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Etiqueta: derechos humanos

Poesía por Palestina: recital en solidaridad con la niñez gazatí

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El próximo 9 de septiembre de 2025, a las 7:00 p.m., se realizará en El Lobo Mestizo el recital: Poesía por Palestina, un encuentro literario y cultural que busca alzar la voz en solidaridad con la niñez gazatí.

El espacio contará con la participación de destacadas y destacados poetas como María Montero, Arabella Salaverry, Laura Contreras, Mauricio Molina, Paola Valverde, Shirley Campbell, Marianela Sáenz, Dennis Ávila, Valeria Varas, Leo Madriz y Nidia González. Además, la actividad tendrá como invitada especial a Wajiha Sasa, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica.

El recital es convocado por Palabras Viajeras, Carmen Lyra, Cartonera Tica y Lobo Mestizo, colectivos y espacios culturales que se unen para visibilizar la realidad de la niñez palestina, tejiendo puentes desde la poesía y la resistencia cultural.

Organizaciones de mujeres contra TLC con Israel y en solidaridad y defensa del pueblo palestino

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Agosto del 2025.

Organizaciones de mujeres, nos manifestamos en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Israel y en solidaridad y defensa del pueblo palestino.

Denunciamos y rechazamos rotundamente el proceso en curso para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los gobiernos de Costa Rica e Israel, impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) desde marzo de 2023 y respaldado públicamente por el presidente Rodrigo Chaves.

Este TLC avanza mientras organismos internacionales, académicos y activistas denuncian crímenes de guerra y actos de genocidio contra el pueblo palestino, así como la ocupación ilegal de sus territorios. En junio de 2025, voces de la sociedad civil y de la Universidad de Costa Rica advirtieron que aprobar este tratado haría a nuestro país cómplice de tales crímenes.

Costa Rica, nación que abolió su ejército y se ha presentado al mundo como defensora de la paz y los derechos humanos, no puede estrechar lazos comerciales con un Estado señalado por graves violaciones al derecho internacional humanitario.

Las mujeres y las niñas sufren de manera particular este conflicto, tal como lo señala ONU Mujeres en un comunicado de julio de 2025: “Más de 28.000 mujeres y niñas han sido asesinadas, la mayoría de ellas son madres que han dejado a sus hijos y adultos mayores sin protección ni cuidados. Las mujeres soportan embarazos sin comida ni atención médica. Un millón de mujeres y niñas en Gaza se enfrentan al hambre masiva, la violencia y los abusos. Se enfrentan a la imposible elección entre morir de hambre en sus refugios o aventurarse a salir en busca de comida y agua, con el riesgo extremo de ser asesinadas”.

Numerosas manifestaciones al interior del Estado de Israel piden ya detener la avanzada de guerra emprendida por su gobierno contra el pueblo palestino; sobre todo, madres que no quieren perder a sus hijos en la guerra han integrado colectivos como Madres contra la Violencia, Mujeres de Negro, 101 Madres de Blanco y Mujeres por la Paz.

Más allá de sus posibles efectos económicos o comerciales, lo que está en juego es el sentido político de este tratado: un pronunciamiento que nos coloca del lado de un gobierno que normaliza la ocupación, el asedio y la violencia contra la población palestina.

Las mujeres del mundo hemos estado siempre en las primeras líneas de lucha por la paz, contra el armamentismo y la guerra. Nos solidarizamos con las mujeres palestinas en su lucha incansable por la supervivencia de su pueblo y, junto a ellas, exigimos el cese inmediato de la guerra.

Exigimos:

  • Suspender de inmediato la negociación y cualquier paso hacia la firma o ratificación del TLC con el gobierno de Israel.
  • Una posición oficial clara y coherente de Costa Rica en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional.
  • El fin de toda acción diplomática, comercial o política que legitime el genocidio y la ocupación.

Porque creemos en la paz, no en la guerra.
Porque sabemos que el pueblo judío puede transformar sus dolores históricos en compasión humana.
Porque toda vida humana cuenta.

Llamamos a todas las organizaciones, colectivos y personas comprometidas con la justicia y la dignidad humana a alzar la voz, a movilizarse y a exigir que Costa Rica no sea cómplice de crímenes de lesa humanidad.

Organizaciones que suscriben este manifiesto

Colectivo Mujeres Por Costa Rica

Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad

Personal académico de Psicología de la UNA pide a Colegio pronunciarse contra genocidio en Gaza

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El 29 de agosto, un grupo de docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA) dirigió una carta a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, solicitando que se emita un comunicado urgente denunciando el genocidio que se desarrolla en Gaza por parte del Estado de Israel.

En la misiva, recuerdan que la negativa de la Junta a pronunciarse sobre este tema provocó recientemente la renuncia de la Comisión Ad-Hoc para el abordaje de la Violencia Social y de la Comisión de Investigación del Colegio. Señalan que, como profesionales y formadores, resulta éticamente inaceptable guardar silencio ante crímenes de lesa humanidad.

El documento cita como antecedentes las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 por la Corte Penal Internacional contra altos funcionarios israelíes, incluidos crímenes documentados por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese. Asimismo, se mencionan pronunciamientos similares de organizaciones de psicología en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Las personas firmantes recalcan que callar equivale a validar la violencia, y que la psicología, como ciencia y profesión, no puede permanecer neutral ante violaciones de derechos humanos de esta magnitud. Además, convocan a que universidades y colegios profesionales en Costa Rica se unan en la denuncia y asuman la responsabilidad ética y social de acompañar a las poblaciones víctimas.

El documento original, con la lista completa de personas firmantes y las referencias, puede descargarse en este enlace: Carta de solicitud de pronunciamiento

Imagen con fines ilustrativos: UNESCO.

Comisión de Investigación también renuncia tras negativa de Colegio de Psicología a denunciar genocidio en Gaza y rechazar TLC con Israel

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El 28 de agosto, integrantes de la Comisión de Investigación del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica presentaron su renuncia irrevocable ante la Junta Directiva de la institución.

En la carta, explican que la decisión responde a la oposición de la Junta Directiva a un pronunciamiento elaborado por la Comisión de Violencia, en el que se denunciaba el genocidio que ocurre en Gaza y se rechazaba la iniciativa del Gobierno de firmar un tratado de libre comercio con Israel. La Junta insistió en la necesidad de mantener una supuesta neutralidad en el plano político, lo cual fue considerado inaceptable por las personas firmantes.

La Comisión de Investigación señaló que el silencio institucional no equivale a neutralidad, sino a complicidad pasiva, y que como profesionales de la psicología no podían acompañar esa posición. Subrayaron que la violencia debe entenderse en sus dimensiones políticas, sociales, culturales y económicas, y que una pretendida neutralidad contribuye al aumento de la violencia en el país y ante la situación en Gaza.

En su carta, agradecen la oportunidad de haber formado parte de la Comisión y reiteran su compromiso de continuar trabajando desde otros espacios académicos, sociales y profesionales a favor de la ética y los derechos humanos, de manera independiente al Colegio.

La renuncia fue suscrita por:

  • Rolando Pérez Sánchez (código 535)

  • David Torres Fernández (código 7545)

  • Benjamín Reyes Fernández (código 2955)

  • Vanessa Smith Castro (código 9975)

  • Siu Fong Acon (código 5978)

  • Marco Vinicio Fournier Facio (código 145)

Puede leer aquí la nota publicada este 28 de agosto acerca de la renuncia de la Comisión Ad-Hoc para el abordaje de la Violencia Social en Costa Rica.

Organizaciones rechazan recortes al presupuesto de Migración para financiar la construcción de mega-cárcel

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SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, 26 de agosto de 2025

Comunicado de prensa conjunto de organizaciones de sociedad civil y de atención a personas migrantes

“Rechazamos los recortes al presupuesto de Migración y Extranjería para financiar la construcción del CACCO”

Las organizaciones de sociedad civil -y de atención a migrantes- firmantes expresamos nuestro rotundo rechazo al Presupuesto Extraordinario 2025, en el cual se incluyen rebajas por ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) así como 8,7 millones rebajados al Tribunal Administrativo Migratorio, con el propósito de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

El proyecto implica:

  • ₡147,3 millones menos para Migración y Extranjería, en partidas esenciales como insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes.

  • Recortes a programas como el Tribunal Administrativo Migratorio y el Programa de Desarrollo de la Comunidad, ambos pilares para la regularización y la atención de poblaciones vulnerables.

El Gobierno justifica estas rebajas señalando que son “remanentes” o “ahorros” derivados de donaciones o diferencial cambiario. Sin embargo, en la práctica Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado. Los atrasos en emisión de documentos, la falta de personal y de infraestructura adecuada son problemas recurrentes que golpean tanto a las personas migrantes como a la institucionalidad nacional.

Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos. La decisión de recortar recursos a Migración y Extranjería -y no redirigirlos a las áreas que verdaderamente necesitan inversión y que se ven altamente afectadas en estos momentos- afecta directamente:

  • El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).

  • El derecho al trabajo y a la seguridad social, pues sin documentos la población migrante no puede acceder a empleo formal ni cotizar en la CCSS.

  • El derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la burocracia y los atrasos refuerzan la exclusión.

  • El derecho a la justicia y al debido proceso, debido a los recortes al Tribunal Administrativo Migratorio.

  • El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Estas decisiones políticas no deberían tomarse sin consultar a las poblaciones directamente afectadas. Exigimos que el Poder Ejecutivo y Legislativo convoquen a las organizaciones sociales y comunitarias que representan a la población migrante, antes de aplicar recortes que impactan su vida cotidiana, su dignidad y su futuro.

Mientras se reconoce la carencia de recursos en Migración, el Gobierno propone recortarle más. Esta situación es grave por varias razones:

  • Varias oficinas regionales de Migración dependen de donaciones de organismos internacionales (OIM, ACNUR, cooperación europea) para poder operar.

  • El rezago en trámites ya supera los 12 meses en algunas sedes, lo que mantiene a miles de personas en la irregularidad.

  • La falta de presupuesto convierte a la institución en dependiente de fondos externos, debilitando la soberanía institucional y la planificación a largo plazo.

Estos recortes podrían representar un entorpecimiento severo a las funciones de la DGME, especialmente a la Unidad de Refugio que tiene más de 224 mil expedientes sin resolución aun tomando en cuenta como dicha instancia se encuentra actualmente saturada y al borde del colapso, especialmente debido a su alta dependencia de fondos asociados a cooperación internacional, los cuales también se han visto reducidos en los últimos meses. De este modo, los recortes planteados en la propuesta de presupuesto extraordinario dificultarían la ya complicada gestión y labores de la Unidad de Refugio.

Lo anterior resulta preocupante especialmente al considerar que se ignora un hecho económico fundamental respecto a la población migrante y refugiada en el país:

  • Los migrantes representan el 10% de la población, y aportan hasta un 11% del PIB.

  • Su contribución a la CCSS, impuestos y consumo interno es vital para la sostenibilidad de programas sociales y económicos.

  • No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral, así como la exposición a vulneraciones a Derechos Humanos.

Nuestra posición

No se puede hablar de seguridad debilitando derechos. Una política migratoria robusta y financiada no solo protege a la población migrante, sino que beneficia al país en su conjunto con más ingresos fiscales, menos informalidad y mayor cohesión social.

Rechazamos categóricamente que se recorten recursos a Migración y Extranjería para financiar el CACCO.

Recomendamos a las autoridades que tomen conciencia de la necesidad de redistribución de fondos de cara a una redirección de recursos hacia instancias de migración tomando en cuenta el contexto adverso a nivel regional y la situación de rezago institucional a nivel interno en las instancias competentes en la materia.

Invitamos a los y las diputados(as) de la Comisión de Asuntos Hacendarios que votarán esta propuesta considerar posponer su voto si es necesario o en su defecto rechazar la propuesta. A su vez, en caso de seguir adelante con los recortes, rogamos consideren redirigir los recursos directamente a la Unidad de Refugio.

En atención a la urgencia de este comunicado, hemos dirigido una carta a las diputaciones miembros de la Comisión con el fin de solicitar una reunión con las organizaciones firmantes cuyo propósito será ampliar información sobre las realidades aquí expuestas.

Suscriben este comunicado,

  • Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU)

  • Asociación Alianza Vencer

  • Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)

  • Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR)

  • Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) – Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica

  • Fundación Popol Na

  • Instituto de la Memoria

  • IRCA Casa Abierta

  • Liga Feminista de Refugiadas Políticas

  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

Movimiento sindical costarricense exige respeto a la autonomía de la CCSS, a la libertad sindical y a los derechos humanos

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Comunicado

¡Basta de persecución a dirigentes sindicales y sociales!

El movimiento sindical costarricense denuncia de manera enérgica la persecución política contra dirigentes sindicales, comunidades indígenas, ambientalistas y demás sectores sociales que defienden derechos fundamentales en nuestro país. Estas acciones constituyen una violación grave a la dignidad humana y al marco jurídico nacional e internacional que garantiza la autonomía institucional, la libertad sindical y los derechos humanos.

El propósito de esta conferencia es reafirmar nuestro compromiso con la defensa integral de la clase trabajadora y de la institucionalidad democrática costarricense, en especial la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la autonomía sindical, pilares del Estado social de derecho.

Reiteramos nuestro respaldo a la compañera Martha Elena Rodríguez González, víctima de una persecución sin precedentes. Su destitución, mediante un proceso viciado y espurio, dirigido por la Secretaría del Consejo de Gobierno -hoy convertida en candidata a diputada- evidencia la pretensión de conformar una Junta Directiva sumisa al presidente de la República, en abierta violación de la autonomía y Ley Constitutiva de la CCSS.

La libertad sindical y el derecho de organización se encuentran tutelados por instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, además de la propia Constitución Política. Estos compromisos imponen al Estado la obligación de proteger a dirigentes sociales, la autonomía de la CCSS y garantiza el derecho de trabajadoras y trabajadores a organizarse libremente, sin temor a represalias.

Exigimos el pleno respeto a la autonomía de la CCSS y a la libertad sindical, como garantías indispensables frente a injerencias indebidas y persecuciones políticas del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Hacemos un llamado urgente a la unidad amplia, inclusiva y solidaria de todos los sectores sindicales y sociales. La defensa de la autonomía institucional, de la libertad sindical y de los derechos humanos es una lucha del pueblo costarricense.

¡Ni persecución ni retrocesos! ¡Unidad, autonomía y libertad sindical!

Movimiento Sindical Costarricense
San José, 25 de agosto, 2025

Convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso laboral: deuda histórica saldada – video

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El pasado miércoles 20 de agosto, Costa Rica aprobó el expediente 22.589 que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece compromisos para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La ratificación implica que el Estado y los empleadores deben prevenir, atender y sancionar el acoso laboral, así como ofrecer herramientas para garantizar espacios de trabajo libres de violencia. Este avance representa un paso clave en la protección de las personas trabajadoras, quienes históricamente han enfrentado situaciones de acoso sin contar con normativa clara ni mecanismos efectivos de respuesta.

La Defensoría de los Habitantes, a través de su Instituto de Educación en Derechos Humanos, ha señalado la ausencia de normativa interna en el sector público y la falta de conocimiento sobre los derechos de las víctimas, así como las responsabilidades de quienes acosan.

En este contexto, la ratificación del convenio constituye una deuda histórica saldada con las y los trabajadores costarricenses y un avance en la construcción de condiciones laborales dignas.

En el siguiente enlace podrá visualizar un video con la importancia del Convenio 190 y sus implicaciones en la vida laboral del país: https://www.youtube.com/shorts/SGSvI1Q87Ac

Fuente imagen: Facebook OIT

Libertad inmediata y respeto a su integridad a Leocadio Juracán Salomé, líder kakchikel y exdiputado del Congreso de Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Adendum:

Compartimos la alegría, con el compañero Leocadio, su familia y comunidad, porque el pasado lunes 18 de agosto, en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, el juez Fabián de León Pérez dictaminó Libertad condicional, aunque imponiéndole una multa de Q50 mil. Antes del 5 de febrero, 2026, el Ministerio Público presentará la conclusión de este claro proceso de criminalización y judicialización, como defensor comunitario.

Urge mantenernos en alerta ya que estos atropellos a los derechos humanos de los pueblos, lideresas y líderes indígenas son sistemáticos en Guatemala.

20 de agosto, 2025

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos denunciamos a nivel internacional que el día 13 de agosto, 2025, en Guatemala fue detenido arbitrariamente Leocadio Juracan Salome, dirigente histórico del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una de las principales organizaciones indígena-campesina de Guatemala.
Leocadio es el fundador de Café Justicia, instancia social colectiva del CCDA que apoya a pequeñas y pequeños productores en el altiplano guatemalteco, gracias a la solidaridad de organizaciones canadienses. También fue diputado entre 2015 y 2018 por el partido Convergencia.


Actualmente, Leocadio tiene el cargo de director del programa de Justicia Agraria del CCDA que acompaña a comunidades campesinas amenazadas por desalojos forzosos. Leocadio fue detenido el 13 de agosto en el aeropuerto Aurora de la Ciudad de Guatemala, cuando iba a abordar vuelo hacia Suráfrica, invitado como ponente en una conferencia sobre campesinado en defensa de la sostenibilidad ambiental. Está acusado de «usurpación agravada» por su acompañamiento a una comunidad amenazada con desalojo, en el departamento de Izabal, retenido en la cárcel Mariscal Zavala, en la ciudad capital.


¡Liberen inmediatamente a Leocadio Juracán Salomé!


Garanticen su protección.


Cumplan con las recomendaciones recientes del Relator Especial de la ONU de declarar una moratoria inmediata de los desalojos forzados y de otorgar la amnistía

a todas las defensoras y defensores criminalizados.

Pongan fin a la criminalización de las y los integrantes, lideresas y líderes de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas.

Cc.
Ana Glenda Tager Rosado, Secretariada Privada al Presidente, – informacion@secretariaprivada.gob.gt
Francisco Jiménez Irungaray, Ministro de Gobernación – despachoministerial@mingob.gob.gt
Claudia Samayoa, Asesora al Ministro de Gobernación – ddhh3@mingob.gob.gt

FIRMAS

Apoyo a nivel nacional e internacional

Argentina

Patricia Isabel Machado/Colectivo Rodolfo Walsh/6137305

Bolivia

Adriana Guzmán Arroyo/ /Feminismo Comunitario Antipatriarcal/ZE96639

Costa Rica

Allen Cordero Ulate/Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Amalia Vargas/Personal

Ángelo Monge Montero/Personal/112430155

Astrid Barrera/Partido Vanguardia Popular (PVP)/117000648326

Clarita Quiel Torres/Cabagra, Organización Autónoma Propia del pueblo Bribri

Consejo Iriria Sätkök

David Morera Herrera/Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT)

106440113

Edison Valverde Araya/Buen Vivir-Costa Rica/103460024

Eli Ortiz Torres/Organización Autónoma Propia del pueblo Bribri

Consejo Iriria Sätkök 602620750

Esteban Fernández/Organización Socialista Revolucionaria-Costa Rica (OSR)

Guadalupe Urbina Juárez/Música Gestión cultural comunitaria /501830490/

Guiomar del Rocío Martín Tedman /Personal/103550418

Hazel Hernández Coronado/Sind. de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

B00302127

Isabel Ducca Durán/Personal/105640060

Joaquín Meléndez González

Ligia Barrantes Cartín /Justicia para Jerhy/900710454

Luis Sarkis Salas/Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)/105600606

Marbella Martín Fragachán/Internacional Antifacista Capítulo Costa Rica

María Trejos Montero/MTC y activista DDHH /106890938

María Vázquez Orozco/Personal/207330880

Marielos Muñóz Solórzano/MTC y Bloque de Vivienda/603340348/

Marylin Morris Zúñiga/MTC

Orlando Barrantes Cartín/MTC y Bloque de Vivienda/104260775

Miguel Barrios Gutiérrez/ PRT/301560323

Mónica Alemán Araya/Coordinadora por la Liberación Animal/116540961

Ronald Solís/MTC/204940381

Rosángela Cortés Barquero/MTC/701400120

Tyron Esna Montero/ SITRAPEQUIA/70090574

Wilson Arroyo Oconitrillo/Músico e historiador/206880354

Yamileth Monterrey López /Justicia para Jerhy/800580801/

Ecuador

Fabiola Falconi /Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca/0101667848

Kemi María Loor Solórzano/Unión de Educadores de Ecuador (UNE)/1306642735/

Isabel Vargas Torres/Presidenta Federación de Barrios de Quito

Sisa Pacari Saraguro /Organización del Pueblo Saraguro

Suy Wong/Red de Solidaridad con Palestina

El Salvador

Javier Sibrián, personal/Maestro jubilado/02607648-5

Rosa Cándida Membreño Hernández/Maestra jubilada/027135494

Estados Unidos

Ivonne García Bueso/Asociación Solidaria Comparte/0501-196003679

Estado español

Pedro Polo Fernández/Ensenyans Solidaris/04517921P

Honduras

Gerson Miller Wood/Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH) /902199100295

María Dolores Escobar Salgado/Presidenta COLPEDAGOGOSH/1503196901251

Roy Marín Hernández/Guancasco/1006 1973 00217

Guatemala

Delmi Arriaza Pontaza/Activista

Egil Iván Galindo Ovalle/Personal/1869916731009

Elvira López/Personal/2423737980101

Ricardo Gabriel Vázquez/Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il /1725146491319

México

Raquel Godínez Solíz/MMPV-CNTE/GOSR680710

Panamá

Luzmila Sánchez Cosio/Personal

Venezuela

Alba Carosio/REMTE LA/11858059

Isidro Ramírez /Lauicom /5459169

Otros países

Aída Campod

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Guatemala Hugo Garrido Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC de Costa Rica; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América y ComuniSur referentes internacionales de comunicación popular.

En solidaridad con los pueblos que resisten al extractivismo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Esta es una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo en la región.

La Primera Declaración de La Habana, en 1960, recordó que la dignidad no se negocia. Hoy, esa enseñanza sigue vigente: denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, sino la continuidad de una tradición emancipadora que atraviesa la historia de Nuestra América.

Mientras en Venezuela y otros países de América Latina se acusa de conspirar a voces críticas y organizaciones sociales, las grandes corporaciones —como Chevron, aliada de Israel y de sus guerras— continúan firmando contratos millonarios con gobiernos que se presentan como “antiimperialistas”.

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR invita a reflexionar sobre estas contradicciones y sobre lo que callan ciertos discursos políticos, cuando se trata de confrontar el poder del extractivismo y sus impactos en los pueblos.

Le invitamos a leer la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR:

Nuestra América piensa y resiste: en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo

Porque defender la vida y los pueblos no es traición: es verdadera soberanía.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo hace un llamado al cese de persecuciones contra liderazgos sociales en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresa su más profunda preocupación y rechazo ante el reciente aumento en la persecución y hostigamiento contra diversos liderazgos sociales en nuestro país.

En las últimas semanas hemos sido testigos del incremento en las acciones que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el rol fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en especial, destacamos los siguientes casos:

La destitución de la señora Martha Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), acción promovida desde el Poder Ejecutivo. Esta decisión constituye, una vez más, un grave precedente que vulnera la autonomía de la CCSS y un profundo debilitamiento de los espacios democráticos de representación social.

La persecución contra liderazgos ambientalistas, específicamente los casos de Juan Bautista y Javier Adelfang, activistas digitales que han denunciado la crisis ambiental que atraviesa nuestro país y en específico Playa Panamá, quienes actualmente atraviesan un embargo interpuesto por una empresa hotelera, la cual, ha emprendido acciones judiciales en su contra, en represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema de Playa Panamá

La violencia territorial sobre los territorios indígenas, en específico el caso de la Comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, contra el compañero Pablo Sibar y la persecución que vive a raíz de la defensa del derecho a tierra en su territorio indígena, el cual ha sido llevado a la CIDH.

Estas acciones no son aisladas, forman parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, lideresas feministas y otros actores sociales que alzan la voz y fortalecen y promueven nuestra democracia participativa.

Históricamente, se ha reconocido a Costa Rica a nivel internacional por la protección de los derechos humanos, su democracia y su institucionalidad. Sin embargo, estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socava nuestro legado histórico y abre la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social.

Por esto, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigimos el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales, además, realizamos un llamado a promover las vías del diálogo social y la democracia participativa, siempre en defensa del bienestar colectivo y la justicia social.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos para defender la democracia participativa, la justicia social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!