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Etiqueta: derechos humanos

Cuatro magistrados exhiben su racismo al no permitir la consulta indígena para el Protocolo de Nagoya

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • La importancia del voto de minoría de tres magistrados que estiman que es necesario consultar a los pueblos indígenas.

  • País se expone a que las organizaciones indígenas lleven este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(Bloque Verde 20 de junio 2023) En un reñido voto de cuatro contra tres la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154 da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa. Los tres magistrados consideran que es necesaria la consulta indígena según lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y refuerza la posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto que la ausencia de consulta si vulnera los derechos de los pueblos originarios.

Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro demostraron que la Sala Constitucional tenía un línea jurisprudencial que considera obligatoria la consulta indígena en casos de que una medida legislativa o administrativa es susceptible a afectar a los pueblos indígenas. Esta jurisprudencia lamentablemente se rompió con esta resolución que niega justamente la consulta a los pueblos originarios.

El dictamen de minoría también deja claro que la forma en la supuesta consulta hecha desde la Asamblea Legislativa no cumplió lo dispuesto en el Convenio 169. Hay que recordar que este procedimiento se realizó mediante envío por correo electrónico a las asociaciones de desarrollo de los 24 territorios indígenas con un plazo de ocho días hábiles. En este sentido los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro insisten en que “no se constituye como un método idóneo para garantizar la efectiva participación y opinión de las comunidades indígenas y el correspondiente deber de consulta”

El Protocolo de Nagoya acelera procesos de desposesión por medio de mecanismos de mecanismos de propiedad intelectual como las patentes y los derechos de obtentor (como UPOV) sobre los conocimientos de los pueblos indígenas. Este tratado internacional provoca que los bienes comunes, entre ellos los recursos de la biodiversidad y conocimientos asociados, considerados como dominio público, de origen ancestral, hereditario y otros de soberanía del Estado, sean adjudicados como bienes patrimoniales del dominio privado.

Este proceso en vía de ratificación por la Asamblea Legislativa es a todas luces racista y discriminatorio porque afecta de manera negativa a las personas portadoras de conocimientos, en su mayoría adultas mayores de las comunidades. Pretende apropiarse de sus saberes y prácticas cotidianas heredadas ancestralmente, hasta el punto de patentarlas. Esto también niega la posibilidad de las futuras generaciones del goce de ese conocimiento ancestral.

Dentro del Protocolo de Nagoya quedan muy claras las formas de apropiación de esta riqueza cultural, lo que no queda para nada claro son las formas de “repartos de beneficios” que menciona insistentemente los propulsores de esta iniciativa. No está estipulado cómo la patente por parte de un tercero del uso de una planta, bacteria, hongo, insecto o animal va a “traer beneficio” a los pueblos que la han descubierto y resguardado por siglos o quizá milenios. Esto no fue preocupación de los y las legisladoras impulsoras de este proyecto.

Instamos a las organizaciones indígenas a llevar este caso de racismo judicial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar esta injusticia estructural dentro del más alto tribunal de justicia costarricense.

La aprobación de la jornada 4 x 3, vendría a afectar gravemente la salud y entorno familiar de los trabajadores agrícolas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Gerardo Villalobos expone su oposición a la jornada 4×3. Considera no poder cumplir una jornada de 12 horas, pues tiene una hija a quien debe recoger de la escuela todos los días, además de padecer de hipertensión. Por lo cual, le pide a los diputados que no aprueben la ley de la jornada 4×3.

Para escuchar a Gerardo ingrese en el siguiente enlace: https://fb.watch/k-x20aTMB-/?mibextid=v7YzmG

Represión en Jujuy, Argentina y llamado a respetar derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Cintia Guari de Abra Pampa, fue estudiante abanderada de la escuela de su pueblo, actual estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias fue reprimida y está detenida por defender nuestra tierra.

Es un reclamo docente por sueldos dignos, es un reclamo de todos los gremios por un salario digno, es un reclamo de los pueblos originarios por sus tierras, es una lucha del pueblo jujeño que no va a permitir más atropellos ni amenazas, porque la reforma de una constitución provincial nos afecta a todos.

Por su parte, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, la CTA, y congresistas repudiaron la represión en Jujuy. Esto ante las protestas dado el impulso por parte del gobierno local de una constitución que viola derechos. El detalle en el siguiente video:

Enviado por IVONNE YUGRA de Jujuy Argentina.

Declaración de Heredia – XVIII Congreso Centroamericano de Sociología

Escrito en . Publicado en Análisis.

“Alternativas y resistencias frente a la erosión de los derechos humanos y democracias en el Istmo centroamericano”

Las sociólogas y sociólogos participantes en el XVIII Congreso Centroamericano de Sociología ACAS-2023, realizado en Heredia, Costa Rica, entre el 5 y 9 de junio 2023, evidenciamos y analizamos en los diversos ejes y mesas de trabajo, nuestras realidades y las complejas problemáticas que aquejan a nuestra región.

A la comunidad académica y sociedades centroamericanas y latinoamericanas,

EXPRESAMOS:

1. Nuestra profunda preocupación ante el deterioro y precarización de las condiciones de vida de las mayorías poblacionales en los países centroamericanos, cuyas causas históricas son las estructuras que sostienen modelos de desigualdad, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ+.

2. Estas condiciones se han agravado a raíz de las medidas neoliberales desde hace más de tres décadas, y de la pandemia del COVID 19 que vino a develar esas estructuras y a profundizarlas, abriendo nuevas brechas como la brecha digital y provocando un incremento de la pobreza y de las migraciones en condiciones de riesgo.

3. Nuestra indignación ante el avance de medidas que fortalecen los autoritarismos basados en fundamentalismos religiosos, que derivan en represión, restricción de libertades de expresión, pensamiento, asociación y de locomoción, persecución de activistas, defensoras y defensoras de derechos y del territorio, también de periodistas, intelectuales y operadores de justicia que han debido exiliarse por amenazas a su integridad. Esta situación es especialmente grave en Nicaragua donde, desde el 2018, se han clausurado más de 3mil organizaciones sociales, universidades y aproximadamente trescientas mil personas han salido de su país, y cientos de estudiantes, docentes, investigadores y activistas han enfrentado cárcel, destierro y últimamente la desnacionalización y confiscación de sus bienes.

4. Expresamos nuestra enérgica protesta ante la situación dada en Guatemala, donde fue violentada la autonomía de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, al imponer a una autoridad de manera ilegal e ilegítima. Esto pone en riesgo la garantía del derecho a la educación superior de las y los jóvenes en ese país, y plantea un peligroso precedente para otras universidades en la región.

5. Condenamos la violencia contra las juventudes, la niñez, las mujeres, en todas sus formas, cuya expresión más extrema es el juvenicidio y el feminicidio, pero que incluye el acoso, la violación, los embarazos y maternidades forzadas incluso en niñas y adolescentes. También rechazamos la violencia política que las excluye de los espacios de participación política, económica, laboral, cultural y académica. Señalamos el enorme costo para la autonomía de las mujeres, al ser restringidos sus derechos sexuales y reproductivos.

6. Denunciamos los límites de la democracia formal a través del debilitamiento de los sistemas electorales de nuestros países que no están garantizando la voluntad ciudadana y popular; por el contrario propician el fraude electoral, los modelos autoritarios, la corrupción a todos los niveles como producto de los financiamientos ilícitos, que resultan en gobiernos que sirven a los intereses de los grupos de poder, nacionales y foráneos.

7. Expresamos nuestra preocupación y denuncia ante la falta de interés de los Estados de la región centroamericana para garantizar el desarrollo de la sociología, como una ciencia fundamental para el estudio, comprensión y transformación de nuestras sociedades. La eliminación de las materias de sociología en la formación de profesionales, de carreras y centros de investigación, la invisibilización de la disciplina en los ámbitos de la producción y cultura nacional, y los bajos o nulos presupuestos destinados para la investigación social. Asimismo, nos solidarizamos con las/los académicas/os que están siendo perseguidos y criminalizados por su posicionamiento crítico.

En esta coyuntura regional llamamos a:

1. Fortalecer los espacios académicos y asociativos ante el avance de las medidas autoritarias que están erosionando los derechos humanos, políticos, cívicos, económicos, educativos, culturales, ambientales y que atentan contra la vida digna de las mayorías en la región centroamericana.

2. Renovar el compromiso ético con el análisis y construcción de nuevos paradigmas y propuestas sociales y políticas que transformen nuestra realidad, reivindicando la justicia epistémica económica, política, social y sexual.

3. Consolidar alianzas regionales e internacionales con las universidades, escuelas de sociología, Centros de Investigación Internacional, redes, asociaciones y organizaciones de sociólogas y sociólogos, y de otras disciplinas, organizaciones de sociedad civil, pueblos originarios, movimientos feministas, ecologistas, sindicatos, movimientos estudiantiles y otras expresiones del movimiento popular organizado.

Heredia, 9 de junio 2023

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Salud, Trabajo.

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y  refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a  considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
  2. Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
  3. Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
  4. Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
  5. Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias.  Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
  • Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
  • Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
  • Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
  • Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.

Sindicatos ANEP y SITRAP denuncian violación de derechos humanos en Plantaciones Bananeras del GRUPO ACON certificadas por Rainforest Alliance

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Ante el llamado de personas trabajadoras de fincas bananeras en Siquirres Limón, Freeman 01 y 02 de la empresa Limofrut S.A propiedad del denominado GRUPO ACÓN, una delegación de SITRAP y ANEP nos hicimos presentes en los baches de la finca el día miércoles 07 de junio para escuchar a las personas trabajadoras, las personas entrevistadas denuncian las graves violaciones de derechos humanos prácticamente están en estado de esclavitud como sucede en algunas plantaciones bananeras.

Según los trabajadores en estas fincas hay grandes grupos de trabajadores que laboran para esta empresa GRUPO ACON atravez de una empresa contratista denominada Company Ceskey Sociedad Anónima, el cargo de presidente de esa sociedad es ocupado por el señor Cesar Rodolfo Colman Arce.

  • Indican que hay muchas personas nicaragüenses trabajando con documentos de personas costarricenses, que la forma de obtener los documentos de los nacionales, es cuando estos llegan a buscar trabajo, les toman los datos, y para cuando llaga un compañero nicaragüense a buscar trabajo, lo contratan con los papeles del costarricense, pero el trabajador nicaragüense, ni tan siquiera conoce al costarricense del cual tiene su nombre.
  • Que el pago se lo depositan a los nicaragüenses en una cuenta de un trabajador costarricense del mismo contratista que tiene cuenta en el Banco de Costa Rica, al cual le paga una comisión para que le saque el pago del cajero del banco.
  • Que cuando una persona está enferma por un riesgo de trabajo sufrido en la finca o por alguna otra enfermedad, en mismo contratista le presta dinero, del cual le cobra una gran comisión por interés, lo peor es que también le rebaja la cuota del seguro social.
  • Que el contratista les da una tarifa de una labor, por lo que los trabajadores se esfuerzan para alcanzar un salario regular, pero cuando les pagan, les indican que la tarifa es muy inferior.
  • Que señor contratista altera los montos de los rebajos por concepto del servicio que da la fonda, o sea les hace deducciones superiores a que realmente consumen.
  • Estas personas denuncian que muchos trabajadores que han laborado por varios años, les hacen las deducciones de las cuotas obrero patronales y no las trasladan a la Caja Costarricense del Seguro Social.
  • No les pagan aguinaldo, vacaciones, no les reconocen días feriados, horas extra, cesantía etc, etc.
  • Nos informan dos de los trabajadores que denunciaron las violaciones laborales y de las acciones a todas luces ilegales, que, como represalia por la conversación con nosotros, el contrista los despidió y le ordenó al fondero o persona que le vende la comida a las personas que viven el en baches, (casas de solteros) que no les dé más servicio de la comida.
  • Es importante mencionar que este grupo empresarial GRUPO ACON cuenta con más de 33 fincas bananeras y piñeras en el Caribe, Puerto Vejo de Sarapiquí y Zona Norte, según la información que dan los trabajadores, este contratista opera en más de 10 fincas de esta empresa, y al parecer la situación es muy similar.

Por lo anterior solicitamos lo siguiente:

  • Que la empresa GRUPO ACON interceda para que no se desaloje a los trabajadores del bache, y se les mantenga el trabajo de forma directa por la finca a todos los trabajadores de este contratista.
  • Se les reconozca todos los derechos laborales de los años laborados para la empresa a través del contratista.
  • Que la empresa elimine de forma inmediata la contratación por medio de los contratistas.
  • Que el Ministerio de Trabajo inicie una inspección profunda en las fincas donde opera este contrista, además que se tenga al sindicato SITRAP y ANEP como parte en el proceso.
  • A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos condenar estas acciones ilegales, exigir a la empresa y al gobierno resolver estas injusticias que se está cometiendo contra las personas trabajadoras en estas fincas.

Atentamente

Didier Alexander Leitón Valverde.
Secretario General SITRAP.
Correo electrónico: secretariageneral@sitrap.net
SITRAP integrante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales (COLSIBA)
SIN CONVENCIÓN COLECTIVA…NO HAY DEMOCRACIA CC. M T S S SITRAP: 50 años de lucha en la defensa de los derechos de la clase trabajadora de las plantaciones agrícolas en Costa Rica.
“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” Josep Pla.

Mensaje de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado oficial

El proceso llevado a cabo por DINADECO en Cabagra no es culturalmente apropiado y no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos que protegen a los pueblos indígenas, preocupa los temas de seguridad, paz y convivencia pacífica en este contexto.

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con fundamento en su Ley de creación N°5251, le compete pronunciarse en protección del pueblo indígena Bribrí de Cabagra. Manifiesta, que el procedimiento seguido por DINADECO violenta los derechos culturales de los pueblos indígenas reconocidos nacional como artículo 1 de la Constitución Política y la Ley Indígena e internacionalmente como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (supraconstitucional para Costa Rica). Se denota desconocimiento, de carácter riesgoso en derechos, ante las medidas tomadas para apresurar la asamblea de este territorio del 10 de junio 2023, poniendo en peligro sistemas propios culturales del pueblo Bribrí.

La institución considera de gran importancia empoderar al territorio de Cabagra a realizar procesos en mira de la transparencia y anticorrupción. Sin embargo, se debe cumplir con los estándares internacionales donde se procure respetar los principios de autodeterminación y autonomía, procurando con ello que no se ponga en riesgo la participación legítima de las personas indígenas, así como la protección contra personas no indígenas con intereses particulares que puedan amedrentar los espacios propios de las personas indígenas, tal como lo indica las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en su apartado de Libre determinación, autogobierno y participación política (A/HRC/51/28/Add. 1) y el dictamen de la procuraduría «… por ello es inconcebible que personas no indígenas puedan participar de ellas por ejemplo, en la asambleas generales, en mucho menos, que se les permita acceder a puestos de decisión como la Junta Directiva, o aún representantes por las asociaciones ante otras entidades…» (C-045-2000 del 9 de marzo del 2000)

Es por esto que la CONAI hace un llamado a las instituciones en este caso DINADECO a respetar su resolución del 29 de marzo del 2023, cumpliendo la consulta según los estándares internacionales antes de convocar a asamblea según la resolución DDN-RE- 035-2023 en donde su parte dispositiva resolvió: La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con fundamento en los hechos expuestos y consciente del perjuicio en la comunidad, estima anular el nombramiento de la Comisión para la Revisión y Conformación del Padrón de Afiliados de la ADII de Cabagra y el Grupo de Mayores citado, así como sus actuaciones, con el fin de replantear el proceso seguido y garantizar que situaciones tan gravosas no se vuelvan a dar. En este cometido, de previo a determinar las acciones a seguir, con miras al objetivo de depurar el padrón de afiliados de la ADII, que permita la celebración de una nueva asamblea que elija su junta directiva, la institución consultará a distintas instancias territoriales e institucionales con la finalidad de que el proceso a seguir sea respetuoso de la autonomía, costumbres y tradiciones intrínsecas del Territorio Indígena de Cabagra. 

Rutas y hechos en torno al Mes del Orgullo – en Saber Vivir este lunes 12

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Durante el mes de junio se conmemora el Mes del Orgullo, por eso este lunes 12 de 8 a 9 am en Radio UCR 870 AM, tendremos una importante conversación acerca de los acontecimientos y hechos de la conmemoración de esa significativa fecha para la comunidad LGBTIQ+, así mismo, en torno a las líneas y rutas que ha tomado esta celebración.

Participarán Marco Castillo Rojas y Rodrigo Campos de OIDH-CR y Gloriana Rodríguez, directora de Saber Vivir.

Podrás unirte a la transmisión en vivo en las páginas de Facebook de Radio 870UCR y de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica.