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Etiqueta: derechos humanos

La resistencia comunal no duerme: ¡Por una educación digna que defienda el presente y futuro de nuestros hijos e hijas!

Carolina Zúñiga, ANEP.

Carolina Zúñiga Castro

En el ámbito de la educación de nuestra niñez y juventud, enfrentamos un sistema profundamente desafiante. Se ha trazado una ruta de la Educación imaginaria, marcada por recortes presupuestarios que culminan en una alfabetización escasa, casi nula. Esto no es accidental; es una estrategia que busca erosionar la capacidad crítica de las futuras generaciones.

¡Auxilio! ¿Qué sucede en el Circuito 01 de Desamparados, del MEP?

Hoy, el Circuito 01 de Desamparados se encuentra en un caos total. Los recortes presupuestarios, las Juntas de Educación que no logran resistir un sistema desgastante, las familias agotadas por los maltratos institucionales y una infraestructura en constante deterioro son la cruda realidad. La indiferencia de las autoridades ante esta situación es alarmante y se traduce en aulas superpobladas y migración a escuelas fuera de su comunidad, falta de materiales didácticos y un personal docente desmotivado y sobrecargado. Un ambiente laboral hostil que enferma al cuerpo docente.

El principio establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, que reza: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, no se cumple. Cientos de familias desamparadeñas vivimos en un estado de alerta constante por la educación de nuestros hijos e hijas. Nos preguntamos: ¿Están en buenas manos? La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. La calidad educativa se deteriora a pasos agigantados, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes.

Asistimos a un debilitamiento del pensamiento y del razonamiento. ¿Qué se busca? Una población adormecida, ¡claro! Es mucho más fácil dominar a las masas desde la ignorancia. No hay otra interpretación posible ante la crisis sistémica que estamos experimentando. Se fomenta la memorización por encima del análisis crítico, limitando la capacidad de nuestros estudiantes para cuestionar y proponer soluciones.

Condenamos la violencia institucional que transgrede los Derechos Humanos y que obstaculiza el acceso a políticas públicas, especialmente para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta violencia se manifiesta en la negación de oportunidades, la falta de apoyo a estudiantes con necesidades especiales y la precarización de las condiciones laborales de quienes luchan por una educación digna.

La lucha comunal vive y no está dormida, ni sumisa. Desde las bases, “los de abajo” nos levantamos para exigir el respeto a nuestros derechos y la garantía de una educación pública de calidad. No callaremos ante la injusticia y seguiremos alzando la voz hasta que se reconozca que la educación es la base de una sociedad justa y equitativa. La resistencia es nuestra arma más poderosa y la usaremos para construir un futuro mejor para todos.

Sala Constitucional ordena liberar a personas migrantes acogidas por Costa Rica tras ser deportadas desde Estados Unidos

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica resolvió parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus interpuesto en favor de un grupo de personas migrantes que, tras ser deportadas desde Estados Unidos, fueron admitidas por Costa Rica por razones humanitarias. Estas personas permanecieron en condición de privación de libertad en el Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM-SUR), ubicado en el cantón de Corredores, provincia de Puntarenas.

Según consta en la sentencia número 2025-19485, dada a conocer el pasado martes 25 de junio por la oficina de prensa del Poder Judicial, la mayoría de las magistraturas que integran la Sala concluyó que la retención de estas personas, sin una resolución administrativa individualizada, sin información sobre su estatus migratorio, sin acceso a asesoría legal y sin posibilidad de contacto con el exterior, constituyó una violación a sus derechos fundamentales.

La Sala determinó que la actuación de las autoridades migratorias, en especial en lo referente al mantenimiento de las personas en una condición equiparable a la detención, careció de fundamento legal suficiente y de respeto a las garantías básicas del debido proceso. Asimismo, el Tribunal señaló que se omitió informar adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a solicitar refugio en el país, conforme a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En consecuencia, la Sala ordenó al director general de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, que en un plazo de 15 días naturales proceda a emitir una resolución debidamente motivada para cada caso individual, en la cual se defina el estatus migratorio correspondiente. Además, se dispuso la liberación inmediata de todas las personas migrantes amparadas por la sentencia, y se solicitó la articulación de acciones interinstitucionales para la atención integral de sus necesidades en salud, educación, vivienda y apoyo social.

La sentencia también impuso al Estado costarricense la obligación de asumir el pago de costas, daños y perjuicios, los cuales deberán cobrarse mediante un proceso de ejecución en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El recurso fue tramitado bajo el expediente número 25-006713-0007-CO, y fue presentado por personas defensoras de derechos humanos que denunciaron que las condiciones en que las personas migrantes fueron mantenidas en el CATEM-SUR no respetaban los principios mínimos de dignidad, información y protección jurídica. El ingreso de estas personas al país se dio en el marco de un acuerdo bilateral con el gobierno de Estados Unidos, que permitió su admisión temporal por motivos humanitarios en febrero de 2025.

Cabe destacar que la decisión de la Sala no fue unánime. Las magistraturas Fernando Castillo, Luis Salazar y Anamari Garro emitieron voto salvado, declarando sin lugar el recurso en todos sus extremos. Argumentaron que la permanencia de las personas migrantes en el centro de atención respondía a un contexto migratorio y humanitario excepcional y que las medidas aplicadas no constituían una detención arbitraria. Asimismo, señalaron que no se acreditó que las personas estuvieran privadas de asistencia legal y que muchas de ellas ya habían salido del país conforme al plan original establecido por las autoridades costarricenses.

La sentencia refuerza el principio de que la condición migratoria de una persona no puede ser utilizada como justificación para restringir sus derechos fundamentales sin base legal suficiente, y reitera el deber del Estado costarricense de garantizar el respeto al debido proceso y a las normas de protección internacional aplicables a las personas migrantes, solicitantes de refugio o en situación de vulnerabilidad.

Defensoría de los Habitantes señala avances y pendientes en la atención a personas deportadas desde Estados Unidos

SURCOS recibió el siguiente comunicado de la Defensoría de los Habitantes:

Cuatro meses después de la llegada al país de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que destaca avances, pero también señala importantes pendientes en la atención de esta población vulnerable, particularmente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) Sur.

La institución subraya que la situación global de las migraciones implica múltiples riesgos, incluyendo abusos de autoridad, explotación y violaciones a derechos humanos. Ante esto, insiste en que los Estados deben liderar respuestas integrales con enfoque de derechos y participación multisectorial.

Desde febrero, la Defensoría ha recomendado al Estado costarricense una serie de acciones, como garantizar condiciones dignas de permanencia, alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países de origen, libertad de tránsito y un abordaje integral de necesidades. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, muchas han sido posteriormente implementadas.

Entre los avances señalados destacan:

  • Instalación de sábanas en los camarotes del CATEM Sur.

  • Mantenimiento y reparación del sistema de purificación de agua.

  • Sustitución del techo del centro con material aislante de calor.

  • Permiso de ingreso y salida para personas deportadas.

  • Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.

  • Opción de solicitar refugio.

  • Intervención del MEP para valorar alternativas educativas para menores.

La Defensoría también reconoce el esfuerzo del personal de la policía migratoria, aunque advierte sobre la necesidad de una mejor planificación de recursos y mayor transparencia institucional.

Sin embargo, persisten varios temas críticos que requieren atención urgente:

  • Definición del país de destino para personas deportadas que no pueden volver a su lugar de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.

  • Falta de traductores para atender adecuadamente a las personas deportadas desde EE.UU.

  • Ausencia de un abordaje institucional integral y constante, pese a la presencia del PANI e INAMU.

  • Falta de acceso a internet mediante Wi-Fi en el centro.

La Defensoría concluye reafirmando su compromiso de seguimiento activo para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.

Marcha del Orgullo Antifascista y Disidente este domingo en Parque La Merced

La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica ha convocado para este domingo 29 de junio, en el marco de la marcha del PRIDE, una manifestación con punto de encuentro en el Parque La Merced en el centro de San José a la 1:00 pm.

La convocatoria bajo el nombre de Marcha del Orgullo Antifascista y Disidente tiene como fin hacer frente a fenómenos como; el avance del fascismo, los discursos de odio cisheteroalopatriarcales, las guerras imperialistas y la profundización de la crisis capitalista.

La marcha también avoca a la causa por la liberación de Palestina, así como la liberación animal, de la tierra, pueblos y cuerpos de cada persona.

FRENASAPP organiza encuentro con personas afectadas por la producción piñera con el fin de conocer y tomar acciones frente a las problemáticas

El 30 y 31 de mayo de 2025 el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) realizó un encuentro con diferentes organizaciones, sindicatos y asociaciones de la Zona Norte, Zona Sur y el Caribe Norte para imaginar un futuro más allá de la piña.

En las actividades, donde también participaron miembros de la Universidad de Costa Rica y la Universidad para la Paz, se hizo un análisis en conjunto sobre la situación problemática que vive cada territorio a causa del monocultivo y la expansión del mismo. Aunado a ello, se construyeron acciones y estrategias conjuntas para incidir políticamente y enfrentar la contaminación ambiental y el abuso de los derechos humanos en las plantaciones.

Del mismo modo, se presentaron alternativas de agroecología y turismo rural frente a la piña.

Investigaciones demuestran, con evidencia empírica, violaciones a los derechos humanos en piñeras de Costa Rica

Las consecuencias negativas, para las zonas aledañas, del monocultivo en condiciones de explotación no son nuevas. En noviembre de 2022, la organización no gubernamental (ONG) Oxfam de Alemania publicó una investigación que confirmó que existen violaciones a derechos humanos y laborales en la agroindustria de piña en Costa Rica.

Resaltan que encontraron casos de explotación laboral, salarios que están por debajo de una remuneración digna, problemas de contaminación con químicos e incluso que existían represalias contra los trabajadores que deciden sindicalizarse o exigir sus derechos.

Tim Zahn, asesor político de Oxfam Alemania, manifestó que no es algo nuevo, pues en el pasado ya se han comprobado estos hechos y se mantienen las mismas irregularidades. Consideran que existe un doble discurso, cuando la industria asegura que cumple con una política de responsabilidad social empresarial, que incluye el respeto al medio ambiente y los derechos laborales; sin embargo, en la práctica no se cumplen estas disposiciones.

El asunto es si los consumidores alemanes saben que el banano y la piña que consumen es producto de explotación laboral. Los investigadores de Oxfam, señalaron que las empresas que venden en Alemania estos productos cuentan con certificaciones de cumplimiento y respeto de los derechos humanos (un tema muy cuestionado), y que deberían saber que entrará en vigor una nueva ley que exige a los grandes supermercados respetar los derechos humanos y laborales.

Hay que visibilizar la problemática”

Entre las personas que participaron de estas actividades existió un consenso: el de comunicar y difundir la situación problemática que está ocurriendo en cada una de las zonas a causa del monocultivo de piña para encontrar soluciones a esta.

“A mí me parece que estos temas hay que darlos a conocer, no solamente a nivel nacional, porque sabemos que las autoridades encargadas de tutelar los derechos de las personas afectadas de las diferentes formas por la violación de los derechos humanos de las piñeras, se hacen de la vista gorda, prácticamente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, diferentes instituciones no tienen ni tan siquiera las condiciones mínimas ni el poder político, prácticamente son un cascarón decimos nosotros, por lo menos yo puedo decir que están pintados en una pared y no tienen la más mínima voluntad.

Esto hay que llevarlo a nivel internacional para que se dé a conocer, principalmente en los países donde se está consumiendo la piña y otra agricultura como el banano. Ahí se pueden tomar medidas para que se exija a las empresas y países productores a que se respeten los derechos humanos. También unirnos más las comunidades, las organizaciones sociales, sindicatos para que juntos creemos un músculo social que podamos trabajar fuerte en la defensa de los derechos humanos”, mencionó Didier Leitón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (SITRAP).

Por su parte, refiriéndose a la relación entre las agencias de cooperación internacional y las corporaciones, Madeline Kiser y Óscar Beita Quesada, representantes del Movimiento Ríos Vivos, el Frente Nacional de Lucha y FRENASAPP resaltan:

“Del Monte, junto con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, se han formado una alianza. Y esa alianza ha cerrado espacios de conversación sobre qué sigue con la piña y por qué ya no podemos más con este modelo de cosecha y necesitamos otras opciones. Entonces el problema mayor es no poder tener la conversación que más urge.

En este momento creemos que es importante promover el diálogo directo con esas compañías, con esas corporaciones, el diálogo directo con los tomadores de decisiones que nos están llevando en esa dirección. El país tenía muchas cosas excelentes, todavía las tiene y todavía están ahí, pero cada vez están siendo decimadas las instituciones. Pensamos que el diálogo también hay que llevarlo a múltiples espacios internacionales y nacionales para que nos demos cuenta de que el país siempre se vende como un país verde. Y sí es un país verde, tiene muchas maravillas y todo, pero también tiene muchos problemas y desastres ambientales que se están creciendo y creciendo cada vez más. Hay que comenzar a desafiar este modelo que tienen que ser las cooperaciones que controlan la política de las cuencas”.

Este modelo de producción piñera intensivo a gran escala ha generado numerosos problemas socioambientales en la Zona norte, el Caribe Norte y Zona sur del país, según denunciaron las personas participantes. Las precarias condiciones labores, las afectaciones a la salud por el uso de agrotóxicos, malas prácticas de fumigación y la contaminación de fuentes agua figuran como las problemáticas más recurrentes.

“La problemática más grande que tenemos es la expansión piñera. Hasta la fecha tenemos 590 hectáreas que están rodeando el pueblo nuestro en Las Brisas de Upala. Vivimos entre piña 24/7.

Es difícil porque hemos estado tratando de meter recursos de amparo y otras acciones legales para que se termine lo que son los agroquímicos, los riegos aéreos y todo esto que afecta demasiado a la población, no contamos con la seguridad completa que se debería, porque la salud es lo principal en la zona y parece que las empresas, como que no están de acuerdo”, enfatizó Grace Serrano, quien forma parte de la Organización Preservando Ecosistemas, ubicada en la Zona Norte, en el cantón de Upala.

La revista académica AMBIENTICO de la Universidad Nacional de Costa Rica, señaló en uno de sus artículos que la producción piñera, tal y cómo se organiza por parte de las empresas transnacionales, genera altos efectos negativos que no se controlan y afectan de forma directa a la comunidad debido a la degradación de los recursos naturales.

Uno de ellos es la gran cantidad de agroquímicos que se utilizan; los cuales terminan contaminando fuentes de agua cercanas a las plantaciones; el mal manejo del suelo donde no hay control de erosión y reduce la capa fértil. Esto termina disminuyendo la capacidad del ecosistema de autorregularse e irrumpen la vida de las especies de flora y fauna.

¡Rechazamos la alianza política contra los derechos humanos de la clase trabajadora!

Comunicado de UNDECA

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) condena enérgicamente la aprobación de la vía rápida al proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica, una vergonzosa alianza de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República, varios diputados independientes, todos bajo la dirección del gobierno de Rodrigo Chaves.

Denunciamos este retroceso histórico como un golpe directo a los derechos humanos de la clase trabajadora costarricense. Esta intentona por extender las jornadas laborales, disfrazada de modernización y “voluntariedad”, representa una regresión de más de 100 años en las conquistas laborales que con sangre, sudor y lucha fueron conquistadas por el movimiento obrero nacional e internacional.

Este proyecto, además de inhumano, es inconstitucional y contrario a tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales, como lo han señalado con contundencia destacados juristas y expertos laboralistas. Las supuestas reformas introducidas por el PLN son cosméticas, decorativas y un fraude legal, destinadas a lavar la cara del proyecto, sin eliminar su carácter profundamente regresivo y explotador.

Rechazamos el mito de la «voluntariedad» del trabajador. En una relación laboral existe una asimetría de poder, y lo que se disfraza de elección libre es en realidad una imposición del patrono. La supuesta consulta laboral planteada no garantiza ni transparencia, ni independencia, ni protección contra la coacción patronal. Se trata de un mecanismo fraudulento para imponer jornadas inhumanas bajo presión y amenaza de despido.

UNDECA denuncia que esta embestida legislativa es producto de la presión ejercida por los grandes intereses empresariales de UCCAEP, que han torcido la voluntad política de partidos que históricamente decían defender al pueblo. Hoy se delatan como fieles servidores del capital.

Advertimos al pueblo trabajador: esta no es una reforma laboral, es una agresión directa a nuestros derechos, nuestra salud, nuestras familias y nuestra dignidad, eliminando el pago de horas extra, modificando la jornadas diurna, mixta y nocturna.

Llamamos a la movilización social, sindical y popular en defensa de la jornada de 8 horas, una conquista irrenunciable de la clase trabajadora, protegida por la Constitución Política, el Código de Trabajo y convenios internacionales de la OIT.

¡Ningún retroceso! ¡La jornada de 8 horas no se toca!
¡No al fraude laboral disfrazado de voluntariedad!
¡Sí a la dignidad, la salud y los derechos humanos del pueblo trabajador!

San José, Costa Rica
27 de junio de 2025

UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
Por la defensa de la salud, la dignidad y los derechos de la clase trabajadora.

La Orgía de los Gritos y las Plumas

(El precio social por salir del closet)

Por Víctor Valdelomar Mora

Hace unos meses vi a dos hombres caminar tomados de la mano por el centro de San José. Era la hora de salida del trabajo. Caminaban en medio del tumulto y no pasaba nada. Los vi alejarse y pensé que unos años atrás, probablemente, las personas se abrían detenido a mirarlos y una que otra, dirían comentarios condenatorios, por esa actitud desafiante a la moral pública “Que sean lo que quieran ser, pero puertas adentro” es la sentencia de un sector social que se niega a reconocer los derechos adquiridos por la comunidad de la diversidad sexual.

Recuerdo hace ya, por lo menos cincuenta años atrás, redadas policiales en centros nocturnos en los que se reunía la comunidad de la diversidad sexual.

El avance en su reconocimiento de sus Derechos Humanos ha eliminado estas prácticas discriminatorias. Además de que, hace treinta y cinco años, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, eliminaron la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

Sin embargo, los prejuicios están muy arraigados en nuestra sociedad conservadora.

Hoy día persiste la defensa de la llamada “terapia de conversión”, que es una supuesta terapia para “hacer normal” a los homosexuales, a pesar de que la ciencia ya dijo que no hay nada que curar.

“La Orgía de los Gritos y las Plumas” es un espectáculo teatral que retrata las peripecias de un grupo de amigos gay luchando contra las ideas de un hombre alimentado de prejuicios que le permiten sostener su precaria hombría ante las firmes ideas del grupo gay.

Los creadores de esta pieza teatral (dramaturgo, director y actores) muestran sin complejos ni restricciones, un grupo gay empoderado, envueltos en sus conflictos sentimentales, pero dispuestos a reír de cada arremetida que intenta condenarlos …y por supuesto, invitar también a la risa del público que comprende el absurdo de esa condena.

Lo demás, sería contar la historia, pero el objetivo de este artículo es, precisamente, invitarlos a presenciar esta comedia de enredos, en Teatro El Refugio 506, el viernes 27 de junio y el viernes 4 de julio, a las 8 pm. Puede reservar su entrada al teléfono 6074 31 78.

Orgullo y lucha

Declaración de la OIDH ante el ataque del gobierno a la Marcha del Orgullo 2025

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos (OIDH) expresa su más enérgico rechazo a los intentos del gobierno de obstaculizar la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ convocada para este domingo 29 de junio en San José. Bajo pretextos moralistas disfrazados de preocupación por la niñez, se pretende reprimir nuestro derecho a la manifestación, buscando congraciarse con los sectores más conservadores de la sociedad.

Denunciamos con claridad que esta acción no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del gobierno, que recurre a tácticas de censura y desinformación para encubrir las acusaciones penales que pesan sobre algunas de sus figuras. En lugar de rendir cuentas ante el pueblo, se opta por criminalizar la diversidad.

Recordamos que los derechos humanos no se negocian.

Nuestro derecho a existir, a celebrar, a marchar, a amar y a protestar está protegido por tratados internacionales, por la Constitución Política de Costa Rica y por la historia viva de nuestras luchas.

La Marcha del Orgullo no es solo una fiesta: es memoria, es resistencia, es afirmación política. Venimos de décadas de exclusión, de silencios impuestos, de armarios forzados y de muertes impunes. Y aun así, aquí estamos.

Este 29 de junio, a las 12 del mediodía, caminaremos de La Sabana a la Plaza de la Democracia, no solo como acto de celebración, sino como afirmación de que existimos, resistimos y no daremos ni un paso atrás.

ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE.

San José, junio de 2025.
Marco Castillo Rojas
Presidente
Organización Interseccional pro Derechos Humanos

Sitrapequia condena ataques del presidente Rodrigo Chaves contra dirigente sindical Tyronne Esna

Durante la conferencia de prensa realizada el pasado miércoles en Casa Presidencial, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitió comentarios peyorativos contra el dirigente sindical Tyronne Esna, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y miembro del sindicato Sitrapequia.

Según denunció Sitrapequia, las críticas del mandatario se originan por la oposición firme que expresó Tyronne al proyecto de ley conocido como “Jornadas 4-3”, el cual es impulsado por el Ejecutivo. Desde el sindicato se rechazan las palabras del presidente por considerarlas una muestra más de una actitud reiterada de irrespeto hacia el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y, particularmente, los derechos laborales.

“Para Sitrapequia es un orgullo que nuestro compañero Tyronne provoque tanta ira en el presidente de la República por defender valientemente los derechos laborales de todas las personas trabajadoras”, expresó el sindicato en un pronunciamiento público de su secretaria general Hazel Hernández Coronado.

Sitrapequia insiste en que el proyecto de ley de Jornadas 4-3, lejos de representar una mejoraCo, promueve la precarización de las condiciones de trabajo, la sobreexplotación y una disminución en la calidad de vida de las familias trabajadoras. Por ello, respaldan la posición de su representante en el INA y llaman a rechazar cualquier intento de represalia.

Desde el sindicato reiteran su compromiso con la defensa de los derechos laborales y con el sindicalismo ético y combativo.

Compartimos el video:

Solidaridad con el magisterio y pueblo panameño – Red SEPA

Comunicado

¡No más represión!

¡Por dignidad, soberanía y derechos!

Desde la Red Social para la Educación Pública en las Américas-Red SEPA, alianza que defiende y lucha por la educación pública, intercultural y gratuita, destacamos el compromiso del magisterio y pueblo panameño junto a comunidades indígenas que ha posibilitado sostener un conjunto de movilizaciones, plantones y otras acciones propias del Derecho Humano a la Protesta Social, ante un gobierno que responde a toda demanda popular con la represión, decisiones inconsultas violentando las normativas nacionales e internacionales.

A partir del 23 de abril, 2025, el magisterio nacional convocó a Huelga General, como derecho del pueblo panameño de luchar por la derogación de la Ley 462 que atenta directamente contra el sistema financiero en defensa de la Caja del Seguro Social (Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)); contra la reapertura de la minera de capital canadiense clausurada en el 2023 gracias a la lucha popular que detuvo la vulneración de la soberanía, los embalses y expulsión de las comunidades, triunfo que el gobierno hoy intenta revertir.

Es por ello, que manifestamos nuestro rechazo ante la ola de represión sin precedentes comarcas indígenas y el sector bananero, sufriendo violentas incursiones policiales y detenciones arbitrarias de líderes indígenas en las comunidades de la Comarca Ngäbe-Buglé en Panamá, especialmente en los pueblos Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado.

Lo anterior, provocando cientos de víctimas heridas y la muerte de Arcenio Agrego, joven adolescente indígena asesinado por fuerzas policiales del gobierno de Mulino, en El Pueblo Emberá de Arimae, Darién, denunciado por Congreso General de Gunayala, integrante de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).

A esto se suma, las respuestas de la ministra de educación, Lucy Molinar, dejando sin salario al magisterio en lucha, amenazando con despido masivo a partir del lunes 23 de junio. Ante lo cual, el magisterio nacional convocó el pasado martes 17 de junio, a una marcha nacional el día jueves, para concentrarse en la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen cinco amparos de garantía sobre los secuestros salariales y no han dado respuesta, en un contexto de primer acercamiento con autoridades del gobierno y de la iglesia católica donde esperamos que haya verdadera voluntad política de escuchar al magisterio y pueblo panameño.

Denunciamos que el miércoles 18 de junio, se une una acción más de represión, persecución selectiva y detenciones arbitrarias, contra Felipe Cabezas, abogado y dirigente colonense, incansable defensor del pueblo; contra docentes como maestra Guadalupe Camargo, Directiva de AEVE, Iván Rodríguez, Raúl Gutiérrez, Alexis Guevara y Ricardo Andrade.

Reiteramos nuestro apoyo solidario a la legítima lucha encabezada por la ALIANZA PUEBLO UNIDO POR LA VIDA, en general y a la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), de la cual forma parte nuestra hermana organización Frente reformista de Educadores de Panamá (FREP), a la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) y al Frente de Acción Magisterial (FAM) donde forma parte la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF).

Instamos al presidente José Raúl Mulino para abrir un camino de diálogo que conduzca a escuchar y tramitar estas justas reivindicaciones. A su vez, a detener de inmediato la campaña de criminalización contra dirigentes indígenas y sindicales como Saúl Méndez, Genaro López y Jaime Caballero; contra dirigencia estudiantil, como Eduardo García, del grupo estudiantil FER29, expulsado sumariamente de la Universidad de Panamá; incluso, confiscando cuentas bancarias de sindicatos y cierre la cooperativa. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con la familia del joven adolescente del pueblo Emberá de Arimae, Darién, asesinado por defender las justas causas de este movimiento nacional de lucha.

¡Alto a represión, persecuciones selectivas, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización contra el magisterio, sector obrero, de salud, comarcas indígenas y pueblo en general quienes luchan por justicia, dignidad y soberanía!

¡Respeto a los pueblos indígenas Ngöbe del Oriente Chiricano, Bocas del Toro y Emberá de Arimae!

¡Esta Caja tiene dueño, es del pueblo panameño!

¡No a la minería contra las comarcas y comunidades indígenas!

¡Por una educación de los pueblos y para los pueblos!

¡Sin lucha no hay victoria!

¡Pueblo panameño: firmes 55 días de huelga nacional!

Por la Red Social para la Educación Pública en América:

Steve Stewart
Secretario Técnico
19 de junio de 2025.