En Costa Rica, el rumbo que está tomando el Estado en materia de inversión pública parece cada vez más desconectado de las verdaderas necesidades de la población. Mientras se destinan recursos millonarios a la construcción de una “Mega Cárcel”, se recortan fondos en áreas clave como la educación pública, la policía judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, se debilita tanto la prevención como la atención del delito, y se abandona la inversión social que podría evitar que muchas personas lleguen a delinquir en primer lugar.
La educación pública no es un lujo, es una herramienta esencial para el desarrollo humano. Es el puente que conecta a las personas con oportunidades reales, especialmente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Cuando se le quitan recursos, se cierran puertas. Y cuando esas puertas se cierran, el hambre, la desesperanza y la falta de opciones empujan a muchos hacia caminos que terminan en conflicto con la ley.
A esto se suma el abandono de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con una deuda estatal que no se reconoce ni se paga. Esto deteriora aún más el acceso a salud, otro pilar fundamental para el bienestar y la productividad. Si a eso le agregamos una política económica que favorece la importación y golpea a los productores nacionales, lo que se genera es un cóctel perfecto para el desempleo, la informalidad y la pérdida de empleos dignos.
Sin una educación pública fuerte, sin salud accesible, sin seguridad alimentaria ni apoyo a la economía interna, Costa Rica deja de ser atractiva para la inversión responsable. Y lo que es peor: se convierte en terreno fértil para el crimen organizado, que ofrece una “salida” a quienes el Estado ha dejado atrás.
Invertir en cárceles sin invertir en educación es como tratar de apagar un incendio construyendo más hospitales, pero sin apagar el fuego. Las cárceles no darán abasto si seguimos condenando a nuestros jóvenes a un futuro sin oportunidades. La educación no solo previene el delito, también construye ciudadanía, fortalece la democracia y abre caminos hacia una sociedad más justa.
Hoy más que nunca, necesitamos que la educación sea el eje de todas las decisiones públicas. Porque si seguimos apostando por el castigo en lugar de la prevención, estaremos construyendo cárceles para los hijos de nuestras propias decisiones. Y eso, más que una política de seguridad es una tragedia anunciada.
Los extensos estudios de anatomía humana de Leonardo da Vinci estaban cientos de años adelantados a su tiempo. (Imagen de Wikimedia Commons, Leonardo da Vinci.)
David Andersson
En la tercera asamblea del Foro Humanista Mundial el 19 de julio, Antonio Carvallo propuso crear una nueva mesa de trabajo sobre Desarrollo Personal. Durante su presentación, una chispa captó mi atención. Señaló que, durante los últimos 5.000 años, la humanidad ha dedicado casi toda su energía a comprender y desarrollar el mundo exterior, mientras descuidaba nuestro propio desarrollo interno como seres humanos.
Hoy estamos aquí, con capacidades tecnológicas, científicas, intelectuales y sociales asombrosas. Podemos dividir átomos, mapear genomas y comunicarnos al instante a través del planeta. Sin embargo, en comparación, nuestra comprensión de cómo funcionamos internamente como seres humanos sigue siendo dolorosamente limitada. Con demasiada frecuencia, los seres humanos siguen siendo tratados demasiado a menudo solo como herramientas, valorados principalmente por su capacidad para producir y consumir.
Pregúntale a un adolescente qué planea hacer con su vida, y esta pregunta típicamente la entenderá como: ¿A que profesión te dedicarás? La vida se ha vuelto sinónimo de trabajo. Uno estudia para trabajar, trabajarás la mayor parte de tu vida y finalmente te jubilarás —a menudo exhausto y desilusionado. La realización se vincula al éxito profesional, incluso dentro de una sociedad disfuncional o un entorno laboral tóxico.
Entre tanto, las estadísticas de salud mental en la sociedad occidental alertan de que una crisis profunda y creciente está en curso:
En 2022, unos 59,3 millones de adultos estadounidenses (≈23,1%) experimentaron alguna forma de enfermedad mental.
En 2022, 15,4 millones de adultos (6%) experimentaron una enfermedad mental grave.
En 2022, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) reportaron 49.449 muertes por suicidio en Estados Unidos —un aumento de aproximadamente el 3% respecto a los 48.183 registrados de 2021, marcando un récord histórico.
¿Acaso no es ésta una expresión dramática de un conflicto interno sin resolver?
¿Por qué se ha subvalorado tanto el desarrollo interno? Casi parece que hubiera una conspiración global en su contra. La mayoría de las religiones comienzan con una cierta experiencia interna, pero con el tiempo se vuelven cada vez más externas — colocando a Dios en el cielo, centrándose en rituales externos, obsesionándose con la comida o las reglas. Las ideologías políticas como el marxismo a menudo fracasan en la exploración del papel de la violencia, el miedo y en el significado en cómo nos organizamos a nosotros mismos. Incluso en la moderna industria de la “autoayuda” o «superación personal», el crecimiento personal suele concebirse como una forma de «optimizar el rendimiento» dentro de las mismas estructuras deshumanizantes que causan sufrimiento.
Pregúntale a alguien: «¿Cómo manejas el miedo?». A la mayoría le costará mucho responder. Las personas no tienen herramientas internas ni lenguaje para enfrentar y transformar sus miedos (temores). En esta ausencia el miedo se convierte en la herramienta que el Sistema usa para controlar la vida cotidiana: tememos que nos despidan, a no tener suficiente dinero, o no ser amados, miedo a ser «demasiado» o «no lo suficiente».
¿Por qué tanta gente se siente exhausta? ¿Qué sabemos realmente sobre nuestra propia energía interna — cómo cultivarla, renovarla, dirigirla? Son preguntas fundamentales y centrales para nuestra supervivencia y evolución y, sin embargo, la sociedad rara vez las aborda.
Seamos claros: no proponemos el desarrollo personal solo para que las personas funcionen mejor en este sistema deshumanizado. El verdadero desarrollo personal consiste en cambiar por completo el enfoque de nuestras vidas. Nada significativo puede transformarse en el mundo hasta que internalicemos nuestro conocimiento de lo que significa ser humano, que reconozcamos que la vida tiene un significado más allá del trabajo y el consumo, y nos liberemos de la ilusión del miedo.
La paz no es la ausencia de guerra. Es un estado interno del ser.
Imaginen lo que significaría que 8.000 millones de personas emprendieran un camino de autoconocimiento, aprendiendo a superar el dolor y el sufrimiento, viendo el dinero no como un fin en sí mismo sino como una herramienta para humanizar la Tierra. Imaginen si el autoconocimiento se abordara del mismo modo en que un músico practica con su instrumento — con disciplina, cuidado y pasión.
La educación debe evolucionar. Debe estar arraigada en el desarrollo del ser humano completo. Reconciliarnos con nosotros mismos debería ser el primer paso. El mundo que anhelamos debe echar raíces primero dentro de nosotros mismos; solo entonces podremos co-crearlo con los demás.
Este miércoles 19 de marzo, -víspera de la celebración del 169 aniversario de la Batalla de Santa Rosa-, el equipo coordinador de Agenda Viva presentó una síntesis de las más de 200 propuestas para reconstruir Costa Rica.
El saludo inicial estuvo a cargo de doña Elizabeth Odio Benito, primera mujer en ocupar un cargo docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exvicepresidenta de la Corte Penal Internacional, luchadora contra la violencia hacia la mujer, exvicepresidenta de la República en el periodo 1998-2002, y exministra de Justicia en dos gobiernos, así como de Ambiente y Energía en otro periodo. También fue Procuradora General de la República.
Luego de su exposición se procedió a compartir los puntos clave de la Agenda Viva, cuyo documento completo está disponible para descargar desde este enlace.
SURCOS comparte el comunicado íntegro de Agenda Viva, esfuerzo pluralista no partidario y por tanto sin fines electorales.
Con más de 200 propuestas agenda viva reta a fuerzas políticas y sectores a reconstruir Costa Rica
Temáticas son seguridad, salud, educación, desarrollo humano, ambiente, agricultura, economía, cultura, deporte, género y gobernanza.
Se desprenden 9 consignas que atienden las prioridades actuales del país.
Documento está al servicio del país, partidos políticos y organizaciones que quieran sentarse a dialogar y tomarlo para crear una gran alianza nacional de cara a las elecciones presidenciales del 2026.
Presentación se realizó en el COLPER en el que participaron más de 160 personas.
Marzo, 2025. A través de un documento con más de 200 propuestas Agenda Viva, lanzó el reto de sentarse a reconstruir en conjunto a Costa Rica. El compilado refleja el trabajo de más de 120 personas alrededor de 11 temas que buscan solucionar la crisis sin precedentes que atraviesa el país.
En medio de la ingobernabilidad, la polarización y los discursos de odio surge este llamado abierto y urgente a los partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanía en general para construir coaliciones y acuerdos mínimos que devuelvan la esperanza al país.
La presentación pública de la Agenda Viva se realizó en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación (COLPER) en un evento en el que participaron más de 160 personas, entre las que destacaron miembros del Poder Legislativo, Judicial, partidos políticos, candidatos y precandidatos presidenciales, movimientos sociales, Colegios Profesionales, Cámaras, líderes de opinión y ciudadanos independientes.
«Este documento más que un diagnóstico; es un compromiso. No es una propuesta estática, sino un punto de partida para un diálogo amplio, franco y urgente sobre el futuro del país. No podemos esperar más, llegó la hora de colocarnos del lado correcto de la historia y destacar en el concierto de las naciones», afirma Emilio Arias, del grupo coordinador de Agenda Viva.
Si bien el documento almacena más de 200 propuestas en las temáticas de seguridad y narcotráfico, salud, educación, desarrollo humano, ambiente, agricultura, desarrollo económico, cultura, deporte, género, gobernanza democrática y reformas electorales, y desarrollo económico y social; el movimiento social enumeró 9 consignas que son los temas prioritarios que necesita abordar el país en este momento:
La inseguridad ciudadana, la corrupción, el narcotráfico y las distintas formas de violencia, en especial contra las mujeres, están fuera de control, es necesario declararlo una emergencia de atención inmediata.
La educación atraviesa una crisis sin precedentes. Es necesario declararla emergencia nacional para su atención y construir una política educativa de estado y a largo plazo.
El sistema de salud está en estado crítico, debemos garantizar acceso oportuno a los servicios de salud, calidad en la atención, en los medicamentos, en los insumos críticos, la infraestructura local y nacional, así como condiciones dignas para la población trabajadora del sistema.
Todas las personas tenemos derecho a una pensión justa y digna. Nos oponemos al aumento de la edad de jubilación. Creemos en una pensión básica universal para todas las personas adultas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. El estado debe pagar sus deudas y es necesario concertar acciones urgentes para fortalecer el sistema nacional de pensiones.
Debemos proteger nuestros recursos naturales y la marca país. Rechazamos la minería a cielo abierto, así como la explotación petrolera y de gas natural. Nos comprometemos con la conservación de humedales, la vida silvestre y el uso responsable de la energía, asegurando su beneficio para todos. Que la conservación ambiental siga distinguiendo a Costa Rica.
El agua potable es un derecho y no un privilegio. Es imperativo asegurar agua potable para todos y todas en la ciudad y en las zonas rurales.
Vivimos una crisis de movilidad sin precedentes, la planificación del transporte público está frenada. Es urgente apostar por la movilidad sostenible, inclusiva y segura. La electrificación del transporte público, la descarbonización y por los principales proyectos de infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos.
Para hacer las grandes transformaciones debemos concertar una reforma tributaria verdaderamente progresiva, donde quien más tiene más pague, redefinir las prioridades de inversión, cobrar de manera eficiente los impuestos, renegociar la deuda pública y atacar frontalmente la evasión y la elusión.
Debemos proteger sin distinción a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas en situación de discapacidad, personas mayores, entre otros, especialmente aquellas en situación de pobreza y vulnerabilidad
“El diagnóstico nacional que hace Agenda Viva y las soluciones que proponen nacen de la experiencia, de las preocupaciones, de la necesidad de un pueblo que ve cómo el país se nos está escapando de las manos. Estas consignas y propuestas son nuestra fórmula para hacer honor a la tradición democrática que define a Costa Rica”, mencionó Ana Virginia Calzada, del tema de Seguridad, Narcotráfico y Violencia.
Documento al servicio del país
Agenda Viva es un compromiso con la reconstrucción nacional y una invitación a dejar de lado la indiferencia, por lo que, a partir de este miércoles 19 de marzo, el documento está al servicio del país y de los partidos políticos y organizaciones que quieran sentarse a dialogar y a tomarlo para crear una gran alianza nacional de cara a las elecciones presidenciales del 2026.
“Costa Rica ha superado grandes desafíos en su historia, y esta no será la excepción. Agenda Viva es una señal de que la unión y el compromiso aún pueden cambiar el rumbo del país. Tenemos la capacidad de reconstruir una nación más justa, solidaria y segura. Esta es una invitación a sumar esfuerzos, a creer en un futuro posible y a actuar con determinación. El momento es ahora”, afirmó Yamileth Astorga, de la mesa de Ambiente.
El colectivo Agenda Viva nace en agosto 2024 para crear un documento base con soluciones para el país, hecho por personas que se han desempeñado en cargos públicos, liderazgos comunales, de la academia y sector privado.
En Francia el tema de la jornada ha sido estudiado por numerosos autores. Desde Paul Lafargue, en su obra «El derecho a la pereza» (1883), en el siglo XIX, que ya por esos años cuestiona la moralidad del trabajo excesivo y defiende la importancia del ocio para el desarrollo humano.
Este autor critica la obsesión por el trabajo en la sociedad capitalista y propone una reducción de la jornada laboral como medio para alcanzar una vida más plena y equilibrada., por lo que la reducción del tiempo de trabajo permitiría a las personas dedicar más tiempo a actividades creativas, recreativas y familiares, promoviendo así una sociedad más justa y equitativa.
La jornada laboral de 35 horas fue introducida en Francia como una medida para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Esta política fue implementada a través de las leyes Aubry, que obligaron a las empresas con más de 20 empleados a reducir la jornada laboral sin reducir los salarios. Desde su implementación, la jornada de 35 horas ha sido considerada un éxito en términos de reducir el estrés laboral y mejorar la satisfacción de los empleados (Rodríguez Alba, 2023).
Jean-Marc Ferry, en su libro «La réduction du temps de travail: une perspective historique et sociologique», profundiza en las implicaciones sociológicas de la reducción del tiempo de trabajo de varias maneras:
Redistribución del tiempo libre: Ferry analiza cómo la reducción del tiempo de trabajo ha permitido una redistribución más equitativa del tiempo libre entre diferentes grupos sociales. Esto ha tenido un impacto significativo en la estructura familiar y en la participación de los padres en la crianza de los hijos.
Equilibrio entre vida laboral y personal: La reducción del tiempo de trabajo ha mejorado el equilibrio entre la vida laboral y personal, permitiendo a los trabajadores dedicar más tiempo a actividades recreativas, educativas y sociales. Esto ha contribuido a una mejora en la calidad de vida y en el bienestar general.
Impacto en la estructura social: Ferry explora cómo la reducción del tiempo de trabajo ha influido en la estructura social, promoviendo una mayor igualdad de género y facilitando la participación de más personas en actividades comunitarias y voluntarias.
Cambios en la cultura laboral: La reducción del tiempo de trabajo ha llevado a cambios en la cultura laboral, fomentando una mayor flexibilidad y adaptabilidad en el lugar de trabajo. Esto ha permitido a los empleados experimentar menos estrés y una mayor satisfacción laboral.
Existen además importantes implicaciones sociológicas de la reducción del tiempo de trabajo, según el análisis de Jean-Marc Ferry:
Importancia del tiempo libre cada día:
En Francia, la implementación de la semana laboral de 35 horas permitió a muchos trabajadores dedicar más tiempo a actividades familiares y personales. Por ejemplo, padres que antes no podían llevar a sus hijos a la escuela debido a largas jornadas laborales, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, lo que fortalece los lazos familiares.
Las tardes libres adicionales también han permitido a muchas personas participar en actividades comunitarias, como el voluntariado en asociaciones locales, lo que ha promovido una mayor cohesión social.
Equilibrio entre vida laboral y personal:
Un estudio sobre los efectos de la reducción del tiempo de trabajo en Francia encontró que los empleados reportaron niveles más bajos de estrés y una mayor satisfacción con su equilibrio entre trabajo y vida personal. Esto se traduce en una mejor salud mental y física.
Trabajadores que antes no tenían tiempo para actividades recreativas, ahora pueden practicar deportes, participar en clubes sociales o continuar con su educación, lo que enriquece su vida personal y profesional.
Impacto en la estructura social:
La reducción del tiempo de trabajo ha sido un factor importante en la promoción de la igualdad de género. Con jornadas laborales más cortas, tanto hombres como mujeres tienen más oportunidades para compartir las responsabilidades del hogar y la crianza de los hijos, lo que contribuye a una distribución más equitativa de las tareas domésticas.
En algunas comunidades rurales, la reducción del tiempo de trabajo ha revitalizado la vida comunitaria, permitiendo a los residentes involucrarse más en actividades locales y en la toma de decisiones comunitarias.
Cambios en la cultura laboral:
Empresas que adoptaron una jornada laboral reducida han observado una mayor flexibilidad en sus políticas laborales, lo que permite a los empleados ajustar sus horarios según sus necesidades personales. Por ejemplo, algunos trabajadores pueden optar por trabajar horarios comprimidos y tener días completos libres para dedicar a sus intereses personales.
La cultura del teletrabajo, que se ha expandido en parte gracias a la reducción del tiempo de trabajo, ha permitido a los empleados trabajar desde casa y ahorrar tiempo en desplazamientos, lo que mejora su calidad de vida y productividad.
Estos ejemplos ilustran cómo la reducción del tiempo de trabajo puede tener un impacto profundo y positivo en la estructura social, la vida personal y la cultura laboral.
Beneficios para la Salud y el Bienestar
Uno de los principales beneficios de la reducción del tiempo de trabajo ha sido la mejora en la salud y el bienestar de los trabajadores. Estudios han demostrado que las jornadas laborales más cortas están asociadas con una reducción en los niveles de estrés y una mejora en la salud mental. Además, los empleados con jornadas más cortas tienden a tener más tiempo para actividades recreativas y familiares, lo que contribuye a una mejor calidad de vida en general (Chemin & Wasmer, 2009).
Por ejemplo, en el sector bancario, la implementación de la jornada de 35 horas ha permitido a los empleados reducir el estrés asociado con la carga de trabajo y mejorar su equilibrio entre la vida laboral y personal. Los bancos que adoptaron esta política reportaron una disminución en el ausentismo y una mayor satisfacción de los empleados (Rodríguez Alba, 2023).
Impacto en la productividad
A pesar de las preocupaciones iniciales sobre el impacto negativo de la reducción del tiempo de trabajo en la productividad, varios estudios han demostrado que esta política no ha tenido un efecto adverso significativo. Por ejemplo6. , un estudio realizado por Chemin y Wasmer (2009) comparó la evolución del empleo en la región de Alsace-Moselle, donde la política fue menos restrictiva, con el resto del país. Los resultados mostraron que la reducción del tiempo de trabajo no afectó negativamente el empleo en la región.
En el sector manufacturero, empresas como Renault adoptaron la jornada de 35 horas y observaron mejoras en la eficiencia operativa y una mayor motivación de los trabajadores. Esto demuestra que la reducción del tiempo de trabajo puede coexistir con altos niveles de productividad (Rodríguez Alba, 2023).
Importantes experiencias regionales:
La experiencia de la reducción del tiempo de trabajo ha variado en diferentes regiones de Francia. En algunas áreas, como Alsace-Moselle, la implementación de la política fue menos restrictiva debido a las particularidades históricas de la región. Esta flexibilidad permitió a las empresas adaptarse mejor a la nueva normativa y mantener la productividad sin sacrificar el bienestar de los empleados (Chemin & Wasmer, 2009).
En el sector tecnológico, empresas en París implementaron la jornada de 35 horas y reportaron una mayor innovación y creatividad entre sus empleados. Los trabajadores indicaron que las jornadas más cortas les permitieron dedicar más tiempo a actividades formativas y de desarrollo profesional, mejorando así su rendimiento laboral (Cabrera, 2023).
Importancia de ampliar los espacios de ocio creativo y descanso
Reducir el tiempo de trabajo no solo mejora la salud y el bienestar de los trabajadores, sino que también amplía los espacios de ocio creativo y descanso. Estos espacios son cruciales para prolongar la vida útil de trabajo, evitar riesgos y enfermedades profesionales y construir una sociedad menos violenta. La falta de tiempo para el descanso y el ocio puede llevar a la fatiga, el estrés y el burnout, afectando negativamente la salud mental y física de los trabajadores (Hobfoll, 2011).
Las jornadas prolongadas pueden ser consideradas una forma de violencia contra uno mismo en aras de una calidad de vida deseada o por bajos salarios. En lugar de luchar por mejores condiciones laborales, algunos trabajadores se autoimponen más horas extraordinarias, lo que no solo agrava los problemas de su salud y bienestar, sino que trasladan los problemas derivados de sus largas jornadas a su familia. Un enfoque más equilibrado y sostenible es necesario para asegurar que los trabajadores tengan el tiempo y la energía para disfrutar de una vida plena y saludable (Rodríguez Alba, 2023).
En resumen, la reducción del tiempo de trabajo en Francia ha demostrado ser una política exitosa en términos de mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, sin afectar negativamente la productividad. Las experiencias positivas observadas en diversas regiones del país subrayan la importancia de adaptar las políticas laborales a las necesidades específicas de cada sector y región. La jornada laboral de 35 horas sigue siendo un ejemplo destacado de cómo se pueden implementar políticas laborales que beneficien tanto a los empleados como a las empresas. Ampliar los espacios de ocio creativo y descanso es crucial para prolongar la vida útil de trabajo, evitar riesgos y enfermedades profesionales y construir una sociedad menos violenta.
Bibliografía
Cabrera, F. (2023). «Reducción de la jornada laboral: la experiencia francesa.» Foco Económico.
Chemin, M., & Wasmer, E. (2009). «The Impact of the 35-Hour Workweek on Employment: Evidence from France.» Journal of Labor Economics, 27(4), 645-672.
Harremanak, L. (2016). «La reducción del tiempo de trabajo: Una propuesta para reducir el desempleo.» Lan Harremanak, 34(1), 45-67.
Hobfoll, S. E. (2011). «Conservation of Resources Theory: Its Implication for Stress, Health, and Resilience.» In S. Folkman (Ed.), The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping (pp. 127-147). Oxford University Press.
Lafargue, P. (1883). «El derecho a la pereza.» Ediciones de la Flor.
Rodríguez Alba, C. (2023). «Experiencias en la reducción del tiempo de trabajo: La evolución en Francia.» Revista Actualidad Internacional Sociolaboral, núm. 264.
Vivian Rodríguez Araya Activista social y sindical Presidenta Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Desdichadamente hoy vivimos graves impactos negativos en nuestra sociedad, tal es el severo deterioro de las oportunidades educativas para la niñez y juventud, el retroceso y eliminación de espacios de la cultura y recreación y el evidente aumento de la violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana.
La esencia de un país de paz, democracia y libertad se ven reflejadas a través de la cultura, la educación y la seguridad, mismos que hoy se encuentran en un inminente riesgo, por la disminución, violencia y congelamiento al presupuesto nacional para programas sociales y poderes de la república, demuestran la nula atención y poca importancia que el actual gobierno tiene hacia el desarrollo social y económico de nuestro país.
Costa Rica se ha fundado bajo la premisa de contratos sociales, instaurados bajo mecanismos de diálogo que hoy más que nunca son necesarios y legítimos para enfrentar la crisis del país, por lo que desde diversos grupos organizados como la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y la Mesa Nacional de Dialogo Social y Productivo hemos levantado la voz y continuamos insistiendo propositivamente que la democracia de nuestro país se fortalece si construimos un dialogo franco y respetuoso hacia una verdadera trasformación social con enfoque de justicia y respetando los derechos humanos y la legalidad constitucional que nos funda como republica democrática.
Reflexionar hoy que como ciudadanía debemos hacer un vehemente llamado a las autoridades de gobierno hacia el respeto de nuestra Constitución Política y a la división de poderes, apelar por el descongelamiento de los presupuestos que fueron aprobados por el primer poder de la república, nuestra Asamblea Legislativa, donde los representantes legítimamente aprobaron la tramitación del Presupuesto Nacional 2025, donde la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó mediante 24 mociones que trasladaban diversas partidas presupuestarias para becas del programa Avancemos, comedores estudiantiles, transporte de estudiantes, importantes obras viales, programas del Ministerio de Cultura y Juventud, nuevas plazas para policías del Ministerio de Seguridad Pública, y para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), así mismo invitar a las autoridades gubernamentales que se permita la apertura real y efectiva de canales de diálogo que hagan posible el fortalecimiento de nuestro Estado Benefactor que nos cobija como una viva democracia.
El desarrollo humano mide las condiciones necesarias para que las personas alcancen su máximo potencial y vivan dignamente, integrando derechos fundamentales como educación, salud y trabajo, esenciales para garantizar todos los derechos humanos.
Una educación de calidad, accesible y permanente fortalece la capacidad de decisión y libertad, impactando tanto la vida individual como colectiva.
El acceso a servicios de salud de calidad y la promoción de hábitos saludables son indispensables para una vida integral, vinculando el bienestar con prácticas preventivas y atención oportuna durante todo el ciclo de vida.
El empleo formal y bien remunerado promueve la autonomía económica, permitiendo a las personas satisfacer necesidades básicas y tomar decisiones sobre su vida, en estrecha relación con el acceso a la educación.
El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, desarrollado por el PNUD en colaboración con instituciones aliadas, es una herramienta clave para analizar los desafíos territoriales del desarrollo humano, ofreciendo datos fundamentales para diseñar soluciones sostenibles y alineadas con la Agenda 2030.
El informe del Atlas 2024 detalla índices, tendencias y mejoras, destacando su utilidad para abordar problemas multicausales y diseñar políticas públicas efectivas a nivel nacional y local.
Este análisis de resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2024), fue realizado con la participación de las instituciones públicas. Explora los principales resultados con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los Índices de Género (IDG), Índice de Desigualdad de Género (IDG-D) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), así mismo realiza apuntes sobre el desarrollo humano, con apartados como:
La inseguridad ciudadana como fenómeno territorial
Limitaciones del desarrollo humano y sus efectos en la convivencia ciudadana
Condiciones para la localización de la criminalidad en los territorios
Análisis de las violencias contra las mujeres en Costa Rica: invertir en igualdad de género potencia el Desarrollo Humano
Correlación con la Tasa de Infracciones por Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres
Correlación con la Tasa del Delito de Violación o Tentativa de Violación
Respuesta frente a la violencia desde el enfoque del desarrollo humano
Análisis de los impactos y pérdidas por desastres en Costa Rica: fortalecer la resiliencia es clave para el Desarrollo Humano
Análisis de la cobertura forestal y el desarrollo humano en Costa Rica
Invitamos a leer el análisis de German Masís Morales relativo a este informe: https://wp.me/p6rfbZ-u77
Asimismo, sugerimos consultar el PDF adjunto dada la importancia del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal para el trabajo comunitario y territorial.
Desarrollo humano cantonal: bajos niveles de desarrollo humano en las costas y fronteras y su relación con la violencia y la vulnerabilidad a los desastres
German Masís
Los nuevos resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2024, elaborado por el PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, nuevamente refleja condiciones desiguales para las costas y fronteras.
En este informe del Atlas, el análisis provincial revela que los cantones fronterizos de Costa Rica están más rezagados en términos de desarrollo humano y que los cantones de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón se sitúan en su mayoría por debajo del promedio nacional.
Entre los principales hallazgos de este informe, los cantones con menor desarrollo humano fueron Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota y 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).
Los cantones que completan los 25 cantones con el IDH más bajo, además de los mencionados son, Corredores, Osa, Limón, León Cortés, Garabito, Parrita, Nandayure, Montes de Oro, Sarapiquí, Upala, Hojancha, Golfito, Pococí, Acosta y Tarrazú.
Al ajustar el IDH por desigualdad (IDH-D), 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).
Por su parte, los 25 cantones con el IDH ajustado por Desigualdad son; Talamanca, Hojancha, los Chiles, León Cortés, Guatuso, la Cruz, Guácimo, Sarapiquí, Corredores, San mateo, Upala, Garabito, Dota, Golfito, Limón, Acosta, Cañas, Puntarenas, Montes de Oro y Siquirres, más los 5 antes mencionados.
En relación con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), a pesar de la disminución general de la pobreza multidimensional, solo dos cantones se consideran con una pobreza muy baja (Montes de Oca y Flores) y uno con una pobreza muy alta (Los Chiles).
Aproximadamente el 10% de la población vive en cantones con alta o muy alta pobreza multidimensional. La mayoría de los cantones clasificados con un IPM alto o muy alto se encuentran en zonas fronterizas (seis de once), tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur. (ElPaís.cr,1-11-2024)
En esta ocasión, el informe del Atlas de Desarrollo Humano profundiza en la correlación ente el desarrollo humano, la desigualdad, la pobreza y la violencia, estableciendo que el menor desarrollo humano, la alta desigualdad y la pobreza suponen situaciones de vulnerabilidad por escasas o menores capacidades personales y comunitarias, así como más precaria o débil presencia institucional.
Pero esta no es una relación unidireccional, debido a que la violencia afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política.
Se señala, que una persona en situación de pobreza, viviendo en contextos empobrecidos, se encuentra en condiciones que restringen el ejercicio pleno de sus derechos y libertades y lo colocan en una situación de vulnerabilidad frente a diversas situaciones, entre ellas la violencia y el delito. Las situaciones prolongadas de pobreza por definición implican insuficiente, ineficiente o ausente acciones del Estado, es decir, servicios inexistentes o de baja calidad con nula o débil presencia institucional.
Igualmente, indica que a menor Desarrollo Humano mayores son las violencias contra las mujeres. Así los cantones de Corredores, Osa y Los Chiles tienen Índices de Desarrollo Humano Cantonal medio, Osa el Índice de Desarrollo Humano Cantonal Ajustado por Desigualdad más bajo, y Los Chiles, en ellos el Índice de Desigualdad de Género Cantonal presenta una alta desigualdad.
En estos cantones, las desigualdades económicas y sociales son exponenciales respecto del resto del país, lo que coloca a las mujeres a una mayor exposición frente a las violencias: la pobreza estructural, el uso cotidiano de armas, las dinámicas del crimen organizado, la violencia crónica y la ausencia y/o debilidad de las respuestas institucionales, entre otros aspectos, refuerzan procesos violentos que afectan en forma diferenciada la vida de las mujeres, niñas y adolescentes e identidades sexo-genéricas en sus territorios como así también en sus experiencias de movilidad humana, justo en dos de los cantones fronterizos (Corredores y Los Chiles).
La solución de un problema multicausal como la inseguridad ciudadana o la violencia en el ámbito de las comunidades pasa por atender oportuna y efectivamente los factores de riesgo que la propician, es crucial fortalecer estrategias de prevención, especialmente para personas y comunidades en riesgo inmediato de verse vinculados a la violencia interpersonal.
Así mismo, es fundamental una fuerte y permanente presencia institucional que incluya, entre otras cosas, la mejora de la oferta educativa, incluyendo la infraestructura y el acceso a la tecnología; el desarrollo de capacidades para la empleabilidad, la generación de oportunidades de empleo y la creación y habilitación de espacios públicos, con participación comprometida de los gobiernos locales y las instituciones nacionales.
De la misma forma, el impacto de eventos destructivos, incluso si no llegan a un nivel de desastre pueden convertirse en un factor de incremento de la pobreza debido a sus efectos sobre la producción, la infraestructura pública y servicios, así como sobre los medios de vida y bienes de las personas en un territorio. Está claro además que las comunidades en situación de pobreza suelen estar más expuestas a estos embates y sufrir efectos mayores debido a una alta exposición a las amenazas, la falta de infraestructura adecuada, viviendas seguras y menor capacidad para recuperarse de las consecuencias, que pueden llegar a ser de muy largo plazo.
Los efectos mayores de los eventos de este período se han dado en zonas cercanas a la frontera norte y sur, y que además son cantones con bajos IDH. En este sentido es importante resaltar como un problema estructural el hecho de que los cantones del territorio Norte-Norte, Upala, Los Chiles y Guatuso presentan una importante recurrencia de eventos casi anual, generando una acumulación de daños y pérdidas en periodos tan cortos que no dan oportunidad para una recuperación, reactivación y mejora de los indicadores de desarrollo.
El informe concluye, que cuando el desarrollo humano no es suficiente o se deteriora, nos encontramos frente a una distorsión que constituye uno de los factores subyacentes para explicar la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales, los niveles territoriales de desarrollo humano por debajo del promedio nacional, presentan altas manifestaciones de violencia, delito y destrucción en los hogares y comunidades de las zonas costeras y fronterizas. (PNUD, AtlasdeDesarrolloHumanoCantonal,2024).
Si bien la Agenda 2030 y sus ODS brindan la orientación adecuada para el diseño, formulación e implementación de iniciativas con la finalidad de reducir las múltiples desigualdades, mitigar los efectos negativos que enfrenta el país y aumentar así, el desarrollo humano para “no dejar a nadie atrás”, para la Defensoría de los Habitantes, mientras se carezca de una política nacional para la atención de la pobreza, Costa Rica se encuentra largo de la Ruta para una atención real, sostenida y estructural de la misma.
Así lo señalan las primeras conclusiones a las que llega un estudio preliminar que elabora la Defensoría de los Habitantes donde se analizan las consecuencias de la aplicación de la regla fiscal en las principales instituciones del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, como son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
De los resultados preliminares preocupa a la Defensoría que, durante los últimos años, al amparo de la aplicación de la Regla Fiscal, Costa Rica vive una reducción constante en materia de inversión pública en educación, salud y programas de combate a la pobreza, que compromete los tímidos avances en relación con la pobreza y la desigualdad.
Adicionalmente a la reducción presupuestaria y aplicación de la Regla Fiscal, el estudio preliminar destaca la necesidad de revisar el diseño de los programas sociales selectivos para garantizar su idoneidad y que sean complementarios, mejorar la coordinación interinstitucional, perfeccionar y uniformar los mecanismos de selección de beneficiarios para garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan, además de completar la cobertura de los programas sociales, especialmente en las áreas más alejadas del país, y para dar énfasis a la calidad de los servicios de educación y salud y ajustarlos a las necesidades y condiciones de las poblaciones
Se detalla en el informe preliminar de la Defensoría, la necesidad de incorporar prácticas de evaluación de servicios y programas que incorporen metodologías de costeo claras que determinen cuál es el monto adecuado que se debe otorgar a las familias o personas beneficiadas para que puedan subsistir o continuar con sus estudios.
Además, se observa que casi todos los programas sociales analizados carecen de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad. Tampoco se puede determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población.
Otro aspecto que se detalla es la falta de consideración de factores importantes como la región de planificación donde vive la persona beneficiada, si tiene alguna discapacidad o enfermedad crónica. Estas variables no se toman realmente en cuenta al establecer los montos de las ayudas. Asimismo, es fundamental realizar evaluaciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluación para Intervenciones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Aunque algunos de los programas mencionados anteriormente han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados. En algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada.
La Defensoría subraya la importancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
La Constitución Política de Costa Rica establece la trasferencia del 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública, hoy es de conocimiento público el incumpliendo de este mandato constitucional, mismo que ocasiona graves impactos a la sociedad, tal es el severo deterioro de las oportunidades educativas para la niñez y juventud, el rezago contundente en sus conocimientos y competencias creando un retroceso en el desarrollo y avance del país.
La esencia de la educación es un pilar fundamental en nuestro país, hoy la disminución y la violencia a su presupuesto solo evidencia el aumento de la crisis social y económica que ya enfrentamos como sociedad.
Desde el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, conforme lo resuelto por la Asamblea en su sesión plenaria LXXVI del 20 de julio de 2024, manifiesta su apoyo y respaldo a las acciones democráticas y pacificas que promuevan la defensa del 8% del Producto Interno Bruto para el presupuesto de la educación pública costarricense, promovidas por los diversos sectores, organizaciones sociales y productivas que la integran.
Respaldamos la lucha justa de la ciudadanía, los sectores sociales y los sectores laborales, para enfrentar de manera propositiva la peor crisis educativa de los últimos 40 años.
Creemos en que los mecanismos de diálogo son necesarios y legítimos para enfrentar la crisis del país, por lo que desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, seguimos insistiendo propositivamente que la democracia de nuestro país se fortalece con la educación pública.
Hacemos un vehemente llamado a las autoridades de gobierno hacia el respeto del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación y la apertura de canales de diálogo que hagan posible el fortalecimiento de la educación Pública.
¡LA HISTORIA NOS RECUERDA QUE EN COSTA RICA DECIDIMOS INVERTIR EN EDUCACIÓN Y NO EN ARMAS, ASÍ SE DEBE CONTINUAR!
El 54% de los hombres asesinados tiene menos de 35 años
Las brechas socioeconómicas en el país se ensanchan día con día; así lo demuestran todas las mediciones que se realizan en Costa Rica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Estado de la Nación coinciden: “la desigualdad en Costa Rica es creciente, independientemente de cómo se mida”; indicaba el Informe del Estado de la Nación en noviembre de 2023.
El informe argumenta que Costa Rica muestra un abandono de sus ideales identitarios de desarrollo humano, lo que se evidencia en el incremento en los índices de violencia, y se confirma con las cifras de homicidios ligados con el narcotráfico que “se alimenta de jóvenes procedentes de hogares con fuertes carencias”, apunta el documento.
A mediados de junio de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 406 homicidios, 56% de ellos vinculados con la delincuencia organizada.
Estamos muy lejos de parecernos al ideal de igualiticos que habíamos construido en nuestro imaginario. Costa Rica es uno de los países de América Latina donde la inequidad en la distribución de los ingresos crece desde hace 20 años. Esto sumado a las políticas de recorte presupuestario en inversión social impiden mejoras en la calidad de la educación, en acceso a becas de estudio o transporte o espacios de cuido para las personas menores en pobreza.
Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, alertó que el 38% de la niñez costarricense viven en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Los niños y niñas en pobreza y pobreza extrema, que son 4 de cada 10, son vulnerables a la deserción estudiantil. Explicó que una vez fuera del sistema educativo son presa fácil de los grupos de crimen organizado.
“Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y por tanto tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia”, señaló Oscar Valverde, director ejecutivo de Paniamor.
En este caso, el contexto de exclusión social juega en contra de los jóvenes. Pablo Chaverri Chaves, académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional UNA) explicó que está científicamente comprobado que entre mayores o peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal, o tiene mayor predisposición a ejercer violencia para resolver sus conflictos. Este modelo se llama Experiencia Infantil Adversa.
El Observatorio Económicos y Social de la Escuela de Economía de la UNA analizó el perfil de los homicidios dolosos en nuestro país en 2023 y determinó que 54 % de los hombres asesinados tenía menos de 35 años.
Es cuestión de inversión
Los expertos, que participaron en el programa de televisión UNA Mirada, concuerdan en que la situación no se revertirá hasta que se incremente la inversión social y estos recursos mejoren la calidad de vida de las personas en pobreza. El problema es que cada día más y más jóvenes pierden la vida o deciden participar en estos grupos criminales.
“Las cifras de muertos en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, desigualdad social y pobreza que ha venido fraguando en el tiempo”, aportó Valverde con tristeza.
El representante de Paniamor llamó la atención en este punto, pues no se habla de las personas menores de edad asesinadas o implicados en riñas y sicariato; son personas que están en su edad más productiva, por lo tanto hay un impacto macroeconómico por la pérdida o el encarcelamiento de todos estos jóvenes. “A veces los gobernantes justifican muchas de las políticas desde perspectivas fiscales o perspectivas económicas y no se dan cuenta que no atender adecuadamente una problemática tiene un impacto en la producción de un país y por tanto en sus ingresos” señaló Valverde.
En este sentido, la defensora de la niñez considera importante destacar que el control social también está fallando: la familia, los vecinos, la escuela, los espacios de recreación que deberían acompañar y proteger a los jóvenes no está actuando en el momento oportuno.
“Cuando estos controles sociales informales se pierden, debemos acudir a la respuesta del control social formal, que es la policía, y lo que significa es cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló en su conjunto, pues nadie actuó a tiempo”, enfatizó Fernández.
Chaverri cuestionó en quién debe recaer la culpa o la sanción de que estos niños y jóvenes se pierdan en manos del narcotráfico y del crimen organizado. El especialista considera que las leyes deben sancionar a los adultos que los reclutan y se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza e incluso abandono emocional.
“En general, las personas victimarias de crímenes violentos tienden a ser jóvenes en sus veintes. Esto puede tener una la explicación en la forma en que los seres humanos se desarrollan, porque aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral finaliza a los 25, en la región del cerebro más sensible al contexto social, que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones y en la toma de decisiones”, explicó el investigador del INEINA. En su criterio las organizaciones criminales se aprovechan de los jóvenes, pues saben que no van a medir las consecuencias de sus actos y que probablemente actúen de forma impulsiva. Además, son sancionados con menos dureza ante la ley.
Actualmente, Paniamor trabaja en lobby político con los diputados de la República para incrementar las penas a los adultos que se les compruebe el reclutamiento de personas menores de edad en sus organizaciones criminales. “Ahí sí colocamos la responsabilidad donde se debe: en la persona adulta que se aprovecha de las condiciones de una persona menor de edad para ponerlos a hacer el trabajo sucio”, afirmó Valverde.
Los especialistas enumeraron los daños colaterales del fenómeno de la violencia y las organizaciones criminales: desintegración familiar por muerte, secuelas físicas por ataque con arma de fuego o arma blanca, daños emocionales por pérdida, depresión, ansiedad o daños económicos por la ausencia de un integrante del hogar. Todos estos impactos sociales también requieren atención por parte de la institucionalidad estatal.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
