El lunes 6 de marzo el gobierno Ortega-Murillo a través del Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y también de todas sus cámaras agremiadas, en total, 18 organismos sin fines de lucro por incumplimiento, -según el Ministerio de Gobernación-, de las leyes que lo regulan.
Las cámaras canceladas fueron, Asociación Nicaragüense de la Industria Textil(ANITEC), Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), Cámara Nicaragüense de la Construcción, Asociación Cámara de la pesca de Nicaragua (CAPENIC), Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN), Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA), Cámara de Microfinanzas (ASOMIF), Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Las cámaras mencionadas anteriormente y 8 más formaban parte del Consejo Superior de la Empresa Privada(COSEP).
Dichas acciones repercuten en el ámbito social, político y económico.
Vladimir de la Cruz quién es historiador se refirió al respecto en una entrevista con Sergio Marín Cornavaca, en donde menciona que, en Nicaragua y Costa Rica por el régimen económico que tienen, el sector privado es relevante y clave en el proceso de desarrollo y en el proceso de la economía por la gestación de fuentes de empleo, por lo que concluye que si la situación de Nicaragua continúa por esa ruta, Estados Unidos podría cerrar mercados, entre otras posibles consecuencias y la economía del país se vendría al suelo.
La Cátedra de Estudios de África y el Caribe organiza la conferencia “Sobras en el sistema: muerte y regeneración en la economía haitiana del carbón vegetal” con el expositor: el Dr. Rodrigo C. Bulamah de la Universidad Federal de São Paulo, quien es un antropólogo social y becario de la Fundación São Paulo (FAPESP) en la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp). Actualmente investiga en el interfaz entre historia y antropología, la vida tecnopolítica y afectiva de la fabricación de carbón vegetal en Haití y sus conexiones con las prácticas ecológicas regenerativas. Le interesan los debates acerca de las ruinas, los nuevos estudios sobre plantaciones, las relaciones entre humanos y animales, la esclavización y la revolución. Este año, en 2023 se incorporará al Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) como Profesor Asociado de Teoría Antropológica.
La conferencia será el cabo el lunes 13 de febrero de 2023 a las 2:00 p.m., en la sala de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Costa Rica, y será también transmitido en vivo en la plataforma de Facebook Live de la página de Cátedra de Estudios de África y el Caribe.
Como tema central y en resumen de la conferencia se hablará sobre el carbón vegetal y la leña; estos representan la base del sistema energético haitiano, se calcula que el 70% de la demanda energética en Haití se abastece de dicho combustible. La producción de carbón vegetal es presentada por los grupos de élite nacional y por las agencias humanitarias mundiales como irracional y causante de una deforestación supuestamente incontrolada en dicho país. La cadena del carbón vegetal está mediada por técnicas y afectos que implican procesos vitales, como los regímenes de propiedad y herencia, cálculos económicos y ecológicos, la agencia de los espíritus que habitan los árboles y otros elementos del paisaje. Por tanto, el Doctor se centrará en los restos de la economía del carbón vegetal y sus conexiones con los conceptos locales de la vida y la muerte, además de debatir cómo se cultiva localmente la esperanza y cómo se vislumbran nuevos futuros agrarios.
Información compartida con SURCOS por Vania Solano Laclé.
La baja del dólar contribuye a la reducción del precio de los combustibles, lo cual libera poder adquisitivo que la gente podría utilizar incrementando sus compras de consumo, a la vez que ello alivia los costos de las empresas. Y, sin embargo, es muy posible que el efecto estimulante que ello pudiera tener, es mucho menor de lo que, de entrada, podría creerse, puesto que, con mucha seguridad, una parte significativa de esa mayor demanda se desviará hacia las importaciones.
El caso es que la revalorización del colón frente al dólar no solo afecta la competitividad de las exportaciones y del turismo, sino que, asimismo, golpea a todas las actividades económicas que producen mercancías -desde las galletas y detergentes a los frijoles y el calzado- que compiten con productos importados. No esperemos que estos últimos tengan una gran rebaja, puesto que el comercio importador es un negocio controlado por oligopolios que están en posición de manipular los precios. Basta, en todo caso, con llevar las cosas a un nivel que ponga en aprietos a los productores nacionales y les robe mercado, hasta, eventualmente, sacarlos del juego.
Al abaratarse las importaciones, se abaratan no solo bienes importados que las personas consumimos, sino también insumos que las empresas requieren para producir. Resulta entonces que insumos que podrían producirse en el país, se importarán, lo que impide que se desarrollen nexos entre los diversos sectores productivos. Ello simplemente agrava el viejo problema del desmembramiento de la economía: no hay encadenamientos y, entonces, el sistema productivo costarricense, termina convertido en una tela deshilachada. Un ejemplo para ilustrar este punto: recientemente Dos Pinos anunció que sacará al mercado nacional una nueva marca de galletas. Solo que… las galletas no se producirán en Costa Rica.
Todo esto reduce sustancialmente, tanto el dinamismo de la economía como la generación de empleos.
La revalorización del colón frente al dólar es un problema viejo. Empezó a manifestarse en 2008, y se cronificó a partir de 2010. Lo acaecido en el último semestre ha sido, sin embargo, un movimiento abrupto, nunca visto antes.
Es necesario entender que la tasa de cambio colón-dólar es un precio demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado. Necesitamos que sea estable y realista, sin movimiento descontrolados ni hacia arriba ni hacia abajo.
Y en cuanto a la revalorización crónica del colón, la única forma saludable y sostenible de resolverla es mediante una política industrial, destinada a elevar la productividad y modernizar y diversificar la economía. Lamentablemente eso está totalmente ausente de la agenda política nacional.
Según la encuesta del INEC sobre microempresas (año 2022), en Costa Rica hay cerca de 411 mil empresitas de este tipo. Son emprendimientos minúsculos: en el 75,5% de los casos, solo hay una persona laborando; en un 12,5% adicional, hay dos personas. O sea: el 88% de estas microempresas emplean solamente una o dos personas (incluyendo a la persona dueña).
En total, proveen empleo a poco más de 647 mil personas, lo que nos da un promedio de 1,57 empleos por cada microempresa. Representan aproximadamente el 30% del empleo total en Costa Rica. Eso significa que aportan 5,4 veces el número de empleos que proveen las zonas francas.
Estas últimas, como sabemos, gozan de toda clase de privilegios. Las microempresas, en cambio, deben bregar con condiciones extremadamente adversas y limitantes.
Cierto que cuentan a su favor con una retórica de lo más florida y corronga. Políticos, cámaras empresariales, prensa. Nadie desea contener su exuberancia verbal, si de las microempresas se trata. Pero, en la práctica, su pan de cada día es el abandono y el olvido. Incluso la banca de desarrollo, es, para ellas, solo un cuento de hadas.
Puede que algunas sean exportadoras. Pero, con toda seguridad, la enorme, enorme mayoría, están orientadas hacia el mercado interno. Y ese mercado interno se les vuelve cada día más hostil. Primero, porque está sometido a fuertes presiones restrictivas: el sector público bajo el amarre asfixiante de la regla fiscal, y los salarios que, por todo lado, van en caída libre. Súmele que las importaciones entran cada vez más baratas y gozan de toda clase de graciosas concesiones.
Son, con gran diferencia, empresitas informales (el 98,3% no están inscritas; el 80,5% ni siquiera llevan registros contables; el 99,0% no tienen un salario fijo asignado). Los ricos de Costa Rica dicen que, por ser informales, son “evasoras” de impuestos. Bonita manera de criminalizar a quien lucha cotidianamente para no morirse de hambre. Bonita manera, asimismo, de encubrir sus indecentes y carísimas “ingenierías financieras”, gracias a las cuales se “ahorran” en forma “legal” el pago de muchísimos miles de millones en impuestos.
En las microempresas trabajan básicamente personas con bajo nivel educativo (43,9% solo tiene primaria; un 86,3% jamás hizo estudios universitarios). Recuérdese que Costa Rica es un país donde, desde hace muchos años, y hasta hoy día, se decidió que las personas que no cumplen con los requisitos que solicitan las transnacionales de zona franca, no tienen derecho a trabajar. Pues, vea usted, esas son las personas que están en las microempresas.
En conclusión: las microempresas son el último hilito de esperanza al que se aferran centenares de miles de personas, para no caer en el desempleo. Ni más ni menos. De otra forma, las tasas de desempleo fácilmente se triplicarían, hasta sobrepasar cómodamente el umbral del 30%.
Todo esto nos confirma dos cosas: el ruidoso fracaso del modelo de desarrollo vigente, y la absoluta falsedad de la retórica hueca de los gobiernos.
Lo de si un país es caro o barato, es, en mucho, un asunto relativo. Pongámoslo así: supóngase un país F donde el kilo de arroz vale el equivalente a ₡1000 y otro país G en el cual vale ₡500. O sea: parece que el arroz es el doble de caro en F. Supóngase, además, que el salario promedio mensual en F es ₡100.000, mientras en G es ₡5.000. Así las cosas, el arroz resulta realmente más barato en F que en G, puesto que en el primero una persona que gane el salario promedio podrá adquirir hasta 100 kilos de arroz, mientras en el segundo solo 10 kilos.
Decimos habitualmente que Costa Rica es un país caro. Y hay sectores en que posiblemente sí lo es, sobre todo ahí donde predominan estructuras de mercado dominadas por un pequeño grupo de empresas oligopólicas. Sucede seguramente con los medicamentos, y posiblemente también con alimentos tan básicos como el frijol. En ambos casos estamos en manos de un pequeño grupo de empresas importadoras. Gracias a los desatinos de Rodrigo Chaves, probablemente hacia ahí irá también el arroz.
Si uno hace comparaciones con base en parámetros internacionales estandarizados, observaremos que no es cierto que somos un país caro. Hice un pequeño ejercicio de ese tipo con una muestra de 13 países: desde Noruega, con el PIB por habitante más alto, hasta Nicaragua, con el más bajo. Nicaragua y Honduras son primero y segundo entre los más baratos; Costa Rica, el quinto más barato. Noruega el más caro de todos.
Y, sin embargo, Noruega es, con mucho, el país que tiene el más alto nivel de vida en ese grupo de 13 países. Es el más caro, y, sin embargo, y paradójicamente, es también el más barato, en el sentido de que su población tiene posibilidades de mayor confort material.
El tema es, a fin de cuentas, un asunto de mayor productividad de la economía, con base en lo cual lograr mayores niveles de ingreso y un nivel de vida más elevado. Pero, si queremos meter el bisturí más a fondo, también es un asunto de equidad distributiva, ya que, como ocurre con algunos países petroleros, poco se gana con un alto PIB, si todo queda en manos de una monarquía de jeques. Y también en ese particular, Noruega tiene una gran ventaja, puesto que es uno de los países más igualitarios del mundo.
¿Por qué sentimos que somos un país caro? Dicho de forma muy simplificada, la razón es la siguiente: no es tanto que los precios sean altos, sino que los ingresos de la población son bajos. O sea: es un caso como el del país G que mencioné en el primer párrafo. Y siendo que Noruega tiene un nivel de precios bastante más alto que el de Costa Rica, también tiene un nivel de vida muy superior. Y eso es posible, porque su productividad promedio es mucho más alta.
Por cierto, nada de esto se resuelve con “apps” para comparar precios.
Ayer terminó el campeonato de fútbol de la primera división en nuestro país. Podría ser intrascendente esa noticia, sin embargo, por lo que representa el fútbol en la economía del país no puede pasar inadvertida.
Después de la pandemia, los estadios volvieron a estar llenos, para el fútbol y para todos los deportes. Eso implica que el dinero se está moviendo y que la economía en general está en funcionamiento.
Pero también el deporte y en este caso el fútbol nos da enseñanzas importantes para la vida. No son solamente la táctica y la estrategia que podamos establecer para lograr un objetivo, sino y especialmente hay que tomar en cuenta el esfuerzo, la dedicación, la pasión y el pundonor. La táctica y la estrategia se pueden caer con tan sólo un incidente que haga perder a un jugador. Pero si a pesar de que haya superioridad numérica las cosas no se hacen con esa pasión y esfuerzo, simplemente quedan en el camino sin lograr el propósito.
Ayer el Deportivo Saprissa pese a ser el equipo con menos jugadores en la cancha fue el equipo que derrochó coraje y pasión y por eso logró el objetivo a pesar de perder el juego.
No cabe duda de que la mayoría creímos que ante la expulsión de un jugador que ha sido esencial para Saprissa, Heredia lograría el objetivo que no era solamente ganar, sino que tenía que hacerlo por más de dos goles, sin embargo, la falta de orden del Herediano y la garra y fuerza del Saprissa con cambios oportunos y acertados, nos hizo equivocarnos a todos. Saprissa lo logró.
Felicidades a la Junta Directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición del Deportivo Saprissa, y ojalá, los demás equipos hayan aprendido algo de lo mucho que mostró este equipo ahora campeón.
Ahora viene el campeonato mundial en Qatar 2022, Dios quiera que nuestra selección haga un papel decoroso y que los seleccionados pongan el empeño, la pasión y el esfuerzo por lograrlo.
Inicios de los años ochenta del pasado siglo: la elevación, a niveles récord, de las tasas de interés en el mundo, gatilló la crisis de la deuda externa, en América Latina -incluida Costa Rica- y en otros países del sur, especialmente en África. Vinieron entonces los “programas de ajuste estructural”, y, con estos, la “década perdida de América Latina”, según el concepto que la CEPAL formuló para designar la devastación ocasionada.
Año 1989: el economista británico John Williamson propone el concepto “Consenso de Washington” para designar ese pernicioso conjunto de políticas estandarizadas que, bajo el epígrafe de “ajuste estructural”, le habían sido impuestas a los países endeudados del sur, especialmente nuestro América Latina. El término hacía referencia al hecho de que esas políticas eran promovidas, y de hecho impuestas, por tres organizaciones cuya sede principal está en Washington: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. Williamson lo dejó planteado como un conjunto de diez políticas de inequívoca inspiración neoliberal.
Años noventa: favorecida por la caída del muro de Berlín, el derrumbe del socialismo real y la agresiva globalización de la economía mundial, la propuesta neoliberal, convertida en poderosa marejada, arrasa por doquier en América Latina. Salinas de Gortari en México, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú son las figuras más descollantes. Privatizaciones masivas, total liberalización de los capitales, desregulación financiera. En Costa Rica, Calderón Fournier y Figueres Olsen también lo intentan, pero la resistencia de los movimientos sociales solo les permite un avance parcial de su agenda.
Así, los noventas fueron una segunda década pérdida, cuya herencia fue sociedades aún más desiguales y violentas.
Las experiencias de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y centroizquierda en el nuevo siglo, dejan un legado heterogéneo: algunas relativamente exitosas (el Brasil del PT, pero, sobre todo, el Uruguay del Frente Amplio); otros con una mixtura de logros y desaciertos (Ecuador, Bolivia, inclusive la Argentina de Cristina y Kirchner). Otros, simplemente fallidos.
Y en lo que a Costa Rica compete, entramos, a partir de 2009, en una crisis que se cronificó. La crisis pasó a ser normalidad, y no ruptura momentánea de esa normalidad. Quienes pensábamos que eso podía resultar terreno fértil para la emergencia de algún “outsider” con aires de redentor, tristemente acertamos.
El “outsider” llegó, vio y ganó. Y con él, un programa que reproduce en Costa Rica la experiencia latinoamericana de los noventa: una propuesta neoliberal extremista y autoritaria.
Misma propuesta, dije. Y, con seguridad, los mismos nefastos resultados.
Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su página de Facebook.
Franz Hinkelammert es teólogo y economista, graduado en Berlín, Alemania. Reside desde hace varias décadas en Costa Rica. Sus numerosos aportes transitan por una crítica a la economía, a la política y a la religión. Su discurso dibuja una ética, cuya máxima es la vida. Introduce categorías de estudio y análisis que promueven una ética material, que asegura las condiciones para la reproducción para La Vida Humana.
En su libro, “Lo indispensable es inútil: hacia una espiritualidad de la liberación”, se abarcan temas importantes como lo son los derechos humanos, la globalización y el neoliberalismo, los mecanismos de funcionamiento, la eficiencia y la banalización del mundo, entre otros; asimismo, el libro fue publicado por la Editorial Arlekín, en el 2012.
A continuación se adjunta el pdf del libro, para todos los interesados en el tema.
M. Sc. Rodrigo Arias López, actuario matemático y docente pensionado de la UCR.
Especial: El envejecimiento en Costa Rica
El mal manejo de fondos y reservas del Seguro Social amenaza el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Y el excedente de casi un billón de colones del Seguro Social es usado por la CCSS para financiar programas de salud que son responsabilidad del Estado
Si las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (gerentes y mandos medios), los gobiernos de turno y los ministros de Hacienda hubiesen respetado el ordenamiento constitucional y legal en la gestión de los seguros y programas de seguridad social que dirigen y administran, la Caja tendría hoy una enorme solidez financiera. Para ser exactos, más de ₡58 billones en reservas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y una holgada postura financiera en el Seguro de Salud (SEM). Solo como ejemplo:
La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria que le cuestan a la CCSS ₡400 000 millones por año. Sin embargo, la CCSS solo le cobra al Estado una quinceava parte de ese monto. A esto se suma que los Gobiernos se han negado a pagar tal deuda, a pesar de que la misma ley ordena su pago total mensualmente.
La Ley 5905 de 1976 le ordenó a la Caja brindar atención médica (prestación de servicios de salud) a todos los pensionados del país, que hoy son más de 500 000. Esta normativa disponía que, si faltaba dinero para esta atención, este debía ser aportado por el Estado. Hasta la fecha, los políticos de la CCSS se han negado a facturarle al Estado un monto anual de ₡200 000 millones de déficit que tiene dicho régimen de salud. Si alguien tiene dudas, puede preguntarle a su gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, si eso se le cobra al Estado.
La Ley 5349 de 1973 (entre otras) obligó a la CCSS a atender a todas las personas sin seguro (cobertura médica). Para esto, trasladó también las fuentes de financiamiento para que no se tocaran los fondos y reservas del Seguro Social (seguro de salud y pensiones de los trabajadores asalariados asegurados y sus familias), tal y como lo ordena el artículo 73 de la Constitución Política. Sin embargo, la CCSS invierte un monto anual de ₡500 000 millones en este programa de salud (Ley 5349), aunque solo recibe del Gobierno ₡240 000 millones de ingresos anuales, que no son ni la mitad.
El camino cómodo e irresponsable que encontraron los políticos de la Caja y de los Gobiernos fue tomar los fondos y reservas del Seguro Social, lo cual viola el artículo 73 de la Carta Magna y los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS. No les importó que eso llevara a la quiebra al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya reserva actual es de apenas ₡3 billones, y que esto afectara a tres millones de afiliados y pensionados del IVM.
Estos ruines, en su afán de equilibrar a toda costa los gastos de IVM con los ingresos sin detener el desvío de fondos, se confiaron en que podrían seguir mintiendo, culpando a las personas por vivir unos años más. Por eso, planearon las siguientes acciones:
Aumentar las edades de retiro —como ya lo hicieron— con vigencia a partir del año 2024 y con la advertencia de que lo tendrán que repetir en el mediano plazo.
Bajar los poquitos beneficios que les quedaban a los cotizantes de IVM, algo que también hicieron recientemente y lo volverán a hacer.
Permitir que las pensiones pierdan su valor adquisitivo, como lo vienen haciendo desde el 2019 (más de 150 000 personas beneficiadas con el IVM reciben una pequeña pensión de ₡142 000, ya devaluada un 12 %).
Seguir aumentando las tasas de cotización, principalmente de trabajadores asalariados, como lo hicieron en el 2017 y lo repetirán en los próximos años.
Todo lo anterior permitió que el Estado se diera el lujo de acumular una deuda con la CCSS de casi ₡3 billones, sin contar los ₡6 billones en disputa de la Ley 7374. Con esto, se sacrifica a los pensionados, a los que están próximos a pensionarse y hasta a las nuevas generaciones de cotizantes.
En el siguiente cuadro, elaborado con cifras del último estudio actuarial oficialmente conocido del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) hecho por la Caja, el monto de ₡1 767 724 millones de ingresos corresponde a un 15 % sobre la masa salarial de los trabajadores asalariados (del total de sueldos reportados por patronos públicos y privados) que cobra la CCSS. Empero, para este fin solo se requieren ₡842 877 millones, el excedente de ₡924 987 millones lo debieron ingresar a la reserva de IVM. Pero no lo hicieron, sino que lo utilizaron para cubrir obligaciones del Estado antes anotadas, acción con la cual vulneran la Constitución y la Ley Constitutiva de la Caja.
Cuadro 1. Balance del SEM, año 2018, en millones de colones
Modalidad de aseguramiento
Ingresos
Gastos
Excedente
Asalariados
1 767 724
842 877
924 847
Pensionados
273 873
452 275
178 403
Estado y no asegurados
248 975
513 949
264 974
Independientes y voluntarios
199 180
246 696
47 515
Total
2 489 752
2 055 797
433 955
Reitero, en el 2018, el excedente de ₡924 847 millones debió corresponder al Seguro IVM y representó ni más ni menos que un 7,89 % sobre los salarios, según la estimación oficial de la CCSS. Como es conocido, la Caja recauda para el Seguro Social de patronos, trabajadores y Estado un 25,66 % sobre la planilla de salarios, que según la Ley N°17 debe dividirse con criterio actuarial en 7,11 % para el SEM y 18,55 % para el IVM. Sin embargo, la CCSS traslada solo un 15 % al SEM y un 10,66 % al IVM, lo que explica la crisis de este seguro.
El gerente de Pensiones Jaime Barrantes Espinoza y los nueve directores de la Junta Directiva de la CCSS, presuntamente, no se enteraron de que ese excedente debió reforzar la raquítica reserva de IVM. Los abogados de la Dirección Jurídica de la CCSS, entre ellos Mariana Ovares Aguilar, Luis Guillermo Mata Campos y Gilbert Alfaro Morales, niegan conocer ese «elefante», a pesar de que “la Dirección Jurídica de la CCSS es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal”. Entonces, cuando “en país de ciegos, el tuerto es rey”, es muy probable que solo Gustavo Picado Chacón y Luis Guillermo López Vargas, gurúes de las finanzas de la Caja, sean los únicos que conocen al paquidermo; pero también se hacen los «zorros» o los «rusos», como decimos los ticos.
El desvío histórico promedio de fondos del IVM equivale a un 7,5 % sobre los salarios y ocurre desde hace más de 50 años. En la década de 1970 no solo desviaban los ingresos de las cuotas del IVM hacia el Seguro de Salud, sino también las reservas ya constituidas, y se terminaba prestando al Estado los saldos sin intereses o a tasas reales negativas (empeorando el cuadro). Todas estas acciones, entre otras, ocasionaron que el IVM no disponga hoy de casi ₡59 billones en su reserva.
Cuadro 2. Monto de reservas que no pudo obtener el IVM
Concepto o rubro
Millones
Desvío de fondos del seguro IVM
₡ 43 344 772
Malas inversiones realizadas en el período 1975-1991
₡ 5 207 730
Artículo 9 de la Ley 7374 (el costo en salud sería inferior al 7,11 %)
₡ 5 211 351
Incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva
₡ 3 595 584
Artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador
₡ 973 713
Deuda del Estado con IVM (oficio GF-DFC-0901-2021)
₡ 420 586
Total
₡ 58 753 736
No faltará quienes argumenten que ese gigantesco monto no ingresado al IVM era necesario para ayudar a la debilitada situación fiscal del Estado. Sin embargo, se puede observar que la deuda pública estatal es cancelada puntualmente, incluyendo cada centavo del monto principal e intereses.
Asimismo, vimos la fiesta que se ha creado con dineros públicos, lo cual ha generado regímenes de pensiones de lujo, con retiro juvenil desde la edad de 40 años y con el 100 % del salario más alto como pensión.
También observamos cómo establecieron subsidios y beneficios a grandes cafetaleros, arroceros, exportadores y otros grupos, así como les permiten o facilitan a empresarios y a trabajadores independientes evadir más de ₡2 billones de impuestos por año, mientras reducen cada vez más los fondos de los programas sociales que ayudan a la población más vulnerable de nuestro país.
M. Sc. Rodrigo Arias López Actuario matemático y docente pensionado de la UCR
Ante la situación de crisis multidimensional en Centroamérica y de incertidumbre en la posición de esta región en las agendas políticas internacionales, un conjunto de instituciones académicas y académicos e intelectuales interesados en la región centroamericana, se han organizado para lanzar la Red Académica Iniciativa Centroamérica (Red ICA), una red colaborativa que persigue promover una agenda de investigación innovadora sobre Centroamérica, caracterizada por un enfoque multidisciplinario, histórico, comparativo y de economía política.
Las quince instituciones que inicialmente se han unido en esta iniciativa participarán de manera flexible, en función de sus intereses, planes de trabajo y de sus agendas de investigación y difusión. La Red ICA comenzará su actividad con un programa colaborativo de Investigación y Difusión de Conocimiento sobre Centroamérica, que tendrá una duración de tres años. Este programa se centrará en nuevas interpretaciones sobre el desarrollo social de Centroamérica en el siglo XXI, con el objeto de elaborar propuestas que ayuden a superar la crisis multicausal y multidimensional que enfrenta la región, abonen a la construcción de acuerdos sociales y políticos entre los centroamericanos y centroamericanas y a la elaboración de proyectos de cambio social transformadores y contribuyan a actualizar y fortalecer las estrategias de cooperación internacional hacia la región.
Una comunidad académica e intelectual para avanzar en los retos de Centroamérica
Centroamérica se encuentra en una crisis multicausal y multidimensional que amenaza la recuperación pos pandemia y que conlleva el riesgo de volverse aún menos relevante para las agendas políticas internacionales. Además, posee pocos apoyos políticos externos y un notable déficit de propuestas para enfrentar la crisis, para retomar el camino democrático y para lograr el desarrollo social.
La comunidad académica e intelectual interesada en Centroamérica tiene el enorme reto de generar y difundir conocimiento nuevo sobre la región y de elaborar propuestas realistas y creativas que sirvan para que los gobiernos y las sociedades centroamericanas recuperen el diálogo y avancen en el establecimiento de acuerdos sociales y políticos que permitan superar la crisis y sentar las bases para construir sociedades más justas y democráticas y para que la comunidad internacional defina nuevas estrategias de cooperación hacia la región. Se plantea elaborar nuevos abordajes conceptuales y metodológicos, capaces de dar cuenta de la nueva realidad centroamericana en sus diferentes dimensiones.
