Querido Jesús, en estos días que conmemoramos tu nacimiento queremos pedirte, con Fe y Esperanza, que llenes de Sabiduría, Buena Voluntad y Solidaridad a las DIPUTADAS y los DIPUTADOS del Congreso de Costa Rica para que aprueben la Ley de Protección al Derecho de Titulación de los Ocupantes en 150 metros de zona marítimo terrestre, proyecto 22.796 que está en lista del plenario.
Tu viviste entre pescadores y conoces las muchas vicisitudes de ese oficio, que les forma un carácter fuerte, tenaz y de confianza en Ti. Conoces de las amenazas y los tiempos de tormenta que hemos vivido las familias costeras ante la codicia por nuestras parcelas. Ayúdanos Señor Jesús.
Por años las gentes del mar hemos resistido a las artimañas de intereses económicos por nuestra tierra, pero Tú sabes Señor Jesús, que no todas las personas lo han logrado y que, ante la brutalidad de los desalojos, demoliciones y el despojo de los elementales Derechos Humanos Universales, algunas personas se han suicidado y otras han caído en la locura.
No es justo Señor.
Acuérdate en especial del sufrimiento de Doña Virginia de Montezuma y de Bubba de Puerto Viejo, que enfermaron hasta morir, cuando les anunciaron el desalojo de la casa que les vio nacer a ellas y a sus hijos. Como ellas, son miles de personas que vivimos ese drama de perder vivienda y fuente de ingresos.
Ayúdanos Señor Jesús.
Son 57 diputados y diputadas, algunos distorsionan nuestra realidad con mitos e interpretaciones erróneas en relación a la zona marítimo terrestre ¿Cómo le hacemos Señor?
Danos una manita Señor Jesús, para que sus mentes se abran y logren un análisis integral de nuestra situación y en especial que nuestros diputados reconozcan que la titulación es la solución adecuada y justa para conservar todo lo que hemos construido en esta tierra que amamos y a la que hemos llegado bajo tu amparo.
Ayúdales a entender que los tecnicismos no deben socavar derechos fundamentales los cuales deben interpretarse en la forma más amplia y extensiva en todo lo que favorezca la libertad y restrictivamente en todo lo que la limite. Al igual que por el principio “pro homine” el derecho debe interpretarse y aplicarse de la manera que más favorezca al ser humano
Fortalece la conciencia social y el compromiso de representación de esas 57 personas que tienen en sus manos, con su voto, otorgarnos el derecho al título de propiedad del que depende nuestra vida y todo eso que hemos construido en nuestras comunidades, aquí junto al mar.
Te lo suplicamos Señor.
Firma: 50mil familias de las comunidades costeras de Costa Rica que hemos delegado la potestad de legislar a favor de nuestros derechos.
Desde la movilización civil un grupo de peruanas y peruanos en conjunto con diversas organizaciones crean la Plataforma Internacional Peruanos Sin Fronteras, con el fin de solicitar a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la acción en relación a las violaciones de derechos humanos en las regiones más afectadas del país por parte del gobierno.
Así como, el establecimiento de una comisión de investigación para esclarecer y dar solución a los ciudadanos. Además exigir el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú.
Puede ser parte del apoyo a este movimiento civil firmando el siguiente formulario:
En América Central la migración internacional duplica y cuadruplica las estimaciones regionales e internacionales, respectivamente; especialmente de personas que viven en los países del llamado Triángulo Norte, integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala. Foto OIM-ONU.
18 de diciembre, Día Internacional del Migrante
La muerte, desaparición y explotación son parte de la migración humana en el mundo
Desde los orígenes mismos de la humanidad la historia ha estado marcada por la migración para reconstruir la vida en otras tierras. Pero en la actualidad los movimientos migratorios se han convertido en un tema político electoral en muchas naciones, aunque millones de historias están manchadas con sangre.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU) entre 2014 y 2022 más de 50000 personas perdieron la vida durante estos trayectos. En América Latina más de 6900 personas encontraron la muerte, especialmente en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, que a la fecha suman 114 niños y niñas, 360 mujeres y 2349 hombres; pero OIM-ONU reconoce que existe un subregistro de las muertes en parte porque se desconocen todas las rutas migratorias transfronterizas.
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En la región centroamericana, con el norte apuntando hacia los Estados Unidos, el año pasado más de 100000 personas cruzaron el Tapón del Darién, ubicado entre las fronteras de Panamá y Colombia, donde oficialmente se contabilizan 199 fallecimientos, pero la ONU advierte que testimonios de los migrantes afirman que encontraron una gran cantidad de fallecidos tendidos a lo largo de esa mortal ruta.
Por dicho motivo desde el año 2000, cada 18 de diciembre los países miembros de la ONU se unen en el marco del Día Internacional del Migrante, dado el “creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes”.
Hasta mediados del año 2020 la OIM-ONU estimó que unos 288 millones de personas estaban bajo la categoría de migrantes, un 3.6% de la población global. Los migrantes trabajadores representan el 62% del total, y la mayoría se moviliza a países de rentas altas, aunque ha aumentado el porcentaje de aquellos que llegan a países de renta media.
El Dr. Carlos Sandoval García, director del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), y editor del libro “Migraciones en América Central, Política, territorios y actores”, asegura que en el istmo se estima que entre un 12 y un 14 por ciento de la población no vive en sus países de nacimiento, por lo que “la migración internacional duplica y cuadruplica las estimaciones regionales e internacionales, respectivamente. Se trata de una realidad estructural y estructurante de la vida de millones de personas. Sea que se considere desde la experiencia personal, los imaginarios sociales, las políticas públicas o la acción política, las migraciones son un lugar crucial desde el cual acercarse a describir, explicar y comprender la región”.
Acciones desde y con la comunidad
Las largas travesías para migrar hacia América del Norte están llenas de sueños de personas que esperan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, dejando tras de si historias de dolor. Miles pierden la vida en el intento y otros desaparecen en caminos desconocidos por las autoridades migratorias regionales. Foto OIM-ONU.
Para la Licda. Soledad Hernández Carrillo, coordinadora del proyecto de Acción Social (VAS) denominado “Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada, más allá de las fronteras” (TC-723), es vital que el Estado “genere información sobre la trata de personas para identificar estas situaciones de riesgo y generar prevención mediante procesos socioeducativos y de difusión para que mediante procesos comunitarios no se victimice a las personas”.
El objetivo del TC-723, iniciativa de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR) es fortalecer las capacidades de incidencia y organización de las personas migrantes, solicitantes y refugiadas pertenecientes a diversas agrupaciones para la validación de sus derechos humanos. Para lograr su fin, el proyecto genera procesos de sensibilización, información y acompañamiento a estas poblaciones, organizaciones e instituciones que trabajan sobre esta temática, desde un enfoque psicosocial, de género, e interculturalidad.
En el mundo, un 13% de las personas migrantes son menores de edad, y cada año más se suman a largos trayectos migratorios sin compañía de adultos. Foto Rafael Rodríguez/OIM-ONU 2018.
Durante el año 2022 el TC-723 colaboró con una serie de instituciones como ReT Internacional, Cenderos, Red de Mujeres Pinoleras, entre otras. Este año se impartieron talleres socioeducativos a personas solicitantes de refugio, sobre sus derechos laborales, salud, ferias y actividades lúdicas para niños y niñas migrantes, entrega de paquetes educativos a escolares e información y cuidados en el uso de las plataformas digitales.
En suma, con el aporte de estudiantes de distintas carreras se generan propuestas interdisciplinarias mediante la construcción conjunta de saberes y acciones en defensa de los derechos humanos. Por otra parte, y desde otro enfoque, se capacita al personal de los sistemas judicial y policial para la adecuada atención de las personas en condición de migrante o en proceso de solicitud de asilo.
De acuerdo con la Licda. Hernández, la propuesta es contar por personas funcionarias bien capacitadas en estos temas “y generar una adecuada utilización de los recursos para brindar servicios especializados y pertinentes, ya que aunque el Estado tiene una infraestructura a veces no existe una designación específica de fondos y muchas organizaciones no gubernamentales terminan asumiendo labores que corresponden al Estado».
Las personas como mercancía
En la legislación costarricense el tráfico ilícito de personas es un delito penado con hasta 10 de años de cárcel, y en ocasiones quienes hacen estos recorridos caen en redes delictivas relacionadas con la trata de personas.
El tráfico ilícito de migrantes implica el traslado y cruce entre fronteras en el que media un pago y una relación comercial conocida como “coyotaje”. En la trata de personas, que también ocurre dentro del mismo país de origen de la víctima, “existe un engaño, una coacción, una amenaza y la persona es vista como una mercancía, es una de las violencias más extremas que atenta contra la dignidad humana y la explotación en diversas formas como laboral, sexual, servidumbre, uso de vientre de alquiler, adopciones ilegales, venta de órganos. En particular en Costa Rica se da la explotación laboral en fincas agrícolas, y la sexual particularmente con mujeres y niñas, niños y población LGBTIQ”, detalló Hernández. En Costa Rica, el artículo 172 del Código Penal tipifica como delito la trata sexual y laboral y a la luz de esa normativa en el 2021 se identificaron 21 víctimas en el país, 6 mujeres, 14 niñas y 1 niño, en su mayoría costarricenses y personas nicaragüenses y de otras nacionalidades. Aunque existe un subregistro global, recientemente la OIM-ONU ha detectado casi 160 mil casos de tráfico y esclavitud moderna.
Hernández recordó que en la UCR existen varios proyectos e iniciativas que abordan el tema de la migración y que por ello, en el marco de la pasada Semana de la Persona Migrante, celebrada en setiembre, se gestionó una red de trabajo sobre migración, refugio, los procesos de atención y cumplimiento de derechos de las personas migrantes, especialmente en estos escenarios de migración forzada. “Lo que se percibe es que se puede vulnerar o colocar en mayor riesgo a personas que ya huyen de otras vulnerabilidades”, acotó.
¡Para denunciar!
Si usted conoce sobre actividades de tráfico ilícito de migrantes o trata de personas puede reportarlo de manera confidencial al 9-1-1, a la Policía de Migración al 2106-4005 o interponer una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial; también escribiendo al correo electrónico denunciatrataytrafico@migracion.go.cr
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
La activista pro-palestina Tatiana Gamboa Freer, declaró este 15 de diciembre del 2022 en la audiencia de juicio en el Tribunal de Flagrancia, por quemar la bandera del Estado de Israel durante la manifestación en la caravana antisionista del pasado 29 de noviembre, manifestación ocurrida el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina.
Declaró que sus acciones no fueron impulsadas por ningún sentimiento establecido en el odio si no, una manifestación auténtica, según palabras de Gamboa «en honor a la justicia de la que carece el pueblo palestino».
Además, señaló que se violentaba su libertad de expresión en cuanto a su protesta y activismo, anteriormente Gamboa había sido detenida por las autoridades israelíes por encontrarse en el país en condición migratoria irregular.
El relator* especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud llamó la atención de Costa Rica para modificar el pago por unidad producida y evitar las largas jornadas de trabajo. UNDP/Emi Kondo
El experto independiente señaló que, pese a los avances hechos por el país para combatir esta lacra, el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico, donde los trabajadores laboran largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día.
Las formas contemporáneas de esclavitud son una realidad en diversos sectores de la economía de Costa Rica y si bien ha habido un progreso del país para eliminarlas, todavía persisten grandes desafíos que deben enfrentarse con la mayor urgencia.
Así lo destacó Tomoya Obokata, relator* especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, luego de su visita oficial a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.
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Obokata dijo en su Declaración de final de misión que para erradicar la esclavitud laboral, Costa Rica debe fortalecer sus marcos normativos, mejorar la inspección del trabajo, garantizar el acceso a justicia a las víctimas y asegurar la transición de trabajadores informales a la economía formal.
Durante la visita, el experto examinó casos de explotación laboral, trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura, la agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Para hacerlo sostuvo diversos encuentros en la capital y se desplazó a comunidades rurales alejadas.
El relator se reunió y escuchó a representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, sindicatos, sector privado, representantes de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática, entre otros.
Los avances de Costa Rica
El experto destacó entre los aspectos positivos de Costa Rica, la existencia de marcos jurídicos aplicables a las formas contemporáneas de esclavitud, que incorporan algunos de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y laborales.
Obokata dijo también que pudo observar una mejora en la asistencia y el apoyo a las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud, por ejemplo la Ley No. 9095 contra la Trata de Personas obliga a los departamentos gubernamentales pertinentes a establecer un marco para la protección y asistencia.
Señaló que a fin de supervisar eficazmente la aplicación de las leyes y políticas relativas al trabajo infantil, Costa Rica estableció el Comité́ Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Trabajadores Adolescentes y que este aprobó́ recientemente el «Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil» elaborado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe (CEPAL).
El relator destacó los esfuerzos de Costa Rica para eliminar el trabajo infantil y la explotación sexual. Reconoció como positivo que la edad mínima para trabajar se ha fijado en 15 años, y que el Gobierno actualiza periódicamente una lista de trabajos peligrosos que están prohibidos para los menores de 18 años.
También que la edad de la educación obligatoria se ha elevado a 17 años, lo cual es más alta que en otras jurisdicciones.
Unsplash/Josue Isai Ramos Figuer. El relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud está preocupado por las largas jornadas laborales en sectores de la economía costarricense en sectores como el de la construcción.
Los desafíos urgentes de Costa Rica
El relator dejó claro que si bien el país ha logrado avances, todavía debe enfrentar grandes desafíos para erradicar por completo las formas modernas de esclavitud.
Señaló la urgencia de fortalecer marcos normativos con sanciones más fuertes, ya que el máximo para delitos como la trata de personas y el trabajo forzoso es de 10 años de prisión. También dijo que la aplicación de la legislación vigente es débil, y que la tasa de enjuiciamiento y castigo de los autores de formas contemporáneas de esclavitud es muy baja.
Obokata también dijo estar preocupado por el gran número de interlocutores que durante su misión señalaron que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal.
Expresó haberse enterado de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También destacó la posible existencia de casos de colusión en los que se informa a los empleadores que habrá una inspección para que puedan prepararse y ocultar las malas prácticas.
Su informe además concluyó que hay un amplio margen para mejorar la identificación y protección de las víctimas. Señaló que el acceso a la justicia y a los recursos para las víctimas son limitados. La falta de asignación de recursos por parte de las autoridades y de conocimiento entre las víctimas sobre sus derechos son algunas de las principales razones de ello.
Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día.
Los salarios y las largas horas de trabajo se pueden observar en otros sectores, como la construcción, los servicios, el transporte y la seguridad.
En su Declaración inicial, Obokata enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan:
Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral
Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ
Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo
Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas
Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción
Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación
Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación
Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo
Obokata agradeció al Gobierno de Costa Rica por haberle extendido la invitación y la cooperación recibida durante la misión, que le permitió entablar un diálogo “abierto, franco y constructivo durante su visita”.
El Relator de ONU compartió sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa en la Casa de la ONU, Costa Rica y presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en Setiembre de 2023.
* Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU
Las personas, redes, organizaciones, colectivos, instituciones educativas, y entidades gubernamentales que conforman el Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, expresamos nuestra profunda preocupación por la acuciante situación que actualmente vive el país hermano de Perú, que resultó en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones.
Como Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, reafirmamos nuestra posición de total apoyo al Pueblo Peruano.
Nos reconocemos como unidad, a partir de nuestros principios fundacionales, las prácticas, estéticas, luchas, identidades, cosmovisiones y sobre todo, desde nuestros territorios diversos y articulados en el Continente, bajo las autonomías que persiguen el Buen Vivir.
1- Hacemos un llamado por la Paz, al diálogo, con todos los actores políticos intervinientes, para salvaguardar la Democracia, la cual requiere del reconocimiento de la voluntad popular, expresada tanto en las elecciones para presidente como para el congreso. A respetar y priorizar la voluntad del pueblo que se pronunció en las urnas; noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2- A las autoridades encargadas ahora, de gestionar la transición, solicitamos respeto por la investidura del mandatario Pedro Castillo y que se resguarden a cabalidad sus derechos humanos, se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969.
3- Repudiamos, denunciamos y exigimos de inmediato, un alto a la violencia contra las personas manifestantes. La no criminalización de la protesta pacífica o contra toda acción legítima de protesta ciudadana y popular.
4- Exigimos que las fuerzas policiales, fuerzas armadas y Fiscalía, cesen las agresiones y la represión en contra de las personas manifestantes; que de forma urgente, se investigue con celeridad y de manera expedita, las muertes acontecidas, que suman un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas menores de edad.
5- Que se juzgue a los culpables, se repare y compense el daño a las familias.
6- Expresamos nuestra solidaridad y condolencias con las familias afectadas por el uso abusivo de la fuerza, no están solas, exigimos junto a ellas justicia y mediante una reforma policial, la derogación del gatillo fácil.
7-Exhortamos a las autoridades en transición, generar acciones apegadas a derecho, para prevenir que la crisis política, no sea aprovechada para más agresiones en contra del Pueblo Peruano.
8- Exigimos a las autoridades en transición, que se garantice la movilización pacífica de las personas manifestantes en todos los territorios del Perú y el libre tránsito dentro del marco legal. Que la autoridad no “declare estado de emergencia” ni se utilice este recurso indiscriminadamente; alertamos la seriedad y pesantez de vulnerar, restringir y suspender los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personales.
9- Le insistimos a las autoridades, instaurar de inmediato la Paz, evitando la convulsión social y escuchando las exigencias de los sectores organizados de base, rurales, campesinos, y principalmente poblaciones en vulnerabilidad.
10- Pedimos ampliar las garantías para la salvaguarda de los derechos sociales del pueblo peruano en general.
11- Repudiamos cualquier intento de dictadura.
12- Apoyamos la convocatoria pública a Elecciones Generales bajo un nuevo contrato social.
13- Apoyamos la creación de una Nueva Constitución, incluyente, plurinacional, paritaria y ecologista, que sea conformada democráticamente, mediante una Asamblea Constituyente.
14- Apoyamos el Paro Nacional como medida legitima, siempre que sea concertado desde las bases populares organizadas.
15- Repudiamos cualquier acción de impunidad y de corrupción, que promueva el retroceso de garantías fundamentales o impida el avance de las demandas urgentes y legítimas del pueblo peruano.
16- Hacemos responsables directos a las actuales autoridades en transición, de la escalada del conflicto social y de las consecuencias fatales por las actuaciones represivas de la fuerza pública.
17- respaldamos y apoyamos la lucha y resistencia emprendida por los pueblos y nacionalidades del Perú, como un derecho legitimo de expresión libre y soberana.
Ámbito internacional:
18 – A la Comunidad Internacional y Organismos Internacionales que defienden los Derechos Humanos, les solicitamos que se expresen públicamente y de manera firme, en contra de toda violación de derechos fundamentales en Perú y se respete a cabalidad la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al Pueblo del Perú:
19- Invocamos a la colectividad peruana en general, a velar por la seguridad de los niños y las niñas, al respeto irrestricto a la vida, al derecho de los demás, a la dignidad humana, y al patrimonio material e inmaterial de todo el Perú.
Que nuestra fuerza y apoyo continental, sirvan para animar a la hermandad peruana a concretar las demandas que les permitan vivir en Paz, en Democracia, con Libertad, por la Descolonización, la Desmercantilización y la Despatriarcalización de su pueblo.
Solidaridad con la lucha digna de todos los pueblos que defienden sus territorios, recursos y autonomía.
Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria.
A continuación se presenta el mensaje de la Asociación Americana de Juristas como Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra, en el Día de los Derechos Humanos:
Hoy 10 de diciembre conmemoramos el 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra organización reafirma los principios y objetivos que la rigen como son la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la plena independencia económica y la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales; la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y contra la discriminación racial, de la mujer, los pueblos originarios y minorías nacionales; la defensa de la paz efectiva basada en el principio de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos; la defensa y promoción de los derechos humanos; la denuncia de las legislaciones que niegan nuestros principios; el establecimiento de relaciones fraternas con juristas afines a nuestros principios; la movilización de juristas de los países americanos a fin de participar activamente en los procesos de cambios socioeconómicos y justicia social; la defensa del ejercicio de la abogacía, así como la solidaridad con los juristas perseguidos por su acción en pro de los principios aquí expresados.
Desde nuestra perspectiva como juristas comprometidos con la defensa y observancia de los derechos humanos, continuaremos levantando nuestras voces en nuestra América Continental y el Caribe, como también en otros lugares del mundo en pie de lucha, como son el Sáhara Occidental y Palestina, contra el imperialismo, el colonialismo, el neoliberalismo y los gobiernos del Continente que sirven a los intereses imperiales y son contrarios a los derechos humanos y la soberanía de nuestros pueblos.
Continuaremos defendiendo los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración para la Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales de la Asamblea General de la ONU, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y otras convenciones internacionales que obligan a los Estados a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas y de nuestros pueblos.
En el Día de los Derechos Humanos llamamos a la reflexión, a la solidaridad con los defensores y defensoras de los derechos humanos, a la militancia y a la educación de la plena vigencia de todos los derechos humanos, que son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. Tengamos presente que la protección de todos los derechos humanos de la humanidad, son la base para la construcción de la paz, la justicia y la dignidad e inspiración para ese otro mundo que es posible.
Desde Alternativas, el 9 de diciembre del 2022 se realizó el programa “Revolución bolivariana: el renacer de una esperanza”, con la participación de Erlinda Colmenares, Henry Gomez, Eseario Sosa y Edubert Ocanto.
Este programa partió de establecer la trayectoria venezolana en cuanto a las problemáticas y retos a los que se enfrenta, desde la coyuntura nacional que permite comprender el momento en el que se encuentra el país, al enfrentarse a las dinámicas sancionatorias por parte de organismos internacionales que afecta lo político, social y económico del país, que se realizaron bajo un discurso en la defensa de los derechos humanos.
Se debe tomar en cuenta que desde el 2013, Venezuela presenta una de las mayores crisis económicas del país, que ha afectado de manera importante a la moneda nacional, dado a la alta inflación, actualmente, es uno de los países con mayor inflación en el mundo. De esta manera, Henry Gómez explicó que es importante hacer memoria sobre lo ocurrido en el país “ se establecieron un conjunto de sanciones contra nuestro país, bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos”.
Actualmente el país venezolano cuenta con alrededor de 913 sanciones que le impiden desarrollarse como cualquier otro país, lo que ha generado la detención del país a nivel económico, político y social, pues se priva a la población de la generación de dinámicas de igualdad, de desarrollo y derechos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
El pasado viernes 11 de noviembre, con una aplastante mayoría de 98 votos a favor y tan solo 17 en contra, la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones aprobó una resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse sobre los efectos de la ocupación y de la colonización de territorios palestinos por parte de Israel.
La resolución lleva como título «Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem» / «Prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental» (Nota 1).
En la segunda quincena de diciembre, este mismo texto deberá ser votado por la Asamblea General como tal una segunda vez.
La diplomacia de Israel: la historia (reiterada) de un aparato diplomático desplegando gestiones usando argumentos (reiterados).
Desde ya, la profunda molestia de Israel externada justo después del voto (véase articulo del Times of Israel, edición del 12 de noviembre) anunciaba gestiones diplomáticas al más alto nivel para intentar a toda costa evitar que sea ratificada esta resolución en un segundo voto: véase cable de la agencia Reuters del 29 de noviembre 2022 y esta nota publicada en Uruguay el 2 de diciembre del 2022 .
En el breve extracto de la carta dirigida a unos 50 jefes de Estado que aparece en esta nota del Times of Israel, se menciona la expresión «dangerous move» (sic), sin que quede claro cómo podría ser «peligroso» solicitar una opinión consultiva al juez internacional de La Haya. A menos que Israel reconozca tácitamente con esta misma carta oficial que sus acciones en territorio palestino son ilegales según el derecho internacional, lo cual en sí mismo, sería bastante sorprendente y ameritaría ser considerado como una verdadera «première«.
Al respecto, podemos recordar a nuestros estimables lectores dos textos recientes que emanan de dos órganos de importancia dentro del organigrama de Naciones Unidas, a saber:
– la resolución 2334 (ver texto) adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en diciembre de 2016 (gracias a la notable abstención de Estados Unidos, y con el voto afirmativo de los demás 14 integrantes del Consejo), y en particular la reafirmación de las diversas normas internacionales que el Consejo de Seguridad considera que Israel está violando en el territorio palestino ocupado. Como es ya lo usual, el delegado de Israel no encontró otra salida que la de afirmar que:
«those who had voted “yes” to the resolution had voted “no” to negotiations, to progress and to a chance for better lives for both Israelis and Palestinians, and to the possibility of peace» (véase comunicado oficial de Naciones Unidas que recoge intervenciones oídas durante la sesión).
– así como la resolución A/Res/76/82 aprobada en diciembre del 2021 por la Asamblea General, titulada «Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado«. Esta resolución contó con 147 votos a favor, 7 en contra (Canadá, Hungría, Liberia, Islas Marshall, Israel, Micronesia y Estados Unidos) y 20 abstenciones (véase detalle del voto). Tendremos en las líneas que siguen oportunidad de analizar con mayor detalle este pequeño grupo de Estados que acompañan de manera reiterada a Israel en sus contiendas diplomáticas en Naciones Unidas.
Foto de la Embajadora de Estados Unidos Nikki Haley saliendo de la sala del Consejo de Seguridad en Nueva York al iniciar su alocución el representante de Palestina el 15 de mayo del 2018, durante una sesión sobre la violencia de Israel contra manifestantes participando en la Marcha del Retorno. Foto extraída de nota de prensa titulada “EE.UU. se queda solo en la ONU” (La Vanguardia, edición del 16/5/2018)
El entorno del 2022 en materia de agresiones militares
Como viene ya siendo usual en indiscutibles victorias de unos (y derrotas diplomáticas para otros), el voto de esta resolución el pasado 11 de noviembre no fue mayormente publicitada en los grandes medios de prensa internacionales.
Tratándose de un año como el 2022, en el que un Estado Miembro de Naciones Unidas como Ucrania que sufre una agresión militar por parte de Rusia desde el 24 de febrero, ha acaparado la atención de todos los medios internacionales, la omisión observada plantea algunas interrogantes muy válidas. Siendo además, varias las resoluciones de la misma Asamblea General adoptadas desde marzo del 2022 y ampliamente difundidas sobre el respeto a la integridad territorial de Ucrania, la obligación de discriminar objetivos militares de poblaciones civiles a la hora de ordenar una operación militar por parte de Rusia, la imperiosa necesidad de no destruir intencionalmente infraestructura pública que asegura servicios esenciales, y respetar por parte de Rusia las demás obligaciones que le incumbe derivadas de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario, las interrogantes son aún mayores.
¿Acaso no es de interés de cualquier Estado Miembro de Naciones Unidas y de la comunidad internacional como tal que estas mismas reglas invocadas, con justa razón, por Ucrania se apliquen de manera uniforme y sean debidamente respetadas por todos los demás Estados, incluyendo Israel (Nota 2) ? ¿Acaso no es una atribución de cualquier Estado el acudir a una instancia judicial internacional como la CIJ cuando se considera víctima de violaciones de reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional por parte de otro Estado?
El detalle de la votación en breve
En esta fotografía del registro del voto extraída de esta nota del Times of Israel (edición del 11 de noviembre del 2022), nuestros estimables lectores podrán apreciar cómo votaron cada uno de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas. Así como en esta nota publicada en el medio digital costarricense de Delfino.cr (una de las pocas publicadas – posiblemente la única – en Costa Rica al respecto, en la que no se explica oficialmente por qué razones Costa Rica optó por abstenerse).
¿Cuál podrá ser la frase de esta resolución que condujo a varios Estados en este 2022 a revisar su posición con relación a textos similares votados en años anteriores con su voto afirmativo? ¿Qué «temor» les puede causar en este 2022 el hecho de pedir al juez internacional examinar en detalle la ocupación ilegal del territorio palestino y los efectos de la colonización israelí a la luz de la normativa internacional vigente?
A los 98 votos a favor y a los 17 en contra, hay que contabilizar un total de 52 abstenciones así como 25 «No Show» (ausencia del delegado al momento de registrarse la votación).
En este 2022, en lo que concierne a América Latina, Israel y su fiel aliado norteamericano pudieron únicamente cosechar el voto negativo de Guatemala (y contar con las abstenciones de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay); mientras que en Europa, lograron obtener el voto negativo de Alemania, Austria, Estonia, Hungría, Italia, Lituania y de República Checa (así como obtener 25 abstenciones, incluidas las de España, Francia, Países Bajos y Reino Unido que votaron en el 2021 a favor). En el continente africano, únicamente Liberia votó en contra de esta resolución, al tiempo que nueve Estados africanos se abstuvieron.
Bolivia y Venezuela aparecen entre los «No Show«, con una diferencia no obstante que es necesario precisar: debido a atrasos en los pagos de su contribución anual como Estado Miembro, Venezuela no puede participar a votos en la Asamblea General.
Como indicado con anterioridad, el voto de esta resolución fue muy pocamente referenciado en los medios de prensa internacionales. Es de notar que un día anterior (10 de noviembre) el servicio de prensa de Naciones Unidas elaboró una nota informando de la votación a realizarse 24 horas después por parte de esta comisión del órgano plenario de Naciones Unidas (véase nota oficial de Naciones Unidas).
El voto a favor de esta resolución por parte de la delegación de Ucrania pareciera haber molestado profundamente a Israel: a modo de respuesta, Israel optó por abstenerse en una resolución posterior sobre la obligación de Rusia de compensar los daños causados en Ucrania desde que inició su denominada «operación militar especial » – término oficialmente utilizado en Rusia – el 24 de febrero (véase nota del Times of Israel y nuestra breve nota sobre esta resolución adoptada a favor de Ucrania el pasado 15 de noviembre). A menos que Israel, desde ya, considere que es mejor para sus interés el no reconocer que un Estado tiene la obligación de responder por hechos ilícitos internacionales y daños cometidos por sus autoridades en un territorio que no le pertenece.
La inquebrantable «coalición» en Naciones Unidas con la que Israel siempre puede contar
Como ya viene siendo habitual en este tipo de resoluciones, el núcleo duro de Estados opuestos a cualquier texto a favor de Palestina incluye a Australia, Canadá, las Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y Estados Unidos. En general, este núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales (sea de Europa, de África así como de América Central).
Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado Observador No Miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones) (Nota 3), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). De forma similar (9 votos), en una votación sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar en 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas).
Esta curiosa «coalición» según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo) se expresó también en 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación): lejos de ser una alianza de circunstancias, los lazos que unen a sus miembros parecen ser los de un frente real, duradero y bastante sólido.
En este año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia).
Este núcleo duro puede a veces verse algo reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel, adoptada con 144 votos a favor y 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).
Con relación a Costa Rica, en los años 80 fueron varias las resoluciones en las que su voto aislado intentó segundar las posiciones de Israel: por ejemplo, nos encontramos con el voto en 1988 de la Resolución A/Res/43/176 titulada «Cuestión de Palestina«, en la que se cuenta con 138 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y 2 abstenciones: Canadá y Costa Rica (véase detalle del voto). Desde la administración (2006-2010) del Presidente Oscar Arias Sánchez, durante la cual Costa Rica reconoció oficialmente a Palestina como Estado (febrero del 2008), precediendo este gesto por el traslado de la embajada de Costa Rica de Jerusalén a Tel Aviv (agosto del 2006), la diplomacia costarricense ha cambiado notablemente su patrón de voto en el recinto de Naciones Unidas: una tendencia que se debería de confortar y asentar en vez de proceder en este año 2022 a «cambios» sin explicación alguna.
Como se ha podido observar a través del tiempo, este «núcleo duro» de Estados es lo único con lo que cuenta de manera automática Israel en la Asamblea General. Es muy probable que este núcleo sea llamado a solidarizarse nuevamente con Israel, esta vez con relación a los efectos que está causando su política represiva en los niños palestinos: en este final del año 2022, se informó al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, un órgano convencional de monitoreo y de supervisión, de los dramáticos estragos que causó durante el año 2022 la política represiva israelí en la niñez palestina (véase revelador informe de HumanRights Watch). Ya hacia mediados del 2022, la Alta Comisionada en persona para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había alertado sobre esta faceta del drama que viven muchas familias palestinas en este 2022 (véase comunicado oficial de prensa).
El origen de la solicitud a la CIJ
Como señalado anteriormente, esta resolución que busca acercar a Palestina a la justicia internacional es muy similar a la adoptada en años anteriores por la Asamblea General de Naciones Unidas, con un único añadido significativo con respecto a la solicitud hecha a la CIJ para la versión de este 2022.
¿Cómo entonces explicar el súbito cambio de parecer de algunos Estados al respecto? ¿Tanto «temor» provocará en algunos Estados una solicitud de opinión consultiva a la CIJ? Cabe precisar que un segundo voto ya no de la Cuarta Comisión sino de la Asamblea General como tal tendrá lugar en la primera mitad del mes de diciembre, por lo que aún algunos Estados están a tiempo de rectificar o al menos, de reconsiderar su posición.
El argumento israelí según el cual esta iniciativa pone en riesgo el proceso de negociación (recientemente leído en esta nota de la prensa británica) y la solución de dos Estados es bastante cuestionable: es exactamente la misma explicación externada cuando se adoptó en el 2016 en el seno del Consejo de Seguridad la resolución 2334. Esta «explicación» omite (convenientemente) explicar que Palestina, como Estado, requiere que se respeten todas las normas que los Estados se deben los unos a los otros.
Un reciente artículo de la prensa uruguaya hace ver el cambio de posición del delegado de Uruguay en el 2022 con relación al voto del 2021 (véase nota de prensa de El Observador): una prensa más observadora en otras latitudes del continente confirmaría que este cambio de posición (una abstención en vez de un voto a favor) no es monopolio de Uruguay, y que en Centroamérica, así como en Europa también se dieron cambios de posición sin ningún tipo de explicación por parte de las autoridades gubernamentales (Nota 4).
Con relación a la solicitud hecha a la CIJ en la resolución del 2022, proviene del hecho siguiente, también escasamente difundido: un informe reciente dado a conocer – octubre del 2022 – por parte de una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos sobre lo ocurrido en el 2021 en Palestina – (véase enlace oficial y texto en español) incluyó, en sus recomendaciones finales que:
«92. La Comisión recomienda que la Asamblea General:
a) Solicite urgentemente una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la negativa continuada de Israel a poner fin a su ocupación del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, que equivale a una anexión de facto, de las políticas empleadas para lograrlo, y de la negativa de Israel a respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, así como de las obligaciones de los terceros Estados y de las Naciones Unidas de velar por que se respete el derecho internacional;
b) Transmita el presente informe al Consejo de Seguridad y le solicite que considere la posibilidad de adoptar nuevas medidas para poner fin a la situación ilegal resultante de la ocupación permanente impuesta por Israel, y exhorte al Consejo de Seguridad a que exija a Israel que ponga fin a su ocupación permanente con carácter inmediato«.
En este año 2022, resulta llamativo que esta sugerencia con relación a la CIJ fuera inmediatamente endosada por un grupo de Estados, denotando una estrategia diplomática muy hábil y certera para obtener las cifras registradas durante la precitada votación del 11 de noviembre.
Nótese de igual forma la poca difusión hecha por algunos grandes medios de prensa al contenido de este informe presentado en octubre del 2022 por esta comisión de investigación, cuya lectura completa se recomienda. Como ya viene siendo su costumbre, el aparato diplomático de Israel no encontró nada mejor que el intentar desacreditar a los tres integrantes de esta comisión (véase artículo de PassBlue), una actitud que ya no impresiona mayormente a nadie dentro de Naciones Unidas. No está de más recordar también que las máximas autoridades de Israel calificaron en el 2021 a la Corte Penal Internacional (CPI) de ser «antisemita» (véase declaraciones recogidas en esta nota del Jerusalem Post, edición del 4 de marzo del 2021).
Años de graves violaciones del derecho internacional ante un Consejo de Seguridad en jaque
Esta comisión de investigación que dio a conocer su informe a Naciones Unidas en octubre del 2022 es muy similar a otras creadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el pasado:
– en el 2018, durante los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes contra manifestantes palestinos desarmados que participaban en la «Gran Marcha» (véase el enlace que permite acceder a su informe) ;
– en el 2014, tras la ofensiva militar en Gaza (70 muertos del lado israelí, entre ellos 67 soldados, el tiempo que se registró la muerte de 2251 del lado palestino, entre ellos 551 niños (véase enlace para acceder al informe y su resumen);
– o bien en el 2009, tras la ofensiva militar llevada a cabo en Gaza entre el 28 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009 por parte Israel (véase enlace), que se saldó con la muerte de 13 israelíes y la de aproximádamente 1.400 palestinos (Nota 5) (véase la sección «casualties» en los párrafos 352-364 del precitado informe).
Al releer la intervención del representante de Palestina en una sesión del Consejo de Seguridad realizada el pasado 28 de octubre (véase acta S/PV.8648 en páginas 5-6), precedida por la del funcionario de Naciones Unidas encargado de informar al Consejo de Seguridad sobre la realidad en el terreno, recordamos un artículo de 2009 «Gaza: le processus de paix en question» publicado en el Annuaire Français de Droit International (AFDI). En este último, se daba una idea de la estrategia de las autoridades israelíes, calificada de «gestión de la pudredumbre» (traducción libre del autor de la expresión «gestion du pourrissement«), y que consiste, segun lo explicado en este artículo, en:
«dejar las cosas como están, rechazando de hecho cualquier solución que conduzca al surgimiento de un verdadero Estado palestino, mientras se da la apariencia de buena voluntad, préstándose periódicamente al juego de la negociación«
(traducción libre del autor de: «à laisser les choses en l´état, en refusant en fait toute solution allant dans le sens de l´émergence d´un véritable Etat palestinien, tout en donnant l´apparence de la bonne volonté en se prêtant périodiquement au jeu de la négociation» (Nota 6).
En un artículo mucho más reciente sobre esta solicitud de opinión consultiva (véase el artículo publicado el 19 de noviembre de 2022 en ArabNews titulado «Israel has only itself to blame for its referral to ICJ «) se afirma lo siguiente:
«The occupying force is taking steps every single day to make a peace agreement based on a two-state solution impossible by enabling some of its population to settle in the Occupied Territories at the expense of Palestinians, while oppressing them, assaulting them and dispossessing them in contravention of international law, not to mention basic morality and common decency».
Las dos preguntas formuladas a la CIJ en la solicitud de opinión consultiva
En el texto de la resolución A/C.4/77/L.12/Rev.1, se lee en su parte resolutiva final, que la Asamblea General de Naciones Unidas:
«18. Decide, de conformidad con el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, en virtud del Artículo 65 del Estatuto de la Corte, que emita una opinión consultiva sobre las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta las normas y los principios del derecho internacional, lo cual incluye la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, y la opinión consultiva de la Corte de fecha 9 de julio de 2004:
a) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas?
b) ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel que se mencionan en el párrafo 18 a) al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para las Naciones Unidas?«
Se trata de una nueva solicitud de opinión consultiva que hace la Asamblea General de Naciones Unidas, después de otra hecha en el año 2003. Esta última dio lugar a la opinión consultiva del juez de La Haya de julio del 2004 sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro por parte de Israel en el territorio palestino ocupado. La pregunta que había sido formulada al juez internacional en el 2003 por parte de la Asamblea General era la siguiente:
«¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del Secretario General, teniendo en cuenta las normas y principios de derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General?«
En el texto de la opinión consultiva dada a conocer siete meses después, y cuya lectura integral se recomienda, se notará que la parte resolutiva – párrafo 163, 2) – se tomó con 14 votos a favor y tan solo uno en contra, el juez norteamericano Thomas Buergenthal (Nota 6). En este otro enlace de la misma CIJ, se puede leer también el texto en español de esta importante opinión consultiva del 2004.
Justicia internacional y Estados en breve
Como bien se sabe, ante la CIJ de La Haya, las opiniones consultivas solamente pueden ser solicitadas por órganos adscritos a Naciones Unidas (véase artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas) y no por los Estados. Estos últimos, en cambio, tienen la exclusividad del ius standi para activar el procedimiento contencioso ante el juez internacional de La Haya.
¿Por qué no presentar una demanda en materia contenciosa ante el juez internacional contra Israel por parte de Estados interesados en que Israel acate lo que dispone la normativa internacional? Simplemente porque jurídicamente, no hay manera de hacerlo: como se recordará, la justicia internacional se basa en el consentimiento previo de cada Estado. En el caso de Israel, sus autoridades mantienen sus distancias con la justicia internacional de La Haya, al no haber reconocido nunca la jurisdicción obligatoria de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto (véase listado oficial de Estados que sí han hecho esta declaración). A su vez, la diplomacia de Israel ha evitado suscribir tratados (sean estos bilaterales, regionales o multilaterales), en los que una cláusula dispositiva permita recurrir a la CIJ como mecanismo de solución de controversias entre los Estados Parte.
Cabe señalar que desde el 2018, el Estado de Palestina ha entablado una demanda contenciosa contra Estados Unidos ante la CIJ, debido al traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda y enlace oficial). Resulta de interés señalar que la última ordenanza de la CIJ sobre este caso (véase ordenanza ) data del 15 de noviembre del 2018, fijando plazos de entrega de escritos a ambos Estados: 15 de mayo del 2019 para Palestina, 15 de noviembre del 2019 para Estados Unidos. En esta misma ordenanza, se lee que Estados Unidos optó por no participar a una reunión convocada por el Presidente de la CIJ con ambos Estados programada para el 5 de noviembre del 2018. No se tiene mayor información adicional sobre este caso desde entonces, lo cual plantea algunas interrogantes.
Más allá de la falta de información de la CIJ sobre el seguimiento de la demanda presentada por el Estado palestino contra Estados Unidos desde hace más de tres años, que debería suscitar interrogantes entre algunos observadores, cabe señalar que Australia decidió recientemente dejar de reconocer Jerusalén como capital de Israel (véase el comunicado oficial del 18 de octubre de 2022).
A modo de conclusión
Por segunda vez, mediante el procedimiento consultivo, Palestina y sus aliados tocan la puerta del Peace Palace que alberga la máxima instancia jurisdiccional de Naciones Unidas en La Haya, ante las violaciones de la normativa internacional a las que proceden las autoridades israelíes desde muchos años. A ese respecto, se recomienda la lectura de los considerandos de la precitada resolución A/C.4/77/L.12/Rev.1, en los que se enumeran los diversos informes de Naciones Unidas y de resoluciones adoptadas en años anteriores, y que Israel ignora en su accionar o busca desacreditar, a su manera.
El procedimiento en materia consultiva prevé la posibilidad para Estados y organizaciones de presentar su opinión a la CIJ (véase listado de opiniones recibidas en el 2004 por la CIJ), por lo que este nuevo ejercicio permitirá conocer el alcance que algunos Estados le reconocen a las normas internacionales cuya violación es denunciada en el caso de Ucrania (y debiera serlo de igual manera en el caso de Palestina). Revisando quienes votaron a favor y en contra de esta solicitud, y quienes se abstuvieron, es muy probable que los departamentos legales de algunos aparatos diplomáticos busquen desde ya cómo explicar que estas reglas aplican en un caso pero no necesariamente en otro: la consistencia y la coherencia serán sin lugar a dudas un notable desafío para quienes intenten segundar la posición de Israel ante el juez internacional de La Haya.
Con relación a otra jurisdicción internacional también situada en la capital holandesa, la Corte Penal Internacional (CPI), la cual juzga desde el punto de vista penal a individuos (y no a Estados), y que también ha sido solicitada en este 2022 por Ucrania (véase enlace), tuvimos la oportunidad de analizar los alcances de una decisión de la Sala en lo Preliminar de la CPI del 5 de febrero del 2021 con relación a Palestina (véase texto en inglés y en francés). En esta decisión, se declaró que la CPI es competente para examinar una petición hecha por Palestina contra mandos militares y políticos israelíes por sus actuaciones en todos los territorios palestinos ocupados, sin exclusión de ningún tipo. En nuestras reflexiones, en las que también referíamos a varios Estados que se sintieron obligados (¿presionados?) a justificar la posición defendida por Israel ante los jueces de la CPI (sin mayor éxito), concluíamos que:
«… con esta decisión, la justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino – y ello desde el mes de junio del 2014 -, que tiene enlutadas a tantas familias palestinas, esperando desde entonces por justicia y clamando por ella.
El hecho de que una jurisdicción internacional como la CPI —por primera vez en la historia del derecho internacional público— se pronuncie sobre el estatuto de Palestina como Estado y acepte examinar lo que ocurre dentro de su territorio confiere a esta decisión un alcance ya no solamente jurídico, sino altamente simbólico y esperanzador « (Nota 8).
Esta resolución adoptada el pasado 11 de noviembre del 2022 en la sede de Naciones Unidas de Nueva York por la Cuarta Comisión de la Asamblea General, y que deberá ser votada nuevamente (esta vez por la Asamblea General como tal en la segunda quincena de diciembre) va exactamente en el mismo sentido: devolver esperanzas a un pueblo que espera que los principios del derecho internacional público y que los mecanismos previstos cuando se violan, se apliquen también a sus legítimas reinvindicaciones.
En sí, la resolución constituye desde ya el primer peldaño de un procedimiento que permitirá, sin lugar a dudas, acercar un poco más la justicia internacional al drama humano que se vive desde muchos años en el territorio palestino ocupado, como consecuencia de una abierta, flagrante y reiterada violación a las reglas del ordenamiento jurídico internacional.
– Notas –
Nota 1: El texto de la resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de noviembre de 2022 está disponible en las distintas lenguas oficiales aquí. En cuanto a los pocos estudios realizados sobre esta resolución, véase el folleto de 13 preguntas elaborado por Diakonia, Centro de Derecho Internacional Humanitario (sin indicación de autores), «The ICJ advisory opinion on the legal consequences of Israel’s occupation of Palestinian territory«, noviembre de 2022, disponible aquí.
Nota 2: Sobre el caso de Ucrania y Rusia, remitimos a nuestro breve análisis sobre la no comparecencia de Rusia ante el juez de La Haya: BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza. A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre los alcances jurídicos de esta votación celebrada por muchos en Naciones Unidas el 29 de noviembre del 2012, véase BOEGLIN N. «Le nouveau statut de membre de la Palestine: une perspective latinomaméricaine«, Sciences-Po Paris (OPALC), Janvier 2013. Texto disponible y descargable en este enlace del OPALC. Con relación a la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), acaecida en el 2015, véase BOEGLIN N. «La reciente accesión de Palestina al Estatuto de Roma y a otros instrumentos internacionales: breve puesta en perspectiva«, Revista de Pensamiento Penal, 2015. Texto disponible aquí. En esta reciente nota de ArabNews del 21 de noviembre del 2022, se lee de los intensos esfuerzos que sigue desplegando la diplomacia de Palestina en aras de lograr ser reconocida como Estado Miembro de Naciones Unidas: para ello deberá superar el escollo que significa el veto norteamericano dentro del Consejo de Seguridad.
Nota 4: La resolución A/Res/76/82 de diciembre del 2021 titulada «Israeli practices and settlement activities affecting the rights of the Palestinian People and other Arabs of the occupied territories» puede leerse en este enlace y su contenido puede compararse con la resolución del 2022 A/C.4/77/L.12/Rev.1/. El detalle del voto de la resolución del 2021 (147 votos a favor, 17 en contra y 20 abstenciones) está disponible aquí. En el 2021, votaron a favor en América Latina los siguientes Estados: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se abstuvieron Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití y Honduras. Una comparación similar puede hacerse con relación a la resolución del 2021 numerada A/Res/76/89 y titulada «Palestine refugees’ properties and their revenues» adoptada con 159 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones (véase detalle del voto) y la resolución votada en el 2022. Así como la resolución del 2021 numerada A/Res/76/150 (véase texto) titulada «The right of the Palestinian people to self-determination» adoptada con el siguiente voto: 168 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones: ver detalle del voto registrado disponible aquí.
Nota 5: Las ONG palestinas ubican un rango superior a 1400 muertes, mientras que las ONG de Israel un rango ligeramente menor (1387). Se lee en el párrafo 361 con relación a la diferencia entre cifras y los descargos presentados por las autoridades de Israel que: «361. The Mission notes that the statistics from non-governmental sources are generally consistent. Statistics alleging that fewer than one out of five persons killed in an armed conflict was a combatant, such as those provided by PCHR and Al Mezan as a result of months of field research, raise very serious concerns about the way Israel conducted the military operations in Gaza. The counterclaims published by the Government of Israel fall far short of international law standards«.
Nota 6: Véase BOCKEL A., «Gaza: le processus de paix en question», AFDI (2009), pp. 173-187, p. 184. Artículo disponible – texto completo – aquí.
Nota 7: Sobre esta opinión consultiva de la CIJ del 2004 analizada desde la perspectiva jurídica internacional, véase en particular ABI-SAAB R. «Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé» : quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice«, Revue Internationale de la Croix Rouge (RICR), 2004, pp. 633-657. Texto completo disponible aquí; así como BADIA MARTÍ A., «La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en ele territorio palestino ocupado del 9 de julio del 2004«, Revista Electrónica de Estudios Internacionales (www.reei.org). Texto disponible en la red; FALK R. A., «Toward Authoritativeness: The ICJ Ruling on Israel’s Security Wall«, American Journal of International Law (AJIL), 2005, pp. 42-52 así como RIVIER R., «Conséquences juridiques de l´édification d´un mur dans le territoire palestinien occupé. Cour Internationale de Justice. Avis du 9 juillet 2004«, Annuaire Français de Droit International (AFDI) 2004, pp. 292-336. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Se despeja el camino para la justicia penal internacional, la CPI puede examinar lo que ocurre en Palestina«, Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 18 de febrero del 2021, disponible aquí.
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Una versión en francés de este texto está disponible en este enlace y fue publicada por la Société Québécoise pour le Droit International (SQDI).
Reiteramos la invitación a personas, organizaciones y colectiv@s, dentro y fuera de Costa Rica, a suscribir este comunicado público con la alerta ante las amenazas dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vignet.
ALERTA SOBRE RIESGO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE DEFENSORES DE LA TIERRA-TERRITORIO Y DE DERECHOS HUMANOS
Las amenazas han sido dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vigtnet.
El contexto ampliado, involucra al ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez. Quién además de ser denunciado pública y judicialmente ha sido apoyado en algunas acciones por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA).
Martes 6 de diciembre del 2022. Nosotras y nosotros que pertenecemos al “Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok”, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el riesgo inminente que corren las vidas e integridad física de : 1) la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak, recuperadora de tierra-territorio en el Territorio Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) y; 2) el defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, que apoya a la CLSS y es interlocutor entre esta instancia y el Estado de Costa Rica.
La alerta y nuestra profunda preocupación se originan a partir de las numerosas denuncias que se han realizado a la situación de tensión, agresión y violencia racista que se vive en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) . Este contexto surgió tras la respuesta violenta del ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez, ante la recuperación del terreno que ocupaba y del cual obtenía beneficios de forma ilegal desde que lo adquirió -también por medios ilegales- en 2012; un poco más de dos décadas desde la vigencia de la Ley Indígena de 1977 en Costa Rica y que convierten a Pérez no sólo ocupante ilegal sino de mala fe y, por tanto, no es sujeto de indemnización.
Las agresiones han sido múltiples y profundamente violentas desde que la familia Sandí Morales decidió hacer valer su derecho al acceso y disfrute de la tierra-territorio en abril del 2021. Derecho consagrado en: 1) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 2) la Ley Indígena de 1977; 3) el marco constitucional costarricense y; 4) el fallo No 20222024725 del miércoles 19 de octubre del 2022, de la Sala Constitucional, en el que se reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas. Las agresiones por parte de Luis Ángel Pérez y sus peones han ido desde el hostigamiento y acoso constante, insultos racistas, hasta las amenazas de muerte, amenazas agravadas (con arma en mano) y escaló con disparos al cuerpo de las personas recuperadoras el pasado 04 de noviembre; día en el que la familia Sandí Morales pudo completar el proceso de recuperación y la expulsión definitiva del ocupante ilegal y sus peones.
Esta situación se agrava, todavía más, ante los hechos denunciados el pasado miércoles 30 de noviembre del 2022 por la familia Bribri -del Clan Duri Wak- Sandí Morales y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Ambas partes, recibieron información sobre la filtración y difusión de imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón sobre los hechos que tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de noviembre -del año en curso- en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). Días en los que, como se mencionó anteriormente, la familia Sandí pudo completar el proceso de recuperación de tierra-territorio.
Estas imágenes, fueron difundidas de forma masiva por medio del grupo de Whatsapp «GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet , de quien se muestra su rostro e información personal. Estas imágenes fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de whatsapp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet.
Según la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ésta es la segunda ocasión en la que un informe de investigación judicial es filtrado. La primera vez fue durante los días 21 y 22 de enero del 2021 cuando el medio de comunicación CrHoy.com filtró información del caso por el homicidio por razones políticas del líder Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwák; expediente judicial 19-0000178-0990-PE.
Estas filtraciones no sólo levantan sospechas de que en el Poder Judicial se encuentran intereses coludidos a favor de los ocupantes ilegales y terratenientes sino que también inciden en el debido proceso, en el buen desarrollo de las investigaciones y pesquisas judiciales correspondientes.
Además, como si esto fuera poco, pone en riesgo a las personas que pertenecen a los Pueblos Originarios y no que están implicadas. Quienes son las mismas personas que tras más de 12 años de resistencia, han sobrevivido a la violencia racista con la que responden los ocupantes ilegales a los procesos de recuperación de tierra-territorio. Violencia, por mucho, mortífera y que al día de hoy logró acabar con la vida de los líderes Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak y del Territorio Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera Brörán de Térraba.
Es importante recordar que la familia Sandí Morales ha recibido ataques donde les han quemado su casa y destruido cultivos; y que desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se emitieron las Alertas Tempranas los días 10, 16 y 22 de noviembre del año en curso, sobre posible contratación de servicios de sicariato y agresiones contra la familia Sandí Morales.
Así insistimos: los hechos hablan por sí mismos y el riesgo a la vida y a la integridad física de la familia Bribri Rivera Sandí Morales y de Gustavo Oreamuno Vignet es real, preocupante y urgente de atender. Ante las constantes amenazas y ataques al honor de Gustavo Oreamuno Vignet, esta persona interpuso las respectivas denuncias judiciales por amenazas contra personas afines a los intereses de los ocupantes ilegales de Territorios Indígenas, denuncias que se tramitan ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas en los expedientes #20-006343-0042-PE y #21-0000003-1214-PE.
Ante ello, las organizaciones y personas solidarias y firmantes de este comunicado EXIGIMOS:
1- Que a la brevedad se brinde un informe sobre la filtración de las fotografías de estos documentos que en teoría corresponden a un expediente propio de una investigación y compendio de información exclusivo del Organismo de Investigación Judicial. Además, que se lleven hasta las últimas consecuencias administrativas y judiciales a las personas implicadas.
2- Que la Fuerza Pública se haga presente en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) de forma inmediata y permanente y que garantice la integridad física y vida de la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak.
3- Responsabilizamos al Estado costarricense ante cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, emocional y la vida tanto de la familia Sandí Morales como la de Gustavo Oreamuno Vignet. Ello ante la actitud complaciente de las autoridades competentes por no velar el cumplimiento de la ley indigena, hacer cumplir la declaración de nulidad de la Sala constitucional ante la compraventa de tierras en territorios indígenas posterior a 1977 y el cumplimiento pleno de las medidas cautelares que organismos internacionales han impuesto como medida de protección a las personas recuperadoras.
Suscribimos este comunicado público: – Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok. – Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). – Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU). – Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre. – Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). – Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha. – Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba. – Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba. – Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc. – Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur. – Cootraosa. – Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina. – Asociación Voces Nuestras. – Frente Tierra. – La Juventud Vanguardista Costarricense. – Sociedad Juglar Pacaqua. – Mujeres por Costa Rica. – Asociación de Escritoras Costarricenses. – Buen Vivir Costa Rica. – Confluencia Solidaria. – Partido Vanguardia Popular. – Movimiento de Trabajadores y Campesinos. – Bloque de Vivienda. – Confederación Unitaria de Trabajadores. – Fundación Pedagógica Nuestramérica. – Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.
