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Etiqueta: derechos humanos

Actuación lenta del gobierno en Salitre no previene ni impide violencia directa

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

DESPOJO DE TIERRAS CON VIOLENTAS AGRESIONES A

INDIGENAS BRIBRIS EN COSTA RICA

El 25 y 26 de diciembre de 2018, aprovechando los días festivos, nuevamente un grupo de personas NO indígenas, invadieron el Territorio Indígena Bribri de Salitre, en los sectores de Río Azul y Fila de Palmital, despojando con violencia armada (de fuego y machetes) a las familias bribris dueñas de esas tierras.

El 24 de diciembre de 2018, en horas de la mañana, en un momento en que salieron a visitar a un vecino, los dueños bribris de la casa, Mariana Delgado Morales, Alberto Figueroa Calderón, Claudina Figueroa Rojas y siete menores de edad, fue aprovechado por los NO indígenas Eliodoro Figueroa Díaz y un hijo suyo Figueroa Uva (no son indígenas aunque coincidan los apellidos) con 8 (ocho) peones no indígenas, para ingresar a la casa, cortaron árboles con sierras de motor, pusieron alambres y cuando regresaron las familias dueñas, las amenazaron con agredirlas y matarlas, aun así, las familias indígenas se mantuvieron en su propiedad; así se mantuvo todo ese día, hasta el 25 de diciembre de 2018 como a las 7 de la noche, cuando hubo un ataque violento de los usurpadores, quiénes asaltaron la vivienda disparando armas de fuego, macheteando todo en la casa a la que prendieron fuego, las familias indígenas huyeron a la montaña para proteger sus vidas. La policía llegó muchas horas después y dijo que nada podían hacer pues no tenían suficientes pruebas y ninguna orden de detención, esto a pesar, de que se les mostraron los documentos legales otorgados por el gobierno local de la comunidad; se retiraron dejando instalados impunemente a los usurpadores, en la tierra indígena. Los usurpadores enviaron amenazas a otras familias indígenas, para que salgan de sus propiedades, porque si no les pasaba lo mismo que a la familia de Mariana Delgado.

El 26 de diciembre de 2018, Gerardo Figueroa Rojas y sus hijas e hijos, dueños originales de Finca Las Huacas, de 180 hectáreas, sector de Fila Palmital de Salitre, la recuperan al usurpador NO Indígena, José Nicanor Arauz Villanueva, quién hace 20 (veinte ) años les había quemado la casa y los desalojara injustamente, con sus hijos/as y nietos/as que hoy son hombres y mujeres mayores de edad y regresaron a reclamar su derecho a su tierra; en ese momento la policía les dijo que se fueran y pusieran la denuncia porque no tenían pruebas de los hechos del desalojo violento; el proceso agrario en la Corte tiene 20 años y no se resuelve todavía; por esa razón y amparados a las leyes y convenios internacionales, tomaron posesión de sus tierras y expulsaron al usurpador Arauz Villanueva, quién había sido notificado semanas atrás de la resolución del Consejo de Autoridades Propias Indígenas Defensoras de la Tierra – Ditsö Iriria Ajkônuk Wakpa de Salitre -. Hoy las Familias Bribris Figueroa Vargas, Figueroa Torres y Mayorga Torres, están instaladas en su finca, parte del territorio bribri de Salitre, acompañados por el Awá quién es una autoridad propia entre los bribris.

Después de varias llamadas por teléfono a las autoridades policiales y judiciales, la lentitud y actuación negligentes, parecen condescendiente con estas personas violentas usurpadoras, que por ley y por distintas resoluciones judiciales, les está prohibido ingresar o permanecer, menos poseer de cualquier modo tierras dentro de estos territorios (Ley 6172 de 1977 – Ley Indígena).

Las familias indígenas agredidas y despojadas violentamente, tuvieron que huir por la montaña y permanecer a la intemperie sin abrigo, sin alimentos y bajo la zozobra de un ataque a balazos, macanas y machetes.

Uno de los agresores, alegó que otro usurpador le había alquilado un terreno para echar ganado a pastar, como si fueran tierras de nadie, incluso llegó con un cabezal y el furgón placa No. 164122, a vista y paciencia de autoridades policiales y judiciales.

Desde el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena se hicieron contactos con funcionarios y personeros de la presidencia de la República, quienes informaron que se habían girado las órdenes e instrucciones para evitar más violencia y detener a los agresores/ usurpadores, hecho que esperamos se cumpla, pues los responsables de los actos violentos permanecen invadiendo y con armas amenazando a las/ los dueños de las tierras y otros habitantes bribris que se acercan para reclamarles. Las familias agredidas han regresado acompañadas de otros bribris y han informado que desalojarán a los usurpadores, a como sea, lo que aumenta la tensión y una salida violenta ante la injusticia e impunidad.

Cabe agregar que desde abril del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció medidas cautelares (MC-321-12 CIDH), sobre dos territorios indígenas de Costa Rica, ambos al Sur del país: el Brörán de Térraba y el Bribri de Salitre, justo donde están ocurriendo las agresiones y despojo desde el pasado 25 de diciembre de 2018; siendo que desde hace 6 años se repite este «patrón» o conducta delictiva de los/as usurpadores, quiénes aprovechan los días festivos de fin de año y Semana Santa para atacar, invadir, agredir, despojar tierras y apoderarse ilegalmente de las mismas, las que son inalienables, intocables y exclusivas de los ocho pueblos indígenas que habitan en Costa Rica, según el ordenamiento jurídico costarricense.

Responsabilizamos al gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada y su gabinete, por las agresiones y despojos violentos aquí denunciados, y, los que ocurran de aquí en adelante, ya que no está cumpliendo con el Protocolo Específico y Especial de Implementación de las Medidas Cautelares de la CIDH, que lo obliga a mantener vigilancia y control preventivos para impedir estas acciones delictivas de los/ as no indígenas usurpadores, siendo esta la causa principal por las que se establecieron las citadas Medidas Cautelares.

Es reiterada la violencia e impunidad en que viven las comunidades indígenas costarricenses, no sólo por actos delictivos como los descritos, sino por otras violaciones de DDHH provenientes de particulares como despojos de tierras, destrucción de bosques, contaminación de ríos, cacerías y pescas ilegales; y por las cometidas por los agentes del Estado, como imposición de políticas públicas, mega-proyectos y planes de investigación y educación SIN consulta, irrespeto a sus tradiciones y costumbres, no reconocimiento de sus autoridades propias, ni de los procesos autónomos de salud y construcción de viviendas por ejemplo.

SOLICITAMOS,

  • A las autoridades policiales y judiciales intervenir, oportunamente, para evitar nuevos y más graves hechos de violencia; capturar e iniciar causas penales contra los/as agresores/ as de estas comunidades bribris y, cumplir con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares, de lo que debe responder el Estado/gobierno costarricense.
  • A la comunidad nacional e internacional, les pedimos dirigirse al gobierno de Costa Rica y exigirle intervenir preventivamente para evitar mayores daños y proteger la integridad física y la vida de estas personas y comunidades, así como el cumplimiento de todos los DDHH de estos pueblos indígenas.

Estamos vigilantes y daremos seguimiento a estas denuncias y este llamado; aprovechamos para solicitar al Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena de Costa Rica (ODHAIN), preparar y realizar una misión de observación urgente, que documente e informe sobre esta la violencia directa contra estas comunidades bribris de Palmital y Río Azul de Salitre.

San José, viernes 28 de diciembre 2018.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS – FRENAPI.

COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDIGENA (compuesto por 23 organizaciones sociales).

Comisión Justicia Paz e Integridad para la Creación (JPIC) – Claretianos Costa Rica.

Asociación Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP).

Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA) – Amigos de la Tierra Costa Rica.

Asociación Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ – CR).

Pastoral Indígena de Costa Rica.

Facebook: https://www.facebook.com/notes/comit%C3%A9-de-apoyo-a-la-autonom%C3%ADa-ind%C3%ADgena/comunicado-a-la-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica-nal-e-internacional-despojo-de-tierras-con-viole/286246062066082/

Centro Amigos para la Paz

centroamigosparalapaz@gmail.com / info@amigosparalapaz.org

+506 2222-1400 / 2233-6168

www.amigosparalapaz.org

Diálogo abierto sobre historia y sentido político de la migración

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

En una conversación profunda, el rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington y el docente e investigador de esa casa de enseñanza superior, doctor Carlos Sandoval García, abordan el sentido político de la migración, en un mundo marcado por ese fenómeno social y económico que adquiere muy evidentes condiciones políticas a pesar de ser consustancial a la historia de la humanidad.

SURCOS le invita a ver el video de Diálogo abierto, el programa de la rectoría de la UCR y conocer, en alrededor de 50 minutos, las veredas sociales, históricas y políticas que han construido la categoría migrante.

 

La suspensión temporal por parte de Nicaragua de las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

 

Mediante una nota diplomática enviada por Nicaragua dirigida al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 19 de diciembre, Nicaragua ha decidido suspender temporalmente las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajan in situ desde el mes de junio del 2018 en su territorio.

En su larga misiva de 10 páginas (véase texto completo), Nicaragua deplora varias manifestaciones hechas por el Secretario General de la OEA y en varias partes, alude a la «falta de imparcialidad y objetividad» de los órganos a cargo de investigaciones in situ adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos mandatos y marcos de acción fueron acordados en mayo del 2018 con las máximas autoridades nicaragüenses. La carta también hace referencia a expresiones del Secretario General en el marco de una reciente reunión que tuvo lugar en la sede de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (véase anuncio oficial), el pasado 7 de diciembre.

Nicaragua ha optado por declarar, con efectos inmediatos, la «suspensión temporal de la presencia y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI)«.

A su vez, da por expirado el plazo de 6 meses acordado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constituir un Grupo de expertos encargados de documentar los hechos acaecidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente o GIEI): véase comunicado de prensa del mismo GIEI de octubre del 2018 sobre la labor desplegada en Nicaragua por parte de sus integrantes. Nótese que la presentación oficial de un informe del GIEI estaba prevista para este 20 de diciembre en Managua (véase nota de prensa). El informe fue presentado en la sede de la OEA en Washington este viernes 21 de diciembre (véase texto completo del informe del GIEI de 458 páginas) en el que se lee, entre muchos otros puntos, que:

«La violencia desatada a raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril, ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares» (p. 359).

En unas líneas anteriores, se lee que:

«El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma» (página 358).

Es de señalar que esta carta de Nicaragua se envió a la máxima autoridad de la OEA el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un comunicado de prensa titulado «CIDH denuncia agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua«, en el que, entre otros puntos, se lee que:

«La CIDH ha venido documentado un progresivo e incesante deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y del propio Estado de Derecho como consecuencia de la represión estatal a las protestas. En este contexto, y a ocho meses de iniciada la crisis en el país, la Comisión reitera su enérgica condena a la reacción estatal que ha derivado en la muerte de 325 personas y más de 2000 heridas; en más de 550 personas detenidas y enjuiciadas; en el despido de 300 profesionales de la salud y la expulsión de, al menos, 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)«.

(Véase texto completo del comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En respuesta a la decisión de Nicaragua, el Secretario General de la OEA circuló un comunicado de prensa el mismo 19 de diciembre, titulado «Secretaría General de la OEA rechaza expulsión de GIEI y MESENI de Nicaragua» en el que se lee que: «La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza en los términos más categóricos la decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)» (véase texto completo del comunicado de prensa). Nótese en la parte final de dicho comunicado que el Secretario General «responsabiliza públicamente al Gobierno de Nicaragua por la seguridad e integridad de los miembros del GIEI, del MESENI y de su personal de apoyo hasta que los mismos puedan abandonar el país«.

Foto extraída de nota de prensa de Naciones Unidas titulada «Nicaragua must end ‘witch-hunt’ against dissenting voices – UN human rights experts», del 9/08/2018

La inmediatez y la dureza de la reacción de Nicaragua al comunicado de prensa de la Comisión Interamericana, y a su vez, las del Secretario General a la misiva enviada por Nicaragua, evidencian la tensión máxima a la que se ha llegado y los riesgos de ruptura que ello conlleva. La contundencia de las conclusiones del GIEI sobre la responsabilidad de las autoridades de Nicaragua para encubrir y dificultar las investigaciones sobre los hechos de violencia acaecidos desde el 18 de abril no deja ninguna duda sobre la imperiosa necesidad de mantener en Nicaragua algún tipo de presencia internacional.

Más mesurado que el Secretario General, el Consejo Permanente de la OEA había adoptado por consenso el 5 de junio una resolución inicial sobre Nicaragua (véase texto); el 12 de setiembre del 2018, el mismo Consejo Permanente adoptó otra resolución sobre Nicaragua, cuyo voto exhibió cuán divididos permanecen los 33 Estados Miembros de la OEA sobre este tema, en particular los Estados de Centroamérica (véase breve nota nuestra al respecto publicada en DIPúblico).

En el marco universal, un informe sobre los mismos hechos de violencia en Nicaragua realizado por un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y presentado en agosto del 2018 (véase informe) llevó a Nicaragua, 24 horas después de presentado, a dar por concluida la misión de Naciones Unidas en Nicaragua (véase nota nuestra al respecto).

Tal y como se puede apreciar, en el caso de Naciones Unidas, la estrategia de las autoridades de Nicaragua consistió en permitir que se presentara en Managua el informe, ordenando inmediatamente después la salida de los integrantes del equipo a cargo de elaborarlo; mientras que en el caso del GIEI, en el ámbito interamericano, se optó por evitar que fuera presentado el informe en Nicaragua, expulsando a sus integrantes 24 horas antes de la presentación oficial en Nicaragua de sus hallazgos.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

Nery La Colectiva: Sobre situación de organizaciones sociales en Nicaragua

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe

 

La Oficina Regional en México de la Rosa-Luxemburg-Stiftung manifiesta su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de cancelar las personerías jurídicas a nueve organizaciones sociales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas nuestras organizaciones coparte: Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río) y la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na).

Lamentamos que el Parlamento tomara esta decisión sin permitir que las organizaciones sociales tuvieran la oportunidad de defenderse de las graves acusaciones de las que fueron objeto.

Nos sorprendieron las confiscaciones y allanamientos realizados en la madrugada del 14 de diciembre del presente a dichas organizaciones, actos que no cumplieron con el derecho al debido proceso al realizarse sin orden judicial previa.

Deploramos la orden posterior emitida por el Ministerio de Gobernación en la que establece la expropiación inmediata de los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones sociales, contraviniendo el plazo de 72 horas que había dispuesto la Asamblea Nacional para que dichos colectivos procedieran con lo que estaba establecido en sus estatutos sobre el tema.

Lamentamos las violaciones de las que son víctimas activistas, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación, que afectan sus derechos y libertades fundamentales.

Reconocemos ampliamente el trabajo que Fundación del Río y Fundación Popol Na han realizado en y desde las comunidades del pueblo nicaragüense.

 

Ciudad de México el 17 de diciembre de 2018.

Contacto: info@rosalux.org.mx

Fotografías: Archivos Popol Na y Fundación del Río

 

 

*Imagen tomada de la nota: La decisión de Nicaragua de dar por terminada la Misión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Enviado por Lili León, Voces Nuestras.

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Pronunciamiento en Solidaridad con ONGs en Nicaragua

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL; la MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales, Plataformas y Redes Regionales de ONGs de América Latina y el Caribe; la Red de Educación Popular entre Mujeres Latinoamérica y el Caribe; la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE, La Alianza de OSC para la Eficacia al Desarrollo América Latina y el Caribe – AOED nos solidarizamos con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS, ILLS, IPADE, Fundación Río, CINCO y Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo del Municipio, organizaciones a las que el día 12 y 13 de diciembre del 2018 les cancelaron arbitrariamente su personería jurídica, así como con todas aquellas organizaciones que están en riesgo de perderla.

Las organizaciones abajo firmantes reconocemos la valiosa labor que han realizado todas estas organizaciones en defensa de los derechos humanos de las y los nicaragüenses y lamentamos la decisión tomada por el gobierno de Nicaragua, en detrimento de la democracia, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el estado de derecho en esta nación. Exigimos el cumplimiento de las garantías constitucionales de todas las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales afectados, quienes con su labor aportan desarrollo del país.

Consideramos que el diálogo sigue siendo necesario como salida pacífica a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, mientras que las represalias en contra de las organizaciones de la sociedad civil agudizan el conflicto actual y se continúa con la violencia institucional.

Como redes y movimientos latinoamericanos y del caribe ratificamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la construcción de sociedades justas, libres e igualitarias.

– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)

– MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales, Plataformas y Redes Regionales de ONGs de América Latina y el Caribe

– Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM)

– Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

– Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo América Latina y el Caribe (AOED)

13 de Diciembre del 2018

Adhesiones:

Organizaciones, Colectivos y Redes

  • Acceso a la Justicia – Venezuela
  • Acción Campesina A. C. – Venezuela
  • ACCIÓN, Asociación Chilena de ONG – Chile
  • Alianza Internacional de Habitantes – México
  • Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular – Perú
  • Anticapitalistas – España
  • APROFA – Chile
  • Articulação de Mulheres Brasileiras
  • Articulación de Movimiento por la Autonomía Universitaria (MAU – UNI)
  • Articulación de Movimientos Sociales (AMS)
  • Asociación en Red de Educadorxs A.R.E.P.A. – Argentina
  • Asociación Nacional de ONS al Desarrollo – ANONG – Uruguay
  • Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) – Honduras
  • Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA) – Costa Rica
  • Asociación Sociocultural Guardabarranco Zaragoza – España
  • Caracol Youth Community Development – Costa Rica
  • Centro de Derechos Sociales del Migrante – CENDEROS – Costa Rica
  • Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Monte Mozo S. J.” (CSMM) – Ecuador
  • Centro de Encuentros y Diálogos – México
  • Centro de Estudios Ecuménicos – México
  • Centro Solidario Tsomanotik A. C. – México
  • Cep Alforja – Costa Rica
  • Cep Parras – México
  • CIAZO – El Salvador
  • CIPE Consultores – Honduras
  • CoACS – México
  • Coalición Clima 21 – Venezuela
  • Colectiva Feminista Las Azucenas – La Plata, Argentina
  • Colectiva Tener Ovarios – Panamá
  • Colectivo CEAAL Argentina
  • Colectivo CEAAL Bolivia
  • Colectivo CEAAL Brasil
  • Colectivo CEAAL Chile
  • Colectivo CEAAL Colombia
  • Colectivo CEAAL Costa Rica
  • Colectivo CEAAL Ecuador
  • Colectivo CEAAL Guatemala
  • Colectivo CEAAL Honduras
  • Colectivo CEAAL México
  • Colectivo CEAAL Panamá
  • Colectivo CEAAL Paraguay
  • Colectivo CEAAL Perú
  • Colectivo CEAAL Puerto Rico
  • Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua – CSPN – Francia
  • Colectivo de Solidaridad con Nicaragua y Autoconvocados Solidarios – Francia
  • Colectivo Integral –
  • Colectivo Pico y Pala – París, Francia
  • Colectivo Rebeldía-Bolivia
  • Colectivos CEAAL Venezuela
  • CONAMURI – Paraguay
  • Coordinadora de la Mujer Boliviana – Bolivia
  • Coordinadora de Movimientos Sociales Loja-Ecuador
  • COPEVI – México
  • Culturas Vivas Comunitarias – Costa Rica
  • Equipo de Coordinación Estratégica del CEAAL
  • Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
  • Equipo Feministas A. C. – México
  • Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
  • Federación de Organizaciones Sindicales Loja-Ecuador
  • Fondo Alquimia – Chile
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – FAU – AL – Uruguay
  • Foro Dakar – Honduras
  • Frente Popular-Ecuador
  • Fundación Acción Feminista Digital – Argentina
  • Fundación Azul y Verde –
  • Fundación Fe y Alegría Centro América
  • Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y la Economía Popular – México
  • Fundación para Estudio e investigación de la Mujer – Argentina
  • Fundación Pedagógica Nuestra América – Costa Rica
  • Grupo de Acción Feminista – Antipatriarcal del CEAAL
  • Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social
  • Grupo de Incidencia en Políticas Educativas del CEAAL
  • Grupo de Paz y Convivencia del CEAAL
  • Grupo de Trabajo Ecología Política Latinoamericana de CLACSO
  • Grupo Drugos – Nicaragua
  • Grupo Economía Solidaria CEAAL
  • Grupo Social CESAP – Venezuela
  • Guanared – Costa Rica
  • Instituto de Comunicación Solidaria – Brasil
  • Instituto De Estudios Ecuatorianos
  • Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica Social (IIPS) – Bolivia
  • Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES) – Nicaragua
  • Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C.- México
  • Instituto Polis – Brasil
  • ITIAS / CISO de la UPRH – Puerto Rico
  • Iyolosiwua A. C. – México
  • Juventud Revolucionaria del Ecuador
  • Machete y Garabato – Ecuador
  • Mano Diversa –
  • Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (Guatemala / México / 32 organizaciones)
  • Movimento Nacional das Cidadᾶs Positivas – Brasil
  • Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente-Ecuador
  • Mujeres en Acción Loja-Ecuador
  • Mujeres por el Cambio-Ecuador
  • O.TRA.S – Uruguay
  • Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Niñas y Mujeres – México
  • Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas-Ecuador
  • Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres-Ecuador
  • Plataforma por los Derechos Humanos en Nicaragua del Estado Español (PDHNE)
  • Plataforma pro.refugiados Badajoz – España
  • Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria – México
  • Popol Na – Nicaragua
  • Prospera – Red Internacional de Fondos de Mujeres – Canadá
  • Red de Coordinación de la Biodiversidad (RCB) – Costa Rica
  • Red de Gestión Cultural Popular de Costa Rica
  • Red de Mujeres Rurales – Costa Rica
  • Red Mesoameri-Kaab – Red MAK – Mesoamérica
  • Rede Mulher de Educaçaõ – Brasil
  • RedTEC – México
  • Secretario de DDHH Provincia de la Rioja – Argentina
  • Servicios para una Educación Alternativa A. C.- EDUCA – México
  • Sinergía – Red Venezolana de OSC
  • Sociedad Civil – España
  • STEPV – Intersindical Valenciana – España
  • Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS Bolivia
  • Universidad de Costa Rica
  • Universidad de Malta – Unión Europea
  • VIRESCO R.L. – Costa Rica

Personas:

  • Adelaida Entenza – Activista Derechos Humanos – Uruguay
  • Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nobel de la Paz – Argentina
  • Agustín Frutos, Zaragoza, España
  • Alba Pereyra Lanzilloto – Argentina
  • Albert Sansano – Valencia, España
  • Alberto Cortés Ramos – Costa Rica
  • Alicia Trussi –
  • Amalia E. Fisher O. Feminista, Emprendedora Social Ashoka y Sinergos
  • Ana Marí Baltodano – Nicaragua
  • Ana Marín –
  • Arnaldo Serna – Perú
  • Beatríz Cannabrava – Brasil
  • Bertha Elena Juárez Badillo
  • Boaventura de Sousa Santos – Portugal
  • Carlos Granados – Costa Rica
  • Carlos Ruiz –
  • Carmen Badia Altés – España
  • Carmen Campero Cuenca – México
  • Catalina Toro Pérez – Grupo de Trabajo Ecología Política de CLACSO
  • César Picón Espinoza – CEAAL Perú
  • Claudia Korol – Argentina
  • Debora Solís Martínez – Chiles
  • Delfine Lacombe – Francia
  • Delfor “Pocho” Brizuela – Argentina
  • Diana Campos Ortíz – Costa Rica
  • Efrén Orozco Orozco – México
  • Elena Apilanéz Piniella – Feminista Internacionalista – Estado Español
  • Eva Carazo Vargas – Costa Rica
  • Evelyn Zeledon – Colectivo Pico y Pala – París, Francia
  • Fabiola Bernal A. – Costa Rica
  • Frei Betto – Brasil
  • Gerhard Dilger – Alemania
  • Germán Jäcome López – Ecuador
  • Gladys Noly Silvera – Integrantes de Pro Universidad de Maldonado – Uruguay
  • Henry Ruiz Hernández – Nicaragua
  • Iara Duarte Lins – Colombia
  • Iliana Lacayo Ortíz –
  • Jorge Amador González – Costa Rica
  • Jorge Cayano – Brasil
  • José María Villanta Flórez-Estrada –Diputado del Partido Frente Amplio – Costa Rica
  • Juan Carlos Barrientos – Comunicador Social – Costa Rica
  • Juan Hernández – España
  • Karla González – México
  • Lea Guido – Nicaragua
  • Luis Alberto Monge Arrieta – Costa Rica
  • Margarita Salinas Borja – CEAAL Bolivia
  • María de los Ángeles Aguilar Hernández – Costa Rica
  • María Esther Montanara Mena – Costa Rica
  • María Eugenia Díaz – Guatemala
  • María Laura Bretal – Argentina
  • Maristella Svampa – Argentina
  • Martha Recaséns – México
  • Maureen Zelaya – El Salvador
  • Miguel Ángel Paz Carrazco – México
  • Miguel Santibañez – Chile
  • Moema

Me Adhiero al Pronunciamiento

 

 

 

Foto: AFP

Enviado por CEAAL.

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UCR: La ética y la empatía son esenciales para fortalecer el estado social y los derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Elizabeth Odio en la celebración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo tres años después de que llegara a su fin la II Guerra Mundial.

Para conmemorar el 70 aniversario de este acontecimiento, la Universidad de Costa Rica organizó una conferencia en la que la Dra. Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habló sobre la evolución de los derechos humanos pero sobre todo, de los retos de la sociedad actual.

Según la jurista, la legitimidad de todo estado social de derecho del siglo XXI debe asentarse firmemente en el goce sin limitaciones ni discriminaciones de los derechos humanos de todas las personas, en cada país y sin relativismos culturales.

Sin embargo ante esta afirmación, se hace las siguientes interrogantes ¿será posible reconstruir un tejido social tan inmensamente dañado? ¿Será realista pensar que solo estudiando, practicando y dictando sentencias progresistas sobre derechos humanos se alcanzará una sociedad auténticamente democrática e inclusiva? La respuesta la encuentra en la ética, definida como un conjunto de principios y valores que guían y orientan las relaciones humanas; principios que deben ser universales, válidos para todas las personas y para siempre.

Odio señaló que esta definición va al corazón mismo de lo que son los derechos humanos.

“No podemos limitar la existencia y validez de estos principios éticos que son sustancia de los derechos humanos a su reconocimiento en instrumentos jurídicos. Los tratados, convenciones, constituciones y sentencias son productos positivistas que pueden ser derogados, desconocidos, ignorados por un poder político perverso, que es hoy una verdadera amenaza o peor aún una realidad en muchos de los países del continente. Esta verdadera amenaza nos puede devolver a épocas muy oscuras previas a la declaración universal y a todo este desarrollo posterior de los derechos humanos”, recalcó.

Además explicó que solamente mediante la empatía se construirá el camino correcto para lograr una sociedad en la que la ética de los derechos individuales, económicos y sociales sean la vivencia cotidiana.Así como la educación es el instrumento de transformación que ponga énfasis en la solidaridad, la responsabilidad con los deberes, en el compromiso y la reciprocidad con el objetivo de llegar a ser igualmente dignos, libres e iguales para vivir conforme a un nuevo paradigma ético, que resulta fundamental para combatir la barbarie que asecha al mundo.

“No tengo recetas de cómo sembrar de empatía en nuestras sociedades, pero si sé que solo siendo empáticos viviremos conforme a la ética de unos derechos humanos verdaderamente universales”, subrayó.

Pueden ver la conferencia completa en el siguiente video:

Derechos Humanos: una ética de vida y un parámetro de legitimidad de los Estados de Derecho

En conmemoración del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica invitó a la conferencia «Derechos Humanos: una ética de vida y un parámetro de legitimidad de los Estados de Derecho», a cargo de la Dra. Elizabeth Odio Benito, Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y premio Rodrigo Facio 2014.

 

Andrea Marín Castro

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Miles de horas cada año son semillas para una sociedad más inclusiva y respetuosa de las diferencias

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Este 10 de diciembre se celebran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

  • Acción Social de la UCR en derechos humanos llega a casi dos millones de personas en todas las regiones

“La vulnerabilidad del incumplimiento de los derechos humanos es un asunto que atraviesa a todos los segmentos de población. En especial, la pobreza, la exclusión educativa, el trabajo informal y otras actividades que los enrolan en actividades ilícitas”, detalló Dina Espinosa Brilla, coordinadora del proyecto EDNA. Foto muestra niños jugando. Archivo VAS.

Para superar los pendientes en materia de derechos humanos y lograr que la mayor cantidad de habitantes en el territorio nacional los disfruten a plenitud, cada año la Universidad de Costa Rica (UCR) invierte miles de horas en la ejecución de más de 130 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).

Los desafíos de la sociedad costarricense para construir una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos son múltiples. Por eso, desde cada una de las iniciativas de la VAS se llega a las comunidades con proyectos relacionados con la niñez y la adolescencia, el derecho al trabajo justo, el envejecimiento digno, el acceso a la educación, la prevención de la violencia por causa de género, edad, orientación e identidad sexuales.

Con un presupuesto de ₡265 millones anuales, el personal universitario y la comunidad estudiantil asumen como propios los problemas que impiden que cada persona acceda a los derechos humanos garantizados por la normativa nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Precisamente, este 10 diciembre la humanidad celebrará los 75 de la promulgación de dicha declaración. Sus 30 artículos se han constituido una guía para que los Estados y sus instituciones eliminen las barreras para garantizar que todas las personas alcancen esa plenitud, sin distinción alguna.

“Los Derechos Humanos tienen por principio primordial el respeto y el reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas. Esto implica a su vez la gestión de la igualdad de oportunidades, lo que tiene que ver con la inclusión y la reducción de la brecha social”, aseguró el Lic. José Daniel Rodríguez Arrieta, coordinador del proyecto “Población con discapacidad y derechos humanos: comunidades hacia la inclusión y el empoderamiento” (TC-633).

En materia de derechos humanos, el vínculo universidad-sociedad ha sido constante desde la creación de la UCR, aseguró Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social. Foto muestra jóvenes que se toman fotografia con marco #AcciónSocialUCR Archivo VAS.

El TC-633, de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, es una instancia que vincula a estudiantes con las comunidades para fomentar espacios y actividades para reconocimiento, apropiación y sensibilización acerca de los derechos humanos de la población con discapacidad en función de la inclusión.

Una importante cantidad de proyectos de Acción Social trabajan porque la niñez y adolescencia tengan acceso a la salud, la educación y la posibilidad de vivir en ambientes libres de violencias. Uno de ellos es el proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) denominado “Prevención de Violencia en 100 Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública” (ED-3221) . El objetivo es brindar capacitación al personal destacado en dichas escuelas sobre los temas de la violencia intraescolar y fomentar la permanencia en las aulas.

Además, la UCR aporta investigación para el diseño de políticas públicas en esta materia. Por ejemplo, se difunden periódicamente informes relacionados con la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Entre ellos destaca el “Informe EDNA: Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” (ED-389), cuyo equipo de profesionales tiene su base en la Escuela de Estudios Generales.

En total, para el año 2018 unos 35 proyectos se relacionan con la población infantil y adolescente en Costa Rica.

Derechos Humanos y vínculo social

“La acción social es un pilar fundamental en la lógica y razón de ser de las universidades estatales. Nuestra labor es enteramente en función de la sociedad costarricense en tanto su progreso y su consolidación como una sociedad inclusiva que busque sostenidamente la reducción de las brechas sociales y económicas. Este es el contacto más directo y tangible de la Universidad con las comunidades a las cuales se debe; es la más visible devolución que se hace de la inversión de una sociedad en la educación superior y no debe nunca escatimarse en esta inversión”, aseguró el Lic. Rodríguez Arrieta.

Como parte de su compromiso con los derechos humanos, la UCR trabaja de la mano con instituciones estatales y organizaciones comunitarias para favorecer condiciones de acceso a todos los derechos para las personas habitantes en el territorio nacional. Foto archivo ODI.

De los 168 proyectos inscritos en la VAS, unos 16 se enfocan en el apoyo coordinado con otras organizaciones para que personas con alguna discapacidad tengan iguales oportunidades de acceso a la educación, la participación ciudadana e integrarse a la fuerza laboral del país.

Un ejemplo es el proyecto del Instituto de Investigación en Educación de la UCR para crear un “Modelo de capacitación en higiene y manipulación de los alimentos para personas con discapacidad intelectual” (ED-3104), que le ha permitido a jóvenes concluir exitosamente el curso este requisito para optar por una oportunidad laboral. Para ello, se diseñaron módulos temáticos a partir de los contenidos del programa estandarizado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Otro proyecto, “Construyendo juntos: Personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos” (ED-3297), ejecutado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, se propone que en el país se “cumpla totalmente normativa nacional e internacional en derechos humanos en discapacidad e identificar las brechas normativas que aún persisten entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece”, acotó el magíster Erick Hess Araya, coordinador del mismo.

Hess reafirmó que el “vínculo entre Universidad y sociedad es total, porque el proyecto avanza en la medida en que las personas con discapacidad así lo demandan y porque las personas con discapacidad van a obtener una orientación y asesoría técnica y académica que han solicitado para beneficio de sus propios intereses”. Actualmente, en Costa Rica cerca de medio millón de personas viven con alguna discapacidad y el 64% están excluidas de la fuerza laboral, con especial énfasis las mujeres.

“Decir que la UCR ha contribuido con los más diversos sectores de la sociedad costarricense no es retórico. La UCR ha estado presente desde sus inicios en el mejoramiento de la educación, la formación del concepto integral de la salud, en la generación de competencias productivas comunales, la defensa del ambiente, de los derechos humanos y la reivindicación de las fibras culturales que conforman nuestras identidades”, recordó la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social.

 

Eduardo Muñoz Sequeira

Periodista Vicerrectoría de Acción Social

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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El neoliberalismo es el nuevo principio de la Constitución

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

Hasta el voto de la Sala IV sobre el proyecto fiscal, el capítulo de Garantías Sociales tenía su fundamento en el principio cristiano de justicia social y nuestro Estado se definía como estado social, con el fin, como dice la Constitución, de “procurar una política permanente de solidaridad nacional”. (Art. 74). El otro principio fundamental en materia social que establece la Constitución es que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (…) “y el más adecuado reparto de la riqueza”. (Art. 50). Pues bien, a partir del viernes pasado, el nuevo principio constitucional, según esos magistrados, es el equilibrio de las finanzas públicas.

En consonancia con esta posición el Estado Social queda supeditado a que no se rompa la relación ingresos-egresos del Estado, con lo cual los derechos sociales o individuales, dependerán en el futuro de la “solvencia económica estatal”. Textualmente lo dice: “De manera inexorable, debe existir un equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda”.

De esta manera los derechos existirán siempre y cuando hayan recursos; por ejemplo, habrá medicinas contra el sida, si la Caja tiene recursos, electricidad en zonas alejadas sin al ICE le genera un equilibrio financiero, clínica de fertilización en vitro si Salud posee dinero o simplemente salarios crecientes si el Ejecutivo tiene plata.

Los magistrados lograron que la austeridad neoliberal adquiriera rango constitucional, el viejo y añorado sueño de Miguel Ángel Rodríguez de incluir un capítulo en la Constitución de Garantías Económica, lo lograron sin discusión alguna nuestros neoliberales con este fallo.

Además, la Sala IV (que ya no es constitucional) da otro paso: el Estado social de derecho “ideal” es el Estado Social de Derecho “posible”, es decir, se constriñen las prestaciones sociales y por tanto los derechos a la política de equilibrio presupuestario. Este, sin duda, es un cambio radical en la concepción de los derechos de los habitantes, los cuales ahora deben limitarse a lo que presupuestariamente es posible, con lo cual no habrá avance posible en el futuro.

En fin, la decisión de estos magistrados, es una pieza sacada del neoliberalismo, adosadas con un fuerte tinte inhumano, sin análisis jurídico y alejado de los principios que hasta ahora habían orientado la Constitución y el Estado costarricense.

Imagen tomada de http://dfiscal.blogspot.com

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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V Encuentro Regional “UNA huella con esencia” – Puntarenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

La mañana del pasado viernes 16 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en el Anfiteatro Concha Acústica de Puntarenas la actividad denominada V (y último) Encuentro Regional “UNA huella con esencia” organizada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional; en el marco de la celebración del 45°aniversario de la UNA y de la declaratoria del “Año 2018 de la UNA por la autonomía, la regionalización y los derechos humanos”.

El evento estuvo presidido por la Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora adjunta; la M.Sc. Yadira Cerdas Rivera, Vicerrectora de Extensión (instancia organizadora de la actividad); el Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración; y el M.Sc. Felipe Reyes Solares, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

En su mensaje, el Decano Reyes mencionó la batuta llevada por esta Facultad en este evento, en el cual se presentaron primordialmente proyectos de desarrollo marino-costeros liderados por la Escuela de Ciencias Biológicas, la Estación de Ciencias Marino Costeras (EDCMAR) y el Parque Marino del Pacífico. Igualmente, mencionó el particular interés de esta rama de estudios en posicionarse en la zona puntarenense para promover el desarrollo social y económico de la región a través de los proyectos llevados a cabo por las diferentes unidades académicas.

Posteriormente, la Dra. Hernández acotó que para la UNA estos espacios son de sumo provecho para la comunidad universitaria y la sociedad en general, ya que permiten a la casa de estudios conocer las necesidades de las diferentes regiones y así trabajar sobre estas para intentar subsanarlas. Igualmente, hizo énfasis en el interés de la UNA en extender sus manos para trabajar en las regiones y comunidades con su papel de “universidad necesaria” y su responsabilidad moral de hacer frente a la búsqueda del desarrollo de la mano con las comunidades, socializando el quehacer sustantivo institucional, rindiendo cuentas y estableciendo diálogos para que la Universidad Nacional sea parte del diario vivir puntarenense y de todo el país con contribución coherente con las realidades regionales.

Seguidamente, la Rectora Adjunta y la Vicerrectora de Extensión hicieron entrega de la placa en acrílico conmemorativa de esta actividad a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en manos de su Decano, por la organización de esta actividad. También, se disfrutó de un solemne acto cultural a los acordes de la guitarra; donde se disfrutaron de piezas características de la cultura costarricense.

Posteriormente, para iniciar con las mesas de diálogo, el M.Sc. Guido Barrientos, del Programa Estado de la Nación, hizo una presentación de las necesidades de la región en los más diversos ámbitos. A raíz de esto, se establecieron cinco mesas con expertos quienes analizaron en profundidad las problemáticas propias de la región según cada eje.

En síntesis, las principales conclusiones mostradas fueron la necesidad de involucrar más a la comunidad universitaria en estas actividades, así como la posibilidad de la UNA de satisfacer necesidades de la región, proporcionar y patrocinar el trabajo interuniversitario e interinstitucional en las regiones, coadyuvar al acompañamiento de la UNA y demás universidades públicas, además de otras temáticas.

La feria contó con la participación de diversos programas universitarios dirigidos a la comunidad costera como por ejemplo: el cultivo de especies marinas, la preservación de los ecosistemas costeros, Programa Cambios de la Escuela de Planificación y Promoción Social, entre otros.

Dentro de los asistentes se encontraron autoridades de la UNA, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria interesados en cursar sus estudios superiores en la UNA e igualmente, miembros de la comunidad puntarenense y general.

 

Por: Rolando Ramírez Segura-RI-UNA

Efraín Cavallini Acuña-Rectoría UNA

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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La salud del migrante, un tema que nos ocupa a todos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Brenda Esquivel

María Gabriela Mora

Dayanne Nájera

La migración es un hecho que ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus orígenes, es el factor fundamental que favorece a la constitución de la sociedad tal y como es conocida en la actualidad.

Diversos países han sentados sus bases históricas en los modelos extranjeros implantados por los inmigrantes, que posteriormente dieron forma a sus respectivos sistemas políticos que dan vida a la organización social estatal. Por tanto, las migraciones son un aspecto positivo en el desarrollo de los países.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU)[1], para el 2017 258 millones de personas eran migrantes; asentados respectivamente en Europa 78 millones, en Asia 80 millones, América del Norte 58 millones, África 25 millones, en América Latina 10 millones y en Oceanía 8 millones.

Las personas que deciden movilizarse de un país a otro, principalmente lo hacen por factores ligados a la globalización; en algunos casos este movimiento puede ser temporal como sucede con el turismo, o por motivo de trabajo o de estudio. Así mismo, la decisión de trasladarse a otro país se puede deber a razones de vulnerabilidad, como lo son la desigualdad en la distribución de la renta, la disminución de la oferta de empleo, la desestabilidad en el orden político, entre otros; que presentan a otro país como la mejor opción para encontrar bienestar y estabilidad.

Tomando como ejemplo a Costa Rica, se constata que es uno de los países de América Latina que posee un índice más alto de migración en contraste con la emigración, dando como resultado, un saldo migratorio positivo. Al mismo tiempo, cuenta con uno de los porcentajes más altos de la región centroamericana de inmigrantes, de 9% aproximadamente, acercándose a 400 000 habitantes.

Las cifras oficiales indican que la inclusión social de los inmigrantes es positiva pero requiere de mayores esfuerzos, por ejemplo, la tasa de matrícula en la primaria de los niños provenientes del extranjero y con residencia en el país es de un 91%, por lo cual se evidencia que existe un alto número de niños que no están atendiendo la escolaridad obligatoria en el país.[2]

Según lo anterior, el país cuenta con una población migrante altamente vulnerable: mujeres y niños, los cuales en muchos casos no cuentan con las garantías mínimas de cobertura social y de salud. Y específicamente en el caso nicaragüense éstos perciben aproximadamente un 60% menos del salario que ganan los nacionales.[3]

Por lo general, los empleos a los que se dedican las personas migrantes más el poco acceso a la información por parte de dicha población (falta de información, diferencias culturales que dificultan la comprensión e interpretación efectiva de las campañas preventivas, deficitarias campañas preventivas) producen su vulnerabilidad y la de sus familias con respecto a sus condiciones de salud.

Por otra parte es importante recalcar que la población inmigrante contribuye con el 11,9% del valor agregado nacional. En términos de dicha población que llega al 9%, se denota que la contribución económica es altamente dinámica. [4]

Ahora bien, cualquier tipo de traslado de personas representa una situación de vulnerabilidad para la salud de la población del país receptor, así como la de la persona migrante. Las enfermedades no conocen fronteras, y aunque la persona que emigra no es riesgo para salud el fenómeno de la migración si es un determinante de condiciones adversas, en especial cuando se realiza de forma irregular, pues favorece la convivencia en situaciones precarias que atentan contra el bienestar de la persona.

Algunos agravantes como en Costa Rica[5], es la exclusión por parte de patronos y empresarios a las personas migrantes del derecho a asistir a los servicios de salud, debido a prácticas como partir de prácticas como morosidad, deducciones de los salarios de las cuotas correspondientes pero que no se reportan así como una alta rotación de personal para eximirse del pago de los derechos sociales.

Las afectaciones a la salud más comunes en la población migrante son:

Enfermedades carenciales de tipo nutricional (desnutrición, anemia)

Enfermedades infecciosas (gastrointestinales y respiratorias)

Enfermedades transmitidas por vectores (dengue, malaria) y las derivadas del trabajo (accidentes, intoxicaciones por agroquímicos y envejecimiento prematuro)

 Riesgo de contraer ITS y SIDA.

Es por todo lo anterior, que se deben crear medidas que generen mejores condiciones para toda la población, y que permitan brindar una atención integral, a través de políticas públicas adecuadas que den una respuesta pronta a las necesidades de sus habitantes y de las personas que transitan el suelo nacional, sin distinción de origen.

De igual manera, se deben generar esfuerzos que promuevan la creación servicios de salud inclusivos, que no solamente procuren el bienestar físico, sino que también la salud mental; para esto se requiere de compromiso político y participación de todos los sectores sociales, incluyéndonos a nosotros, evitando conductas que pueden reprimir o discriminar a otros.

Además, no se debe olvidar la coordinación regional y la cooperación como una herramienta disponible para todos los países, que a pesar de su existencia en algunos casos no son completamente eficaces.

Se debe tomar en cuenta que en la escala de necesidades y prioridades que establecen las personas migrantes, la salud es algo que debe ser atendido en el momento, en virtud de los otros apremios a los que se tienen que enfrentar en la sociedad receptora (trabajo, alimentación, remesas, relaciones de pareja, relaciones sociales, no exposición a autoridades, entre otros.).[6] Debemos recordar que la salud es un derecho humano sin importar la condición migratoria. Las personas migrantes traen beneficios a los países receptores, diversifican el intercambio cultural y agilizan la economía.[7]

Por tanto, atender a las personas migrantes desde la prevención, hasta la curación es una estrategia de salud pública, que protege tanto a los migrantes como a la población nacional, y que además fortalece la gestión de la salud en el país.

[1] ONU. (2017). International Migration Report. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.

[2] OCDE (2010). Los 12 datos más importantes sobre los inmigrantes en Costa Rica, según la OCDE.  www.oecd.org/countries/costarica/45660735.pdf

[3] OCDE (2010). Los 12 datos más importantes sobre los inmigrantes en Costa Rica, según la OCDE.  www.oecd.org/countries/costarica/45660735.pdf

[4] PNUD. (sf). Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. https://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/centroamerica/002/Salud_Edgar_Barillas.pdf

[5] Acuña, G. (2005).  La Inmigración en Costa Rica; dinámicas, desarrollo y desafíos. https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/migracion/inmigracr.pdf

[6] Acuña, G. (2005). La Inmigración en Costa Rica; dinámicas, desarrollo y desafíos.  https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/migracion/inmigracr.pdf

[7] Organización Mundial de la Salud. (OMS) (2003). https://www.paho.org/cor/index.php?option=com_content&view=article&id=143:publicaciones&Itemid=221

Fuente de fotografías:

  1. USA Hispanic PRESS, 2018
  2. ACNUR, 2018
  3. ACNUR, 2018

Enviado a SURCOS por Dayanne Nájera Matarrita.

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