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Etiqueta: derechos humanos

Libertad inmediata y respeto a su integridad a Leocadio Juracán Salomé, líder kakchikel y exdiputado del Congreso de Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Adendum:

Compartimos la alegría, con el compañero Leocadio, su familia y comunidad, porque el pasado lunes 18 de agosto, en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, el juez Fabián de León Pérez dictaminó Libertad condicional, aunque imponiéndole una multa de Q50 mil. Antes del 5 de febrero, 2026, el Ministerio Público presentará la conclusión de este claro proceso de criminalización y judicialización, como defensor comunitario.

Urge mantenernos en alerta ya que estos atropellos a los derechos humanos de los pueblos, lideresas y líderes indígenas son sistemáticos en Guatemala.

20 de agosto, 2025

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos denunciamos a nivel internacional que el día 13 de agosto, 2025, en Guatemala fue detenido arbitrariamente Leocadio Juracan Salome, dirigente histórico del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una de las principales organizaciones indígena-campesina de Guatemala.
Leocadio es el fundador de Café Justicia, instancia social colectiva del CCDA que apoya a pequeñas y pequeños productores en el altiplano guatemalteco, gracias a la solidaridad de organizaciones canadienses. También fue diputado entre 2015 y 2018 por el partido Convergencia.


Actualmente, Leocadio tiene el cargo de director del programa de Justicia Agraria del CCDA que acompaña a comunidades campesinas amenazadas por desalojos forzosos. Leocadio fue detenido el 13 de agosto en el aeropuerto Aurora de la Ciudad de Guatemala, cuando iba a abordar vuelo hacia Suráfrica, invitado como ponente en una conferencia sobre campesinado en defensa de la sostenibilidad ambiental. Está acusado de «usurpación agravada» por su acompañamiento a una comunidad amenazada con desalojo, en el departamento de Izabal, retenido en la cárcel Mariscal Zavala, en la ciudad capital.


¡Liberen inmediatamente a Leocadio Juracán Salomé!


Garanticen su protección.


Cumplan con las recomendaciones recientes del Relator Especial de la ONU de declarar una moratoria inmediata de los desalojos forzados y de otorgar la amnistía

a todas las defensoras y defensores criminalizados.

Pongan fin a la criminalización de las y los integrantes, lideresas y líderes de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas.

Cc.
Ana Glenda Tager Rosado, Secretariada Privada al Presidente, – informacion@secretariaprivada.gob.gt
Francisco Jiménez Irungaray, Ministro de Gobernación – despachoministerial@mingob.gob.gt
Claudia Samayoa, Asesora al Ministro de Gobernación – ddhh3@mingob.gob.gt

FIRMAS

Apoyo a nivel nacional e internacional

Argentina

Patricia Isabel Machado/Colectivo Rodolfo Walsh/6137305

Bolivia

Adriana Guzmán Arroyo/ /Feminismo Comunitario Antipatriarcal/ZE96639

Costa Rica

Allen Cordero Ulate/Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Amalia Vargas/Personal

Ángelo Monge Montero/Personal/112430155

Astrid Barrera/Partido Vanguardia Popular (PVP)/117000648326

Clarita Quiel Torres/Cabagra, Organización Autónoma Propia del pueblo Bribri

Consejo Iriria Sätkök

David Morera Herrera/Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT)

106440113

Edison Valverde Araya/Buen Vivir-Costa Rica/103460024

Eli Ortiz Torres/Organización Autónoma Propia del pueblo Bribri

Consejo Iriria Sätkök 602620750

Esteban Fernández/Organización Socialista Revolucionaria-Costa Rica (OSR)

Guadalupe Urbina Juárez/Música Gestión cultural comunitaria /501830490/

Guiomar del Rocío Martín Tedman /Personal/103550418

Hazel Hernández Coronado/Sind. de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

B00302127

Isabel Ducca Durán/Personal/105640060

Joaquín Meléndez González

Ligia Barrantes Cartín /Justicia para Jerhy/900710454

Luis Sarkis Salas/Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)/105600606

Marbella Martín Fragachán/Internacional Antifacista Capítulo Costa Rica

María Trejos Montero/MTC y activista DDHH /106890938

María Vázquez Orozco/Personal/207330880

Marielos Muñóz Solórzano/MTC y Bloque de Vivienda/603340348/

Marylin Morris Zúñiga/MTC

Orlando Barrantes Cartín/MTC y Bloque de Vivienda/104260775

Miguel Barrios Gutiérrez/ PRT/301560323

Mónica Alemán Araya/Coordinadora por la Liberación Animal/116540961

Ronald Solís/MTC/204940381

Rosángela Cortés Barquero/MTC/701400120

Tyron Esna Montero/ SITRAPEQUIA/70090574

Wilson Arroyo Oconitrillo/Músico e historiador/206880354

Yamileth Monterrey López /Justicia para Jerhy/800580801/

Ecuador

Fabiola Falconi /Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca/0101667848

Kemi María Loor Solórzano/Unión de Educadores de Ecuador (UNE)/1306642735/

Isabel Vargas Torres/Presidenta Federación de Barrios de Quito

Sisa Pacari Saraguro /Organización del Pueblo Saraguro

Suy Wong/Red de Solidaridad con Palestina

El Salvador

Javier Sibrián, personal/Maestro jubilado/02607648-5

Rosa Cándida Membreño Hernández/Maestra jubilada/027135494

Estados Unidos

Ivonne García Bueso/Asociación Solidaria Comparte/0501-196003679

Estado español

Pedro Polo Fernández/Ensenyans Solidaris/04517921P

Honduras

Gerson Miller Wood/Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH) /902199100295

María Dolores Escobar Salgado/Presidenta COLPEDAGOGOSH/1503196901251

Roy Marín Hernández/Guancasco/1006 1973 00217

Guatemala

Delmi Arriaza Pontaza/Activista

Egil Iván Galindo Ovalle/Personal/1869916731009

Elvira López/Personal/2423737980101

Ricardo Gabriel Vázquez/Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il /1725146491319

México

Raquel Godínez Solíz/MMPV-CNTE/GOSR680710

Panamá

Luzmila Sánchez Cosio/Personal

Venezuela

Alba Carosio/REMTE LA/11858059

Isidro Ramírez /Lauicom /5459169

Otros países

Aída Campod

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Guatemala Hugo Garrido Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC de Costa Rica; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América y ComuniSur referentes internacionales de comunicación popular.

En solidaridad con los pueblos que resisten al extractivismo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Esta es una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo en la región.

La Primera Declaración de La Habana, en 1960, recordó que la dignidad no se negocia. Hoy, esa enseñanza sigue vigente: denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, sino la continuidad de una tradición emancipadora que atraviesa la historia de Nuestra América.

Mientras en Venezuela y otros países de América Latina se acusa de conspirar a voces críticas y organizaciones sociales, las grandes corporaciones —como Chevron, aliada de Israel y de sus guerras— continúan firmando contratos millonarios con gobiernos que se presentan como “antiimperialistas”.

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR invita a reflexionar sobre estas contradicciones y sobre lo que callan ciertos discursos políticos, cuando se trata de confrontar el poder del extractivismo y sus impactos en los pueblos.

Le invitamos a leer la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR:

Nuestra América piensa y resiste: en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo

Porque defender la vida y los pueblos no es traición: es verdadera soberanía.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo hace un llamado al cese de persecuciones contra liderazgos sociales en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresa su más profunda preocupación y rechazo ante el reciente aumento en la persecución y hostigamiento contra diversos liderazgos sociales en nuestro país.

En las últimas semanas hemos sido testigos del incremento en las acciones que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el rol fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en especial, destacamos los siguientes casos:

La destitución de la señora Martha Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), acción promovida desde el Poder Ejecutivo. Esta decisión constituye, una vez más, un grave precedente que vulnera la autonomía de la CCSS y un profundo debilitamiento de los espacios democráticos de representación social.

La persecución contra liderazgos ambientalistas, específicamente los casos de Juan Bautista y Javier Adelfang, activistas digitales que han denunciado la crisis ambiental que atraviesa nuestro país y en específico Playa Panamá, quienes actualmente atraviesan un embargo interpuesto por una empresa hotelera, la cual, ha emprendido acciones judiciales en su contra, en represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema de Playa Panamá

La violencia territorial sobre los territorios indígenas, en específico el caso de la Comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, contra el compañero Pablo Sibar y la persecución que vive a raíz de la defensa del derecho a tierra en su territorio indígena, el cual ha sido llevado a la CIDH.

Estas acciones no son aisladas, forman parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, lideresas feministas y otros actores sociales que alzan la voz y fortalecen y promueven nuestra democracia participativa.

Históricamente, se ha reconocido a Costa Rica a nivel internacional por la protección de los derechos humanos, su democracia y su institucionalidad. Sin embargo, estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socava nuestro legado histórico y abre la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social.

Por esto, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigimos el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales, además, realizamos un llamado a promover las vías del diálogo social y la democracia participativa, siempre en defensa del bienestar colectivo y la justicia social.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos para defender la democracia participativa, la justicia social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!

Vidas en Peligro: 6 Países se retiran de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Pablo Ruiz*

De acuerdo con una nota de la Agencia EFE los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania han oficializado el proceso de retirada del Tratado de Ottawa o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona la que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona. También Ucrania, Polonia y Finlandia han anunciado planes para hacer lo mismo.

Esta decisión es un retroceso y un claro peligro para la población civil si es que nuevamente se usan este tipo de armas en sus fronteras las que, hoy por hoy, producto de los conflictos en curso, son transitadas por la misma población o por migrantes que justamente quieren escapar de la guerra o la pobreza. Se conoce que el 80 % de las personas que mueren o quedan discapacitadas a causa de las minas terrestres son civiles y muchas veces niños.

De acuerdo a la Cruz Roja Internacional “La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (“Tratado de Ottawa”) forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal. La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999”.

En un comunicado de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), coalición de ONG fundada en 1992 y ganadora del Premio Nobel de la Paz, sobre la retirada de los países bálticos, anunciada en la última reunión de los Estados parte del tratado, “representa un retroceso sin precedentes en un acuerdo de desarme humanitario que ha salvado innumerables vidas desde su adopción 1997”, señalaron.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según la nota de EFE, “firmó un decreto el 29 de junio para retirarse del tratado, aunque este prohíbe que los Estados lo abandonen si se encuentran en conflicto”. Ucrania había ratificado el Tratado de Ottawa en 2005.

La organización Handicap International, con sede en Francia y Bélgica, lamentó en otro comunicado la decisión ucraniana.

“Las minas antipersonal causan contaminación a largo plazo y representan graves riesgos para la población civil. A nivel mundial, más del 84 % de las víctimas de minas terrestres son civiles. El uso de estas armas pone en peligro vidas no solo durante los conflictos, sino también durante décadas posteriores, lo que dificulta la reconstrucción, el retorno seguro de las comunidades desplazadas y la consolidación de la paz a largo plazo. Instamos a Ucrania y a todos los Estados a que respeten las normas humanitarias internacionales y prioricen la protección de los civiles por encima de todo. Nos preocupa profundamente la decisión de Ucrania de retirarse del Tratado sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Además, la Convención no autoriza la retirada de la Convención de Ottawa durante un conflicto armado activo., señaló la ONG Handicap International.

¿Por qué es necesario prohibir las minas antipersonal?

“Las minas antipersonal no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo. Dado que resulta mucho más fácil colocarlas que retirarlas, ha sido difícil o imposible utilizar esta arma de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario en la mayoría de los conflictos en que se ha empleado”, indica la Cruz Roja Internacional.

Para Shabia Mantoo, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “la presencia de minas y otros artefactos explosivos sigue causando un elevado número de muertes y lesiones graves, que a menudo provocan discapacidades permanentes, con un impacto desproporcionado en los niños, las personas con discapacidad y las personas que se ven obligadas a regresar en condiciones desesperadas», señaló a IPS .

De acuerdo a la ONU, “más de 143.000 personas han muerto o han resultado heridas a causa de la explosión de minas antipersona u otro tipo de artefactos terrestres entre 1999 y 2020”.

El caso de Chile

En el caso de Chile, por ejemplo, Chile suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 depositó el instrumento de ratificación ante el secretario general de las Naciones Unidas. En función de este compromiso posteriormente creó la Comisión Nacional de Desminado (CNAD).

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2020 “Chile culminó las operaciones de desminado humanitario, despejando todos los campos minados del territorio nacional. En total, se trató de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de m2, trabajo especializado en terreno que concluyó el pasado 27 de febrero”.

“Las minas (estaban) ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, así como, la identificación de un campo minado en la región de Valparaíso y de un área considerada de peligro por contener posiblemente estos artefactos, en la región Metropolitana, fueron el centro de las áreas de trabajo” de la CNAD, señala un informe de Blanca Bórquez Polloni.

En la actualidad, 164 países habían suscrito el tratado: todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países africanos, asiáticos y americanos. En cambio, Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito el Tratado de Ottawa.

* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Foto de Santiago Serna de la Agencia Anadolu (agencia de noticias propiedad del Gobierno de Turquía).

Excepción, excepcionalidad, excepcionalismo…

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Ha sido un fin de semana de terror en Costa Rica.

Como si la metáfora no fuera suficiente, la principal vía de comunicación que conecta el Aeropuerto Internacional con la ciudad capital, San José, sufrió un colapso producido por aguaceros intensos, rayería e inundaciones. La carretera se llenó de escombros de todo tipo.

La imagen, valga decirlo, asemeja en mucho a la de un país que ha sido entregado sin dilación a los poderes fácticos, que ahora sí hacen lo que les venga en gana. El país se llenó de escombros, se entrampó, se inundó todo de su propia agua profunda.

No solo los efectos del clima producidos por el hombre y sus modelos económicos extractivistas y lacerantes fue lo que tuvimos este fin de semana en esta Costa Rica, ya para nada excepcional.

En menos de 48 horas, seis asesinatos nos muestran la gravedad de lo que nos hemos convertido: el sicariato salió de las pantallas y de las narconovelas para convertirse en una realidad absoluta. Como tantas otras cosas que nos han ocurrido en el pasado reciente, llegó para quedarse.

Es claro.

El dejar hacer, dejar pasar en materia de seguridad tiene un propósito político: convencer a la ciudadanía de que el único camino posible para “detener” esta violencia, implica la construcción de una megacárcel al estilo salvadoreño. Todo ello bajo la operación de una oprobiosa industria que hace millones a costa de respuestas populistas como esta.

Esos escombros en que nos hemos convertido en materia de seguridad apuntan a la instalación de un régimen de excepción (al igual que en El Salvador) en el que, a cambio de restablecer la paz, todo lo demás y de forma irregular se justifica: las desapariciones, los juicios sumarios, las detenciones arbitrarias contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Estamos a un minuto para que esto ocurra en Costa Rica.

Para evitar esa debacle, el camino, la vía costarricense como ha sido llamado históricamente a ese pacto sociopolítico, debe ser recuperado. Si hay un elemento que ha dibujado ese cierto excepcionalismo, es la forma cómo hemos recuperado el rumbo cuando estamos a punto de perderlo.

Es ahora. Es ya.

Libertad inmediata y respeto a su integridad a Leocadio Juracán Salomé, líder kakchikel y exdiputado del Congreso de Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos denunciamos a nivel internacional que el día 13 de agosto, 2025, en Guatemala fue detenido arbitrariamente Leocadio Juracán Salomé, dirigente histórico del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una de las principales organizaciones indígena-campesina de Guatemala.

Leocadio es el fundador de Café Justicia, instancia social colectiva del CCDA que apoya a pequeñas y pequeños productores en el altiplano guatemalteco, gracias a la solidaridad de organizaciones canadienses. También fue diputado entre 2015 y 2018 por el partido Convergencia.

Actualmente, Leocadio tiene el cargo de director del programa de Justicia Agraria del CCDA que acompaña a comunidades campesinas amenazadas por desalojos forzosos.

Leocadio fue detenido el 13 de agosto en el aeropuerto Aurora de la Ciudad de Guatemala, cuando iba a abordar vuelo hacia Suráfrica, invitado como ponente en una conferencia sobre campesinado en defensa de la sostenibilidad ambiental.

Está acusado de «usurpación agravada» por su acompañamiento a una comunidad amenazada con desalojo, en el departamento de Izabal, retenido en la cárcel Mariscal Zavala, en la ciudad capital.

¡Liberen inmediatamente a Leocadio Juracán Salomé!

Garanticen su protección hasta el momento de su liberación.

Cumplan con las recomendaciones recientes del Relator Especial de la ONU de declarar una moratoria inmediata de los desalojos forzados

y de otorgar la amnistía a todas las defensoras y defensores criminalizados.

Pongan fin a la criminalización de las y los integrantes, lideresas y líderes

de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas.

Cc.

Ana Glenda Tager Rosado,

Secretariada Privada al presidente, – informacion@secretariaprivada.gob.gt

Francisco Jiménez Irungaray,

Ministro de Gobernación – despachoministerial@mingob.gob.gt

Claudia Samayoa,

Asesora al ministro de Gobernación – ddhh3@mingob.gob.gt

Le invitamos a seguir este enlace para firmar en demanda de la libertad inmediata y respeto a la integridad de Leocadio Juracán Salomé:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIjOvpoUGVz6ypg0oKVt3QDdaL-65yA4zgy-Q0SiX4FzB3Fg/viewform?usp=header

También puede expresar su apoyo mediante las siguientes direcciones de correo:

observatoriodhjusticia@gmail.com

mariatrejosmontero@gmail.com

Debemos rechazar con todas nuestras fuerzas el proyecto de jornada 4×3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 (Expediente 24.290) en Costa Rica, es nefasto para las personas trabajadoras, sus familias y para la sociedad costarricense. Propone jornadas laborales de hasta 12 horas diarias durante cuatro días, seguidas de tres días de descanso, principalmente para sectores con operaciones continuas.

Su objetivo se centra en incrementar la producción en detrimento de la salud de las personas trabajadoras. Incluso, este argumento es un engaño; contrario a lo que afirman los promotores, la productividad individual disminuye con jornadas extendidas debido a la fatiga y el agotamiento.

Los recargos salariales propuestos (17-25.5%) son insuficientes para compensar el desgaste y la pérdida de tiempo personal. Todo lo contrario, estamos ante la perdida de la conquista histórica de las 8 horas de trabajo y el pago de horas extras.

La “voluntariedad» que se les ofrece a las personas para someterse a estas jornadas y horarios es una mentira política ya que, en un contexto de desempleo y asimetría de poder, las personas trabajadoras se verían obligados a aceptar estas condiciones y con muchas más razón al encontrase Costa Rica entre los países con más desempleo en Centroamérica.

Los tiempos de traslado, las atenciones de las responsabilidades familiares (tiempo de calidad para la familia) y en general la conciliación vida – trabajo – familia, limitaría considerablemente el descanso adecuado y pueden llevar a fatiga crónica, estrés y agotamiento físico y mental, aumentando el riesgo de accidentes laborales y enfermedades graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares, especialmente en jornadas de 55 horas o más a la semana, según la OIT y la OMS.

Las desigualdades de las mujeres trabajadoras ya son, de por sí, muy considerables, con las jornada 4×3 se incrementarían esas desigualdades en mujeres jefas de hogar, al intensificar su «triple carga» de trabajo remunerado y no remunerado, y en jóvenes estudiantes que trabajan, comprometiendo su formación académica.

El trabajo respetuoso y digno es fundamental en toda sociedad democrática. Legalizar jornadas excesivas es un retroceso contundente de los avances históricos en la reducción de la jornada laboral a nivel internacional y las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el uso de la «vía rápida» limita el debate democrático y el análisis profundo, sin estudios que demuestren la creación de empleos «decentes».

La propuesta 4×3 intensifica las horas diarias sin reducir la jornada semanal total, Debemos mantener la jornada que tenemos e incluso cambiarla para que las personas trabajen menos y compartan más tiempo con sus familias y estudien. Debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 es un retroceso que compromete los derechos laborales, la salud pública, la vida y el quehacer cultural social en Costa Rica, sin ofrecer garantías reales y demostrables de los beneficios prometidos.

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU, hacemos un llamado para que todas las personas habitantes manifiesten su rechazo a este nefasto proyecto, contrario a los derechos humanos de las personas, y a que nos movilicemos para detenerlo.

Los derechos humanos son nuestros, no son del patrón, tampoco deben responder a los intereses de la producción.

Como el asesinato de decenas de periodistas en Gaza se transforma en una epidemia que los está matando en su trabajo

Escrito en . Publicado en Derechos.

Gilberto Lopes, periodista

“Los periodistas no deben morir por su trabajo”. ¡Ciertamente! Ni los periodistas, ni los profesores, ni los albañiles, ni los choferes de Uber… ¡Nadie debe morir por su trabajo!, aunque a mucha gente le pasa.

Pienso, por ejemplo, en las maquilas donde miles de mujeres y niños mueren en dramáticas condiciones de trabajo, sentados horas y horas delante de máquinas de costura, sin tiempo siquiera para ir al baño, en países de Asia. Y también de América Latina.

Pero no se trata de la “muerte de periodistas por su trabajo”. ¡No! Se trata de otra cosa: del asesinato de centenares de periodistas en Gaza, en manos del ejército israelí.

La indignación creció cuando se conoció que el pasado domingo 10 de agosto el ejército israelí asesinó a un equipo de cinco periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, entre ellos el reportero Anas Al-Sharif, de 28 años, padre de dos hijos, y a sus colegas, Mohammed Qreiqeh, y los cámaras, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

Fueron asesinados en una tienda de periodistas, cerca de la entrada del hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza. Según el ejército israelí, dirigían una célula terrorista de Hamás. Aseguran que Al Sharif estaba implicado en la planificación de ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI. Que durante su ofensiva en la Franja de Gaza descubrieron documentos que los vinculaban a Hamás.

Cosas que, ciertamente, no hacían y sobre las que el ejército israelí no aportó evidencia alguna. No existen tales documentos.

Pero Al Sharif y sus colegas hacían algo mucho más grave. Mostraban lo que estaba ocurriendo en Gaza.

«No quieren que queden voces dentro de Gaza»

Una tragedia que otros colegas periodistas cuentan: “Desde octubre de 2023, cerca de 240 periodistas han muerto en Gaza. Las redacciones han sido destruidas, los hogares bombardeados, y la falta de electricidad, internet y equipos básicos de protección ha dejado a quienes siguen trabajando en un estado de vulnerabilidad absoluta”, dicen periodistas chilenos.

El asesinato de Anas al-Sharif y sus colegas generó indignación y temor. El día siguiente, Al Jazeera informaba que Israel mataba a otras 73 personas, mientras el Reino Unido, la UE y otros países, muchos de ellos cómplices de este genocidio, denuncian un sufrimiento «inimaginable» en Gaza. Los palestinos describían escenas “horribles” en el norte de Gaza, con el ejército israelí disparando contra personas desesperadas por conseguir algo de comida.

Según Reporteros sin Frontera (RSF), el objetivo es impedir toda divulgación de lo que está pasando, evitar la documentación de crímenes de guerra.

“Israel mantiene cerradas las puertas a la prensa extranjera independiente. Y ahora, poco después del ataque al equipo del Al Jazeera, anunciaron que permitirán solo visitas bajo acompañamiento militar, lo que busca garantizar un control estricto de la narrativa”.

Las cifras superan cualquier comparación reciente: más periodistas han muerto en Gaza que en conflictos de décadas como la Guerra de Vietnam o incluso la Segunda Guerra Mundial.

Solo hay que ver las imágenes. Están disponibles en los más diversos medios. Ver la cifra de muertos, de niños, mujeres, hombres asesinados. Miles y miles, con Gaza transformada, desde hace muchos años, en un verdadero gueto.

Los periodistas no deben morir por su trabajo

Imposible quedarse callado. Las voces de condena se extienden por el mundo. Lula, el presidente de Brasil, ha reiterado la denuncia del genocidio que Israel comete en Palestina, en Gaza y en Cisjordania.

Yo entonces publiqué en FB unas líneas. Me preguntaba si el Colegio de Periodistas –al que pertenezco desde hace más de 30 años– no debía decir algo. Me parecía que sí. Supe que se reunirían el martes 12 para acordar una declaración. La publicaron en el transcurso del día.

No podía creer lo que estaba leyendo. Ni una condena, ni un nombre, nunca la palabra asesinato, genocidio. ¡Nada! Solo periodistas muriendo por su trabajo. Tampoco era en Gaza. Era en México, en Honduras, en América Latina.

Después hablan de Gaza. Dicen que según el Comité para la Protección de Periodistas en 2024 murieron 124 periodistas (seguramente murieron muchos más. Esos fueron asesinados). Y que el 70% de esas muertes “se atribuyen a Israel, por la guerra en Gaza”. 242 periodistas “abatidos” desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2033.

Datos, datos. ¡Ninguna condena! América Latina mezclada con el escenario de Gaza. Como si fueran lo mismo, o parecido.

A la Junta Directiva del Colegio le parece que “Los periodistas no deben morir por su trabajo”. Y se unen a un llamado de urgencia para frenar la violencia.

¿Frenar la violencia? ¿O el genocidio? ¿O los asesinatos? Naturalmente, de todos los palestinos, pero, en este caso, de nuestros colegas periodistas.

Cubrí las guerras en Centroamérica en los años 80. Estaba en El Salvador cuando aparecieron asesinados cuatro periodistas de la televisión holandesa. Fue un gran escándalo. El presidente Napoleón Duarte se acercó el hotel donde nos alojábamos y nos preguntó qué queríamos que hiciera. Le dije que le dijera a su ejército que dejara de asesinar a los periodistas.

Hablé con un amigo, miembro de la junta directiva. Me dijo que quizás faltó contundencia, me pidió comprensión, aludió a la diversidad de criterios del medio, a lo heterogéneo que es.

Es cierto, es muy heterogéneo, pero le dije que no faltó contundencia. Faltó vergüenza, coraje, respeto por nuestra profesión, por los hechos… Es otra cosa. Me da tristeza, vergüenza, el comunicado del Colegio de Periodistas. No quiero ser cómplice de eso ni un minuto.

Los periodistas no deben morir por su trabajo

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Pronunciamiento del COLPER

En México, casi dos periodistas mueren al mes, ya van 8 en lo que va del año. En Honduras han muerto dos y en toda América Latina suman 15, según cifras de Reporteros sin Fronteras y la Relatoría para Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

En el mundo, en 2024 murieron 124 periodistas según el Comité para la Protección de Periodistas, y el 70% se atribuyen a Israel por la guerra en Gaza. La Organización de Naciones Unidas estima en 242 la cifra de periodistas palestinos asesinados desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023. El pasado domingo 10 de agosto murieron 6 comunicadores, 5 de ellos de Al Jazeera, el primer canal de televisión del mundo árabe y uno de los más importantes del mundo.

¡Los periodistas no deben morir por causa de su trabajo!

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica se une al llamado de urgencia para frenar la violencia, la destrucción y las muertes civiles en la guerra en Gaza y nos enfocamos, por nuestra naturaleza, en la muerte de periodistas.

Los países y las organizaciones multilaterales son los llamados a detener estas espirales de ataques a la libertad de prensa en el mundo. El Comité para la Protección de Periodistas asegura que hoy es el momento más peligroso para ejercer el periodismo. ¡Esta aseveración no podemos aceptarla en silencio!

Sin periodismo y periodistas independientes, acabamos con la democracia, y sin democracia quedamos en manos de autócratas que nunca velarán por el bienestar individual y común.

Surge coalición nacional para el apoyo a Palestina

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Con el objetivo de fortalecer la solidaridad costarricense con el pueblo palestino, se lanzó oficialmente la Coalición Costarricense por la Paz y la Justicia para Palestina (abreviado como Coalición PalestinaCR), con el propósito de apoyar, visibilizar y articular esfuerzos entre las organizaciones, colectivos, redes y personas que trabajan desde distintas partes del país para visibilizar y apoyar activamente la causa palestina. Esta coalición nace además, para dar apoyo al Consulado Honorario de Palestina en Costa Rica, cuya representación se encuentra a cargo de Wajiha Sasa Marin, hija de padre palestino y madre costarricense.

En el video de lanzamiento, la cónsul apeló a los valores históricos del país en defensa de la paz y el derecho internacional:

“Costa Rica ha tenido un rol de liderazgo en la defensa y construcción del derecho internacional, por tener la tradición de no resolver los problemas a través de la violencia y por el uso de las instituciones, de los tratados y marco legal internacional”, dijo. “Desde Costa Rica hay muchísimo que hacer, principalmente hacerle ver a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con su posición tibia y falta de liderazgo, siendo un país que podría liderar un planteamiento y apuesta de límites a Israel” continuó.

La Coalición PalestinaCR se plantea como un espacio respetuoso, diverso, ecuménico y multicultural, que agrupa y potencia todos los esfuerzos que, desde Costa Rica, acompañan al pueblo palestino en su lucha por la vida, la justicia y la libertad, y en contra del genocidio y la impunidad. Entre sus principales objetivos destacan:

  • Articular a las fuerzas vivas a favor de Palestina en Costa Rica, con el fin de tener una mayor visibilidad e incidencia.
  • Informar, sensibilizar y concientizar a la comunidad nacional, sobre la situación del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino.
  • Promover acciones concretas de solidaridad hacia el pueblo palestino y en contra de las acciones genocidas de la ocupación, con un énfasis en la acción local desde y dentro del país.

Cabe recordar que el lanzamiento de esta coalición se realiza en un contexto en el cual han pasado 668 días desde el comienzo del genocidio llevado a cabo por Israel en la ocupada Franja de Gaza, que ha provocado el desplazamiento forzoso de casi 2 millones de personas, el asesinato de más de 60 mil personas y que mantiene a más de 1.100.000 personas con niveles catastróficos de inseguridad alimentaria y desnutrición, según datos de la Embajada de Palestina en Uruguay y múltiples organismos internacionales. Esto además en un momento en donde la posición de Costa Rica ha sido poco clara y que inclusive se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio con Israel.

Lanzamiento de campaña de recolección de firmas

Como parte de su lanzamiento, la Coalición PalestinaCR anunció el inicio de una Campaña Nacional de Recolección de Firmas, que se extenderá hasta el 30 de septiembre. Esta campaña busca recolectar el mayor número de adhesiones ciudadanas como muestra de respaldo al pueblo palestino y de rechazo al genocidio y a la firma del TLC con Israel. La petición demanda específicamente:

  • Que el gobierno de Costa Rica condene pública y enérgicamente el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino.
  • Que se rompan de inmediato las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel y se interrumpa la negociación en curso de un Tratado de Libre Comercio con dicho país, mientras no se respeten los derechos fundamentales del pueblo palestino: no se puede comerciar con genocidas.
  • Un alto al fuego definitivo y permanente, así como el levantamiento del bloqueo sobre Gaza y las hostilidades en Cisjordania, así como la reconstrucción de la infraestructura civil del pueblo palestino.
  • Que Costa Rica apoye activamente la investigación y el juicio de genocidio y crímenes de guerra israelíes.

La hoja de firmas puede descargarse desde la cuenta oficial en Instagram @coalicionpalestinacr, puede solicitarla escribiendo al correo electrónico info@palestinacr.org o al WhatsApp +506 8734 9880, o la puede descargar en este enlace. También se puede firmar electrónicamente en el siguiente enlace: https://chng.it/c8bHbCjQcn

La Coalición PalestinaCR invita a todas las personas interesadas a unirse a través de distintas formas de participación, ya sea mediante la recolección de firmas, la difusión de información, apoyando con donaciones a organizaciones humanitarias en la región y participando activamente en acciones de solidaridad. Asimismo, pone a disposición sus canales de comunicación para quienes deseen colaborar o mantenerse informados sobre las acciones que se estarán desarrollando.

«La causa palestina es la causa de todas las personas dignas: por eso no bajamos los brazos, no callamos, y no dejamos de luchar por una Palestina libre y justa.»

Mensaje de Wajiha Sasa Marín