La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.
La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?
La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.
La reelección continua: El espejismo de la estabilidad
El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.
El asalto a la Judicatura y al TSE
La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.
Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.
TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.
La “mano dura” y el Estado de Excepción
La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.
¿Qué debe hacer la oposición?
Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:
Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.
Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.
Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.
La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.
Típico de un gobierno servil y títere de los EEUU, en lugar de ayudar, colaborar con el pueblo cubano, ser solidarios y humanistas, enviar ayuda y colaborar con los cubanos, hacen lo contrario, ser sumisos y cómplices de genocidio, al igual que con Palestina, ahora con Cuba. El gobierno costarricense practicando el terrorismo internacional contra un pueblo que solo busca ser libre e independiente.
Las consecuencias de esta situación es producto del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra el pueblo cubano. Los EEUU, Estado terrorista #1 del mundo, quiere gobiernos y pueblos sumisos, que le teman, que abandonen su dignidad y respeto propios, que sean obedientes a ellos, aunque te roben, te saqueen, te esclavicen, te asesinen. Gobiernos como los de Costa Rica, y con más ganas el actual de Rodrigo Chaves.
Cuba, uno de los países más solidarios y humanistas del mundo, que ha llevado médicos por todo el mundo, incluso en Europa, para ayudar frente a pandemias, que ha llevado equipos de emergencias ante desastres naturales, que ha llevado maestros para ayudar a otros pueblos del mundo contra el analfabetismo, que ha desarrollado vacunas y medicamentos contra enfermedades que son universales, es permanentemente agredido por los EEUU.
El criminal bloqueo económico, comercial y financiero quiere decir que aunque Cuba tenga el dinero para comprar medicamentos, equipo médico, alimentos, maquinaria, tecnología, suministros para el desarrollo, como cualquier nación del mundo, no puede acceder a eso porque EEUU, sus bancos y armamento impiden que otras naciones comercien, vendan, compren, intercambien o negocien nada. Si alguna empresa comercia con Cuba, EEUU de inmediato sanciona a esa empresa, si algún país comercia con Cuba, de inmediato es amenazado por EEUU, eso es terrorismo económico que tiene que ver con el desarrollo y la vida de las personas, de un país, y eso se convierte en genocidio. Es lo mismo que hacen los fascistas sionistas de Israel contra el pueblo palestino. Así los fascistas, derrotados en 1945 por la Unión Soviética, reviven hoy, ya no como nazis alemanes, si no como gobiernos, los de EEUU e Israel.
¿Cuál es el «crimen» de Cuba?, ser un faro de dignidad en el mundo. Resistirse a ser saqueada, resistirse a ser el prostíbulo de las mafias estadounidenses como antes de 1960, decidir ser libre y decidir el camino que, como Nación independiente del yugo español, quiere seguir, desarrollar la salud y la educación públicas de su pueblo, superar los índices de salud, pobreza y analfabetismo, practicar la solidaridad internacional con todos los pueblos del mundo, sean ricos o pobres, solidaridad y humanismo. Esos son sus crímenes, para los terroristas de EEUU ese es un mal ejemplo para el mundo, por eso bloquea a Cuba, pero por eso mismo el pueblo cubano resiste.
Otra cara: la de la solidaridad
Quienes tenemos dignidad, amor, humanidad, debemos seguir luchando por nuestra patria, pero también por la solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo que sufran los ataques del fascismo. Hoy Cuba y Palestina, como Haití y muchos otros pueblos requieren de nuestra solidaridad. Hablar y decir las cosas, pero también movilizarnos y enviar, lo que podamos, a nuestros hermanos, en este caso de Cuba.
Debemos corresponder el amor y la solidaridad cubana con lo mismo, amor y solidaridad.
Si puedes ayudar con algo, lo que sea, alimentos enlatados, dinero, leche en polvo, medicamentos, todo sin vencer y en buen estado, hazlo.
Diversas organizaciones, entre ellas el Partido Vanguardia Popular – PVP, la Juventud Vanguardista Costarricense – JVC y el Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba, entre otras, están recogiendo la ayuda que se tramita con honestidad y respeto para el pueblo cubano.
Una serie de acciones de solidaridad internacional se ha organizado para llevar ayuda humanitaria a Cuba en medio de una profunda crisis socioeconómica y energética que afecta a la isla caribeña.
El pasado 12 de febrero de 2026 dos buques de la Armada de México arribaron al puerto de La Habana cargados con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, en una operación impulsada por el gobierno mexicano ante la aguda escasez de alimentos, productos básicos e insumos de higiene que enfrenta la población cubana.
Según reportes oficiales, la ayuda incluye alimentos como leche, arroz, frijoles, sardinas y aceite vegetal, así como productos de higiene, alimentos y otros bienes esenciales. La iniciativa se da en un contexto marcado por las políticas de Estados Unidos de América que impiden el suministro de petróleo a la isla, lo que ha provocado una crisis energética con cortes de electricidad y limitaciones en servicios públicos como salud y transporte.
A estas acciones estatales se suma unainiciativa de la sociedad civil internacional: una flotilla bautizada “Nuestra América” se está organizando para zarpar hacia Cuba durante el mes de marzo de 2026 con la intención de llevar alimentos, medicinas y suministros esenciales. La convocatoria, impulsada por una coalición de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones humanitarias, busca romper las restricciones y el bloqueo económico.
Las organizaciones señalan que la flotilla pretende ser un gesto de solidaridad con el pueblo cubano y enfrentar así el bloqueo que ha limitado el acceso de la población a productos básicos y servicios esenciales. La iniciativa se inspira en esfuerzos previos de ayuda internacional por vías marítimas en otros contextos y aspira a crear un movimiento de apoyo que trascienda fronteras regionales.
Estas acciones se desarrollan en un escenario en el que organizaciones multilaterales y gobiernos han advertido sobre el riesgo de una crisis humanitaria profunda si no se restablece el acceso a suministros básicos, incluyendo energía y alimentos. El marco global es el rechazo al bloqueo en la ONU e incluso dentro del mismo Congreso de Estados Unidos de América.
Línea de tiempo: ayuda humanitaria y contexto reciente en Cuba (2024–2026)
2024 – Intensificación de la crisis energética Durante el segundo semestre de 2024 se agudizan los apagones y la escasez de combustible en Cuba, afectando transporte, producción de alimentos y servicios públicos.
2025 – Restricciones en el suministro de petróleo Se profundizan las limitaciones en el acceso a petróleo y derivados, lo que impacta directamente la generación eléctrica y la distribución de bienes básicos.
Diciembre 2025 – Aumento de la escasez de alimentos y medicinas Organizaciones sociales y medios internacionales reportan dificultades crecientes para acceder a productos básicos, incluyendo insumos médicos y alimentos esenciales.
Enero 2026 – Llamados internacionales de solidaridad Movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de distintos países comienzan a articular iniciativas de apoyo directo al pueblo cubano.
12 de febrero de 2026 – Arribo de ayuda mexicana a La Habana Dos buques de la Armada de México llegan a Cuba con más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene, como parte de una operación humanitaria oficial.
Febrero 2026 – Convocatoria a flotilla internacional “Nuestra América” Organizaciones internacionales anuncian la preparación de una flotilla marítima con alimentos y suministros esenciales para zarpar hacia Cuba en marzo de 2026.
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them»
(Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Funerales de un periodista asesinado por Israel en Gaza, realizados el pasado 21 de enero del 2026. Foto extraida de articulo de prensa publicado en Israel, titulado «The legal fight to open Gaza to foreign press has failed. It’ s time to change course», Magazine +972, en su edición del 6 de febrero del 2026.
El 29 de enero del 2026, se informó desde Israel que sus altos mandos militares reconocen la cifra de unas 70.000 personas como saldo de las personas que han perdido la vida en Gaza desde el inicio de la insensata ofensiva militar de Israel, en respuesta al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023: véanse al respecto esta nota del TimesofIsrael. Se puede de igual manera consultar, en Estados Unidos esta otra de la cadena norteamericana de noticias CNN y en Francia, esta nota de Liberation, entre muchas otras de prensa sobre este reconocimiento, al igual que este cable de la agencia de noticias Reuters, con fecha del 30 de enero.
Esta nota de la BBC mas reciente del 6 de febrero, por su lado, alerta sobre el hecho que Israel sigue asesinando a menores de edad en Gaza en la mayor impunidad desde la vigencia del cese al fuego.
Las consecuencias de este reconocimiento hecho por militares en Israel
Este reconocimiento por parte de militares en Israel tiene varias consecuencias, y en particular, viene:
– por un lado, a desmentir toda y cada una de las innumerables aseveraciones hechas por las autoridades oficiales de Israel y por sus aliados sobre la pretendida exageración por parte de las autoridades sanitarias palestinas a la hora de registrar y de contabilizar a las personas fallecidas, y;
– por otro lado, confirma los datos y las alertas que diversas agencias de Naciones Unidas han denunciado pocas semanas luego del 7 de octubre del 2023, con un conteo semanal de muertes y de heridos en Gaza que no ha cesado, y ello hasta la fecha. Este texto del 24 de octubre del 2023 presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas contabilizando ya 5000 muertes en Gaza al 24 de octubre, es una es de estas tempraneras alertas.
De igual manera, estas aseveraciones hechas en el seno de las altas esferas militares en Israel, vienen a refutar una gran variedad de textos y opiniones suscritas por columnistas, editoristas y denominados «expertos internacionales» en una multitud de espacios informativos,y ello en muy diversas latitudes del mundo.
Desde la perspectiva jurídica, y en particular la del derecho internacional público, este reconocimiento tiene serias implicaciones legales para Israel, ya que tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la Corte Penal Internacional (CPI), ambas ubicadas en La Haya, tramitan acciones legales que involucran a Israel por sus acciones militares insensatas en Gaza:
– una demanda contra Israel (como Estado) ante la CIJ interpuesta por Sudáfrica desde el mes de diciembre del 2023, cuyos detalles y numerosos documentos – como la solicitud de intervención presentada por Bélgica el 23 de diciembre del 2025 – desde el punto de vista pricesal se encuentran todos disponibles en este enlace oficial de la CIJ, y;
– una demanda penal contra dos altos dirigentes de Israel (en el caso de la CPI), con una orden de captura en su contra emitida por una Sala de lo Preliminar de la CPI desde el mes de noviembre del 2024, la cual incluye al actual Primer Ministro de Israel (véanse el comunicado oficial de la CPI al respecto y la sentencia rechazando los alegatos de Israel sobre una presunta incompetencia de la CPI, adoptada el 21 de noviembre)..Las insólitas sanciones que Estados Unidos ha tomado contra jueces de la CPI a cargo de estas demandas y contra su Fiscal en aras de satisfacer los caprichos del actual Primer Ministro que gobierna los destinos de Israel, fueron objeto de un nuevo comunicado oficial de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, el pasado 26 de enero del 2026 (véase comunicado conjunto).
Ello sin hablar, a nivel de la justicia interna esta vez, de diversas acciones legales contra individuos que, ya sea poseen una nacionalidad adicional a la israelí, ya sea al vacacionar en el exterior con un pasaporte otorgado por Israel, se percatan que la justia nacional de algunos Estados los busca para que respondan por sus crímenes de guerra cometidos en Gaza.
En el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra esta vez la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa), cuyo tercer informe sobre Gaza del mismo mes tuvimos la oportunidad de analizar: remitimos a nuestros estimanles lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«.
Tanto ante la CIJ como ante la CPI, la linea de la defensa legal de Israel ha consistido en indicar a los jueces internacionales que las cifras de las autoridades sanitarias palestinas de Gaza sobre el saldo de personas fallecidas son irreales y deben considerarse como simple propaganda en contra de Israel.
Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con un Estado cuyo aparato militar reconoce la magnitud de su ofensiva militar insensata a la que se libra desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza: 70.000 muertes, es decir casi 2600 personas asesinadas por mes.
En Costa Rica, este reconocimiento reciente por parte de mandos militares en Israel viene a poner en evidencia la facilidad con la que, de manera muy certera y muy decidida, analistas, columnistas, editorialistas, colegas, incluso universitarios, y «expertos» rechazaron durante todo este tiempo las acusaciones contra Israel so pretexto que estas cifras no corresponden a la realidad en el terreno, al provenir de las autoridades sanitarias palestinas en Gaza. Dicho sea de paso, estos reconocidos analistas y «expertos» nunca refirieron en sus numerosos escritos al hecho que los servicios de inteligencia de Israel conocían desde mucho antes del 7 de octubre del 2023, los planes del Hamás (tal y como lo detalla este reportage del New York Times de diciembre del 2023).
Tuvimos la oportunidad en el mismo mes de octubre del 2023 de analizar desde el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR) los alcances y el significado del «asedio total» con el que mandos militares amenazaban en aquel momento a los habitantes de Gaza y de alertar sobre el riesgo de que ello degenere en una masacre a gran escala en Gaza (véase nuestra nota publicada en el portal de la UCR el 30 de octubre del 2023).
Con respecto al saldo de personas fallecidas en Gaza, pudimos incluso explicarle tempranamente y de viva voz al entonces Consul de Israel en Costa Rica algunas cosas que al parecer lo incomodaron sobre estos mismos saldos, refiriendo a las cifras relacionadas a la ofensiva militar de Israel en Gaza en el 2009 y en el 2014, en un programa radial en el que participó en el mes de noviembre del 2023: véase al respecto video, después de que el locutor le indicara al distinguido diplomático israelí, algo molesto, un “Amir, Amir, no me obligue a decirle mentiroso“, minuto 2:03:40 en adelante. Salvo error de nuestra parte, este programa radial pareciera ser el único en Costa Rica el que se pudo contar con la presencia de diplomáticos israelies dispuestos a debatir públicamente de la situación en Gaza.
En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026),sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:
«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.
Este informe puede ser completado con el anterior informe de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que:
«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.
Esta nota de prensa de la BBC del pasado 1ero de febrero refiere a la muerte de 32 personas en Gaza luego de un bombardeo por parte de Israel, objeto de una condena pr parte de una ONG palestina: véase al respecto este comunicado titulado «Another Bloody Day in Gaza Exposes the Sham Ceasefire and the Ongoing Systematic Bloodshed of Palestinians«. Por su parte, un colectivo de ONG en Francia exigió a sus autoridades condenar este nuevo ataque de Israel y mucho mayor respaldo a las organizaciones humanitarias en Gaza (véase comunicado conjunto).
En Cisjordania, la violencia contra pobladores palestinos se ha incrementado, tal y como lo denuncia este comunicado oficial del 4 de febrero del 2026 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Es de indicar que desde inicios del 2026, las ocurrencias reiteradas del actual ocupante de la Casa Blanca en temas de agenda internacional (Venezuela, Groenlandia, Iran, Cuba) han invibilizado el genocidio en curso en Gaza.
A modo conclusivo
Nos habíamos permitido hace ya varios meses (en agosto del 2025) plantear una pregunta que titulaba esta nota nuestra (del 10 de agosto del 2025) sobre Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con Israel. Al finalizar el 2025, nos permitimos reiterarla y ampliarla a otras interrogantes en esta nota nuestra (del 22 de dicembre del 2025), sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Costa Rica con Israel el 8 de diciembre del 2025 en Tel-Aviv. Estas y muchas otras interrogantes persisten en este inicio del mes de febrero del 2026.
Debemos indicar que este reciente reconocimiento por parte de mandos militares en Israel, el cual ha sido ampliamente referenciado en la gran prensa internacional (basta de manera muy sencilla con colocar «IDF, 70.000, Gaza» o bien «Israel, 70.000, Gaza» en un buscador en internet para comprobarlo) no pareciera haber encontrado eco alguno en la prensa nacional costarricense: una omisión que merece una mención y/o alguna manera de explicarla, estimado / a lector/ a, … ¿no le parece?
De tener a lectores de otra nacionalidad que la costarricense, se les sugiere de igual manera realizar el mismo ejercicio comparativo con los contenidos publicados en la prensa nacional de su país en esta primera semana de febrero del 2026. Ello de manera a verificar si es solamente en Estados que se entusiasman por comerciar libremente con Israel que se omiten ciertas cosas.
Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.
La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.
La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.
Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la
desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.
La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.
Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.
La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.
Una reciente investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes vuelve a apuntar sobre el riesgo que significa para la sostenibilidad del sistema educativo seguir por el camino de la reducción en el financiamiento.
El gasto público destinado a educación ha disminuido del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense.
El más reciente informe de la Defensoría insiste que esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial. Entre 2015 y 2025, el país ha experimentado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que evidencia el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.
Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad exige al Estado avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación de calidad (inclusiva, equitativa y pertinente), evitando retrocesos injustificados. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas esenciales —como alimentación escolar, infraestructura y formación docente— constituyen una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.
Asimismo, la Defensoría señala que la erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social. La Defensoría destaca que esta tendencia contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense ante la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño.
Por otro lado, la investigación identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones coyunturales. Ello ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Administrativas, que hoy deben asumir con recursos limitados la continuidad de servicios básicos en las escuelas y colegios. Esta situación expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.
La Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como inversión estratégica para el desarrollo nacional. Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia.
Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
La Fundación Friedrich Ebert (FES) abrió la convocatoria de becas para el programa Agentes de Cambio 2026, un proceso de formación política dirigido a personas jóvenes que participan activamente en organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, centros de investigación o medios de comunicación en Costa Rica, Guatemala y Honduras.
El programa tiene como objetivo fortalecer el liderazgo, las habilidades de análisis y la capacidad de incidencia política de juventudes comprometidas con la democracia social, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Según la convocatoria, Agentes de Cambio es un espacio formativo orientado a jóvenes progresistas de la región centroamericana.
¿En qué consiste el programa?
Agentes de Cambio se desarrolla mediante seis módulos presenciales a lo largo del año, impartidos durante fines de semana. En el caso de Costa Rica, las actividades inician con un taller de selección presencial el 18 de abril de 2026, y continúan con módulos entre mayo y octubre, finalizando con una sesión de clausura el 23 de octubre.
Entre los temas que se abordan destacan:
Historia y conceptos políticos de la democracia
Fundamentos y valores de la socialdemocracia y los progresismos
Retos y oportunidades para la participación de juventudes
Modelos económicos y propuestas para la transformación productiva
Extractivismos y crisis climática
Conflictos socioambientales y defensa de personas activistas
Energía y transición energética justa
Feminismos y economía de los cuidados
Comunicación política y habilidades de debate
¿Quiénes pueden postular?
El programa está dirigido a personas que:
Tengan entre 18 y 35 años
Residan en Costa Rica, Guatemala u Honduras
Participen activamente en organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, centros de investigación o medios de comunicación afines a los principios democráticos
Se identifiquen con la democracia social, los derechos humanos y el respeto a la diversidad
Proceso de postulación
La fecha límite para enviar la postulación es el 1° de marzo de 2026, a las 11:55 p.m. (hora Centroamérica)
Las personas interesadas deben enviar, mediante el formulario oficial:
Copia de documento de identificación
Carta de la organización donde participan, indicando tiempo de vinculación y responsabilidades
Currículum (máximo dos páginas)
Carta de motivación (máximo una página) o video de un minuto respondiendo preguntas sobre los principales problemas del país y el aporte personal a su solución.
La participación no tiene costo. Las personas seleccionadas reciben una beca que cubre alimentación, hospedaje, materiales, transporte y panelistas, incluyendo apoyo adicional para quienes vivan en zonas alejadas.
Para certificarse es obligatorio cumplir con al menos el 85% de asistencia, participar activamente, desarrollar una Iniciativa de Cambio en su comunidad u organización y respetar las normas de convivencia del programa.
Desde la Fundación Friedrich Ebert invitan a organizaciones sociales, sindicales y políticas a compartir esta convocatoria entre juventudes interesadas en fortalecer su formación política y su capacidad de incidencia en la región.
La Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) mantiene abierta la matrícula del programa “Desafíos autoritarios al Estado social de derecho”, una propuesta formativa orientada a analizar críticamente el avance de discursos y prácticas autoritarias que, en distintos contextos, precarizan la vida ciudadana y debilitan la democracia.
El programa parte de un diagnóstico claro: vivimos una aceleración del autoritarismo que impacta ámbitos centrales como la gobernanza, la seguridad democrática, la movilidad humana, el ambiente y las múltiples expresiones de la violencia. Frente a este escenario, la iniciativa propone que el análisis riguroso y multidisciplinario es, en sí mismo, una forma de resistencia democrática.
Con una duración total de cinco cursos y veinte sesiones, el programa se desarrolla mediante clases virtuales en formato de videoconferencia, cada sesión con una duración de tres horas. Las lecciones se impartirán los lunes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), iniciando el 9 de marzo.
El enfoque académico es multidisciplinario, integrando aportes de la ciencia política, la economía, el derecho, la ecología, la criminología y la sociología. Esta perspectiva permite abordar los desafíos contemporáneos del Estado social de derecho desde distintos ángulos, sin reducir el análisis a una sola disciplina.
Entre los contenidos específicos del programa se incluyen:
Democracia, estado de derecho y garantismo en el contexto de la globalización y el malestar contemporáneo.
Política penal y fundamentos criminológicos.
Gobernanza de la movilidad humana, migración, derechos y políticas de control.
Derecho ambiental y gobernanza en la sociedad del riesgo.
Violencia, crueldad y hospitalidad en la cultura contemporánea.
El cuerpo docente está conformado por profesores y profesoras de reconocida trayectoria internacional, entre ellos Iñaki Rivera Beiras, Iñaki Anitua, Gabriela Oviedo Perhavec, Rafael González Ballard, Eduard Müller Castro y Mónica Vul.
El programa está dirigido a personas profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales, así como a toda persona comprometida con los debates centrales de nuestro tiempo, especialmente aquellos vinculados con democracia, derechos, gobernanza, migración, ambiente y violencia.
La UCI subraya que, ante el avance del autoritarismo, comprender sus dinámicas, discursos y efectos resulta clave para fortalecer la defensa del Estado social de derecho y de las libertades democráticas.
Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar a la organización del programa a través del correo info@uci.ac.cr o los teléfonos 2283-6464 y 4037-5710.
4 de febrero del 2026. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en coherencia con su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del Estado de Derecho, manifiesta su profunda preocupación ante los hechos recientes que han colocado al líder indígena Pablo Sivas Sivas y a su comunidad en una situación de riesgo y desprotección, así como por las condiciones estructurales de vulnerabilidad que continúan afectando a los pueblos originarios del país.
El CONARE considera imprescindible hacer un llamado firme y respetuoso a las instituciones del Estado y a las autoridades competentes para que actúen de manera oportuna y responsable, garantizando el cumplimiento efectivo del marco jurídico nacional e internacional destinado a la protección integral de estas poblaciones, el cual obliga a salvaguardar la vida, la integridad, la dignidad y la seguridad de sus integrantes.
La ausencia o insuficiencia de acciones preventivas y de protección adecuadas por parte de instancias estatales ha contribuido, una vez más, a escenarios de indefensión que resultan incompatibles con los principios de legalidad, justicia y respeto a los derechos humanos que deben orientar la función pública.
En este contexto, el CONARE reafirma la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas concretas, coordinadas y efectivas que aseguren condiciones de vida digna, libres de violencia, discriminación y exclusión, y que garanticen la no repetición de situaciones que vulneren los derechos fundamentales de los pueblos originarios.
Las universidades públicas, como espacios de pensamiento crítico, compromiso social y construcción democrática expresan su solidaridad con estas comunidades y reiteran su disposición a contribuir, desde la docencia, la investigación, la extensión y la acción social, al fortalecimiento de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.
Las encuestas de la UCR y de la UNA avizoraban un escenario positivo para el chavismo en las elecciones de ayer. Ganaron, esa es la democracia.
Para la institucionalidad pública costarricense y para el bienestar de su población, los resultados anuncian una debacle en todos los sentidos; el oficialismo tiene la capacidad política para seguir avanzando en la destrucción de la CCSS, del INS del decaído ICE; avanzar en el proyecto de jornadas de trabajo 4×3 que precarizará aún más el empleo; devastar el sistema de educación, la protección de la niñez, los sistemas de becas, pensiones, atención de las mujeres, de la población adulta mayor. El nuevo gobierno realizará ingentes esfuerzos por privatizar y mercantilizar los servicios eléctricos, de agua, salud, educación, loterías. La producción agrícola se verá aún más afectada arruinando no solo a miles de campesinos, sino también un estilo de vida vinculado con la tierra. Seguirá el pulso con las universidades públicas para desfinanciarlas y privilegiar aún más los negocios de las universidades privadas; buscan extinguir el pensamiento crítico y emancipador.
De la mano de la pobreza, el desempleo y el apagón educativo, el crimen organizado se seguirá extendiendo; se reforzará su instalación como un estilo de vida social que legitima e integra a poblaciones que han sido excluidas socialmente. Pero a su vez se utilizará como un mecanismo para legitimar la represión del Estado, en primera instancia hacia la delincuencia, luego hacia aquellas voces que critiquen el nuevo gobierno. Sin lugar a dudas, habrá violencia política; cuadros del chavismo no han tenido reparo de actuar en esos términos.
El cuestionamiento a la división de poderes será la tónica, y seguirá el ataque hacia el Poder Judicial, hacia el OIJ, contra la Contraloría General de la Repúblicas, las universidades públicas, contra la Asamblea Legislativa que no sea funcional.
Es presumible que la administración pública se instrumentalice con funcionarios serviles; que se refuerce una comprensión conservadora de las políticas sociales y de las mismas relaciones sociales; de la cultura como un todo.
Un sector económico en ascenso concentrará aún más la riqueza, depositando en el mercado las limitadas posibilidades de ascenso social.
Pudo haber sido peor, no alcanzaron las 40 diputaciones que querían; y eso en cierta medida, les cierra el paso a las reformas más violentas, aunque ya Laura nos advierte sobre una Tercera República de corte ultraneoliberal, conservadora y fascista.
En el 2019, el historiador costarricense David Díaz nos recordaba que llevábamos 37 años de resistencia contra el neoliberalismo, a lo que yo agregaba que habíamos sido sobrevivientes durante todo ese tiempo pues muchas personas no nos habíamos sometido a su proyecto socio cultural: la subjetividad del individualismo, del éxito como esfuerzo personal, de la competencia, de la mercantilización de todas las esferas de la vida, del consumo, de la negación de derechos, de la depredación de la naturaleza, de la negación de la solidaridad; del desprecio de las personas diferentes. Laura Fernández gana porque esa narrativa y esa subjetividad se han instalado exitosamente en casi el 50% de la población costarricense.
Como tantas veces a lo largo de la historia, la resistencia, la congruencia y la imaginación fueron y serán claves para seguir avanzando, adobadas con la reflexión crítica y fraterna que no nos la pueden robar. Claro que vienen tiempos duros, el conservadurismo, la violencia política y la aplanadora se seguirán extendiendo; pero desde nuestras trincheras tenemos claridad que seguiremos reivindicando todos aquellos derechos en los que creemos: la justicia y bienestar social, la distribución de riqueza, el reconocimiento a la diversidad humana, el respeto a los derechos de género, la justicia ambiental, los derechos culturales, la memoria. Tanta voluntad de emancipación que hemos construido y disfrutado.
Será fundamental encontrar espacios comunitarios e institucionales para articularnos y fortalecernos de manera conjunta, para indignarnos, para encontrar respuestas colectivas. Aún nos protege mucho de institucionalidad y hay que aprovecharla y defenderla.
Me complace que hayamos alcanzado siete diputaciones en el Frente Amplio, la van a tener dura, pero no se van a quedar en silencio; más sí cuentan con el apoyo de quienes defendemos la institucionalidad. Esperaría que las diputaciones del Partido Liberación Nacional, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana actúen con congruencia y sentido histórico.
Escribí estas reflexiones a propósito de las interrogantes que me hicieron llegar Marianela y Ana Rosa, que haciendo eco de sus años estudiantiles, siguen planteando preguntas instigadoras.
