El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) envió a SURCOS un documento en el cual se denuncia “cobros irregulares en JAPDEVA faltando al deber de probidad”.

La dirigencia sindical se pregunta si lo que busca la presidencia ejecutiva y otras instancias del gobierno es desaparecer a JAPDEVA.

“Denunciamos formalmente a la Administración de JAPDEVA, representada en la figura de la Licda. Andrea Centeno, como responsable de la pérdida de recursos de la institución en lo referente a los servicios portuarios, le indicamos que en reiteradas ocasiones nuestra organización ha enviado notas y presentado alternativas para cobrar todos los servicios que brindamos, sin embargo, hasta el día de hoy los seguimos regalando”.

El sindicato agrega que “en el pasado nos indicaban que no había espacio para organizar de forma correcta el trabajo en los muelles como se acostumbra a nivel mundial o la competencia más cercana que es APM, sin embargo, una vez que nos quitan la carga ilegalmente nos sobra espacio por la poca carga que estamos manejando, por lo que ya no hay excusa para no implementar un mecanismo operacional que nos permita cobrar por todos los servicios que podemos brindar y no seguir regalando los servicios”.

SINTRAJAP detalla que no se utiliza la disponibilidad de maquinaria, no se pesa la carga a la entrada, se contrata maquinaria privada quedando en desuso la propia de la institución y por tanto se da la imposibilidad de ingreso por este concepto, se omite el uso de conexiones de tomas eléctricas, no se realiza la recepción y adelanto de cargas de exportación previo a la operación de los buques en el patio de almacenamiento”.

La organización laboral expone que “esta situación está afectando gravemente, ya que se impide mejorar los ingresos a JAPDEVA provocando un perjuicio económico por la falta de ejecución del reglamento portuario”.

Si JAPDEVA usa todos los equipos para brindar todo el servicio cobraría $117 dólares, pero solo cobra el uso del muelle o servicio de carga y descarga, que ronda los $17 dólares, perdiendo por cada movimiento de contenedor $100 dólares.

“Lo anterior significa incumplimientos de deberes a la ley orgánica de JAPDEVA (artículos 29, inciso b y conexos) y al reglamento de operaciones portuarias en sus artículos 3, 4, 51, 57, 61 y 72”, dice el comunicado.

“No entendemos como la alta administración puede justificar no cobrar, aun cuando estos servicios están aprobados, y peor aún, estando la institución necesitada de ingresos. Solo una administración que no defienda la ley de JAPDEVA puede estar permitiendo estas cosas”, indica SINTRAJAP.

Otras faltas

A lo anterior, se suman compromisos incumplidos con las personas que se acogieron a la prejubilación. Hay casos de hasta 5 meses a quienes no se aplica lo establecido en la Ley 9764, y por ello, esas familias están a la espera del pago por pensión.

En una nota dirigida a autoridades nacionales y a la ciudadanía, el sindicato llama la atención en torno a “la inseguridad laboral de los trabajadores de JAPDEVA y Limón, al mismo tiempo, que nos afecta la emergencia por la pandemia del COVID-19”.

Otro tema en el cual SINTRAJAP reclama la falta de respuesta es el centro médico, pues no se ha nombrado a la persona profesional en medicina.

Asimismo, “muchos trabajadores operativos no contaban con guantes, mascarillas ni siquiera alcohol en gel. SINTRAJAP repartió alcohol en gel y guantes, así consta en los libros de actas de los guardas de turno del puerto Moín y de la entrada de la administración de desarrollo”, dice la denuncia.

Otras irregularidades se refieren a la situación de personal interino y suplente con más de 1 año laborado sin cumplir la obligación de pagar la cesantía a quienes tienen continuidad de al menos un año. Hay muchas personas que se han ido de la institución sin que se las haya reconocido de forma correcta su trabajo en horas adicionales a la jornada ordinaria, según se explica en el documento recibido por SURCOS.

El documento expone un caso: “Alberto Salas Padilla tiene de laborar en JAPDEVA 35 años y cumplió los 55 años en el mes de vigencia de la ley 9764, o sea en el tiempo para escoger una de las 3 opciones de la ley 9764. Creemos que el que está dentro del plazo, tiene derecho. El señor Salas escogió la opción de prejubilarse, la administración le dio el trámite correspondiente a todo el proceso de la prejubilación. Al final le están rechazando haber escogido prejubilarse, lo que no es de recibo por las siguientes razones: El compañero Salas quedó automáticamente despedido sin que él haya escogido esa opción. Porque el despido no estaba dentro de las 3 alternativas de la ley 9764. No le brindaron la opción de escoger bono o quedarse trabajando lo están despidiendo descaradamente. La administración debió cerciorarse que él reuniera los requisitos de la opción escogida desde el principio, e indicarle claramente que no cumplía, para que él pudiera escoger otra opción que la ley permitiera, situación que no se cumplió. Indicamos que SINTRAJAP tiene planteado un proceso legal, basados en el artículo 136 de la Convención Colectiva, en ese sentido existe una medida cautelar donde JAPDEVA no puede despedir a nadie. Entonces en el caso del señor Salas, él no puede quedar despedido violentando el derecho de defensa y el debido proceso, principios establecidos en la Constitución Política y la Convención Colectiva”.

SINTRAJAP ya presentó a la administración una propuesta de solución a casos como el narrado y espera una respuesta justa de parte de la administración.

Propuesta de SINTRAJAP

– Recaudar ingresos con el objetivo de poder hacerle frente al pago del dinero de la Ley 9764, que se tiene que honrar según lo establecido en dicha ley.

– No tercerizar o cooperativizar las partes más rentables de JAPDEVA.

– Ejecutar acciones para incrementar los ingresos: Corto plazo: a) Cobrar el 100% de los servicios usando todos los equipos y las instalaciones que tiene JAPDEVA en la carga y descarga. b) Hacer la zona de transferencia para el recibo y despacho de las mercancías, si tomamos en cuenta la poca carga que está manejando JAPDEVA no se debería regalar un solo servicio, si corregimos la forma de cobro y de brindar el servicio, con eso estaríamos recuperando un porcentaje alto en los ingresos. Esto si comparamos que hoy casi todo sale a despacho directo o que por alguna razón no se está cobrando el 100% de la tarifa aprobada por la ARESEP por falta de toma de decisiones. c) Se debe hacer usos de las tomas eléctricas, además la carga debe estar anticipadamente en el puerto para que JAPDEVA brinde los servicios portuarios, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones Portuarios. Mediano plazo: a) Corregir tarifas portuarias, traerlas a valor presente, tomar en cuenta como mínimo la inflación acumulada y la variación del precio del dólar, corregir tarifas donde se regala el servicio, por ejemplo: montacargas, turismo. Esto debe ser corregido de inmediato. b) Otros servicios desfazados son los remolcadores, ejemplo tenemos tarifas para remolcadores de 30 toneladas de empuje, y recientemente JAPDEVA adquirió un remolcador de 60 toneladas de empuje y se cobra con la misma tarifa de 30 toneladas, se debe corregir de oficio. c) Presentar una fórmula de ajustes portuarias ante ARESEP, con base en la inflación y a la variación del dólar. d) Corregir el cobro de muellaje a RECOPE, hoy solo se le cobra $ 0.15 por TRB (tonelaje de registro bruto) cuando el muellaje en general se cobra $0.97 por tonelada perdiéndose por este concepto $ 0,82. e) Cobro de muellaje de factura histórica a RECOPE por el servicio de muellaje que no se le cobraba y que supera los 17 mil millones.

La propuesta de SINTRAJAP señala con precisión:

“Si JAPDEVA se fija como meta mover 200 mil contenedores en el año 2020 y si hacemos los cobros que como Autoridad Portuaria y con las tarifas actuales corresponde, estaríamos generando más de 32 mil millones de colones, entre otros servicios que brindamos como lo serian: cobro por las tomas eléctricas, almacenaje, consolidación, remolcajes. Como podemos ver solo lo que se ocupa es entrega y hacer lo mejor como funcionarios públicos”.

El sindicato solicita que la presidenta ejecutiva “sea sustituida para detener el gran daño histórico social, económico y legal a la clase trabajadora en la provincia de Limón y el país”. Asimismo, “que se corrijan de forma inmediata todas estas anomalías legales y derechos de los trabajadores para evitar dejarlos en indefensión. Corregir los cobros que afectan la institución JAPDEVA y por consiguiente la economía del país”.

El documento está firmado por el licenciado Antonio Wells Medina, secretario general de SINTRAJAP.

Imagen de cabecera: Semanario Universidad.