la justicia y  no-discriminación porque, en caso de que se declare con lugar una objeción por parte del juzgador competente, el asunto puede derivarse a otro tribunal que no tenga estos problemas, satisfaciéndose así los intereses de todos. Magno error. Esta decisión tiene el efecto contrario al que pretende alcanzar. Plantea  una distinción donde no la debe haber y fomenta discriminaciones odiosas. No puede haber ciudadanos y ciudadanas de primera cuyo caso sea visto por el juez natural constitucional y legalmente establecido, y otros de segunda categoría que tengan que andar buscando quién le suple el servicio público a que tienen derecho. La garantía de tutela de los derechos fundamentales no puede verse como un acto de gracia o de caridad, ni dejarlo en manos del funcionario que quiera asumirla.  No es descartable, a modo de hipótesis, que todos los jueces de una jurisdicción, por las razones que sea, decidan no resolver cierto tipo de asuntos. ¿Qué haríamos entonces? Esta laguna es irresoluble y aunque de carácter hipotético, rebela el sinsentido de la “solución” que se ha querido dar. Tampoco es admisible que el sistema en pleno tenga que estar buscando soluciones administrativas u operativas, para posibilitar que las leyes se cumplan en condiciones iguales para todos y todas. (7) Por último,  de lo resuelto por la Sala Constitucional se deriva la posibilidad de hacer una distinción entre  “jueces viejos” que gozan del  derecho a la objeción y “jueces nuevos” que no podrían tenerlo. El juramento de cumplir con la Constitución y las leyes no puede condicionarse al momento de hacer el juramento. Debe entenderse que cubre todo el período en el que la función jurisdiccional se ejerce,  con las modificaciones que sobrevengan,  sin ser de recibo  estatutos ad hoc para jueces o para ciudadanos.

            Es un momento desalentador para quienes creemos en el Estado de Derecho y sus principios elementales. De nuevo, parodiando a Cervantes Saavedra, parece ser que “con las iglesias hemos topado, Sancho amigo”.

* Artículo de José Manuel Arroyo Gutiérrez publicado en la columna ¿Gato o Liebre? del Semanario Universidad y cuyo texto fue compartido con SURCOS por el autor.

De la profundidad de mi alma mujer

El presente libro es una recopilación de experiencias y reflexiones que ha hecho la autora sobre lo vivido, de acuerdo con el propósito que tuvo su alma durante esta existencia: decir No a la violencia.

En él se narra la historia de violencia domestica que vivió la autora en carne propia desde su niñez y que la preparó y sensibilizo para poder luchar contra ella el resto de su vida.

Expone que si es posible vivir sin violencia y explica como lo ha logrado junto a su esposo e hijo, así como los conocimientos adquiridos, sus avances a nivel personal y espiritual.

Milena Barrientos Blanco es Licenciada en Planificación Social de la Universidad Nacional Costa Rica, ha dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos, trabajando con la cooperación internacional en proyectos de desarrollo y protección de derechos, así como en instituciones estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, defendiendo tanto los derechos de las mujeres como de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas LGTBI.

Mucho de su tiempo laboral lo dedico a proteger a las mujeres de la violencia de género y la violencia doméstica, capacitándolas y empoderándolas para que hicieran use de las herramientas legales disponibles a nivel nacional e internacional para su defensa y protección.

En este momento de su vida esta jubilada y dedica su tiempo a ser escritora para compartir sus vivencias y los conocimientos adquiridos en esta trayectoria como defensora de los derechos humanos.

Pueden hacer los pedidos al WhatsApp 8988 6595.

El progresismo social es la bandera fundamental de la próxima campaña electoral

Vladimir de la Cruz

Me señalan algunos amigos, a propósito de un anterior artículo, que todavía es temprano para analizar y ver el horizonte de las elecciones del 2022, que falta tiempo para que cuadren mejor los escenarios partidarios, y que todavía no se ven candidatos…

No es cierto, para mí, que sea relativamente temprano. En Costa Rica al terminar un proceso electoral, inmediatamente queda preñado el siguiente. Los óvulos y espermatozoides políticos se activan, algunos pegan tan rápido como ha asumido el nuevo gobernante, y empiezan en su difícil labor de gestación. Algunos son gestaciones fallidas que no maduran como embriones y fetos políticos, y se interrumpen en su embarazo político, o abortan naturalmente, y otros terminan de nacer en posibilidad de aspirar a la presidencia en el siguiente ciclo electoral. El crecimiento de estos que logran pegar o surgir no es fácil. Es también muy duro y algunos mueren infantes, adolescentes o jóvenes, en ese proceso, que en este caso es una edad que se mide en pocos meses. Otros logran su mayoría de edad sin éxito y pocos son los que finalmente culminan con la nominación presidencial de algún partido, especialmente de los grandes e históricos, no de los partidos que tienen rasgos muy personales, y que giran alrededor de una persona particularmente como hay algunos en el país.

En Costa Rica no hay tregua política electoral. No hay descanso político electoral entre una campaña nacional y otra. Los políticos no pueden descansar ni replegarse. Cualquier descanso o repliegue puede significar una sustitución. En política no hay espacios vacíos, alguien los llena.

Quien aspira a la Presidencia de la República con propósito de llegar a ocupar esa alta distinción no puede dejar espacios de tiempo, ni de lugar, en su lucha y objetivo de vida político, porque efectivamente alguna otra persona, de sus propias tiendas políticas, le puede superar y sustituir, o aparecerle como contrincante, sobre todo si lo encuentra débil en su aspiración.

Hoy además, por las elecciones de medio período para elegir alcaldes y consejos municipales, se activan las fuerzas políticas partidarias en todo el territorio nacional, porque hay que elegir en los 82 cantones más de 5000 funcionarios municipales, que son auténticos líderes políticos regionales, cantonales o comunales, que responden a los diversos partidos políticos, y muchos de ellos también responden a esos posibles candidatos presidenciales, que silenciosamente se mueven preparando sus baluartes y apoyos logísticos cantonales para la siguiente campaña electoral.

La campaña electoral municipal mueve las hormonas políticas desde la asunción del nuevo gobierno hasta las elecciones cantonales, de manera que no deja de haber movimiento y agitación política. Lo vimos en las recientes elecciones donde hubo una gran participación de partidos políticos cantonales y con relativo éxito. Igualmente vimos un fracaso electoral de partidos grandes y tradicionales, que incluso tienen diputados, pero que en las municipales les fue mal.

De alguna manera estas elecciones municipales son las bases de trabajo visibles para la siguiente campaña nacional. Por ello también tienen su importancia y obliga a los partidos a valorarlas para corregir lo que tengan que corregir con miras a la siguiente campaña electoral nacional.

Los aspirantes a la Presidencia de la República, de los partidos que logran elegir regidores, munícipes y alcaldes, luchan por tenerlos de su lado, como elementos muy importantes, como motores locales de la campaña nacional. Además, algunos de estos líderes municipales se ven a sí mismos proyectados hacia el futuro como posibles candidatos a diputados y a desarrollar una carrera política pública más activa. Igualmente, de la Asamblea Legislativa se proyectan hacia ministerios, viceministerios, juntas directivas de las instituciones públicas, puestos en servicio exterior y otras posibilidades que brinda el espacio político nacional.

El otro elemento que hace que el proceso político esté preñado desde el origen de instalación del nuevo gobierno hasta su término, con la siguiente campaña electoral, es el escenario legislativo, con sus 57 diputados, respondiendo a los diferentes partidos que representan.

El escenario legislativo es altamente politizado. Los diputados representan partidos políticos vivos y activos en la Política Nacional. Por el papel que tienen, durante seis meses al año, en las sesiones parlamentarias ordinarias, por su propia iniciativa y por las de sus partidos, impulsan proyectos de ley con lo cual tratan de darle contenido a sus promesas de campaña electoral y de los programas electorales que agitaron en las elecciones para lograr los votos. Son también cierta imagen de gobierno de lo que desearían impulsar si estuvieran en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

La politización mayor del escenario legislativo se da en cada sesión parlamentaria cuando los diputados tienen un tiempo dispuesto para el llamado “control político”, que es cuando diariamente tienen la posibilidad de criticar al Gobierno y a todos los funcionarios públicos, y tienen la posibilidad de cuestionar sus actuaciones y de llamarlos a “rendir cuentas” ante los diputados o ante comisiones investigadoras parlamentarias que se instalan para esos efectos.

El blanco de esta lucha es principalmente el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y sus vicepresidencias, y por los Ministros y sus actuaciones institucionales. Estos son los ojos de las tormentas políticas diarias, así como de chaparrones y lloviznan que siempre tienen. Por eso la actividad política no cesa, ni tampoco la electoral. Solo que la electoral adquiere a veces la forma de una laguna de aguas mansas, y aparentemente muy mansas, y casi plana, sin movimiento en su superficie, pero debajo de ella tiene profundas y agitadas corrientes de agua, que muchas veces terminan en verdaderos remolinos. Así es el mundo político.

En cuanto a que no hay candidatos a la vista, no estoy de acuerdo. Existen, respiran y trashuman. Los hay y no pocos lo que ya empiezan a moverse. En el Partido Liberación Nacional están de los candidatos nacionales Antonio Alvarez, que según me han dicho aspirará a la Presidencia si las encuestas de alguna manera lo repuntan, José María Figueres, que no oculta su deseo de volver a aspirar a esa candidatura presidencial. De estos dos más conservador y menos socialdemócrata es Antonio Alvarez. José María al menos hace alarde de sus posiciones socialdemócratas y su mensaje es más “progresista” y menos “conservador” que el de Antonio Alvarez. En el caso de José María no le veo posibilidades si no está en Costa Rica por lo menos de manera dedicada a su precampaña. No puede ser candidato viviendo fuera del país. Requiere su presencia por lo menos tres semanas por mes este año y a tiempo completo el próximo. Todos los candidatos de Liberación en este sentido le llevan ventaja al estar en el país. En Liberación Nacional están también Fernando Zamora, el ex Secretario General, muy apuntado en su lucha presidencial, pero muy “conservador” en sus planteamientos políticos, y más parece “socialcristiano” que socialdemócrata. Está trabajando duro y moviéndose por el territorio nacional. Está Guillermo Constenla, ex presidente del Partido Liberación Nacional, que no hace sentir sus pasos aún, pero dejó la presidencia del INS para vincularse a la lucha interna por la Presidencia. A nivel legislativo están los diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. De estos a Carlos Ricardo es quien más le veo la fuerza para aspirar a la Presidencia, y en posibilidad de derrotar a los demás candidatos internos, en mucho dependiendo de su labor legislativa este año y el próximo.

En la Unidad Social Cristiana destaca Pedro Muñoz por su papel parlamentario, en esa lucha presidencial, tratando de controlar las estructuras del partido por sus dirigentes intermedios. Allí también, a la sombra por ahora, Rodolfo Piza que seguirá siendo el faro definitorio de esa candidatura presidencial mientras públicamente no renuncie a ella. Pero, igual que José María Figueres tiene que estar en el país al menos a finales de este año lo más, para amarrar los hilos internos de la Unidad Social Cristiana.

Si no fructifica, el llamado de Pedro Muñoz a la unidad del centro derecha en coalición de todos los grupos cristianos, tendrá que pelearla internamente. Y, si es en coalición electoral no le veo como el representante de esa coalición.

En el Frente Amplio solo vislumbro, por ahora, al diputado José María Villalta, que no tiene contrincante parlamentario ni partidario a la vista. Volverá a repetir su doble candidatura de diputado actual y candidato presidencial, sin el entorno y contexto nacional de la campaña del 2014 de la que resultó victorioso.

En el Partido Acción Ciudadana, hasta ahora, solo el diputado Welmer Ramos se menciona en posibilidad de aspirar a encabezar a ese partido en las próximas elecciones. Pero en ese Partido esto está todavía muy verde. Otros posibles candidatos hay que esperarlos hasta principios del próximo año para ver si renuncian a sus puestos públicos para poder aspirar a la candidatura.

Entre los partidos cristianos están Fabricio Alvarado, que es único en su partido y Carlos Avendaño que también parece único en el suyo. El Presidente legislativo actual dicen que aspira a pelear una de estas candidaturas.

El Partido Republicano Social Cristiano de permanecer solo tendrá de nuevo al Dr. Hernández de candidato. En coalición socialcristiana y de cristianos no lo veo encabezando la plana.

En los libertarios el que sobresale es Eli Feinzaig como el más representativo de estas tendencias político ideológicas.

Los troskistas probablemente de nuevo repitan con su candidato de la elección del 2018 que se desempeñó muy bien en la campaña. El Partido Nueva Generación postulará a la presidencia a Sergio Mena, que es el amo y señor en ese Partido, que la viene trabajando con giras y con programas radiales, con planteamientos muy “conservadores”, que no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, o con la “nueva generación”. El conservadurismo mostrado en la última campaña mucho lo quemó.

Para algunos de estos personajes y partidos que se ven en los grupos cristianos no católicos es muy difícil pelearles sus nichos electorales, que manejan con sus mas de 4000 templos y locales religiosos que tienen en todo el país. Pero, como quedó demostrado en las elecciones municipales, estos grupos sin un tema nacional, como el que tuvieron en la campaña del 2018, poco tienen que hacer.

El mundo, en general, avanza hacia el progresismo social. Esta es la bandera fundamental para agitar en la próxima campaña electoral, con mira a los nuevos votantes, a los votantes menores de 40 años, que será un tercio de la población votante, y a la población nacional que poco a poco ha ido aceptando los cambios que en materia de Derechos Humanos se han ido consolidando en el país, con miras a la población mayor, y de adultos mayores, que será más de un tercio de la población votante, que requieren más apoyo institucional y especialmente la protección de la clase media, que ha sido duramente golpeada, con las políticas que se han venido impulsando relacionadas con ingresos, “congelamiento” real de salarios y de pensiones.