Rodrigo Cabezas Moya

Esta vez, la excusa es que la institución no puede ser juez y parte en el manejo del mercado eléctrico.

El proyecto del gobierno crearía un mercado eléctrico nacional y las empresas públicas y privadas celebrarían contratos que incluirían la compra y venta de energía y que permitiría transacciones de bienes, servicios, activos financieros y otros recursos. O sea, los activos del ICE se podrían transar.

Esta vez, los que apoyan al presidente estarían de acuerdo pero algunos que no lo apoyan también, pues siempre ha habido intereses privados muy importantes.

Cuando el ICE llevó electricidad a San Juan de Lajas, Cantón de Zarcero hace más de 60 años, financieramente no era rentable ni tampoco lo era llevar telefonía años después. Pero eso contribuyó al desarrollo de una región rural alejada. Hoy la cuarta generación de una de las familias campesinas que fundaron esa comunidad ha obtenido doctorados y son parte de la Academia de este país.

Según los proponentes de estos cambios, el ICE no está en capacidad de endeudarse para las futuras plantas, pero desde su fundación, ha demostrado estarlo.

Conceptos similares al propuesto existen en algunos estados norteamericanos y Europa, donde la energía es mucho más cara y utiliza fuentes no tan seguras como la energía nuclear y otras más contaminantes.

¿Quiénes están listos para defender al ICE?