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Etiqueta: derechos humanos

Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios

Este próximo miércoles 12 de octubre a las 5:00 p.m. el Programa Voces y Política será motivado por la Semana de la Defensa Comunitaria de los Territorios. 

Se contará en el programa con la participación de Doris Ríos Ríos y Jason Ríos Ríos, quienes son representantes del Territorio Cabécar de Chiná Kichá. 

Si desea sintonizar Voces y Política síganlos por 96.7 FM en Radio Universidad o a través del Facebook Live de Radio Universidad de Costa Rica.

Día Internacional de la Niña

José Luis Pacheco Murillo

El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha proclamada por la ONU en 2012 con el objetivo de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género.

En realidad, el mundo ha avanzado mucho en cuanto al trato y respeto de los derechos de las niñas, sobre todo en lo referente a la primera década de vida.

Hoy en día es mucho mayor el número de niñas que acceden a las escuelas primarias, que son vacunadas durante su infancia y que poseen una calidad de vida idónea.

Sin embargo, aún quedan muchos retos por superar. Precisamente en los mismos hogares se presentan situaciones de discriminación en contra de las niñas y con relación a sus hermanos varones. Un problema cultural que arrastra muchas circunstancias que afectarán el futuro de esa niña.

Incluso en la adolescencia se manifiestan diferencias en las oportunidades para ellas con relación a los hombres.

Y en términos de abusos sexuales, las niñas están expuestas a graves tratos, a veces por sus mismos familiares. Las mutilaciones genitales en niñas suceden ante la indiferencia de autoridades. El que menores mujeres se vean obligadas a contraer matrimonio con mayores es una limitante para su adecuado desarrollo y hasta los padres acceden a eso por seguridad económica y las autoridades permiten que se den tales hechos.

Es urgente cambiar los estereotipos y es urgente más educación en torno a los derechos de las niñas y su empoderamiento para un desarrollo adecuado y fortalecido en esta sociedad tan llena de prejuicios y de violaciones en contra de las mujeres desde la infancia. Son necesarias medidas que las apoyen y que les permitan iguales oportunidades. Las niñas son mujeres del siglo XXI merecen un desarrollo social, económico y educativo de mucho mejor calidad. El lema para este año y este día es: “Ha llegado nuestro momento: nuestros derechos, nuestro futuro».

Dios quiera que nuestra sociedad pueda entender la importancia de eliminar esas falencias destructivas en contra de las niñas para que nuestras mujeres de hoy y del mañana aporten lo que ellas saben para un mundo mejor para todos.

UCR: La salud mental es prioridad en periodo de post-pandemia

Durante la pandemia de la COVID-19, padecimientos como la depresión y la ansiedad aumentaron un 25% durante el primer año de la misma, sumándose a los casi 1000 millones de personas que ya lo sufrían, lo que vino a colapsar los ya frágiles sistemas de salud en todos los países del mundo. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental para remarcar los desafíos de la humanidad en esta materia

A diferencia de un malestar físico que puede ser detectado a simple vista o mediante exámenes médicos, la salud mental de las personas es una condición que muchas veces no es diagnosticada y cuando existe algún síntoma se le atribuye a otros padecimientos como el cansancio, el estrés familiar o laboral e incluso al “corre-corre” de la cotidianidad.

Pero la realidad es que millones de personas, en este mismo momento en que se leen estas líneas, sufren en silencio diversidad de trastornos asociados a su salud mental, y quienes se atreven a expresar estos malestares sufren señalamientos sociales y discriminación en sus entornos familiares, laborales e incluso por parte de profesionales del sistema de salud que no los refieren a una consulta de especialidad, por lo que millones no reciben la adecuada atención.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe Transformando la Salud Mental para Todos, afirma que “la mayoría de las sociedades y la mayoría de los sistemas sociales y de salud descuidan la salud mental y no le prestan la atención y el apoyo que las personas necesitan y merecen. El resultado es que millones de personas en todo el mundo sufren en silencio, son víctimas de violaciones de los derechos humanos o se ven afectadas negativamente en su vida cotidiana”.

Concordantemente, en Costa Rica un estudio realizado entre setiembre y diciembre del 2020 por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica (IIP-UCR) en coordinación con el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM), y la colaboración del Centro de Investigación y Estudios Políticos, la Escuela de Psicología y la Escuela de Sociología, determinó que la pandemia sanitaria provocada por la COVID-19 incrementó los casos de personas que acudieron a servicios de salud con problemas relacionados con su salud mental.

Al igual que sucedió en otras regiones del mundo, las mujeres y los jóvenes están entre los grupos más afectados en su salud mental con expresiones de tristeza, ansiedad, enojo, cansancio, fatiga, trastornos del sueño, inquietud, temor a la soledad. Y entre las posibles consecuencias de la pandemia es que al menos un 15% de la población quedaría con una afectación crónica.

Tras la aparición de la pandemia sanitaria, el Hospital Nacional Psiquiátrico incrementó un 10% las consultas de emergencias, especialmente por mujeres, y en los entornos académicos de la población estudiantil el estrés hizo lo mismo. Según datos de la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el primer semestre del año 2021 se registró un aumento del 12% con respecto al mismo periodo en el año 2020, con trastornos relacionados con ansiedad, depresión o los mixtos de ansiedad-depresión.

En suma, los casos de costarricenses con estos padecimientos se suman a los casi mil millones de personas que viven con algún trastorno de salud mental, que según el citado informe global de la OMS en el transcurso de la pandemia sanitaria mundial se incrementó la prevalencia de la ansiedad y la depresión más de un 25%.

Aporte de la Acción Social a la salud mental

En términos generales los sistemas sanitarios del mundo destinan apenas el 1% del personal a la atención de la salud mental. Y en el caso costarricense, en el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres “ha venido aumentando la atención e igualmente en otros centros médicos, aunque éstos otros no tienen consultas de especialidades para el abordaje de la salud mental”, aseguró la Dra. Marisol Jara Madrigal, coordinadora del proyecto “Estrategias para la promoción del mejoramiento de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos” (TC-505).

El TC-505 es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), ejecutado desde la Escuela de Psicología, de la Universidad de Costa Rica (UCR), que desde el año 2003 ha diseñado una serie de estrategias de atención preventiva para la promoción de estilos de vida saludable y autonomía emocional de las personas.

Aunque al inicio el proyecto se enfocó hacia personas institucionalizadas en el hospital Chapuí y Torres, con el crecimiento de esta propuesta se incluyeron otras instituciones como la Asociación Unidad de Cuidados Paliativos, el Centro Diurno de San Isidro de Heredia y el centro hospitalario Dr. Roberto Chacón Paut, en Tres Ríos, Cartago, entre otras.

No obstante, es importante recalcar que para la Dra. Jara la salud mental debe ser abordada desde la teoría de los derechos humanos, ya que es un elemento clave para mejorar las condiciones ambientales, emocionales, cognitivas, ocupaciones, sociales y físicas.

Con la pandemia de la COVID-19 “el proyecto se adaptó a la población con la que se venía trabajando y con otras instituciones que hicieron enlaces con las personas interesadas en participar en actividades virtuales”.

Entre las adaptaciones logradas fue la creación de un canal de contenidos en Youtube, en el que las personas estudiantes abordan una serie de talleres, foros, conversatorios sobre autocuidados y una amplia diversidad de temas relacionados con la salud mental.

La virtualidad representó una ventaja ya que permitió llegar a personas de todo el país que tenían conectividad, pero sin duda, recalcó Jara, algunas otras quedaron por fuera debido a la carencia de conectividad a Internet o la mala calidad de la señal. “Al día de hoy, la población que se incorporó a la virtualidad se ha mantenido, pero con talleres de un día a la semana”, aclaró.

Durante la pandemia se logró trabajar con grupos específicos gracias a enlaces establecidos con el Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), y los ministerios de Educación Pública (MEP) y de Salud (MinSalud); e incluso, se apoyó al departamento de salud mental de la Contraloría General de la República.

“El primer semestre del 2022 permitió el regreso a la presencialidad en el mencionado Centro de Cuidados Paliativos, donde se imparten talleres los días miércoles sobre salud mental y otros más artísticos enfocados en la estimulación cognitiva para el desarrollo de personas adultas mayores. El próximo año esperamos trabajar con población más joven”, detalló la Dra. Jara.

La mayoría de personas viven en silencio los diversos trastornos que afectan su salud mental, y cuando se discute sobre la misma no se aborda como un derecho fundamental esencial para el pleno desarrollo personal, comunitario y social. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Retos post-pandemia

De acuerdo a la Dra. Jara, durante la pandemia uno de los grupos más afectados fue el de las personas adultas mayores que manifestaban mucha soledad y abandono familiar. “A esta población al igual que la juventud, les afectó la ausencia de interacción y el aislamiento, ya que pasaron en soledad en sus casas, e incluso se dieron dinámicas donde cada persona vivía en sus habitaciones en aislamiento de otros integrantes del núcleo familiar. Entre jóvenes se detectaron conductas autolesivas e ideas suicidas, pero tienen que ver con la vinculación y el apoyo que tienen dentro de su entorno, hay que recordar que estamos para socializar y no para estar encerrados”.

Jara recordó que los espacios presenciales permitían conocerse con otras personas, por lo que el encierro es poco beneficioso. A eso hay que sumarle los procesos de duelo que no pudieron resolverse, no solamente de aquellos seres queridos que quedaron en el camino, sino de otras conclusiones como la pérdida del trabajo, la casa y otros aspectos que conformaron la cotidianidad prepandemia.

En cuanto a la juventud, enfatizó la Dra. Jara, “las estrategias de afrontamiento hay que trabajarlas más, y ver el manejo que los padres podrían darle a estos jóvenes. Hemos asumido como políticas, y cierta cultura, que todo se desecha o de tirar todo por la borda, dejando muchas cosas pendientes sin resolver. Por ejemplo, aunque el MEP tiene un protocolo para contener a estudiantes con ideas suicidas o conductas autolesivas, la mayoría terminan como una delegación de otra institución, pero no le estamos dando herramientas de habilidades para la vida, hasta podría pensarse en el diseño de un curso en los colegios”.

Pese a que en periodo de post-pandemia se sigue registrando un aumento de casos vinculados a la salud mental, la Dra. Jara afirmó que no podría afirmarse una situación irreversible en cuanto al incremento de padecimientos crónicos. Más bien, a su criterio es necesario que el país tome el tema como prioridad nacional y que el regreso a la presencialidad paulatina esté acompañada de estrategias de apoyo para las personas que vivieron cambios significativos durante la pandemia recién vivida.

¿Qué es la salud mental?

La salud mental no se refiere a la ausencia de trastornos tradicionalmente asociados a enfermedades como la esquizofrenia, alzheimer y depresión, entre otras. Es un concepto más amplio vinculado con la capacidad para tomar decisiones y establecer interrelaciones saludables. Es decir, es un estado de bienestar que le permite a las personas enfrentar el estrés, alcanzar el pleno desarrollo de sus habilidades sociales y profesionales, superar las demandas académicas y laborales; así como contribuir a sus comunidades.

En la actualidad, se considera que la salud mental es un derecho humano fundamental que repercute en el bienestar físico y emocional. En Costa Rica, en el periodo legislativo 2018-2022, la diputada Paola Vega Rodríguez presentó el proyecto de Ley Nacional de Salud Mental, con el fin de fortalecer el sistema de salud mental, de la mano con los derechos humanos, expediente que está en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos que ya lo dictaminó afirmativamente y de manera unánime, pese a que se han señalado deficiencias en cuanto al abordaje conceptual de la salud mental.

 

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: mecanismo de investigación sobre represión en Rusia creado

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Este 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mediante la adopción de la resolución A/HRC/51/l.13 (véase enlace oficial), decidió crear un mecanismo de investigación para examinar la ola de represión a la que se está procediendo en Rusia desde varias semanas  (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas). Se trata de una fuerte represión tanto con relación a la oposición de parte de su población a la denominada oficialmente «operación militar especial» de Rusia en Ucrania como a la resistencia de numerosas familias que cuentan con hombres llamados a combatir y que se oponen a que sean enviados al teatro de operaciones militares en Ucrania: véase comunicado de prensa de la ONG Amnistía Internacional del pasado 22/09/2022.

El contenido de la resolución en breve

En esta resolución adoptada en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos expresa «su profunda preocupación a este respecto por las denuncias de arrestos arbitrarios, detenciones y hostigamiento masivos de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, representantes de la oposición política, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, en particular mujeres, personas pertenecientes a minorías y a grupos discriminados y marginados y otras personas que ejercen sus derechos humanos, incluidas las personas que protestan pacíficamente y condenan el deterioro del estado de derecho en la Federación de Rusia, así como la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, y por el uso excesivo de la fuerza contra estas personas, así como por la denegación del derecho a la asistencia jurídica, entre otros casos a personas detenidas, y la denegación de su derecho a un juicio imparcial» (véase texto completo reproducido al final de esta nota).

En el punto resolutivo 3, el Consejo de Derechos Humanos «3. Decide establecer el mandato de Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia por un período de un año, y solicita a su titular que vigile la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, recopile, examine y evalúe la información pertinente facilitada por todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil rusa tanto dentro como fuera del país, teniendo en cuenta dimensiones como la edad, el género y la discapacidad cuando proceda, colabore con otros mecanismos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, formule recomendaciones y presente un informe exhaustivo al Consejo de Derechos Humanos en su 54º período de sesiones y a la Asamblea General en su septuagésimo octavo período de sesiones«.

Detalles de la votación

Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos, máxima instancia en el organigrama de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, es un órgano interestatal, y se compone de 47 Estados Miembro.

El tablero de votación registró 17 votos a favor y 6 votos en contra, al tiempo que optaron por abstenerse 24 Estados. El detalle del voto obtenido se reproduce a continuación:

Como se podrá apreciar, en América Latina, únicamente Argentina y Paraguay votaron a favor, al tiempo que votaron en contra Bolivia, Cuba y Venezuela, mientras que Brasil, México y Honduras optaron por abstenerse en esta votación.

Como se recordará, el pasado 7 de abril, Rusia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por una abrumadora mayoría obtenida en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a la agresión militar que inició el pasado 24 de febrero en Ucrania: remitimos al respecto a nuestros estimables lectores a la nota en la que analizamos esta inédita decisión en contra de uno de los cinco Estados Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Con relación al Consejo de Derechos Humanos, cabe indicar que este próximo 11 de octubre, se procederá a la elección de nuevos integrantes (véase nota oficial). Por América Latina, para suplir dos vacantes que dejan Brasil y Venezuela, están inscritos en la contienda tres Estados: Chile, Costa Rica y Venezuela (reelección). Tuvimos hace unos meses la oportunidad de analizar estas postulaciones (véase al respecto nuestra breve nota).  Recientemente, se supo que Cuba apoyaría la candidatura de Chile (véase nota de prensa del 27 de septiembre del 2022). Esta nota publicada en Chile (véase nota de El Mostrador del 8 de octubre del 2022) detalla las expectativas creadas en Chile con su candidatura.

A modo de conclusión

Esta nueva resolución viene a aislar aún más a Rusia en la esfera internacional en momentos en que Ucrania, en el plano estrictamente militar,  logra recuperar importantes porciones de su territorio en el Este ante lo que algunos analistas consideran como una verdadera debacle de las tropas rusas. 

Esta resolución del Consejo de Derechos Humanos se adopta a muy pocos días de otra contienda diplomática que tendrá como escenario esta vez la Asamblea General de Naciones Unidas: el próximo 10 de octubre, se votará una resolución contra la anexión de cuatro territorios ucranianos a Rusia después de supuestas «consultas populares«. Un texto muy similar fue recientemente objeto de un intento de aprobación en el seno del Consejo de Seguridad, y, como era previsible,  fue vetado por Rusia (véase acta S/PV.9143 del 30 de septiembre del 2022): de 15 Estados que integran el Consejo de Seguridad, Rusia votó en contra y cuatro (Brasil, China, Gabón e India) optaron por abstenerse.


Texto de la resolución A/HRC/51/L.13 en español, en inglés así como en ruso reproducido a continuación:

51/… Situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, 

Reafirmando que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, 

Reafirmando también su decidido compromiso con la soberanía y la independencia política de la Federación de Rusia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente,

Recordando todas las declaraciones pertinentes formuladas por el Secretario General, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alta Comisionada interina, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratados acerca de la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia,

Haciendo notar con preocupación las conclusiones del reciente informe sobre las prácticas jurídicas y administrativas de la Federación de Rusia elaborado por el Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en particular el uso de propaganda, legislación represiva y la violencia por parte de las autoridades rusas con objeto de generar un clima de miedo e intimidación para la sociedad civil y los activistas, y la clara relación existente entre la represión interna y la guerra en el extranjero, y haciendo notar la recomendación formulada en dicho informe al Consejo de Derechos Humanos de que establezca un mandato de relator especial sobre la Federación de Rusia,

Muy preocupado por el importante deterioro de la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, en particular por las graves restricciones de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, tanto en línea como en espacios físicos, que se traducen en una represión sistemática de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos —en especial las defensoras de los derechos humanos, que se enfrentan a amenazas particulares en razón de su género—, los medios de comunicación independientes, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, los abogados y la oposición política por parte de las autoridades rusas, y la ejecución extrajudicial de personas que critican al Gobierno,

Expresando su profunda preocupación a este respecto por las denuncias de arrestos arbitrarios, detenciones y hostigamiento masivos de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, representantes de la oposición política, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, en particular mujeres, personas pertenecientes a minorías y a grupos discriminados y marginados y otras personas que ejercen sus derechos humanos, incluidas las personas que protestan pacíficamente y condenan el deterioro del estado de derecho en la Federación de Rusia, así como la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, y por el uso excesivo de la fuerza contra estas personas, así como por la denegación del derecho a la asistencia jurídica, entre otros casos a personas detenidas, y la denegación de su derecho a un juicio imparcial,

Expresando preocupación por el cese de actividad impuesto por la fuerza y de forma masiva a organizaciones de la sociedad civil, como el International Human Rights Centre “Memorial” y el Centre for Support of Indigenous Peoples of the North, y a medios de comunicación independientes, como emisoras de radio, canales de televisión, medios de comunicación en línea y periódicos, entre ellos Novaya Gazeta, Eco de Moscú y el canal de televisión Dozhd, las prohibiciones impuestas a los medios de comunicación extranjeros y la expulsión selectiva de organizaciones extranjeras del registro por parte de las autoridades rusas, así como por el acceso limitado de la sociedad civil rusa a la información y a la infraestructura de comunicaciones y la intensificación de la censura y la desinformación,

Haciendo notar con profunda preocupación las medidas legislativas que restringen cada vez más las libertades de reunión pacífica, de asociación y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, tanto en línea como en espacios físicos, especialmente las leyes sobre los denominados “agentes extranjeros”, el “extremismo” y las “organizaciones indeseables”, en su versión modificada, y la Ley de 4 de marzo de 2022 por la que se modifican el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal, conocida como “ley de noticias falsas sobre la guerra”, que incluye prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos,

Convencido de que la independencia e imparcialidad de la judicatura y la integridad del sistema judicial y la independencia de los profesionales del derecho son un requisito previo indispensable para proteger los derechos humanos, el estado de derecho, la buena gobernanza y la democracia, y para garantizar la no discriminación en la administración de justicia, y de que, por tanto, deben respetarse en cualquier circunstancia,

Lamentando los reiterados aplazamientos por la Federación de Rusia de su examen por parte del Comité de Derechos Humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Observando que la Federación de Rusia dejó de ser Alta Parte Contratante del Convenio Europeo de Derechos Humanos el 16 de septiembre de 2022, y que actualmente están pendientes 17.450 demandas presentadas contra la Federación de Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

1. Insta encarecidamente a las autoridades rusas a que cumplan todas las obligaciones que incumben al Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; 

2. Exhorta a las autoridades rusas a que defiendan las libertades fundamentales de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias, de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, concretamente eliminando las restricciones impuestas a la diversidad de ideas, a la crítica y a la disidencia, así como los derechos conexos a la libertad y a la seguridad de la persona, a un juicio imparcial y a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para las personas que ejercen estas libertades;

3. Decide establecer el mandato de Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia por un período de un año, y solicita a su titular que vigile la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, recopile, examine y evalúe la información pertinente facilitada por todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil rusa tanto dentro como fuera del país, teniendo en cuenta dimensiones como la edad, el género y la discapacidad cuando proceda, colabore con otros mecanismos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, formule recomendaciones y presente un informe exhaustivo al Consejo de Derechos Humanos en su 54º período de sesiones y a la Asamblea General en su septuagésimo octavo período de sesiones;

4. Exhorta a las autoridades rusas a que cooperen plenamente con el o la titular del mandato de Relator Especial, entre otras cosas facilitándole un acceso sin trabas para que pueda visitar el país y reunirse libremente con las partes interesadas pertinentes, incluidos representantes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, y proporcionándole la información necesaria para desempeñar adecuadamente su mandato, y exhorta también a las autoridades rusas a que cooperen plenamente con todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, los órganos de tratados y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a que se abstengan de recurrir a cualquier forma de intimidación o represalia contra personas o asociaciones por colaborar con estos órganos;

5. Solicita a la Oficina del Alto Comisionado que proporcione al o a la titular del mandato de Relator Especial la asistencia y todos los recursos necesarios para que pueda desempeñar dicho mandato.

51/… Situation of human rights in the Russian Federation

The Human Rights Council,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, and relevant international human rights treaties,

Reaffirming that it is the primary responsibility of each State to respect, protect and fulfil human rights in accordance with its obligations under international human rights law,

Reaffirming also its strong commitment to the sovereignty and political independence of the Russian Federation within its internationally recognized borders,

Recalling all relevant statements made by the Secretary-General, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the acting High Commissioner, the special procedures of the Human Rights Council and the treaty bodies on the situation of human rights in the Russian Federation,

Noting with concern the findings of the recent report of the Moscow Mechanism of the Organization for Security and Cooperation in Europe on the legal and administrative practices of the Russian Federation, notably the use by the Russian authorities of propaganda, repressive legislation and violence to create a climate of fear and intimidation for civil society and activists, and the clear connection between domestic repression and war abroad, and noting the recommendation made in the report that the Human Rights Council should appoint a special rapporteur on the Russian Federation,

Gravely concerned at the significant deterioration of the situation of human rights in the Russian Federation, in particular the severe restrictions on the rights to freedoms of opinion and expression, peaceful assembly and association, both online and offline, resulting in systematic crackdowns on civil society organizations, human rights defenders, particularly women human rights defenders, who face specific gender-based threats, independent media outlets, journalists, media workers, lawyers and political opposition by the Russian authorities, and the extrajudicial killing of government critics, 

Expressing its deep concern in this respect at the reported mass arbitrary arrests, detentions and harassment of civil society representatives, human rights defenders, political opposition representatives, journalists and other media workers, particularly women, persons belonging to minorities and to groups who are discriminated against and marginalized and other individuals exercising their human rights, including persons peacefully protesting and speaking out against the deterioration of the rule of law in the Russian Federation as well as the aggression of the Russian Federation against Ukraine, and the excessive use of force against these individuals, as well as at the denial of the right to legal assistance, including for those detained, and the denial of their right to a fair trial,

Expressing concern at the mass forced shutdowns of civil society organizations, including the International Human Rights Centre “Memorial” and the Centre for Support of Indigenous Peoples of the North, and independent media outlets, including radio channels, television channels, online media and newspapers, including Novaya Gazeta, Echo of Moscow and the television channel Dozhd, the bans of foreign media and the targeted revocation of registration of foreign organizations by the Russian authorities, and also at the limited access of Russian civil society to information and communications infrastructure and the increase in censorship and disinformation,

Noting with deep concern the legislative measures increasingly restricting the freedoms of peaceful assembly, association and expression, including the freedom to seek, receive and impart information, both online and offline, notably the laws on so-called “foreign agents”, “extremism” and “undesirable organizations”, as amended, the law on “fake war news”, adopted on 4 March 2022, amending the Code on Administrative Offences and the Criminal Code and including general prohibitions on the dissemination of information based on vague and ambiguous notions,

Convinced that the independence and impartiality of the judiciary and the integrity of the judicial system and an independent legal profession are essential prerequisites for the protection of human rights, the rule of law, good governance and democracy, and for ensuring that there is no discrimination in the administration of justice, and that they should therefore be respected in all circumstances,

Regretting the repeated postponement by the Russian Federation of its review by the Human Rights Committee under the International Covenant on Civil and Political Rights, Noting that the Russian Federation ceased to be a high contracting party to the European Convention on Human Rights on 16 September 2022, and that 17,450 applications directed against the Russian Federation are currently pending before the European Court of Human Rights,

1. Strongly urges the Russian authorities to comply with all of the State’s obligations under international human rights law;

2. Calls upon the Russian authorities to uphold the fundamental freedoms of thought, conscience, religion or belief, opinion and expression, peaceful assembly and association, in particular by removing restrictions on diversity in ideas, criticism and dissent, as well as associated rights to liberty and security of person, fair trial, and freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment for people exercising these freedoms;

3. Decides to appoint a special rapporteur on the situation of human rights in the Russian Federation for a period of one year, and requests the mandate holder to monitor the situation of human rights in the Russian Federation, to collect, examine and assess relevant information from all relevant stakeholders, including Russian civil society both inside and outside the country, taking into account relevant age, gender and disability dimensions, to cooperate with other relevant United Nations human rights mechanisms, to make recommendations, and to present a comprehensive report to the Human Rights Council at its fifty-fourth session and to the General Assembly at its seventy-eighth session;

4. Calls upon the Russian authorities to cooperate fully with the Special Rapporteur, including by allowing the mandate holder unhindered access to visit the country and to meet freely with relevant stakeholders, including civil society and human rights defenders, and providing the mandate holder with the information necessary to properly fulfil the mandate, and also calls upon the Russian authorities to cooperate fully with all special procedure mandate holders, the treaty bodies and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and to refrain from all forms of intimidation and reprisals against persons and associations for their cooperation with these bodies;

5. Requests the Office of the High Commissioner to provide the Special Rapporteur with the assistance and all the resources necessary to enable the fulfilment of the mandate.

51/… Положение в области прав человека в Российской Федерации 

Совет по правам человека,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, положениями Всеобщей декларации прав человека и соответствующими международными договорами по правам человека,

вновь подтверждая, что каждое государство несет главную ответственность за соблюдение, защиту и осуществление прав человека в соответствии со своими обязательствами по международному праву прав человека,

вновь подтверждая также свою твердую приверженность суверенитету и политической независимости Российской Федерации в пределах ее международно признанных границ,
ссылаясь на все соответствующие заявления Генерального секретаря, Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, исполняющего обязанности Верховного комиссара, специальных процедур Совета по правам человека и договорных органов о положении в области прав человека в Российской Федерации, 
с озабоченностью отмечая выводы недавнего доклада Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о правовой и административной практике Российской Федерации, в частности об использовании российскими властями пропаганды, репрессивного законодательства и насилия для создания атмосферы страха и запугивания гражданского общества и активистов, а также о явной связи между внутренними репрессиями и войной за рубежом, и отмечая содержащуюся в докладе рекомендацию Совету по правам человека назначить специального докладчика по Российской Федерации,
будучи глубоко обеспокоен значительным ухудшением положения в области прав человека в Российской Федерации, в частности серьезными ограничениями прав на свободу мнений и их выражения и на свободу мирных собраний и ассоциации, как онлайн, так и офлайн, что приводит к систематическим репрессиям в отношении организаций гражданского общества, правозащитников, особенно правозащитниц, которые сталкиваются с конкретными угрозами по гендерному признаку, независимых СМИ, журналистов, работников СМИ, адвокатов и политической оппозиции со стороны российских властей, а также внесудебным убийствам критиков правительства,
выражая в этой связи свою глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о массовых произвольных арестах, задержаниях и преследованиях представителей гражданского общества, правозащитников, представителей политической оппозиции, журналистов и других работников средств массовой информации, особенно женщин, лиц, принадлежащих к меньшинствам и группам, подвергающимся дискриминации и маргинализации, и других лиц, осуществляющих свои права человека, включая лиц, мирно протестующих и выступающих против ухудшения ситуации в области верховенства права в Российской Федерации, а также агрессии Российской Федерации против Украины, и чрезмерного применения силы против этих лиц, а также по поводу отказа в праве на юридическую помощь, в том числе задержанным, и отказа в их праве на справедливое судебное разбирательство,
выражая обеспокоенность массовым принудительным закрытием организаций гражданского общества, включая Международный Мемориал, Правозащитный центр «Мемориал» и Центр содействия коренным народам Севера, и независимых СМИ, включая радиостанции, телеканалы, онлайн-СМИ и газеты, в том числе «Новую газету», «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь», запретом иностранных СМИ и целенаправленным отзывом российскими властями регистрации иностранных организаций, а также ограниченным доступом российского гражданского общества к информационно-коммуникационной инфраструктуре и усилением цензуры и дезинформации,
с глубокой озабоченностью отмечая законодательные меры, все более ограничивающие свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений, включая свободу искать, получать и распространять информацию, как онлайн, так и офлайн, в частности законы о так называемых «иностранных агентах», «экстремизме» и «нежелательных организациях» с поправками, закон о «распространении фейков о действиях Вооруженных Сил», принятый 4 марта 2022 года, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс и включающий общие запреты на распространение информации, основанные на неясных и двусмысленных понятиях,
будучи убежден, что независимость и беспристрастность судебной власти, целостность судебной системы и профессиональная независимость юристов являются непременными условиями для защиты прав человека, верховенства права, благого управления и демократии и для недопущения дискриминации при отправлении правосудия и что поэтому их необходимо уважать при любых обстоятельствах,
сожалея о неоднократном переносе Российской Федерацией сроков рассмотрения положения в ее стране Комитетом по правам человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах
отмечая, что Российская Федерация перестала быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции по правам человека 16 сентября 2022 года, и что 17 450 жалоб, направленных против Российской Федерации, в настоящее время находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека,
1. настоятельно призывает российские власти соблюдать все обязательства государства по международному праву прав человека;
2. призывает российские власти уважать основные свободы мысли, совести, религии или убеждений, мнений и их свободного выражения, мирных собраний и ассоциации, в частности путем устранения ограничений на разнообразиеидей, критику и инакомыслие, а также связанные с ними права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания для людей, осуществляющих эти свободы;
3. постановляет назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации сроком на один год и просит мандатария следить за положением в области прав человека в Российской Федерации, собирать, изучать и оценивать соответствующую информацию от всех заинтересованных сторон, включая российское гражданское общество как внутри страны, так и за ее пределами, принимая во внимание соответствующие аспекты, касающиеся возраста, гендера и инвалидности, сотрудничать с другими соответствующими правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, предоставлять рекомендации и представить всеобъемлющий доклад Совету по правам человека на его пятьдесят четвертой сессии и Генеральной Ассамблее на ее семьдесят восьмой сессии; 
4. призывает российские власти в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком, в том числе путем предоставления мандатарию возможности беспрепятственно посетить страну и свободно встретиться с соответствующими заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и правозащитников, и предоставления мандатарию информации, необходимой для надлежащего выполнения мандата, а также призывает российские власти в полной мере сотрудничать со всеми мандатариями специальных процедур, договорными органами и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и воздерживаться от любых форм запугивания и репрессий в отношении лиц и ассоциаций за их сотрудничество с этими органами;
5. просит Управление Верховного комиссара предоставить Специальному докладчику помощь и все ресурсы, необходимые для выполнения мандата
 

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Informe del relator de la ONU para los pueblos indígenas

El pasado martes 04 de octubre en el Programa de Interferencia de RadioUCR se conversó sobre el informe presentado por el relator de Naciones Unidas para pueblos indígenas que señala violaciones a los Derechos Humanos de las comunidades originarias en nuestro país. 

Como moderadores de la conversación se encontraron David Chavarría y Rubén Fernández y como invitado especial en el tema los acompañó el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin. 

En primer lugar, Boeglin explicó que el relator de Naciones Unidas forma parte de esos mecanismos no convencionales que se han desarrollado desde Naciones Unidas para analizar una temática específica, hay relatores especiales sobre la mujer, sobre la tortura, sobre la niñez, los pueblos indígenas, entre otros. 

El relator para los pueblos originarios existe desde el 2001, desde esta fecha, se han realizado visitas del relator en Costa Rica para conocer y abarcar sobre el ámbito de los pueblos indígenas. Nicolás explica que estas visitas, de alguna u otra manera son un primer paso que da Costa Rica en el tema de derechos humanos de los pueblos originarios para tener un panorama general e integral, por lo tanto, este documento es muy valioso e importante y funciona como guía de mecanismos y recomendaciones para construir medidas paralelamente entre los pueblos originarios, la ciudadanía civil y el gobierno.  

Asimismo, Nicolás anota que la visita del relator se da en el marco de los acontecimientos de asesinatos de líderes indígenas de los últimos años, por lo tanto, se han encendido alarmas en las Naciones Unidas que guía esta visita a Costa Rica. 

El especialista también señala otros temas que se ven en el informe del relator de Naciones Unidas como lo es el tema de la necesidad de que Costa Rica cuente con una política cultural que incorpore los indígenas, esto por el señalamiento de que los proyectos de ley en Costa Rica se aplican sin ninguna consulta a los pueblos originarios. En esta línea, el informe retoma el asunto de la recuperación de tierras que conlleva todo un plan que muchas veces en la práctica no se ejecuta, pues no hay restituciones del Estado costarricense a territorios indígenas que son ocupados por personas no indígenas. 

Si desea escuchar más sobre el Programa, ingrese al siguiente enlace: https://www.facebook.com/interferenciacr/videos/informe-relator-onu-sobre-situaci%C3%B3n-de-las-poblaciones-ind%C3%ADgenas-en-costa-rica/658081569068921/

UCR, Voz experta: El agua limpia y segura como derecho básico: prioridades, políticas públicas, compromiso y voluntad

Germán Vidaurre Fallas, director del Consejo Universitario Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Una de cada cinco personas en el mundo no tiene acceso a agua potable

No basta con tomar conciencia del incumplimiento de este derecho, hace falta mayor voluntad política

En la actualidad, el derecho humano al agua se ha convertido en un derecho reconocido sólidamente en el ámbito del derecho internacional, sobre todo en el sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, atañendo su importancia tanto a países subdesarrollados como a países desarrollados.

Esta preocupación nace en el ámbito del derecho de aguas, el cual corresponde a un sistema de reglas y principios que rige la manera en que debe ser desarrollada la gestión de los recursos hídricos existentes. El agua, al ser fuente de vida, debe tener una regulación en función de su uso, dominio, conservación y preservación, al igual que debe de hablarse del acceso al agua como un derecho humano, es decir, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.

Desde el agua, la UCR busca nuevas alternativas biológicas para la investigación

En 1977 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en Mar del Plata, en Argentina. Y fue en esta reunión donde se trató por primera vez el tema de los recursos hídricos en el mundo, esto con el fin de realizar evaluaciones de carácter sistemático sobre los mismos; se trataron temas relativos a las graves consecuencias que representa para la salud de los seres humanos la falta de acceso al agua limpia y la urgencia de cubrir las necesidades básicas de las personas más pobres en materia de agua. Así, se estableció, aunque sin carácter vinculante, lo siguiente:

“Todos los pueblos, cualquiera que sea su estado de desarrollo y sus condiciones sociales y económicas, tienen el derecho de disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de reconocimiento universal que la disponibilidad de dicho elemento por parte del hombre es imprescindible para la vida y para su desarrollo integral como individuo o como integrante del cuerpo social”.

Y es debido a esto que, en las últimas décadas se han desarrollado distintos instrumentos con el objetivo de proteger este derecho de acceso al agua, tales como los textos y conferencias internacionales de derechos humanos y de protección del ambiente. Sin embargo, fue hasta el 28 de julio de 2010 que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 64/292 donde reconoce expresamente el agua limpia y segura como derecho básico para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos.

Asimismo, para reafirmar el fundamento jurídico del derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la Observación General No. 15, donde manifiesta lo siguiente:

“el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”.

El agua potable dejó de ser un bien natural y un bien accesible a todos. Por eso, con su regulación se pretende garantizar su transformación en un bien público, que esté sometida a un triple estatuto:

a) la obligación de su distribución gratuita a todos en la medida necesaria para la satisfacción de los mínimos vitales,

b) la prohibición de su destrucción y de su consumo más allá de un límite máximo,

c) la tasación en bases progresivas de los consumos excedentes al límite mínimo, pero inferiores a un límite máximo.

A nivel mundial se ha propagado la preocupación por este recurso, el cual es imprescindible para el desarrollo de múltiples actividades del ser humano, tales como alimentación, sanidad, industria, agricultura y recreación. Por ello, las Naciones Unidas busca promover el compromiso de los países con el nivel de consumo para la conservación de los ecosistemas, el aumento de los servicios de sanidad y salubridad, el abastecimiento de agua potable a los habitantes y el equilibrio en el acceso per cápita al recurso hídrico, entre otros. Es necesario reconocer que este recurso natural se ha convertido en un elemento que impacta la economía, el orden mundial y el desarrollo jurídico, e igualmente genera un alto compromiso social.

A pesar de lo anterior, en el ámbito interamericano, este derecho aún no ha sido reconocido por los instrumentos normativos. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el acceso al agua como un derecho derivado de otros derechos expresamente tutelados, sobre todo del derecho a la vida. Así, la Corte comprende que el derecho a la vida corresponde también al derecho que no se creen condiciones que impidan o dificulten el acceso a una existencia digna, lo que impone al Estado la obligación de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, para lo cual es imprescindible el acceso al agua potable. Es así como la Corte reconoce que el acceso al agua es conditio sine qua non para el goce de una gama de derechos humanos.

Por ejemplo, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama el derecho a la alimentación, a la vez que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo reconoce como el derecho fundamental de toda persona por estar protegida contra el hambre. Este derecho está claramente asociado con el derecho al agua, por lo que se requiere acceder al consumo de este líquido vital como complemento del derecho a la alimentación.

Igualmente, el derecho al agua se relaciona con el derecho a la educación en dos ámbitos. El primero tiene que ver con el derecho de los infantes a la educación, ya que, en zonas rurales, marginadas o en situación de pobreza extrema, los menores tienen a su cargo la responsabilidad de recolectar el agua para uso familiar, esto en razón que las fuentes de esta no son próximas a los hogares, teniendo que caminar largas distancias para su recolección. El segundo ámbito se refiere a la información que se debe dar sobre el cuidado del recurso hídrico, la importancia de la higiene personal para evitar el desarrollo de enfermedades y la difusión de medidas para proteger la salud y los ecosistemas.

El derecho a la vivienda también está relacionado con el acceso al agua. Una vivienda adecuada debe contar con diversos servicios considerados indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Además, el costo de dichos servicios debe de ser de un precio que no impida ni comprometa el logro ni la satisfacción de otras necesidades básicas.

Estudios realizados por la ONU indican que la crisis de escasez de los recursos hídricos a nivel global es realmente un problema de gobernabilidad y una inadecuada distribución de estos. A pesar de que estos estudios han demostrado que la cantidad de agua dulce existente en el planeta es suficiente para cubrir las necesidades básicas de todos los seres humanos, los problemas derivados de la deficiente gestión del recurso, así como la corrupción, la falta de instituciones adecuadas para su manejo, el déficit en las inversiones para la creación de infraestructura de tratamiento y calidad del agua, redes de abastecimiento y la falta de compromisos de carácter político han originado que millones de personas en el mundo carezcan de un acceso adecuado al agua potable.

A pesar de la importante relación del derecho al agua con el ejercicio de otros derechos humanos, el acceso universal a este recurso aún no es una realidad, ya que uno de cada cinco habitantes en el planeta no tiene acceso a este. Una de las razones de este limitado acceso, es la determinación de otras prioridades en los presupuestos estatales, así como la ausencia en el desarrollo de las políticas públicas requeridas y la falta de compromiso y voluntad.

El reconocimiento del derecho al agua es un paso en favor de los seres humanos, reconociéndoseles así su dignidad intrínseca. Sin embargo, para alcanzar el mismo, no es suficiente concientizarnos respecto de los efectos nocivos de su incumplimiento, sino que hace falta un mayor grado de voluntad política por parte de los Estados y está en cada uno de los que integran el Estado asegurar esta voluntad política.

 

Germán Vidaurre Fallas
Director del Consejo Universitario, UCR

¡Las mujeres iraníes piden ayuda al exterior!

En su video, Tina una mujer iraní quien reside en París, Francia, explica la coyuntura de violación de derechos humanos de las mujeres en su país de origen, Irán. Hace una semana, una joven de 22 años llamada Mahsa Aminí fue detenida por la “Policía Moral” por no llevar puesto de manera “correcta” su velo. Mahsa fue golpeada brutalmente por la policía, entró en coma y falleció. 

Desde ese acontecimiento, miles de mujeres han salido a las calles a protestar en contra de este tipo de medidas autoritarias que se vienen dando desde hace más de 40 años. Tina cuenta que el pueblo iraní está agotado de la imposición, la represión de sus derechos humanos y civiles.

Las mujeres ya por ser mujeres son en quienes repercute intensamente dicha represión y privación de sus derechos humanos. Las protestas de las mujeres iraníes han llevado a que el poder despótico que prima en Irán golpee, asesine, encierre y silencie a estas mujeres; según Tina, el gobierno ha tomado medidas como cortar el internet para que se dé la pérdida de comunicación entre los iraníes y el exterior, de esta forma según Tina “matan en silencio”. 

En el marco de este tipo de violaciones de derechos humanos, sexuales y reproductivos se puede compartir desde el exterior este tipo de mensajes, pues la viralización hará que se visibilicen este tipo de acciones despóticas donde el uso del poder traspasa sus fronteras, y sobre todo, viola derechos humanos.

Intercambios generacionales y de saberes en la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar, y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

Esperamos que puedan acompañarnos en el foro del jueves, que será una actividad abierta a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.

La UCR acerca la comunicación y la literatura a mujeres privadas de libertad

Desde hace 5 años, esta iniciativa UCR brinda a las mujeres del CAI- Vilma Curling Rivera la oportunidad desarrollar actividades literarias y de comunicación.(Fotografía facilitada por el proyecto).

Trabajo Comunal Universitario (TCU) de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva da lugar al taller “Semillas de Palabras”, el cual se desarrolla de manera semanal en el Centro de Atención Integral (CAI) Vilma Curling Rivera

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla el taller “Semillas de Palabras”, proyecto que acerca la comunicación y la literatura a diversas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad desde una perspectiva participativa, inclusiva y de interseccionalidad.

La iniciativa forma parte de las actividades del Trabajo Comunal Universitario “Derechos Humanos y Comunicación”, el cual es dirigido por la Msc. Carolina Urcuyo, una docente e investigadora de la ECCC comprometida con impulsar un marco de derechos humanos para la inclusión y la acción social. 

“Abordamos todo nuestro trabajo desde una estrategia de comunicación participativa y una perspectiva feminista e interseccional; es decir, que nos reconocemos como un actor que busca que todas las voces tengan un espacio y una resonancia, desde un diálogo entre saberes”, manifestó Urcuyo.

El proyecto es resultado del trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia y Paz y la Escuela de Comunicación de la UCR, y se gesta a lo interno del Centro de Atención Integral (CAI) Vilma Curling Rivera; por medio de un espacio de trabajo semanal que inició hace cinco años y estuvo pausado durante la pandemia por COVID-19.

El taller busca incentivar el posicionamiento crítico y la creatividad de las mujeres del CAI Vilma Curling, por medio de estrategias que propicien los conocimientos sobre los medios de comunicación y por otro lado, busca fomentar la creación la creación de poemas, ensayos, cuentos, videopoemas y podcasts de historias de vida de las participantes.

Según Urcuyo, los encuentros con las mujeres del CAI buscan ser un espacio en donde desaparezcan las distancias sociales. «Nos sentamos y conversamos desde la comunicación asertiva, empática y desde una pedagogía sentipensante», enfatizó la académica. 

“En este espacio de diálogo buscamos explorar nuestras emociones y reflejar cómo las letras tienen una función transformadora, resocializadora y también sanadora. Las mujeres privadas de libertad no solo sufren limitaciones a su libertad de tránsito, sino también en su acceso a la información, a la educación, a la salud y a la cultura como consecuencia del encierro«, agregó Urcuyo.

“Semillas de Palabras” apuesta por la visibilización e inclusión para las mujeres del CAI,  instancia que les ha permitido sumarse  en procesos de expresión artística y literaria, dando como resultado un impacto positivo en la dinámica cotidiana de las participantes. Además, como parte de la iniciativa se comparten escritos y productos audiovisuales por medio de las redes sociales del proyecto, con el objetivo de acercar a otras personas la realidad que involucra la privación de libertad.

Expresión artística inclusiva y equitativa

Según Urcuyo, la iniciativa se enmarca en el compromiso social de la UCR con el país y de su saber de escuchar y atender las necesidades de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, desde una visión inclusiva y equitativa.

«Vivimos en sociedades desiguales, marcadas por asimetrías significativas, generadoras de opresión y marginalidad para ciertos grupos. De esta manera, el TCU surge tomando en cuenta este contexto y la necesidad de contar con un marco de Derechos Humanos para guiar acciones desde la acción social y la docencia«, enfatizó la académica. 

Noylin Bustos Mendoza es parte de la población que atiende el CAI,  tiene 29 años y desde hace tres meses participa en el taller semanal “Semillas de Palabra”, el cual cataloga como “una experiencia positiva y gratificante”.

“El taller me encanta, siento que es algo muy diferente de los otros cursos aquí que se refieren al delito de una. Es un taller muy abierto en el cual me puedo sentir libre, puedo expresar mis sentimientos y la pasamos muy bien entre compañeras. Por el simple hecho de estar privadas de libertad somos excluidas de la sociedad pero la UCR nos toma en cuenta para estar en el proyecto”.

Por su parte, Josselyn Ureña, de 32 años, participa del taller desde hace seis meses y destacó el entusiasmo que le genera asistir a cada sesión, así como de la interacción que tiene con las otras participantes.

Esperamos que sean los miércoles para venir porque la pasamos súper bien. La profe tiene mucha empatía con nosotras. Es una experiencia súper chiva. La UCR es muy carga y estamos muy agradecidas que nos tomen en cuenta porque venimos a aprender muchísimo” aseguró la joven. . 

Ileana Matamoros Carranza tiene 41 años y durante los últimos cinco ha sido parte de esta iniciativa UCR, que a su criterio “cambia el esquema cultural que llevan las mujeres del CAI hace mucho tiempo”.

“Me encuentro en este taller desde que inició. El taller se ha mantenido constante, se mantienen las personas, intervienen elementos, hacemos videopoemas, hacemos podcasts, hacemos dramatizaciones. Ahora somos más críticas y menos clásicas”, resaltó Matamoros.

Por su parte, Kylan Carmona Ruiz, de 23 años, enfatizó la forma en que participar de esta iniciativa le ha ayudado a sentirse mejor consigo misma y al mismo tiempo, ha favorecido su relación con las demás personas. 

“Ha sido muy bonito. El proyecto que ustedes hacen para nosotras y para muchas personas es muy positivo porque hace que muchas personas desarrollen cosas que tal vez una en la vida no sabe que va a tener dentro de uno o que vaya poder expresarse los sentimientos. Le ayuda a uno expresar los sentimientos”.

El taller «Semillas de Palabra» está a cargo de la académica Carolina Urcuyo y de estudiantes UCR. Se desarrolla una vez a la semana en las instalaciones del CAI-Vilma Curling Rivera con la participación de 20 asistentes.(Fotografía facilitada por el proyecto).

Esfuerzos de articulación con diversas instancias

Además de la vinculación con el CAI Vilma Curling, el TCU del que forma parte “Semillas de Palabra” articula esfuerzos con diversas instancias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) así como con actores sociales y figuras públicas, con el objetivo de contribuir al cambio de paradigmas y para derribar mitos en torno a diversos grupos y poblaciones.

El taller contó recientemente con la participación de la cantante y compositora nacional, Debi Nova, quien compartió de manera presencial con las mujeres del CAI, a fin de promover la música, la expresión artística y de disipar las barreras sociales y físicas en un entorno incluyente y participativo.

“Ser parte del taller “Semillas de Palabras” fue una de las experiencias más emotivas que he vivido. Sentí que todos los presentes estábamos conectados por la magia del momento en un plano horizontal, sin nada de jerarquía, simplemente un grupo de personas intercambiando historias y abriendo su corazón”, declaró Nova.

En el marco de su participación en esta iniciativa UCR la artista afirmó que la academia, las palabras y la música pueden convertirse en medios de inspiración para personas en condiciones de vulnerabilidad, en especial en aquellas que se encuentren privadas de su libertad.

“Creo que el arte es una manera muy poderosa de salirnos de nuestro “cassette” interno, ese que constantemente nos está diciendo las mismas cosas, en la mayoría de los casos, negativas. Me imagino que esos ratitos en los que las personas privadas pueden salir de su mente y conectar con su corazón, por medio de la música o la literatura, les da espacio para sanar”, concluyó la cantante.

 

Gustavo Martínez Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR