El ministro de Ambiente y Energía reproduce mitos y argumentos falaces socializados por sectores económicos que adversan el modelo de desarrollo sostenible costarricense.
Declaraciones emitidas por el ministro al medio internacional El País, provocan preocupación, y pueden generar perjuicio para la imagen del país.
San José, Costa Rica. La Asociación Madre Tierra expresa su preocupación y molestia por las declaraciones emitidas por el ministro de Ambiente y Energía, el señor Franz Tattembach, al medio internacional El País (Publicación del 02 de septiembre de 2022),en las que afirma, entre otras cosas, en relación con el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú que: “No lo vamos a ratificar simplemente porque se llame Acuerdo de Escazú.” – “El acuerdo de Escazú muchos sectores lo ven como no necesario.” “Es que puede trabar mucho más los proyectos de inversión, como carreteras”.
Las declaraciones del ministro no solo faltan a la verdad, son imprudentes y carecen de sustento técnico y científico, se contraponen al modelo de desarrollo de protección del ambiente que, como política de estado ha sido adoptado, impulsado y respetado por varios gobiernos en Costa Rica. Si en algo hemos coincidido los costarricenses, y ha encontrado a todos los sectores políticos a través de generaciones, es en la apuesta al desarrollo sostenible y sustentable; Costa Rica ha apostado a la diplomacia ambiental como uno de sus ejes centrales de su política exterior, consolidada también por sus sólidos principios y valores en la defensa de los derechos humanos, de manera que las declaraciones del ministro muestran incoherencia y una desvalorización del derecho internacional.
Distintas organizaciones internacionales y de banca multilateral, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han sostenido que el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones.
El ministro también reconoce en esa entrevista que no es ambientalista y, se pronuncia como vocero de los intereses de otros sectores económicos y gremios empresariales. En ese sentido le recordamos al ministro, que su responsabilidad principal como rector del sector, es la de velar por la protección del ambiente y de quienes lo defienden.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras del medio ambiente, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años (2021). Una reciente investigación publicada en el país dio cuenta de casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas, locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 personas defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría se mantienen aún en la impunidad.
Por todas estas razones es urgente la ratificación del “Acuerdo de Escazú” por parte del Estado costarricense. La Asociación Madre Tierra, luego de repudiar las declaraciones del ministro, hace un llamado para que el gobierno de La República remita cuanto antes a la Asamblea Legislativa el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú” y contribuya a crear el ambiente apropiado para su ratificación por parte de esta.
Bach. Ariel Romero Ruiz,
Coordinador Comisión Asuntos Políticos y Legislativos
Asoc. para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra
Dr. Alberto Salom Echeverría,
Presidente
Asoc. para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra
Una travesía de miles de personas hacia una nueva vida
Todos los inmigrantes de América del Sur que quieren llegar a Estados Unidos tienen que pasar por el tapón del Darién. Al llegar a la frontera entre Colombia y Panamá la carretera se termina y empieza el Darién, una odisea de kilómetros de jungla.
Según las autoridades panameñas, en 2021 más de 130.000 personas hicieron la ruta, de los cuales 19.000 eran niños. Muchos de los inmigrantes que se aventuran a hacer la ruta es porque al ser inmigrantes ilegales en países de América del sur tienen el temor de ser deportados a sus países de origen así que la única salida es cruzar la selva para hacer camino hacia Estados Unidos.
Necoclí: campamentos improvisados
La travesía empieza en Necoclí, un paraje a las orillas del mar caribe es un lugar donde llegan un sin fin de viajeros que buscan un fin de semana de cócteles, arena y sol. Pero también es donde se juntan inmigrantes de todo el planeta. En el puerto de Necoclí se han llegado a juntar hasta 15.000 inmigrantes, una cifra muy alta para un lugar que no cuenta con la infraestructura para acoger tal cantidad de visitantes, de modo que se arman campamentos improvisados en las playas y allí se instalan durante semanas a la espera de un cupo en uno de los barcos que les llevará desde Necoclí hasta el otro lado del golfo, Capurganá.
Los campamentos en Necoclí son insalubres, no hay baños ni duchas y muchos migrantes tienen que dormir a la intemperie. En dicho entorno las enfermedades se propagan con mayor facilidad, las autoridades han alertado de posibles brotes de sarampión. En el puerto la desesperación por conseguir un puesto en los barcos va creciendo y juntándose con el desgaste mental y el cansancio físico. Muchas familias tienen que esperar su turno durante horas, algunas improvisan morrales de montaña mientras que otros utilizan bolsas de plástico para llevar el poco equipaje que llevan encima. Pegan sus nombres en los empaques para evitar confusiones, llevan lo imprescindible para empezar una nueva vida en otro lugar.
Capurganá: la jungla más salvaje
Pese a la pobreza del lugar, algunos migrantes consiguen comida gracias a colectas de la iglesia católica en sus parroquias, los fieles aportan alimentos para quienes lo necesiten. Cabe destacar que en muchos casos existe la barrera del idioma, la mayoría de migrantes de países como Haití habla creole, aun así buscan la forma de poderse entender.
Llegados al barco que les transportará hasta Panamá, muchos migrantes no saben que la travesía suele durar de promedio una semana. Según las autoridades de Panamá en 2021 más de 50 niños hicieron la ruta solos en la jungla del Darién. Los migrantes que cruzan la selva a parte de las dificultades del terreno deben superar asaltos, extorsiones y las mujeres a menudo violaciones, en 2021 se reportaron 88 casos de violaciones. En los barcos se juntan dos realidades muy distintas, turistas que vienen a disfrutar de las playas del Caribe y migrantes refugiados que llegan a pagar más del doble por el mismo viaje.
En Capugnará la situación no es fácil, el municipio ha perdido gran parte de su atractivo turístico por los migrantes. En la entrada a la selva, algunos caminos ecológicos eran lugares de interés turístico que ahora se han convertido en entradas clandestinas al Tapón del Darién.
Pese a que las autoridades constataron unos 50 cadáveres en el Darién, los testimonios de los migrantes apuntan a que la cifra podría ser mucho más elevada. La complejidad de la ruta hace que muchos de los migrantes dejen parte de sus pertenencias como ropa en medio de la ruta.
América Central: las dificultades continúan
Tras el Tapón del Darién empieza América Central, donde los migrantes encaran la extorsión de sistemas policiales corruptos, los riesgos de las bandas narcotraficantes y de las pandillas criminales como la mara Salvatrucha.
Entrada a México: llega la frontera burocrática
Los afortunados al llegar a Tapachula, en la frontera entre Guatemala y México, ahora tendrán que afrontar otro problema, la burocracia. México exige visa a los migrantes para poder continuar su viaje en dirección al norte. A la espera del documento, algunos se quedan varados a la espera durante meses. Para conseguir preferencia en la constitución de la visa las autoridades llegan a pedir más de 1.000 dólares.
Frontera con Estados Unidos: saltar hacia una nueva vida
Una vez llegados a la frontera con Estados Unidos los migrantes deben encontrar la forma de superar el muro fronterizo de Estados Unidos con México, además de no ser increpados por las autoridades estadounidenses. Los que lo consiguen se convierten en inmigrantes ilegales que tendrán que luchar para que su nueva vida pueda ser mejor a la de su duro pasado.
El Tapón del Darién no es un problema ajeno
La problemática que se vive en la frontera con Estados Unidos no es la única en el mundo, también existe la de Europa y los problemas con los movimientos migratorios son un fenómeno global, por ejemplo en Myanmar existe la persecución al pueblo Rohingya, el cual tiene que vivir en las montañas en viviendas sin acceso a servicios básicos sin agua. Los alimentos y los recursos energéticos son inasumibles para miles de personas, los ingresos se reducen y los costes como el precio de la luz (para los que consiguen acceso) se multiplican para esas familias alejadas en la precariedad.
De todos modos, también hay que plantearse una serie de cuestiones para abordar la problemática: ¿Cómo pueden los países receptores coordinar con los emisores de migrantes para amortiguar el fenómeno? ¿Pueden los ciudadanos apoyar de algún modo a los refugiados más allá de la gestión de las autoridades? Y por último ¿debemos permitir que en pleno siglo XXI ocurran este tipo tragedias como la del Tapón del Darién?
La Junta Directiva de la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, se une al homenaje que el Instituto Nacional de las Mujeres realizará a nuestra compañera Enid Cruz Ramírez, quien será galardonada con su ingreso a la Galería de la Mujer.
Según nos lo ha informado en su nota: INAMU-DEI-CGM-002-2022, esta distinción “tiene el propósito de reconocer el aporte de la señora Cruz a la defensa, promoción y avance de los derechos humanos de las mujeres, a través su trayectoria a favor de una sociedad justa, igualitaria y democrática».
Aunque la convocatoria del INAMU para hacer este reconocimiento a Enid Cruz Ramírez, se hará el 8 de marzo del 2023, no queremos dejar pasar el tiempo para manifestar la alegría y orgullo que nos embarga la noticia recibida.
Gracias a la incansable labor y compromiso social, de esta activista social se logró constituir en el año 1986 la asociación Mujeres Unidas en Salud y desarrollo (MUSADE); con el propósito de “promover la unión y organización de las mujeres de sectores campesinos y populares que le permita superar su condición de discriminación y subordinación y alcanzar su plena participación en el desarrollo de la sociedad. Impulsó una de las primeras redes interinstitucionales de atención y prevención de la violencia, se creó el programa defensoras populares, premiado por la ONU en el 2010, así como diferentes organizaciones de mujeres en comunidades; inspirada en el convencimiento que la organización es una de las herramientas más efectivas para desterrar las raíces de la opresión, la discriminación y todo tipo de violencia en una sociedad patriarcal y neoliberal».
Les compartimos el mensaje enviado por dos mujeres con motivo de la noticia y que han sido parte del legado de la compañera Enid.
“Gracias por todo lo que. haz hecho y sigues haciendo abriendo camino por el empoderamiento de las mujeres. Por tu escucha, guía y sostén cuando llegamos débiles impotentes ante la sociedad y nosotras mismas y aprendimos a encontrar muy dentro de nosotras y sacar todo ese potencial que tenemos para amarnos y salir fuertes y decir (Si puedo). Por mí y todas esas mujeres que salimos de la oscuridad para ser luz te digo gracias”.
“Muchas felicidades, usted se merece ese reconocimiento y muchos más ya que su labor ha sido súper importante y ha dejado huella en cada ser humano que ha conocido y estoy segura que al igual que yo hay miles de mujeres que cuando recuerdan su anterior situación ya superada pensaran igual que yo, y le darán gracias a dios por poner a Enid cruz en sus vidas para hacerles ver que somos merecedoras de vivir tranquilas y felices y sobre todo que valemos muchísimo , gracias por ser y existir y ser parte de la historia de cada una de nosotras”.
En nuestro 36 aniversario, MUSADE da el mérito y las gracias a esta mujer perseverante, por visibilizar las luchas de las mujeres, y del movimiento social popular de la región de occidente y del país en general.
Miércoles 30 de noviembre de 2022. Miembr@s de la familia Bribri Sandí Morales y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, recibieron el día de hoy, con suma preocupación, imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón; sobre los hechos acaecidos durante los días 4 y 5 de noviembre del año en curso en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
Las imágenes, fueron difundidas el día de hoy de forma masiva por medio del grupo de WhatsApp “GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» de la localidad y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, de quien se muestra su rostro e información personal.
Este grupo de WhatsApp ha sido denunciado públicamente y de manera formal ante el Estado de Costa Rica, por difundir mensajes de odio, racismo y amenazas contra las familias recuperadoras de tierra – territorio de los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica.
Solicitamos que de manera inmediata se realicen las investigaciones necesarias para determinar cómo se filtraron y se hicieron públicas imágenes sobre 2 Informes Oficiales de instancias judiciales y administrativas, información que es parte de una investigación judicial y que según el ordenamiento jurídico son confidenciales y se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes; además de brindar un informe sobre lo acontecido.
Las imágenes indicadas fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de WhatsApp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet, como ha sido denunciado pública y judicialmente de forma reiterada.
Es de conocimiento del Estado de Costa Rica de las amenazas y alto riesgo en el que se encuentra la familia Sandí Morales.
Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad de los Pueblos Originarios y de los Defensores de Derechos Humanos que acompañan sus justas causas.
(Al final puede agregar su firma en apoyo a esta declaración)
Ante la difícil situación que soportan los pueblos mayas Poqomchi y Q’eqchi de la Sierra de Las Minas de Purulha, Baja Verapaz, desde la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de CONVIDA 20, y con el apoyo de entidades y personas a nivel internacional, urgimos al gobierno de Alejandro Giammattei Falla de Guatemala, detenga la represión en contra de las comunidades que demandan el derecho histórico a sus tierras – territorios que les fueron arrebatadas desde hace más de 500 años.
En estos momentos dramáticos de permanente violación de derechos humanos y de los derechos de los pueblos, que vive nuestra América Latina, no es admisible que siga imperando la fuerza de los poderosos y que prevalezca la muerte. Con cuánta razón manifestaba en su momento San Oscar Romero: “debe de prevalecer la ley de Dios que dice: NO MATAR”. Con él decimos al gobierno de Guatemala: ya basta de provocar tanto sufrimiento y tanta desolación, únicamente para imponer un sistema que desde siempre ha producido muerte para los pueblos originarios y afrodescendientes.
El neoliberalismo y el extractivismo, se construyen sobre la represión, el despojo y la muerte de comunidades de pueblos originarios y por eso estos mismos pueblos, con justa razón se oponen a sus estrategias que son etnocidas y ecocidas.
Por todo esto nos solidarizamos con los pueblos Mayas de Guatemala que sufren los embates de este sistema criminal. Demandamos que la solidaridad internacional se pronuncie y que lo más pronto termine esta barbarie. Urgimos, al gobierno de Guatemala, detener la represión y los sistemáticos desalojos en los territorios ancestrales. La militarización nunca ha sido y no es la solución para resolver los problemas que llevan siglos en Guatemala y en toda América Latina.
Por último, llamamos a las fuerzas militares y policiales con las mismas palabras del Santo Monseñor Romero: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios… Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado”.
Abya Yala 25 de noviembre del 2022
Fabián Morales, COLOMBIA Luis Carlos Marreno, CUBA Darío Solano, REPÚBLICA DOMINICANA Kajkoj Máximo Ba Tiul, GUATEMALA Luis Javier Angulo, PERÚ Héctor Martínez Fernández, Tarahumara – MÉXICO Nidia Arrobo Rodas, ECUADOR Frei Betto, teólogo de la liberación y escritor de BRASIL
Puede enviar su firma a Fundación Pueblo Indio al correo: fundacionpuebloindiodelecuador@gmail.com Obligatorio: Nombre personal y/o la de su organización Correo electrónico de contacto País
Manifestamos nuestra honda preocupación por el intento de promover en Costa Rica una educación economicista, utilitaria y fragmentada. En los últimos días han surgido dos iniciativas educativas basadas en la psicología economicista. Por una parte, el Proyecto de Ley para el Fomento de la Cultura de Emprendimiento e Innovación, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente N. 23.240. Se justifica en las cifras alarmantes del desempleo que enfrenta el país y consta de 6 artículos, de los cuales los dos primeros contravienen las políticas y la legislación nacional e internacional vigentes:
Compromiso del estado costarricense. Señala que el Estado implementará el fomento y la formación del emprendedurismo y la innovación en todos los niveles del sistema educativo. “…para impactar de manera positiva en la generación de ingresos por cuenta propia, el crecimiento económico y la generación de empleos.
Enseñanza del emprendimiento. Señala que es obligatorio, para el sector educativo privado y público, implementar programas de fomento al emprendimiento innovador y desarrollo empresarial, desde el nivel de educación preescolar hasta la educación técnica y vocacional. El MEP define contenidos, metodología y evaluación.
Estos dos artículos rozan el interés primordial de protección y desarrollo pleno de la niñez, al incluir la educación preescolar y la educación primaria como niveles a los que se les forme en emprendedurismo para generar sus propios ingresos por cuenta propia.
La Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, señala que: “El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata y no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. También, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el trabajo infantil “… es una violación de los derechos humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán toda la vida. El trabajo infantil califica el trabajo nocivo para el desarrollo físico y mental de los niños e incluye tareas que son mental, física, social o moralmente peligrosas y dañinas para los niños, e interfieren con su escolaridad.”
De igual forma, estos dos artículos rozan con la Política Curricular vigente: Educar para una nueva ciudadanía, aprobada por el Consejo Superior de Educación.
Nos confunde el apoyo ofrecido a la propuesta de ley, por parte de la señora Ministra de Educación, Anna Katherinna Müller y el señor Viceministro Académico, Melvin Chaves Duarte ante la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, el pasado 25 de octubre, quienes proponen una reestructuración educativa basada en la psicología económica y del consumidor, en busca del emprendedurismo como una forma de ser.
En palabras de la señora Ministra: “Que el proyecto de Ley coincide con la propuesta que estamos desarrollando en el MEP. Y estamos viendo el emprendedurismo, no solo como un tema de empleo, sino como una forma de ser. Lo que queremos es que los niños desde pequeñitos lleguen a desarrollar, emprender: emprender negocios, emprender con iniciativa, enfrentar riesgos, buscar soluciones innovadoras”.
De acuerdo con la propuesta de las autoridades educativas, la formación para el emprendedurismo se inicia con primera infancia (desde los 0 meses hasta los 8 años, según UNICEF). Se busca, dicen, ofrecer una educación para aprender a dar el valor a las cosas y enseñar a ser consumidor. Además, incluiría guías para el Bienestar Económico en la Educación Primaria. Se busca que haya emprendimento personal y social para la vida.
Para educación secundaria y técnica, nuestra preocupación es menor, pues toda la literatura apunta a que en esa edad el desarrollo del adolescente está maduro para aprender y aplicar habilidades técnicas. Pero aún así, se evidencia siempre una visión utilitaria de la educación, alejada de la creatividad, los valores, la conciencia necesaria para la construcción de sociedades creativas y solidarias.
La concepción del ser humano como un ser social y cultural, cuya razón de vida es el desarrollo pleno y la convivencia, pasa a un segundo plano, para colocar en primer lugar al ser humano económico, cuya razón de vida es producir y consumir cosas y servicios, utilizando la transacción monetizada como forma principal de intercambio.
Aquí debemos también diferenciar la psicología economicista de la Economía Creativa promulgada por la la ONU y apoyada por la UNESCO (con la cual sí coincidimos), la cual aboga por la relación de ecosistemas que sean relevantes para las personas creadoras, y llama a la acción para repensar las políticas relacionadas con la educación, la seguridad social, el empleo, la adaptación digital, la propiedad intelectual, etc.
Abogamos por una educación que promueva la Creatividad para el Desarrollo Pleno y el Bienestary llamamos a una reflexión nacional inclusiva y multilateral sobre el estado actual y el futuro de la educación del país.
Si desea conocer el Manifiesto completo que incluye fundamentos y referencias a convenciones internacionales y legislación nacional, puede ingresar aquí:
El pasado 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el proyecto TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo de la UCR, estuvo presente en la lucha para erradicar la violencia de género, racista y clasista.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.
Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.
En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, esta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído”, indica la denuncia.
En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”
También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión”.
Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aún así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.
La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”
Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.
Artículo 338. -Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.
Artículo 123 bis.
Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.
Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.
Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández Arias
Durante más de cien años los trabajadores agrícolas han sido sometidos a condiciones de trabajo inaceptables por parte de las compañías extranjeras que en complicidad con el Estado costarricense, se apropiaron de las mejores tierras del país. ¿Por qué hoy prevalecen condiciones de trabajo semejantes a las de hace un siglo? ¿Por cuáles razones, después de tantos avances en instrumentos internacionales de derechos humanos, la realidad laboral sigue siendo muy semejante a la de un siglo atrás?
El 16 de noviembre de 2020, Costa Rica ha depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, convirtiéndose en el 47° país que ratifica el Protocolo a nivel mundial y el quinto a nivel de la región de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, ha pasado más de un siglo del Convenio 11 de la OIT sobre el derecho de asociación sindical de los trabajadores agrícolas, y a pesar de ello, no ha sido posible que estos puedan organizarse en sindicatos. Fueron las administraciones a partir de la década de los años ochenta las responsables de la desarticulación del sindicalismo agrícola y la eliminación de toda forma de negociación colectiva. Esta fue sustituida por organizaciones solidaristas y comités empresariales de trabajadores denominados comités permanentes. Estos últimos en supuesta representación de los trabajadores sustituyen a los sindicatos y firman arreglos directos. Las empresas transnacionales no permiten la negociación colectiva y apenas dejan existir algunos sindicatos para dar la apariencia que permiten la libertad sindical.
A pesar de la ratificación de los Convenios de OIT, números 11, 87 y 98 sobre libertad sindical y el Convenio 30 y su protocolo, no existen políticas eficaces para acabar con las formas de trabajo forzoso, prevalece la explotación de los trabajadores con mayor repercusión en migrantes, mujeres y niños y otros grupos vulnerables.
El Protocolo requiere que los Estados adopten medidas efectivas para prevenir y combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico forzoso, o la trata de personas, y para proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas, tales como una indemnización. Sin embargo, el acceso a la justicia está muy limitado, resulta oneroso y esto se agrava cuando se trata de poblaciones en situación de pobreza y marginalidad, como lo es la mayoría de los trabajadores agrícolas del país.
El trabajo asalariado ha estado concentrado desde finales del siglo XIX en los productos agrícolas de exportación, especialmente banano, café, caña de azúcar y más recientemente palma aceitera, piñas y otras frutas tropicales. Así se formó el proletariado agrícola que ha trabajado para los latifundios y empresas transnacionales que se fueron apropiando de las mejores tierras del país y construyeron sus propios enclaves sin fiscalización estatal.
En las zonas de enclaves agroindustriales, las personas tienen imposibilidad de acceder a la educación formal superior y a la formación profesional, debido a la inexistencia de las instituciones públicas en estas regiones. Situación que provoca que los niveles educativos sean bajos y de esta forma garantiza el relevo generacional de mano de obra en condición de vulnerabilidad. Aprovechando su condición de únicos empleadores en las comunidades, los jóvenes solamente tienen la oportunidad laboral en la agroindustria. Esta es una realidad perversa.
Las plantaciones afectan además la agricultura de producción de alimentos de los costarricenses, fueron cosechados con trabajo familiar de un sector de campesinos pobres, que muchas veces no cuentan con los medios para impulsar empresas agrícolas exitosas. Muchos de ellos ocupan mano de obra temporal en cosecha, y los propios miembros de la familia incluidos los niños y las niñas.
En el café, estos campesinos, con la orientación del Estado logran organizarse en cooperativas y vincularse al comercio internacional, conformando una clase media campesina. Los avances educativos y sanitarios promovidos por el Estado costarricense le permitirán junto al café, construir condiciones de vida y trabajo diferenciadas de los asalariados agrícolas.
Los trabajadores ocupados en las empresas agroindustriales donde la explotación capitalista impuso las condiciones de trabajo, un siglo después se encuentran en condiciones de miseria, sin posibilidad de tener acceso a la tierra y menos aún de aprovechar el desarrollo logrado por el país en materia de salud, educación y condiciones de vida.
Si los comparamos con otros sectores económicos, los trabajadores agrícolas están débilmente protegidos por las leyes laborales nacionales. En algunos casos esto se debe a que el alcance de la legislación es muy limitado para orientar las relaciones laborales, en donde prevalecen prácticas históricas de explotación y trabajo forzoso, que supone la explotación del trabajo de las mujeres, niños y niñas, población migrante y trabajadores indígenas.
En Costa Rica la legislación de protección simplemente no se cumple y las instituciones estatales son omisas o carecen de políticas públicas eficaces, porque prevalece la protección de estas empresas transnacionales, sus negocios, sobre los derechos laborales, la salud y el medio ambiente.
Además, la aplicación de la legislación, en general, es una problemática en las zonas rurales, donde los trabajadores, muchos de ellos migrantes, no están familiarizados con los detalles de la ley. Incluso cuando existe una legislación específica sobre jornadas de trabajo, salarios y formas de pago, contratación y alojamiento, mientras que la inspección y la aplicación tiende a ser débiles o inexistentes.
En el caso de las mujeres, la explotación se agrava por las distintas formas de violencia a que son sometidas. La mayor parte de las asalariadas agrícolas se caracteriza por la mala calidad de los empleos que se les ofrece, lo cual, redunda en los altos niveles de pobreza que persisten entre los trabajadores agrícolas.
Las mujeres no se encuentran en ningún puesto de mando. En la práctica realizan las mismas labores pesadas al igual que los demás trabajadores. Las líneas de ascenso no existen. No se regula en los acuerdos directos nada que tenga que ver con igualdad de género.
En este contexto se da mucha agresión sexual y contra el derecho a la intimidad de las trabajadoras. Los servicios sanitarios no están diferenciados ni existen en el campo. Las mujeres deben realizar sus necesidades fisiológicas en zanjas en condiciones humanamente inaceptables.
En cuanto a la salud laboral no se toman previsiones por su condición de mujeres. Deben trabajar con la misma intensidad que se les exige a sus compañeros de trabajo pues el pago es a destajo, el monto del pago depende del cumplimiento de la tarea asignada.
Sus empleos son mal remunerados y los salarios no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas, a pesar de cumplir con extensas jornadas de trabajo. No obstante, estas condiciones, sus aportes son fundamentales para superar la pobreza del hogar.
En estos escenarios se trabaja para comer y no para vivir, reproduce al mismo tiempo una mano de obra que desde muy joven se engancha en el mismo estilo de vida, con los mismos patrones culturales y con un futuro de limitaciones fácilmente pronosticable. Aparte en la importante población migrante en la agricultura, muchas son víctimas de explotación y trata de personas.
Las tarifas salariales fijadas a las labores por destajo las imponen las empresas sin que medie tutela del Estado o el Consejo Nacional de Salarios. Las fórmulas utilizadas para fijar estas tarifas son desconocidas por los trabajadores y por el mismo gobierno. Situación que coloca a los trabajadores en estado de indefensión, ya que deben ejecutarlas al ritmo e intensidad que unilateralmente le imponga el patrono. Desde nuestro punto de vista, el salario a destajo es el principal riesgo de trabajo, ya que arrastra a los trabajadores a realizar sobre esfuerzos, exponerse a riesgos y desgastarse físicamente de forma acelerada.
Podemos afirmar que el poder de las transnacionales agroindustriales no permite ningún nivel de inspección o control por parte del Estado costarricense y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la administración de justicia, tampoco constituyen un límite para su violación de los derechos laborales y el trabajo forzoso, y por tanto realizan sus infracciones a las leyes y normas constitucionales con absoluta impunidad. Esto quedó demostrado durante la reciente pandemia de COVID-19 donde muchas empresas agroindustriales propiedad de transnacionales no permitieron el ingreso de autoridades de salud.
Así, por ejemplo, persiste el trabajo infantil, les retienen documentos a los trabajadores migrantes y los hacinan en cuartuchos, les cobran el transporte hasta la finca donde ese día laboran. También deben comprar su alimentación o prepararla en lugares insalubres.
Los trabajadores y trabajadoras están por su cuenta sin una participación activa del Estado en materia de control de la salud laboral. Adolecen de agua potable y hasta se les sanciona por exigirla, trabajan largas jornadas bajo el sol, siendo personas iletradas riegan venenos, los trabajadores indígenas de las bananeras suscriben sus contratos de trabajo en idioma español aún y cuando no lean este idioma. No podemos omitir en este documento, la forma indiscriminada con que se vierten los agrotóxicos en la tierra, se contaminan los ríos, se talan los bosques, se enferman los vecinos, sufren los animales y se afectan de forma indirecta a los pequeños agricultores de las comunidades quienes padecen los efectos de plagas y reducción de tierra.
El Estado es un gran ausente. El acceso a la salud, a la justicia y la inexistencia de controles en materia de inspección de trabajo para que se pague la seguridad social afecta gravemente las condiciones de trabajo que resultan indignas. Frente a todo esto los trabajadores y trabajadoras se les niega el acceso a la justicia, no solo porque para plantear una demanda laboral requieren contratar la asistencia legal de un profesional, lo que resulta costoso o significa disponer de la mitad de los que se le vaya a indemnizar, sino porque los juzgados están muchas veces a distancias importantes de los lugares donde se ubican las empresas. Esto afecta las denuncias administrativas y judiciales de riesgo de trabajo facilitando la impunidad empresarial.
Más grave aún, persisten condiciones favorables a la trata de personas por las migraciones descontroladas y la inacción del Estado y sus autoridades. Muchas de estas empresas están ubicadas a ambos lados de la frontera con Nicaragua y Panamá, y miles de trabajadores deambulan sin que existan estrictos controles fronterizos porque rigen las normas de libre circulación sin requisitos que exigen estos enclaves territoriales donde se siembran los monocultivos.
Todo esto sucede en un país donde las leyes, tratados y convenios internacionales, son letra muerta, mientras los trabajadores no pueden organizarse libremente en sindicatos. Mientras los sindicatos no operen con libertad en la agroindustria costarricense, seguirá imponiéndose la esclavitud y la violación a los derechos humanos.
El señor y la señora, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAGH) y Dania Bando Castillo, secretaria general adjunta, en el marco de la reunión sindical con Tomoya Obokata, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, alzan la voz sobre las empresas agroindrustriales multinacionales y los mecanismos que utilizan estas para violentar los derechos humanos de los trabajadores, la forma en que estos afectan a las comunidades y el impedimento de la libertad sindical, esto ultimo es relevante pues sin libertad sindical no hay forma de revertir o luchar contra las nuevas formas de esclavitud en Costa Rica, según lo dicho por los representantes de la FENTRAGH.
Otros temas que se presentaron en la reunión fueron los de trabajadores migrantes, indígenas y el trabajo infantil en las agroindustrias. El tema de los migrantes es complejo pues estas poblaciones son invisibilizadas, y se les niega todo tipo de derecho laboral. La discriminación en la población indígena se presenta por medio de contratos en español, idioma que no manejan.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional busca un/a oficial de incidencia para integrar el Área de Incidencia en el Programa de CEJIL Mesoamérica.
CEJIL es una organización regional cuya misión es la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano mediante el uso de las herramientas que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y otros mecanismos de protección internacional.
