Comunidad y ASADA de Rancho Redondo alertan sobre posible afectación a fuentes de agua potable
Un grupo de personas vecinas usuarias de la ASADA de Rancho Redondo denunciaron nuevas actividades de tala en la cuenca alta del Río Durazno, una zona vital para el abastecimiento de agua potable de varias comunidades.
Según la denuncia presentada el sábado 22 de marzo ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), varios camiones fueron vistos transportando madera extraída de una zona cercana a las nacientes de agua que alimentan el río, aparentemente sin respetar las zonas de protección establecidas por ley.
«Siguen los camiones saliendo cargados de madera, no sabemos si es de una plantación de jaúl, pero según vecinas y vecinos se ha irrespetado la ribera del Río Durazno, una zona de protección acuífera», señala la denuncia dirigida al ministro Franz Tattenbach y al director de Aguas, Miguel Zeledón.
La comunidad solicita que se investigue si la extracción corresponde a una plantación legal y si se han respetado las disposiciones de la Ley Forestal 7575, la Ley de Aguas y otras normativas relacionadas con la protección ambiental.
Esta nueva denuncia se suma a otras dos presentadas anteriormente en la misma zona geográfica: una en Coronado y otra en la finca de los Bolaños en Guayabillos de Rancho Redondo.
Las personas denunciantes también expresaron preocupación por la lentitud en la atención de casos ambientales, señalando que funcionarios del ministerio les han informado que todavía están procesando denuncias del 2024.
«La escasez de agua y el calentamiento global ya llegaron», advierte la denuncia. Además, se expresa la preocupación de que estas actividades podrían comprometer aún más la disponibilidad del recurso hídrico en la región.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Ambiente ni la Dirección de Aguas habían respondido a la denuncia presentada por la comunidad.
Contraloría General de la República señala tendencia de anti-inversión y desmantelamiento internacional
SINAC tendrá recortes en contratación de personal y el país dejará de pagar membresías en instancias climáticas internacionales
Comunicado Bloque Verde / FECON.
Alarmante es la propuesta presupuestaria del gobierno de Rodrigo Chaves para el año que sigue. El ministro Franz Tatenbach es artífice y cómplice del desmantelamiento de la institucionalidad ambiental costarricense, el jerarca será recordado como el que le dio el tiro de gracias a las áreas de conservación.
Según al Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOS-MTR-00004-2022 para el 2023 el presupuesto inicial del MINAE se reduce en ¢711,6 millones con respecto al periodo 2022. Las partidas de gasto que presentan las mayores disminuciones entre 2022 y 2023 son las de transferencias corrientes y bienes duraderos, con -26,0% y -4,3% respectivamente.
Es además llamativo y preocupante que el Proyecto de Ley de Presupuesto no contemple el pago de varias membresías tales como la de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNCMCC), Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Poniendo en riesgo nuevamente el poco liderazgo ambiental internacional que le puede quedar a este país.
Aunque la tendencia de des-inversión tiene ya varios años la CGR señala intención de “anti-inversión”. Las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo del orden del 40% entre 2021 y 2022 y de 4,2% entre los años 2022 y 2023, lo que sugiere una tendencia anti inversión. La CGR señala que para 2023 se presenta un decrecimiento en bienes duraderos para 5 programas presupuestaros, siendo la Dirección de Aguas y FONAFIFO los que presentan mayores reducciones nominales. A su vez, para los casos de CONAGEBIO y Dirección de Aguas sucede por segundo año consecutivo. Asimismo, en tres de los programas presupuestarios no se incluyen recursos para “bienes duraderos” el Tribunal Ambiental Administrativo, Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y Regulación, Control y Fiscalización de Energía. Lo que reafirma la tendencia de des-inversión y desmantelamiento institucional llevada a cabo por Franz Tatenbach.
La CGR advierte que “las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo, lo que sugiere una tendencia anti-inversión. Para 2023 decrece esta partida en 5 programas presupuestarios y en otros 3 no se incluye este gasto”.
El Alcalde de Desamparados y candidato del PLN a diputado, Gilberth Jiménez Siles, recientemente publicó un espacio pagado en el medio LS Digital (https://fb.watch/aPYOdjZt7Y/ ), que raya en la más absoluta demagogia, mentira e ignorancia técnica, que comprobamos con algunas de sus frases.
“Minae ha rechazado el estudio de factibilidad para poder llevar a cabo la perforación de un pozo y oigalo (sic) donde iba a ser la planta gasificadora en Abejonal de León Cortés”. Esto demuestra un total desconocimiento y una inaceptable ignorancia por negligencia, pues no es el “MINAE”, si no la Dirección de Aguas del MINAE la que resuelve sobre un “permiso de perforación” y no sobre ninguna “factibilidad”. Al parecer, el Alcalde se lanzó sin ni siquiera haber leído el oficio DA-2050-2021.
Dice el Alcalde: “donde iba a ser la planta gasificadora” y “Con esto se da por concluido un proceso que nos tenía con gran preocupación, con gran incertidumbre y por supuesto que nos ocupábamos”. Es evidente que al Alcalde le sobran ignorancia técnica y falta de estudio. Esa resolución no “da por concluido” nada, pues son otras intancias las que resuelven en definitiva (Para más explicación: https://wp.me/p6rfbZ-h9d y https://www.facebook.com/319641188239974/posts/1907041042833306/ ).
En la misma línea agrega: “Hoy con gran satisfacción podemos decir que no es viable una planta gasificadora en Los Santos, en León Cortés, en Abejonal”. En realidad el Alcalde no tiene ningún derecho a decir nada, ni a sentir satisfacción, porque nunca ha tenido participación, y menos ayudado a quienes desde hace casi una década hemos frenado la gasificadora. Además, oculta que ese proyecto ha contado con el apoyo directo o solapado de la Administración municipal de León Cortés, que es de su mismo partido político.
Cuando el Alcalde dice “Tenemos que proteger nuestros mantos acuíferos” y” Gracias a todos los que nos han apoyado y los que también han hecho consciencia en proteger el medio ambiente”, muestra una hipocresía inusual, pues durante muchísimos años ha estado en contra y boicoteando a las comunidades y organizaciones sociales que luchan por salvar la Loma de Salitral en Desamparados. Y precisamente la Municipalidad ha sido el centro de esa disputa.
Esperamos que la inteligencia individual y colectiva del pueblo de San José, y sobre todo de los cantones que siempre hemos luchado contra la gasificadora (y muchos más proyectos), sin el apoyo de su Partido Liberación Nacional, impidan que este demagogo e ignorante, llegue a la Asamblea Legislativa, donde posiblemente magnificará su nefasto accionar.
Osvaldo Durán-Castro Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Un golpe letal recibió el proyecto de gasificación de residuos que la empresa Agropecuaria 7048 quiere construir en Los Santos, con la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, que le negó el permiso de perforación de un pozo para abastecerse de agua. Como se pudo comprobar, el sitio de la solicitud está dentro del área de protección de la naciente de la ASADA de Frailes de Desamparados. Anteriormente, otras ASADAS se habían negado a compartir su agua de uso comunitario con el proyecto privado de gasificación, y por eso la empresa intentó apropiarse del agua de Frailes.
Los riesgos para el agua de las comunidades han sido advertidos reiteradamente por la oposición a la gasificación, pero hasta ahora se obtuvo un veredicto de tanto peso para proteger el agua. El proyecto de gasificación que amenaza el agua, a los ecosistemas de la región, a todas las actividades agrícolas, productivas y de servicios, como el turismo, ha contado con el respaldo de la Administración municipal de León Cortés, que hasta ahora sigue desconociendo la oposición comunitaria y llegó a declararse “neutral”.
En el considerando quinto de la Resolución DA-2050-2021 se indica que “una vez realizado el análisis correspondiente se encontró que el punto de perforación se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”. La Dirección de Aguas del MINAE repite que, según la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, “Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.
Para las organizaciones sociales, empresas y personas de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, que por más de 7 años hemos mantenido oposición a las iniciativas de incineración y gasificación en Los Santos, queda confirmado que la empresa Agropecuaria 7048 sigue siendo totalmente irresponsable ya que pretendía una perforación “para uso consumo humano (doméstico- industrial) industrial (planta gasificadora de residuos sólidos municipales”, sin importar que el sitio está dentro del área de protección de una naciente, lo cual es verificable a simple vista. También, es claro que esta resolución es una casual más para el archivo definitivo del expediente de la gasificadora por parte de la Secretaría técnica nacional del ambiente (SETENA), petición que ya hicimos con base en las numerosas y severas debilidades técnicas del Estudio de impacto ambiental del proyecto, y la ausencia total de viabilidad social.
En el último documento de información para las comunidades emitido por el Grupo Ecologista León Cortés, la Asociación PROAL y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON: “GASIFICACIÓN EN LOS SANTOS. OPOSICIÓN DESDE LAS COMUNIDADES”, se explicó que en el área donde la empresa Agropecuaria 7048 pretende construir la planta gasificadora, hay varias nacientes inscritas ante la Dirección de Aguas pues son de consumo humano en varias comunidades.
Se explica, con base en el análisis del geógrafo Efrén Hernández Bonilla que “el cerro El Abejonal y sus alrededores presentan una topografía caracterizada por ser una zona montañosa con pendientes muy pronunciadas. Esto ocasiona que cualquier actividad constructiva e industrial que se realice en la zona alta, va tener una repercusión directa sobre cultivos y bosques en las áreas más bajas. Por eso es que la naciente de la ASADA de Frailes es una de la que está en mayor riesgo, y la empresa nunca aportó medidas técnicas claras y eficientes en el plan de Gestión Ambiental presentado en el Estudio de Impacto Ambiental…”.
Frailes es una de las comunidades que más acciones de oposición ha realizado desde que el proyecto se dio a conocer como “planta incineradora de basura”, y hasta la fecha se siguen realizando concurridas sesiones de información y organización para detener la construcción de la gasificadora, que es la nueva versión de la empresa. De acuerdo con Marco Antonio Calderón Quirós, Presidente de la ASADA de Frailes, el pasado 7 de setiembre de 2021 en reunión con AyA, confirmaron el peligro de la pretensión de la empresa y de inmediato interpusieron la denuncia en la plataforma SITADA. Ante la resolución el dirigente comunal indicó que “nos alienta porque estamos ganando una batalla y nos damos cuenta de cómo debemos proteger el agua y su área de recarga”. Para las comunidades “es muy bueno que el MINAE nos de la razón y nos ponga atención en esta lucha por el agua, que también favorece la creación de la nueva área silvestre protegida”, en los cerros El Abejonal, La Trinidad y La Roca que abastecen de agua a Frailes y otras comunidades como San Antonio y La Angostura en León Cortés y otras de Tarrazú.
Esa resolución DA-2050-2021 es fundamental para evitar la construcción de la gasificadora, pero es además resulta un nuevo y claro llamado de atención a toda la población ante “prácticas agrícolas que incluyen tala, anillado, envenenamiento de árboles y socolado o limpieza del sotobosque para sustituirlo por cultivos agrícolas”, que se presentan en la región, incluida la Reserva Forestal Los Santos, como lo expusimos en una nota del Movimiento Quercus/Dota a la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y al Instituto del Café (ICAFE) el 03 de abril 2021. A modo de ejemplo: en los primeros 8 meses del 2019 de las denuncias tramitadas en la Fiscalía de Los Santos, 95 (un 70% del total) fueron delitos ambientales, que incluían invasiones para cambio de uso del suelo en bosques y áreas de recarga y de protección de nacientes y contaminación directa o indirecta con químicos; según datos aportados por el Ministerio Público y el MINAE-Los Santos. De hecho, en el cerro El Abejonal donde se quiere instalar la gasificadora, y en los cerros La Trinidad y La Roca, los cambios de uso de suelo, que muchas veces implican talas y otras formas de destrucción de la cobertura forestal, y otros delitos ambientales contra la vida silvestre, son prácticas comunes y pocas veces sancionadas.
La resolución de la Dirección de Aguas está fechada el 3 de diciembre de 2021 y fue notificada a la ASADA de Frailes el 25 de enero de 2022. La empresa había solicitado la perforación el 23 de setiembre de 2021 (Expediente 21652-P, Dirección de Aguas). Las comunidades de los cantones León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, ahora mismo siguen implementando acciones de información y sustentando técnicamente nuevas oposiciones, mientras esperan las respuestas que en febrero 2022 la empresa debe presentar a la SETENA. De esas respuestas, según esa misma Secretaría, depende que se archive o no del expediente de la gasificadora.
