Hoy se conmemora en Estados Unidos y en otras partes del mundo el Día de Martín Luther King Jr. Una celebración que se conmemora con el propósito de mantener vivo el mensaje de este personaje que luchó toda su vida por los derechos civiles y los derechos humanos. Transformó, con sus luchas, sus acciones y discursos, la vida social de los Estados Unidos, especialmente en beneficio de la población negra.
Martin Luther King organizó y dirigió marchas por el derecho al voto de los afroamericanos, la desegregación, el derecho al trabajo y otros derechos básicos.
La mayor parte de ellos terminaron por ser sancionados como leyes en la Civil Rights Act of 1964 y el Voting Rights Act de 1965.
Su incidencia no fue solo en Estados Unidos, sino que en muchos otros países los aires de libertad e igualdad que promulgaba Luther King se fueron impregnando al punto que el número de naciones independientes entre 1964 y 1970 creció enormemente, especialmente por la liberación de las colonias existentes en África y América.
El tercer lunes de cada mes de enero se conmemora este día y en realidad no tiene que ver ni con su nacimiento que fue un 15 de enero ni con su muerte que fue un 4 de abril. Tampoco con el otorgamiento de su premio Nobel de la Paz en 1964. Así se sancionó la ley en el periodo de Reagan como presiente en 1983, a pesar que desde 1968, se pretendió crear este día. Hoy es uno de los 11 feriados que tiene Estados Unidos.
El 28 de agosto de 1963 pronunció en Washington su famoso discurso “Tuve un sueño” (I have a dream), en él llamó la atención sobre la deuda histórica de los Estados Unidos en relación con la libertad de las personas. Inicia el discurso recordando la figura del presidente estadounidense Abraham Lincoln, quien cien años antes había abolido la esclavitud. No obstante, se lamenta, pues ese siglo de historia ha demostrado que los afroamericanos continúan sin ser libres en los Estados Unidos, que continúan siendo relegados y segregados.
En ese sentido, se refiere a la deuda histórica de Estados Unidos con la comunidad afroamericana en los términos de un cheque que aún no ha sido pagado, y cuyo pago constituye el reconocimiento del derecho a la libertad, la seguridad y la justicia que exigen pacífica pero firmemente.
Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas.
Es muy importante destacar que aún hoy hay muchas situaciones de discriminación y de falta de respeto a los derechos humanos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo incluida nuestra región.
Dios quiera que el sueño de Martin Luther King Jr se haga realidad completamente, algo se ha logrado pero, aún queda mucho por lograr y hacer realidad.
Alerta compañeros y compañeras de PUEBLOS INDÍGENAS y de MOVIMIENTOS AMBIENTALES:
El día de hoy se votará en Primer Debate el Expediente 21.550 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE NAGOYA.
Durante la semana pasada (y desde el año pasado) venimos advirtiendo que el texto final no ha sido consultado con los pueblos indígenas del país lo que violenta el convenio 169 de la OIT, siendo que este proyecto incide directamente sobre su vida cotidiana al permitir patentes y repartición de ganancias por el uso del conocimiento tradicional y de la riqueza biológica. Igualmente, señalamos que hay deficiencias que deben ser corregidas vía clausulas interpretativas para evitar ganancias que se deriven de la biopiratería.
Sin embargo, el jueves anterior, nuestras advertencias fueron ignoradas en el Plenario Legislativo en donde -inclusive- una Diputación del PLP se levantó a decir que nuestra solicitud era «un capricho ideológico».
Hacemos un llamado a los diferentes sectores a expresar sus opiniones e inquietudes cuánto antes. El tiempo apremia.
Atentamente, Sofía Guillén Pérez Diputada de la República Partido Frente Amplio sofia.guillen.diputada@gmail.com
Compartido con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.
La promulgación de la Ley Indígena en 1977 marca un precedente para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas. Imagen con fines ilustrativos: comunidad indígena guaymí, Alto Conte, Golfito. (Foto: Anel Kenjekeeva, ODI)
Alejandra Amador Salas, Periodista
Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario a finales del año 2022, la Universidad de Costa Rica (UCR) celebró el fallo de la Sala Constitucional que declara la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los territorios de estas poblaciones, realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.
Esta Ley establece en su artículo 3 que Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.
Pese a la claridad de la legislación, el señor Rodrigo Aráuz Figueroa interpuso en el año 2021 una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en relación con dicho artículo. Sin embargo, el 19 de octubre 2022, la Sala Constitucional declaró sin lugar esta acción, por mayoría.
Ante esta situación, la UCR considera que la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de los pueblos originarios y la resolución de la Sala Constitucional reflejan la necesidad de que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial intervengan con celeridad y procedan con los desahucios correspondientes para que estas poblaciones recuperen sus tierras y que no haya violencia durante el proceso.
Desde hace más de 10 años, el Consejo Universitario ha visibilizado las situaciones que han vivido los pueblos indígenas costarricenses con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras y recursos. Asimismo, ha instado al Gobierno de la República a tomar medidas contundentes para proteger a esta población tan vulnerable.
Mujeres Mano de Tigre -Orcuo Dbön Territorio Indígena de Térraba
Patronato Nacional de la Infancia desarraiga niño indígena y ordena sacarlo de su territorio.
Esta lamentable acción sucede a pesar de lo que Sala Constitucional ha estipulado en materia de niñez indígena y en relación particular al problema del desarraigo.
Jueves 12 de enero de 2023. Territorio Indígena de Térraba, Buenos Aires, Puntarenas.
El día martes 10 de enero, la oficina local de Buenos Aires del Patronato Nacional de la Infancia ejecutó la resolución N. PE-PEP-0518-2022, a través de la cual ordena el retorno de un menor de edad indígena con su padre no indígena, en una intervención que consideramos violenta el vínculo que el menor tiene con su familia materna, con su comunidad y que lesiona su derecho a la identidad cultural y sentido de pertenencia, como niño indígena.
Este caso en particular cuenta con un amplio expediente, debido a que la abuela materna interpuso denuncias por negligencia y violencia contra sus nietos menores de edad, ejerciendo el rol que culturalmente tienen las abuelas indígenas en la cultura Brörán de protección a la niñez.
Debido a las apelaciones y a un proceso de organización comunitaria, desde hace aproximadamente un año; se han llevado a cabo diálogos entre las organizaciones comunitarias del Territorio Indígena de Térraba, el Patronato Nacional de la Infancia auspiciados por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de la Organización de las Naciones Unidas, para abordar el problema de las intervenciones del PANI en los territorios indígenas y las violaciones a los derechos de la niñez indígena. Sin embargo, la intervención realizada el día martes 10 de enero, refleja que el PANI no solo no tiene la intención de respetar los derechos de los pueblos indígenas, ya que en las múltiples resoluciones sobre el caso hacen omisiones abiertas y lamentables a la legislación en materia indígena, sino que irrespeta y deja en letra vacía lo avanzado en los distintos diálogos que se han dado en nuestra comunidad.
Consideramos que, si bien el mandato del PANI es salvaguardar el interés superior de la niñez, esta institución no puede hacer caso omiso de las condiciones particulares de la niñez indígena, tal como establece la Sala Constitucional en su Resolución Nº 26125 – 2022 del 04 de noviembre del 2022, donde establece que el Estado costarricense debe procurar que en sus intervenciones se preste “particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico” en apego a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 20.
Por esta razón, denunciamos que el PANI ha hecho caso omiso respecto al origen cultural del menor de edad en cuestión, a pesar de haber sido cuidado y educado principalmente en su comunidad Brörán y no ha establecido soluciones que procuren salvaguardar el ejercicio pleno de su identidad cultural y de su arraigo y han separado también al niño de su hermano mayor, ya que no comparten el mismo progenitor.
Denunciamos que esta acción de la oficina local de Buenos Aires del Patronato Nacional es violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y contribuye al desarraigo forzoso, al generar intervenciones que separan a los niños y niñas de sus territorios y de su cultura sin ofrecer alternativas ni soluciones que contribuyan a salvaguardar el interés superior de la niñez indígena.
Demandamos al Estado costarricense que a través del PANI cumpla la normativa internacional en materia de derechos humanos de la niñez indígena y que esta institución de manera inmediata adecúe el protocolo para atención a la niñez indígena. Asimismo, recordamos la necesidad imperiosa de cumplir con la jurisprudencia internacional en materia de niñez indígena.
Anunciamos una serie de acciones de presión y denunciamos a nivel nacional e internacional para que se respete a cabalidad los derechos de las personas menores de edad indígenas y que este lamentable caso en particular sea subsanado en lo inmediato, según dicta la normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Mujeres Mano de Tigre – Orcuo Dbön Territorio Indígena de Térraba
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) – Brasil, la Asociación Brasileña de Apoyo a la Infancia y la Fundación Vida para Todos – ABAI, realizaron este 10 de enero de 2023 un manifiesto en conjunto ante el intento de golpe de Estado realizado en Brasil, en el cual comunican:
“Las instituciones de la sociedad civil, antes nombradas, sin fines de lucro, que actúen en la defensa de los derechos humanos, solidaridad, respeto al medio ambiente y producción de alimentos saludables, por sus respectivos representantes, expresan su repudio a los actos violentos de terrorismo real practicados ayer en Brasilia, contra Instituciones Públicas de los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia.
La democracia no es compatible, ni con actos violentos, conspiraciones u omisiones de nadie, y mucho menos de autoridades constituidas para defender los intereses más grandeslulu del país – una vida digna para todos los brasileños y brasileñas, el estado de derecho, el patrimonio público, la riqueza natural y la Constitución Federal de la República.
Brasil necesita paz y unidad para reconstruir el país después de toda la destrucción de economía y derechos fundamentales de los últimos años. En este contexto, nos unimos a todas las fuerzas democráticas, en particular al gobierno legítimamente electo del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el propósito de promover la paz social y la reconstrucción de un país justo y solidario para todos y cada uno”.
Si bien la mayor parte de golpes de Estado de los que tenemos recuerdo en América Latina han tenido la activa participación de políticos y empresarios de derecha, militares, y su conjunción con la maquinaria política y fáctica de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América; lo cierto es que esa articulación política ha experimentado una metamorfosis en las últimas dos décadas en nuestra región.
Ya no se requiere del decisivo empujón de los militares, aunque una vez establecido el golpe, el respaldo de estos será fundamental para sostenerlo. Y es que un golpe orquestado por los militares finalmente resta legitimidad y queda así registrado en la historia, además del derramamiento de sangre que implica y los procesos judiciales que eventualmente le supondrá a los represores.
Por otra parte, el papel de la Casa Blanca en muchos casos pareciera ser un tanto opaco, pero es innegable la confluencia de intereses que tienen con los golpistas; y a la postre, las acciones diplomáticas que desarrollan en muy pocas semanas terminan dándole sostenibilidad y legitimidad política a los golpistas. El fracaso con Cuba o el soberano ridículo que han hecho en Venezuela son excelentes muestras de que la virulencia golpista que estimulan no siempre acaba bien, y que se puede trabajar de manera sigilosa debajo de la mesa, siempre en pro de su limitada visión de democracia pero anteponiendo sus intereses hegemónicos.
Lo que si me resulta un logro indiscutible de la derecha en el presente, es el amplio trabajo mediático y la activa movilización social favorable al golpe de Estado que han orquestado, sea de manera blanda o violenta. Y no es que en el pasado no existiera -recuérdese Chile antes del golpe del año 1973-; pero lo que se experimentó con el golpe de Estado en Bolivia (2019) o el día de ayer en Brasil contra el gobierno de Lula, en el cual se manifestó de forma sostenida y violenta la activa participación de una parte de la ciudadanía, evidencia la constitución de una suerte de organicidad golpista que se ha instalado en el ADN de los movimientos de derecha de corte fascista de nuestra región, y que incluso se materializó en el asalto al Capitolio por la hordas trumpistas en el año 2021 y que también tuvo cabida en la intentona golpista reciente en Alemania.
En esa organicidad golpista se reúnen una serie de intereses que han sabido cultivarse, amalgamarse, posicionarse y sostenerse muy bien, incluso más allá de sus diferencias y banderas: antiderechos, iglesias cristianas radicales, anti ambientalistas, neoliberales, conservadores, anti ciencia, negacionistas, pro tenencia de armas, pro dictaduras, anticomunistas, antimigración, supremacismo blanco, extrema derecha, fascistas, etc. Un movimiento que adquirió vida y autonomía a partir de la violencia política y socio cultural derivada de la imposición capitalista del neoliberalismo, y que sin lugar a dudas se convierte en una severa amenaza a todo lo que represente democracia, derechos humanos, justicia, igualdad, emancipación social y sustentabilidad ambiental.
El panorama político es realmente complejo y sus consecuencias sociales y políticas presumibles.
La derecha golpista, cristalizada ahora en amplios sectores sociales que defienden sus intereses de manera violenta, incluso rechazando principios como la democracia, la legitimidad del sistema electoral, la división de poderes, o la integración social, suponen un reto de enorme envergadura para toda América Latina. Los recientes golpes contra Evo, contra Castillo, contra Lula, o el intento de asesinato contra Cristina Fernández, son solo la punta del iceberg de un proceso político de mayor amplitud que ya se dibuja de manera amenazante en nuestro horizonte.
SURCOS comparte el homenaje a Mariana Delgado Morales, recuperadora de tierra indígena Bri Bri. Extractos del documental «Recuperando la Tierra», UNFPA Costa Rica, 2021. Que su memoria y lucha perduren.
Dado el racismo visceral con que la sociedad costarricense asume, consciente o inconscientemente, la lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios, con la cual ejercen los derechos establecidos en la jurisdicción nacional e internacional, es muy posible que la muerte de doña Mariana Delgado Morales pase desapercibida, silenciada e invisibilizada. Sirva este escrito para honrar su memoria y destacar su capacidad de resistencia frente a los múltiples atropellos de los que fue víctima.
Su lucha y su resistencia estuvieron siempre acompañadas, desdichadamente, por el dolor que le infringieron a ella y su comunidad quienes, al margen de la ley y de todo sentimiento noble, ocupan ilegalmente los territorios y actúan con toda clase de actos violentos como lo detalla el siguiente testimonio suyo de noviembre del año 2020. Doña Mariana Delgado Morales era indígena Bribri del Clan Tubolwak del Territorio de Salitre. A continuación, sus palabras:
“La lucha de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas y, en especial en mi caso, se ha venido dando desde que nacimos, porque nuestras abuelas y nuestras madres eran luchadoras incansables, porque tuvieron que enfrentarse, en ese tiempo, a la misma situación de discriminación, de racismo, de violencia, de humillaciones contra ellas, al igual que nosotras ahorita estamos sintiendo aún en este siglo que deberíamos de entender que haya mejorado la situación de las mujeres en el mundo, pero no es así, menos para nosotras las mujeres indígenas.
Hoy, el 25 de noviembre se conmemora [el día internacional de la violencia contra las mujeres], pues yo siento que nosotras cada vez más, en vez de avanzar, cada vez más como que retrocedemos con lo que está haciendo el Estado en contra de nosotros porque, desde que iniciamos más fuertemente las luchas de recuperaciones, de reivindicación de nuestros derechos, el Gobierno no ha querido escucharnos y nos toca ver cómo sufre nuestro pueblo, cómo desangra nuestro pueblo, cómo nuestros hijos son agredidos y cómo nos matan a nuestros hermanos por levantar la voz para exigir justicia para nuestro pueblo.
Es una situación cada vez más lamentable para nosotras las mujeres indígenas que, en estos procesos de lucha, es […], es doloroso para nosotras´, porque vemos como sufren nuestros hijos. En mi caso, ver a mi hijo sufrir con dos balas en su pierna y verlo todo joven, pero que aún está impedido, no puede ganarse su sustento diario solo, porque la salud no le permite, porque el dolor en su pierna es terrible y aún ver a sus hijos y sus hijas con muchas necesidades es algo muy, muy lamentable y doloroso para uno como madre y abuela.
Situaciones como esas de amenazas y de violencia hemos estado viviendo en mi territorio, en Salitre y ver que el Estado se hace de la vista gorda de todos los sufrimientos de nosotros lo indígenas, pues no tiene otra palabra: el Gobierno no se preocupa ni se ha preocupado nunca por nosotros.
En esta situación, quisiera compartir también que el Gobierno, después del asesinato de nuestro hermano Sergio, entró con toda su comisión del vice ministerio de la Presidencia, como la Corte Suprema de Justicia, ministerio de Seguridad, ministerio de Justicia y Paz y otros; después del asesinato de Sergio nos reunimos, como consejo, con esta comisión en varias reuniones como para acordar acciones a seguir como monitoreo en el territorio y también nuevas recuperaciones que hubieron (sic) en ese tiempo. Esos monitoreos se cumplieron en parte. Se acordó que el Gobierno realizara el desalojo de los finqueros no indígenas que usurpan las tierras y esos desalojos tampoco se realizaron.
Se le solicitó al Gobierno avances en la investigación del asesinato de Sergio Rojas y el Gobierno nunca dio informes del avance en este caso. También solicitamos al Gobierno que busque mecanismos para devolver las tierras directamente a los indígenas y no a través de la ADI y hasta el momento no han contestado. Por esa razón, la relación con el Gobierno ha sido muy poca y nosotros no hemos estado anuentes a realizar más reuniones, ya que el Poder Ejecutivo no nos ha dicho cuáles son los pasos a seguir para la devolución de las tierras. A nosotros lo que nos interesa es que el Gobierno agilice los procesos de recuperación y el Gobierno no ha mostrado ningún interés en seguir los pasos para la devolución de las tierras y que no sea a través de la ADI. El Estado ha incurrido en retrasos injustificados para devolver las tierras a los indígenas, en vista de que ha transcurrido mucho tiempo desde la creación de la ley y el inicio de los procesos de recuperación.
Tampoco han encontrado una forma ágil y oportuna para hacer efectiva la devolución de la tierra a los indígenas. [Recibimos] la visita del Gobierno, no oficial, para intercambiar algunas ideas. Se entabló conversaciones, pero nada afirmativo, hasta este momento no han hecho alguna acción positiva por la llegada de la pandemia del covid 19 al país, más bien el Gobierno lo tomó para poner excusas, para no continuar con lo que les correspondía realizar en Salitre en temas de saneamiento territorial y seguridad. También el Poder Judicial tomó la pandemia como excusa para no aligerar los procesos judiciales.
Además de eso, aumentó la violencia en el 2020 después del asesinato del líder bribri Sergio Rojas. La falta de voluntad del Gobierno de sancionar a los culpables de ese asesinato motivó que el usurpador Heliodoro Figueroa Uva le dispara a Mainor Ortiz Delgado en su pierna derecha el día 9 de febrero del año 2020 cuando Mainor se encontraba trabajando en su finca con su familia. El día 21 de agosto ese mismo agresor entró en casa de la indígena bribri Claudina Figueroa Rojas y Ana Patricia Calderón Figueroa, ambas del Clan Uniwack, sacó un arma que portaba en su cintura y un cuchillo que llevaba en su mano, amenazó a las compañeras y les dijo que las iba a agredir; luego de gritarles y ofenderlas, dijo que si no salían de esa tierra les iba a disparar, a lo que las mujeres resistieron a salir. Ese agresor, en otra ocasión, ya había amenazado herir a la señora Claudina con un cuchillo, cuando ingresó en la propiedad de ella. Ese día un vecino la defendió de que la hirieran con un cuchillo.
El 21 de marzo, en horas de la mañana, el usurpador Rodrigo Figueroa Uva amenazó golpear a Enrique Ortiz Figueroa del Clan Uniwack. Le dijo que era mejor que se calle y no hable, porque él no sabe lo que le puede pasar, pues Enrique es testigo de Mainor Ortiz en una demanda de agresión con arma.
Mariana Delgado Morales.
Quiero manifestar que el 24 de septiembre de 2020 nos enteramos la noticia de que el Poder Judicial tomó la decisión de desestimar el caso del asesinato de nuestro hermano y líder Sergio Rojas Ortiz. Noticia que recibimos con mucho dolor e indignación en el territorio de Salitre. Decisión que tomó el Poder Judicial basándose, supuestamente, en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales. En esta situación, vemos que no tenemos apoyo de la justicia costarricense, ya que se nos está demostrando con el asesinato de Sergio Roja que no se vislumbra un esfuerzo por parte del Poder Judicial para encontrar a los culpables del asesinato y que sean castigados como debe ser.
Por otro lado, el Estado no ha devuelto las tierras a los indígenas que es la causa de toda violencia y asesinatos contra los indígenas. Y la desestimación de este caso estimula a los usurpadores para que continúen con la violencia, ya que el Poder Judicial les da el respaldo y avala así a los no indígenas para que continúen con las amenazas de muerte a los defensores de derechos, a familias que recuperan tierras y aumenta la posibilidad de nuevos asesinatos de indígenas que defienden sus territorios, pues lo no indígenas observan que no le dan importancia a la investigación de un indígena asesinado, lo que provoca que los no indígenas intensifiquen todas formas de violencia en contra de los indígenas. Esto sería muy peligroso, lamentable para el pueblo bribri de Salitre.
Esta es la situación actual de mi territorio en Salitre, lo estamos pasando, lo que hemos vivido y seguimos viviendo, ya que no hay respuesta, no hay apoyo de parte del Estado a esta situación de violencia que hemos estado viviendo. Lamentable, como digo, porque vemos una situación muy crítica para nosotros. No sabemos hasta cuándo”. (Delgado, 2020, m14s12)*
¿Cuándo le daremos en Costa Rica el lugar que merecen los pueblos originarios?
Siembran con sus luchas semillas de dignidad.
Isabel Ducca D.
*Para consultar el documento completo: Audiovisuales UNED. (2020, noviembre 25). Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos /Foro [Vídeo]
SINAE AFINES muestra su preocupación con promover el bienestar de las personas trabajadoras realizando la carrera por la salud y con mantener una responsabilidad social con grupos vulnerables, como los son las personas en situación de calle y las personas VIH positivas, realizando una donación significativa a la Asociación Casa Hogar San José que se encarga de ayudar a estas poblaciones vulnerables.
Esta donación fue posible por las utilidades generadas con la carrera y ayudará en la ejecución de los programadas de la Casa Hogar. La visión estratégica de SINAE AFINES contempla la lucha por la desigualdad social. ¡Somos un equipo ganador!
Ante la cruel violencia estatal y la criminalización de la protesta social por parte del gobierno de Dina Boluarte, el CEP alza su voz de protesta. Rechazamos el “(auto) golpe de Estado”, promovido por civiles, militares y justificado por la derecha y la ultraderecha peruana en el Legislativo; todo al amparo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la injerencia de voceros del gobierno norteamericano.
Denunciamos el intento de los medios de comunicación de invisibilizar asesinados, heridos, golpeados, injuriados, subestimados, perseguidos, secuestrados y desaparecidos por parte del Grupo Terna, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Su accionar cobarde y premeditado ya genera víctimas fatales, especialmente, contra menores, además de jóvenes y adultos. La sangre de alrededor de 28 asesinados clama por justicia: 9 en Ayacucho, 6 en Apurímac, 3 en Cusco, 3 en Junín, 3 en La Libertad, 3 en Ucayali y 1 en Arequipa. El estado de emergencia nacional no justifica tales asesinatos, se trata sí de violentos atentados contra la vida y defensa de los derechos del pueblo presente en comunidades, territorios y departamentos del Perú, a quien vilmente se le calumnia y acusa de terrorista.
La legítima protesta popular hace eco del quinto mandamiento: “No matarás” (Éxodo 20:13). Por el gran mandamiento de “Amor a Dios” y “Amor al prójimo” (Mateo 22:34-40), la Iglesia está llamada a asumir la misión encomendada, alzar su voz profética, demostrar su solidaridad y optar por los más empobrecidos en cumplimiento con las exigencias bíblicas y los nuevos retos históricos (Zacarías 7:10; Santiago 1:27; Mateo 5:3-11). Ante tal demanda del Evangelio, observamos con preocupación los pusilánimes comunicados de iglesias cristianas y, peor aún, la disposición de sus líderes a colaborar con este régimen autoritario. Por la memoria de las víctimas de ayer y hoy, el CEP rechaza, denuncia y confronta la dictadura cívico-militar instalada desde el 7 de diciembre de 2022 bajo la usurpación de Dina Boluarte. Se evidencia así el apoyo irrestricto de la oligarquía, la burguesía y las élites de la sociedad peruana, como soporte a los intereses en juego de las transnacionales mineras, las políticas neoliberales y los condicionamientos geopolíticos regionales.
En las calles, las consignas de un pueblo en marcha reafirman contundentemente su propuesta: ¡Renuncia Dina! ¡Libertad de Castillo! ¡Cierre del Congreso! ¡Asamblea Constituyente! ¡Nuevas Elecciones! Pasadas las fiestas de fin de año, miles de voces ya retumban convocando espontáneamente a organizaciones populares, fuerzas progresistas, sectores de izquierda, organismos de derechos humanos, cristianos e iglesias comprometidas, y otros colectivos, para establecer alianzas y conformar un frente político de lucha y transformación social que consideramos indispensable y estratégico.
Al terminar el año 2022 e iniciar el 2023, deseamos que la fe, la esperanza y el amor acompañen a hombres y mujeres que apuestan por la defensa de la vida y afirmación de la dignidad en contraposición al individualismo, el egoísmo, el racismo, la prepotencia, la indiferencia y el ninguneo social. Contra el terruqueo. ¡Por una Patria Libre y Soberana!
