Unidad académica hizo un llamado para que los medios de comunicación ejerzan la libertad de expresión desde un marco ético y respetuoso de los derechos humanos. (Fotografía con fines ilustrativos). Foto: Karla Richmond.
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció este 09 de agosto sobre el tipo de cobertura y tratamiento periodístico desarrollado por los medios de comunicación al abordar los casos de femicidio en el país.
La unidad académica reiteró su compromiso con la promoción de un ejercicio periodístico responsable, al tiempo que hizo un llamado para que la prensa ejerza la libertad de expresión desde un marco ético y respetuoso de los derechos humanos.
Pronunciamiento completo:
Las últimas 72 horas han sido tristes e impactantes para nuestro país. El femicidio de María Trinidad Mathus Tenorio, mexicana y turista se suma a la larga lista de 16 femicidios perpetrados en lo que va del año. Estas mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, tanto a manos de sus ex parejas y parejas como por desconocidos.
En un contexto de violencia y repudio nacional ante estos hechos, Diario Extra, en su edición del día martes 7 de agosto de 2018, publicó en su portada una fotografía póstuma de María Trinidad resaltando la violencia de los hechos sin enfocarse en quién era ella como persona. Se evidencia así un irrespeto no solo a su vida sino a la vida de todas las mujeres en nuestro país.
Como Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, promovemos un ejercicio profesional de la comunicación que sea responsable y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas en la cobertura mediática y especialmente en las noticias asociadas a la violencia contra las mujeres.
Como centro de educación superior, formador de profesionales en comunicación, fomentamos y apoyamos el ejercicio de la libertad de expresión desde los medios de comunicación, pero también hacemos un llamado para que esta libertad se ejerza en un marco ético y de respeto a los derechos humanos.
Los medios son un referente de aprendizaje y representación para las personas; pueden generar efectos fundamentales sobre la autoimagen, el autoconcepto y otras conductas.
Condenamos los tipos de cobertura que atentan contra la dignidad humana, contra la irrepetibilidad y el sentido único que representa cada ser humano. Este tipo de cobertura es una forma brutal de hacer comunicación que evidencia el desprecio a la vida y a la muerte de las mujeres.
A todos los medios del país y profesionales de la comunicación les hacemos un llamado a la autocontención responsable que acate los principios esenciales de la vida y el respeto a la dignidad humana.
Proponemos e invitamos al diálogo entre profesionales de la comunicación para configurar nuevos modelos de hacer comunicación y superar estas formas de tratamiento informativo.
En mi anterior artículo “El Efecto Dominó Contra Nicaragua” intenté un repaso histórico sobre la Nicaragua Sandinista de Hoy, caracterizando que el triunfo de la Revolución Sandinista fue el logro de la caída de la dictadura somocista por más de 59 años; no el triunfo de una revolución socialista, como tampoco el de una revolución democrática popular. Fue el triunfo de una política Frentista de Liberación Nacional. Ahora, un proyecto de reforma al sistema pensional y de seguridad social, fue el detonante de la situación degenerada en protestas callejeras. Sin el apoyo de los empresarios y la asistencia de estos a sectores estudiantiles, con miras a que la normalidad retornara a las calles de Managua, el gobierno decidió retirar el controvertido proyecto; pero las protestas no cesaron y la intención del levantamiento conspirativo quedó al descubierto, al expresar los voceros estudiantiles que el presidente Ortega debía renunciar. Luego, acorde con el despliegue de la mediática, se suceden las imposiciones para que el gobierno adelante las elecciones en altisonante juego de exigencias.
DEL TRIUNFO SANDINISTA
Las condiciones del movimiento popular ante la férrea dictadura somocista, no permitía una expresión de las organizaciones sociales ni populares. No existía reconocimiento legal alguno, ni de ejercicio de los derechos fundamentales. Paralelo a la hambruna y empobrecimiento de la población corría la carencia de instancias de representatividad. El papel del clero insurgente y los trabajos de comités de base eclesiales, suplían formas organizativas, por lo cual la lucha político y militar del Frente no fue una lucha por el poder, sino la de los logros por alcances democráticos contra la dictadura. La experiencia de un Frente Popular se materializó con el encausamiento de los efectos de la represión contra la clase media. Afectados también el sector de intelectuales, de comerciantes , pequeños y grandes empresarios, que carecían de un mercado libre, competitivo, y sin capacidad política organizativa, enfilaron a la política del Frente y bajo la denominación política del Grupo de los Doce, todos esos actores afectados y que no tenían espacio ante la plutocracia del grupo de los Somoza, tuvieron cabida en ese escenario de lucha en el que, por las circunstancias del momento, no correspondía dirimir la lucha ideológica, sino la aceptación de apoyar la lucha contra la dictadura; lucha de por sí insurreccional.
La sumatoria de organizaciones políticas y sociales, propias en una política de Frente, aplicaba sobre una dinámica de militancia. No había una Escuela de Cuadros en la formación de dirigentes. Ello explicable por cuanto al no darse la complejidad de lo político-organizacional, el faro de la búsqueda del poder no era la meta. Lo era el derrocamiento del mal gobierno dictatorial. Al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo identificaba y movía, un programa de alcances concretos y que a hoy continúa siendo el programa vigente: * Revolución Agraria (aún no alcanzada). * Legislación laboral y seguridad (amenazada por la flexibilización y el deterioro de derechos sustantivos). * Gobierno revolucionario y honestidad administrativa (con un flagelo de corrupción y no ejercicio eficaz de órganos de control). * Reincorporación de la Costa Atlántica (bajo un modelo de Ordenamiento territorial no satisfactorio y la mediocridad díscola de las minorías indígenas Miskitas, en permanente oposición a salidas de solución). * Emancipación de la mujer y respeto a las creencias religiosas (con dura afectación al derogar la Ley del Aborto y enterrar otras conquistas de género; así como el desdibujado cariz religioso que linda con fundamentalismo para congraciarse con el peso político especifico de la jerarquía eclesiástica). *Política exterior independiente y solidaridad internacional. *Ejército patriótico popular y eliminación de la guardia nacional somocista y la * Unidad Centroamericana. Estos últimos estadios de logros eficaces y verdaderamente progresistas.
LA POSICION DE IZQUIERDA
Se vocifera que es una inconsecuencia “de la izquierda” apoyar al régimen represivo de Daniel Ortega en la presidencia y Rosario Murillo en la vicepresidencia de Nicaragua. Con infinidad de calificativos y carencia de argumentos, se suceden acusaciones y violaciones por doquier, ante la respuesta gubernamental de represión a las actividades conspirativas e insurreccionales.
Exhibiendo el crecido número de muertos durante los enfrentamientos y el prolongado ciclo de protestas desde el 18 de abril de 2018, generan un ambiente de malestar generalizado en la opinión pública internacional, abrumando y presionando con una salida unilateral y no producto de un acuerdo político en la búsqueda de solución definitiva a los sucesos. Se registran protestas de organismos internacionales como la OEA, declaraciones de jefes de estado en particular, manifestaciones de urgencia de sectores académicos y de la intelectualidad a mutuo propio o en representación de entidades, atosigan y abruman articulistas y generadores de opinión para contrarrestar a la otra corriente que vislumbra un mal uso de los canales de la diplomacia entre los estados, un empeño en abrumar con la presión en la imposición de medidas a prisa al gobierno sandinista llegando a la disonancia venenosa que el argumento de los defensores del gobierno sandinista es el de siempre: “ las protestas están organizadas por el imperialismo yanqui; criticar la represión es funcional a los intereses del neocolonialismo”, etc, etc.
PERMANENCIA DEL SANDINISMO
Es dable afirmar que el tal Orteguismo no existe. El Sandinismo es el que ha permanecido como ejercicio político, acorde las condiciones organizativas internas, bajo los emblemas de variables para la iniciativa de manejo del poder, en cogobierno con los sectores derechista predominantes desde el Grupo de los Doce, en la génesis de la estructura y naturaleza Frentista atrás expuesta; materializada en las alianzas expresas con el corrupto Arnoldo Alemán.
Para mantener una concepción política progresista y en forma práctica alternativa de gobierno, el sandinismo concilio posiciones pragmáticas de efectos neoliberales en la economía; retardatarias en cuanto a derechos de las mujeres, conservadores en cuanto a la permanencia de un estado laico y de reformismo constitucional en cuanto al ejercicio democrático. La neutralización de la Contra revolución opero a costa del pesado fardo de la colusión, en el entendido que, sin ser de principios socialistas ni revolucionarios, la concepción frentista del sandinismo no traicionó los principios universales de la izquierda; puesto que reitero, el sandinismo no era revolucionario ni de izquierda. Ahondando en explicación razonada, opere un silogismo de comprensión en el que la premisa mayor la constituye un discurso de planteamiento antiimperialista, anti-neocolonial y anti oligárquico. La premisa menor, las alianzas pragmáticas para el ejercicio y monopolio de poder gubernamental y la conclusión, la permanencia de una política progresista como modelo o forma de gobierno alternativo en el escenario latinoamericano. Así entendido, la posición consecuente de izquierda ante el fenómeno del sandinismo encargado en la presidencia de la dupla Ortega- Rosario, es la reivindicación para la permanencia, avance y triunfo de una concepción progresista y no revolucionario y/o socialista en Nicaragua, cuyo factor de iniciativa y permanencia depende del sandinismo bajo la presidencia de Ortega. Esa es la realidad actual de la izquierda latinoamericana. Predomina la tendencia progresista ante la tendencia socialista, de izquierda y revolucionaria. Por ende, no sea difícil digerir que, ante el panorama de la realidad política en Nicaragua, la izquierda por principio alinee a favor de la continuidad y permanencia de la Presidencia de Ortega en el poder y no en su contra, ante la eventualidad del desplazamiento de los progresistas por el embate de la derecha en Nicaragua.
A manera de Conclusión
No es que la falta de iniciativa política e ingobernabilidad sea el resultado de la represión. El estallido de inconformidad estudiantil dista de una articulación organizada y popular. La posición de los viejos sandinistas no materializa una concepción elaborada de ideas renovadoras e incurren en verdadera escolástica sin crítica interna. No asoman partidos de oposición. El papel aglutinador y de interlocución la jugó la Conferencia Episcopal, dándole forma a una Mesa de Dialogo en la que están sentados o representados el Consejo Superior de la Iniciativa Privada, verdaderos “cacaos” empresariales. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCAM), que promueve la inversión entre los Estados Unidos de América y Nicaragua a través del libre comercio, la libre empresa y el libre mercado. Delegaciones de estudiantes, que fueron a Washington a retratarse con ultraderechistas como Marcos Rubio e Ileana Ross y en gracia de discusión por los movimientos sociales uno que otro exponente a nombre de la sociedad civil, el movimiento campesino, sindical y la costa Caribe. En tanto el presidente Ortega ha sido consecuente con la permanencia del dialogo y la respuesta oficial en la responsabilidad del ejercicio represivo.
La vorágine del conflicto está en su cenit y por ende corresponde a la soberanía y dignidad del pueblo costarricense el que se esclarezca toda violación al derecho Internacional de los Derechos Humanos en Nicaragua. Ante eso la izquierda es inclaudicable.
Déseme la licencia de concluir con apartes de mi citado artículo anterior al presente:
“Resulta sintomático que no se despliegue con tan inusitada tenacidad como se hace para condenar, el factor de existencia de las misiones instaladas en pro de búsquedas de soluciones.
Así: Se acordó con las Autoridades de Nicaragua, desde el 2 de julio de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G.I.E.I) para documentar las fuentes de acciones violentas en Nicaragua. Aportar a la Verdad y a la Responsabilidad de los hechos durante las confrontaciones en curso.
Existe desde el 24 de junio de 2018 el MESENI (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) grupo internacional e interdisciplinario en relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empeñados en definir sobre la identidad y existencia de los cargos de uso de grupos paramilitares.
Alarma la suerte de toda una nación en el que el maltrato de una observación diplomática internacional conlleve al peligroso tránsito de una guerra civil en Nicaragua. Comprendan las personalidades involucradas que de lo voluntarioso no queda sino lo de aprendiz de brujo”.
Desde el día 18 de abril de 2018, se desbordó la protesta social en Nicaragua, cuando los estudiantes universitarios, alentados por los empresarios, rechazaron una reforma al sistema de seguridad social que implicaba cambios en los requisitos de edad para optar por la pensión de jubilación, incrementándose aportes de trabajadores y patronos y gravámenes adicionales. La protesta generalizó enfrentamientos y surgieron motivaciones decantadas en el ideario de masas al persistir situaciones no resueltas en torno a políticas de implementación de Mega proyectos tales como la construcción del canal Interoceánico, en asocio con el capital chino y que desde el inicio centró el rechazo de defensores de la naturaleza por su efecto adverso al sistema ecológico sostenible, daño al entorno del Lago interior de Nicaragua y la supervivencia del tiburón de agua dulce, entre otros ecocidios. Aunado a lo anterior, el suceso de catastrófico incendio en la Reserva Natural Indígena Maíz, acusándose al gobierno de desidia en la solución pronta de la conflagración e incompetencia de las autoridades en la aplicación de programas complementarios en beneficio nacional.
LA NICARAGUA SANDINISTA DE HOY
Conforme a los derroteros de luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos contra el Imperio, y las oligarquías criollas apoltronadas, el estadio de sucesos nicaragüenses reviste situación particular, como quiera que en ese suelo libertario la llegada de la Independencia del yugo español se dio por decreto de la Capitanía de Guatemala y fue en la lucha contra los filibusteros de Walker, donde sin notarlo se había declarado la anexión de Nicaragua a los intereses plutocráticos norteamericanos y creando su propio ejército, William Walker, quien fue gobernador de Nicaragua, pretendió anexarse a la pacifica y bucólica Costa Rica, desarrollándose la campaña de 1856, que se define como un pasaje de verdadera guerra de independencia de los pueblos centroamericanos. Se daba la expansión de la aplicación de la doctrina del Destino Manifiesto, prologado por Bolívar como que los Estados Unidos de Norteamérica estaban destinados a asolar de miseria a los pueblos latinoamericanos y aunado al proyecto comercial, los bergantines expedicionarios estadounidenses, pasaban del Atlántico, por el Río San Juan, al lago de Nicaragua y por el Pacifico enrumbaban a la California. Ya a inicios del Siglo XX la invasión de Estados Unidos fue de manera abierta a México, Haití, Panamá, República Dominicana, Nicaragua. En este país, Nicaragua, fue con la dinastía de Anastasio Somoza Debayle como entronizó el Imperio. Surgió el luchador popular y patriota Augusto Sandino, asesinado por Somoza y a quien heredó en el poder su hijo Tachito Somoza, hasta que sucumbió con el triunfo de la revolución por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, que había sido fundado en 1961, por Carlos Fonseca Amador, como una organización político militar de izquierda y ejemplo para el desarrollo de la lucha armada antiimperialista.
El paso del Sandinismo por el poder en Nicaragua fue fugaz y la liberal Violeta Barrios de Chamorro, luchadora contra la dictadura somocista ganó las elecciones, siendo elegida presidente del 25 de abril de 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Daniel Ortega aspiró a la presidencia en las elecciones de 1996 y fue derrotado por el liberal Arnoldo Alemán elegido presidente del 10 de enero de 1997 al 10 de enero de 2002. Luego fue elegido presidente Enrique Bolaños Geyer del 10 de enero de 2002 al 10 de enero de 2007. Daniel Ortega sufrió tres derrotas electorales en 11 años. Hasta ser elegido presidente para el periodo 2007 al 2011, sucediendo a Enrique Bolaños Geyler. El 6 de noviembre de 2011 Daniel Ortega fue reelegido presidente en justas electorales ante el empresario radiofónico Fabio Gadea y el controvertido político liberal Arnoldo Alemán, periodo cumplido hasta el año de 2016. Su carisma político logra su reelección el domingo 6 de noviembre de 2016, por un tercer periodo consecutivo y con un registró del 72% de la votación conforme al Consejo Supremo Electoral. Desde el 10 de enero de 2017 ejerce la presidencia junto con su fórmula de Vicepresidencia, Rosario Murillo, quien es su esposa. De manera que, en ejercicio de este tercer periodo de mandato gubernamental, Daniel Ortega ha gobernado a Nicaragua por 15 años consecutivos al concluir su actual mandato que se extiende hasta el año 2022.
¿EL GOBIERNO SANDINISTA REPRESENTA UN PODER POPULAR?
La Revolución Sandinista no fue una revolución socialista. Tampoco una revolución democrática popular. Fue una revolución victoriosa contra una dictadura de facto oligárquica, latifundista e imperialista de mas de 59 años en el poder. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no consolidó un poder popular y sus actuaciones gubernamentales registraron hechos de ingobernabilidad y de inconsecuencias que pronto pasaron factura por parte del electorado. El Sandinismo en el poder fue una especie de retórica en el uso de un lenguaje revolucionario y de expresión antiimperialista, a un pueblo conmovido por el sufrimiento, con un discurso de expresión de ideas con énfasis en un discurso de aplicación para la obtención de cambios. Emergió en momentos en que se consolidaba la Revolución Cubana y el compás de permanencia de patio trasero de la geopolítica del imperio se deterioraba y alzaba en reto en la llamada guerra fría. No aplicó un programa de reforma agraria integral. Sí el de expropiaciones desmesuradas, cuyas desmedidas conformaron un cuadro de escenario de inequidades y contribuyeron a corroer la esencia gubernamental del gobierno sandinista en una cadena de operaciones que confluyó en anárquicas situaciones de desorganización y desordenes propicias para instaurar un ejercicio de corrupción generalizada, para mencionar tan solo el pasaje de “la piñata”, juego que consiste en colgar a cierta distancia del suelo un recipiente generalmente lleno de dulces , para romperlo a palo con los ojos vendados; y con el que se retribuyó el ejercicio burocrático de un poder improvisado o para el que no se estaba preparado.
Los Estados Unidos no permitieron la presencia de un gobierno de tono revolucionario e inspiración antimperialista y que pudiera significar la repetición de otra Cuba. Ya en 1981 habían sacrificado a la Isla de Granada invadiéndola y en el año de 1985 armaron a la contra revolución, impulsando un movimiento armado en su interior que llegó a contar 22.000 efectivos, dedicados a la destrucción y muerte mediante miles de ataques terroristas y de violaciones a los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia demostró que, durante el gobierno de Ronald Reagan, se entrenó, armó; así como se financió y abasteció a las Contra a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); quedando al descubierto el escandalo Irán-Contra, consistente en la venta ilegal de armas para financiar a las Contra en su empeño por derrocar al Frente Sandinista del poder en Nicaragua. Pasando por luchas intestinas y escisiones la original Dirección Nacional se fue diezmando.
Luego de los gobiernos liberales sucesores al régimen sandinista, vuelve el Frente Sandinista al gobierno con la presidencia de Daniel Ortega en el año 2007. El desempeño político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no obedeció a un programa revolucionario. Sus actuaciones en el campo del manejo político y ejercicio gubernamental se centraron en acuerdos con los partidos políticos rivales y acercamientos con la iglesia católica, férrea opositora a sus gestiones, con la gestoría del cardenal Obando y Bravo; en una exposición de confrontación de razonamientos y argumentaciones en diversos ámbitos de la vida política nacional. Concesiones como la derogación a la ley del aborto, que había sido uno de los logros propios del FSLN, hasta pactar con el controvertido y condenado por corrupción, el expresidente Arnoldo Alemán, el alivio de penas impuestas en su contra por la justicia nicaragüense. El empeño de Ortega confluyó en lograr una aceptación popular a su deteriorada figura. Apeló a los mensajes pacifistas y solidaristas, evocando a reconciliación, la paz y la invocación a Dios y al amor. Durante el desarrollo de las campañas electorales prometió respetar la propiedad privada. El modelo económico no fue tocado y por ende encausó en una corriente de ejercicio neoliberal, respetando el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-RD) con Estados Unidos. Durante el gobierno de George W Bush, prometió gobernar en forma armoniosa con sus políticas internacionales, acorde con los reiterados respetos a la propiedad privada y con asonancia a las libertades individuales y armonía al capital inversionista extranjero resaltando la seguridad al sector privado en todo el ámbito nacional. Le apostó al crecimiento económico, con la sabida consecuencia que no implica bienestar para la población, como si para el capital especulativo financiero. Desoyendo el clamor de la tendencia de los gobiernos progresistas alternativos en respuesta al neoliberalismo salvaje y la privatización ultranza, aplicó la economía de mercado y “en desarrollo de relaciones con toda la comunidad internacional”. En el caso del Canal Transoceánico, no pactó con el gobierno chino sino con emergente multimillonario chino, caído hoy en desgracia y que replantea lo de un nuevo canal interoceánico y la opción, con viabilidad sostenible, del canal seco que una a los dos océanos.
Resumamos los logros populares de las administraciones durante los gobiernos de Daniel Ortega como la restauración de la gratuidad de los servicios de Educación y Salud. No existe cobro en las escuelas públicas, con exoneración de matrículas, costos de textos escolares e insumos a estudiantes. En el sector Salud aplicó la eliminación del cobro de consultas privadas en los centros públicos. Se restableció la gratuidad de los medicamentos. Se elevó la efectividad de las pruebas clínicas y operaciones quirúrgicas, con el aumento de control y práctica por parte de los centros sanitarios dependientes del estado, bajo las premisas de eficiencia y eficacia. En una palabra, primó la soberanía popular en torno a la prestación de los servicios esenciales de Educación primaria y salud por parte del Estado. Obtuvo la despenalización o legalidad de la homosexualidad.
EL MANEJO ANTE LA IRRUPCIÓN DE LA PROTESTA CALLEJERA
Del histórico Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al fallecer Tomás Borge en el 2012, solo quedan Daniel Ortega y Bayardo Arce Castaño. Luego de “la piñata” y ante el triunfo de Violeta Chamorro, emblemáticos dirigentes abandonaron la Dirección Nacional del Frente. Lo hicieron así, porque sí, cargando con sus errores políticos; mas no reconociéndolos. Junto con Carlos Mejía Godoy, fundaron el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Humberto Ortega, hermano de Daniel, ex responsable del ejército, se alejó de él y no logró vulnerar al ejército sandinista, fracasando en dos aspiraciones de campañas presidenciales. Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Ernesto cardenal, por mencionar a intelectuales de las letras nicaragüenses, no representan un compacto eje de oposición política y el olvidado y relegado Edén Pastora, surge cual oportunista político, como cabeza de playa para afectar el soberano territorio costarricense en su aventura de invadir Isla Portillos, para adecuar la ecocida empresa de drenar el Río San Juan, bajo los intereses torvos de la empresa del Canal Interoceánico.
Un proyecto de reforma al sistema pensional nicaragüense fue la chispa que incendió la pradera. En función de gobernabilidad se estima que es indispensable la reforma pensional, con efectos y cargas fiscales, dado el modelo económico imperante y conforme a los criterios de asesorías financieras internacionales sobre la suerte de los fondos de pensiones. El 16 de abril comenzaron las protestas, no de los jubilados ni de organizaciones de los trabajadores, sino de las bases estudiantiles, habilidosamente urdidas por los intereses y financiamientos de los empresarios costarricenses que abrevan de los acuerdos con el gobierno sandinista y encontraron la oportunidad de acertar la puñalada matrera. Tras cuatro días de protestas se registraron 28 muertes. La jefe de la Policía no renunció; pero el presidente Daniel Ortega, cual probo gobernante, haciendo gala de experiencia y asimilación de estadista, decidió retirar el proyecto de reforma pensional y archivarlo, con miras a que la normalidad retornara a las calles de Managua. Pero no fue así, quedando demostrada la intención del levantamiento conspirativo contra su gobierno. La levantisca tornó propicia para extender la protesta- a manera de sublevación- a otras ciudades principales del país. Bajo la égida de prelados de la iglesia católica, los voceros estudiantiles se reunieron con el ejecutivo y para que hablar de bochorno, cuando en torno a la mesa con la presencia del presidente Ortega lanzan el improperio de la exigencia de la renuncia del presidente Daniel Ortega. La figura impávida del veterano luchador causó el efecto contrario de no sentirse avergonzado, optando por la continuidad del dialogo y aportando los elementos de análisis para interpretar que el giro de los acontecimientos en Nicaragua, requieren de la más juiciosa atención desde el punto de vista político y también jurídico, a la luz del Derecho Internacional.
El acertado calificativo gubernamental fue que se encontraba ante un Golpe de Estado en curso. Con los sucesos en Nicaragua reeditan la propuesta del expresidente Obama y del actual presidente Trump, para enfrentar la respuesta ante los gobiernos progresistas. Comienzan, con apoyo de la mediática, a calificarlos bajo el prurito de “populistas”. Sí. Todo asomo de intención de beneficio popular, que afecte a lo establecido, es calificado de demagógico. Esa dialéctica de la demagogia la arrebataron a la agenda de la lucha popular y la enfilaron cual baterías siniestras contra las aspiraciones de los pueblos. Debaten sobre las “democracias gobernables” que significa lo de democracias “controladas” y las “clausulas democráticas” estilo OEA. La administración Trump asegura el enclave geopolítico del patio trasero ante el encauce de los programas progresistas de profundizar relaciones económicas con China y Rusia, generando situaciones de “estados de excepción” donde las condiciones se lo impongan. Acorde a lo anterior esgrimen el modelo del Estado de Derecho y la figura del “dictador” en un acomodo de manejo a sus malogrados intereses. La ofensiva imperial, va pareja con la ofensiva fascista de la derecha oligárquica.
ATENCION A LA OFENSIVA DE DECLARACIONES DE CONDENA
Una sola muerte en la protesta callejera duele y llama a la reflexión. Azota con un flagelo el crecido costo de víctimas: cerca de 400 muertos, en cien días de protestas. El proceso de conversaciones entre los insubordinados callejeros y la contraparte gubernamental teniendo como interlocutor, primero a prelados eclesiásticos y luego a la Conferencia Episcopal no ha logrado efectos definitivos. Es de destacar la postura diplomática del Estado Vaticano.
El Estado nicaragüense se encuentra ante un contradictor amorfo. Se enfrenta a un envalentonamiento carente de matriz de oposición política. La mediática le juega al caos informativo. El levantamiento de los tranques – como se denomina a los obstáculos o barricadas callejeras – por parte de las fuerzas policiales, tal como ocurrió en la ciudad de Masaya, se califica en titulares como “la toma” de Masaya, con el propósito de magnificar la situación. Todas sindicaciones y condenas anticipadas al “cese inmediato de los actos de violencia, intimidaciones y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.
Se suceden las expresiones de condena de personalidades nacionales e internacionales, parejo con Declaraciones de grupos de países sobre los sucesos y en pro de búsquedas a soluciones de carácter político y no de fuerza y/o continuidad de los enfrentamientos. Resumo: – La Declaración Especial Sobre la Situación de la República de Nicaragua del lunes 16 de julio de 2018, suscrita por 13 países. – La Declaración de los Estados de España y Ecuador sobre la grave situación, el 15 de julio de 2018. – La Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, por parte del Consejo permanente de la OEA, el 18 de julio de 2018. – Declaración del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para detener la espantosa pérdida de vidas, la seguridad de la población. La Declaración Urgente Por Nicaragua, del 18 de julio de 2018 con firmantes de diferentes países a nombre propio e incluso de Asociaciones, Universidades y organizaciones sociales (…)
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Nos enfrentamos a un panorama complejo para calificar la crisis nicaragüense bajo fórmulas estereotipadas de posicionamientos a condenas de un régimen, a colocar en la picota pública al gobernante Daniel Ortega o en consonancia con manifestaciones de apoyo a ideologías políticas. Resulta por demás irresponsable adelantar la labor de echar a pique el desempeño de todo un periodo de más de cuarenta años en la búsqueda apegada a valores políticos en el desempeño de la causa sandinista partiendo de la fidelidad en planteamientos de principios democráticos. Factores de carácter interno y externo pudieren entronizar el caos con un alto costo para la estabilidad de Nicaragua como nación.
En esto de las condenas por parte de Estados soberanos; de declaraciones por entidades internacionales, la sociedad civil y cuerpo de personalidades, corresponde no ir a tientas, ni elucubrar conjeturas, o afinar casualidades. Desde el punto de vista del Derecho Internacional corresponde observar reglas de naturaleza política y de carácter jurídico para analizar la situación concreta en la forma correcta. En lo político corresponde afinar en la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Las Declaraciones citadas expresan condenas y no exploración de los sucesos y particulares situaciones dadas. En lo jurídico, corresponde admitir que el estado nicaragüense ni la nación que ostenta se encuentra en una situación de “conmoción interna”. Desvirtuar que la pérdida de control político desata la represión, de conformidad con la génesis y desarrollo del conflicto. Pareciere que se incurriere en un desconocimiento del juego del ejercicio de la diplomacia internacional por parte de los Estados en incumbencia. La situación interna de los Derechos Humanos no se puede limitar a ataques contra el sandinismo y la acusación de uso de paramilitares, en forma generalizada. Corresponde garantizar el peso verdadero de las declaraciones de rechazo convincente del presidente Ortega a esas acusaciones concretas, acorde con explicaciones explicitas a hechos explícitos.
Resulta sintomático que no se despliegue con tan inusitada tenacidad como se hace para condenar, el factor de existencia de las misiones instaladas en pro de búsquedas de soluciones.
Así: Se acordó con las Autoridades de Nicaragua, desde el 2 de julio de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G.I.E.I) para documentar las fuentes de acciones violentas en Nicaragua. Aportar a la Verdad y a la Responsabilidad de los hechos durante las confrontaciones en curso.
Existe desde el 24 de junio de 2018 el MESENI (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) grupo internacional e interdisciplinario en relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empeñados en definir sobre la identidad y existencia de los cargos de uso de grupos paramilitares.
Alarma la suerte de toda una nación en el que el maltrato de una observación diplomática internacional conlleve al peligroso tránsito de una guerra civil en Nicaragua. Comprendan las personalidades involucradas que de lo voluntarioso no queda sino lo de aprendiz de brujo.
La guerra comercial iniciada por Donald Trump ha producido alteraciones mundiales, sin precedentes en las últimas tres décadas. Los países de las periferias, con pequeños mercados, se encuentran en situación de mayor debilidad y algunos en riesgo de mayor precariedad. La política nacionalista de Trump, en búsqueda de recuperar económicamente a Estados Unidos de Norte América, salvándole de una segunda recesión luego de la del 2008, y cumplir con sus promesas de respecto al empleo y a elevar el PIB, sin conocerse una estrategia definida, excepto la de sus propias y espontáneas iniciativas, le ha llevado a sustituir a otros “villanos mundiales” como Vladimir Putin, creados por los medios internacionales dominados por las grandes corporaciones occidentales.
Como se sabe, el desempleo de EUA ha venido decayendo porcentual-mente desde el 2010, para llegar a cuatro por ciento actualmente. Su crecimiento (GDP) anual es del 2.8%, viniendo de un crecimiento reciente de 2.60, y el mayor obtenido desde el 2008, ha sido de 13.4%. De 14,964.37 billones de dólares en 2010, pasó a 19,390.6 billones de dólares en el 2017, casi un 1.3% de crecimiento. Si D. Trump logra superar esas cifras macro-económicas en el próximo semestre y, si mejora los déficit comercial internacional, Trump habrá salvado buena parte de su camino hacia la re elección extendiendo su contrato como inquilino de la Casa Blanca hasta el 2024. Desde luego, el mes de noviembre próximo debe lograr que su partido Republicano se mantenga en control de la Cámara de Representantes y mantener el dominio del Senado, el cual elige un tercio de sus senadores. Esto está manteniendo al país en campaña política desde ahora, aun cuando, desde afuera, pareciera que desde el 2016 se ha mantenido en un fervor político, más que todo por las élites, hasta llegar a la ridiculez.
En donde se teme que EUA vaya a tener una decaída económica es en las repercusiones que tendrían sus políticas agresivas contra la UE, China, Rusia y sus inmediatos vecinos, Canadá y México. Los centroamericanos aún esperamos las grandes olas de una marea comercial dañina. La reacción de China no se ha limitado a medidas arancelarias recíprocas (exporta a EUA más de lo que importa), pero a expandir de forma agresiva sus mercados, abriendo y ampliando relaciones políticas y comerciales con países del Este de Europa, Asia y África. Allá donde EUA está castigando con sanciones constantes, ingresa China a sustituir y mejorar las relaciones, incluso con países como Arabia Saudita, donde se supone hay grandes diferencias culturales y políticas. Como sabemos, China ha crecido exponencial mente desde los noventas. El GDP del 2017 fue de 6.9%, pero desde que en 1991 obtuvo un 9.3%, no ha bajado de 6 grados, pasando en el 2010 con 10.6%.
Si hay algo que pareciera surgir como positivo, al menos para Centroamérica, es el intercambio de notas entre el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el presidente de EUA, Donald Trump. Se han puesto de acuerdo en los cuatro temas esenciales para sus buenas relaciones. Previniendo un mal twit de Trump, AMLO tomó la iniciativa de dirigirle una carta invitando a su virtual homologo estadounidense a coordinar sus futuras relaciones entre ambos países. Trump se expresó así:
“Estoy de acuerdo en las cuatro faces que ha identificado: comercio, migración, desarrollo y seguridad. Mi equipo ha trabajado duro en los últimos 18 meses para incrementar la relación con México en estas áreas. Les he instruido a redoblar esfuerzos con su próximo equipo de gobierno”, dice parte de la respuesta de Trump a López Obrador.
En la reunión del miércoles 25, con la Canciller Canadiense Chrystia Freeland, el Secretario de Relaciones Exteriores mejicano, Marcelo Ebrard, y sus respectivos asesores principales, en lo que respecta a finanzas, comercio y economía, en presencia de AMLO, se lograron avanzar primeros acuerdos. Tanto la Canciller Freeland como Ebrard, coinciden en que las relaciones comerciales y demás deben ser producto de un acuerdo de las tres naciones, incluyendo a EUA. Es decir, no apuestan por arreglos bilaterales, como ha venido planteando Donald Trump. Según Marcelo Ebrard, “pensamos que el tratado debe permanecer como un tratado trilateral y que, desde luego, debe, puede, ser modernizado, pero no pensamos en que tenga una naturaleza distinta a la que hoy tiene”.
Además de establecer lineas de trabajo conjunto en asuntos de mercado, acordaron “homologar para el caso de México y Canadá las exigencias que tienen que ver con libertades y derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales”. El gobierno virtual de México afirmó que una política que se seguirá en la próxima administración es la de buscar que empresas de otras naciones cumplan en México con las mismas normas laborales y ambientales que el nuevo gobierno va a establecer en ese país.
Pero AMLO incluye el área centroamericana para sus negociaciones con los países del norte, en una lógica interesante, dado que los cuatro ejes expresados a Trump, incumben definitivamente a Centroamérica y Panamá. Los países que integran el DR-CAFTA no pueden quedarse como espectadores ante estos acontecimientos que ocurren en el norte del hemisferio. Pese a manejarse un mercado con México de alrededor de 20 mil millones de dólares, pareciera que estos gobiernos estuvieran paralizados ante los hechos imprevistos, tanto en lo político como en lo económico, en relación a esas tres grandes naciones que conforman América del Norte, órbita sobre la cual han venido girando por casi dos siglos.
Por ejemplo, la relación de Costa Rica con México ha sido muy positiva, no solamente en el comercio, pero en otros rublos esenciales. México ha estado invirtiendo un promedio de cien millones de dólares anuales en Costa Rica. En el 2016 México facturó dos mil millones de dólares. La balanza comercial generalmente ha sido positiva para Costa Rica. Ahora que en Costa Rica se ha incrementado el crimen organizado, el tráfico de estupefacientes, la migración, no hay duda alguna, que la nueva forma de relación que México está iniciando con EUA y con Canadá, le es conveniente fortalecer esta relación a Costa Rica. Pero se puede decir algo parecido con el gobierno salvadoreño, puesto que su intercambio comercial con México, superan los 750 millones de dólares y el partido gobernante es más cercano a MORENA de lo que puede ser el PN de Honduras y el PCN de Guatemala, quienes además, tienen grandes dificultades de gobernabilidad por sus altos niveles de corrupción y enjuiciamientos de altas figuras del gobierno. Así mismo, el gobierno de Nicaragua, quien tiene unos conflictos políticos y económicos sin precedentes en los últimos dos años, de lo cual hay mucha incertidumbre sobre su futuro, sumado al rechazo internacional que va en crecimiento. Esto nos lleva a sugerir que Costa Rica y El Salvador lideren esta relación para Centroamérica.
El marco político que se está proyectando desde el virtual presidente de MORENA en México, sin duda es más coincidente con el actual gobernante costarricense PAC de lo que ha sido el PRI de Enrique Peña Nieto. Así que Carlos Alvarado y Epsy Campbell Barr , Presidente y Vice Presidenta de Costa Rica, respectivamente, creemos que deben desde ahora concertar una cita (si no es que ya lo hicieron) con el virtual presidente mexicano, López Obrador, para iniciar una actualización y mejora en sus relaciones en muchos sentidos. Mejor sí se les une Salvador Sánchez Cerén y Hugo Martínez, por El Salvador. Esperar a que otras naciones lo hagan sería ignorar la necesidad de establecer una relación pronta, adecuada a los principios democráticos y de respeto a nuestra soberanía con Estados Unidos de América.. AMLO dio el primer paso al expresar su interés para establecer una relación sobre los cuatro ejes esenciales para México y Centroamérica, Trump los ha aceptado y prepara los detalles. Con los problemas que tienen los países del triángulo norte y Nicaragua, no pareciera factible que se animen a tomar esta iniciativa ahora. Así que es en Costa Rica adonde están las condiciones para avanzar una nueva relación con los grandes países de Norte América.
El riesgo es que el gobierno de Trump cambie sus criterios de repente y tire a la borda cualquier acuerdo bilateral o multilateral. Pero eso siempre estará sobre la mesa o en su “manga mágica”. Para protegerse de éste posible hecho, se debe presentar acuerdos más sólidos, con mayor fuerza, interés y de mayor impacto. Si se estableciera un nuevo acuerdo comercial y económico uniéndose a México y luego a Canadá, para lograr la fuerza necesaria ante Washington, el futuro de esta relación no estaría en precariedad.
A EUA le interesa que sus empresas no salgan a invertir afuera, por lo que trata de terminar con el atractivo de los bajos salarios en nuestros países. Nuestros gobiernos han estado manteniendo bajos los salarios para hacer lo contrario, satisfaciendo las exigencias de las empresas del norte. Esto parece que con Trump no va y espera equilibrar e igualar los derechos de la clase trabajadora. Esto, seguramente beneficiaría a la clase trabajadora de América Latina. No será fácil, pero hay que iniciar ya las conversaciones con los países del Norte de América. No hacerlo, puede calificarse de negligencia administrativa y diplomática.
Viendo los resultados de la votación en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, más conocida por sus siglas como la OEA, no puedo evitar el pensar y el hacer comparaciones con aquella tristemente célebre X Conferencia de Caracas de la misma organización, efectuada en mayo de 1954, la que se había trazado como metas, bajo las pautas del entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, la eliminación de los regímenes considerados como díscolos, no sé si se aplicaba entonces el término rogue states, a saber los siguientes: la Guatemala de Jacobo Árbenz Guzmán, nacida de la revolución democrática de 1944, la Argentina de Juan Domingo Perón y la Costa Rica de José Figueres Ferrer. Sucedió que, mientras la Guatemala de Árbenz intentó defenderse heroicamente por medio de su canciller Guillermo Toriello, los gobernantes de Argentina y de Costa Rica optaron por no hacerse presentes en el aquel espectáculo circense montando por los EEUU, en nombre de la “democracia” para acabar con la democracia guatemalteca, por cierto la única que ha conocido ese desdichado pueblo.
Es aquí donde viene a mi memoria lo que me contaba el químico Fernando Chaves Molina (1908-1997), un recordado amigo y dirigente del Partido Vanguardia Popular de entonces, a propósito de aquellos tristes días en la Caracas de 1954, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en la que se encontraba exiliado, al igual que otros calderonistas y comunistas, como consecuencia de pertenecer al bando derrotado durante la guerra civil o golpe de estado figuerista de 1948. Con el propósito de obligarlos a firmar una carta pública, pidiendo el derrocamiento del gobierno costarricense de José Figueres Ferrer, el régimen de Marcos Pérez Jiménez lo mantenían a él y a su hijo Luis Fernando(quien después llegó a ser un destacado académico en la Universidad de Los Andes, en la ciudad venezolana de Mérida) presos en una cárcel caraqueña, mientras ellos reiteraban su negativa, a pesar de su condición de exiliados políticos y adversarios de Figueres Ferrer, lo que me hace pensar en la coherencia y el agudo sentido político de los hombres de aquella generación, a diferencia de este ascenso de la insignificancia, parafraseando al filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis(1922-1997), en el que nos hayamos sumergidos en este cambio de siglo, donde las distinciones entre izquierda y derecha se han tornado irrelevantes, sobre todo por la complacencia, y la carencia de sentido de la realidad, por no decir de conservación, del que da muestras, casi diario, la primera de ellas. La obediencia que muestran hacia la agenda de Washington no puede ser más paradojal ¿será qué acaso ni siquiera se han percatado?, terminan así aceptando y adoptando las pautas que les da el diario español EL PAÍS, convertido ahora en el oráculo de las llamadas izquierdas.
En esta asamblea de la OEA los Estados Unidos lograron por fin, después de una década de esfuerzos, poner a los países latinoamericanos en su redil para demandar el derrocamiento del actual gobierno de Nicaragua, en un total contraste con lo ocurrido en aquella asamblea de la OEA que había tenido lugar en San Pedro Sula, Honduras, en abril o mayo de 2009, cuando casi por unanimidad se aprobó el regreso de Cuba al seno de esa organización, la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas saludó ese acontecimiento, y pocos meses después su gobierno sería derrocado, con la complicidad del gobierno de Costa Rica y de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, el imperio no estaba para esa clase de juegos democráticos. Empezaba en la región la nueva era de los golpes blandos, sin sacar los tanques, ni los soldados de infantería a la calle.
Sin entrar a juzgar los recientes acontecimientos de Nicaragua, con su secuela de violencia sangrienta, dentro de lo que parecen los componentes de un guion preestablecido para derrocar a su gobierno, un régimen sobre cuya naturaleza he evitado pronunciarme, aún a riesgo de parecer alguien demodé para una buena parte de la intelligentzia progre de este país. Simplemente se trata del gobierno a odiar y a derrocar (Ay del que no se muestre lo suficientemente enérgico y entusiasta en sus muestras de odio hacia esos gobernantes, el totalitarismo mediático nos los recuerda, a cada instante), sin que se hagan investigaciones independientes sobre los hechos de violencia, especialmente sobre las lamentables muertes ocurridas, ya se decidió que sólo una de las partes era culpable, tenemos que aceptar lo que digan algunos, renunciando a nuestro juicio crítico y a la elemental prudencia política. Algunos actúan como si Guatemala, México, Honduras, Colombia, Perú, Paraguay y otros países que firmaron para denostar al régimen de Nicaragua tuvieran un prontuario limpio, cuando los ríos de sangre corren por allí, un día sí y otro no: nuestra insignificancia es tan grande que no logramos retener en la memoria algo que vaya más allá de cinco segundos en las imágenes de la TV, o de las redes sociales del siglo XXI, tal y como decía Castoriadis, hace poco más de veinte años.
Por ahora, nos queda flotando una pregunta: ¿cuándo en abril empezaron las protestas contra el gobierno de Nicaragua, por el tema de la seguridad social y otros, no era el momento para emprender una negociación seria con el gobierno de Daniel Ortega sobre una gran cantidad de temas?, ¿en vez de impulsar la violencia y los tranques por todo el país, no era el momento de ponerle un jaque mate a los gobernantes del país vecino, en vez de impulsar lo que a todas luces parece un golpe de Estado?, en ese momento el gobierno hubiera tenido que ceder casi en todas las demandas. Todo esto da la impresión de que la cultura democrática en Nicaragua es demasiado pobre e inexistente, un problema que aqueja a ambos bandos, por lo que un cambio de gobierno no resolverá lo esencial que está en juego en esta crisis: la falta de cultura democrática y de negociación en una sociedad, que tiene casi dos siglos de resolver todo mediante la violencia, en un marco donde los integrantes de las elites ponen al pueblo a pelear en las calles y en los campos, mientras ellos terminan acordando todo para su beneficio en sus cómodos sillones de las alturas. Ay Nicaragua, Nicaragüita tan querida, que termine ya este baño de sangre y se le abra camino a la verdad, como un primer paso, para que algún día tengan una democracia que sea algo más que una mera palabreja vacía.
Los señores magistrados y las señoras magistradas de la Sala Constitucional o Sala IV, son, sin excepción, personas muy eruditas. Entienden con plena claridad cuál es el lugar de la religión en un contexto democrático y republicano. Y, sin la menor duda, también tienen claros, no solo los principios democráticos y republicanos, sino la significación que conceptos como derechos humanos, ciencia y razón tienen en el mundo actual.
La democracia, en su acepción más avanzada, funda un principio de participación de las personas en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo. Esto, a su vez, parte del principio de la plena igualdad frente a la ley. Cierto que, en la práctica, diversas condiciones –económicas, culturales y de otro tipo– limitan y empobrecen la plena vigencia de tales principios: puesto que la igualdad frente a la ley no siempre es efectiva, la participación no siempre es paritaria. Pero reconocer tales restricciones tan solo nos dice que la democracia es siempre un proceso, es decir, una aspiración, un proyecto en permanente construcción y perfeccionamiento y, en fin, un motivo que invita a la lucha en procura de una mejor sociedad, una mejor convivencia.
La república, por su parte, es una propuesta por un orden político basado en las leyes, en la distribución y los contrapesos del poder, en la decisión democrática y participativa, en la vigencia de los derechos de ciudadanía, en la permanente rendición de cuentas por parte de quienes temporalmente ejercen el poder político.
Recordemos, por otra parte, que las sociedades del siglo XXI –y Costa Rica da buen ejemplo de ello– se caracterizan por un altísimo y creciente nivel de complejidad. Lo mismo en el campo de la economía o de la cultura; en el ámbito político y el de la organización ciudadana. Y tan solo por poner algunos ejemplos adicionales, la complejidad se visibiliza asimismo en los territorios, en las emergentes construcciones identitarias, la diversificación de las relaciones y conflictos en el mundo del trabajo, y todas las emergentes movilizaciones, conflictos y propuestas vinculadas con la problemática ambiental, el calentamiento global y el cambio climático.
Esa complejidad también se expresa en las relaciones e identidades de género, las familias, la vivencia de la afectividad y de la sexualidad. El mundo social -incluso en espacios geográficos reducidos donde en otros tiempos se imponía la homogeneidad- se parece cada vez más al mundo natural: rompe dicotomías simplificadoras o regulaciones que restringen y limitan, y se despliega al modo que lo hace la propia naturaleza: diverso, heterogéneo y multicolor. Sin duda, nada es tan antinatural como la homogeneidad monocolor.
Las democracias modernas y el orden republicano, deben avanzar hacia el pleno reconocimiento e incorporación de tal complejidad. Ello es así, incluso por un asunto de sobrevivencia, para mantener vigencia y viabilidad. De otra forma se desfasarían frente a la realidad, perderían eficacia y por lo tanto legitimidad, con todo el peligro que ello conlleva.
La religión también es parte de estos sistemas sociales complejos. De hecho, la religión misma se ha complejizado en grado significativo, y ello resulta obvio, tan solo con que se repare en la declinación que ha experimentado la hegemonía de la iglesia católica, la cual, hasta hace muy poco, era prácticamente absoluta.
El orden democrático y republicano debe garantizar plena libertad a cada persona para profesar la fe que elija. En la convivencia democrática, cada quien debe respetar plenamente esa fe que otra u otras personas han abrazado para sí. Y, desde luego, ello supone total garantía del derecho a seguir y aplicar en la propia vida las prescripciones morales que derivan de la religión que se profesa. Lo cual también legitima la posibilidad de no tener fe alguna, y de regirse por una moral laica.
Pero lo anterior también significa, que ninguna religión en particular podría imponer su visión de mundo y criterios morales, mucho menos imponerlos a las leyes que regulan la vida en sociedad. En un mundo cada vez más complejo y heterogéneo, ello excluiría a sectores importantes de la sociedad, y, por lo tanto, subvertirían las bases más fundamentales del orden republicano y democrático. Éste tiene el deber –para ser lo que es y no transformarse en una negación de sí mismo– de crear una institucionalidad que incluya a todas sus ciudadanas y todos sus ciudadanos, con las mismas obligaciones y los mismos derechos, en condiciones paritarias para participar y decidir, y gozando de las mismas protecciones para vivir sus vidas según sus propias elecciones y decisiones personales, que, entre otras, pueden ser de orden religioso, como también en material sexual, familiar y afectiva.
La limitación es bien conocida y absolutamente inviolable: mis derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Eso hace posible los valores de la paz y del amor, que jamás florecerían si ese respeto y tales límites no existieran. Puesto de otra forma: donde haya alguien que se cree en derecho de imponer su visión de mundo, su proyecto de vida y sus reglas morales a otras personas, se termina el respeto y se muere la paz.
Dije anteriormente que los valores y aspiraciones democráticas y republicanas enfrentan múltiples limitaciones, que han de ser superada en una lucha cotidiana. Es un proceso, una construcción dinámica. Nunca, y de ninguna manera, una realidad acabada.
De ahí la importancia de la decisión que la Sala Constitucional ha de tomar pronto sobre matrimonio igualitario. No es algo que pueda decidirse con base en criterios religiosos que, por su misma naturaleza de tales, incluye a quienes los profesan, pero deja por fuera a las demás personas. Se trata de dejar atrás un lastre histórico que, al discriminar y excluir, por ello mismo violenta los principios democráticos y republicanos. Supondría, por lo tanto, un paso adelante en el proceso de construcción de una democracia y una república, más plenas y completas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo entendió bien y lo argumentó con grandísima elocuencia. Toca a la Sala Constitucional hacer otro tanto.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomáticos
Como es sabido todo Estado puede expresarse con relación a la situación interna que vive otro Estado, y que le genera algún tipo de preocupación, como lo hicieron, por ejemplo Argentina, España y Ecuador con relación a la situación en Nicaragua: véase el comunicado de Argentina, el texto del comunicado oficial de España así como el contenido del comunicado de Ecuador, los tres del 15 de julio del 2018. Muy distintos en cuanto a su contenido, pese a llevar la misma fecha, referirse a la misma situación, estos tres comunicados responden a la lectura que cada uno hace de la situación y a la forma escogida, desde Buenos Aires, Madrid y Quito, para expresar su preocupación a las autoridades en Nicaragua.
Usualmente, el uso correcto del léxico diplomático en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisión en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violación a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervención en asuntos internos.
Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusión. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (así como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurídicas de las que disponen en materia de derechos humanos las víctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) – del que forma parte íntegra Nicaragua – también adoptaron una declaración titulada «Declaración especial sobre Nicaragua» (véase texto completo), el pasado 30 de junio.
Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también se pronunció, en otros términos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el que adoptó una resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de 21 Estados a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación (JICA) expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Foto extraída de nota de prensa del 4 de julio del 2018 titulada «Japón reclama por posible mal uso de donación».
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situación de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohíbe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Nótese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasileña en medicina en Nicaragua suscitó un comunicado oficial de la diplomacia brasileña en la que se lee que:
«Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicarágua instalado para implementar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos» (véase texto completo). El mismo 24 de julio, Brasil procedió a llamar a consulta a su embajador en Managua, recurriendo a esta figura diplomática para hacer ver su profundo malestar (véase comunicado de prensa del Itamaraty).
Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causándoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigación y de sanción de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados básicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisión y monitoreo a los que podrían en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afectasen a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de los informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listadooficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama de la ciencia jurídica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados.
En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, expresa su enérgica condena a la cruel e inhumana política migratoria de los Estados Unidos de separar a niños y niñas migrantes de sus padres y madres en flagrante violación de los derechos humanos. La brutal y despiadada política del presidente Trump de “tolerancia cero” ha causado la separación de cerca de más de 2.400 niños entre el 5 de mayo y principios de junio. La administración Trump, que se caracteriza por la falta de transparencia, trata como criminales a los migrantes que entran a los EEUU huyendo del clima de violencia y falta de garantías a la vida e integridad física en sus respectivos países. La mayoría de los inmigrantes proceden de Honduras, el Salvador y Guatemala, algunos de México y hasta donde sabemos también Brasil, países que han sido intervenidos desde tiempo inmemorial, por las políticas imperiales de los EEUU, país responsable de golpes de estado, guerras e intervencionismo en Latinoamérica. La AAJ repudia la criminalización de las familias inmigrantes y la política de la administración Trump, implementada por el fiscal general Jeff Sessions, de ordenar procesar a los detenidos con cargos criminales, arrebatar a los niños de los brazos de sus padres y madres, quedando bajo la custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services), agencia federal. Una vez formulados cargos criminales, se posibilita acelerar la deportación e impedir radicar solicitudes de asilo político. Mientras, en el momento de detención, el gobierno de Trump encierra a los inmigrantes en jaulas, incluyendo a los niños, inhumanamente separados de su familia, entre llantos y escenas desgarradoras. Aunque la intensa ola de indignación y protestas obligaron a Trump a firmar una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias, se mantiene el procesamiento por la vía criminal a quienes entran al país en condición irregular, y los niños estarán encerrados con sus padres y madres en centros de detención y bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security). Con ese objetivo, el ejército de Estados Unidos se prepara para albergar a unos 20.000 menores inmigrantes en bases militares ubicadas en los estados de Texas y Arkansas.
(…)
Por tanto, la AAJ expresa lo siguiente:
1. El cese inmediato de tanta crueldad, cesar de procesar criminalmente a los inmigrantes y proceder a la reunificación de las familias. Los niños y niñas no pueden ser piezas de negociación ni rehenes para los fines racistas e inhumanos de la administración Trump.
2. Que los estados que integran los EEUU, como también los y las procuradores generales, demanden al gobierno federal estadounidense por violaciones a los derechos civiles y constitucionales de los padres, madres, niños y niñas separados al llegar a través de la frontera con México.
3. Aunque los EEUU es el único país miembro de la ONU que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y no sea operativa, sus principios tienen validez internacional. La Convención establece que al niño le incumben los derechos de los mayores más los derechos del niño pues es sujeto especial de derechos. Entre los principales principios se encuentran el interés superior del niño y escuchar al niño. El interés superior está vinculado a otros principios, no es el orden público el que lo impone, sino la Convención, escuchando al niño, empoderándolo y protegiendo a la familia. (Ver art. 12, escuchar al niño; art. 9 y 14 inc. 2, los padres; art. 10, encuentro familiar; art. 18 inc. 2; art. 27, proteger a los padres para poder proteger al niño; art. 22, casos de refugiados).
4. Además, exigimos de los EEUU respetar las reglas mínimas de tratamiento de personas detenidas de cualquier forma y en cualquier lugar (Reglas de Mandela de ONU):
Regla 1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos.
Regla 58 1. Los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos: a) por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, digitales o de otra índole que haya disponibles; y b) recibiendo visitas. 2. En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discriminación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se contará con procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se prestará la debida atención a la seguridad y dignidad.
Regla 59. En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social.
Regla 62 1. Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con los representantes diplomáticos y consulares del Estado del que sean nacionales.
Regla 68. Todo recluso tendrá derecho a informar inmediatamente a su familia, o a cualquier otra persona que haya designado como contacto, de su encarcelamiento, su traslado a otro establecimiento y cualquier enfermedad o lesión graves, y recibirá la capacidad y los medios para ejercer ese derecho. La divulgación de información personal de los reclusos estará sujeta a la legislación nacional.
Regla 106. Se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes.
5. Las actuaciones del gobierno estadounidense violan la Convención contra la tortura, que en su art. 1 la define como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
6. Permitir de inmediato misiones investigadoras en los lugares donde se encuentran detenidos los niños y niñas.
7. Permitir de inmediato que el cuerpo consular de los países de procedencia de los niños y niñas tengan acceso personal a éstos.
8. Garantizar y proveer a los niños y niñas tratamiento médico, servicios sociales y educativos.
Le invitamos a leer el documento completo en el siguiente enlace:
Comisión para la Diversidad Sexual realiza capacitaciones en temas de Derechos Humanos igualitarios
La Universidad de Costa Rica tiene el compromiso de garantizarle sus derechos a las personas sexualmente diversas que forman parte de ella y de ser un referente social en el avance de los derechos igualitarios. – foto Karla Richmond.
Desde el 2011, la Universidad de Costa Rica es un espacio libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Como parte de su compromiso con la defensa de los derechos humanos de la población sexualmente diversa, la institución ha implementado medidas concretas a partir de esa declaración. En el 2016 se entregaron las primeras identificaciones que utilizaron el “conocido como” para estudiantes trans, y este año, en acatamiento de la Opinión Consultiva de Corte Interamericana y lo decidido por el Tribunal Supremo de Elecciones, se adoptó el reconocimiento del cambio de nombre por motivos de identidad de género.
Esfuerzos institucionales
Además de adaptar su normativa conforme a los avances de las leyes nacionales, la UCR ha decidido también generar sus propias iniciativas para el aseguramiento de los derechos de todas las personas que componen la comunidad universitaria.
Las autoridades universitarias fueron las primeras participantes de los talleres sobre Derechos Humanos de las personas LGBT.
Producto de una propuesta de la Federación de Estudiantes (FEUCR), desde el año 2017 funciona la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual.
Se trata del ente universitario encargado de dar seguimiento a las políticas de diversidad sexual y de género que se establezcan en la Universidad. Se le ha encargado también la responsabilidad de generar acciones de aprendizaje del tema y dar a conocer los mecanismos para denunciar la discriminación en este ámbito.
La Dra. Montserrat Sagot, coordinadora de la Comisión y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), explica que esta dependencia se enmarca en la lucha nacional e internacional por el reconocimiento de los derechos igualitarios de todas las personas. “Hay un compromiso no solo a reconocer los derechos de la población sexualmente diversa que ya está en la Universidad, sino a enviar un mensaje a la sociedad sobre la importancia de que esto no se trata de “preferencias” o de “opciones”, sino que es una demanda verdadera de derechos humanos”, destaca.
Según la Comisión, las capacitaciones son una herramienta fundamental para que la comunidad universitaria reconozca los derechos de la población LGBT. «Esta no es una capacitación ideológica, no es para convencer a nadie de nada, es una capacitación para brindarle a la gente que atiende personas herramientas para un trato sensible y respetuoso, herramientas para atender usuarios que merecen todo el respeto», explica la Coordinadora.
Además de la representación del CIEM, la Comisión incluye a personas delegadas de las Vicerrectorías de Acción Social, Docencia y Vida Estudiantil, así como de la Escuela de Psicología y el movimiento estudiantil.
Sacando a la discriminación del campus
Las quejas de discriminación a causa de la orientación sexual tienen motivos variados. Algunas son explícitas, mientras que otras son más solapadas. En muchos casos se camuflan en comentarios tendientes a cuestionar el talento o la aptitud de estudiantes para determinadas tareas o carreras por no ser heterosexuales o incluso en “chistes” cuyo argumento es meramente homofóbico. “En las clases o las oficinas estos chistes son absolutamente cotidianos, estamos en una cultura que asume que no tenemos al frente a una persona homosexual, lesbiana o bisexual y esto se repite, está en la vida cotidiana con una gran naturalidad”, explica la Dra. Sagot.
Una de las principales herramientas que ha encontrado la Comisión en su tarea de erradicar este tipo de discriminación es la capacitación.
En una primera fase se ha capacitado al personal universitario que atiende al estudiantado . “Es una capacitación para brindarle a la gente que atiende personas herramientas para un trato sensible y respetuoso, para darle herramientas para atender usuarios que merecen todo el respeto”, explica la coordinadora de la Comisión. Más adelante se trabajará en la promoción de las alternativas que las normativas institucionales ofrecen, no solo para prevenir la discriminación, sino también para denunciarla y darle seguimiento a estos casos, que de momento están siendo apoyados por el equipo psicológico y jurídico del CIEM.
Para estar en contacto con la comunidad universitaria y recibir sus consultas, la Comisión ha habilitado el correo: comision.diversidadsexual@ucr.ac.cr.
Un 28 de junio en Nueva York
La Comisión Institucional para la Diversidad Sexual celebra su primer año de funciones en el marco de la conmemoración de los Disturbios de Stonewall, uno de los eventos más icónicos de la reivindicación de los derechos humanos.
Lo que inició como una redada en un bar gay de Nueva York se convirtió en una manifestación con la cual se luchaba para detener la persecución policial contra las personas no heterosexuales.
A partir de esos acontecimientos, ocurridos el 28 de junio de 1969, la fecha es conocida como el Día Internacional del Orgullo LGBT, una ocasión para conmemorar los avances logrados hacia una sociedad más igualitaria y en la cual la orientación sexual no sea un impedimento para conseguir condiciones de vida dignas.
