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Etiqueta: deterioro social

Las raíces de los males de hoy

Luis Fernando Astorga Gatjens

La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.

El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.

Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.

Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.

Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.

La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.

El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.

Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.

Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.

En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.

Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.

Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.

Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.

Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.

Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.

(26 de octubre, 2024)

Ana Teresa León: “A nadie le importa la niñez de Costa Rica”

“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.

En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.

Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”

Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.

De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.

León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.

Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.

Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.

Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.

Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Entrevista con la jueza Rosaura Chinchilla-Calderón. Revista Espiga, UNED

Por Mauricio Bonilla Blanco

La jueza Rosaura Chinchilla-Calderón aborda en la entrevista la situación crítica que atraviesa Costa Rica, destacando el deterioro social y económico, así como la afectación a la imagen internacional del país. Se critica la corrupción en la política, la falta de un proyecto país y la sustitución de la idoneidad por vínculos políticos en cargos de poder. La jueza y docente de la UCR también señala la falta de participación ciudadana, lo que propicia intereses partidarios. Advierte sobre crisis en educación, empleo, cultura y salud, así como una profunda inseguridad ciudadana que alimenta divisiones sociales.

Chinchilla-Calderón menciona el «derecho penal del amigo» y sus consecuencias radicales. La entrevista ofrece una radiografía crítica del país desde la perspectiva de la jueza, quien cuenta con una sólida base en su carrera judicial y docente.

Para abordar la temática de la entrevista se le realizaron una serie de preguntas, aquí un resumen de las estas:

Desde su experiencia ¿Podría analizar la evolución y estado actual de los derechos humanos en Costa Rica? ¿Cuáles son los principales retos que afrontamos?

La jueza enfatiza la interconexión, interdependencia, irrenunciabilidad, inalienabilidad y progresividad de los derechos humanos, subrayando que todos tienen igual valor y están universalmente conectados. La evolución de los derechos humanos, según la jueza y profesora, refleja la lucha dispar de diversos grupos por el reconocimiento de la dignidad humana como condición básica de vida. 

Destaca la Revolución Francesa como un punto de referencia, pero señala que la evolución de los derechos ha sido dispar, beneficiando inicialmente a ciertos grupos, como la burguesía, excluyendo a mujeres, esclavos y otros sectores. En el contexto costarricense, la independencia de 1821 marcó el inicio de la obtención de algunos derechos para ciertos sectores, pero no incluyó a todos los habitantes de la tierra.

¿Cuáles son nuestros principales desafíos en la igualdad de género y la no discriminación desde la perspectiva normativa nacional e internacional?

Rosaura Chinchilla-Calderón aborda los desafíos en la igualdad de género y la no discriminación en Costa Rica desde una perspectiva normativa nacional e internacional. A pesar de la firma de convenios como Convención Belem Do Pará, destaca la falta de acciones sistemáticas para modificar prácticas y normas que perpetúan la discriminación y violencia contra las mujeres.  Señala además áreas de mejora, como superar las brechas de género en el empleo, lograr acceso paritario a altos cargos públicos, combatir la feminización de la pobreza y promover políticas públicas que reduzcan la violencia contra las mujeres. Aunque Costa Rica mostraba un índice de desarrollo humano «muy alto» en 2019, al desagregar por género, se revelaron importantes desigualdades.

¿Cómo ubica usted a Costa Rica en relación con la protección de los derechos humanos?

Ofrece una crítica contundente sobre la situación de Costa Rica en relación con la protección de los derechos humanos. Señala un retroceso visible en el liderazgo que el país ostentaba en este ámbito, resaltando que, anteriormente, Costa Rica ratificaba numerosos tratados de derechos humanos, siendo esto una especie de «marca país».  Sin embargo, la jueza y docente indica que la globalización política y económica, a partir de 1989, llevó a cambios sustanciales en los sistemas jurídicos. Destaca la transición del sistema dualista al monista, donde los instrumentos internacionales suscritos por cada Estado conforman un solo bloque con la legislación interna, lo que implica mayores niveles de exigibilidad.

Menciona también la importancia de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que contribuyó a modificar el panorama legal. Subraya el principio pacta sunt servanda, que establece que los Estados no pueden desconocer las obligaciones internacionales aduciendo el respeto a su propio derecho interno.

Actualmente hay muchas personas detractoras de las penas alternativas, así como la presión a penas de prisión más altas y penalizar más conductas ¿Qué avances o retrocesos ha podido identificar en esos aspectos?

Describe a Costa Rica como una sociedad carcelaria, señalando un creciente autoritarismo y populismo punitivo en la población. Destaca la contradicción entre el discurso oficial de derechos humanos y la realidad discriminatoria y xenófoba hacia ciertos sectores de la sociedad. 

Critica la falta de análisis racional en la posición ante el castigo, describiendo la tendencia a buscar la cárcel como única solución, renunciando a esfuerzos estatales por disminuir la violencia social y responsabilizando al Estado por generar condiciones que pueden llevar a la comisión de delitos.  

La jueza y profesora resalta que esta tendencia no es nueva y menciona un intento en 1994 de crear un catálogo de penas alternativas, el cual fue rechazado en favor de duplicar penas máximas y aumentar sanciones. Advierte sobre discursos vacíos que buscan consolidar proyectos autoritarios, eliminando garantías, debilitando el sistema de justicia y silenciando opositores políticos bajo la apariencia de endurecer el sistema penal.

¿Cuáles son las características disfuncionales que usted ha logrado identificar, desde su experiencia y conocimiento en derecho penal, en la aplicación de la prisión preventiva en nuestro país?

La jueza y profesora resalta los niveles crecientes de encarcelamiento en Costa Rica, incluida la población juvenil, con el país siendo el que encierra a la niñez a una edad más temprana en América Latina. Además, destaca las tasas elevadas de hacinamiento penitenciario, superando los límites aceptables establecidos por las Naciones Unidas. Subraya que el castigo, en un Estado de derecho, no debe constituir tortura ni trato inhumano, cruel o degradante. 

Subraya la importancia de respetar los derechos humanos y el debido proceso en la aplicación de castigos por delitos. Enfatiza que, en una democracia, el castigo debe seguir un proceso legal que incluya pruebas incriminatorias, un juicio justo y una sentencia después de agotar los recursos disponibles, todo dentro de plazos razonables.

La respuestas completas a estas preguntas y demás información útil referente a esta entrevista la pueden conseguir descargando el PDF de la entrevista.

La ira incontenible

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

“Igualiticos nunca hemos sido”, decía con humor e ironía el querido y recordado Carlos Sojo en su obra “La construcción social de la desigualdad” (PNUD-FLACSO, 2012).

En este análisis, falto ahora de un complemento de cómo en los últimos 10 años los procesos de deterioro social y la imposibilidad de cumplir un contrato social de integración horizontal, Sojo desmenuzaba la matriz sociocultural e institucional que crea la base de la desigualdad en el país: componentes sociales, raciales, económicos y geográficos alimentan esa Costa Rica que las visiones hegemónicas insisten en borrar bajo el candor de un aparente idilio que nos crea como comunidad de iguales.

Nada más alejado de una realidad que nos golpea hoy más que nunca. Pero no solo ese tema debe leerse críticamente.

Junto a la igualdad como mito fundacional de una colectividad desagregada, otro gran referente discursivo e ideológico en la construcción de esa Costa Rica hegemónica, ha sido el de la paz como núcleo que vertebra las relaciones sociales de los costarricenses.

Recién concluí la lectura de “El año de la ira”, novela ficcional de corte histórico escrita por Carlos Cortés y publicada por Ediciones Alfaguara en 2019.

En esta obra Cortés propone con detalle una lectura al pasado militar y violento de la sociedad costarricense, basado en los acontecimientos sucedidos entre 1917, año en que el presidente Alfredo González Flores es derrocado por su Secretario de Guerra y Marina, Federico Tinoco Granados y 1919, cuando se produce el asesinato de José Joaquín, hermano de Federico y la caída del régimen dictatorial que ambos labraron por aquellos años.

A menudo se suele caricaturizar la abolición del ejército en Costa Rica, otorgándole una dimensión simbólica que no permite dimensionar el eje histórico de la violencia que ha marcado el desarrollo de la sociedad costarricense en su conjunto. La ausencia de institucionalidad no significa necesariamente que el ADN de la violencia siga operando como marcador en la sociedad costarricense.

Ni igualiticos ni pacíficos hemos sido. Ambas son narrativas sedimentadas en la necesidad de alimentar momentos devocionales a nivel colectivo.

Por ello, el origen de lo que ha ocurrido desde 2022 en cuanto a asesinatos y la violencia generalizada en el país, debe ser buscado en las bases históricas de lo que hasta hace muy poco (70 años) constituía un ejercicio social e institucionalmente naturalizado, basado en la aplicación de métodos violentos para construir democracia. Esta lectura crítica complementaría la predominante que ubica las violencias en una conflictividad de actores y poderes fácticos que prácticamente se han repartido el país y lo administran a su antojo.

La ira del tico bien podría dar cabida a otros análisis sobre sus formas expresas y veladas de comportamiento. La descarga discursiva en redes sociales, la xenofobia, la homofobia, la aporofobia se vinculan con todo tipo de violencias físicas hacia niños, niñas, personas adultas mayores, poblaciones indígenas, entre otros ejemplos cotidianos.

No es una ira solapada, sino abierta e incontenible. Para detenerla hay que asumirla. Trabajar sobre sus orígenes y desde allí empezar su desmontaje. Esta tarea es necesaria para la construcción de una experiencia colectiva en la que nos reconozcamos todos y todas.

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”

Edgar Chacón Morales

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”. Conclusiones y … realidades que hablan en las urnas

                El sábado 2 de abril hice públicas algunas reflexiones bajo el título: El voto “Qué me da” y el voto “Caperucita Roja”.

Hago esta mención, porque las reflexiones que siguen, están en relación directa con esas otras (https://wp.me/p6rfbZ-hC4).

                Según los resultados de las votaciones del 3 de abril y contadas las papeletas depositadas en más del 90 por ciento de las mesas electorales, estos escrutinios daban a Rodrigo Chaves por ganador. Chaves 972.397 votos, el 52.89% y a José María Figueres Olsen 865.227 votos, el 47.11%.

                Las tres provincias costeras: Guanacaste 53.443 votos a Figueres y 66.747 a Chaves; Puntarenas 57.920 votos a Figueres y 89.256 a Chaves y Limón 47.381 votos a Figueres y 80.665 a Chaves.

                Las provincias de la Gran Área Metropolitana: San José 330.583 votos a Figueres y 315.359 a Chaves; Alajuela 157.321 a Figueres y 204.796 a Chaves; Cartago 120.991 a Figueres y 112.067 a Chaves; Heredia 97.588 a Figueres y 103.507 a Chaves.

                Con estos conteos ya se daba por ganador a Chaves: En Alajuela y Heredia y a Figueres en San José y Cartago. Este último, sólo ganó en dos de las siete provincias del país y Chaves en cinco.

                Siguiendo con las estadísticas, con muy poca diferencia Figueres ganó en San José y Cartago. Con alrededor de quince mil votos en San José y con alrededor de ocho mil votos en Cartago. Mientras que Chaves ganó en Alajuela con una diferencia de alrededor de cincuenta mil votos y en Heredia con una diferencia de alrededor de seis mil votos.

                En las provincias costeras, Chaves ganó en Guanacaste con una diferencia de alrededor de trece mil votos; en Puntarenas con una diferencia de alrededor de treinta mil votos y en Limón con una diferencia de alrededor de treinta y tres mil votos.

                Entonces Chaves ganó en las tres provincias más empobrecidas, olvidadas y abandonadas, con más votos “Qué me da”, que con votos “Caperucita Roja”.

                Por otro lado, en las dos provincias de la GAM que ganó Chaves, sumadas las diferencias, son mayores que en las dos que ganó Figueres.

                El dato relevante acá, es que en las cuatro provincias es notorio el aumento de los signos de pobreza, los datos sobre falta de oportunidades, entre otras evidencias de deterioro social, por lo que tiene elementos de acierto decir que aquí, también el voto “Qué me da” le ganó al voto “Caperucita Roja”.

                Esto es la realidad objetiva. En cuanto a los factores subjetivos, los mensajes de Figueres al voto “Qué me da”, fueron más demagógicos y sin asidero. Mientras que los mensajes de Chaves hacían alusión a tomar medidas dirigidas a bajar los fondos del Estado que “se van” en la corrupción, para crear oportunidades a los sectores marginados, para dar opciones a acceder a algo más que sus tres necesidades básicas: comida, vestido y habitáculo. Y agregar acá, tal vez para algunos, celular y signos externos de marca.

                Según un servidor de transporte público de taxi: “Sí, es que la gente piensa, y se lo digo porque aquí se sube toda clase de gente: Si el dinero de la corrupción sólo va a dar al bolsillo de los ricos, mejor que roben pero que venga a dar algo a nosotros. Porque Chaves no es ninguna “santa paloma”, también va a robar”.

                El voto “Caperucita Roja”, con sus miedos, con el susto sobre que Chaves va a terminar siendo un dictador de bigotito corto y pelo alborotado, no aportó lo suficiente para un gane.

                Tampoco alcanzó el juego de algunos personajes de entrevista, de “medios de comunicación” (que no son medios porque no median) de aquellos canales unidireccionales o correas de transmisión que sólo llevan des información en un sentido; esos a los que con desatino les dicen “prensa vendida”, sin saber que no es vendida sino parte del festín.

                El voto tradicional de saga, con actitudes irreflexivas y desinformadas, se apresuró a degenerar refranes y dichos. Esta población, fue capaz de transformar el refrán “Mas vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, primero en “más vale lo malo conocido…” y luego en “más vale ladrón conocido…”, esto desde la primera vuelta del 6 de febrero, no sólo ante la disyuntiva Chaves-Figueres. La dignidad ciudadana parece que fue escondida por un miedo irracional, el conformismo, o el desinterés por informarse.

                Aquí llegan al recuerdo cosas como: “Es que mi abuelita me hizo jurar que no iba a botar por otro partido”, sin reflexionar que esos eran los tiempos de Don Pepe y del Calderón Guardismo y no los tiempos de los que, con sus actos, han permitido que les llamen “Pinocho”, “Chemisillo”, o hasta “el hijueputa”, como uno de ellos lo admite y de otros que ellos mismos han patrocinado para convertirlos en azotes, para toda la población, que no es parte de sus grupos.

                Recuérdese que cuando Figueres quiso evidenciar a Chaves como acosador, éste lo desnudó como agresor y abandónico.

                Veremos si Chaves le sigue la pista al negocio de la energía privada, negocio de Figueres y otros. Tal parece que no.

                Por otro lado, lo que para unos y para Chaves mismo parece “trapito de dominguear”, para otros es una vergüenza: funcionario del Banco Mundial, una organización nefasta para pueblos y países empobrecidos, en lo que, entre otros, este organismo tiene responsabilidad.

                Algo o mucho, parece decir que el tiempo del PLUSC, cuando familias tenían un miembro en cada partido, sin importar cuál gana, está terminando, ufff.

                Así también, el voto que le dio la pérdida a Figueres, es aquel voto de quienes ya están hartos de tanta corrupción y descaro y de otros que, con pragmatismo dicen: “Y para mí cuando”.

                Ahora bien: Tanto Figueres como Chaves, los dos fueron a ofrecerse y pedir votos, a los “demonios de la Ideología de género”, los dos parecen congeniar los mismos intereses de servidumbre y propia servidumbre, ya se fueron a buscar entre ellos y se hicieron ofrecimientos mutuos y ya parecen delinear el camino: ellos ganan y los demás perdemos.

                Tiempo para reflexionar: con la mayoría del voto “qué me da”, podría pensarse en un trabajo, para que sea protagonista y no sólo la mayoría manipulada que pone la mano en los procesos de votación.

                Al voto “Caperucita Roja”, le queda entender que el miedo no es el mejor motor.

                Al voto tradicional de zaga, le queda preguntarse y responderse: ¿va a la zaga de qué o de quiénes?

                En fin, según aquellas palabras de Joseph de Maistre: “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

Abril de 2022.