Esta vez, la excusa es que la institución no puede ser juez y parte en el manejo del mercado eléctrico.
El proyecto del gobierno crearía un mercado eléctrico nacional y las empresas públicas y privadas celebrarían contratos que incluirían la compra y venta de energía y que permitiría transacciones de bienes, servicios, activos financieros y otros recursos. O sea, los activos del ICE se podrían transar.
Esta vez, los que apoyan al presidente estarían de acuerdo pero algunos que no lo apoyan también, pues siempre ha habido intereses privados muy importantes.
Cuando el ICE llevó electricidad a San Juan de Lajas, Cantón de Zarcero hace más de 60 años, financieramente no era rentable ni tampoco lo era llevar telefonía años después. Pero eso contribuyó al desarrollo de una región rural alejada. Hoy la cuarta generación de una de las familias campesinas que fundaron esa comunidad ha obtenido doctorados y son parte de la Academia de este país.
Según los proponentes de estos cambios, el ICE no está en capacidad de endeudarse para las futuras plantas, pero desde su fundación, ha demostrado estarlo.
Conceptos similares al propuesto existen en algunos estados norteamericanos y Europa, donde la energía es mucho más cara y utiliza fuentes no tan seguras como la energía nuclear y otras más contaminantes.
“Que se mueran los pobres…” podría ser la versión actualizada de una vieja canción que se popularizó con su estribillo pegajoso y repetitivo: “Que se mueran los feos…, que se mueran todititos, toditos, toditos los feos, que se mueran…”.
Según un análisis de la Universidad de Costa Rica, mientras 87 distritos reportan una morbilidad por causa del Covid 19 de 15 personas por cada 1.000 habitantes, 13 distritos reportan entre 70 y 166 casos; se trata principalmente de distritos del Gran Área Metropolitana con alta densidad poblacional (https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-reporta-una-morbilidad-covid-19-de-392-casos-por-cada-1-000-habitantes/), y algunos con altos índices de pobreza. Otras fuentes destacan que Talamanca es el territorio indígena con más adultos fallecidos por Covid 19.
El Canciller mejicano, Marcelo Ebrad, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el acaparamiento de las primeras vacunas por parte especialmente de Estados Unidos y algunos países europeos. A estas alturas hay varios países pobres donde no se ha aplicado ni una vacuna (https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox?projector=1) O sea, los pobres que han sido las principales víctimas de la pandemia, debido a sus precarias condiciones socioeconómicas, ahora también serán víctimas de este inhumano acaparamiento por parte de los países ricos.
Para el Ministro sin “cartera”, André Garnier, designado por el gobierno de don Carlos Alvarado como enlace con el sector empresarial (resulta evidente que para este gobierno no es prioridad el enlace con el sector trabajador), el salario mínimo en este país es muy alto. Es decir, “que se mueran lo pobres…”.
La política de desmantelamiento de la institucionalidad social, que congela salarios y plazas en el sector público, ya está afectando servicios básicos como la salud y la educación; traerá como consecuencias una nueva “generación perdida”, como sucedió en la década de 1980, por no tener acceso a educación pública de calidad y contar con menos recursos para la atención en salud.
El sector financiero público y privado no ha estado a la altura de las circunstancias para facilitar el acceso a crédito a tasas razonables y renegociar deudas de pequeñas y medianas empresas que han sido inducidas a la quiebra por la contracción de la demanda en tiempos de pandemia.
Las altas tasas de desempleo que tienden a crecer con la política de contención y reducción del empleo público, así como el creciente subempleo en el sector privado, está conduciendo a una ampliación sin precedentes del sector informal, con impactos especialmente entre las mujeres jefas de hogar, lo que significará un empobrecimiento mayor del que ya se están sufriendo. Es decir, “que se mueran las pobres…”.
“Que se salven los ricos” es la consigna bajo la cual han venido aprobando leyes, a diestra y siniestra, las señoras y señores diputados, particularmente del Partido Liberación Nacional (PLN), secundado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y los partidos religiosos fundamentalistas, Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (PRN).
El azote “pandémico” neoliberal seguirá cobrando más víctimas en este país. Son las señales que emanan de la actual Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Los tiempos post-pandémicos serán dolorosamente sacrificiales. Es decir, “que se mueran los pobres…” y que “Dios los coja confesados”.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.
La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».
Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.
En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.
También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.
El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.
La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.
Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.
La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.
La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.
25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.
El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.
El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.
En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.
La crisis mundial y nacional actual (con sus componentes político, económicos y sanitarios) nos presenta enormes retos y nos brinda también posibilidades. Saldremos de ella, implementando una agenda ecologista, social justa y solidaria, y no una agenda capitalista neoliberal, patriarcal y extractivista.
Por lo tanto, proponemos:
1) Apoyar la re-activación de un amplio Movimiento Nacional, constituido por sectores sociales y políticos que impidan la destrucción de las conquistas sociales del pueblo costarricense, alcanzadas a un alto precio y con muchos esfuerzos. La unidad y las alianzas son imprescindibles ante enemigos poderosos.
2) La base de la reactivación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de pueblos ancestrales. Hemos visto con crudeza, pero también con claridad en estos meses, qué es lo estrictamente necesario para sobrevivir. Proponemos abandonar la economía de supuesta abundancia que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente, tanto para la humanidad como para los seres animales y vegetales que coexisten en nuestro planeta.
3) Tierra para quien que quiera trabajarla y producir alimentos: Con extrema urgencia el campesinado sin tierra debe recibirla, además, se debe reconocer el derecho a la tierra de las mujeres que la están habitando y trabajando, construyendo redes de apoyo mutuo, en producción y comercialización, fortaleciendo relaciones campo-ciudad, de manera bidireccional.
4) No es el monocultivo, plagado de pesticidas y uniforme, el que nos garantizará la sobrevivencia. Debemos impulsar de manera masiva la producción agroecológica de alimentos, tanto en la ciudad como en el campo, considerando las necesidades humanas y las de seres polinizadores y dispersores (insectos, aves, mamíferos). Debemos proteger y dispersar nuestras semillas nativas, criollas, y fomentar el intercambio de conocimiento de prácticas agroecológicas. Producir lo que comemos y comer lo que producimos, reduciendo progresivamente las cadenas de dependencia alimentaria del exterior.
5) Esta crisis sanitaria nos ha mostrado que nuestras posibilidades de sobrevivencia se reducen si no contamos con buena salud. Se debe rechazar de manera radical todo lo que nos enferma y nos condena: comidas y bebidas basura, que son origen de diversas patologías y factores de riesgo como diabetes e hipertensión, sobrepeso, obesidad, etc.
6) No es solo con una producción y un consumo más racional y más local que sobreviviremos, sino que también es necesaria otra realidad de producción y consumo basada en la economía social solidaria, en la autogestión de los recursos verdaderamente cooperativa, basada en la organización local, tanto rural como urbana.
7) Debemos conducirnos hacia un modelo de verdadera democracia participativa y de control y defensa del territorio local y nacional, incluido el de nuestros propios cuerpos. Existe una necesidad de constituir unidades locales de poder real para la toma de decisiones políticas sobre los usos del territorio y sus recursos, para potenciar un bienestar integral y distribuido equitativamente, por sobre los procesos de acumulación por desposesión que trata de validar el desarrollismo globalista, amparado en estructuras institucionales centralizadas y con jerarquías complejas cooptadas por el poder hegemónico.
8) Nos comprometemos a luchar contra la implementación del programa neoliberal que propone esta administración, basado en el desmantelamiento de las conquistas sociales de nuestro pueblo, el ultra-endeudamiento y la venta de activos estatales y empresas públicas. Todo abuso, todo privilegio insultante debe ser eliminado. Aspiramos a una sociedad caracterizada por la ecosuficiencia, la ecoeficiencia y una distribución social de la riqueza que asegure una vida digna a todas las personas y no opulenta para unas pocas.
9) Rechazamos la falsa premisa que el desarrollo minero y petrolero será una solución económica para los problemas del país y sus pueblos. No es con más destrucción y más contaminación que lograremos una sociedad ambientalmente sana y socialmente justa. Urge un diálogo real sobre la matriz energética que necesitamos. El futuro no es el oro ni el petróleo.
10) El pueblo debe tener acceso a una renta básica universal, como derecho humano. La riqueza, inmoralmente súper acumulada durante las décadas pasadas en manos de una pequeña élite, debe ser redistribuida. Un nuevo pacto social se hace necesario. Es la única forma de evitar un derrotero violento.
11) Nos unimos al llamado de otros movimientos sociales de impulsar una Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria.
12) Con los pueblos indígenas, hacemos un llamado a sumarse respetuosamente a sus agendas de trabajo en pro de la recuperación y defensa de sus tierras y territorios, el empoderamiento del recurso hídrico, el respaldo a las prácticas culturales de producción e intercambio de trabajo, apoyo a los sistemas de uso tradicional de los recursos naturales (para alimento, medicina, materiales), a las fincas multicultivos (por su diversidad de productos), y al manejo comunitario de los bosques desde su cosmovisión.
Imagen UCR.
13) Es momento de hacer rupturas claras con el orden impuesto que por más de 30 años ha corroído la institucionalidad del Estado. Las dificultades del gobierno para atender en lo económico las necesidades más básicas de la población en media pandemia, es una clara muestra de los efectos nocivos del desmantelamiento institucional y el sobreendeudamiento público. Sin resolver las condiciones básicas para la estabilidad social en el país, es políticamente inviable iniciar un diálogo.
14) Como movimiento ecologista creemos que el diálogo es necesario y urgente, pero con condiciones claras: requerimos de espacios transparentes, respetuosos, efectivos, participativos, que lleven soluciones en distintos niveles (corto, mediano y largo plazo), y no con agendas definidas con anterioridad y a la medida de los grandes grupos de poder económico. Un diálogo que nos lleve a disminuir las desigualdades históricas, y camine hacia una justicia social, ambiental y de género.