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Etiqueta: derechos humanos

CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia violencia verbal del presidente Rodrigo Chaves Robles

Ante los eventos acontecidos este martes 25 de julio de 2023, en Nicoya, CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia, una vez más, la violencia verbal y el irrespeto a los derechos constitucionales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles.

25 de julio del 2023.  Este 25 de julio de 2023, decenas de estudiantes universitarios fueron retenidos en las inmediaciones de la iglesia nueva de Nicoya, espacio público donde se realizarían los actos propios de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.

Un contingente de elementos de la Fuerza Pública los retuvo por espacio de una hora para que no ejercieran sus libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

Desde el CONARE denunciamos con absoluto repudio este accionar del Gobierno propio de un régimen autoritario y con tintes dictatoriales, lejano de nuestra tradición democrática. La manifestación pública es un derecho ciudadano, contemplado en nuestra Constitución Política, instrumento capital de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho. Con suma preocupación vemos como de manera sistemática y consecuente el Gobierno a través del presidente Chaves Robles, ejerce acciones que minan la democracia, en este caso hacia nuestra juventud, acompañadas de una violencia verbal desbordada, ajena a toda tradición pacifista y de tolerancia, insignia irrefutable de esta Patria querida.

Al referirse a los estudiantes universitarios costarricenses como “esbirros”, el señor presidente los equipara con delincuentes violentos que actúan por medio de un pago. Condenamos enérgicamente estas palabras, porque estos jóvenes son el presente y el futuro de Costa Rica, los hijos y las hijas de esta tierra de gente honrada, trabajadora, resiliente y decente. A ellos y ellas nos debemos las Universidades Públicas y la dignificación de estos hombres y estas mujeres es nuestro compromiso con el país.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia como forma de Gobierno.

En plena negociación del FEES, el presidente nuevamente hace declaraciones públicas desafortunadas, deslegitima a la Comisión de Enlace al burlarse del proceso de negociación, irrespetando no solo a los rectores, a la rectora y a la representación estudiantil negociante, sino a sus propias ministras y ministro que vienen trabajando para llegar a un acuerdo.

Señor presidente, honrando una vez más nuestra idiosincrasia, siendo que representamos al sector educación de este país, nuevamente le instamos al respeto, al diálogo y al rechazo determinado a toda forma de violencia verbal, física y simbólica.

Don Rodrigo Chaves Robles una al pueblo de Costa Rica, no lo polarice.

Una industria de muerte en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Con apenas algunas horas de diferencia se conoció de dos incidentes que involucraron personas migrantes en zonas alejadas del centro del país.

En el primer caso, un transporte irregular se accidentó dejando varias personas heridas y tres fallecidas (2 mujeres y 1 hombre), todas de nacionalidad venezolana.

En el segundo incidente, un autobús de una empresa privada contratado y costeado por las mismas personas migrantes para trasladarlos a zona de frontera, volcó dejando varias personas en estado delicado.

Ambos casos exponen las condiciones en que las personas migrantes realizan el tránsito, particularmente en zonas alejadas al centro del país.

Sin embargo, el incidente donde fallecieron tres personas debería llamar la atención sobre el funcionamiento en el país de una industria migratoria (Nyberg Sorensen y Gammeltoft, 2012; López Sala, 2020) impulsada por actores privados.

Fuera de la lógica del estado, actores, procesos y actividades de esa industria buscan el lucro a partir de las necesidades de las personas migrantes. Es conocido como la actuación de esta industria en el eje migratorio norte de la región produce acciones de riesgo y vulnerabilidad constantes para las migraciones centroamericanas.

El fallecimiento de una sola persona en contextos migratorios nos debe alertar respecto al valor de la vida y aquellos que se proponen el dejarlos morir desde sus espurios intereses.

El estado costarricense, que prepara una nueva política migratoria para implementar a partir de 2024 debe accionar fuertemente sobre estos actores que un día sí y otro también comprometen la vida de los migrantes en tránsito.

Un país que se pasea en estrados internacionales hablando sobre derechos humanos, debería empezar a reconocer sus fallas en materia migratoria. Que ni una persona migrante más fallezca ni sea vulnerabilizada en nuestro territorio.

Ese es el desafío.

Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto

José Luis Pacheco Murillo

El 22 de julio se celebra el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, para concienciar a la población y a las naciones del mundo acerca de los efectos nocivos de esta actividad, conocida igualmente como megaminería, en el medio ambiente, el ecosistema y la salud de las personas.

Con la celebración de esta efeméride se pretende divulgar información acerca del impacto de esta práctica altamente contaminante, que afecta la biodiversidad del planeta, la calidad de vida de las personas y la vulneración de sus derechos humanos.

Nosotros somos testigos de que esa actividad es terrible para la naturaleza y nos hemos dado cuenta de las circunstancias que se han vivido en Crucitas por una actividad, primero intensa en cuanto a destrucción del bosque y de las fuentes de alimentos de muchísimas especies de animales. Luego el daño a la salud de cientos de personas que laboraban o vivían en las cercanías de donde se estaba llevando a cabo la depredación.

Ha sido muy lamentable lo que ha sucedido en esa zona de Crucitas, ahora con un manejo intenso y desordenado y con una gran afectación de humedales y de ríos en cuanto a contaminación. Un daño irreparable que muchos llamados “ambientalistas” hoy no se preocupan por hacer algo en beneficio de la naturaleza y de la población.

Algunos de los daños ocasionados en esa zona son:

Daños permanentes a las superficies naturales y ecosistemas.

Contaminación del agua de suelos y subsuelos.

Deforestación indiscriminada de capas boscosas y áreas verdes.

El uso de sustancias químicas aplicadas al proceso de megaminería genera daños en la flora y fauna de las superficies naturales intervenidas.

Lo peor de todo esto es que a pesar de tanta explotación que se dio en esa zona primero por una empresa y luego por los llamados “coligalleros”, Costa Rica no ha recibido ni media onza del oro extraído y ahora hay que soportar el desastre natural ocasionado.

Dios quiera que tomemos conciencia de lo dañino de esta actividad y que si en algún momento se desea aprovechar el recurso mineral que existe en la zona se haga apegados a acciones amigables con la naturaleza y que no cause tanto daño que ahora sabemos son irreparables, desgraciadamente.

SOLidaridad con el pueblo de Jujuy, Argentina

Costa Rica, Abya Yala 16 de julio 2023

Nosotros/as, miembros/as de “Buen Vivir Costa Rica” y ciudadanos/as de Abya Yala, nos sumamos a las Madres de Plaza de Mayo, dirigentes de diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de la Argentina, así como a las comunidades de Jujuy, educadores, estudiantes, indígenas, campesinos, grupos culturales comunitarios, defensores de pueblos originarios y medios alternativos de comunicación, en su demanda por la derogación de la Reforma  Constitucional de la Provincia (sin consulta), impuesta por el gobernador Gerardo Morales a partir del 20 de junio 2023, que atenta contra el derecho a la tierra, al agua, a la libertad, a la justicia y a la paz, lo que ha provocado asambleas, manifestaciones y cortes de carretera en diversos puntos de Jujuy, algunos de ellos en La Quiaca, Humahuaca, Abra Pampa, Uquía, San Roque, Tilcara, Purmamarca, San Pedro, El Cuarteadero, El Pongo y Los Alisos.

Igualmente denunciamos y nos solidarizamos con los jujeños perseguidos, heridos y encarcelados (suman decenas) por Morales, violando derechos humanos de orden nacional e internacional.  Pedimos su inmediata liberación.

Estaremos atentos a las políticas y acciones públicas, privadas y transnacionales, que buscan la riqueza material en la tierra, el agua y el litio, y que amenazan los derechos de los trabajadores, derechos y culturas de los pueblos indígenas y derechos de la MadreTierra.

Lo que suceda en cualquier rincón de Abya Yala a las hermanas y hermanos y a la MadreTierra, nos sucede a nosotros.

Firman por SOLidaridad Abya Yala BV:

  • Ana Cecilia Hernández Rodríguez, Profesora, Ex Decana Facultad de Educación Universidad de Costa Rica, Secretaria Junta de Salud, Comunidad San Isidro de Heredia CR.
  • Carlos Manuel Muñoz Jiménez, Director Casa de la Cultura del Rosario de Naranjo, Alajuela CR.
  • Claudio Monge Pereira, Profesor, Ex Diputado, Escritor, Miembro de Buen Vivir Costa Rica, Comunidad San Isidro de Heredia CR.
  • Cristian Marrero, Educador Ambiental, Comunidad San Rafael de Oreamuno, Cartago CR.
  • Edgar Mora Guerrero, Buen Vivir Desamparadeño, Comunidad Desamparados, San José CR.
  • Edison Valverde Araya, Poeta, Buen Vivir Pasoancho, Comunidad Paso Ancho, San José CR.
  • Giovanni Beluche V., Sociólogo, Alajuela CR.
  • Juan Carlos Bermúdez Barboza, Comunidad Pasoancho, San José CR.
  • Marcos Chinchilla Montes, Docente Universidad de Costa Rica, Comunidad Pasoancho, San José CR.
  • Marianela Espinoza Vega, Educadora, Comunidades Argendora, La Cruz, Guanacaste y Pavas, San José CR.
  • María Rebeca Álvarez Ramírez, Buen Vivir Naranjo, Comunidad Naranjo, Alajuela CR.
  • Marielos Méndez Granados, Docente Pensionada de Educación Especial, Comunidad Zapote, San José CR.
  • Marta Rojas Porras, Educadora, Poeta, Presidenta Costarricense de Escritoras, Buen Vivir Desamparadeño, Comunidad San Francisco de Dos Ríos, San José CR.
  • Oscar Espinoza Ramos, Cantautor y Artista Plástico, Comunidad Atenas, Alajuela CR.
  • Oscar Jiménez Fernández, Músico y Docente de la Universidad Estatal a Distancia –UNED-, Comunidad Montes de Oca, San José CR.
  • Ronulfo Morera Vargas, El Rodeo, Buen Vivir Mora El Libertador, San José CR.
  • Rosa Anka, Escritora Peruana Venezolana del Buen Vivir.

El fundamentalismo democrático del siglo XXI

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Gustavo Bueno (1924-2016) fue un filósofo español que desarrolló un sistema filosófico integral llamado Filosofía de la Idea Fundamental. Uno de sus conceptos clave fue la idea del fundamentalismo democrático. Este, tal como lo propone Gustavo Bueno, es la creencia en el valor absoluto de la democracia como sistema político. Según Bueno, los fundamentalistas democráticos consideran a la democracia como la única forma de gobierno válida y moralmente justificable, convirtiéndola en un principio dogmático e incuestionable, o sea, en una ideología que no dialoga ni acepta nada diferente.

Bueno criticó el fundamentalismo democrático por su falta de fundamento filosófico e histórico. Argumentó que la democracia, como cualquier otro sistema político, tiene sus limitaciones y puede conducir a sus propios problemas si no se equilibra o controla adecuadamente. En su opinión, la democracia debe integrarse en un marco filosófico y ético más amplio para garantizar su sostenibilidad y eficacia. Todo apunta a que el tiempo le ha dado la razón, la democracia existente en occidente y otras partes hoy requiere una gran dosis de democracia real en todo el sentido de la palabra.

Es importante señalar que las ideas de Bueno, incluido su concepto de fundamentalismo democrático, han sido discutidas y debatidas dentro de los círculos académicos, y puede haber diversas interpretaciones y críticas de su obra filosófica, no es un tema nuevo. Ahora bien, para entender mejor la decadencia que sufre la democracia en occidente y otras partes del mundo, debemos hacer algunas reflexiones objetivas, lejos del prepotente fanatismo democrático y muchas veces de doble rasero característico de sus defensores.

Hoy debemos preguntarnos si la democracia existente está respondiendo a las demandas reales y necesidades de toda la ciudadanía. Y en esa misma dirección consultarnos si es efectiva para combatir el colapso eco social global que vivimos, también llamado Antropoceno, ya que lamentablemente, los regímenes democráticos actuales tampoco son garantía para el ambiente y otras formas de vida no humanas puestas en peligro de extinción a causa de nuestros patrones de vida, producción y consumo. Estos regímenes no lo están logrando con el tema de la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. Todo ello es muy grave e importante como para no ser considerado en el análisis crítico y la ecuación al respecto.

Por otro lado, han demostrado también que no son garantía para el respeto de los derechos humanos más básicos, pues las desigualdades, la pésima distribución de la riqueza, la falta de empleo digno, la inequidad de género, la calidad y acceso a la educación y la salud, y la injusticia social, no fueron problemas resueltos por éstos, que eran parte y lo siguen siendo, de sus promesas principales. Por el contrario, después del fin de la Guerra Fría, como no había “enemigo” ideológico por el cual preocuparse, el neoliberalismo triunfó y terminó por desmantelar los exitosos Estados de Bienestar que habían sostenido ese discurso democrático occidental después convertido en dogma absoluto, en contraposición al comunismo y la dictadura.

No es de extrañarse entonces, que frente a los problemas del hambre, el desempleo, la corrupción, la exclusión social, la ineficiencia estatal y miles de promesas incumplidas, surjan naturalmente movimientos y líderes que cuestionen ese fundamentalismo ideológico democrático dominante que ha terminado convirtiéndose en puros actos ceremoniales formales sin ningún tipo de contenido real de fondo que marque una verdadera diferencia, haciendo que gran parte de la ciudadanía, especialmente las generaciones más jóvenes y los grandes sectores excluidos dejen de creer y pierdan toda su confianza en el sistema así como en quienes lo protegen, pues en muchas ocasiones los discursos y las acciones de dichos defensores llevan caminos separados y contradictorios.

Y aunque sabemos que no se debe confundir una cosa con la otra, y no podemos generalizar porque el frío no está en las cobijas, de estas razones expuestas y algunas otras más surge el desgaste y la incredulidad generalizada de la ciudadanía ante esta forma de organización política de la sociedad, su estructura e instituciones. Y ahí está el peligro, parafraseando a G. K Chesterton, cuando la gente no cree en nada, en seguida cree en todo. De ese nihilismo social y pérdida de toda creencia en alguna identidad colectiva superior que dé certeza y sentido de pertenencia, nace en estas partes del mundo la semilla fértil de estos nuevos movimientos de corte autoritario que cuentan con gran respaldo popular, porque en la mayoría de los países, sino en todos donde han llegado al poder, lo han hecho de forma democrática y libre. Por eso el famoso adagio: “la democracia muere en democracia”.

Todo esto da para un debate más profundo y amplio. Yo pienso que la democracia no tiene la culpa, pero es la que paga las consecuencias de la manipulación, mentiras, el egoísmo y actos éticos cuestionables de muchos de sus defensores acérrimos y representantes, no se puede tapar el sol con un dedo. Por otro lado, no se debe afirmar de manera absoluta que un régimen autoritario sea malo por naturaleza, como hacen los fundamentalistas democráticos occidentales, pero tampoco que garantice la solución a todos los problemas, pues muchas veces estos llegan al poder gracias al resentimiento, el revanchismo y el odio, los cuales nunca son buenos consejeros para gestionar lo público, y porque en el fondo, parte de la verdadera crisis que sufre el occidente y la humanidad en general, es de sentido y no solo de sistema, es la crisis de una falta de propósito y significado de la vida, de certezas y confianza en la humanidad misma.

UCR: Son necesarias una mayor atención y medidas urgentes en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica

Diferentes proyectos e iniciativas de la UCR trabajan con grupos de niños y niñas de comunidades vulnerables, con el objetivo de contribuir a la consecución de sus derechos en muy variadas áreas de la vida en sociedad (Foto Laura Rodríguez).

Pronunciamiento de la UCR

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) en su sesión n.º 6694, artículo 4, del pasado 2 de mayo de 2023, acordó pronunciarse y denunciar ante la sociedad costarricense y las autoridades del gobierno por “…el abandono y la negligencia por parte de las personas e instituciones de protección de las niñas, los niños y las personas adolescentes en situaciones de riesgo que comprometan su integridad”.

El pronunciamiento de este órgano universitario tomó en consideración una serie de estudios, normativas y compromisos, nacionales e internacionales, que el país ha refrendado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país tales como: el artículo 51 de nuestra Constitución Política; la Convención internacional sobre los Derechos del Niño; el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por ejemplo, el Informe 2020-2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demuestra importantes condiciones de vulnerabilidad que siguen afectando a la niñez y la adolescencia costarricenses. Tal como se presenta en el pronunciamiento en cuestión “…del total de personas que viven en pobreza, cerca de un 34,8% son niños, niñas y personas adolescentes. Esto significa que 470 668 de 1 201 570 personas menores de edad viven en pobreza monetaria”.

Además, retoma el pronunciamiento de la UCR, la Unicef señala que “en Costa Rica, aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año, y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años…” También advierte la Unicef que “en Costa Rica, entre las personas menores de edad que trabajan, el 29% está expuesta a alguna condición de riesgo (32% si no se consideran los niños y las niñas de 5 y 6 años). El trabajo infantil interfiere en sus oportunidades de acceder al conocimiento y habilidades que les permitan una plena participación e inserción social; asimismo, la exposición a condiciones de riesgo en espacios laborales vulnerabiliza y va en detrimento de la integridad de niñas, niños y personas adolescentes”.

Entre los acuerdos que conforman este pronunciamiento de la UCR, se “exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar minuciosamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del PANI y el Código de Familia en aras de fortalecer la normativa vigente con enfoques interseccionales, preventivos, atencionales y promocionales para el cumplimiento integral de protección de los derechos de las personas menores de edad”.

Diversos espacios en la UCR se han abierto a lo largo de décadas para el estudio y acompañamiento de la niñez y la adolescencia de nuestro país., tanto en las instalaciones de la universidad, como en diferentes espacios generados en las comunidades. (Foto Laura Rodríguez).

También sostiene el pronunciamiento que “se debe asegurar y reforzar el presupuesto nacional para que se dote a las instituciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de los recursos financieros, jurídicos y humanos, necesarios para el resguardo de los derechos de dicha población”.

Puede consultar el texto completo del Pronunciamiento en el siguiente enlace:

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional

APDHA solicita amparo por violencia policial en Granada

Violencia policial en Granada, tras el Partido Marruecos-España en Qatar, 06/12/22. Captura de video de testigo del hecho.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

“¿De qué trabajas tú, moro de mierda?” o “Esta noche vas a dormir en el calabozo caliente” fueron algunas de las frases que los agentes dirigieron al denunciante.
En uno de los vídeos aportados al procedimiento judicial se observa cómo uno de los agentes le propina una patada en la cabeza al denunciante cuando este se encontraba inmovilizado en el suelo.

Solicitan amparo al Tribunal Constitucional por un caso de violencia policial durante el partido entre Marruecos y España

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante un nuevo caso de violencia policial que tuvo lugar en la ciudad de Granada el pasado 6 de diciembre de 2022 durante el partido del Mundial de Qatar entre Marruecos y España. Según la denuncia interpuesta, ese día el denunciante se dirigía rumbo a su trabajo cuando un dispositivo policial le impidió el paso por una calle donde un grupo de personas estaba celebrando la victoria de la selección marroquí en el Mundial de fútbol celebrado en Qatar.

En ese contexto, el denunciante, también de origen marroquí, alega que dos agentes lo tiraron al suelo, lo golpearon en distintas partes del cuerpo y, una vez inmovilizado, otro agente se aproximó y le propinó una patada en la cabeza. Los hechos fueron presenciados por numerosas personas, quienes grabaron la escena con sus teléfonos móviles. Ante tales hechos, las personas que se encontraban congregadas en la zona comenzaron a gritar “¡Racismo!, ¡racismo!, ¡racismo!”. De hecho, según la versión del denunciante, a lo largo de su detención los agentes se dirigieron a él con expresiones tales como “¿de qué trabajas tú, moro de mierda?” o “esta noche vas a dormir en el calabozo caliente”.

Tras su traslado a comisaría y puesta en libertad, se elaboró un parte de lesiones en el que se objetivaron heridas y hematomas en todo el cuerpo. Por ello, acompañado por la asesoría jurídica de la APDHA, la víctima interpuso denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Granada solicitando la práctica de numerosas diligencias de prueba tales como el informe médico forense, la declaración de la víctima, el interrogatorio de los testigos y del personal sanitario, así como la identificación de los agentes que formaban parte del dispositivo que detuvo y agredió al denunciante. Junto a la denuncia, se aportaban además informes médicos objetivando las lesiones, fotografías de estas y grabaciones de la detención.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 6 archivó el caso sin practicar ni una sola diligencia de prueba solicitada. Tan solo solicitó el atestado policial elaborado al efecto por la Policía Nacional. Ante esta decisión, el denunciante recurrió primero ante el propio juzgado y después ante la Audiencia Provincial. El órgano de instrucción confirmó la decisión adoptada, argumentando respecto al vídeo donde se ve cómo uno de los agentes le propina una patada en la cabeza que “si en ese momento se produjo alguna lesión al denunciante” fue porque los agentes “se vieron obligados a utilizar la fuerza mínima imprescindible para poder ser trasladado a Comisaría”.

La Audiencia Provincial, sin entrar al fondo de la cuestión, confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción el pasado mes de junio. Por tal motivo, el denunciante ha formalizado esta semana recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que sostiene que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con la prohibición de sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes.

La APDHA denuncia que no se trata de un hecho aislado. Por una parte, la organización recuerda que apenas hace un año que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en un caso que también tuvo lugar en la ciudad de Granada y en el que se formuló una denuncia por torturas en el contexto de una actuación policial. Por otra parte, la entidad andaluza sostiene que «lejos de tratarse de un hecho puntual, estas actuaciones policiales totalmente desproporcionadas son algo más que casos aislados y, en muchas ocasiones, son reflejo de un racismo institucionalizado»

 

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2023/07/apdha-solicita-amparo-por-violencia-policial-en-granada/

Bukele y las maras en El Salvador

Alberto Salom Echeverría

(Segunda parte).

Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.

En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.

Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.

Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.

Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.

Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)

Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).

Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)

Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.

El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.

Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).

A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).

Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.

De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.

Fuerza Pueblo de Jujuy – ¡La Lucha sigue y se extiende aquí y en Jujuy!

Comunicado de FRENAPI

Juntemos y hagamos que  nuestras vibras, cantos, danzas propias, sean  oraciones  fuertes de bribris, cabécares, ngöbes- buglé, malekus, brörán, chorotegas, brunkaj… y personas y movimientos aliad@s, con las fuerzas y espiritualidad sagrada de las Deidades propias citadas en español: Sibö; Toocú; Ngöbó; Sibù; Cuasräm; Sbö y Abuela Ther; Tipotani en su dualidad Nenguitamali ( mujer) y Nembithia (hombre); Namahuncia, Maquehuncia; Javé y Jeovhá entre otras… para que, el Pliego de Peticiones del Pueblo Hermano de Jujuy, sea escuchado y se revierta el dañino proceso impulsado por el Estado racista, capitalista, depredador y neoliberal Argentino.

Fuerza Pueblo de Jujuy, aquí estamos de lejos pero junto a ustedes.

¡Los pueblos indígenas viven, la lucha sigue y sigue!

¡Sergio y Jerhy Viven!

¡La Lucha sigue y se extiende aquí y en Jujuy!

Organizaciones internacionales de derechos humanos demandan respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala

Pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Demandamos respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala

Las Américas, 13 de julio de 2023- Este 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con apego al orden constitucional, oficializó los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmado que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto. Este anuncio se produjo 17 días después de las elecciones, dado que el TSE tuvo que realizar un recuento de los escrutinios solicitado mediante un amparo por un grupo de partidos políticos que alegaron supuestas anomalías, que finalmente fueron descartadas.

A pesar de la autoridad del TSE y de los mandatos constitucionales que lo respaldan, minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal Freddy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios. El partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal que deberá ser otorgado por la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.

Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quienes dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto para causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por los Estados Unidos por corrupción. El Juez Orellana ha sido cuestionado por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.

Las organizaciones internacionales firmantes hacemos un llamado a todas las autoridades guatemaltecas a que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional. La institucionalidad guatemalteca debe garantizar respeto a su mandato constitucional y no permitir que otros órganos interfieran arbitrariamente en el proceso electoral.

Se debe investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Exigimos se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.

Exhortamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y pronunciarse sobre lo que acontece en Guatemala y a sumar sus esfuerzos diplomáticos para evitar que se produzca este atropello a la democracia.

Finalmente, expresamos nuestra confianza en que las acciones indebidas no prosperarán y el proceso electoral podrá continuar con su curso, garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.

Organizaciones firmantes:
American Jewish World Service (AJWS)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Impunity Watch
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Latin America Working Group (LAWG)
Plataforma Internacional contra la Impunidad