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Etiqueta: desalojos

Alerta temprana: Inminente desalojo judicial de familias bribris en finca Kapleña, Salitre

Comunicado

Poder Ejecutivo puede detener momentáneamente el desalojo si lo declara de vulnerabilidad social, solicitud fue presentada desde julio de 2022 y al día de hoy no hay respuesta.

Martes 13 de junio de 2023. La finca Kapleña de aproximadamente 55 hectáreas se ubica en Puente del Territorio Bribri de Salitre al sur de Costa Rica y fue recuperada el 2 de noviembre de 2019 cuando estaba siendo ocupada ilegalmente por el no indígena Edwin Guevara Mora.

Las órdenes de desalojo judicial contra las familias recuperadoras del Pueblo Bribri de Salitre fueron emitidas por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) mediante sentencia 40-2021 del 30-6-21 y Ejecución de Sentencia del 22-6-22 y el voto N.373-F-22 del Tribunal Agrario del segundo Circuito Judicial de San José en un proceso interdictal interpuesto por Guevara Mora que se conoce en el expediente 19000045-655-AG-2, en las que se ordena el desalojo de las personas recuperadoras, resoluciones que contradicen todos los estándares internacionales de derechos humanos de los Pueblos Originarios y vulneran el derecho ancestral y legal a la tierra.

El 5 de junio de 2023 el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) mediante Oficio No. 19-000045-1555-AG solicitó a la Policía de Proximidad de Buenos Aires colaborar en la puesta en posesión de Guevara Mora, persona que ha estado involucrado y ha sido denunciado pública y judicialmente por su participación en varios hechos de violencia contra el Pueblo Bribri de Salitre, tales como tentativa de homicidio, agresión con armas, amenazas, ataque con sustancias químicas entre otros.

Ante estas órdenes de desalojo, el lunes 11 de julio de 2022 una representante de las personas recuperadoras y otra persona, ambos voceros e integrantes del Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) organización propia del Pueblo Bribri de Salitre, presentaron ante el Ministro de Seguridad formalmente la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo de la finca Kapleña; así como la referencia formal del caso a conocimiento de Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID), en aplicación del Decreto No. 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIS (Decreto de CAID), hasta el día de hoy no hay respuesta a la solicitud por parte del Ministerio de Seguridad.

El Ministro de Seguridad Pública tiene la potestad de declarar de vulnerabilidad social un desalojo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) (artículo 15) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social, para lo cual deberá tomar en consideración la Circular No. 227-2020 del 12 de octubre de 2020 del Consejo Superior del Poder Judicial «Lineamientos para la realización de puestas en posesión y desalojos de personas en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas , entre otras, pertenecientes a pueblos indígenas…” que en su punto 5 indica: “tratándose de personas indígenas que estén involucradas, en forma previa a la emisión y ejecución de la orden de desalojos y/o puesta en posesión , deberán considerarse los derechos de esta población, consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos y demás normativa nacional…”

Quienes presentaron la solicitud son beneficiarios de las Medidas Cautelares MC-321/12 del 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del Pueblo Bribri de Salitre y Brörán de Térraba y recordaron al jerarca del Ministerio de Seguridad su competencia para declarar de vulnerabilidad social un desalojo incluso si este fuere ordenado en sede judicial, según el artículo 15 del Decreto Ejecutivo 39277.

Solicitamos a todas las personas y organizaciones que apoyan las causas y derechos de los Pueblos Originarios enviar comunicaciones al Ministerio de Seguridad Pública solicitando se declare de vulnerabilidad social el desalojo de la finca Kapleña en Puente de Salitre al correo: despachoministro@msp.go.cr

– Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW).

– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra).

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú, China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö. China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä, China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego; China Kichá.

– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.

– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

– Comité de apoyo a los Pueblos indígenas Iríria Tsöchok.

Urgente/ Alianza Campesina denuncia: Fuerza Pública planea desalojar familias campesinas en la Zona Norte

La Alianza Campesina denuncia amenaza de desalojo a familias recuperadoras de tierra en dos asentamientos en Los Chiles, frontera norte.

Desde la Alianza Campesina denunciamos que el Ministerio de Seguridad Pública tiene planeado ejecutar órdenes de desalojo para los asentamientos La Guaria y Monteverde, ubicados en el cantón de los Chiles de Alajuela. Ambas medidas represivas se llevarían a cabo el próximo jueves 11 de mayo, casi un año después del último desalojo en contra de dichos asentamientos.

En el caso de La Guaria, la finca está inscrita a nombre del terrateniente holandés Roderick Gustav Boer Westra. Allí viven unas 170 familias desde finales de 2019, y en general no han sido inquietadas por la posesión y cultivo de las tierras desde hace más de 1 año.

La finca, que estuvo abandonada por años, ha servido de refugio, fuente de trabajo, alimento y vivienda a centenares de personas de todas las edades, quienes han logrado sobrellevar la crisis económica provocada por el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida, que golpean con especial fuerza a las mujeres.

En el caso de la finca Monteverde, localizada en la comunidad de Cristo Rey de Los Chiles, se trata de un territorio con más de 120 núcleos familiares, con fuerte presencia de niñez, mujeres y personas adultas mayores quienes, en el último desalojo recibido, fueron intimidados por agentes de la Fuerza Pública y seguridad privada, quienes lanzaron balas al aire. Este grupo lleva 17 desalojos desde que ocuparon la finca (también a nombre del terrateniente holandés), así como personas luchadoras con procesos judiciales en su contra.

Desde la Alianza Campesina del Norte denunciamos al gobierno de Rodrigo Chaves, a la Fuerza Pública y al INDER porque todas estas instituciones, lejos de buscar una solución al conflicto por tierra en conjunto con las familias campesinas, insiste en reprimir y enviar desalojos, como el que se anuncia para este jueves 11 de mayo.

A un año de gobierno, ya se demostró que este no representa los intereses de las familias campesinas, sino de los grandes terratenientes y dueños de las empresas piñeras de la zona. Ante los inminentes desalojos, exigimos inmediatamente que frene estos desalojos y convoque a la Alianza Campesina a una nueva reunión de trabajo para encaminar la solución del conflicto por tierra para vivir y trabajar.

Denunciamos este atropello policial a las familias, y a la inoperancia del INDER que más de tres años después de la existencia de ese conflicto campesino no ha hecho absolutamente nada para poner en práctica las obligaciones que tiene como institución en ese tipo de casos, donde debe tutelar el derecho de las familias a tener tierra para vivir y trabajar.

Ya se están tramitando las defensas legales posibles ante la inminente destrucción de los cultivos y viviendas y como Alianza Campesina estamos preparados para rodear de solidaridad la legítima defensa que realizarán las comunidades en caso de llevarse a cabo los desalojos.

Hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones del movimiento social y popular costarricense, a reproducir y a sumarse a nuestra denuncia, y a brindar toda la solidaridad posible esas comunidades organizadas.

Alianza Campesina del Norte
Miércoles 10 de mayo de 2023.

Información enviada a SURCOS por la Alianza Campesina del Norte.

Condenamos todo acto de violencia contra comunidades defensoras de territorios ancestrales

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras, Costa Rica

El día 7 de noviembre, 2022 la comunidad garífuna de Punta Gorda, Islas de la Bahía, Honduras, es víctima de brutal desalojo por parte de la Policía Nacional y Militares de la MP y PJ de dicho país, bajo las órdenes arbitrarias del Poder Judicial. Este brutal desalojo responde a intereses capitalistas, patriarcales, racistas y colonialistas que prevalecen en nuestros países y que pretenden encallarse en estructuras institucionales y empresariales; en especial, ante iniciativas políticas y sociales que se oponen a dichos intereses en la búsqueda de verdadera justicia social libre de toda traza y acción de discriminación.

Durante este hecho son víctimas de detención arbitraria 6 defensoras y defensores de territorios y Derechos Humanos de dicha comunidad, Melissa, Dorotea, Richard, Abot, Efrahin, Keyden y Agusto; sufriendo mayores agresiones físicas y despojo tecnológico la compañera garífuna Melissa Cardoza. En horas de la tarde, estas compañeras y compañeros víctimas de criminalización y judicialización por defender sus territorios ancestrales, son puestos en libertad gracias a la presión nacional e internacional y las gestiones impulsadas desde el Poder Ejecutivo encabezado por la presidenta de la república Xiomara Castro.

Reconocemos su inmediata respuesta leal a los principios de defensa de los Derechos Humanos y nos unimos a diversas personalidades, organizaciones, colectivos y colectivas de Honduras y a nivel internacional, como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, la Escuela Popular Feminista del Aguán, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH), el Colectivo Negritudes Trans, el Centro de Derechos de Mujeres, la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, la Red contra la Violencia-Choluteca, la Red de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, la Colectiva de Pueblo y Barrio, la Comunidad indígena lenca Tierras del Padre, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, y muchas más, incluyendo la propia OACNUDH que condena dicho infame y violento desalojo perpetrado en Honduras.

Instamos por el cumplimiento inmediato de las Sentencias Corte IDH. También compartimos con suma alegría la liberación de todas las personas que fueron tomadas como prisioneras después de sufrir agresiones diversas por parte de la fuerza pública de Honduras.

RESPETO A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES QUE DEFIENDEN

EL TERRITORIO QUE ANCESTRALMENTE LES PERTENECE

JUSTICIA PARA EL PUEBLO GARÍFUNA

NO MÁS PERSECUCIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE TERRITORIOS Y DERECHOS HUMANOS

NO MÁS LAS EMPRESAS EXTRACTIVISTAS

8 de noviembre, 2022
San José, Costa Rica

No a los desalojos de familias campesinas en la Zona Norte

Alianza Campesina del Norte

Comunicado de prensa

Desde la Alianza Campesina denunciamos que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante la Resolución N 005-05-2022, notificó a varias familias del Asentamiento La Guaria, ubicado en El Parque de Los Chiles que serán desalojados. A su vez, existe una posibilidad de que se ejecute otra orden de desalojo, en este caso contra las familias del asentamiento Monteverde.

En el caso del desalojo de La GUARIA, la finca está inscrita a nombre del terrateniente holandés Roderick Gustav Boer Westra. Allí viven unas 170 familias desde finales de 2019, y en general no han sido inquietadas por la posesión y cultivo de las tierras desde hace más de 1 año.

La finca que estuvo abandonada por años, ha servido de refugio, fuente de trabajo, alimento y vivienda a centenares de personas de todas las edades, quienes han logrado sobrellevar la crisis económica que ha provocado la pandemia, el desempleo y la miseria que golpea con especial fuerza a las mujeres.

Desde la Alianza Campesina denunciamos este atropello policial a las familias, y a la inoperancia del INDER que más de dos años después de la existencia de ese conflicto campesino no ha hecho absolutamente nada para poner en práctica las obligaciones que tiene como institución en ese tipo de casos, donde debe tutelar el derecho de las familias a tener tierra para vivir y trabajar.

Ya se están tramitando las defensas legales posibles ante la inminente destrucción de los cultivos y viviendas.

Hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones del movimiento social y popular costarricense, a reproducir y a sumarse a nuestra denuncia, y a brindar toda la solidaridad posible esas comunidades organizadas.

Saludan sobreseimiento de Célimo Guido y denuncian procesos antipopulares

SURCOS recibió de Frederick Patterson, dirigente de SINTRAJAP, la siguiente información:

“El principal líder del Movimiento Rescate Nacional, don Célimo Guido Cruz y sus compañeras y compañeros han recibido sobreseimiento definitivo en relación con la acusación penal que le interpuso el gobierno por las luchas sociales en la calle.

Fueron sobreseídos. Ahora que tenemos un presidente electo, don Rodrigo Chaves Robles, proveniente de los círculos cercanos al FMI y el Banco Mundial, esperamos que se cumpla su frase electoral usada para la victoria en los lugares más pobres del campo y la ciudad: me como la bronca, porque si le vamos ayudar en esa lucha o desenmascarar, como ya quieren hacer con el nuevo reglamento (SINIRUBE) del Banhvi; además destruir las organizaciones populares en lucha por la vivienda digna.

Pronto estaremos informando en qué consiste. Estaban esperando el resultado de las elecciones para impulsarlo, al igual que más de 30 desalojos de precarios».

Desalojos en pueblo indígena de Honduras

Por Marlin Óscar Ávila

Wampusirpi, es un territorio municipal de más de 2, 500 kilómetros cuadrados en el departamento de Gracias a Dios, con población netamente indígena. Exploraciones de empresas extranjeras descubrieron yacimientos de petróleo.

El gobierno actual de Honduras decretó esas tierras como Zona Especiales de Desarrollo para Empleo (ZEDEs), por lo que las ha vendido a empresarios extranjeros y nacionales. Desalojan a sus actuales habitantes. Para eso utilizan al ejército.

La ciudadanía que las habita y trabaja, no tiene opción más que salir y buscar a dónde irse. A partir de que el gobierno ha encontrado un comprador se declara posesión de los empresarios que la compran. Esos empresarios conforman una comisión que gobierne esos territorios, con sus propias normativas y autoridades. Una especie de enclaves autónomos.

Los organismos internacionales, se limitan a observar…

La vivienda adecuada a partir del COVID-19

Pablo Acuña Quiel, arquitecto

Ahora que se revisa de forma consensuada la importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social para nuestro estado social de derecho, es pertinente incluir dos antecedentes que si bien pasarán a fortalecerla, se vuelven vitales para reposicionar las posibilidades de la vivienda en la coyuntura actual.

Se trata de la Junta Nacional de Habitación (Ley No 37 del 23 de diciembre de 1940) y la Cooperativa “Casas Baratas La Familia” (Ley No 190 del 14 de agosto de 1942), las cuales representan dos ejemplos de políticas públicas adelantadas para su época.

La primera leía el contexto y reconocía a la venta y al arrendamiento como las formas de uso de las nuevas viviendas; de forma visionaria iniciaba lo más parecido a un banco de tierras en las ciudades cabeceras de provincia del valle central; el carácter no estático de la vivienda se evidenciaba al atribuirse su estudio por todos los medios; y aunque ya la antecedían muchos años de higienismo, insistía en pronunciarse vinculantemente respecto al combate del hacinamiento a una escala complementaria de la municipal; finalmente establecía que la relación entre el precio de construcción y el de venta solo se incrementaba en un 5%.

Por su parte, el mayor aporte de la Cooperativa fue la fijación del costo máximo de cada vivienda con lote (7000 colones), así como el establecimiento de una relación con el sueldo máximo de la población beneficiaria (250 colones al mes) cuya cuota o amortización debía estar en el rango del 6% y el 12% de su salario (de 15 a 30 colones), esto terminó definiendo períodos de 19 años para la cancelación total y dotó a una generación de la movilidad social que otorga vivir prácticamente en el centro de la ciudad, con el beneficio de todos los equipamientos comunales existentes; como ejemplos de esta cooperativa, la ciudad de Heredia cuenta con dos barrios: al norte del antiguo Hospital San Vicente de Paul y al oeste de la Escuela Cleto González Víquez.

¿Podemos encontrar en la actualidad una oferta de este tipo?

No, y es por eso que constituye un ejemplo valioso por retomar en un contexto donde se nos convoca a quedarnos en casa mientras muchos no tienen acceso al derecho humano a una vivienda, mediante un alquiler o la propiedad.

Como describía arriba, si las cuotas mensuales se asocian de manera semejante a un porcentaje del ingreso de un hogar, puede garantizarse la asequibilidad, la cual es uno de los siete elementos de lo que reconocemos como la Vivienda Adecuada de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

¿De cuánto porcentaje estamos hablando?

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, un parámetro aceptable es destinar el 30% a los gastos de vivienda, más allá de ese límite se comprometen las otras necesidades del hogar como sucede actualmente al haberse triplicado el promedio de su costo final en relación al promedio de los ingresos mensuales durante lo que llevamos del siglo XXI, esta tendencia debe revertirse con urgencia, en lugar de generar distracciones como las recientes opciones de financiamiento feriales donde se mantienen los precios elevados y se normaliza el sobre endeudamiento de los futuros propietarios.

El incremento en esta mercantilización de la vivienda se constituye en una forma violenta de expulsión de personas y en un obstáculo para el cumplimiento de las otras características de la Vivienda Adecuada: ubicación, accesibilidad, seguridad de la tenencia, habitabilidad, disponibilidad de servicios y adecuación cultural; también confirma que cuando la institucionalidad nacional se refiere al derecho a la ciudad lo hace en su versión más desteñida.

En la publicación del pasado marzo: “La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el COVID-19″, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, expresó su preocupación por quienes viven en asentamientos informales, refugios de emergencia y las personas sin hogar, así como quienes están perdiendo empleos por lo que podrían atrasarse en sus hipotecas o ser desalojados.

Suscribo su opinión respecto a una serie de compromisos mínimos que deberían ejecutar los Estados ( y los gobiernos locales) para garantizar la protección de estas personas: “cesar todos los desalojos; proporcionar viviendas de emergencia con servicios para aquellos afectados por el virus y que deben aislarse; asegurar que la aplicación de medidas de contención (por ejemplo: toques de queda) no conduzca al castigo de nadie debido a su status habitacional; proporcionar igualdad de acceso a pruebas y atención médica; y proporcionar una vivienda adecuada que podría requerir la implementación de medidas extraordinarias según corresponda en un estado de emergencia, lo que incluiría el uso de unidades vacantes y abandonadas, así como alquileres disponibles de corto plazo.”

Imagen: https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Precario_Tugurio_GAM_Febrero_2005/Asentamientos_en_Precario_y_Tugurio_GAM_Febrero_2005.pdf

Encuentro Comunitario en los Almendros de Siquirres

Encuentro Comunitario en los Almendros de Siquirres

El pasado domingo 8 de julio del 2018, se realizó un encuentro comunitario en la localidad de Los Almendros en Siquirres. El evento fue convocado por el nuevo Comité de Desarrollo de la comunidad y el Programa Kioscos Socioambientales a través de su Cátedra de Acción Social “Defensa Comunitaria del Territorio” y con articulación de la sección de Extensión Cultural de la VAS.

Gerardina Camacho, dirigente de la comunidad, nos cuenta que Los Almendros es una comunidad conformada mediante un proceso de toma de tierra que inició desde octubre del año 2012, sus vecinas y vecinos desde que llegaron se han visto expuestos a situaciones de desalojos informales, estafas y múltiples dificultades en los procesos de titulación y de acceso a servicios básicos que dificultan las condiciones de vida en el lugar.

El vínculo entre el comité y el programa se desarrolla gracias al interés de la dirigente y que también forma parte del espacio de “Saberes Comunitarios” con que trabaja la cátedra, y en el que se acuerda realizar en conjunto una serie de actividades puntuales para aportar en los procesos de fortalecimiento del comité y su comunicación con las personas de la comunidad y otras instituciones.

Es así como surge este Encuentro Comunitario en los Almendros donde representantes del comité recién conformado compartieron con las personas asistentes la forma en que se llevan a cabo los trámites en la municipalidad de la localidad, el proceso de apertura de la calle y el ingreso de servicios públicos básicos, así como otros temas que son de interés para la comunidad.

Además, durante la actividad se contará con la presencia de dirigencias comunitarias de Territorio Bribri, Sixaola y Longo Mai y se desarrollarán una serie de actividades artístico-culturales para fomentar el encuentro, diálogo y disfrute entre quienes asistan, por ejemplo: la obra de teatro comunitario “La Terminal” con el colectivo Diököl, talleres de máscaras, de teatro y cuenta-cuentos; así como ventas de comidas para recaudar fondos para financiar los procesos que lleva a cabo el comité.

Informes con Bryan González 8751 5679 Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria.

 

 

Lea también:

La lucha por la tierra en Los Almendros de Siquirres

 

Enviado por Kioscos Ambientales.

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