Etiqueta: derechos humanos

Independencia y encuentro de culturas

Escrito en 29/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Filidencio Cubillo Morales, Indígena Bribri, Talamanca.

El mes de septiembre, el mes de la patria. Ya que se escucha el estruendo de los tambores.

Para las poblaciones originarias del país, ¿qué independencia se conmemora? Nuestra autonomía, libre determinación, gobernanza, están determinadas por los entes del Estado. Los productos agrícolas están sujetos a precios que determina el intermediario, precios ridículos. No existen políticas del gobierno central para promover la producción orgánica, establecer mercados estables, seguros y precios justos. Nuestras expresiones y manifestaciones culturales y espirituales son satanizadas por grupos radicales. Los recursos naturales del subsuelo y suelo de los territorios indígenas siguen siendo minas de intereses extractivistas, de un sinnúmero de “políticas de asimilación forzada”.

¿Dónde está el patriotismo que recibe cientos de ilustres ciudadanos?, ¿esos son los que se recetan pensiones de lujo?, ¿serán los que viven a costillas del pueblo? Robando y “orondos”. Entonemos el himno con hidalguía, pero asimilemos su letra, démosle sentido. Seamos patriotas, no simples patrióticos.

Decoran sus carros, casas, con símbolos, pero sus corazones están lejos de la patria, ¿no serán siervos menguados…?

El 12 de octubre, Encuentro de Culturas, nos imponen festejar, conmemorar un encuentro de culturas, pero lo histórico refleja una dolorosa, cruel pasión de los pueblos originarios, la extinción de culturas enteras, violación a nuestras abuelas, madres y saqueo de las riquezas. En la actualidad siguen violando, denigrando la dignidad de nuestras hermanas, hijas y sigue el saqueo de las riquezas naturales, nos obligan a conmemorar estos actos propios de Satanás. Actos que son “proyectos de muerte”.

Acto abominable, del maligno danzar, sentir euforia por la historia macabra, festejar la memoria siniestra de nuestros antepasados ¿Cómo se les ocurre?

Por qué no hacer actos para concientizar sobre la conservación, protección y defensa de la tierra. La Madre Tierra. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de los territorios indígenas. Declarar día de la Madre Tierra.

Nos resta unir nuestras voces al Papa Francisco:

“Por los traumas de violencia sufrida por nuestros hermanos y hermanas indígenas”

“En este lugar bendito, en donde reina la armonía y la paz, te presentamos las desarmonías de nuestra historia, los efectos terribles de la colonización, el dolor inextinguible de tantas familias, de abuelos y de niños. Ayúdanos a sanar nuestras heridas”. (Papa Francisco, Canadá, julio de 2022).

Costa Rica y pueblos indígenas: informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas

Escrito en 29/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 28 de septiembre del 2022, se dio a conocer el informe realizado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita in situ en Costa Rica a finales del año 2021.

El informe está desde ya disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas en este enlace. El delegado oficial de Costa Rica indicó en su intervención (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 28 de septiembre del 2022) que:

» Costa Rica reaffirmed its unwavering commitment to the protection of all under its jurisdiction, and their exercise of their human rights, without discrimination. Costa Rica worked to eliminate discrimination, and had accepted and analysed international recommendations, strengthening mechanisms for dialogue and interaction with indigenous peoples, leading to a better understanding of the impediments to their socio-economic development and exercise of their rights. Their land rights should be respected, as one of the main causes of violence was the lack of certainty in the property system«.

Sobre algunas recomendaciones hechas a Costa Rica

Más allá de las cosas que se oyen a veces por parte de un delegado costarricense en Ginebra, se sugiere la lectura integral y detallada del informe como tal, el cual contiene una gran cantidad de datos recopilados durante su visita por este experto de Naciones Unidas. Las conclusiones ubicadas en la parte final revisten gran interés para sectores sociales y deberían de poder propiciar una reflexión en el seno de algunas entidades estatales.

En la parte conclusiva, se lee por parte del Relator Especial que:

«91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».

Entre las numerosas recomendaciones hechas al Estado costarricense, y que interesan a una multitud de entidades estatales, se lee, en el párrafo 98, que el Relator recomienda a Costa Rica:

«f) Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los ataques, incluidas las amenazas contra los líderes indígenas;

g) Garantizar la investigación administrativa y judicial, el juzgamiento y la sanción de los responsables del supuesto abuso de la fuerza por parte de la policía en marzo de 2020 contra las personas indígenas recuperadoras de tierra en China Kichá;

h) Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a:

i) Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;

ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública;

i) Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

El instrumento internacional al que refiere el Relator en este punto i) es más conocido como Acuerdo de Escazú, el cual fue suscrito en Costa Rica en marzo del 2018. Este tratado fue recientemente objeto de una nueva ratificación en este 2022 (Chile), luego de Argentina y México (que lo ratificaron en el 2021). Tuvimos la oportunidad de analizar la cada vez mas incómoda situación que le significa a Costa Rica cada nueva adhesión a este acuerdo regional de vanguardia, adoptado en suelo costarricense: véase nuestra breve nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú: Chile oficialmente es Estado Parte número 13. Algunas reflexiones desde Costa Rica«. Se trata de una nueva excitativa hecha a Costa Rica, de muchas ya realizadas desde el ámbito internacional, y que de ser seguida, le permitiría a Costa Rica ser más consistente y coherente con la imagen internacional que proyecta al mundo en materia de derechos humanos.

Sobre la disculpa oficial recomendada en su informe por el Relator Especial

Cabe recordar que las acciones violentas que sufren los líderes indígenas en Costa Rica, y el hecho que dos de ellos perdieran la vida en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020) sin que a la fecha las autoridades de justicia hayan sancionado a los responsables de estos dos graves hechos, colocan a Costa Rica en una situación bastante insólita, en particular desde una perspectiva internacional de derechos humanos (Nota 1).

Al tiempo que persiste un indignante clima de impunidad que tiene un efecto intimidador para muchas comunidades indígenas costarricenses: desde esta perspectiva, la «disculpa pública» recomendada en el punto h) ii) del precitado párrafo 98 por el Relator de Naciones Unidas al Estado costarricense cobra mucha mayor relevancia.

Otra disculpa, por la denominada «arrastrada» vivida en el edificio de la Asamblea Legislativa en el 2010 por integrantes de varias comunidades indígenas costarricenses, podría también facilitar el proceso de diálogo (véase nuestra breve nota publicada al conmemorarse 10 años de este triste episodio que marcó y sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses).

Finalmente, en el 2020, al analizar el trámite dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una petición de indígenas térrabas con relación al proyecto hidroeléctrico El Diquis, habíamos escrito en una breve nota (véase enlace) que:

«Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH«.

A ese respecto, un informe anterior del 2011 elaborado por otro experto de Naciones Unidas titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica» (véase enlace) puso de manifiesto las carencias del Estado costarricense a la hora, esta vez, de llevar a cabo un megaproyecto que impacte negativamente a poblaciones indígenas costarricenses.

A modo conclusivo

Este nuevo informe de Naciones Unidas viene a detallar de manera muy completa la situación de total vulnerabilidad e indefensión de muchas comunidades indígenas en Costa Rica. Se da a conocer después de que, en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara una histórica sentencia contra Argentina (véase sentencia del caso Lahka Honhat): la cual viene a completar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y expandir los alcances de la jurisprudencia en la materia de forma notable (Nota 2). El ex Presidente de esta jurisdicción regional no dudó en escribir en su voto razonado que se trata de un verdadero «hito»:

«El caso Lhaka Honhat representa un hito en la jurisprudencia interamericana fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, constituye la primera ocasión en que el Tribunal Interamericano se pronuncia de manera autónoma sobre DESCA que atañen a pueblos y comunidades indígenas. En segundo término, a diferencia de los precedentes que había tenido la oportunidad de conocer, la Sentencia declara la vulneración de cuatro DESCA que pueden ser derivados y protegidos por el artículo 26 del Pacto de San José —derecho a la identidad cultural, en lo atinente a participar en la vida cultural, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación, y derecho al agua—7 . En tercer lugar, las reparaciones ordenadas están centradas de manera diferenciada, tratando de restituir la violación de cada uno de los derechos sociales, culturales y ambientales declarados violados en la Sentencia» (véase párrafo 4 de su voto, disponible después del texto de la sentencia, pagina 2)

Como bien se sabe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita al Estado incriminado en un caso concreto, sino que interpela a los otros Estados del hemisferio americano y los invita a paliar las insuficiencias y las lagunas en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales: no paliarlas constituye una invitación velada al litigio internacional ante los órganos del sistema interamericano.

Haciendo a un lado el sistema interamericano de derechos humanos, es de esperar que estas nuevas recomendaciones proviniendo de Naciones Unidas sean ampliamente difundidas y conocidas por muy diversos sectores en Costa Rica.

Y que, en algún momento, logren inspirar a decisores políticos sobre la urgente necesidad de ir paulatinamente remediando la grave situación que sufren las comunidades indígenas costarricenses. La profunda desconfianza con las que muchas de ellas viven a diario constituye un obstáculo que debe superarse poco a poco: en ese sentido, este informe de Naciones Unidas ofrece valiosas pautas y herramientas al Estado costarricense.

Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento social en favor de los derechos de estas comunidades pueden activar los diversos mecanismos internacionales en aras de forzar al Estado costarricense a cumplir con las diversas obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido, sin extender su beneficio a las comunidades indígenas, tal y como lo detalla de manera contundente este informe.

–Notas–

Nota 1: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran nunca más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.

Nota 2: La paciencia y la perseverancia de las comunidades afectadas son dignas de resaltar en el presente caso: esta sentencia culmina un reclamo de 36 años impulsado por varias comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina, cuyo objetivo era obtener el título de su propiedad territorial. Las comunidades indígenas en 1992 conformaron la “Asociación Lhaka Honhat” e iniciaron su reclamo por los territorios ancestrales en 1984. Posteriormente, en el 1998, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dictaminó su informe sobre el fondo en el año 2012, emitiendo una serie de recomendaciones a Argentina. Frente al incumplimiento de sus recomendaciones, la CIDH sometió el caso a la Corte IDH en febrero de 2018, la cual dio a conocer su sentencia en el 2020.

Imagen ilustrativa. Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.

Nueva agresión contra la familia Sandí Morales en territorio bribri

Escrito en 28/09/2022. Publicado en Derechos.

La familia Bribri Sandí Morales del clan Duriwak decidió ejercer su derecho a la tierra y desde el 28 de abril de 2021 recuperaron el terreno de 104 hectáreas, el cual se encuentra parcialmente ocupado por Luis Pérez Jiménez de manera ilegal.

A eso de la 1:30 p.m. del 22 de septiembre, Roger Castillo, Shirley Cordero y su hermana, transportaron el ganado de Pérez Jiménez hacia los cultivos de arroz, yuca y otros que tiene la familia Bribri Sandí Morales del clan Duriwak, en Dí Bütók Wúyirkë (Las Juntas) en el Territorio Bribri Yäbamï Dí (Cabagra), por lo que, Nuriet Morales y su madre intentaron sacar el ganado para evitar más pérdida de cultivos, a lo cual el hombre y las dos mujeres respondieron con machete en mano e intentaron agredir a la familia.

Más tarde, a eso de las 2:45 pm, se intentó nuevamente introducir el ganado a territorio de la familia Morales, por lo que una unidad móvil de la Fuerza Pública se hizo presente en el lugar y llevó a la familia a interponer una nueva denuncia contra Pérez Jiménez y sus peones.

Es necesario que el Poder Judicial, teniendo conocimiento de las denuncias públicas y judiciales interpuestas por miembros de la Familia Sandí Morales, haga respetar y cumplir las medidas cautelares contra Luis Ángel Pérez y sus peones: Elvin Picado Altamirano, Belarminio Nájeras Quiel, Pablo Quiel Molina y Roger Castillo Segura y se ordenen las medidas necesarias para determinar el armamento que poseen estos sujetos y los respectivos permisos de portación.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

En el siguiente enlace de Facebook encontrará el comunicado oficial: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/603244414624294/

La telaraña de la justicia contra la protesta social

Escrito en 27/09/2022. Publicado en Derechos.

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

A la opinión pública nacional e internacional

Uno de los juicios políticos contra la protesta social más largos de la historia latinoamericana, se efectúa en el país de la “pura vida”.

A sus 70 años de edad, el defensor de los derechos humanos y luchador social, Orlando Barrantes, es víctima de la persecución judicial del Estado centroamericano de Costa Rica desde hace 22 años y en el presente atraviesa por el octavo juicio, motivado por los aparatos judiciales del Estado costarricense.

La historia de Barrantes se remonta a principios del siglo XXI, cuando en diciembre del año dos mil, se encontraba un fuerte sector de la clase obrera costarricense en la provincia de Limón, haciendo uso del derecho humano universal de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos

En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y del sector obrero que trabajaba en los muelles.

Estos sectores populares estaban exigiendo un apoyo contundente e insumos de apoyo de parte del Estado como responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.

Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles y en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y que fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.

Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.

Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.

A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del único país del continente americano que no cuenta con militares.

Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.

Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó esta acción de protesta.

Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.

En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad” también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.

Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.

Este defensor de la humanidad costarricense fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).

De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.

Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.

En los juzgados de Guápiles actualmente se lleva a cabo el juicio número 8, contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, distintas organizaciones de derechos humanos, populares y ecologistas se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.

Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.

Ante estos hechos de la persecución judicial contra Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.

Por tal motivo la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, rechaza y condena enérgicamente, la persecución estatal que esta siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años.

La ACODEHU hace un llamado internacional a las instancias competentes que defienden los derechos humanos en el marco del concierto de naciones, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que condenen esta persecución contra un defensor de derechos humanos como lo es, el compañero y luchador social, Orlando Barrantes.

De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.

Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.

A los veinte y siete días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica, Centroamérica.

ANA CECILIA JIMÉNEZ ARCE
Junta Directiva
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)

Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

¡Libertad absolutoria para el compañero Orlando Barrantes, ya!

ADI de Térraba amenaza con invadir Finca San Andrés

Escrito en 27/09/2022. Publicado en Derechos.

Comunicado*

Alerta Temprana
Territorio Ancestral Brörán de Térraba.

A los Pueblos hermanos
Al Estado de Costa Rica

Lunes 26 de setiembre de 2022. Desde hace una semana aproximadamente, las familias Brörán del terreno recuperado, conocido como Finca San Andrés han estado escuchando y recibiendo información de fuentes locales y cantonales y se han enterado de reuniones de miembros de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Brörán de Térraba (Costa Rica), en las que se ha estado comentando y planificando por parte de la ADI, allegados y finqueros la intención de invadir Finca San Andrés.

Una de las reuniones se realizó en la casa de Demecio Flores Valderramos, conocido como Mecho Flores, persona no indígena que vive cerca de San Andrés y que desde hace años ha estado hostigando y tratando de hacer negocios con esas tierras.

Desde agosto de 2022, nuevamente Genaro Gutiérrez Reyes es el presidente de la ADI, él y su familia han manejado de forma irregular la ADI de Térraba desde hace 3 décadas y ha sido denunciado pública y judicialmente por múltiples hechos de corrupción, además, siempre ha defendido los intereses de personas no indígenas que ocupan de forma ilegal el Territorio Brörán de Térraba y otros Territorios de la zona sur de Costa Rica.

Uno de estos hechos fue la entrega y venta de las tierras de Finca Volcancito a personas no indígenas por parte de la ADI en los años 2006 y 2007; actualmente Rigoberto Montero Badilla, aliado de Genaro Gutiérrez ha vendido y continúa vendiendo terrenos de Finca Volcancito, finca comprada con recursos públicos; todo esto con la participación y complicidad de la ADI.

En el año 2015 y ante los actos de corrupción de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba (ADI), que ya habían entregado parte de los terrenos y bienes comunes de Finca San Andrés a empresas y personas no indígenas y teniendo como antecedente lo de Finca Volcancito; un grupo de más de 30 familias decidieron tomar posesión de las 350 hectáreas de Finca San Andrés, amparados en el derecho humano a la tierra, el bloque de constitucionalidad y la legislación nacional e internacional.

Desde entonces, la ADI ha puesto todo tipo de obstáculos para que estas familias puedan tener acceso a bonos de vivienda, servicios de electricidad y agua potable; además las han hostigado y amenazado constantemente, en este sentido, vari@s parceler@s fueron denunciados por la ADI por el supuesto delito de usurpación Exp. 16-200119-0634-PE, causa que fue desestimada, ya que se comprobó que todas las personas denunciadas pertenecen al Pueblo Brörán de Térraba.

En esta causa participó como testigo Jonathan Espinoza, dando un testimonio falso contra las y los parceleros; Espinoza es una persona no indígena que respalda a quienes ocupan ilegalmente los Territorios Indígenas y actualmente apoya el trabajo de la ADI de Térraba.

Ante estas amenazas demandamos del Estado de Costa Rica;

Que el Ejecutivo tome las medidas preventivas necesarias para garantizar la vida e integridad física, psicológica y territorial de las familias Brörán de Finca San Andrés; medidas que deberán ser construidas y acordadas en conjunto.
Que la totalidad de Finca San Andrés sea entregada de forma inmediata a las familias que las habitan y cultivan.
Que todas las instancias del Ejecutivo reconozcan a estas familias como legítimos dueños de estas tierras para todos los trámites pertinentes y para cualquier proceso relacionado al Plan RTI, procesos de expropiación, declaración de poseedores de buena fe o desalojos administrativos, gobernanza y consulta e intercedan para que las instituciones autónomas también las reconozcan.
Que se investigue la venta y/o otros actos irregulares en los que ha incurrido la ADI de Térraba y Rigoberto Montero Badilla con respecto a Finca Volcancito.

Para cualquier comunicación: cfincasanandres@gmail.com

coordinadoraluchass@gmail.com

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Parceler@s de Finca San Andrés.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

* Fuente: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/606304880984914/

Sobre el 12 de octubre

Escrito en 24/09/2022. Publicado en Análisis, Cultura.

Orlando Barrantes Cartín

Cuando los españoles ingresaron por primera vez a Costa Rica entrando por Nicaragua, después de 1544 año en que los indígenas del atlántico matan al primer conquistador de Costa Rica Diego Gutiérrez cerca del Rio Reventazón, encuentran una abundante y vigorosa población autóctona entre Nicoya y Santa Cruz.

En ese momento histórico ya los españoles habían empezado a explotar las minas de plata y cobre en Perú y Bolivia.

Como aún no existía la actividad económica que creó el sistema de compra y venta de personas africanas, los negros, los españoles despoblaron las costas del Pacífico. Miles de niños, mujeres y hombres fueron brutalmente extraídos de sus comunidades, en Guanacaste, embarcados en las naves españolas y trasladados a trabajar, sin paga, a las minas sudamericanas.

Como para los españoles los indígenas no eran humanos, certificado por los curas y la iglesia católica al tranquilizar a la Corona Española diciéndoles que los indígenas eran «criaturitas de Dios que NO tenían alma», los españoles nunca llevaron un censo de las personas indígenas deportadas, de manera que nunca sabremos quienes eran, cuántos eran, sus nombres, eran familiares entre sí, ¿amaban sus hijos?, ¿tenían ilusiones?

A mi entender, al imperio español no hay que darle rostro humano, porque no lo tenía.

Semana de la Persona Migrante

Escrito en 21/09/2022. Publicado en Derechos.

Esta semana del 26 al 30 de septiembre se celebrará la Semana de la Persona Migrante, para reflexionar sobre las migraciones humanas desde sus distintas perspectivas y motivaciones.

En esta semana, se realizarán actividades como conferencias, talleres, encuentros, charlas, ferias y actividades culturales. Las actividades se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes 26: Conversatorio a las 3:00 p.m. a cargo de estudiantes migrantes en el Instituto de Investigaciones Sociales.
Martes 27: Taller a las 10:00 a.m. a cargo de Guillermo Acuña en la Biblioteca Tinoco – Conferencia a las 2:00 p.m. a cargo de Carlos Sandoval en la Escuela de Arquitectura.
Miércoles 28: Encuentro a las 8:30 a.m. EDUCON – Cine U a las 11:00a.m. EDUCON – Charlas a las 2:00 p.m. EDUCON.
Jueves 29: Feria y Actividad Cultural de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en Plaza Lib. De Expresión – Mesa Redonda a las 3:00 p.m. en la Facultad de Ciencias Sociales.
Viernes 30: Feria y Actividad Cultural de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en la Facultad de Ciencias Sociales – Conversatorio TFGs a la 1:00 p.m. en la Facultad de Ciencias Sociales – “C Volcánicas” a las 3:00 p.m. en la Facultad de Ciencias Sociales – Cine U 7:00 p.m. por Zoom Cine Universitario.

Si desea más información sobre las actividades y la Semana del Migrante puede escribir a los correos: mario.solorzanoperez@ucr.ac.cr y migraciones.ddhh.ucr@gmail.com o llamar al número de teléfono: 2511-5693.

Violencia institucional: Cruz Roja se niega a ingresar a Territorio Cabécar de China Kichá por conflicto sobre la tierra

Escrito en 21/09/2022. Publicado en Derechos, Salud.

Menor del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö, recibió atención de salud tardía por negligencia de la Cruz Roja.

Martes 20 de septiembre 2022. El pasado martes 12 de septiembre, el menor Alfred Zúñiga Fernández, del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö -en el Territorio Cabécar de China Kichá-, presentó un deterioro en su salud. Los síntomas, ese día, fueron: vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y un dolor fuerte en las piernas y rodillas que le dificultaba caminar. Ese día su familia decidió atenderlo con plantas medicinales y otros remedios ancestrales.

Para el viernes 16 de septiembre la familia del menor decidió contactar a la Cruz Roja para que lo trasladara al Hospital Escalante Padilla en Pérez Zeledón. El EBAIS más cercano al Territorio Cabécar de China Kichá se encuentra desde la plaza del Territorio a 30 kilómetros, en la comunidad de San Pablo. Sin embargo, por la gravedad de los síntomas de Alfred, -quién ya no podía caminar, llevaba 3 días sin poder comer y estaba deshidratado-, su familia decidió que debía recibir una atención de salud mayor a la que se brinda en los EBAIS.

Desde las 9:00 AM a 12:00 MD la familia de Alfred contactó a la Cruz Roja. En la primera, segunda y tercera llamada la Cruz Roja se negó a trasladar al menor por falta de ambulancias. En la cuarta llamada, la Cruz Roja pidió que el menor fuera trasladado a la comunidad de San Antonio para que aprovechara el traslado de otra unidad a ese lugar, a lo que la familia alegó su imposibilidad de hacerlo por falta de recursos económicos para el traslado del menor hasta el punto de que solicitaba la Cruz Roja; siendo la misma razón por la que se pidió el apoyo de esa institución.

La Cruz Roja también dijo expresamente a la familia de Alfred que necesitaba escolta de la Fuerza Pública. Sin embargo, la familia de Alfred decidió no contactar a la policía porque en todas las ocasiones anteriores que se ha solicitado apoyo de la Fuerza Pública para escoltar a la Cruz Roja, u otras instancias, ésta se ha negado y se desconoce si la Cruz Roja coordinó con la Fuerza Pública.

Pese a ello, la familia de Alfred siguió presionando a la Cruz Roja argumentando que era una situación de emergencia y que la vida del menor estaba en peligro. A ello, la Cruz Roja dijo a la madre del menor de que su servicio no era de taxi.

Tras presiones junto a personas solidarias de la comunidad de Pérez Zeledón y el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, la Cruz Roja accedió a trasladar al menor siempre y cuando éste se encontrara en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Al no encontrar otra solución, con enorme dificultad, el menor y su familia caminaron 1 kilómetro cuesta arriba hasta la plaza del Territorio. La ambulancia llegó sin ninguna escolta policial.

Ese día, Alfred fue diagnosticado con anemia y una infección a la altura de su caja torácica. Recibió suero, además de otros medicamentos y fue dado de alta ese mismo día. Para el día de hoy, la salud de Alfred sigue complicada pues sus síntomas no han disminuido significativamente. A esa preocupación, se suma la angustia de su familia al no contar con recursos económicos para movilizarse fuera del Territorio. Movilización que, además, exige una serie de condiciones de seguridad por el conflicto existente en China Kichá y en el que la madre, padre, hermanas y hermanos de Alfred han resultado afectados y agredidos por el accionar de la Fuerza Pública y personas no indígenas con intereses sobre los terrenos recuperados.

Este hecho es percibido por la familia de Alfred y otras personas de la comunidad cabécar como un acto de violencia y racismo institucional. No es la primera vez que esto sucede y tampoco es una situación que suceda únicamente en el Territorio Cabécar de China Kichá.

El argumento de seguridad de parte de la Cruz Roja no es responsabilidad alguna de los Pueblos Originarios, como tampoco lo es la ineficiencia de la Fuerza Pública que debería garantizar el bienestar e integridad de todas las personas dentro y fuera de los Territorios Indígenas. Como personas recuperadoras, reconocemos la existencia del conflicto y el riesgo que implica el mismo, sin embargo, no somos los responsables de la situación de inseguridad existente en nuestras comunidades y tampoco hemos realizado amenazas en contra de instituciones públicas como sí lo ha hecho la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA) el pasado 21 de agosto, en palabras de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de AMPBA.

Pese a ello, somos los Pueblos Originarios quienes cargamos con la violencia y racismo institucional que no sólo evita la entrada de una ambulancia a nuestros Territorios, sino que atenta contra nuestra integridad física y vida al no poder acceder a nuestro derecho a la salud.

Denunciamos:

A la Cruz Roja por la falta de ética e integridad a su trabajo y mandato. En situaciones de conflicto y tensión, su labor es todavía más importante. Además, es éste el sentido de su trabajo y mandato internacional.
A la Fuerza Pública por su ya reconocida falta de apoyo y su constante negación para escoltar tanto a organizaciones aliadas a nuestra causa como a otras instancias como la Cruz Roja.
Al Ejecutivo en pleno, por su falta de acciones en la mejora del acceso y disfrute de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Insistimos en que este tipo de violencia institucional no se limita al Territorio Cabécar de China Kichá.
Solicitamos a la Cruz Roja y a la Fuerza Pública un informe sobre lo sucedido en este caso; información que puede ser enviada al correo electrónico: coordinadoraluchass@gmail.com
Además, solicitamos a organizaciones, colectivos (as) y personas amigas a que estén atentas a nuestras próximas comunicaciones sobre la violencia institucional que sufrimos en el Territorio Cabécar de China Kichá y en otros Territorios de la zona sur. En numerosas ocasiones, esta situación nos genera la necesidad de solicitar apoyo económico para garantizar la movilidad de distintas personas recuperadoras y sus familias. Que la solidaridad siga presente en nuestros Pueblos, Territorios y país.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Kono Jú.

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Imagen de portada ilustrativa.

Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento

Escrito en 20/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento, para conmemorar la «Brecha de la Porta Pía» en Roma, un hecho significativo mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano, aliadas al Imperio Francés y con lo que se logra la unidad de Italia.

Con la celebración de esta efeméride se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas, como base de la sociedad moderna, libre y democrática.

Este día mundial sobre la libre expresión del pensamiento pretende visibilizar el acosamiento y encarcelamiento de personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, violando sus derechos humanos fundamentales relacionados con la búsqueda y divulgación de información, ideas y opiniones sin represalias.

Desde luego qué hay algunos que abusan de este derecho humano fundamental, y es necesario entender que ejercer este derecho, implica además una responsabilidad.

Abusar del mismo implica que podría haber consecuencias de varios tipos.

Lo importante es que todos tenemos derecho a expresar libremente nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras creencias, pero si en ese afán de ejercicio de este derecho humano violentamos el mismo abusando en esa expresión llegando a lesionar el derecho de los demás podría incurrir en responsabilidades civiles y penales.

Desde siempre tenemos derecho a expresar nuestras ideas, pensamientos y opiniones, sin embargo, en algunos países ese derecho ha sido cercenado y cualquier opinión que no sea del agrado de quienes gobiernan implicaría detenciones e incluso encarcelamientos. Tenemos muy cerca ejemplos que se han sucedido en los últimos tiempos y por ello debemos de hacer lo necesario para que este derecho constitucional y humano se fortalezca en nuestro país.

Dios quiera que podamos seguir gozando de este derecho y que nos permita poder expresarnos en forma adecuada sobre lo que sucede en nuestro país y en el mundo sin tener que sufrir persecución por ello y menos perder la libertad siendo encarcelados.

Solidaridad con Orlando Barrantes Cartín

Escrito en 20/09/2022. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

En Costa Rica el próximo 21 de septiembre a las 8am, en los Tribunales de Guápiles. Limón, se realizará por octava ocasión un juicio contra el luchador y dirigente social Orlando Barrantes, víctima durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia del país, plagado de arbitrariedad.

Orlando es un reconocido luchador social y dirigente comunal, fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), quien ha dedicado la mayor parte de su vida a las causas sociales, teniendo en los últimos años una participación relevante en la zona atlántica del país. En el accionar político ha sido un integrante activo de los movimientos sociales, apoyando luchas campesinas, de ex-estibadores, transportistas independientes, mujeres jefas de hogar y mujeres en general, indígenas, personas afectadas por el Nemagón y actualmente en la lucha por el acceso a una vivienda digna para la población más vulnerabilizada. A la vez, reconocemos su compromiso permanente como internacionalista al solidarizarse con las luchas de todos los pueblos y naciones del mundo.

Este juicio que enfrenta Orlando es de carácter político, por su participación en la lucha del Caribe en el año 2000, la cual derivó un fuerte movimiento campesino y comunitario centrado en exigir precios justos para los productos agrícolas locales y apoyo efectivo del gobierno para el sector campesino. Así, alrededor de 3000 manifestantes llevaron a cabo una marcha multisectorial, siendo víctimas de una brutal represión y abuso de poder político-militar por parte de un contingente de cerca de 400 policías antimotines fuertemente armados.

Lo anterior en el contexto de una creciente crisis socioeconómica en la región caribe, producto de políticas injustas, colonialistas y discriminatorias, la cuales se ha profundizado con los años. Este escenario de lucha popular fue aprovechado vilmente por la Fiscalía para iniciar una persecución política en contra de Orlando, acusándole de ser “un enemigo del Estado” y “un conspirador contra el gobierno”, como si luchar por los derechos de los pueblos fuera un crimen.

Solidarizarse por la libertad de Orlando es luchar por el legítimo derecho a protestar que tenemos todas las personas, Derecho Humano fundamental para garantizar la participación del pueblo y de todos los sectores en el diálogo social y en la construcción colectiva de la democracia.

Por lo cual, frente a esta violación institucional y sistemática del Derecho Humano a la Protesta Social, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos:

Se une al conjunto de colectivas, colectivos, organizaciones sociales, políticas y activistas, quienes se han aglutinado en el Comité de Apoyo a Orlando Barrantes para impulsar una campaña de solidaridad por la absolutoria definitiva para Orlando Barrantes.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas, religiosas, campesinas, indígenas, ecologistas, luchadores por vivienda, agrupaciones de mujeres, estudiantiles, sindicatos del sector público y privado, de base local y comunal, a sumarse a la campaña por la absolutoria para Orlando Barrantes.
Solidarizarnos con esta lucha es garantizar nuestro legítimo derecho a la protesta social y a la organización desde nuestras comunidades.
Hacerse presentes este miércoles 21 de setiembre a partir de las 8 am en los Tribunales de Justicia de Guápiles, en la provincia de Limón, donde iniciará el octavo juicio.

Costa Rica se ha destacado históricamente por ser un país ejemplo de pregonar, desde los gobiernos de turno, una cultura de paz, valores democráticos y justicia social, inclusive libre de políticas y estructuras de seguridad propias de dictaduras militares, impuestas para consolidar violencias estructurales en contra de toda iniciativa y movimiento que emergen, desde el pueblo y diversos sectores de la sociedad, en la línea de organizarse para exigir políticas de estado para una verdadera justicia social, ante las crecientes amenazas globales contra las poblaciones más vulnerabilizadas.

Es por ello, que desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, nos unimos al tejido de activistas sociales, defensoras y defensores de los Derechos Humanos, organizaciones, colectivas y colectivos de Costa Rica y del mundo instando a la ABSOLUTORIA DEFINITIVA PARA ORLANDO BARRANTES CARTÍN, internacionalista y dirigente campesino víctima de 22 años de judicialización por estar al lado de su pueblo en la defensa permanente de los Derechos Humanos.

#TodxsSomosOrlandoBarrantes

No a la criminalización del Derecho Humano a la Protesta Social.
ABSOLUTORIA DEFINITIVA PARA ORLANDO BARRANTES.
PROTESTAR NO ES UN DELITO,
ES UN DERECHO HUMANO DE NUESTROS PUEBLOS.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Miguel Humberto Medina Comunero Bolivariano Movimiento Cultural Campesino Los Arangues, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Jpsuv de Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Uruguay Anahit Aharonian Kharputlian Ingeniera Agrónoma y Docente Comisión Multisectorial de Uruguay; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Patrocinio Martínez López representante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca – CODEPO, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH) y Colectivo Reexistencia Creativa de México.

21 de septiembre de 2022.