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Etiqueta: derechos humanos

Guía de CEJIL destaca acceso a la información como herramienta clave frente a la crisis climática

La publicación analiza los alcances de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subraya que la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para la justicia climática.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) puso a disposición la guía temática El acceso a la información climática y las obligaciones de derechos humanos, un documento que analiza los principales aportes de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre emergencia climática y derechos humanos.

La publicación forma parte de la serie El derecho internacional frente a la emergencia climática y busca acercar a personas, comunidades y organizaciones los estándares jurídicos desarrollados por la Corte IDH para enfrentar una crisis que ya afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y la permanencia en los territorios.

CEJIL recuerda que la Opinión Consultiva reconoce que la emergencia climática es también una crisis de derechos humanos y establece obligaciones concretas para los Estados. Entre ellas destaca la necesidad de garantizar el acceso a información pública, clara, veraz y oportuna sobre las causas e impactos del cambio climático y sobre las medidas adoptadas para enfrentarlo.

La organización enfatiza que los incendios, las sequías y los eventos climáticos extremos continúan afectando a millones de personas en América Latina y el Caribe. Frente a estas amenazas, la información pública se convierte en una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la exigencia de respuestas estatales eficaces.

Según destaca la guía, sin acceso a información adecuada las comunidades carecen de elementos para prepararse ante riesgos climáticos, participar en la toma de decisiones, exigir rendición de cuentas o acceder plenamente a la justicia. La información climática es presentada como una condición necesaria para la existencia de alertas tempranas, mecanismos efectivos de participación y procesos transparentes de formulación de políticas públicas.

El documento explica que el acceso a la información climática no constituye únicamente un derecho autónomo protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también una herramienta esencial para garantizar otros derechos fundamentales. Asimismo, señala que los Estados deben producir, recopilar, actualizar y divulgar información relevante utilizando la mejor evidencia científica disponible e incorporando los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales.

La guía desarrolla de manera detallada los principales estándares establecidos por la Corte IDH en materia de acceso a la información climática. Entre los temas abordados se encuentran las obligaciones estatales de transparencia activa, los mecanismos para responder solicitudes de información, la accesibilidad para distintos sectores de la población, el uso de nuevas tecnologías, los estudios de impacto ambiental y climático, los presupuestos destinados a la acción climática, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia.

También examina la protección de personas defensoras de derechos humanos, las obligaciones de los actores privados respecto a la generación y divulgación de información ambiental, las restricciones legítimas al acceso a la información y las medidas necesarias para enfrentar la desinformación climática.

La publicación sostiene que fortalecer los sistemas de acceso a la información climática es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos y para construir procesos democráticos más transparentes, participativos y responsables.

CEJIL señala que la guía busca facilitar la comprensión y aplicación de los estándares contenidos en la Opinión Consultiva OC-32/25, contribuyendo a que personas, comunidades y organizaciones dispongan de mayores herramientas para defender sus derechos y participar activamente en las decisiones relacionadas con la emergencia climática.

Descargue el documento completo desde SURCOS en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/acceso-a-la-informacion-climatica-CEJIL.pdf

Convocan a acompañar procesos judiciales vinculados a la defensa de Palestina y al derecho a la protesta

La Red de Solidaridad con Palestina – Costa Rica hizo un llamado a organizaciones sociales, colectivos, estudiantes, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general para acompañar y observar diversos procesos judiciales relacionados con personas que enfrentan causas derivadas de manifestaciones en solidaridad con Palestina y de protestas contra el abuso policial.

La convocatoria enfatiza que la protesta social no constituye un delito y plantea la importancia de la presencia ciudadana en las audiencias como una forma de respaldar la libertad de expresión, el derecho a la protesta, los derechos humanos y las garantías democráticas.

Según la información divulgada, las actividades de acompañamiento se realizarán en el Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea, frente al Parque de Goicoechea, donde se desarrollarán varias audiencias y juicios durante junio.

La primera actividad corresponde a la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes realizado en el Estadio Nacional, luego de mostrar la bandera palestina. La convocatoria señala que este proceso se relaciona con acciones de solidaridad con el pueblo palestino.

Asimismo, para el martes 9 de junio está prevista la continuación del juicio de una persona detenida durante el mismo contexto, por manifestarse en favor de Palestina en las afueras del estadio.

Posteriormente, los días 24 y 25 de junio se realizará el juicio de personas detenidas durante una manifestación contra el abuso policial ocurrida en 2023.

La Red de Solidaridad con Palestina sostiene que el acompañamiento ciudadano y la observación pública constituyen herramientas importantes para la defensa de los derechos fundamentales y para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.

Las personas organizadoras invitan a participar de manera pacífica y solidaria en las distintas jornadas programadas.

Cronograma de actividades

El sábado 30 de mayo se realizó la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes dentro del Estadio Nacional por mostrar la bandera de Palestina.

Martes 9 de junio – 7:30 p.m.
Continuación del juicio de una persona detenida durante el traspaso de poderes por manifestarse en favor de Palestina fuera del estadio.

24 y 25 de junio
Juicio de personas detenidas en la manifestación contra el abuso policial de 2023.

Lugar: Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea (frente al Parque de Goicoechea).

Unidades de la UCR rechazan la estigmatización territorial del Caribe Sur y piden revisar el lenguaje sobre crimen organizado

La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.

Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.

Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.

Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.

El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.

Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.

Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.

Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.

Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

Impulsan adhesiones a pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño

Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos impulsan una declaración internacional de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califican como un agravamiento de la violencia estructural, la represión y la intimidación contra distintos sectores sociales del país.

La iniciativa es promovida por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como personas defensoras de derechos humanos de distintos países. El pronunciamiento se suma a las recientes expresiones de preocupación internacional sobre la situación hondureña, entre ellas las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos sobre masacres ocurridas en diversas comunidades y los llamados de organizaciones magisteriales centroamericanas a respetar la libertad sindical y el diálogo social.

Según las organizaciones convocantes, la situación afecta particularmente a comunidades campesinas, al movimiento estudiantil y al magisterio hondureño, sectores que enfrentan crecientes mecanismos de presión, represión e intimidación.

La declaración plantea la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos, así como de visibilizar las denuncias sobre violencia y vulneración de derechos que afectan a diversos sectores de la sociedad hondureña.

Las organizaciones impulsoras invitan a colectivos, organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos a adherirse al pronunciamiento internacional durante la presente semana, antes del lunes 8 de junio.

Formulario de adhesión:

https://forms.gle/D9EdmGs9F1PAHRPp7

El llamado se acompaña de las consignas:

¡Justicia para Karla López y cada víctima de la represión en Honduras!

¡No a las masacres y asesinatos selectivos en Honduras!

¡La defensa y promoción de los derechos humanos no tiene fronteras!

Centro de Amigos para la Paz invita a conferencia sobre el conflicto ruso-ucraniano desde una perspectiva de no violencia y derechos humanos

El Centro de Amigos para la Paz (CAP) y Ediciones Libres invitan a participar en una conferencia dedicada al análisis del conflicto bélico ruso-ucraniano, actividad que forma parte del ciclo de diálogos Geopolítica en tiempos de ruptura.

La conferencia se realizará el sábado 6 de junio de 2026 en las instalaciones del Centro de Amigos para la Paz, ubicadas en calle 15, entre avenidas 6 y 8, en San José. La actividad tendrá una duración aproximada de tres horas y estará abierta al público en general, tanto de manera presencial como a través de Facebook.

La exposición estará a cargo de Elías Chavarría Mora y se desarrollará en el marco del Ciclo de Diálogos y Análisis sobre el Escenario Global: Geopolítica en tiempos de ruptura, iniciativa que busca promover la reflexión crítica sobre los principales acontecimientos internacionales contemporáneos.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro abordará los conflictos armados y las políticas imperialistas actuales desde los principios de la no violencia activa y los derechos humanos, valores que orientan el trabajo del Centro de Amigos para la Paz.

Las personas organizadoras señalan que este ciclo de diálogos forma parte de la labor política y educativa del CAP, así como de su posición pública en contra de la guerra y a favor de la construcción de la paz, la resolución pacífica de los conflictos y la promoción de una cultura de no violencia.

La actividad constituye una oportunidad para analizar las implicaciones geopolíticas de la guerra en Ucrania y debatir sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en un contexto marcado por conflictos armados, tensiones entre potencias y transformaciones del orden mundial.

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026
Lugar: Centro de Amigos para la Paz, calle 15, entre avenidas 6 y 8, San José
Duración: 3 horas
Expositor: Elías Chavarría Mora

Organización de derechos humanos denuncia masacres en Honduras y exige investigación independiente

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) emitió un comunicado público en el que condena y denuncia las masacres ocurridas en las comunidades de Rigores, en el departamento de Colón, y Corinto, en Cortés, Honduras. La organización sostiene que los hechos representan una grave crisis de derechos humanos y advierte sobre un contexto de creciente militarización, violencia contra comunidades campesinas y debilitamiento de las garantías democráticas. En su pronunciamiento, exige investigaciones independientes, sanciones para los responsables materiales e intelectuales, medidas de protección para las víctimas y acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.

SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción.

Comunicado público

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), ante los gravísimos hechos de violencia y las masacres perpetradas ayer en el territorio nacional, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar su más profunda consternación, condena y denuncia:

Antecedentes y hechos

  1. Ataque previo y destrucción en Rigores (18 de mayo de 2026): El pasado lunes, la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, sufrió una violenta incursión por parte de elementos fuertemente armados que vestían uniformes de la Policía Nacional. Estos sujetos destruyeron y quemaron viviendas, enseres domésticos, herramientas y medios de transporte de niños y niñas para asistir a la escuela. Entre las víctimas se encontraba una joven mujer —quien ese día había denunciado públicamente en video la destrucción del sustento económico que con esfuerzo y préstamos financieros había construido para su familia—. Ella fue identificada posteriormente como una de las víctimas mortales.
  2. Masacre en la Comunidad de Rigores (21 de mayo de 2026): En horas de la madrugada de ayer, jueves, se consumó una de las agresiones más sangrientas registradas en los últimos años contra el sector campesino organizado. Supuestos elementos policiales ingresaron fuertemente armados disparando indiscriminadamente contra las familias de la comunidad de Rigores. Este acto de barbarie deja un saldo preliminar alarmante de más de 19 personas asesinadas con total crueldad y alevosía. Es sumamente preocupante que esta masacre ocurra en un contexto de reformas legales punitivas y discursos estatales orientados a la militarización bajo el argumento del combate al terrorismo, lo que profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales y los defensores de la tierra.
  3. Masacre en Corinto, Cortés (21 de mayo de 2026): Casi simultáneamente, alrededor de las 11:00 a.m. de ayer, se registró un violento enfrentamiento armado en la comunidad de Corinto, departamento de Cortés, que cobró la vida de al menos cinco agentes policiales y tres civiles, sumando un total preliminar de ocho víctimas fatales. Exigimos el esclarecimiento inmediato de los motivos de este hecho y la transparencia total en la divulgación de las bajas.

Consideraciones

  1. Impacto Humanitario y Psicosocial: Denunciamos el ensañamiento infligido contra las familias campesinas. El saldo de estas masacres se mide en vidas segadas, mujeres despojadas, madres en luto permanente e infancias profundamente traumatizadas tras haber presenciado el asesinato de sus padres y madres. El impacto psicológico en la niñez de Rigores constituye una violación flagrante a su derecho a la vida, integridad y desarrollo.
  2. Regresión a las Épocas más Oscuras: La gravedad de estos ataques contra el sector campesino organizado no tiene precedentes cercanos desde la etapa autoritaria comprendida entre 2009 y 2022, periodo marcado por altos índices de impunidad, despojo y violencia que alcanzaron su punto crítico en 2011 con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Alertamos que el actual Gobierno, cuya legitimidad cuestionamos desde su instauración, continúe rodeándose de figuras de la administración anterior y replicando lógicas represivas que fortalecen las dinámicas del crimen organizado y el desplazamiento forzado en la zona del Bajo Aguán y el norte de Honduras.

ACI participa exige:

  1. Investigación exhaustiva e independiente: Al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes, realizar de forma inmediata una investigación rigurosa, científica y transparente que permita la identificación, captura y enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de la masacre de más de 19 personas en la comunidad de Rigores.
  2. Requerimientos judiciales y deducción de responsabilidades: Que se aplique todo el peso de la ley y se emitan los requerimientos judiciales pertinentes contra todos los involucrados directos e indirectos, incluyendo de forma categórica a autoridades estatales, empresarios y estructuras ligadas al crimen organizado o la narcoactividad en la región.
  3. Cese de la violencia institucional y reparación integral: El cese inmediato del uso de la fuerza policial y militar orientada a la persecución de las comunidades agrarias. Exigimos una respuesta del Estado que garantice medidas urgentes de protección, asistencia psicosocial inmediata a las víctimas supervivientes y garantías de no repetición para el pueblo hondureño.

Llamado internacional

ACI PARTICIPA hace un llamado urgente y enérgico a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional, para que en el marco de sus mandatos de protección internacional se pronuncien con firmeza ante esta emergencia de derechos humanos y coadyuven en la veeduría y defensa del pueblo hondureño ante un alarmante repunte de la violencia estructural.

¡NO A LA PROMOCIÓN DE ASESINATOS SELECTIVOS EN HONDURAS!
¡NO MÁS MASACRES EN HONDURAS!
“POR EL RESPETO, LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, NI UN PASO ATRÁS, NI PARA TOMAR IMPULSO”.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 22 días del mes de mayo de 2026.

Sobre la política exterior de Costa Rica y la subordinación a intereses ajenos

Manifiesto del Instituto Sindical de Formación Política

El Instituto Sindical de Formación Política, en ejercicio de su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la dignidad de los pueblos, declara lo siguiente:

1. Costa Rica y su tradición pacifista

Costa Rica abolió su ejército en 1948, convirtiéndose en referente mundial de paz y desarme. Sin embargo, en los últimos años, nuestra política exterior ha mostrado una peligrosa contradicción: se han firmado propuestas de interacción militar continental que responden a la agenda de la llamada “Gran Norteamérica”, debilitando la esencia de nuestra tradición pacifista y democrática.

2. Subordinación a la política exterior de Estados Unidos

La política exterior costarricense se ha alineado de manera acrítica con los intereses de Estados Unidos, incluso en situaciones que la mayoría de países del mundo han condenado:

  • La tragedia humanitaria en Gaza, frente a la cual Costa Rica no ha matizado ni denunciado las violaciones de derechos humanos.
  • El bloqueo económico contra Cuba, rechazado año tras año por la Asamblea General de la ONU, pero aún respaldado por nuestro gobierno.
  • La guerra contra Irán, donde Costa Rica guardó silencio ante el bombardeo de escuelas e instalaciones civiles, y más bien expresó apoyo al gobierno de Donald Trump.

3. La herencia de la “república bananera”

Los trabajadores bananeros costarricenses, en sus huelgas históricas contra la United Fruit Company, llamaban “cipayos” a los capataces que se sometían a los dictados de la transnacional. Hoy, esa memoria nos interpela: seguimos comportándonos como una república bananera, subordinando nuestra política exterior a intereses ajenos, en detrimento de nuestra soberanía y de los derechos de nuestro pueblo.

4. Consecuencias económicas y sociales

Las decisiones temerarias de apoyar aventuras militares han derivado en crisis geopolíticas y energéticas, con efectos inflacionarios que golpean directamente a los trabajadores y consumidores costarricenses. El alza de los combustibles es prueba tangible de cómo la subordinación política se traduce en sufrimiento económico para la ciudadanía.

5. Responsabilidad de los gobernantes

Mandatarios como Rodrigo Chaves y Javier Milei, actuando como acólitos de Trump y Netanyahu, fueron de los pocos en el mundo en respaldar acciones irresponsables que hoy nos afectan a todos. La política exterior no puede ser un espacio de improvisación ni de servilismo, sino de defensa firme de los intereses nacionales y de los principios de paz que nos distinguen.

DECLARACIÓN FINAL

Costa Rica debe recuperar una política exterior independiente, soberana y solidaria, que:

  • Defienda los derechos humanos en todo contexto, sin selectividad ni subordinación.
  • Rechace bloqueos y agresiones contrarias al derecho internacional.
  • Honre nuestra tradición pacifista y de abolición del ejército.
  • Ponga en el centro los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía, no los dictados de potencias extranjeras.

El Instituto Sindical de Formación Política llama a la reflexión crítica y a la acción organizada para que Costa Rica deje de comportarse como una república bananera y recupere su voz propia en el concierto de las naciones.

San José, mayo de 2026 Instituto Sindical de Formación Política

Organizaciones latinoamericanas respaldan al Papa León XIV en su llamado por la paz mundial

Declaración: Nuestro apoyo a los esfuerzos del Papa por la Paz del Mundo

Queremos expresar nuestro apoyo a los esfuerzos y llamados que ha realizado el Papa León XIV por la paz en el mundo. No es la primera vez, sino muchas veces que la iglesia católica ha llamado a la paz y ha promovido que haya negociaciones pacíficas para encontrar soluciones a las controversias territoriales y la guerra.

Por lo mismo, rechazamos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusó de ser “terrible para la política exterior” y le pidió “concentrarse en ser un gran Papa, no un político”.

Recordamos que la política tiene por objetivo el bien común y no como fin la guerra. Es deber de todos los Estados, como de las iglesias y hombres de buena voluntad, trabajar por la paz y la fraternidad que debe imperar entre los seres humanos y entre los pueblos.

Saludamos y respaldamos al Papa León XIV que en abril pasado convocó a una vigilia mundial de oración por la paz, con el objetivo de pedir el fin de los conflictos armados en distintas regiones del mundo.

Saludamos la valentía del Pontífice quien aseguró que continuará pronunciándose “contra la guerra, buscando promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas”.

Nos sumamos y alzamos nuestra voz para que haya un alto al fuego en Ucrania-Rusia, Palestina, en Yemen, El Líbano, Israel e Irán, donde está involucrado los Estados Unidos, en Sudán, entre otros países que actualmente viven conflictos armados, y para que haya negociaciones de paz efectivas.

El gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos puede jugar un papel muy importante para la paz entre los pueblos y para eso no deben seguir enviando armas, no deben seguir atacando, no deben seguir siendo un país beligerante, sino deben convertirse en un actor fundamental en defensa de la paz.

Las iglesias y los cristianos del mundo tienen el deber ético de seguir alzando sus voces contra la guerra y contra la militarización y las veces que sea necesario invocar el derecho a la paz y a vivir un mundo entre hermanos y no enemigos.

¡¡No a la guerra, sí a la Paz!!

Alianza por el Desarme y la Justicia Social, Colombia

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile

CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Chile

Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAWChile

Corporación Concejo Providencial de Paz del Oriente Antiqueño, Colombia

Comisión de Paz, No Violencia, Antimilitarización de la Alianza CONVIDA-20

Educando Para La Sostenibilidad, Chile

Comité de DD.HH. y Ecológicos de Quilpué, Chile

Sobrevivientes de Tejas Verdes, Chile

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – Comosoc

Mesa Ecuménica por la Paz – MEP, Colombia

Fundación Latinoamericana por los DDHH y el Desarrollo Social (Fundalatin), Venezuela

Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social (IDHES), Venezuela

Fundavivienda, Venezuela

Red Ecuménica de Venezuela

Grupo Opción por los Pobres, Venezuela

Comité Oscar Romero – Chile

Fundación Pueblo Indio del Ecuador

Comisión de Vivencia, Fe y Política, Ecuador

Servicio Paz y Justicia Costa Rica SERPAJ CR

Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica

Firmas individuales: Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados de Políticos, Chile; Stella Calloni, periodista, Argentina; Daniela González, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Eduardo Bustamante, Colombia; Patricio Véjar, Chile; Abilio Peña Buendía, Colombia; Hervi Lara Bravo, Chile; Soraya Jiménez G., Colombia; María Eugenia Mosquera Riascos – Conpazco, Colombia; Juan Rodriguez B., Chile; Rafael Venegas C., Chile; Carmen Vargas Cuervo, Colombia; Constanza Guzmán, Chile; Andrés Figueroa Cornejo, periodista, Chile; Gloria Gomez, Colombia; Pablo Ruiz, periodista, Chile; Jorge Cisternas Zañartu, Chile; Verónica Espinoza Hernández, Chile; José Fabio Naranjo, Colombia; Emilie Teresa Smith, SICSAL-OAR, Canadá; Juan Alonso Reyes Caceres, Chile; Pelagia Rodriguez, Chile; Lucia Arredondo Alvarez, Chile; Ursula Fuentes, Chile; Teresa Toro Campos, Chile; Maria Isabel De Ferrari Fontecilla, Chile; Lucio Antonio Rodríguez, Colombia; Carlos Miranda Herrera, Chile, Claudio Rammsy García, Comité Oscar Romero SICSAL Chile; Raúl Rosales Carreño, Chile; Ana María de la Jara, Chile; Sergio Lorenzini, Chile; Jose Alberto Amesty Rivera, Costa Rica-Venezuela; Manuel Hidalgo, MIREDES Internacional, Chile: José Frias, Chile; Andrés Reyes Oyarzo. Comunidad Teológica del Sur, Chile; Israel Pérez Vargas, Chile; Valentina Pérez Carrillo, Chile; Myriam Pasten Carmona, Chile; Marco Antonio Marín Bernachea, Chile; Herly Bastías Zamudio, Mujeres Iglesia Chile; Fernando Barraza Barraza, Dirigente Social y Sociedad Civil, Chile; Magdalena Vargas Pieschacon, Colombia; Rosa Ester González, Chile; José Mulligan, S.J., Nicaragua; Víctor Cabrera, Chile; Juan Torres, Chile; Isabel Encina, Chile; Juana Patricia Zavala Matulic, Chile; María Jesús Rodríguez, Chile; Isabel del Campo Mullins, Chile; Antonio Alvear, Chile; Jorge Elkins, Chile; Jessica Liberona Tapia, Chile: Mario Puratic, Chile; Isabel Téllez, Chile; Paulina Téllez, Chile; María Eugenia Tellez, Chile; Mónica Cardozo , Chile; MarÏa LuiSa Alvarez Hott , Chile; Loreto Espinosa, Chile; Nidia Arrobo Rodas, Ecuador; Carmen Almarza, Chile; Maudilia López Cardona,Guatemala; Ángel Lag Amirola, España; Mercedes Mondaca Flores, Mujeres Iglesia Chile; Cecilia Cherrez, Ecuador; Nelly Arrobo Rodas, Ecuador; Blanca Graciela Gutierrez Gutierrez, Ecuador; Yomaira Sanipatin, Ecuador; Julio Gacino Macas Guaillas, Ecuador; Eugenia Potosí Pucahuayco, Ecuador; Alejandro Trapp, Chile; Olaya Pérez, Chile; Hernan Leemrijse y Comité Romero – Chile; Xavier Guachamín, Ecuador; Francisco Enriquez, Ecuador; Gustavo Enrique Cabrera Vega, Costa Rica; José Solano, secretario del Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; Olman Bolaños Vargas, Costa Rica; Marlene Quilumbango, Fundación Pueblo Indio del Ecuador; Alix caceres .ASODEMA.victimas del conflicto Armado de Colombia; Maria Carmen Gualán Medina, Ecuador; Martha Manrique, Ecuador; Marcela Zamora Cruz, Costa Rica; Pablo Vásquez, Chile; Angels Fabregues Morlà, España; Ana María Brito Bugueño, Chile; Maria Beatriz Rebolledo Carreño, Chile

Puede firmar en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1Sm8sRWqL3OxSDEgxBLDoCtBXXZ60ufWuyv3QSFlMmiQ/preview

El honor de “tomar Cuba” y el dilema de América Latina

Gilberto Lopes
San José, 24 de mayo de 2026

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, dijo el presidente Donald Trump, en marzo pasado. “¡Vea el lugar! Se está cayendo a pedazos, es un desastre”. “Podré hacer lo que yo quiera”.

Dos meses después, el pasado 20 de mayo, cuando los cubanos, en Florida, celebran una fiesta de la independencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, difundió en Youtube un mensaje al pueblo cubano. Ofreció cien millones de dólares en alimentos y remedios, distribuidos por la Iglesia Católica u otras organizaciones no gubernamentales, y una nueva relación con Estados Unidos. Lo único que se interponía en ese camino –aseguró– eran “quienes controlan su país”.

El mismo 20 de mayo, el Departamento de Justicia acusaba al expresidente cubano, general Raúl Castro (94), de asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos norteamericanos. Se trata de una vieja historia, de hace 30 años, cuando la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas del grupo opositor cubano “Hermanos al Rescate”, que desde hacía meses operaba desde Florida una campaña contra el gobierno.

La medida, similar a la que antecedió el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contribuyó a reforzar la presión de la administración norteamericana sobre el régimen cubano.

Para el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, no era más que “otra maniobra política, carente de todo fundamento legal”.

Gaesa y los miles de millones

Rubio exhibió ante los cubanos el éxito y la riqueza de algunos estadounidenses de origen cubano en los Estados Unidos, haciéndoles soñar que algo parecido podría ocurrir a todos, con el cambio de gobierno. Habló de una nueva Cuba, donde todos los cubanos –y no solo Gaesa, la empresa del ejército y del gobierno, o el Partido Comunista– tuvieran un banco, una gasolinera, un restaurant, una constructora, una estación de televisión. Un régimen democrático, como en Jamaica, Bahamas o República Dominicana, cuyos ejemplos exhibió ante los cubanos.

Gaesa, la empresa creada por el gobierno para manejar los recursos de una economía sometida a un bloqueo durante más de 60 años fue acusada de manejar miles de millones, mientras el pueblo sufre severa escasez.

“Mienten una y otra vez, sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante”, dijo Díaz Canel.

“Elegir a GAESA como enemigo principal es un golpe brillante”, estimó Fernando Ravsberg, periodista de origen uruguayo que hizo de Cuba su lugar de vida. Con eso “ya no hay que enfrentarse a la revolución, ni al gobierno, sino a un misterioso grupo empresarial ‘un estado dentro de otro estado’ que esconde su dinero mientras el pueblo pasa necesidades”.

“El problema es que hoy no se podrá frenar esta campaña mediática sin transparencia”, dijo Ravsberg. “GAESA debería poder brindar información al pueblo sin necesidad de exponer sus operaciones comerciales o sus socios en el extranjero”. “Esta sería una buena forma de desmontar esta campaña de comunicación que pretende enfrentar a cubanos contra cubanos, mientras las tropas de EEUU esperan el momento de entrar como salvadores”, agregó Ravsberg, uno de los más lúcidos periodistas cubanos, al que un par de vividores de la revolución (alguno ya fallecido) logró que le prohibieran el ejercicio del periodismo.

En su opinión, “Rubio necesita desesperadamente que los cubanos residentes en Cuba salgan a las calles de forma violenta, que la policía los reprima, que haya presos, heridos en los hospitales y muchos muertos”. Entonces, todas las opciones, incluyendo una intervención militar, se harían mucho más viables.

Apretando las tuercas o la amenaza de una intervención militar

Resulta difícil imaginar el desenlace de una situación provocada por un bloqueo que priva a Cuba de toda fuente de energía, desatando una presión inimaginable sobre la vida de la gente (como ya se vive hoy), sin que desate eso una rebelión contra el gobierno cubano.

Por ahora, Rubio apuesta por el alzamiento de una población agotada, sometida a una escasez insufrible y a una pobreza generalizada. ¡Por ahora!

Como lo contaba el New York Times el pasado 20 de mayo, “la gente se refería a una búsqueda diaria de alimentos, ya que era imposible mantener el refrigerador funcionando el tiempo suficiente para congelar la carne o conservar los alimentos frescos”. “Compraban comida en pequeñas cantidades diarias, a precios asequibles: cinco huevos un día, medio kilo de cerdo al día siguiente, un kilo y medio de pollo al otro”.

La basura se acumula en las calles porque no hay combustible para que los camiones la recojan. Según informes, hay personas que están muriendo o en muy malas condiciones debido a que los generadores de los hospitales están fallando”, resume Vivian Salama, periodista norteamericana, en entrevista a The Atlantic.

“La trayectoria actual corre el riesgo de desencadenar un período prolongado de deterioro humanitario y un sufrimiento lento, sin cambios reales para la gente”, dijo María José Espinosa, “experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA)” a la periodista de origen cubano, Carla Gloria Colomé, que escribe para el diario El País.

Díaz Canel recordó la reiteración de la orden ejecutiva que declara Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos. Y la aplicación de “aranceles irracionales” a los países que suministren petróleo a Cuba.

Ni Trump ni Rubio mencionan los efectos del bloqueo económico, que se ha aplicado durante décadas, cada vez más radical, produciendo exactamente lo que Trump señala: un desastre.

Si bien una intervención militar parece improbable, una mayor presión parece segura, mientras Washington trata de obligar el régimen a llegar a un acuerdo, decía la página Gzeromedia, el pasado viernes, 22 de mayo.

El artículo especula con la posibilidad de levantar las sanciones económicas a cambio de la apertura de la economía cubana. Y con un acuerdo que podría implicar la permanencia en el poder de muchos de los mismos gobernantes, “en lugar del cambio radical de régimen que las comunidades cubanas en Miami, e incluso el propio Rubio, podrían desear”.

Una opinión compartida por los académicos norteamericanos William LeoGrande y Peter Kornbluh que, en un artículo en la revista Foreign Affairs, afirman que la administración podría aceptar algo menos que un cambio de régimen.

¿Cómo en Venezuela? Es difícil imaginar algo así en Cuba. Encontrar algún sector del gobierno, o del partido, capaz de reemplazar a las autoridades actuales. Del mismo modo, cuesta imaginar cualquier cambio de gobierno sin que tropas norteamericanas ocupen el país. Y eso es otra cosa. Los cubanos afirman que no podría ocurrir sin un baño de sangre. Y con costos políticos difíciles de imaginar, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en el resto del mundo.

Un creyente en el futuro de la isla

No es nueva la aspiración del gobierno norteamericano de ocupar Cuba. Es una vieja historia, de más de un siglo, una aspiración permanente de incorporar la isla como otro estado norteamericano, o como un protectorado, sometido a controles políticos y económicos. Como en el siglo pasado.

La estrategia con respeto a Cuba está definida, además, en documentos como los anunciados por Jorge Mas Santos y la Fundación Cubano-Americana, que él preside.

Hijo de Jorge Mas Canosa (ya fallecido), un histórico dirigente opositor al que se atribuye particular empeño en la promoción de leyes que han radicalizado el embargo norteamericano a la isla, como la Helms-Burton, Mas Santos es un poderoso empresario de la construcción en los Estados Unidos. Y un referente de la oposición, muy cercano al secretario de Estado, al que calificó de “uno de los nuestros aquí en Miami”.

Mas concedió una entrevista a El País desde Miami, un día después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana, para presentar un ultimátum a las autoridades de la isla. La entrevista fue publicada el pasado 16 de mayo, por Iker Seisdedos, a quien Santos había hecho llegar dos documentos: una “Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de libre mercado” y un “Proyecto de Ley Fundamental para la transición democrática”.

Mas explica que la Carta “es un marco legal pensado para responder al gran interés de muchos inversores extranjeros que quieren ayudar a reconstruir. Son sugerencias para lo económico, pero también de derechos humanos, que permitan una transición hacia unas elecciones libres y una nueva Constitución”.

“Soy un gran creyente en el futuro de la isla”, afirma Mas a un periodista que (como Colomé y como la línea general de El País), está alineado con la oposición cubana.

Las dimensiones del negocio son enormes. La reconstrucción de Cuba yo la veo “superfácil”. “Hay que propiciar un marco en el que se incentive la inversión extranjera”. “Si hacen falta 40, 50, 60, 70 u 80 mil millones, sea la que sea la cifra, no será un problema”, dice Jorge Mas. Ninguna cifra será un problema.

Esa es la dimensión de los negocios que Mas y sus socios vislumbran en Cuba. Pero ni un centavo para los cubanos que hoy viven en condiciones dramáticas, como las descritas por el New York Times, por The Atlantic, o por el mismo El País, gracias al bloqueo a que tienen sometida la economía de la isla.

Mas está esperanzado. Nunca lo ha visto “tan cerca como ahora”. Gracias al liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio. “Todos esperamos que este sea el tramo final”.

Restablecer su dominio sobre América Latina

Colomé recuerda que Trump ha hablado de restablecer su dominio sobre América Latina, “de la necesidad de controlar lo que pasa en el patio trasero”, como afirmó el profesor de la Universidad de Miami, Michael Bustamante.

Este objetivo está contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional, que la administración norteamericana publicó en noviembre pasado. Un documento público de 29 páginas disponible en inglés para cualquier interesado.

En lo que se refiere al hemisferio occidental, el documento afirma que “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense”. Este “corolario Trump” de la Doctrina Monroe –afirma– “es una potente restauración del poder y las prioridades norteamericanas, consistente con los intereses de seguridad de los Estados Unidos”.

Es evidente el desafío que esa visión representa para América Latina. Enfrentados a la coyuntura actual, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la región se enfrenta a la amenaza del retorno de una regla colonial. “No es posible que alguien piense que es dueño de otros países. ¿Qué están haciendo ahora con Cuba? ¿Qué hicieron con Venezuela? ¿Acaso eso es democrático?” se preguntó.

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de “injustas” las sanciones norteamericanas a Cuba y defendió el derecho de su país a seguir prestando ayuda humanitaria y a mantener relaciones comerciales con la isla. Qué sentido tiene que se acuse a Castro por un hecho que ocurrió hace 30 años, se preguntó. “Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”.

El colombiano Gustavo Petro calificó “la agresión militar a Cuba como una agresión contra América Latina”.

¿Qué América latina?

¿A qué América Latina se refiere Petro? A una América Latina donde la derecha privatizadora de hace muchos años hace eco, desde el sur, del tono prevaleciente en Washington.

En cada país prevalece, con las características locales, una lucha política donde es esa derecha la que tiene la voz más clara, que sabe mejor lo que quiere, mientras el esfuerzo por construir una alternativa aparece todavía enredado en los hilos de un pasado relativamente reciente, que le aniquiló cuadros, pero, sobre todo, desarticuló el discurso alternativo.

Hay un escenario al que deberíamos poner atención: ¿Qué dice la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente? ¿Qué dice sobre el bloqueo a Cuba y la amenaza de invasión? ¡Hay que ver lo activa que está frente a la rebelión popular contra las medidas del gobierno de derecha, de Paz en Bolivia! ¿No sería inútil poner a debate el papel de esa institución para América Latina? Yo creo que sí.

El griterío de los Milei, de los Kast, de los Paz, no revela lucidez. Es muestra del desgaste de un argumento, mientras la falta de una respuesta a la altura alimenta una sensación de desconcierto que sobrevuela el escenario político de América Latina. La única región que parece aun ajena a la búsqueda de su lugar en un nuevo escenario multilateral. Un lugar distinto al que nos amenaza la “regla colonial” a la que hace referencia Lula.

FIN

Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

  1. Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.

  2. Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.

  3. Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.

  4. Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

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  94. Sigrid Lahmann Zeledón

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  96. Silvia Regina de Lima Silva

  97. Stella Chinchilla Mora

  98. Silvia Muñoz Mata

  99. Tatiana Chaverri Rodríguez

  100. Teresita Ramellini Centella

  101. Tiryth María Vindas Campos

  102. Vianey Madrigal Soto

  103. Vicenç Ornaque Lucea

  104. Virginia Vargas Acosta

  105. Vivian Solís Espinoza

  106. Viviana Machado Barquero

  107. Viviana Rovira Maruri

  108. Xavier Sánchez Aguilar

  109. Xenia Bolaños Chavarría

  110. Yamileth Torres Delgado

  111. Yara Hernández Rojas

Organizaciones:

  1. Feministas en Resistencia

  2. Detrás del Arcoíris

  3. Colectiva Me Pasó en la UCR

  4. Escuelita Hormiga de Estudios Libres

  5. Fundación PANIAMOR

  6. Menú Asesorías

  7. Somos Fuego CR

  8. Colectiva Guanadefensoras

  9. Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

  10. ASOPAM Una oportunidad para ti mujer

  11. Unidos por la CCSS

  12. DEI

  13. Colectiva Profesionales para la Ciudadanía

  14. Movimiento Valientes de Costa Rica

  15. Frente Nacional de Lucha

  16. Familia Penitenciaria Unida

  17. Asociación Transvida

  18. Centro de Amigos para la Paz

  19. Colectiva LesboFeminista Irreversibles

  20. Fundación Justicia y Genero

  21. CENDEROS

  22. JoseSo (Podcaster)

  23. Feministas Picos Rojos CR

  24. Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

  25. Alianza de Mujeres Costarricenses

  26. Mujeres por Costa Rica

  27. Grupo CEDAW Costa Rica

  28. Observatorio medios de comunicación y género, GEMA

  29. Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

  30. Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica

  31. Colectiva Coexistir

  32. Voces de Fe contra la Violencia de Género

  33. Mujeres de Fe organizadas contra el Femicidio

  34. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  35. Movimiento Reflexión en Acción-Costa Rica

  36. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  37. Secretaría de las Mujeres Frente Amplio

  38. Plataforma Mujeres lideresas fuertes y unidad en acción

  39. Unidas Talamanca

  40. Asociación para el mejoramiento y la calidad de vida de trabajadoras sexuales de Costa Rica (La Sala)

  41. MUSADE

  42. Las Guetas

  43. Red por los derechos de las mujeres

  44. Acción Feminista

  45. Asociación Feminista La Corriente

  46. Coalición Feminista

  47. Colectiva Talamanca Unida y Diversa

  48. Jóvenes lideresas, plataforma de lideresas de la municipalidad de San Carlos

  49. Movimiento Atardeceres

  50. Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia

  51. Organización Colectiva Feminista

  52. Térraba Brörán