Los señores magistrados y las señoras magistradas de la Sala Constitucional o Sala IV, son, sin excepción, personas muy eruditas. Entienden con plena claridad cuál es el lugar de la religión en un contexto democrático y republicano. Y, sin la menor duda, también tienen claros, no solo los principios democráticos y republicanos, sino la significación que conceptos como derechos humanos, ciencia y razón tienen en el mundo actual.
La democracia, en su acepción más avanzada, funda un principio de participación de las personas en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo. Esto, a su vez, parte del principio de la plena igualdad frente a la ley. Cierto que, en la práctica, diversas condiciones –económicas, culturales y de otro tipo– limitan y empobrecen la plena vigencia de tales principios: puesto que la igualdad frente a la ley no siempre es efectiva, la participación no siempre es paritaria. Pero reconocer tales restricciones tan solo nos dice que la democracia es siempre un proceso, es decir, una aspiración, un proyecto en permanente construcción y perfeccionamiento y, en fin, un motivo que invita a la lucha en procura de una mejor sociedad, una mejor convivencia.
La república, por su parte, es una propuesta por un orden político basado en las leyes, en la distribución y los contrapesos del poder, en la decisión democrática y participativa, en la vigencia de los derechos de ciudadanía, en la permanente rendición de cuentas por parte de quienes temporalmente ejercen el poder político.
Recordemos, por otra parte, que las sociedades del siglo XXI –y Costa Rica da buen ejemplo de ello– se caracterizan por un altísimo y creciente nivel de complejidad. Lo mismo en el campo de la economía o de la cultura; en el ámbito político y el de la organización ciudadana. Y tan solo por poner algunos ejemplos adicionales, la complejidad se visibiliza asimismo en los territorios, en las emergentes construcciones identitarias, la diversificación de las relaciones y conflictos en el mundo del trabajo, y todas las emergentes movilizaciones, conflictos y propuestas vinculadas con la problemática ambiental, el calentamiento global y el cambio climático.
Esa complejidad también se expresa en las relaciones e identidades de género, las familias, la vivencia de la afectividad y de la sexualidad. El mundo social -incluso en espacios geográficos reducidos donde en otros tiempos se imponía la homogeneidad- se parece cada vez más al mundo natural: rompe dicotomías simplificadoras o regulaciones que restringen y limitan, y se despliega al modo que lo hace la propia naturaleza: diverso, heterogéneo y multicolor. Sin duda, nada es tan antinatural como la homogeneidad monocolor.
Las democracias modernas y el orden republicano, deben avanzar hacia el pleno reconocimiento e incorporación de tal complejidad. Ello es así, incluso por un asunto de sobrevivencia, para mantener vigencia y viabilidad. De otra forma se desfasarían frente a la realidad, perderían eficacia y por lo tanto legitimidad, con todo el peligro que ello conlleva.
La religión también es parte de estos sistemas sociales complejos. De hecho, la religión misma se ha complejizado en grado significativo, y ello resulta obvio, tan solo con que se repare en la declinación que ha experimentado la hegemonía de la iglesia católica, la cual, hasta hace muy poco, era prácticamente absoluta.
El orden democrático y republicano debe garantizar plena libertad a cada persona para profesar la fe que elija. En la convivencia democrática, cada quien debe respetar plenamente esa fe que otra u otras personas han abrazado para sí. Y, desde luego, ello supone total garantía del derecho a seguir y aplicar en la propia vida las prescripciones morales que derivan de la religión que se profesa. Lo cual también legitima la posibilidad de no tener fe alguna, y de regirse por una moral laica.
Pero lo anterior también significa, que ninguna religión en particular podría imponer su visión de mundo y criterios morales, mucho menos imponerlos a las leyes que regulan la vida en sociedad. En un mundo cada vez más complejo y heterogéneo, ello excluiría a sectores importantes de la sociedad, y, por lo tanto, subvertirían las bases más fundamentales del orden republicano y democrático. Éste tiene el deber –para ser lo que es y no transformarse en una negación de sí mismo– de crear una institucionalidad que incluya a todas sus ciudadanas y todos sus ciudadanos, con las mismas obligaciones y los mismos derechos, en condiciones paritarias para participar y decidir, y gozando de las mismas protecciones para vivir sus vidas según sus propias elecciones y decisiones personales, que, entre otras, pueden ser de orden religioso, como también en material sexual, familiar y afectiva.
La limitación es bien conocida y absolutamente inviolable: mis derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Eso hace posible los valores de la paz y del amor, que jamás florecerían si ese respeto y tales límites no existieran. Puesto de otra forma: donde haya alguien que se cree en derecho de imponer su visión de mundo, su proyecto de vida y sus reglas morales a otras personas, se termina el respeto y se muere la paz.
Dije anteriormente que los valores y aspiraciones democráticas y republicanas enfrentan múltiples limitaciones, que han de ser superada en una lucha cotidiana. Es un proceso, una construcción dinámica. Nunca, y de ninguna manera, una realidad acabada.
De ahí la importancia de la decisión que la Sala Constitucional ha de tomar pronto sobre matrimonio igualitario. No es algo que pueda decidirse con base en criterios religiosos que, por su misma naturaleza de tales, incluye a quienes los profesan, pero deja por fuera a las demás personas. Se trata de dejar atrás un lastre histórico que, al discriminar y excluir, por ello mismo violenta los principios democráticos y republicanos. Supondría, por lo tanto, un paso adelante en el proceso de construcción de una democracia y una república, más plenas y completas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo entendió bien y lo argumentó con grandísima elocuencia. Toca a la Sala Constitucional hacer otro tanto.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomáticos
Como es sabido todo Estado puede expresarse con relación a la situación interna que vive otro Estado, y que le genera algún tipo de preocupación, como lo hicieron, por ejemplo Argentina, España y Ecuador con relación a la situación en Nicaragua: véase el comunicado de Argentina, el texto del comunicado oficial de España así como el contenido del comunicado de Ecuador, los tres del 15 de julio del 2018. Muy distintos en cuanto a su contenido, pese a llevar la misma fecha, referirse a la misma situación, estos tres comunicados responden a la lectura que cada uno hace de la situación y a la forma escogida, desde Buenos Aires, Madrid y Quito, para expresar su preocupación a las autoridades en Nicaragua.
Usualmente, el uso correcto del léxico diplomático en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisión en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violación a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervención en asuntos internos.
Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusión. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (así como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurídicas de las que disponen en materia de derechos humanos las víctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) – del que forma parte íntegra Nicaragua – también adoptaron una declaración titulada «Declaración especial sobre Nicaragua» (véase texto completo), el pasado 30 de junio.
Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también se pronunció, en otros términos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el que adoptó una resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de 21 Estados a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación (JICA) expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Foto extraída de nota de prensa del 4 de julio del 2018 titulada «Japón reclama por posible mal uso de donación».
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situación de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohíbe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Nótese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasileña en medicina en Nicaragua suscitó un comunicado oficial de la diplomacia brasileña en la que se lee que:
«Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicarágua instalado para implementar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos» (véase texto completo). El mismo 24 de julio, Brasil procedió a llamar a consulta a su embajador en Managua, recurriendo a esta figura diplomática para hacer ver su profundo malestar (véase comunicado de prensa del Itamaraty).
Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causándoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigación y de sanción de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados básicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisión y monitoreo a los que podrían en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afectasen a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de los informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listadooficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama de la ciencia jurídica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados.
En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, expresa su enérgica condena a la cruel e inhumana política migratoria de los Estados Unidos de separar a niños y niñas migrantes de sus padres y madres en flagrante violación de los derechos humanos. La brutal y despiadada política del presidente Trump de “tolerancia cero” ha causado la separación de cerca de más de 2.400 niños entre el 5 de mayo y principios de junio. La administración Trump, que se caracteriza por la falta de transparencia, trata como criminales a los migrantes que entran a los EEUU huyendo del clima de violencia y falta de garantías a la vida e integridad física en sus respectivos países. La mayoría de los inmigrantes proceden de Honduras, el Salvador y Guatemala, algunos de México y hasta donde sabemos también Brasil, países que han sido intervenidos desde tiempo inmemorial, por las políticas imperiales de los EEUU, país responsable de golpes de estado, guerras e intervencionismo en Latinoamérica. La AAJ repudia la criminalización de las familias inmigrantes y la política de la administración Trump, implementada por el fiscal general Jeff Sessions, de ordenar procesar a los detenidos con cargos criminales, arrebatar a los niños de los brazos de sus padres y madres, quedando bajo la custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services), agencia federal. Una vez formulados cargos criminales, se posibilita acelerar la deportación e impedir radicar solicitudes de asilo político. Mientras, en el momento de detención, el gobierno de Trump encierra a los inmigrantes en jaulas, incluyendo a los niños, inhumanamente separados de su familia, entre llantos y escenas desgarradoras. Aunque la intensa ola de indignación y protestas obligaron a Trump a firmar una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias, se mantiene el procesamiento por la vía criminal a quienes entran al país en condición irregular, y los niños estarán encerrados con sus padres y madres en centros de detención y bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security). Con ese objetivo, el ejército de Estados Unidos se prepara para albergar a unos 20.000 menores inmigrantes en bases militares ubicadas en los estados de Texas y Arkansas.
(…)
Por tanto, la AAJ expresa lo siguiente:
1. El cese inmediato de tanta crueldad, cesar de procesar criminalmente a los inmigrantes y proceder a la reunificación de las familias. Los niños y niñas no pueden ser piezas de negociación ni rehenes para los fines racistas e inhumanos de la administración Trump.
2. Que los estados que integran los EEUU, como también los y las procuradores generales, demanden al gobierno federal estadounidense por violaciones a los derechos civiles y constitucionales de los padres, madres, niños y niñas separados al llegar a través de la frontera con México.
3. Aunque los EEUU es el único país miembro de la ONU que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y no sea operativa, sus principios tienen validez internacional. La Convención establece que al niño le incumben los derechos de los mayores más los derechos del niño pues es sujeto especial de derechos. Entre los principales principios se encuentran el interés superior del niño y escuchar al niño. El interés superior está vinculado a otros principios, no es el orden público el que lo impone, sino la Convención, escuchando al niño, empoderándolo y protegiendo a la familia. (Ver art. 12, escuchar al niño; art. 9 y 14 inc. 2, los padres; art. 10, encuentro familiar; art. 18 inc. 2; art. 27, proteger a los padres para poder proteger al niño; art. 22, casos de refugiados).
4. Además, exigimos de los EEUU respetar las reglas mínimas de tratamiento de personas detenidas de cualquier forma y en cualquier lugar (Reglas de Mandela de ONU):
Regla 1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos.
Regla 58 1. Los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos: a) por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, digitales o de otra índole que haya disponibles; y b) recibiendo visitas. 2. En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discriminación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se contará con procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se prestará la debida atención a la seguridad y dignidad.
Regla 59. En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social.
Regla 62 1. Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con los representantes diplomáticos y consulares del Estado del que sean nacionales.
Regla 68. Todo recluso tendrá derecho a informar inmediatamente a su familia, o a cualquier otra persona que haya designado como contacto, de su encarcelamiento, su traslado a otro establecimiento y cualquier enfermedad o lesión graves, y recibirá la capacidad y los medios para ejercer ese derecho. La divulgación de información personal de los reclusos estará sujeta a la legislación nacional.
Regla 106. Se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes.
5. Las actuaciones del gobierno estadounidense violan la Convención contra la tortura, que en su art. 1 la define como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
6. Permitir de inmediato misiones investigadoras en los lugares donde se encuentran detenidos los niños y niñas.
7. Permitir de inmediato que el cuerpo consular de los países de procedencia de los niños y niñas tengan acceso personal a éstos.
8. Garantizar y proveer a los niños y niñas tratamiento médico, servicios sociales y educativos.
Le invitamos a leer el documento completo en el siguiente enlace:
Comisión para la Diversidad Sexual realiza capacitaciones en temas de Derechos Humanos igualitarios
La Universidad de Costa Rica tiene el compromiso de garantizarle sus derechos a las personas sexualmente diversas que forman parte de ella y de ser un referente social en el avance de los derechos igualitarios. – foto Karla Richmond.
Desde el 2011, la Universidad de Costa Rica es un espacio libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Como parte de su compromiso con la defensa de los derechos humanos de la población sexualmente diversa, la institución ha implementado medidas concretas a partir de esa declaración. En el 2016 se entregaron las primeras identificaciones que utilizaron el “conocido como” para estudiantes trans, y este año, en acatamiento de la Opinión Consultiva de Corte Interamericana y lo decidido por el Tribunal Supremo de Elecciones, se adoptó el reconocimiento del cambio de nombre por motivos de identidad de género.
Esfuerzos institucionales
Además de adaptar su normativa conforme a los avances de las leyes nacionales, la UCR ha decidido también generar sus propias iniciativas para el aseguramiento de los derechos de todas las personas que componen la comunidad universitaria.
Las autoridades universitarias fueron las primeras participantes de los talleres sobre Derechos Humanos de las personas LGBT.
Producto de una propuesta de la Federación de Estudiantes (FEUCR), desde el año 2017 funciona la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual.
Se trata del ente universitario encargado de dar seguimiento a las políticas de diversidad sexual y de género que se establezcan en la Universidad. Se le ha encargado también la responsabilidad de generar acciones de aprendizaje del tema y dar a conocer los mecanismos para denunciar la discriminación en este ámbito.
La Dra. Montserrat Sagot, coordinadora de la Comisión y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), explica que esta dependencia se enmarca en la lucha nacional e internacional por el reconocimiento de los derechos igualitarios de todas las personas. “Hay un compromiso no solo a reconocer los derechos de la población sexualmente diversa que ya está en la Universidad, sino a enviar un mensaje a la sociedad sobre la importancia de que esto no se trata de “preferencias” o de “opciones”, sino que es una demanda verdadera de derechos humanos”, destaca.
Según la Comisión, las capacitaciones son una herramienta fundamental para que la comunidad universitaria reconozca los derechos de la población LGBT. «Esta no es una capacitación ideológica, no es para convencer a nadie de nada, es una capacitación para brindarle a la gente que atiende personas herramientas para un trato sensible y respetuoso, herramientas para atender usuarios que merecen todo el respeto», explica la Coordinadora.
Además de la representación del CIEM, la Comisión incluye a personas delegadas de las Vicerrectorías de Acción Social, Docencia y Vida Estudiantil, así como de la Escuela de Psicología y el movimiento estudiantil.
Sacando a la discriminación del campus
Las quejas de discriminación a causa de la orientación sexual tienen motivos variados. Algunas son explícitas, mientras que otras son más solapadas. En muchos casos se camuflan en comentarios tendientes a cuestionar el talento o la aptitud de estudiantes para determinadas tareas o carreras por no ser heterosexuales o incluso en “chistes” cuyo argumento es meramente homofóbico. “En las clases o las oficinas estos chistes son absolutamente cotidianos, estamos en una cultura que asume que no tenemos al frente a una persona homosexual, lesbiana o bisexual y esto se repite, está en la vida cotidiana con una gran naturalidad”, explica la Dra. Sagot.
Una de las principales herramientas que ha encontrado la Comisión en su tarea de erradicar este tipo de discriminación es la capacitación.
En una primera fase se ha capacitado al personal universitario que atiende al estudiantado . “Es una capacitación para brindarle a la gente que atiende personas herramientas para un trato sensible y respetuoso, para darle herramientas para atender usuarios que merecen todo el respeto”, explica la coordinadora de la Comisión. Más adelante se trabajará en la promoción de las alternativas que las normativas institucionales ofrecen, no solo para prevenir la discriminación, sino también para denunciarla y darle seguimiento a estos casos, que de momento están siendo apoyados por el equipo psicológico y jurídico del CIEM.
Para estar en contacto con la comunidad universitaria y recibir sus consultas, la Comisión ha habilitado el correo: comision.diversidadsexual@ucr.ac.cr.
Un 28 de junio en Nueva York
La Comisión Institucional para la Diversidad Sexual celebra su primer año de funciones en el marco de la conmemoración de los Disturbios de Stonewall, uno de los eventos más icónicos de la reivindicación de los derechos humanos.
Lo que inició como una redada en un bar gay de Nueva York se convirtió en una manifestación con la cual se luchaba para detener la persecución policial contra las personas no heterosexuales.
A partir de esos acontecimientos, ocurridos el 28 de junio de 1969, la fecha es conocida como el Día Internacional del Orgullo LGBT, una ocasión para conmemorar los avances logrados hacia una sociedad más igualitaria y en la cual la orientación sexual no sea un impedimento para conseguir condiciones de vida dignas.
Desde la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ Nicaragua) junto al poeta Ernesto Cardenal, le enviamos una carta la mañana del martes 19 de junio al expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, denunciando la grave crisis socio-política que ocurre en Nicaragua.
A dos meses del inicio de la masacre en Nicaragua bajo el gobierno Ortega-Murillo, más voces exigen urgentemente el cese a la represión y la búsqueda de la justicia para todas las familias víctimas de la violencia en este país. El gobierno de Ortega-Murillo no puede seguir encontrando legitimidad en los movimientos de izquierda a los que con sus actos sin escrúpulos ha traicionado.
Buscamos el apoyo por parte de actores de la comunidad internacional y otros organismos para que condenen la continua violación de derechos humanos en Nicaragua y promuevan acciones internacionales que respalden la ruta pacífica de democratización del país presentada por la ciudadanía nicaragüense.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia es un espacio de consenso y articulación de universidades, que surgió a partir de las manifestaciones de Abril por la necesidad de un cambio radical en la organización y representación legítima de los universitarios en sus recintos; actualmente la integran estudiantes organizados de UNAN-Managua, UNI, UAM, UNAN-León, Thomas More y UCA. La CUDJ Nicaragua ha logrado también articular acciones conjuntas con organizaciones de sociedad civil, barrios organizados, movimiento campesino y grupos feministas, para fortalecer estrategias de participación ciudadana a nivel local y regional.
Este 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) (véase sitio oficial) dio a conocer su informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua, la cual se originó a partir de protestas callejeras el 18 de abril del 2018. Como Estado parte al Pacto de San José de 1969, Nicaragua debe cumplir con algunas obligaciones en materia de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza por parte de sus fuerzas para contener manifestaciones callejeras.
Es precisamente el uso desproporcional de la fuerza por parte de las autoridades contra manifestantes y estudiantes el que explica la gran cantidad de personas fallecidas (212) y heridas (más de mil) desde hace dos meses en Nicaragua, provocando diversas reacciones por parte de la comunidad internacional. Este 22 de junio, los integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinaron la situación en Nicaragua y respaldaron el contenido del informe, pese al «rechazo integral» del informe, externado por el delegado de Nicaragua, aduciendo el sesgo con el que fue elaborado (véase declaraciones disponibles en este enlace de YouTube).
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno» (La Prensa Gráfica).
El texto del informe (que consta de 91 páginas en total) está también disponible en este otro enlace, por si el acceso al enlace oficial no logra la descarga completa del documento.
Hace exactamente un mes, el pasado 22de mayo, la misma CIDH había publicado un informe preliminar después de una visita in situ a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de reproducir (véase nota nuestra al respecto). Las quince recomendaciones hechas en este informe preliminar siguen sin ser acatadas por las autoridades de Nicaragua, por lo que fueron nuevamente reproducidas en la parte final del informe presentado este 21 de junio por la CIDH (véase punto 285 de la página 88).
El pasado 5 de junio, fue en el marco de la Asamblea General de OEA que se adoptó una resolución (véase texto reproducido en esta nota nuestra).
En las conclusiones y recomendaciones del informe presentado este 21 de junio, se lee que:
278. La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua, ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos. En particular, la CIDH constata un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. Lo anterior se refleja en más de las 212 personas que han perdido la vida hasta el 20 de junio, así como en el número de heridos y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 junio la CIDH tenía registradas en 1.337 y 507, respectivamente. A pesar del llamado al cese inmediato a la represión estatal por la propia Comisión, ésta no ha sido detenida. Por el contrario, la respuesta represiva ha recrudecido en las últimas semanas, acentuándose la crisis que afecta al país.
279. La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión.
280. De igual forma, la CIDH reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno. El Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables.» (p. 87)
Con relación al hostigamiento que sufren líderes sociales y defensores de los derechos humanos, se lee (punto 264 en página 82) que:
«264. La CIDH advierte el constante uso de las redes sociales y otros medios de información con el objeto de difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el inicio de las protestas, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y religiosos han sufrido diversos señalamientos por parte de autoridades estatales y actores no estatales en los que se les hostiga, descalifica y estigmatiza, tanto por denunciar las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la represión estatal a las protestas, como por presuntamente alentar a la participación de la población en las manifestaciones. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado rechazó la existencia cualquier política de persecución a las personas defensoras de derechos humanos».
Se recomienda la lectura completa del informe, así como la parte de conclusiones y de recomendaciones finales (pp. 87-91) de manera a poder apreciar mejor la labor de fiscalización ejercida por un órgano de derechos humanos como la CIDH y la urgente necesidad de acompañar a las autoridades de Nicaragua y a las organizaciones de la sociedad civil en la efectiva implementación de sus recomendaciones incluidas en la parte final de dicho informe.
En Nicaragua, como en muchas otras partes del mundo, la violencia sólo puede generar mayor violencia y conflictividad: una crisis política debe resolverse sin enlutar cada día a más familias cuyos miembros son ultimados a tiros por fuerzas de seguridad (o fuerzas paramilitares que actúan en la mayor impunidad con la complicidad del Estado).
Este sábado 23 de junio, un niño de 14 meses fue abatido de un tiro en la cabeza (véase nota de prensa), sumándose a once menores de edad fallecidos en Nicaragua en los últimos dos meses en el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
“Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos.” (Karl Marx, Federico Engels: Manifiesto del Partido Comunista).
INTRODUCCIÓN. Permítaseme hacer referencia a una expresión que empleó en Dr. y sacerdote Clorito Cruz, en una charla sobre Teología de la Liberación. “A los tibios, a Dios los vomita”. Con esta cita quiero manifestar que en los procesos históricos no se puede ser neutral, menos en las ciencias sociales, porque la neutralidad no existe. De igual forma, los Derechos Humanos, este tema traído y venido por la prensa mediática, no son neutrales, los Derechos Humanos son el resultado de la revolución burguesa. El 18 de abril de 2018, frente a las reformas que anuncia el gobierno sandinista para modificar el INSS, el sector dominante nicaragüense, logra convocar a una manifestación contra dichas medidas. Dos días después, el Comandante Daniel Ortega, presidente en ejercicio de la hermana república de Nicaragua, decide dejar sin efecto dichas reformas al INSS. Cabe entonces una pregunta sencilla: ¿Por qué y bajo qué intereses surge la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, llamando a un gran sector antisandinista a mantener una serie de demandas, que distan absolutamente de la media inicial que dio origen a esta revuelta o conspiración? No se trata en esta breve exposición de defender a unos y condenar a otros. Eso sería una lectura maniqueista de los hechos que queremos referir. Pero lo lógico pareciera ser que si inicialmente el detonante de una situación es retirado, para evitar el conflicto, la solicitud expresa de adelantar elecciones, exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega, de la vicepresidenta, Rosario Murillo; requerir la renuncia de los diputados, dejar sin efecto al Consejo Electoral. Pedir la separación de los cuadros de dirección de la policía nacional y la renuncia en pleno Estado Mayor del Ejército, es claro que estamos ante un golpe de Estado. Ningún gobierno puede sentarse a negociar bajo esas amenazas y chantaje desproporcionado. Claro que nos duelen los muertos. Nadie puede ser indiferente a las muertes. También es claro señalar que estamos frente a una situación muy difícil, que por ahora afecta política, económica y socialmente a nuestro país vecino. Correlación de fuerzas, demandas y diálogo. Es claro pensar que las reformas a la seguridad social, con afección directa a sectores del capital, fueron los detonantes para romper los consensos históricos construidos en Nicaragua. El interés de esas medidas tenía como objetivo central atender el déficit fiscal financiero del Instituto Nacional de Seguridad Social-INSS. La reforma en concreto era subir de un 19% al 22.5% a los empresarios y de un 6.25% a un 7%, a los trabajadores. Por su parte se pensó en gravar en un 5% las pensiones de los jubilados. Bajo medidas de presión y exigencias absurdas, nadie puede sentarse a negociar. Medidas de esta envergadura, lejos de afinar los canales democráticos, contrario a lo que supone los espacios del diálogo y las sanas pretensiones de un movimiento para establecer los verdaderos mecanismos de negociación entre partes, lo que conduce es agudizar las contradicciones, a profundizar los niveles del conflicto, consecuentemente, llevar al país a los límites de una confrontación civil.
La salida del diálogo, la negociación, la resolución alternativa del conflicto y la atención de las demandas reivindicativas son puntos válidos para cualquier negociación. Los otros que hemos señalado, en los párrafos precedentes, solo suponen condiciones inaceptables en el ejercicio de la imposición y no de negociación entre el gobierno nicaragüense y su contraparte (https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=10213459239729381&id=1052201498). Solo basta la lectura de algunos títulos de la prensa mediática y las posiciones de otros articulistas, y se adivina el camino por donde transita esa demanda de los diferentes sectores que conspiran contra el actual gobierno, democráticamente electo (https://confidencial.com.ni/piero-coen-la-gente-exige-un-cambio-de-gobierno/). En este mismo orden, en el artículo citado, el empresario Piero Coen Ubilla, “presidente del Grupo Coen –un conglomerado de empresas con fuerte peso en los servicios financieros, la agroindustria, ganadería, el sector agrícola, bienes raíces, y soluciones de ID–“, apoya la “democratización”, pero además, aboga por una salida “rápida”, “pacífica”, y “constitucional” a la crisis política, económica y social. Argumenta asimismo que: “…la respuesta “autoritaria” del Gobierno que se “salió del control”, provocando más de 76 muertes, y abogó por una “solución rápida”, “pacífica y constitucional”, en correspondencia con las demandas de democratización que plantean diversos sectores de la población”. (https://confidencial.com.ni/piero-coen-la-gente-exige-un-cambio-de-gobierno/). Lo extraño de todo esto, aun dando por válidos los últimos datos ofrecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y otros organismo de Derechos Humanos, sobre un aproximado de 100 muertos y centenas de heridos, lo cierto es que todas sus recomendaciones fueron acogidas por el gobierno. Carlos Corea Lacayo, orienta la discusión, a través de un artículo muy ponderado, señalando que por la estructura actual del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, legítimamente electos en el último proceso electoral, no resulta fácil. Su postura la sustenta en algunos datos que vale la pena considerar en esta mesa de discusión. Indica que: “En las elecciones del 2011, 943,000 personas no votaron por el FSLN, mientras 1.569,287 lo hicieron por el FSLN. En las del 2016, el FSLN tuvo 1,806,651 votos contra 687,000 votos en contra. Como simple conclusión se puede decir claramente que hay un poco más de medio millón de personas del patrón electoral que rechazaron al FSLN en el Poder Ejecutivo y esas personas al votar en contra manifestaron su derecho democrático y constitucional de decir NO, no queremos al Frente. Ese medio millón ha estado allí por un buen tiempo pero la oposición no había encontrado la manera de unificarlo en una bandera de oposición ni de hacer que saliera a las calles (las manifestaciones de los miércoles ante el Consejo Supremo Electoral reunían entre 15 y 40 personas y daba lástima pues el jugoso presupuesto de las ONGs y partidos de oposición se esfumaba sin resultados concretos). Esta vez la oposición a través de operaciones psicológicas que se ajustan a la perfección al modelo de lo que se llama las «unidades armadas de propaganda», han hecho posible dos cosas fundamentales: agrupaciones políticas sin efectividad, sin arrastre y sin contacto popular, como en ONGs del enjambre creado y financiado por el National Endowment for Democracy (NED-ned.org)”. No estamos bajo la paranoia de la CIA, pero lo cierto es que desde la década de los ochentas, la revolución de terciopelo contra el régimen sandinista ha estado escrito. Sintetiza muy bien este momento Carlos Fonseca Terán, cuando nos dice que hoy Nicaragua está sometida a una “guerra de la quinta generación, a una guerra de manipulación de masas”. El imperialismo Norteamericano no ha cesado en su interés por derrotar al FSLN. El Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, los Planes de Ajuste Estructural, la urgencia de establecer para Centroamérica el Área de Libre Comercio para las Américas, forman parte de la lucha antisandinista; son parte del guion titulado: «Manual for Psychological Operations in Guerrilla Warfare». Corea, escribe: “Edgard Chamorro Coronel, Jefe de Relaciones Públicas del FDN-FARN (la contra en Honduras) lo publicó en 1983 y luego los oficiales estadounidenses en Honduras le entregaron una copia a cada comando contra para crear lo que ellos llamaron en esos días, los «guerreros políticos». Plan Nacional de Desarrollo Humano, algunas cifras. No quisiera reiterar datos o consideraciones que posiblemente serán tratadas con mayor profundidad por parte de mis otros dos compañeros de mesa, los camaradas Pablo Hernández, del Partido Obrero Socialista y el camarada Óscar Barrantes Rodríguez del Círculo Bolivariano Yamileth López. No obstante, porque tampoco se trata aquí de saturarnos de datos, me permito tomar como puntos referenciales los aporte de Paul Oquist y algunos alcances que se establecen en el Primer Congreso del FSLN. Nos dice Oquist, en atención al tema que nos ocupa, lo siguiente: «Hoy Nicaragua es un País que ha probado que es capaz de formular y lograr Objetivos Estratégicos. El Objetivo ha sido Crecimiento Económico con Estabilidad Macroeconómica, creación del Trabajo, reducción de la Pobreza y la Desigualdad. Y en todos esos flancos con Objetivos tan ambiciosos hemos avanzado desde 2007. Después tenemos los logros que ustedes conocen, los hemos visto antes: Crecimiento del promedio del 5%, mayor de Centroamérica; se han doblado las exportaciones; se han quintuplicado las Inversiones Extranjeras Directas, de 266 millones en 2006, hasta 1.4 mil millones el año pasado. La inflación es de un dígito, y bajando. Esas barras que se ven allí son de este año; este año la inflación es menor hasta ahora que en los tres años anteriores».
Las Reservas Internacionales son más de 2,000 millones de dólares. Esto, en toda la Historia de Nicaragua suma 2.8 veces la masa monetaria, permite Estabilidad Monetaria; no hay controles de Capital, no hay controles de cambio. Pueden cambiar todos los dólares, todos los euros que quieran con el Banco en el País. Estas son las grandes ventajas que tenemos. También, el déficit fiscal es 1.5% o menos, algunos años hemos tenido hasta pequeños superávit. El endeudamiento externo ha ido de 109% del PIB a 40% del PIB. Endeudamiento interno, que ha ido del PPI y los infames CENIS, han ido de 25% del PIB a 8% del PIB. Se han creado 800,000 trabajos; se ha aumentado el Sector Formal registrado en el INSS es 72%; el mayor crecimiento del Sector Formal en América Latina y el Caribe. El desempleo abierto es 6.7%… pero aquí tenemos un gran problema, que es la subutilización de la Fuerza de Trabajo. Entonces tenemos una gran demanda para trabajos formales, de 3 millones de nicaragüenses trabajando, sólo 720,000 tienen subsidios pagados, vacaciones pagadas, tienen jubilación al final de la vida laboral” (https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:32708-companero-paul-oquist-expone-plan-nacional-de-desarrollo-humano-de-nicaragua-y-las-tecnologias-satelitales). Pero el gobierno sandinista, también ha apostado en otros espacios de la su economía. La distribución de tierras y titulación en la zona del Caribe, el relanzamiento de la estrategia micro para fortalecer la economía familiar, el desarrollo cooperativo. El apoyo técnico sostenido para elevar la productividad y la diversificación de su economía agrícola forman parte de una nueva visión y lógica con la cual mira el gobierno actual el desarrollo de su país. Termino esta breve exposición señalando lo siguiente: Para el sandinismo, el reto fundamental ante la nación, ante la comunidad internacional, y sobre todo ante si mismo, era el de la renovación democrática. La derrota electoral, el reconocimiento de los errores y limitaciones del pasado y la crisis del socialismo en el mundo lo enfrentaban a una crisis y a una oportunidad de proporciones históricas, que ni culminaba ni comenzaba con el Primer Congreso. Más bien, a partir de reflexiones, discusiones y acciones iniciadas a partir de la derrota en todos los niveles del sandinismo, se trató ya de adecuar el partido a las nuevas coyunturas políticas y a las necesidades sociales de las grandes mayorías nicaragüenses. Al igual que otros partidos de izquierda en el mundo, el FSLN se vio asediado, interna y externamente, para que diera paso atrás en su filosofía socialista y en su posición anti-imperialista.
Evidentemente, tanto en la definición del nuevo programa, como en la integración de la nueva dirigencia, se abrían espacios para fortalecer o para debilitar la representación de las diversas corrientes que existen a lo interno de un Frente Sandinista que es «pluri-clasista»( http://www.envio.org.ni/articulo/680). Muchas gracias y muy buenas noches. Nos quedan muchos aspectos por abordar, pero la tarea hoy, es defender la revolución sandinista, bajo el asedio, una vez más, del imperialismo norteamericano y los secuaces internos que se prestan al juego sucio de una nueva revolución de terciopelo, para asestar un golpe blando, un golpe de Estado duro.
Imagen ilustrativa tomada de la nota de Surcos titulada, Democracia en crisis en Nicaragua.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional acordó rechazar los actos de violencia contra los derechos humanos y el quebrantamiento de la autonomía universitaria en Nicaragua, e hizo un llamado al diálogo entre la ciudadanía y el gobierno de esa nación hermana, a condición de que cese toda acción de represión.
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ANTE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA.
CONSIDERANDO QUE:
El preámbulo del Estatuto Orgánico cita:
“La Universidad Nacional es una institución de educación superior pública con plena autonomía garantizada constitucionalmente. Tiene como misión histórica crear y transmitir conocimiento en favor del bienestar humano, mediante acciones que propician la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia. Honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y la sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana”.
Con sus logros y avances en el conocimiento, la Universidad Nacional aporta al bienestar integral de la sociedad. Fomenta así mejores condiciones de soberanía, democracia y solidaridad, en estrecho apego a lo más adelantado en los derechos humanos, la fraternidad y el bien común […]”.
La celebración del centenario de la Reforma de Córdoba, ratifica la autonomía universitaria como eje principal para concebir la universidad latinoamericana en plena independencia, libertad y responsabilidad del aparato estatal; así como el papel activo del estudiantado para la construcción de una mejor universidad y sociedad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe n.°113/18, del 21 de mayo de 2018, sobre la situación que se vive en la hermana República de Nicaragua, señala, entre otros aspectos, el descontento popular iniciado por las autoritarias posiciones del Gobierno, aunado al incendio en la reserva natural de Indio-Maíz y la publicación en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, acerca de la reforma de seguridad social que incrementó los aportes de los trabajadores y la detracción del 5% a las personas pensionadas; estos hechos dieron lugar a una serie de manifestaciones, las cuales iniciaron a partir del 18 de abril y se han convertido en actos extremadamente violentos, con una sentida represión gubernamental en las ciudades de Managua, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otras. (OEA. (2018). Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua. (Documento disponible en https://goo.gl/UEDGsz).
Según la información suministrada por la CIDH se han registrado al menos 76 personas muertas, 868 heridas, en su gran mayoría en el contexto de las protestas, y 438 detenidas, entre ellas estudiantes, población civil, personas que defienden los derechos humanos y periodistas.
El pronunciamiento del Consejo de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Nacional (Caeuna), del 19 de abril de 2018; apoyado por el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna). (Caeuna (2018). ¡Alto a la brutal represión en Nicaragua! Documento disponible en https://goo.gl/cN4kVo).
La “Vigilia por la paz en Nicaragua” organizada por las asociaciones estudiantiles y los órganos de la Feuna, el 23 de abril de 2018, en diversos campus de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Los pronunciamientos comunicados por el Consejo Académico de la Universidad Nacional (Consaca), el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades estatales costarricenses.
POR TANTO, SE ACUERDA:
RECHAZAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS: RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA, DETENCIONES ARBITRARIAS, AGRESIONES Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS; COMO CONSECUENCIA DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA APLICADA POR LA POLICÍA NACIONAL EN OPOSICIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA, PARTICULARMENTE, DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS MANIFESTACIONES Y LAS MARCHAS CONVOCADAS DE MANERA PACÍFICA.
MANIFESTAR LA PREOCUPACIÓN POR EL QUEBRANTAMIENTO Y EL IRRESPETO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATALES NICARAGÜENSES, Y LA VIOLACIÓN FLAGRANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL GOBIERNO DE NICARAGUA.
LLAMAR AL DIÁLOGO ABIERTO, TRANSPARENTE Y FRANCO ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO; PERO ANTES CESAR TODA ACCIÓN DE REPRESIÓN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS INTERNOS, CON EL PROPÓSITO DE REINSTALAR EL DIÁLOGO Y LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN EN RESPETO AL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y LA SOBERANÍA NACIONAL.
RESPALDAR EL TRABAJO PROPOSITIVO Y OPORTUNO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU INFORME N.° 113/18, PUES DENOTAN LA CONVICCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LLAMAR AL PUEBLO COSTARRICENSE A REAFIRMAR VÍNCULOS ESTRECHOS, HISTÓRICOS, CULTURALES Y ECONÓMICOS QUE UNEN A NUESTROS PAÍSES; EN ESTE PARTICULAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
Y SUS FAMILIAS.
COMUNICAR ESTE PRONUNCIAMIENTO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO, LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES, EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, LAS FEDERACIONES ESTUDIANTILES Y LAS COMUNIDADES
UNIVERSITARIA Y NACIONAL.
ACUERDO FIRME. (UNA-SCU-ACUE-1072-2018).
Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO
***Mayores detalles con Daniela Alpízar, representante estudiantil ante el Consejo Universitario al 8758-7762 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen tomada de la nota Surcos titulada: CONARE condena actos de opresion e irrespeto a los derechos humanos en contra de estudiantes universitarios en Nicaragua.
Después de la II Guerra Mundial, Alemania y Francia conformaron la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (que a la postre dio paso a lo que hoy es la Unión Europea), con las heridas aún sangrantes del conflicto bélico. Lo hacían más con un interés realista que por un deseo de hermandad: la toma de consciencia de que habitaban la misma “casa común”.
Centroamérica es el hábitat de Costa Rica, para bien o para mal. Ello significa un gran reto: ni diluirse en la región ni querer constituirse en una isla dentro de ella. “Costa Rica no es parte de los problemas de Centroamérica pero éstos si son parte de nuestro país”, manifestaba en su primer gobierno el ex -presidente Oscar Arias. Hoy en día esa premisa se revela parcialmente incorrecta. En una sociedad global, los problemas ticos tienen una continuidad con el resto de la región: la violencia engendrada por el narcotráfico, el aumento de la pobreza extrema, el desempleo, las migraciones, la tentación (como quedó demostrada en los últimos comicios costarricense) de violar derechos humanos incluso por la vía electoral, las consecuencias del cambio climático que actúan en una dimensión centroamericana y caribeña y no a escala estato-céntrica.
Mal haría el nuevo gobierno de hacer un berrinche como el que hizo Luis Guillermo Solís y su canciller de salirse temporalmente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por el asunto de las migraciones africanas, haitianas y cubanas que atravesaban el país, ante la negativa de Nicaragua de abrir sus fronteras. La nueva administración debe entender que la integración regional ya no es solo un discurso romántico de hermandad centroamericana sino sobre todo, una estrategia nacional de Alta Política para enfrentar problemas que solo se pueden gestionar y resolver mancomunadamente. La soberanía ya no es aislarse dentro de unas fronteras cada vez más porosas sino, manteniendo la identidad nacional, la capacidad de influir en los recursos de los países vecinos para así enfrentar riesgos nacionales-regionales.
¿Qué el SICA en mucho es un leviatán con una arquitectura frondosa, en algunos casos inútil, que alberga los intereses gremiales y salariales de una “mara” de burócratas con altísimos salarios y de un estamento de consultores centroamericanos e internacionales (ligados a la cooperación) que llevan un estilo de vida lujoso? ¡Eso nadie lo duda!
Aún más: desde la fundación del Mercado Común Centroamericano a finales de los 50´s y principios de los 60´s del siglo pasado, ha hecho más por la integración el empresariado (no de gratis, porque les convenía un economía regional) que la institucionalidad burocrática.
El reto del nuevo gobierno, en ese camino de compaginar identidad nacional y gestión en “condominio” de problemas centroamericanos, es conseguir una limpieza del SICA (tarea que Solís empezó, al menos en el discurso), impulsar la participación empresarial bajo el respeto de los derechos laborales y ambientales, y darle voz al gran ausente: la sociedad civil. Si la integración no se comienza a edificar desde abajo (desde la cultura, el deporte, las MYPIMES, las ciudades, el ambiente), todo será fantasía. La propuesta de Panamá de construir un metro o tren que la una a Costa Rica es en este sentido esperanzadora, y este espíritu se puede extender al resto de la región.
Nuestro país tiene un recorrido que puede potenciar en el marco regional: las relaciones comerciales con China (ahora que algunos países del SICA están alejándose de Taiwán), el TLC con Corea del Sur, sus avances en materia de enfrentar el cambio climático. Destaca aquí el replantearse la decisión de no participar en la Alianza del Pacífico (AP) (sin dudas el esquema integrador más dinámico actualmente en Latinoamérica), no obstante el trecho andado en esa materia. Sin desatender a los grupos internos que se oponen a esa adhesión, Costa Rica puede ser el puente entre la AP y Centroamérica.
Charles de Gaulle solía decir que “cada país debe hacer la política de su geografía”. Este principio se debe aplicar en nuestras relaciones con nuestro vecino del norte. En los últimos tres gobiernos ticos hemos esbozado una política de “caritas enojadas”, lindando con un extremo infantilismo. Algo similar ha hecho Managua. Esperamos de Carlos Alvarado un cambio: se puede defender el interés nacional, la integridad territorial, sabiendo que compartimos una “casa común”.
Hay razones para creer que así será: nombró a una mujer en la cancillería, y además brillante y afrodescendiente, lo cual dice mucho, demasiado. La idea del nuevo gobierno de celebrar el Bicentenario de manera regional, junto con los otros países centroamericanos, no puede sino que aplaudirse.
(*)Catedrático, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.
*Imagen con fines ilustrativos tomad de vox.lacea.org
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
