Albino Vargas, secretario general de la ANEP, revela que el apoyo del presidente Rodrigo Chaves a Rodrigo Arias de Liberación Nacional para que continúe en la presidencia del Parlamento, se trata de un acuerdo de favores, en el cual se negocia la presidencia de Arias por la jornada 4×3 que defiende Chaves para empresas de su interés.
Albino menciona que esto es corrupción política y hace un llamado a marchar por la defensa de la jornada laboral el 1 de mayo.
Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas
Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.
Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.
Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz.
Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra.
Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir.
El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.
La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.
La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos y la articulación de redes institucionales.
En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles.
En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha:
Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja.
Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.
Primero: SITECO y ANEP son dos organizaciones de alta representatividad laboral en el seno de la Fuerza Pública.
Segundo: SITECO y ANEP tienen una larga tradición de funcionamiento dentro del marco de la legalidad y de la constitucionalidad del país.
Tercero: SITECO Y ANEP siempre han desarrollado y siempre desarrollarán su accionar sin interferencia ni de partidos políticos, ni de gobiernos de turno, ni de fuerzas extrañas.
Cuarto: SITECO Y ANEP siempre han abogado y abogarán por el diálogo social y por la solución pacífica del conflicto obrero-patronal, dentro del marco del Estado Social de Derecho y dentro de la misma democracia costarricense.
Quinto: SITECO y ANEP estiman que las medidas de presión siempre deben ser el último recurso y se deben emplear dentro del marco de la legalidad y una vez agotado el dialogo.
Sexto: SITECO y ANEP estiman que de inmediato se deben activar las mesas de diálogo comprometidas y establecidas el pasado viernes 21 de abril; con los temas que quedaron en mesa según fueron planteados, con mucha antelación y buscando siempre la mejora de la clase trabajadora.
San José, 24 de abril de 2023.
Albino Varas Barrantes – ANEP Xiomara Rojas Sánchez – SITECO
SURCOS comparte el comunicado de la ANEP en el cual se explica que el cambio de rol en el Ministerio de Seguridad Pública nunca se materializó, por ello se mantiene el sistema 6×6 y 3×3 logrado en una lucha anterior.
La Red de Emergencia Cultural envió una carta al Ministerio de Cultura y Juventud, en la cual solicita “que se abstenga de promover eventos en los que son vulnerados los derechos de las y los artistas, se fomenta la precarización laboral y se menosprecia el valor del aporte creativo.
Asimismo, pide al Ministerio de Economía Industria y Comercio que implemente “un pago a derecho a las y los artistas que se presenten en la EXPOPYME y se les dote de una póliza de riesgos laborales en los casos que se requiera”.
También la Red insta “a las organizaciones del Sector Cultura a tomar en cuenta estas observaciones a la hora de valorar su participación en EXPOPYME 2023”.
SURCOS comparte la carta que envió a nuestra redacción Arabella Salaverry, escritora, actriz, gestora cultural y Premio Magón 2021.
19 abril 2023
Señor Francisco Gamboa Soto Ministro de Economía Industria y Comercio
Señora Nayuribe Guadamuz Ministra de Cultura y Juventud
La Red de Emergencia Cultural (REC), Premio de Cultura Nacional 2021, es una organización integrada por asociaciones de diferentes subsectores de la cultura, gestora de Ley 10041 y otras acciones en favor de sostener los derechos culturales de las personas, tanto habitantes como trabajadoras del arte y la cultura, se dirige a ustedes para manifestar nuestra posición en relación a la convocatoria a artistas realizada por el MEIC/MCJ en oportunidad de la Feria EXPO PYME 2023:
1) Que la Feria EXPO PYME 2023 lleva por título “Reactivando Costa Rica” y es producida por el MCJ y MEIC.
2) Que la Feria EXPO PYME incluye en su programa la presentación de numerosas agrupaciones de danza, música y teatro.
3) Que en el documento oficial de convocatoria a artistas se lee cuadro de “Abanico de Oportunidades” en el que se observa la columna Aporte del MEIC: Vehículo pickup, refrigerio, tarima y sonido.
4) Que al consultar al MEIC sobre los rubros a pagar a las y los artistas por estas presentaciones, este indicó que el pago era el aporte descrito en la convocatoria.
Por lo que desde la REC, siempre en defensa del mejor interés del sector, manifestamos nuestro pesar en relación a esta convocatoria, ya que aunque lleva por título “Reactivando Costa Rica” la EXPOPYME no prevé un presupuesto de ejecución adecuado para solventar las remuneraciones de las y los artistas que se presentan en dicha feria, lo que tiende a inhibir la reactivación del sector.
Se intenta sufragar nuestro trabajo con el ofrecimiento de un carro con cajón, refrescos y galletas, escenario y sonido. Tampoco se indica la aplicación de algún tipo de póliza en caso de accidente en las presentaciones culturales en beneficio de las y los artistas, amén de que promueve la idea de que el trabajo artístico no debe ser pagado, lo que agudiza la crisis que existe en el sector desde antes de la pandemia global.
Por esta razón desde la REC, promoviendo el respeto integral a los derechos laborales de las y los artistas solicitamos:
1- Al MCJ que se abstenga de promover eventos en los que son vulnerados los derechos de las y los artistas, se fomenta la precarización laboral y se menosprecia el valor del aporte creativo.
2- Al MEIC que subsane esta situación supra descrita, con la implementación de un pago a derecho a las y los artistas que se presenten en la EXPOPYME y se les dote de una póliza de riesgos laborales en los casos que se requiera.
3- A las Organizaciones del Sector Cultura a tomar en cuenta estas observaciones a la hora de valorar su participación en EXPOPYME 2023.
El PAC propone al Poder Ejecutivo que se reestablezcan las jornadas 6×6, esto con el fin de no afectar a las fuerzas policiales en el desarrollo de sus rutinas personales, así como gestionar la adecuada dotación de recursos para mejorar las condiciones de trabajo, asociación, remuneración salarial, alimentación, transporte, alojamiento y capacitación.
Además, reiteramos la necesidad de retomar las operaciones periódicas conjuntas, llamadas mega operativos que fueron muy efectivas; así como fortalecer el programa comunitario “Sembrando seguridad” y otras estrategias de prevención integral.
Como partido político recordamos que durante los ocho años de gobierno PAC se dieron avances en la profesionalización de la fuerza pública, la generación y planeamiento de nuevas delegaciones, centros penitenciarios y la dotación de equipo móvil terrestre, aéreo y marino. Así como la implementación de un enfoque preventivo, entendiendo que el mayor enemigo de la seguridad de un país es la falta de oportunidades de desarrollo personal y empleo de nuestros habitantes.
Es prioritario convocar y apoyar el expediente legislativo de extinción del dominio presentado desde el 2015, que permitiría “quitar bienes” al narcotráfico para financiar un modelo de prevención civilista.
Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno para que oriente sus acciones en la ruta que establecen los artículos 9 y 11 de nuestra Constitución: Artículo 9 “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…”
Daniela López Valver es oficial de policía y forma parte de ANEP-Fuerza Pública. Ella explica la situación que viven y la lucha actual por sus derechos laborales.
Una nota oficial del Ministerio de Seguridad Pública enviada por ANEP a SURCOS señala los siguientes acuerdos:
“PRIMERO. El Ministerio de Seguridad Pública no ha implementado o comunicado ninguna circular referente al cambio de rol policial.
SEGUNDO. Con relación al acuerdo primero, se convoca para el día lunes 24 de abril del 2023, a las 13 horas en el auditorio Príncipe de Asturias, para realizar mesas de trabajo y conocer las propuestas de los diferentes actores, en el contexto del proceso de diálogo abierto esta tarde.
TERCERO. A pedido de los firmantes se suspende a partir de las 15 horas del día 21 de abril del 2023. Continuándose el proceso de construcción con lo visto en el numeral segundo en aras de continuar el proceso de construcción de una propuesta viable para a contención de criminalidad y la violencia en Costa Rica”.
En la reunión se contó con la siguiente asistencia: ANEP, SITECO, UNP, MTSS, MSP, MP.
Este ha sido un gobierno de mucho efecto, pero poca inteligencia, desde el primer decreto malogrado que solo sirvió para hacer notar la incapacidad que tanto él como su equipo en Casa Presidencial tenían.
Sus errores se han venido acumulando de forma desenfrenada, aunque hay que reconocerle la capacidad que tiene para capitalizarlos, darles vuelta y finalmente invisibilizarlos, con el aplauso sórdido de las mazas que aún lo siguen.
Chaves chavacano ha sido un fiasco; no escucha, no negocia, pero lo mejor de todo es que no le importa: su ego patriarcal y machista se lo impide. Siempre atento a destruir la institucionalidad costarricense que tanto costó construir, que tantos réditos nos ha dejado a lo largo de casi ocho décadas; sin la menor duda, sigue siendo un excelente funcionario del Banco Mundial y su dogma neoliberal.
Chaves, el que casi muere por asfixia con un chop-suey de agricultores, sindicatos y otros actores políticos el pasado 29 de marzo, debe estar pasando esta noche una indigestión severa con la manifestación policial a las afueras de su apartamento en Curridabat y en otros lugares del país.
No se lo esperaba, como muchas otras personas tampoco lo esperábamos: que de pronto la disciplina policial se resquebrajara y exigiera su derecho a tener una vida digna: días de descanso, alimentación sana, equipo de trabajo, lugares decentes de descanso, salarios dignos. Casi en el nivel de insubordinación, varios policías sugirieron que la Fuerza Pública debía de quedar fuera de la Regla Fiscal y de la Ley del Empleo Público; tremenda y osada solicitud.
Conociendo a Chaves, en un primer momento asumió una pose de negación ante las manifestaciones policiales, posiblemente pensó que la policía llegó hasta su apartamento para agradecerle la nueva condición de precariedad en la que les sumió de la noche a la mañana. No obstante, en este momento se encontrará furioso, se preguntará cómo se atreven a contrariar sus decisiones.
Mañana o pasado cuando le toque resolver la compleja bronca que se le está armando, responsabilizará de la decisión al ministro de Seguridad, y en un coqueteo con los cuerpos policiales, procederá a despedirlo.
La policía nos dio una importante lección de movilización social, indisciplina incluida; puede que no tengan conciencia de clase, pero esta clase de luchas permiten avanzar en esa dirección; ojalá sepamos emularla, aunque le duela al exdiputado Carlos Ricardo Benavides.
Al margen. Y la ministra del MEP firmó un convenio con AmChan en la cual su prima, es presidenta de la Junta Directiva, desmiente que exista conflicto de intereses.
La patética representatividad de las llamadas «mesas de diálogo» son un espejo del propio gobierno de Rodrigo Chaves.
Por Martín Rodríguez Espinoza
Esta imagen del Diario Extra, como las de las mesas de trabajo de las llamadas «mesas de diálogo» convocadas por el gobierno para el acto circense sobre la Ley Marco de Empleo Público, son un reflejo exacto, una copia fiel de la misma elección de Chaves.
En las pasadas elecciones nacionales 3 de cada 10 costarricenses votó por el acosador sexual Rodrigo Chaves, el porcentaje de votos más bajo de los últimos 20 años. Y es así como lo leen, las dos cosas juntas, baja votación y sancionado por el Banco Mundial donde fue degradado de un alto cargo a uno de menor rango en el Banco Mundial por acoso sexual. Y para aquellos trolls que le aplauden todo, abajo les dejo algunos recuerditos en enlaces de medios de comunicación de TODO el mundo.
La votación general en 2022, para todos los partidos, fue del 57%, producto de la deslegitimación, de la corrupción profunda, descarada, de los partidos tradicionales y de sus nuevas máscaras, el PAC, los libertarios, los pseudo cristianos y, ahora, el PPSD de Rodrigo Chaves. Tanto él como su partido, si hubiera un verdadero Tribunal Electoral, debieron ser desinscrito e ilegalizados por estructuras paralelas, financiamiento ilícito y corrupción.
Pero volvamos al tema.
Cuando el gobierno invitó a un supuesto diálogo nacional sobre la nefasta Ley Marco de Empleo Público, diversas organizaciones sindicales y sociales, confiando en que era una oportunidad para aportar y modificar las cosas que afectan directamente los derechos sindicales, laborales y económicos de los trabajadores, participaron en la apertura de la convocatoria.
Sin embargo, ese día, 20 de marzo de 2023, las organizaciones agrupadas en el Movimiento Sindical Unido, decidieron entregar un amplio documento, levantarse y abandonar el acto de apertura.
Los representantes del más grande conglomerado de organizaciones sindicales anunciaron que se retiraron del «Diálogo Nacional», rechazando “las imposiciones” del gobierno y los términos de la convocatoria, acusándolo de poner un candado a la discusión de los temas más lesivos de la Ley y su reglamento.
Desde entonces en un “diálogo”, que más bien era un monólogo, Rodrigo Chaves, el presidente peor votado de las últimas tres décadas, anuncia la entrega a la Asamblea Legislativa, de los resultados de las mesas en las cuales sus propios asesores desarrollaron todo el trabajo de repetir los argumentos de su jefe, con la participación de una muy escasa e insignificante representación de dirigentes sindicales que les siguió el juego. No me cabe que quienes se dicen “representar” a sus agremiados, traten de legitimar el atropello a los derechos de la clase trabajadora. Ahí están las fotos de sus rostros, en los medios de comunicación. La dignidad se levantó de los asientos y argumentó por qué lo hicieron.
