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Etiqueta: desarrollo territorial

Las Agencias de Desarrollo Económico Local y su papel en la Gestión del Desarrollo Territorial

Escrito en . Publicado en Derechos.

German Masís Morales

Se ha divulgado recientemente que nueve organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Agencias de Desarrollo (RENADEL) pretenden atraer inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Estas agrupaciones denominadas Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) son sin fines de lucro e integran a empresarios, gobiernos locales, entidades académicas y otras organizaciones en cada región. Las ADEL pretenden lograr un consenso regional en torno a las necesidades de desarrollo.

En RENADEL están integradas, la Agencia para el Desarrollo Económico de la zona Sur, la Agencia para el Desarrollo Económico del Pacífico Central, la Agencia para el Desarrollo Económico de la región Huetar Norte, la Agencia para el Desarrollo Económico del Caribe, la Agencia para el Desarrollo Económico de Tilarán, la Agencia para el Desarrollo Económico de Turrialba-Jiménez, la Zona Económica Especial de Cartago y la Zona Económica Especial de Pérez Zeledón.

Según la nota divulgada, estas agencias y la Red que las agrupa tienen un enorme potencial para generar impacto en los territorios, maximizando en el engranaje entre los sectores productivos, gobiernos locales y la academia.

Datos de Procomer indican como en el 2019, sólo un 25% del valor de las exportaciones en Costa Rica, se origina en las zonas fuera de la GAM y sólo 2 de cada 10 empresas de zona franca se ubican fuera de esta área.

Roberto Zeledón, Presidente de la Red, indicó que ésta pretende ser como un enlace entre el sector privado con las instituciones, lo que interesa es la generación de propuestas en el sector privado y la generación de empleo, explicó que la red trabaja para mejorar el tema de la competitividad.

Con la RENADEL se intenta promocionar las potencialidades de cada zona, por ejemplo, en el Pacífico Central, la idea es atraer empresas de logística, marinas y agroindustrias. Se apoya a escala general, un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, mediante el cual los proveedores locales de empresas multinacionales en zonas rurales puedan gozar igualmente de los beneficios de las zonas francas. La propuesta establece como requisito, que las multinacionales al menos adquieran un 40% de los insumos con proveedores locales. (LN.com,23-8-2021).

La iniciativa de RENADEL es muy válida y se fundamenta en las desigualdades del desarrollo regional, confirmadas, por el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior.

De acuerdo con ese estudio, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

Se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En un artículo anterior afirmamos que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una docena de Administraciones.

El estudio del Banco Central en coincidencia con la iniciativa de RENADEL, sugiere “continuar con la atracción de firmas multinacionales, pero con destino fuera de la GAM, lo que no solo brindaría más oportunidades de empleo en la zona, sino además mayor integración comercial. Además, señaló que se requiere un análisis de los determinantes que mejoran la competitividad de las diferentes regiones y la necesidad de impulsar más esfuerzos en infraestructura y educación. (Alterdescr, febrero 2021)

Por su parte, debido a la prevalencia de las políticas concentradas en la GAM y a la ausencia de una planificación regional que favorezca un desarrollo más equitativo de las actividades económicas, sería oportuno que la Red participe en el análisis y discusión de la recientemente presentada Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada impulsada por MIDEPLAN.

Esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Igualmente, es importante que la iniciativa de Renadel conozca los alcances de los procesos de diálogo regional y de los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones.

Así mismo, sería fundamental que la Red y las ADEL adopten un enfoque de desarrollo territorial apropiado, que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

¿Podrán las Agencias de desarrollo económico local, tener un papel decisivo hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios o únicamente pretende atraer inversiones, generar fuentes de empleo y lograr una mayor coordinación entre las empresas y las instituciones en las regiones fuera de la GAM?

La Estrategia Económica Territorial 2020-2050: la planificación de largo plazo en tiempos de pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)

La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.

Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)

La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.

Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.

Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.

También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.

Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)

Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.

Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.

En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).

Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.

Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)

Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).

Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.

La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)

Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.

No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.

Imagen: MIDEPLAN

Acción de inconstitucionalidad contra el establecimiento de la Terminal de Contenedores de Moín

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Francisco Guevara Matarrita

He presentado una acción de inconstitucionalidad contra el establecimiento de la Terminal de Contenedores de Moín concesionada a la multinacional holandesa APM Terminals, fundamentado en el hecho de que esta concesión se ha realizado con violación de los artículos 9°, 11, 33, 46, 50, 68, 74, 89, 176 y 191 de la Constitución Política y en evidente contradicción y compromiso de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, los cuales devienen en parámetros de constitucionalidad.

Son tres los actos que vulneran la normativa constitucional:

  1. Los oficios SJD-126-2014 y SJD-170-2014 y su Criterio Legal AL-214-2014 del Instituto Costarricense de Turismo,
  2. El Decreto Ejecutivo N° 38172-MINAE-MOPT que declara de Conveniencia Nacional e Interés Público el Proyecto denominado Construcción de la Ruta Nacional N° 257, Sección Sandoval Moín en la Provincia de Limón,
  3. Y las Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 INCISOS 11) y 12), 8.5.2 y 9.1 y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.

Mediante los oficios SJD-126-2014, SJD-170-2014 y el Criterio Legal AL-214-2014, así como la Cláusula 5.2.2 incisos 11) y 12), y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión se justificó y autorizó la donación al MOPT de terrenos que fueron utilizados para la construcción de la ruta nacional 257 por CONAVI y el préstamo de terrenos a la concesionaria APM Terminals, de un área creada especialmente como zona de recreo y turismo mediante la Ley N° 2906, de 24 de noviembre de 1961.

Ley Nº 2906 del 24 de noviembre de 1961 prescribe que se declara zona de recreo y turismo la faja de doscientos metros de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la Milla Marítima entre el límite Norte de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el nombre de «12 Millas» o «Swamp Moth», al Norte de la ciudad de Limón, así como la zona comprendida dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la playa. De la referida zona se reservan veinte metros para una carretera panorámica en los sitios en donde en la actualidad no existe. Esta zona sería destinada fundamentalmente a la construcción de casas, hoteles, cabinas, balnearios y otros centros de esparcimiento, que necesariamente contribuyan al fomento del turismo.

Ya en su oportunidad, la Procuraduría General de la República había advertido al ICT, al MOPT y a JAPDEVA que debían respetar la decisión de la Asamblea Legislativa en cuanto al destino de los inmuebles a que se refiere la Ley N. 2906 y que el principio de legalidad y el de jerarquía de las normas determinan que dicho destino sólo puede ser modificado por ley y en el estado actual del ordenamiento, esa reforma legal no existe.

La DECLARATORIA DE CONVENIENCIA NACIONAL E INTERÉS PÚBLICO AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 257, SECCIÓN SANDOVAL- MOÍN, EN LA PROVINCIA DE LIMÓN con la construcción de la Ruta 257 hacia la Terminal de Contenedores de Moín, contraviene el ordenamiento jurídico al exponer al Humedal Cariari a un perjudicial y franco impacto, violando lo dispuesto por la Constitución Política en sus artículos 50 y 89, así como lo que la Asamblea Legislativa objetivó como principio en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas, al establecer que la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida.

Que dichos estudios técnicos deben ser previos a la promulgación de la ley y que, en todo caso, aun cuando el legislador no hubiese establecido en norma legal alguna ese deber, ello se deriva del contenido del artículo 50, Constitucional.

Por último, las Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 incisos 11) y 12), 8.5.2 y 9.1 y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión crean un odioso monopolio a favor de una empresa transnacional extranjera al trasladar la operación de carga, descarga y almacenamiento de contenedores de Puerto Limón y Puerto Moín a la TCM y transferirle todos los barcos portacontenedores – fully cellular container ships- destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica.

Esto va en perjuicio de los principios de igualdad ante la ley, de libertad de comercio, de libertad de contratación, de libre competencia, de elección de los consumidores y no discriminación en el trabajo, así como en lo que respecta a las máximas de razonabilidad y proporcionalidad respecto del manejo de recursos públicos, violando también los principios de igualdad y no discriminación en el trabajo, ya que JAPDEVA y sus trabajadores quedan sin poder realizar el trabajo que tuvieron a su cargo a lo largo de sesenta años.

Puede descargar el documento de la acción de inconstitucionalidad:

ACCION-DE-INCONSTITUCIONALIDAD-CONTRA-ICT-JAPDEVA-Y-PODER-EJECUTIVODescarga

 

Foto: Semanario Universidad.

Agricultura familiar y guías alimentarias: dos pilares para la transformación de los sistemas agroalimentarios post COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

German Masís

La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe organizó los días 4-5-6 de noviembre el Seminario “¿Cómo Recuperar y Transformar los Sistemas Agroalimentarios de América Latina Post Covid-19?” en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y del 75 Aniversario de la FAO.

El Seminario incluyó una serie de paneles virtuales sobre los temas de: Sistemas Agroalimentarios y Macroeconomía, Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial, Sistemas Alimentarios y Comercio, Sistemas Alimentarios, Alimentación y Salud y Sistemas Agroalimentarios, Medio Ambiente y Cambio Climático, entre otros, incluyendo paneles sobre la Situación de los Sistemas Agroalimentarios en algunos países como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela y Costa Rica.

El panel de Costa Rica se denominó “Agricultura Familiar y Guías Alimentarias: dos pilares para la transformación de los Sistemas agroalimentarios post covid-19” y contó con la participación de las funcionarias de la Representación de la FAO en Costa Rica, Yenory Hernández y Andrea Padilla y de las ViceMinistras de Salud y Agricultura, Alejandra Acuña y Ana Cristina Quirós respectivamente.

La especialista Padilla expuso sobre el primer pilar para la transformación de los Sistemas agroalimentarios post covid-19, que es la Agricultura Familiar, ubicando la Importancia de la Agricultura Familiar en Costa Rica.

Dijo que ésta representa según datos de la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario(SEPSA) a partir del Censo Agropecuario del 2014, 51.508 fincas que corresponden a un 55% de las explotaciones agropecuarias y el 26% de la totalidad de las tierras de uso agropecuario del país; en cuanto al uso del suelo de las explotaciones de la AF, un 30% corresponde a bosques, el 50.5% a pastos y un 9.1%a cultivos permanentes, cuya distribución permite potencialmente establecer prácticas agrícolas sostenibles y desarrollar territorios más resilientes que puedan mitigar los efectos del cambio climático. La AF también involucra un 36% del empleo sectorial de la agricultura generado por los agricultores familiares.

En cuanto a las principales actividades de la AF, destaca en primer lugar el ganado vacuno, el café, las frutas y los granos, especialmente el frijol, no obstante, podemos ver que la AF presenta grandes desafíos, entre ellos:

-el porcentaje de mujeres productoras apenas representa un 15.6%, que implica hacer un gran esfuerzo para la incorporación de las mujeres productoras

-otro gran desafío es sobre la edad promedio de las personas productoras, que es 55 años para los hombres y 51 para las mujeres, esto implica que hay que hacer una labor para ir incorporando a los jóvenes en una actividad productiva que sea atractiva y novedosa, que les permita obtener ganancias para mejorar sus condiciones de vida y muy relacionado está otro desafío sobre el uso de la tecnología agrícola en el país.

El otro tema presentando por Padilla, es el de la Gobernanza de la Agricultura Familiar, que señala que desde el año 2010 se viene trabajando en la AF y en el 2017 se crea la Red Costarricense de la Agricultura Familiar, que está integrada por diversos actores, incluidas las instituciones del Sector Agropecuario(el MAG, el INTA, el CNP, el INDER, el PIMA, el SENARA), pero también hay una importante presencia de organizaciones productivas tanto a nivel nacional con representación en los territorios, mujeres productoras, cooperativas agrícolas y organizaciones de consumidores, importantes para mantener ese diálogo entre productores y consumidores. En esta Red está también la Academia que a través de sus programas de investigación y extensión están fortaleciendo la AF, así como las Escuelas de Nutrición y el Observatorio de la Seguridad Alimentaria y también están los organismos de cooperación internacional.

El papel de esta Red es ser un espacio de gobernanza y de diálogo donde de manera conjunta entre esos actores se van definiendo las líneas, orientaciones y políticas de la AF en el país. En el marco de esta Red se fue trabajando en el Decenio de la Agricultura Familiar 2020-2030 y en el Plan Nacional de la Agricultura Familiar, que es el principal instrumento que tiene el país para impulsar la AF y articularlo con la Agenda 2020-30 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Para el 2030, Costa Rica va a tener una AF innovadora, inclusiva, fortalecida organizacionalmente y vinculada a los mercados, haciendo que prosperen sistemas agroalimentarios más saludables y sostenibles, introduciendo un aspecto más integral a la AF para que se vea no sólo el aspecto de producción agrícola, sino con una visión más amplia y como se va encadenando todo el sistema agroalimentario, ya que se incorpora la parte nutricional, que tiene que ver con inocuidad y con diversidad de alimentos y también la parte de sostenibilidad, que hace referencia a aspectos ambientales de la producción con prácticas acordes con que los productos sean inocuos y que no tengan agroquímicos que nos hagan daño. Una alimentación saludable inicia con una AF que tenga posibilidades de generar alimentos nutritivos y saludables.

En el Plan Nacional de Agricultura Familiar se definieron 8 pilares que son los que marcan los progresos y las acciones que se van a seguir en el país hasta el 2030 para la AF, ellos son:

– el primer pilar tiene que ver con la parte institucional, con fortalecer el entorno institucional que permita un desarrollo integral de la AF
– el segundo tiene que ver con integrar las juventudes rurales y la transición generacional
– el pilar 3 tiene que ver con promover la equidad de género e incorporar a las mujeres en la AF
– el pilar 4 tiene que ver con fortalecer organizacionalmente la AF, que es toda la parte asociativa y de generar conocimientos y capacidades
– el pilar 5 está relacionado con la inclusión económica de la AF y con el desarrollo de circuitos costos de comercio que acerquen los productores a los consumidores
– el pilar 6 tiene que ver con el tema de sostenibilidad ambiental de la AF, para conseguir sistemas productivos resilientes y adaptados al cambio climático, en este pilar se incluyen los sistemas de agroecología y la conservación de los recursos de la agrobiodiversidad
– el pilar 7 tiene que ver con fortalecer la multidimensionalidad de la AF, pero también centrada en una producción que tenga pertinencia cultural
– el pilar 8, tiene que ver con la comunicación para trasmitir como se vincula la agricultura con la alimentación y la nutrición.

El Ministro de Agricultura en un video sobre el Día de la Alimentación, afirma que la verdadera AF está ligada a la distribución de la tierra, a la generación y distribución de la riqueza a través de los procesos productivos que hemos ido implementando históricamente.

La especialista Yenory Hernández, inició la presentación sobre el segundo pilar que es las Guías Alimentarias, mencionando el contexto general del covid-19, los sistemas agroalimentarios y la nutrición. Estableció que ya antes del covid, nuestra región y Costa Rica, teníamos problemas en cuanto a la alimentación y malnutrición, ante lo que la pandemia nos ha puesto nuevos desafíos:

– tenemos personas con diferentes formas del malnutrición, sobrepeso y obesidad, las cuales se han visto seriamente afectadas por los efectos del covid, que ha profundizado la situación de inequidad
– al mismo tiempo he visto impactos económicos y sociales donde las personas han perdido sus empleos, sus ingresos básicos y esto limita su capacidad adquisitiva para obtener alimentos que normalmente adquirían direccionados hacia una alimentación saludable.
– a nivel de las cadenas de suministros, hemos visto como éstas se han interrumpido pese a los esfuerzos para mantenerlas activas, convirtiéndose en una barrera para poder adquirir alimentos de carácter nutricional; todas esas barreras demuestran la debilidad de nuestros sistemas agroalimentarios, pero también la oportunidad para incluir un enfoque nutricional a lo largo de los sistemas agroalimentarios para reconstruirlos con más fuerza y resiliencia.

Respecto a las Guías Alimentarias, indica que estas se encuentran en un proceso de revisión, recordando que estas Guías son: un conjunto de instrumentos, principios rectores y recomendaciones basadas en alimentos disponibles, accesibles y culturalmente apropiados, los que la evidencia recomienda para una alimentación saludable y que se han desarrollado con la participación de los diferentes actores, sean productores o en las áreas de salud y educación. Costa Rica tiene unas guías alimentarias que orientan todo el sistema agroalimentario de una forma sistemática y ordenada hacia una alimentación saludable.

Al final concluye con que Costa Rica es una tierra privilegiada por su variedad de productos alimenticios y por el acceso a alimentos variados, inocuos y nutritivos, por lo que es muy importante reconocer a todos los actores del sistema agroalimentario que hacen posible que esa variedad de alimentos llegue a la mesa de las personas y que como consumidores debemos demandar el acceso a alimentos saludables y entornos saludables.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Territorios, ambiente y organizaciones comunitarias… invita el CICDE en su décimo aniversario

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad.

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia está celebrando una década de trabajo de investigación y vinculación con las comunidades.

Por ello ha organizado el seminario Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta.

En ese marco fue programada para el miércoles 14 a las 2 de la tarde la segunda sesión titulada Territorios, ambiente y organizaciones comunitarias.

En el afiche puede ver el programa de esta sesión y los detalles de transmisión.

El siguiente es el programa del seminario Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta:

La Estrategia Nacional de Bioeconomía: buenas perspectivas para la Transformación productiva y el Desarrollo territorial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El Gobierno de la República dio a conocer hace pocos días, la Estrategia Nacional de Bioeconomía, como un esfuerzo conjunto del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), y con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del programa de cooperación con la República Federal de Alemania (Programa CEPAL-BMZ/GIZ).

La Estrategia es un marco para integrar políticas públicas y privadas y articular inversiones públicas e incentivos relacionados con lo productivo y lo ambiental y está prevista para implementarse en tres fases en las que se potenciará el uso de la riqueza biológica y aprovechamiento sostenible de los activos biológicos del país (ElPais.cr, Economía,7-8-2020).

El principal valor de esta estrategia se encuentra en la oportunidad de impulsar una transformación productiva y un desarrollo territorial equitativo e incluyente basados en los recursos de la biodiversidad del país y en la integración de nuestras olvidadas regiones periféricas.

El propósito según el planteamiento es, “hacer de la bioeconomía uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, al promover la innovación, la agregación de valor, la diversificación y la sofisticación de su economía, aplicar los principios de la bioeconomía circular y buscar la descarbonización de los procesos de producción y consumo”.

Al respecto hemos afirmado, que debe ser un objetivo del desarrollo nacional impulsar una transformación de la actividad productiva hacia una más sostenible e incluyente, a partir del uso y aprovechamiento de nuestra abundante biodiversidad y de una innovación apropiada y creativa, que garantice la generación de productos biodiversos de alto valor y empleo de calidad para la población local. (Alterdescr.com,2020).

Según el Ministro de Agricultura, “desde el sector agropecuario, vemos esta estrategia como una opción para alcanzar un mayor desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas de forma sostenible. Queremos fomentar la agregación de valor, el uso de biomasa para la producción de energía y la diversificación que hace a las personas productoras más competitivas, ya que se les genera mayores oportunidades de acceso a diversos mercados con nuevos productos y servicios y se crean nuevas fuentes de crecimiento económico y social equitativo” (ElPais.cr,7-8-2020).

Hace más de una década, se mencionaba la importancia del impulso de alternativas productivas que implicaran el uso y conservación de la biodiversidad y el paisaje, la generación de encadenamientos locales y el esfuerzo de las unidades de producción para gestionar oportunidades de comercio y servicios, entre esas actividades se ubicaban el biocomercio, la agricultura orgánica, el agroturismo (Masís, G,2007).

Asimismo, la estrategia señala que “La bioeconomía representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo regional, ya que sirve como complemento de las actividades productivas existentes, diversificándolas, fomentando el valor agregado y haciéndolas más sostenibles, al aprovechar de manera responsable los recursos naturales e incluso los desechos generados localmente”.

En ese sentido, la bioeconomía puede convertirse en la opción de desarrollo frente a la predominancia en las regiones periféricas costarricenses de dinámicas territoriales de poco crecimiento, inclusión social, y sustentabilidad ambiental, resultado de un modelo de desarrollo concentrador de las actividades en la Gran Área Metropolitana (GAM) y de condiciones de acceso a los recursos e inversión inequitativas que se han profundizado en los territorios rurales y costeros.

Se requiere una nueva gobernanza territorial de los recursos naturales y de la biodiversidad, la generación de nuevas oportunidades económicas y la vinculación con mercados dinámicos; que superen las estructuras productivas de enclave o donde predominan unas pocas empresas, muchas veces de origen extraterritorial, que generan poco o mal empleo, con pocos encadenamientos locales, y que finalmente resultan en la extracción del territorio de una enorme proporción de los excedentes y a la creación de relaciones desiguales entre los territorios y las ciudades intermedias (Alterdescr.com,2019).

Igualmente en la actual coyuntura, la Estrategia de Bioeconomía puede convertirse en un marco orientador para promover una recuperación económica sostenible en el período postpandemia, con sistemas productivos que enfrentan un enorme reto frente a una contracción económica mundial, que exigirá producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostengan empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y la rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático.

De acuerdo a lo dicho por el Presidente en la presentación, en este contexto de pandemia debemos acelerar el paso hacía la bioeconomía que busca construir una Costa Rica con producción sostenible de alto valor agregado, basada en el aprovechamiento justo y equitativo de su biodiversidad y lograr una transformación productiva, basada en el conocimiento.

La Estrategia Nacional de Bioeconomía es un paso en la dirección correcta hacia un desarrollo nacional endógeno, auto centrado y sustentable, que incorpore los sistemas agroecológicos, la agroindustria, la bioprospección, y la biotecnología agrícola y médica, ámbitos en los que Costa Rica tiene capacidades y potencial. (Ídem, ElPais.cr).

Dolorosa pérdida del esfuerzo agrícola

Escrito en . Publicado en Derechos.

German Masís Morales compartió con SURCOS un video en el cual se aprecia toneladas de cebolla tiradas ante la imposibilidad de venderlas.

Masís Morales es sociólogo, profesor jubilado de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica y especialista en desarrollo territorial rural, sistemas agroalimentarios, políticas agrícolas y desarrollo Local. Además, es consultor en proyectos de desarrollo y seguridad alimentaria.

El especialista comentó a SURCOS: “Esta es la situación que están enfrentando productores agrícolas de San Isidro de Heredia y de otras zonas del país como Upala, Zarcero, Turrialba y Coto Brus debido a la disminución en las ventas de productos agrícolas y las consecuentes pérdidas de buena parte de la producción.

Para German Masís es necesario definir una propuesta de apoyo a la producción y al comercio agroalimentario de la agricultura familiar, en la que se unan las organizaciones agrícolas, cooperativas, centros agrícolas y las instituciones del sector agropecuario.

Este especialista forma parte de Alternativas para el Desarrollo Territorial, una organización de especialistas en el campo del desarrollo territorial.

Le invitamos a ver y compartir este breve video, en el cual, la mujer que lo filmó muestra la situación que viven en la producción agrícola durante la pandemia.

 

Foto del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

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SINTRAJAP denuncia falta a deber de probidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) envió a SURCOS un documento en el cual se denuncia “cobros irregulares en JAPDEVA faltando al deber de probidad”.

La dirigencia sindical se pregunta si lo que busca la presidencia ejecutiva y otras instancias del gobierno es desaparecer a JAPDEVA.

“Denunciamos formalmente a la Administración de JAPDEVA, representada en la figura de la Licda. Andrea Centeno, como responsable de la pérdida de recursos de la institución en lo referente a los servicios portuarios, le indicamos que en reiteradas ocasiones nuestra organización ha enviado notas y presentado alternativas para cobrar todos los servicios que brindamos, sin embargo, hasta el día de hoy los seguimos regalando”.

El sindicato agrega que “en el pasado nos indicaban que no había espacio para organizar de forma correcta el trabajo en los muelles como se acostumbra a nivel mundial o la competencia más cercana que es APM, sin embargo, una vez que nos quitan la carga ilegalmente nos sobra espacio por la poca carga que estamos manejando, por lo que ya no hay excusa para no implementar un mecanismo operacional que nos permita cobrar por todos los servicios que podemos brindar y no seguir regalando los servicios”.

SINTRAJAP detalla que no se utiliza la disponibilidad de maquinaria, no se pesa la carga a la entrada, se contrata maquinaria privada quedando en desuso la propia de la institución y por tanto se da la imposibilidad de ingreso por este concepto, se omite el uso de conexiones de tomas eléctricas, no se realiza la recepción y adelanto de cargas de exportación previo a la operación de los buques en el patio de almacenamiento”.

La organización laboral expone que “esta situación está afectando gravemente, ya que se impide mejorar los ingresos a JAPDEVA provocando un perjuicio económico por la falta de ejecución del reglamento portuario”.

Si JAPDEVA usa todos los equipos para brindar todo el servicio cobraría $117 dólares, pero solo cobra el uso del muelle o servicio de carga y descarga, que ronda los $17 dólares, perdiendo por cada movimiento de contenedor $100 dólares.

“Lo anterior significa incumplimientos de deberes a la ley orgánica de JAPDEVA (artículos 29, inciso b y conexos) y al reglamento de operaciones portuarias en sus artículos 3, 4, 51, 57, 61 y 72”, dice el comunicado.

“No entendemos como la alta administración puede justificar no cobrar, aun cuando estos servicios están aprobados, y peor aún, estando la institución necesitada de ingresos. Solo una administración que no defienda la ley de JAPDEVA puede estar permitiendo estas cosas”, indica SINTRAJAP.

Otras faltas

A lo anterior, se suman compromisos incumplidos con las personas que se acogieron a la prejubilación. Hay casos de hasta 5 meses a quienes no se aplica lo establecido en la Ley 9764, y por ello, esas familias están a la espera del pago por pensión.

En una nota dirigida a autoridades nacionales y a la ciudadanía, el sindicato llama la atención en torno a “la inseguridad laboral de los trabajadores de JAPDEVA y Limón, al mismo tiempo, que nos afecta la emergencia por la pandemia del COVID-19”.

Otro tema en el cual SINTRAJAP reclama la falta de respuesta es el centro médico, pues no se ha nombrado a la persona profesional en medicina.

Asimismo, “muchos trabajadores operativos no contaban con guantes, mascarillas ni siquiera alcohol en gel. SINTRAJAP repartió alcohol en gel y guantes, así consta en los libros de actas de los guardas de turno del puerto Moín y de la entrada de la administración de desarrollo”, dice la denuncia.

Otras irregularidades se refieren a la situación de personal interino y suplente con más de 1 año laborado sin cumplir la obligación de pagar la cesantía a quienes tienen continuidad de al menos un año. Hay muchas personas que se han ido de la institución sin que se las haya reconocido de forma correcta su trabajo en horas adicionales a la jornada ordinaria, según se explica en el documento recibido por SURCOS.

El documento expone un caso: “Alberto Salas Padilla tiene de laborar en JAPDEVA 35 años y cumplió los 55 años en el mes de vigencia de la ley 9764, o sea en el tiempo para escoger una de las 3 opciones de la ley 9764. Creemos que el que está dentro del plazo, tiene derecho. El señor Salas escogió la opción de prejubilarse, la administración le dio el trámite correspondiente a todo el proceso de la prejubilación. Al final le están rechazando haber escogido prejubilarse, lo que no es de recibo por las siguientes razones: El compañero Salas quedó automáticamente despedido sin que él haya escogido esa opción. Porque el despido no estaba dentro de las 3 alternativas de la ley 9764. No le brindaron la opción de escoger bono o quedarse trabajando lo están despidiendo descaradamente. La administración debió cerciorarse que él reuniera los requisitos de la opción escogida desde el principio, e indicarle claramente que no cumplía, para que él pudiera escoger otra opción que la ley permitiera, situación que no se cumplió. Indicamos que SINTRAJAP tiene planteado un proceso legal, basados en el artículo 136 de la Convención Colectiva, en ese sentido existe una medida cautelar donde JAPDEVA no puede despedir a nadie. Entonces en el caso del señor Salas, él no puede quedar despedido violentando el derecho de defensa y el debido proceso, principios establecidos en la Constitución Política y la Convención Colectiva”.

SINTRAJAP ya presentó a la administración una propuesta de solución a casos como el narrado y espera una respuesta justa de parte de la administración.

Propuesta de SINTRAJAP

– Recaudar ingresos con el objetivo de poder hacerle frente al pago del dinero de la Ley 9764, que se tiene que honrar según lo establecido en dicha ley.

– No tercerizar o cooperativizar las partes más rentables de JAPDEVA.

– Ejecutar acciones para incrementar los ingresos: Corto plazo: a) Cobrar el 100% de los servicios usando todos los equipos y las instalaciones que tiene JAPDEVA en la carga y descarga. b) Hacer la zona de transferencia para el recibo y despacho de las mercancías, si tomamos en cuenta la poca carga que está manejando JAPDEVA no se debería regalar un solo servicio, si corregimos la forma de cobro y de brindar el servicio, con eso estaríamos recuperando un porcentaje alto en los ingresos. Esto si comparamos que hoy casi todo sale a despacho directo o que por alguna razón no se está cobrando el 100% de la tarifa aprobada por la ARESEP por falta de toma de decisiones. c) Se debe hacer usos de las tomas eléctricas, además la carga debe estar anticipadamente en el puerto para que JAPDEVA brinde los servicios portuarios, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones Portuarios. Mediano plazo: a) Corregir tarifas portuarias, traerlas a valor presente, tomar en cuenta como mínimo la inflación acumulada y la variación del precio del dólar, corregir tarifas donde se regala el servicio, por ejemplo: montacargas, turismo. Esto debe ser corregido de inmediato. b) Otros servicios desfazados son los remolcadores, ejemplo tenemos tarifas para remolcadores de 30 toneladas de empuje, y recientemente JAPDEVA adquirió un remolcador de 60 toneladas de empuje y se cobra con la misma tarifa de 30 toneladas, se debe corregir de oficio. c) Presentar una fórmula de ajustes portuarias ante ARESEP, con base en la inflación y a la variación del dólar. d) Corregir el cobro de muellaje a RECOPE, hoy solo se le cobra $ 0.15 por TRB (tonelaje de registro bruto) cuando el muellaje en general se cobra $0.97 por tonelada perdiéndose por este concepto $ 0,82. e) Cobro de muellaje de factura histórica a RECOPE por el servicio de muellaje que no se le cobraba y que supera los 17 mil millones.

La propuesta de SINTRAJAP señala con precisión:

“Si JAPDEVA se fija como meta mover 200 mil contenedores en el año 2020 y si hacemos los cobros que como Autoridad Portuaria y con las tarifas actuales corresponde, estaríamos generando más de 32 mil millones de colones, entre otros servicios que brindamos como lo serian: cobro por las tomas eléctricas, almacenaje, consolidación, remolcajes. Como podemos ver solo lo que se ocupa es entrega y hacer lo mejor como funcionarios públicos”.

El sindicato solicita que la presidenta ejecutiva “sea sustituida para detener el gran daño histórico social, económico y legal a la clase trabajadora en la provincia de Limón y el país”. Asimismo, “que se corrijan de forma inmediata todas estas anomalías legales y derechos de los trabajadores para evitar dejarlos en indefensión. Corregir los cobros que afectan la institución JAPDEVA y por consiguiente la economía del país”.

El documento está firmado por el licenciado Antonio Wells Medina, secretario general de SINTRAJAP.

SINTRAJAP entregó al personal guantes, mascarillas y alcohol en gel.

Imagen de cabecera: Semanario Universidad.

Cooperativa pide a INFOCOOP acciones integrales en momentos de crisis

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Coopaseguros R.L señala en un documento enviado al INFOCOOP “el vital aporte del sector cooperativo a la estabilidad social y económica del país y la necesidad de reforzar los protocolos de actuación con un objetivo prioritario: garantizar la seguridad, salud y bienestar tanto de los cooperativistas como de la población en general”.

Asimismo, destaca “la imprescindible labor del sector cooperativo en el abastecimiento al mercado de productos y servicios, que garanticen la salud y seguridad alimentaria del país”. La cooperativa del sector seguros señala por ello el instituto que rige al cooperativismo, la necesidad de una serie de medidas con el apoyo FECOOPSE, que es la federación que agrupa a “más de 33 asociaciones cooperativas de diversas zonas del país”.

El documento, firmado por José Luis Barrientos León, gerente general de Coopaseguros R.L. propone estas medidas urgentes:

1- Que el Infocoop establezca una serie de medidas excepcionales de apoyo a los sectores cooperativos afectados económicamente por la propagación del coronavirus COVID-19. En donde se considere flexibilización de los términos contractuales de los créditos vigentes en cuanto a las tasas de interés, plazos, intereses de mora, costos administrativos por atrasos, comisiones y multas.

2- Que el Infocoop establezca una serie de programas crediticios especiales por la condición de emergencia que afecta al sector, en donde se consideren aspectos económicos y financieros flexibles y se establezcan condiciones de análisis, trámite, garantías, formalización y desembolso excepcionales de apoyo a las cooperativas que se vean afectadas económicamente por la propagación del coronavirus COVID-19.

3- Que el Infocoop establezca líneas de crédito especiales para las cooperativas de ahorro y crédito con el fin de que, por medio de ellas se estructuren programas crediticios especiales a sus asociados que mantengan la economía nacional dinámica y activa.

4- Que las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente las asociadas a FECOOPSE, para contribuir con medidas de apoyo a la economía nacional y a las familias de asociados más expuestas al impacto económico de la pandemia, ponga en marcha líneas de financiación especial de préstamos personales con los recursos que facilite el Infocoop, para que sus asociados puedan gestionar su liquidez y garantizar el pago de sus compromisos y obligaciones.

5- Que el Infocoop, permita la presentación de una solicitud para la modificación de términos y condiciones establecidas en los contratos de crédito en donde se permita la interrupción y el cómputo del plazo en mora hasta que los efetos económicos de la propagación del COVID 19 se hayan superado.

6- Que el Infocoop, permita la readecuación de cuotas para aquellas cooperativas que se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad social, cuya situación especial por afectación en sus ingresos este generando una disminución importante en sus flujos de efectivo, poniendo en riesgo su operativa normal, con la posible generación de desempleo.

7- Que el Infocoop permita a las cooperativas de ahorro y crédito directamente supervisadas por la institución mediante el sistema de alerta temprana, flexibilizar los términos de las reservas financieras y valoración de sus instrumentos financieros, de tal forma que no genere un impacto inmediato en los resultados de excedentes producto de la estimación de reservas. Y que en caso de que estas cooperativas deban mostrar necesariamente perdidas por irrecuperabilidad, las mismas puedan diferirse al menos en un plazo de 36 meses. En este caso, el saldo diferido deberá ser expuesto en las notas de los estados contables.

8- Que el Infocoop establezca la constitución de un fideicomiso de avales y garantías en donde se incorporen las propiedades en desuso o en condición de bienes temporales del Instituto, de tal forma que las cooperativas puedan hacer uso de estos avales para la formalización de créditos de capital de trabajo. De la misma forma que este fidecomiso pueda ser utilizado por las Cooperativas para la obtención de recursos de capital por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo, para lo cual el Infocoop deba negociar una alianza estratégica especial con SBD.

9- Además, con el propósito de aportar a la superación de la crisis causada por esta pandemia, Coopaseguros R.L ratifica su intención de “Participar en mesas de trabajo que se generen para buscar alternativas desde la institucionalidad pública y cooperativa, para que de manera conjunta y solidaria podamos encontrar soluciones que nos permitan superar los efectos negativos de la pandemia COVID 19”.

La moción promovida por Coopaseguros R.L, enviada además del INFOCOOP a la federación citada y al Consejo Nacional de Cooperativas, fue propuesta en la sesión de consejo de administración por el presidente de la organización Gerardo Incera Villalta y aprobada por unanimidad.

En el documento se explica que “el sector cooperativo nacional es sumamente vulnerable” a los efectos negativos que generan las medidas extraordinarias tomadas a causa del COVID19. “La estructura y conformación de las cooperativas y las zonas económicas y geográficas en las que desarrollan las actividades” son factores que provocan esa vulnerabilidad, se expone en el escrito.

“El sector cooperativo es un factor esencial en el desarrollo y reactivación de la economía, por la cantidad de asociados que aglutina y por la diversidad de sus actividades económicas, aunado al espíritu de solidaridad que lo identifica”, dice también el llamado.

El cooperativismo se sustenta en valores y principios de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. “Estos deben verse expresados en sus representantes y organizaciones que reúnen y promueven el cooperativismo como lo son el Infocoop y Fecoopse”, se señala.

La Feria del Orgullo Rural y el Desarrollo de las Zonas Rurales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El mundo rural está asociado a las montañas, a los bosques, a los ríos, al mar, a los productos agrícolas, a la biodiversidad de animales y a la gente sencilla y trabajadora. Los habitantes de las áreas urbanas pensamos en el mundo rural, cuando necesitamos los alimentos, cuando buscamos el descanso y la tranquilidad, pero muchas veces olvidamos que ese mundo, requiere mejores caminos y puentes, agua, electricidad y telecomunicaciones, fortalecer las actividades económicas y conservar los recursos naturales y el medio ambiente para las personas que viven en esos lugares.

Este 3 de octubre se realizó en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) la Feria del Orgullo Rural que contó con la participación del Presidente Ejecutivo y de la Gerente de la Institución, del II Vicepresidente de la República, de miembros de varios Consejos Territoriales de los 29 Territorios Rurales, así como de funcionarios de distintos departamentos del INDER.

La feria surge según la justificación del evento, “a partir de la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y capacitación de los diferentes actores de los territorios rurales y además para que quienes habitan en las zonas urbanas conozcan la labor que el INDER está realizando en el acompañamiento de las iniciativas sociales, productivas y con los emprendimientos en la ruralidad nacional”. La realización de esta feria se enmarca en el lanzamiento de la campaña informativa denominada Orgullo Rural, (INDER, ProgramadelaFeria,p.1).

Dicha feria contó con dos componentes básicos: el primero una jornada de capacitación a los representantes de los territorios con el fin de actualizar sus conocimientos sobre el desarrollo rural territorial y el segundo la realización de una exposición de productos de empresarios y emprendedores rurales de las seis regiones del país que han recibido apoyo del INDER.

El primer tema desarrollado en la jornada de capacitación, fue la presentación sobre los cambios que se han introducido al Sistema de crédito rural para mejorar las condiciones en que éstos se otorgan a los productores y pequeñas empresas rurales. Entre los cambios mencionados se encuentran la inclusión de los emprendedores como beneficiarios de crédito, el aumento en el período de vigencia de los mismos de 2 a 4 años, el aumento del monto cubierto del avalúo de los terrenos de 80 a 90%, la inclusión de nuevas garantías como los avales, fideicomisos y fondos de garantías.

También existen cambios en la eliminación de las limitaciones legales para que las tierras puedan ser vendidas o divididas (que antes era de 15 años) cuando los créditos se cancelan, la posibilidad de la compra de deudas previas por parte del sistema y la aplicación de tasas diferencias a poblaciones vulnerables y a actividades que incluyan buenas prácticas ambientales.

El segundo tema fue el conversatorio sobre la actualidad del desarrollo rural territorial con la participación de dos especialistas, quienes plantearon los aspectos de la gobernanza del desarrollo territorial, mediante la toma de decisiones y la incidencia de los actores locales para elevar el nivel desarrollo de la población y las comunidades rurales, la prospectiva y la planificación de los territorios, que proyecte la acción de los grupos y las instituciones con un horizonte de mediano y largo plazo y se logre efectuar una planificación concertada y articulada entre las diferentes instituciones presentes en los territorios y los actores locales.

Se plantearon también los aspectos de la competitividad territorial y los territorios innovadores, en la perspectiva que los territorios identifiquen y potencien los recursos naturales y humanos que poseen y las particulares que los diferencian de otros territorios, así como la importancia de impulsar esfuerzos innovadores a nivel productivo, tecnológico y social que establezcan nuevos mecanismos de ejecutar las acciones y resolver los problemas a los que se enfrentan.

Se mencionó además algunos factores que favorecen o limitan el desarrollo territorial, tales como la organización y capacidad de gestión de los actores y grupos locales, la infraestructura existente, la dinámica de las principales actividades productivas, las condiciones medio ambientales, la inversión pública y privada y la institucionalidad pública en los territorios rurales.

Un aspecto particular de los comentarios, se refiere a la formulación de los proyectos de desarrollo, su relación efectiva con las necesidades prioritarias, el tipo de proyectos que se formulan sean estos estratégicos o más estructurales y el impacto esperado de los mismos en las condiciones de la población y en las comunidades.

Finalmente, el conversatorio deja algunas interrogantes, como si es posible diseñar estrategias de desarrollo integral de mayor alcance en los distintos territorios, cómo se articulan las instituciones teniendo formas de planificación y asignación de recursos diferentes, la importancia de generar capacidades permanentes entre actores tan diversos como los que habitan los territorios y en qué medida se está logrando contribuir a un desarrollo territorial incluyente y sostenible en las regiones.

En la feria de productos realizada con la participación de 52 expositores entre productores, artesanos, micro y pequeñas empresas y emprendedores de asentamientos campesinos y territorios rurales, que expusieron y ofrecieron conservas de frutas y vegetales, incluyendo jaleas, mermeladas, pulpas y vinos, quesos, chocolates, condimentos, especias, productos apícolas, cosméticos como champús y cremas naturales, granos empacados, panes y reposterías, frutas y hortalizas en fresco., plantas ornamentales y artesanías de madera.

Entre los territorios representados se encontraban el de Santa Cruz-Carrillo, el de Limón-Matina, los Cepromas Bonanza y Sansi y las Asociaciones de Productores Apícolas de Liberia, la Asociación de Productores Artesanales de San Joaquín, Asociación de Productoras de Pedernal, Asociación de Mujeres Artesanas de Laurel, Coopeproguata de Río Grande, CoopeHorquetas, Asociación de Productores de pimienta de Sarapiquí, la Asociación de Parceleros de Irazú, la Asociación Mujeres Verdes, el Asentamiento los Palmitos y las empresas Arco Verde, Pantico y La Colina.

La Feria del Orgullo Rural concluyó con presentaciones culturales y música en una verdadera convivencia de productores, microempresarios, grupos asociativos y emprendedores que compartieron sus experiencias y proyectos y sobretodo la satisfacción de vivir y producir en los 29 Territorios Rurales y pertenecer desde hace 6 años a los Consejos Territoriales ubicados en todo el país.

Imagen tomada de la página del INDER.

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