La Contraloría dio la razón de que la regla fiscal no aplica para la Caja.
Lo que dice la Contraloría rectifica algo muy importante, la autonomía constitucional especial de la Caja está viva y eso nos ayuda en términos de que nos tengan que pagar nuestro salario.
Es necesario decirle a la presidenta ejecutiva que en la sesión de hoy esperamos que todo salga bien, porque ella no tiene la moral necesaria después de haber entrevistado al actual presidente del Banco Popular de ponerlo en ese cargo sabiendo que tenía una sanción de posible hostigamiento en la Universidad de Costa Rica.
Así que la Junta Directiva de la Caja espera que hoy a partir de la carta de Gerencia General se diga la fecha exacta de cuándo nos pagan nuestro nuestro retroactivo.
El pasado 18 de noviembre la presidenta ejecutiva de la CCSS, la señora Marta Esquivel asistió al Hospital San Juan de Dios, donde el señor Ricardo Fonseca, promotor SINAE Afines indica “hoy le hemos entregado a la señora Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, el sentir de los 62 mil trabajadores, donde la están nombrando non grata tanto para la institución como para la seguridad social de este país”, lo anterior debido a las acciones que ha tenido la presidenta y por no pagarle a los trabajadores un reajuste salarial.
El representante de dicho comité hace un llamado a todas las personas en apoyo a las víctimas de violencia que vivieron en su lugar de trabajo, afirmando que a los trabajadores de esta cadena de tiendas, presuntamente, no se les paga el salario mínimo, no tienen seguridad social, se violentan sus derechos humanos y son sometidos a castigos físicos injustificados.
Es por esto que se pide a los ciudadanos unirse y solicitar al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, así como a diversos entes de gobierno que tengan alguna relación con este caso, que procedan con la investigación y demandas legales con el fin de que los responsables paguen este delito.
Organizaciones sindicales denuncian negligencia e inoperancia de la certificadora Rainforest Alliance.
A pesar de las reiteradas denuncias, continúa certificando a empresas productoras de banano y piña que violentan derechos humanos, contraviniendo lo establecido en sus propias cláusulas de certificación.
Certificadora no cumple con la responsabilidad de brindar información adecuada y precisa ante consumidores y entes de control de los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos.
Desde SITRAP, ANEP y COSIBA-CR, organizaciones que tenemos décadas trabajando por el respeto de los derechos laborales en plantaciones bananeras y piñeras de Costa Rica, presentamos el siguiente comunicado, a modo de denuncia pública, debido a la reiterada negligencia e inoperancia de la certificadora Rainforest Alliance (RA), la cual ha ignorado, una y otra vez, nuestras sistemáticas denuncias de violaciones a derechos laborales en diversas empresas bananeras y piñeras, a las cuales continúa certificando, muy a pesar de que las denuncias que hemos presentado contravienen las cláusulas de certificación establecidas por la propia certificadora.
Asimismo, en el comunicado de los sindicatos SITRAP, ANEP y COSIBACR, se indica:
“Que las empresas cuenten con la certificación Rainforest Alliance no significa ninguna garantía en cuanto a la mejora de los derechos laborales, la salud ocupacional, el respeto al medioambiente, el respeto a la libertad sindical y a la negociación de convenciones colectivas.”
“Que se deben crear normas o políticas vinculantes en los supermercados y/o en países consumidores de banano y piña para que se exija al productor y exportador, el cumplimiento de la libertad sindical, la negociación colectiva.”
“Que los sindicatos suscribientes de este comunicado solicitamos el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos para dar a conocer las violaciones a los derechos laborales que se están dando en las empresas bananeras y piñeras.”
SURCOS comparte la siguiente publicación de FENTRAGH:
Compartimos el video de la trabajadora Meylin del Carmen Quirós Ortiz, de Finca San Cayetano, propiedad de Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A, subsidiaria de la multinacional agroindustrial Del Monte, mediante el cual, se denuncian graves hechos sucedidos el día 18 de noviembre de 2022.
Este tipo de situaciones son comunes en la agroindustria costarricense, mientras que las autoridades se tapan los ojos y oídos, convirtiéndose de esta forma en cómplices de las formas de esclavitud que aventajan la institucionalidad estatal.
Ha sido constante la lucha por parte de los sindicatos para que se les realice el pago de la deuda salarial y que el gobierno en las últimas semanas ha intentado boicotear. En tal sentido, se les hizo llegar una respuesta al oficio presentado por las organizaciones, mediante el cual, se solicitaba el criterio de la Contraloría General de la República sobre aspectos relacionados con las leyes sobre política salarial, normativa fiscal y el grado de autonomía de que goza la CCSS.
En la respuesta del órgano contralor se explica que esa institución se encuentra imposibilitada de realizar un análisis del caso concreto, puesto que se pretende brindar al consultante las observaciones y el análisis técnico-jurídico general que le permita definir su situación particular, no así, sustituir a la administración o entrar a valorar una decisión ya tomada por ella.
Del mismo modo, se indica que según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, cuando se tratan de seguros con aportes tripartitos, como el de enfermedad y maternidad (cuestionado por los consultantes), todos los recursos de dicho fondo se encuentran cubiertos por la protección constitucional, imposibilitando su afectación por medio de las medidas fiscales propuestas. Todo esto constituye una excepción, en defensa de la autonomía de gobierno de la CCSS.
Se agrega que a partir de tal dimensionamiento, que fue realizado por la Sala Constitucional, el actual jerarca del Ministerio de Hacienda, estableció puntualmente, mediante el oficio n.° DM 2409-2022, que “toda la estructura programática que conforma el presupuesto de la CCSS está integrada por tres componentes, a saber: Salud; Invalidez, Vejez y Muerte; y Régimen no Contributivo, los que coinciden con las excepciones establecidas para la CCSS señaladas anteriormente, motivo por el cual no fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas”.
Por otra parte, en relación con la aplicación del principio de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera contemplado en la Constitución Política, el artículo 9 del proyecto consultado establece que la regla fiscal consiste en fijar un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central a PIB, lo que significa una regla de política económica que comprende al PANI. Sin embargo, por sí solo, esto no afecta a la Constitución Política en el tema de las autonomías.
Respecto a todo este tema, la Contraloría General de la República concluyó diciendo:
“Al vincularse la consulta con decisiones adoptadas por la CCSS, que a su vez involucran temas para los cuales se cuenta con criterios emitidos por diferentes instancias e incluso por la asesoría legal interna; no corresponde a este Órgano Contralor pronunciarse -vía consultiva- cuya naturaleza es previa y además reservada a temas generales, sobre las interrogantes planteadas”.
Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR informó que la moción presentada por el representante del gobierno en la junta directiva de la CCSS “es malintencionada, puesto que el decreto al que alude fue el que suspendió los aumentos salariales del sector público cuando inició la pandemia”.
“Por ende, agrega el dirigente, desde el Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica se rechaza la moción, declarando a Juan Ignacio non grato, además, se le pide a la junta directiva que ordene, -con base en el acuerdo del 08 de setiembre del 2022, ratificado el 15 de setiembre del mismo año-, al gerente general de la CCSS que proceda a pagar y fijar una fecha de pago retroactivo de los salarios pendientes. Esto tiene respaldo además en la resolución de la Contraloría General de la República, según la cual, debe prevalecer la autonomía institucional”.
Moción presentada por representante del gobierno Juan Ignacio Monge Vargas en junta directiva de la CCSS:
– Exigimos renuncia de Marta Esquivel presidenta de la CCSS
– Es non grata para las y los trabajadores de la Seguridad Social
– Presidenta atenta contra estabilidad laboral de las y los trabajadores de la CCSS
En el SINAE AFINES demandamos a las autoridades de la CCSS el pago del reajuste salarial como en derecho corresponde y se cumpla con el acuerdo en firme del 8 de setiembre del 2022. Hacemos un llamado vehemente a la Dirección de Recursos Humanos de la institución para que haga las gestiones pertinentes y así, en diciembre las y los trabajadores tengan su merecido dinero en la bolsa. En el SINAE AFINES hemos luchado para que este pago se aplique al ser LEGAL, JUSTO y MERECIDO, enviamos notas al respecto a la Junta Directiva, a la Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia General y a la Dirección de Recursos Humanos de la CCSS. Demostramos con documentación que el reajuste salarial debe pagarse, al no tener ningún impedimento legal y más aún, siendo respaldado por la autonomía de la CCSS.
Declaramos a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS como persona NON GRATA en la institución y EXIGIMOS SU RENUNCIA, por atentar contra la estabilidad laboral de las y los trabajadores de la CCSS y el sustento de sus familias. La Sra. Esquivel ha implementado prácticas dilatorias para no pagar el ajuste salarial, afectando así el patrimonio de los trabajadores en el cálculo del aguinaldo y el salario escolar. Es grave que la presidenta de la CCSS quiera quebrantar la autonomía de la institución intentando incorporarla en la regla fiscal para no pagar el reajuste salarial, buscando más bien, un desmantelamiento de los servicios públicos de salud y favorecer a terceros con contrataciones privadas.
¡QUE RENUNCIE MARTA ESQUIVEL A LA PRESIDENCIA DE LA CCSS!
Un reciente estudio del agrónomo Elidier Vargas Castro, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Costa Rica usa muchos más agrotóxicos, en su mayoría considerados de alta peligrosidad, que los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Giorgio Trucchi
Según el estudio publicado el año pasado que retoma datos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Costa Rica emplea en promedio cantidades que oscilan entre 10 y 11,5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (ia/ha).
En países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros del OCDE, o Ecuador, Honduras y Guatemala, que tienen características similares en cuanto a condiciones agrícolas, el uso promedio es de 2 kilogramos.
Una situación que se vuelve aún más alarmante si consideramos que el PNUD señala que el uso real promedio en Costa Rica durante el período 2012-2020 ha sido superior a los 34 kg de ia/ha, con rangos que oscilan entre 24,6 y 47,1 kg1.
Agrotóxicos altamente peligrosos
El 93 por ciento de estos ingredientes activos son considerados altamente peligrosos. Al menos 80 de ellos están asociados a efectos agudos para el ser humano. Casi la mitad son prohibidos en la Unión Europea y más de dos tercios son asociados con cáncer.
También hay unas 119 moléculas que están relacionadas con afectaciones sobre animales, en especial las abejas, y ecosistemas. Más del 60 por ciento están prohibidas en Europa.
Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, Etoprofos, Diazinón y 2,4-D son los agrotóxicos más utilizados y con más productos registrados en Costa Rica.
Se estima que, entre 2012 y 2020, la aplicación promedio anual de ingredientes activos en agricultura fue de 18,3 mil toneladas.
Según el estudio, los principales afectados resultan ser las trabajadoras y los trabajadores agrícolas y la población rural en general (exposición promedio de 74 kg/ia por persona), seguido por los cuerpos de agua superficiales y los alimentos.
En 2020, el banano es el cultivo donde se dio el mayor uso de agrotóxicos, seguido por piña, arroz, café y caña de azúcar2.
Esta situación acarrea también costos económicos para el Estado costarricense, que deja de percibir entre 22 y 36 millones de dólares al año por las exenciones de impuestos a los agrotóxicos. A esto hay que agregarles al menos otros 9 millones por afectaciones a la salud.
Un falso paradigma
“En Costa Rica hay un doble discurso sobre medio ambiente y naturaleza que es terrible”, dijo a La Rel Clemens Ruepert, investigador y químico ambiental del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).
“Hay una gran expansión agrícola para la producción de monocultivos agroindustrial, en especial de banano, piña y caña de azúcar, que conlleva el masivo uso de agrotóxicos y una creciente pérdida de biodiversidad”, agregó el experto.
Esta situación, analizó Ruepert, se profundiza a raíz del falso paradigma de que estas prácticas son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.
“Hay suficientes datos que demuestran todo lo contrario. Además, hay costos enormes que el Estado debe sostener por la contaminación ambiental y los efectos sobre el ser humano y animales”.
Si a esta grave problemática ambiental le sumamos la falta, casi absoluta, de respeto a los derechos laborales y sindicales de miles de personas que trabajan en las plantaciones, el escenario se asemeja, cada vez más, a una verdadera bomba de tiempo.
“La bomba ya está explotando, lamentablemente quienes tienen grandes intereses en este sector de la agroindustria, incluyendo a las autoridades públicas, emplean estrategias para aparentar todo lo contrario”, advirtió Ruepert.
Para el catedrático es clave que las organizaciones sociales, populares, sindicales vayan articulando espacios, esfuerzos y acciones, involucrando a más gente, multiplicando la información y la capacitación de sus miembros y afiliados.
“Es la única forma para que haya un cambio. Es la misma lucha y hay que hacerla todos juntos”, concluyó.
Foto: Giorgio Trucchi
1 Esto se debe a una diferencia de cálculos. El SFE toma en cuenta el total de área sembrada a nivel nacional (agricultura y pasto), mientras que el PNUD sólo el área de cultivos 2 Fuente consultada Semanario Universidad
