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Etiqueta: derechos humanos

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA se solidariza ante denuncia por abuso sexual

Ante la denuncia por abuso sexual interpuesta contra un candidato presidencial y actual diputado de la República, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su solidaridad, respaldo y respeto hacia la joven Alicia Castillo, que ha decidido hacer pública una denuncia por abuso sexual contra un diputado y candidato a la presidencia de la República, por hechos ocurridos cuando ella tenía trece años y él treinta y dos.

Reconocemos la valentía y dignidad de quienes deciden romper el silencio frente a hechos de violencia sexual, especialmente cuando ocurrieron durante la niñez o la adolescencia. Denunciar en estas circunstancias implica enfrentar no solo el dolor personal, sino también las estructuras sociales, políticas y mediáticas que históricamente han revictimizado a las mujeres y minimizado las agresiones cometidas por figuras con poder.

Recordamos que, en Costa Rica, los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad tienen un régimen especial de prescripción, establecido en la Ley N.º 9685, Ley del Derecho al Tiempo, que reconoce las particularidades de estos crímenes y su impacto a largo plazo. Según esta ley, el plazo para presentar una denuncia penal comienza a correr a partir de que la víctima cumple los dieciocho años, y puede interponer la denuncia hasta veinticinco años después de esa fecha. Este marco legal reafirma el derecho de las víctimas/sobrevivientes a buscar justicia incluso muchos años después de los incidentes de violencia sexual.

El hecho de que el denunciado sea actualmente diputado de la República y aspirante a la presidencia plantea una responsabilidad ética y política de mayor magnitud. El fuero parlamentario, o inmunidad, no puede ni debe convertirse en un escudo de impunidad ante denuncias de delitos sexuales, en especial aquellos que involucran a menores de edad. En un Estado de Derecho, todas las personas deben ser investigadas con igualdad ante la ley.

Por ello, el Instituto de Estudios de la Mujer se suma a las voces ciudadanas que solicitan a la Asamblea Legislativa valorar con prontitud la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, a fin de permitir una investigación judicial transparente, imparcial y libre de interferencias políticas.

El Estado costarricense tiene la obligación internacional, derivada de la Convención de Belém do Pará y de otros instrumentos de derechos humanos, de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violencia sexual y de protegerlas de la revictimización y la exposición mediática dañina.

Como institución académica comprometida con la igualdad y la no violencia, el Instituto de Estudios de la Mujer:

● Rechaza toda forma de descrédito por la violencia sexual sufrida o manipulación política de la víctima; exhorta a las autoridades judiciales y legislativas a actuar con celeridad, transparencia y perspectiva de género; e insta a los medios de comunicación a abordar el caso con responsabilidad ética y enfoque de derechos humanos, evitando discursos que perpetúen la desconfianza hacia las mujeres que denuncian.

● El Instituto reafirma su compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia de género y sexual, y con la defensa del derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir libres de violencia.

Este caso nos recuerda la urgencia de fortalecer la educación afectivo-sexual, los mecanismos institucionales de prevención y denuncia, y la necesidad de que el poder político sea ejercido con responsabilidad, ética y transparencia.

El silencio social y la impunidad perpetúan el ciclo de violencia. Por eso, acompañar, creer y respetar a quienes denuncian es un acto de justicia y de construcción democrática.

Firma responsable:
Dra. Fannella Giusti Minotre
Directora
Instituto de Estudios de la Mujer
Universidad Nacional de Costa Rica
Heredia, 8 de octubre de 2025

Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio lanza guía de campaña electoral para un debate libre de discursos de odio y xenofobia

Costa Rica enfrenta una realidad migratoria compleja: miles de personas llegan al país buscando refugio y mejores oportunidades, mientras las comunidades locales enfrentan desafíos de integración y convivencia. En este contexto, la forma en que se aborda la migración durante el presente proceso electoral es especialmente relevante, ya que los discursos políticos influyen directamente en la percepción pública y en la vida cotidiana de quienes se encuentran en situación de movilidad humana.

El próximo 16 de octubre a las 10:00 a.m., en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidenta de la República, de la Asamblea Legislativa será sede de la presentación de la “Guía de Abordaje de la Migración en la Campaña Electoral 2025-2026”, con transmisión en vivo por Facebook Live de ASIDEHU, la Asamblea Legislativa y medios aliados. En el evento participarán diferentes actores, como son: candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y diputaciones de los diferentes partidos, así como representantes diplomáticos, ex presidentes de la república, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

La Guía busca promover un debate electoral libre de discursos de odio, ofreciendo lineamientos para prevenir narrativas discriminatorias y fomentar el uso de información verificada. Su objetivo es que las propuestas políticas reconozcan tanto las necesidades como los aportes de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y desplazadas forzadas.

Tras la presentación, las candidaturas al Poder Ejecutivo y Legislativo podrán firmar un acta de compromiso voluntario para aplicar los principios propuestos por esta Guía, garantizando campañas basadas en la inclusión, el respeto y la veracidad.

El documento fue elaborado por la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio. Este espacio reúne a más de 60 organizaciones, colectivos, universidades y académicos que trabajan en temas de movilidad humana, manteniendo un carácter autogestionado y apartidario.

Con la presentación de esta Guía, las organizaciones esperan que la campaña electoral 2025-2026 se desarrolle en un ambiente democrático, plural y respetuoso de la diversidad, fomentando un debate político alineado con los compromisos internacionales de Costa Rica en Derechos Humanos.

Escenario peligroso

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.

La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.

La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.

Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.

Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.

Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.

Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.

Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.

En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.

A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.

Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.

Acompañamiento de líneas de lucha, movilización política y criminalización de la protesta social: Un panorama

Por: Trino Barrantes Araya

Correo-e: camilosantamaria775@gmail.com

Introducción

Las líneas de lucha, la movilización de las masas, y la protesta social tanto en América Latina, como en la América Anglosajona, se ha expresado de múltiples y distintas formas. En la “historia insurgente” la lucha de clases, la resistencia popular se manifiesta con diversos objetivos y con sus propias particularidades y maneras de dirigir la protesta social. La “democracia de la calle” difiere del movimiento social en cuanto a los métodos que practican, pero en términos del objetivo que persiguen, ambos tienen como punto de llegada el cambio social, las transformaciones políticas o la lucha reivindicativa como ejercicio de la democracia popular.

No buscamos aquí, ofrecer en orden cronológico las distintas formas de la protesta social. Al contrario, queremos anclar algunos elementos vitales que sirvan de base a una investigación más profunda en materia de la defensa y promoción de los derechos humanos, impulsada por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

Sociología del movimiento popular

Existe, por así decirlo, un punto de inflexión en la forma y características que asumen los diferentes tipos de movilización popular. Todo conflicto estará siempre mediado por la lucha de clases y, la mayor parte de las veces, contra el orden establecido y el imperialismo.

Los movimientos reivindicativos, generalmente adscritos a la lucha sindical y a las grandes movilizaciones de masa, tienen a la base alcanzar la equidad social y consecuentemente la justicia distributiva. La lucha por el territorio, la soberanía alimentaria y la consolidación de un mercado socialmente justo, están en el horizonte de estos movimientos.

Pero hoy, frente a una sociedad altamente cambiante, la lucha por la autonomías culturales, la recuperación de la memoria histórica y la resimbolización de los valores ancestrales y de identidad, se tornan como parte de esta gran sociología de la legitimación del movimiento popular.

En el proyecto unificado de la Carta Social de las Américas, la lucha por un nuevo orden económico y social y la afirmación de los Derechos Humanos afirma y legitiman la onda expansiva en favor de los derechos políticos y civiles, los derechos económico, culturales y sociales, la defensa de los derechos humanos de la tercera

Tipos de modalidades de Resistencia Popular

Procuramos en este breve trabajo reconocer, de manera sucinta los tipos de modalidad de la resistencia popular y las formas particulares que asume la protesta social en los diferentes ámbitos. Es claro que en la superficie de estas luchas aparecen las marchas y protestas. Algunas manifestaciones se asumen mediante el llamado como pacíficas y no violentas; pero otras, por el contrario tienen un matiz violento, pues buscan visibilizar sus demandas, hacer lobby mediante la redes sociales y presionar a los gobiernos en el ámbito nacional como internacional.

La resistencia civil de acciones no violentas y pacíficas, tiene como objetivo central desobedecer el poder institucional, frente a las demandas que ellos y ellas consideran injustas y de cumplimiento obligatorio por el gobernante de turno-

Breve radiografía de la protesta social

1.- A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sobre las aguas del río Magdalena-Colombia, se llevaron a cabo grandes “movilizaciones de canoas”. Prácticamente bloquearon el Magdalena. De la misma forma la toma de las vías acuíferas, tuvieron una misma práctica en el Urabá.

2.- En los Estados Unidos y en Europa, contra los megapoderosos grupos financieros y los Organismos Financieros Internacionales (FMI, BM, OMC, Grupo de los 7), aparecen las movilizaciones de jóvenes “antiglobalización”, los cuales ponen como nueva práctica en la protesta social, “las sentadas y los encadenamientos”.

3.- En 1990, en Argentina, los colectivos populares y los pibes enfrentan la crisis que se denominó el “Corralito, a través de un nuevo mecanismo de protesta que se denominó como “los piqueteros” “ y el mecatazo”, dan una nueva forma a la lucha popular.

4.- En casi toda América Latina se ha tenido como una práctica en las grandes movilizaciones populares, el mecanismo de los “tranques”. Con esta acción de agitación política, tuvo lugar la caída del régimen del dictador Anastasio Somoza; obviamente, acompañado de un proceso de insurgencia popular.

Más recientemente, con el apoyo explícito de la CIA, las ONG´s, la USAI y el Departamento de Estado, la derecha y sectores reaccionarios de la oligarquía nicaragüense, nuevamente, bajo la modalidad de los tranques, impulsaron la caída del gobierno democrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la contrarespuesta del poder popular llevó a la derrota a los traidores de Sandino.

5.- En Costa Rica, en tres momentos diferentes y bajo condiciones coyunturales particulares, 1976, alza en las tarifas eléctricas, 1980, políticas antisindicales, 1995, ataque violento contra el régimen de pensiones, nació una nueva expresión de la lucha callejera, por lo demás, sumamente novedosa y contestaria, en dichos contextos históricos, hacemos referencia a “las barricadas”.

6.- Otra práctica de movilización política y popular que ha tenido lugar en diferentes países de América Latina, con un gran signo campesino e indígena, es “el tortuguismo” y la “caravana a pie” de grandes contingentes humanos. Chile, México, Ecuador, Bolivia, Haití y Guatemala, son ejemplos muy importantes en esta radiografía. La siguiente cita nos ayuda a enriquecer lo que exponemos:

“…Bolivia: La sublevación popular que derrocó al gobierno de Jeanine Áñez y llevó al poder al Movimiento al Socialismo (MAS).

Chile: El levantamiento popular que sepultó al gobierno de Sebastián Piñera y llevó a la creación de una Asamblea Constituyente.

Ecuador: La resistencia indígena que derrotó al gobierno de Lenin Moreno y logró la derogación de medidas económicas impopulares.

Haití: La resistencia popular que enfrenta al gobierno y a las bandas paramilitares que aterrorizan a la población”

7.- En Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, surge otra forma en la movilización social y la protesta social; se alcanza por medio “del arte popular y el performance”. En estas nuevas prácticas de lucha popular se han puesto en juego el “escrache, el plantón, la carpa y el lavado de la bandera”. Todas ellas de un gran contenido contestario y con métodos renovados en la protesta y la lucha social.

8.- “La pinta, el graffiti crítico”, forman un sello de larga data en la protesta social en América Latina. La consigna que se encierra en esta narrativa es decir y hablar lo que la prensa mediática calla.

9.- Definitivamente una novedad en el arte de la protesta social se articula en el Uruguay a través de “las Llamadas” y “las murgas callejeras”. El sentido satírico y crítico que se encierran en cada una de estas sendas formas de lucha conlleva a una profunda denuncia contra el gobierno de turno. Mediante el diálogo mordaz, se ataca fuertemente a las estructuras gubernamentales y al aparato del poder.

10.- Con un contenido más conspirativo y de gran violencia, entre los años de 1989 y 1995, se incorporan dos nuevos métodos en la protesta social. Hacemos referencia a la voladura de puentes y la tumba de monumentos. Ambas formas de agitación han sido más cercanas a los grupos fascistas y supremacistas, que a la protesta social popular propiamente dicha.

Ahora bien, como corolario de toda esta agitación y manifestación de la protesta social, la cual debe contemplarse como el primer derecho humano fundamental, a la cual pueden aspirar los sectores populares, deviene en Argentina inicialmente, en Centro América y otros países, “la criminalización, penalización y judicialización de la protesta social” contra los piqueres en las vías públicas, asumen rango de delito constitucional.

El mitin que había sido la práctica consuetudinaria en la protesta social hoy tiene el imperio de la ley.

Pero pese a toda la represión estatal, América latina vive nuevas formas de resistencia popular y movilización, entre ellas “la minga, la olla comunitaria, el sancocho, los cantautores populares y los pasacalles”, hacen que la voz popular de la protesta no pueda ser callada. La lucha y el avance hacia un nuevo proyecto de democracia social y participativa, no podrán detenerlo bajo el auspicio de leyes fascistas y mecanismo represivos. La utopía cada vez se visualiza más cerca de todas las clases populares de América Latina.

Cineastas del Ecuador condenan represión violenta durante el paro nacional

La Asociación de Directores y Guionistas del Ecuador emitió un pronunciamiento en el que rechaza enérgicamente la represión contra quienes se manifiestan en el marco del actual Paro nacional.

En su comunicado, la agrupación exigió al gobierno respetar la Constitución y el derecho ciudadano a la protesta pacífica, al tiempo que repudió el derramamiento de sangre en el país. Señalaron haber sido testigos de hechos indignantes, entre ellos un manifestante que recibió disparos y personas agredidas cuando intentaban socorrerlo, quedando tiradas en la vía.

Los cineastas afirmaron que, pese a las diferencias políticas, la ciudadanía no puede permanecer en silencio frente a la violencia. Subrayaron que los manifestantes no son terroristas y recordaron que la riqueza del Ecuador radica en su diversidad y en la capacidad de diálogo.

La Asociación exhortó al gobierno y a las fuerzas armadas a actuar en estricto apego a la Constitución, e instó a que los hechos violentos no queden en la impunidad. Además, llamaron a la ciudadanía a continuar documentando lo que ocurre en las calles.

Puede ver el video completo en este enlace: Facebook Video

Historias de un caminante – Solidaridad con Palestina

Edison Valverde Araya

Recibo una llamada de la compañera Narcissa Carrera, quien me invita a ir a la Embajada de Colombia, a un acto de solidaridad con Palestina, junto con Marta Eugenia Mora Corrales, ambas amigas y mujeres luchadoras por la justicia, la solidaridad y el Buen Vivir de su cantón Desamparados, la Patria Grande y la Humanidad.

Fuimos recibidos por el señor Embajador, hubo presentación de todas las personas presentes y se leyeron mensajes de varias organizaciones dirigidos al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, en apoyo por su discurso y acción en la ONU y en las calles de Nueva York.

Genocidio

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         La normativa internacional. El delito de genocidio fue incorporado al derecho internacional mediante la aprobación y entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.[1] Su descripción típica incluye “…todos los actos cometidos con el propósito de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” y describe como acciones específicas constitutivas de la conducta delictiva: (a) Matanza de miembros del grupo; (b) Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y (e) Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. (Artículo II).

         Esta figura penal es dolosa, es decir, su perpetración supone una “intención probada” de destruir físicamente a un grupo, siendo que la Convención entra a señalar las modalidades de comisión a ser castigadas: (a) El genocidio; (b) La asociación para cometer genocidio; (c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; (d) La tentativa de genocidio; (e) La complicidad en el genocidio. (Artículo III).

         La competencia para el juzgamiento del genocidio y figuras asociadas la tiene el tribunal competente del Estado en cuyo territorio se haya cometido el acto, o ante la corte penal internacional que sea competente conforme a los estados-parte que hayan reconocido su jurisdicción. (Artículo IV).

         Finalmente, la comisión de este delito admite como posible agente de la acción o conducta a la persona individual, sea como autor directo, como instigador o como cómplice.

         La normativa nacional. El tipo penal de genocidio fue vertido casi literalmente a la legislación interna de Costa Rica mediante artículo 382 del Código Penal vigente (1970).[2] Prevé una sanción entre 10 y 25 años de prisión, a quien tome parte con propósito homicida, en la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza, o creencia religiosa o política.[3] Con idéntica pena sanciona las conductas particulares de quien: (1) Causare a los miembros de esos grupos graves daños corporales o psíquicos; (2) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria (sic) que haga posible la desaparición de todos o parte de los individuos que los constituyen; (3) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esos grupos; y (4) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, niños de uno de esos grupos a otros distintos.[4]

         La génesis del concepto. El principal impulsor del concepto genocidio [del griego genus (raza, tribu) y el latín cidio (matanza, masacre)], fue Raphael Lemkin, jurista polaco-judío, quien por vez primera lo acuñó en su libro El Poder del Eje en la Europa Ocupada, publicado en los Estados Unidos de América en 1944, testimonio en el que denuncia los crímenes cometidos por los nazis en Europa.

         Para el criminólogo neozelandés Wayne J. Morrison, “El problema de Lemkin era que ninguna terminología adecuada del crimen cubría los datos que él estaba recibiendo. Las doctrinas tradicionales sobre las leyes o la guerra se basaban en la noción de que estas últimas se libraban entre Estados, en tanto que el Estado alemán estaba librando una guerra contra pueblos, bajo una ideología de superioridad biológica y limpieza racial, y reestructurando Europa. El objetivo nazi no era meramente la derrota de los enemigos del Estado, sino la reorganización biológica de Europa y, más tarde, el establecimiento de un nuevo orden mundial.”[5]

         Aparte de este señalamiento esencial de Morrison en tanto el genocidio es una acción dirigida contra poblaciones determinadas, respecto de las cuales cabe responsabilidad de dirigentes y líderes políticos, insiste en que los alemanes nazis tenían a los civiles como blanco deliberado, se trataba de destruir los elementos esenciales de la vida de ciertos grupos nacionales, destruyendo sus instituciones políticas, sociales, culturales; también su idioma, su seguridad personal, y por supuesto, su vida, libertad, salud y dignidad.

         Para ilustrar la barbarie del fenómeno genocida, el mismo Morrison hace un inventario de al menos 20 genocidios en el mundo, los más graves, durante el siglo XX. Recogemos los que nos han parecido los peores: (1) Entre 1885 y 1908, se exterminó a 8 millones de nativos congoleños del Estado Independiente del Congo, a manos del régimen de Leopoldo II de Bélgica. (No reconocido por la ONU); (2) Entre 1915 y 1922, al menos 1 millón y medio de armenios de Turquía fueron exterminados por los nuevos turcos surgidos del colapso del Imperio Otomano. (Reconocido por la ONU); (3) Entre 1932 y 1933 murieron 38 millones de ucranianos por hambruna impuesta por el gobierno stalinista de la Unión Soviética. (No reconocido por la ONU); (4) Entre 1939 y 1945 se masacró a 6 millones de judíos europeos y a otros 5 millones de gitanos, discapacitados, homosexuales y otros, por parte del régimen nazi de Alemania. (Reconocido por la ONU); (5) En 1965 fueron eliminados físicamente alrededor de 600 mil militantes comunistas por parte del gobierno de Indonesia. (No reconocido por la ONU); (6) En 1971 se calcula que entre 2 y 3 millones de bengalíes de Paquistán Oriental fueron asesinados por el Gobierno Pakistaní. (No reconocido por la ONU); (7) Entre 1975 y 1979 murieron 2 millones de camboyanos a manos del Gobierno de los Jemeres Rojos. (Reconocido por la ONU); (8) En 1995 fuerzas militares servio-bosnias mataron a cerca de 8 mil hombres civiles musulmanes, en la ciudad de Srebrenica, supuestamente bajo protección de los Cascos Azules de Naciones Unidas. Este fue solo un episodio de muchos otros. (Reconocido por la ONU); (9) En 1994 se dio muerte a más de 800 mil personas de la etnia tutsi de Ruanda por parte de milicias de la etnia hutu y soldados del gobierno. (No reconocido por la ONU).[6]

         En América Latina, los hechos más cercanos a genocidios han ocurrido con la masacre perpetrada por el gobierno paraguayo contra el pueblo indígena aché (1972), así como la política de exterminio llevada a cabo contra poblaciones aborígenes por regímenes militares guatemaltecos (1965-1992) y los desaparecidos por razones políticas en Argentina, Uruguay y Chile (1970-1980).

         Genocidio en Gaza. Frente a nuestros ojos, en todo tipo de pantallas, se revela una realidad que evidencia el desarrollo de un genocidio en toda regla. El gobierno del Estado israelí, encabezado por Netanyahu, su gabinete y el ejército de ese país, han puesto en práctica una estrategia de agresión indiscriminada que pretende destruir un grupo nacional, el pueblo palestino, mediante matanzas, atentados contra la integridad física y psicológica de las víctimas, sometiéndolas a condiciones de vida que procuran su aniquilamiento dando muerte a mujeres y niños, y obligando a una expulsión forzada de sus tierras. Todo va dirigido, como lo hicieron los nazis con los judíos, contra un pueblo, una etnia y una cultura. Estas acciones han producido ya, según cálculos conservadores 65 mil asesinados, incluidos más de 20 mil niños y niñas; se realizan constantes bombardeos y destrucción de viviendas, hospitales y escuelas, campos de refugio y ametrallamiento de personas mientras hacen fila para obtener alimentos. No puede caber duda de que se trata de un conjunto de acciones dolosas dirigidas al exterminio de los palestinos para consumar una limpieza étnica y cultural. Bajo ningún concepto de derecho penal internacional puede negarse que estas conductas criminales son técnicamente típicas del delito de genocidio.

         No es de recibo tampoco la alegación de que esto es una “defensa propia” originada en el ataque terrorista de Hamas en octubre de 2024. El derecho penal común contempla los límites de la legítima defensa, obligando a respuestas proporcionadas y razonables, prohibiendo los excesos en toda acción defensiva. Además, el conflicto palestino-israelí no surgió hace un año. Ya son siete décadas en que, como medida agónica del colonialismo inglés, se impuso la creación del Estado de Israel, iniciándose de inmediato las estrategias de despojo y exterminio, más allá del territorio concedido, contra las posesiones territoriales de Palestina. Una solución adecuada, en estos momentos avalada por la inmensa mayoría de naciones del mundo, será la creación y reconocimiento de un Estado Palestino al lado del Estado de Israel.

         Es inadmisible, finalmente, la estrategia propagandística del Estado agresor, acusando de antisemitismo cualquier crítica que se haga a Israel. Los responsables de este genocidio son los militantes de una ideología sectaria llamada sionismo, supremacistas blancos, de extrema derecha y fanáticos del mito bíblico del pueblo elegido, que no puede ser asimilado, bajo ningún concepto, al pueblo y cultura judía.

[1] Emitida el 9 de diciembre de 1948. Entró en vigencia el 12 de enero de 1951. Costa Rica firmó adhiriéndose a esta Convención el 14 de octubre de 1950. El Estado de Israel la firmó el 9 de marzo de 1950. La Delegación Palestina se adhirió el 2 de abril de 2014. Los Estados Unidos de América se adhirió el 25 de noviembre de 1988.

[2] El autor de este artículo no encontró evidencia de que el tipo penal de genocidio fuera incorporado a la legislación interna antes de la emisión del Código Penal de 1970.

[3] El tipo penal costarricense en comparación con el texto de la Convención agrega, en este encabezado, el “propósito homicida”, elimina la razón por “etnia” y agrega la razón “política”.

[4] Este mismo tipo penal nacional, prácticamente es copia literal del Artículo II de la Convención de Naciones Unidas, con la única diferencia que no incluye el supuesto 1) de la Convención referido a causar “Matanzas” de los grupos aludidos, probablemente por darse por supuesto en el encabezado de la versión vernácula el “propósito homicida”.

[5] Morrison, Wayne; Criminología, civilización y nuevo orden mundial; Antrophos Editorial; Barcelona, 2012.npp. 86-93.

[6] Ibid., p. 94.

Orientaciones pastorales de la Iglesia Católica frente a la minería: un compromiso por la Casa Común

La Red Iglesias y Minería, con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), ha coordinado la elaboración de un documento que ofrece propuestas y orientaciones pastorales frente a los impactos de la minería en América Latina. El texto es fruto de un proceso de reflexión, discernimiento, oración y compromiso de comunidades eclesiales que dialogan de forma permanente con otras Iglesias y movimientos sociales de la región.

El documento se inspira en un reciente encuentro de obispos latinoamericanos que viven en territorios amenazados o afectados por la minería, y subraya la misión ética y profética de la Iglesia en un contexto de creciente colapso ambiental y climático. Retoma, además, el espíritu de la encíclica Laudato Si’, a diez años de su publicación, y lo vincula al Año Jubilar 2025, cuyo lema es “Peregrinos de Esperanza”.

Contenido del documento

La publicación se estructura en seis apartados principales:

  1. El clamor de personas empobrecidas y de la Madre Tierra, como punto de partida para entender la crisis socioambiental.

  2. El extractivismo, analizado en su dimensión destructiva sobre comunidades y ecosistemas.

  3. La opción de la Iglesia por las comunidades y sus territorios, reafirmando la defensa de la vida y los derechos colectivos.

  4. Fortalecimiento de las Iglesias locales para la conversión ecológica, impulsando una pastoral que integre la ecología integral.

  5. La relación de la Iglesia con Estados y empresas, señalando los desafíos éticos y políticos que implica.

  6. Conclusión, con llamados a una acción pastoral comprometida y transformadora.

En el año de especial relevancia —marcado tanto por el Jubileo como por la COP30 sobre el Clima en la Amazonía—, el documento propone a la Iglesia y a la sociedad abrir espacios de discernimiento, acción y acompañamiento a los pueblos que defienden sus territorios y, con ellos, la vida de toda la humanidad.

Puede descargar el documento completo aquí:

Orientaciones pastorales de las Iglesias católicas frente a la minería (PDF)

Compartido con SURCOS por Carlos Tamez.

Una disculpa extemporánea

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El 27 de marzo de 2023 se produjo un incendio en una Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, en Ciudad Juárez. En este siniestro murieron 40 migrantes y 27 hombres y 15 mujeres resultaron con heridas profundas que no han podido sanar aún.

Se trata de más de 80 víctimas para las cuales el Estado mexicano no garantizó los recursos mínimos de resguardo mientras se encontraban en ese lugar.

En investigaciones realizadas por organismos civiles y de derechos humanos, se determinó que la negligencia y el desinterés de los funcionarios destacados en el Centro fueron los principales causantes de que a las personas que se encontraban en ese lugar no se les abriera la puerta principal para que pusieran sus vidas a salvo. No en vano en varios espacios de comunicacion civil circula un poderoso hastag con la leyenda: #nofueelincendiofueelestado, aludiendo la omisión que le costó la vida a esas 40 personas.

Luego se supo que las condiciones en las que permanecían en aquel sitio eran inhumanas: hacinados, sin agua ni comida, razones suficientes para causar un motín, que terminó arrebatándoles la vida.

Más de 900 días luego del hecho, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco G. Y., ofreció una disculpa pública a los sobrevivientes y las familias de los fallecidos. Este acto ocurrió el pasado 26 de setiembre.

Como parte del proceso que se sigue en su contra por los hechos acaecidos aquel marzo de 2023, el funcionario emitió una declaración que no sirve para traer a las personas fallecidas de vuelta ni reparar el daño físico y psicológico causado a las personas sobrevivientes y sus familiares.

Una disculpa extemporánea, tardía, inútil. Inútil si, porque es ahora y responde a procesos que no salen de su fuero interno, sino de mecanismos que la justicia mexicana habilita para seguir el debido proceso en una investigación de este calibre. No es desde su corazón que nace el ofrecimiento.

En su intervención en la reciente Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a atizar su odio visceral contra la migración en el mundo y en su propio país. Habló de proteger fronteras y terminar con la migración irregular que está “acabando con el mundo”, según sus palabras.

No debe extrañar que, en su afán, las políticas migratorias de otros países continúen en consecuencia triturando humanidades, exterminándolas.

Los tiempos que nos tocó vivir ciertamente convocan a la desesperanza. Pero cuando uno ve la fuerza de la migración que empuja y acciona, no le queda más que saludar la motivación, acompañar a estas personas que caminan por un futuro mejor desde cualquier trinchera. Metafóricamente deberíamos hacer lo mismo: caminar para construir, no detenernos nunca.

Coalición PalestinaCR realiza movilización nacional contra el genocidio en Gaza y el TLC con Israel

Durante el mes de septiembre, la Coalición PalestinaCR ha desarrollado la Jornada Sumud, una serie de actividades de alcance nacional para denunciar el genocidio en Gaza y expresar solidaridad con el pueblo palestino.

Este 27 de septiembre, se realizó una marcha masiva desde el Parque Central de San José, que culminó con un concierto solidario en el Mercadito La California, con la participación de artistas como Malpaís, Canina, Sonidero Barrio Fátima y Natiesunjaguar. De forma simultánea, comunidades de Limón, Puntarenas y Guanacaste organizaron la jornada descentralizada Resistencia a Toda Costa, visibilizando desde las playas Cocles, Uvita y Tamarindo el repudio al genocidio y el apoyo a la Flotilla Global Sumud, que navega hacia Gaza con ayuda humanitaria.

La Coalición PalestinaCR ha insistido en que el país debe detener las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, dadas las graves violaciones contra el pueblo palestino. En esa línea, varios Concejos Municipales –San José, Montes de Oca, Curridabat, Belén, Barva, San Rafael de Heredia y Alajuela– han aprobado mociones de condena al genocidio y de exhorto al Gobierno a suspender esas negociaciones.

El contexto internacional respalda estas denuncias. Una comisión independiente de la ONU reconoció que en Gaza se comete un genocidio, señalando asesinatos masivos, destrucción de infraestructura, hambruna inducida y desplazamiento forzado. En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR) y su Instituto de Investigaciones Jurídicas han emitido pronunciamientos contundentes en el mismo sentido.

La Coalición PalestinaCR reitera su llamado a la solidaridad activa, a seguir denunciando y a sumarse a las actividades por Palestina que se mantienen en el país.