Lo sucedido en Ecuador con relación al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio es muy lamentable.
Ese asesinato es tan solo una pequeña parte de la violencia que vive Ecuador y quizá sea importante entender que en realidad son varios tipos de violencia.
La política es la que une los dos extremos, es decir, la violencia que genera el narcotráfico y la violencia civil que se ha trasladado a centro penitenciarios.
El candidato presidencial no es el único político asesinado, en julio pasado el alcalde de Manta también fue asesinado y junto a él y como un daño colateral fue se sumada una joven deportista que en el momento menos oportuno se le acercó para pedirle ayuda. Muy lamentable.
Es alarmante la cantidad de muertes que han ocurrido este año, 3.568 personas asesinadas en el primer semestre de 2023. El 79% ligadas al narcotráfico.
Lo que sucede en Ecuador debe ser un llamado de atención para todos los países latinoamericanos. Ya Colombia vivió ese tipo de violencia hace algunos años y de igual forma candidatos fueron asesinados. Debemos echar para nuestro saco y entendamos que cuando la política se corrompe deja de ser política y se convierte en cómplice de los crímenes que se cometen.
Precisamente tenemos una situación alarmante en relación con la cantidad de crímenes, homicidios que estamos teniendo y es muy probable que un porcentaje bastante elevado estén ligados al narcotráfico.
Cuidemos nuestras democracias y no permitamos que se nos vaya de las manos por elecciones contrarias a lo que verdaderamente necesita el país y también las municipalidades.
Dios quiera que la situación de Ecuador se calme y puedan tener las elecciones el próximo 20 de agosto, aún y a pesar de la ausencia de Villavicencio.
Abrazo solidario a todos y en especial a los ecuatorianos.
El tétrico millonario banquero, exitoso evasor de impuestos, Guillermo Lasso, quien había intentado por tres veces, en 2013 y 2017, llegar al poder absoluto en Ecuador, finalmente inicia la presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo del 2021.
Primero, Lasso, como banquero y candidato a la presidencia de Ecuador, violó e incumplió con la Ley de Pacto Ético ecuatoriana, que prohíbe a los aspirantes a un cargo público tener vínculos con paraísos fiscales.
Segundo, en una de las empresas fuera de Ecuador, del multimillonario financiero, una de sus empresas históricas es Banisi Holding S.A., con sede en Panamá. El Banisi Holding es propiedad del Banco de Guayaquil, matriz de la fortuna de Lasso desde los años 1990. En el directorio del Holding, se encuentran sus hijos, Juan Emilio Lasso Alcívar, que figura como director y presidente ejecutivo, y Santiago Lasso Alcívar con los cargos de Director y Presidente de la Junta Directiva. Este lazo familiar es una expresa violación de la Ley del Pacto Ético, promulgada luego del referendo de 2017 en Ecuador.
Tercero, como descubrió la periodista argentina Cynthia García, los negocios en el exterior de Lasso comienzan a inflarse, desde 1970, y luego en 1999-2002, a raíz del feriado bancario del año 2000 en Ecuador. La fortuna de Lasso pasó de 1 millón, a 31 millones de dólares, a través de la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario.
Cuarto, el Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, fue uno de los bancos que mayor cantidad de (bonos) Certificados de Depósito Reprogramados (CDRs) canjeó, esto quiere decir que se aprovechó de las necesidades de la gente para incrementar su fortuna. Esto convierte a Lasso en cómplice de la peor crisis económica del país, pues se benefició del salvataje bancario.
Quinto, en la cartera central, fuera de Ecuador de Lasso, el Banisi Holding constituido por 49 firmas en el extranjero, le permitieron ganancias a Lasso de hasta el 3000 por ciento, desde 2015.
Sexto, su banco de Guayaquil, ha sido uno de los principales beneficiarios de un sistema que ahoga el crecimiento económico nacional de Ecuador, en 2019, uno de los peores años de la historia reciente del país, aumentó sus ganancias en un 17 por ciento. Ni la pandemia contuvo la fiebre ganadora del banco. En los primeros ocho meses del 2020, sus ingresos por intereses aumentaron en un 26 por ciento respecto al récord que había registrado el año previo.
Séptimo, Guillermo Lasso fue el único candidato que representa a los banqueros y empresarios de las cámaras de la producción. Estos sectores, de los más atrasados en América Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso económico con bienestar humano, lo confunden como simple éxito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiará los beneficios colectivos, algo que históricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal “modelo” solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio político de las élites y el abismo en el reparto de la riqueza.
Octavo, ya desde 2017 y mucho antes, el mañoso banquero se ha negado a dar explicaciones sobre sus negocios financieros. Guillermo Lasso, sus hijos y allegados tendrían empresas en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, Panamá, Delaware y en Florida.
Noveno, el colmo del cinismo, es que, en uno de sus discursos, dijo: “vivimos la dictadura de un partido político, integrado mayormente por aquellos corruptos que se llevan dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido, y que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano”, en referencia al proyecto que lideró Rafael Correa, pero es como si hablara de sí mismo.
Como dice un dicho popular, todo tramposo y ladrón, es mentiroso; este alude a una de las tantas promesas de campaña de Lasso, cuando alguna vez ofreció “crear un millón de empleos” en cuatro años, cuando otros ofrecieron, 800.000, 470.000 y 250.000.
Por otro lado, su gestion en Ecuador, podemos resumirla así:
Las autoridades ecuatorianas (policía, fuerzas armadas y gobierno) están en una violación flagrante de los Derechos Humanos, reprimiendo, a los indígenas del Ecuador, aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y a las que se han ido sumando otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas, sindicatos, entre otros.
La CONAIE, La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, entre otras, han solicitado las siguientes reivindicaciones:
Congelación de los precios de los combustibles y dirigir subsidios para los sectores más vulnerables.
La prórroga de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y el perdón para pequeños y medianos productores, los precios justos en los productos del campo, el impuesto agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio.
Generación de empleo, regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicatos y organización de la clase trabajadora.
La espera a la expansión de la frontera extractiva, petrolera y minera, y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales.
El respeto a los derechos colectivos logrados, la prohibición de la privatización de sectores estratégicos.
Las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad.
La garantía del acceso a la educación superior, y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud.
Afrontar la inseguridad, expresada en el aumento de la violencia, con altos índices de criminalidad, expresada en las ciudades y cárceles del país, especialmente a sectores indígenas.
Todas estas políticas erradas son impulsadas por el presidente Guillermo Lasso, quien gobierna a Ecuador acompañado de un cártel bancario. Según la profesora Adoración Guamán, «El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondo monetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación, al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer«.
No es nada extraño entonces que, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolviera el Parlamento para evitar su posible destitución. La decisión implica la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. El mandatario elude así el juicio político en su contra, por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa estatal.
La acusación en sí es por un presunto delito de malversación, al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos, seis millones de dólares.
Por primera vez en la historia de Ecuador, Lasso decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio, que podría provocar su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción, había provocado una “grave crisis política”. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante seis meses. En ese tiempo se espera que anuncie si aspira a la reelección.
El mandatario tomó esta decisión drástica para frenar el proceso en su contra. Acaban así dos años de mandato del político conservador que ha acabado acorralado. En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso ha preferido invocar la figura constitucional de muerte cruzada, que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Además, le deja una puerta abierta a presentarse en las próximas elecciones.
La figura de «Muerte cruzada«, implica la finalización de mandato tanto de los miembros del Poder Legislativo (cierre de la Asamblea) como del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral deberá llamar dentro de los próximos siete días para realizar una nueva elección en 90 días; pero mientras tanto, durante seis meses, Lasso gobernará por decreto. Para justificar la medida la encuadró en situación de «conmoción social interna», lo cual fue rechazado por una parte de la oposición.
Y es que, la Constitución de Ecuador, establece tres causales para que el Poder Ejecutivo pueda activar el mecanismo de muerte cruzada: a) Si la Asamblea se atribuye funciones que no le competen legalmente. B) Si de forma reiterada e injustificada el poder legislativo obstruye la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo que establece políticas públicas. C) Por una grave crisis política y conmoción interna. Esta última fue la causal invocada por Lasso este 17 de mayo 2023.
La premura de Lasso al disolver el parlamento ecuatoriano, por un lado, podría permitir la aprobación de varios decretos de Ley que no fueron aprobados por la asamblea legislativa y que ahora, por medio de su gobierno interino lo podría hacer, los decretos leyes son:
La reforma legal enfocada en el sector petrolero. Uno de los cambios apuntaba a que Petroecuador pueda delegar a la inversión privada sus campos en producción. Estos decretos fueron declaradas inconstitucionales en octubre de 2022.
La creación de zonas francas que benefician al sector privado.
La reforma (privatización) al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Lasso también intentó hacer cambios laborales y en septiembre de 2021 cuando presentó a la Asamblea Nacional la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal. En su capítulo laboral, proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo. El Legislativo devolvió el proyecto al Ejecutivo sin aprobarlo. Sin embargo, el Ministro de Trabajo se refirió a la necesidad de desburocratizar y avanzar ahora con esas reformas.
La ley de incentivos a la inversión privada, que promociona la asociación pública privada y avanzar con privatizaciones en telecomunicaciones.
En síntesis, el presidente Guillermo Lasso da un cobarde autogolpe de Estado, con ayuda de la policía y las fuerzas armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Además, es un auto golpe para avanzar con el neoliberalismo salvaje, reflejado en el fracaso del modelo de la derecha ecuatoriana, que ha llevado al Ecuador a la peor crisis de la historia de este país, a todo nivel, el 70% de la población no tiene un empleo adecuado; más de 6 millones de familias ecuatorianas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza; más de 70.000 jóvenes sin poder acceder a la Universidad; más de 25 muertes violentas por día; la falta de acceso a todos los derechos básicos, entre otras arriba descritas.
Lo que le queda a Lasso es la dictadura, apoyada por el imperialismo para seguir en el gobierno.
Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutó la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos víctimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.
Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.
En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.
Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.
En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.
Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnacionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.
Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.
Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.
Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.
La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos tomó testimonios hoy en la Parroquia de San Antonio de Pichincha – Ecuador.
De los testimonios, pruebas materiales y registros audiovisuales, podemos afirmar que el pasado jueves 23 de junio hubo no sólo una múltiple violación a los Derechos Humanos sino también el asesinato a manos de las fuerzas militares, de Franco Eduardo Iñigues.
Franco Eduardo Iñigues Camacho, de 36 años, era padre de dos hijos. Trabajó por muchos años en una fábrica textil, hasta que en 2019 tras el recorte de personal, quedó desempleado. Desde allí, todos los días salía de su casa para ganarse la digna subsistencia de toda su familia.
Fue asesinado por las fuerzas militares, el jueves 23 de junio. Acreditamos mediante el relato de testigos, el material audiovisual y el parte médico, que la causa de su muerte fue por un disparo de bala de plomo en el pulmón derecho. También acreditamos que las fuerzas militares, hicieron uso de armas de disuasión de forma irregular como también el despliegue de armamento letal, incluyendo disparos desde un helicóptero gaseando casas particulares, afectando a toda la población de la Parroquia San Antonio de Pichincha. La comunidad y la sociedad toda exige justicia.
Evo Morales, José Mujica, Vilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa, expresidentes de Bolivia, Uruguay, Brasil, Argentina y Ecuador respectivamente. Imagen: www.meer.com
¿Se mueve el péndulo político latinoamericano?
Vladimir de la Cruz
América Latina, desde 1990 hasta hoy, ha venido recuperando el desarrollo democrático luego de la época de las dictaduras que cerraron el ciclo de las repercusiones de la Guerra Fría. Políticamente, se ha movido de manera pendular de un extremo a otro, de la derecha a la izquierda con distintas expresiones y manifestaciones de gobiernos, de la izquierda a la derecha y de nuevo la izquierda.
Podemos entender en general lo qué es la derecha. La izquierda latinoamericana, desde el ejercicio de gobiernos, es más heterogénea. En ella hay más matices de expresión. Fuera de los gobiernos, la izquierda es muy diversa, dispersa, desunida, y con muchos visos de sectarismo de lo que dentro de esa izquierda se valora qué es ser de izquierda hoy en América Latina y en cada país, y sin una clara orientación estratégica, como mayoritariamente tenían, en general, los partidos que se consideraban de izquierda antes de 1990.
La caída de la Unión Soviética, de los países socialistas europeos que formaban parte del Pacto de Varsovia, y con ello la desintegración del Sistema Mundial Socialista, como se esbozaba en el contexto de la Guerra Fría, entre 1945 y 1991, coincidió en tiempo histórico con la desaparición de los regímenes militares, autoritarios y dictaduras militares que gobernaron especialmente en países suramericanos. La represión causada durante las dictaduras tuvo un gran impacto en el debilitamiento de las izquierdas políticamente organizadas como existían antes de los regímenes militares. La superación de estos gobiernos transitoriamente avanzó manteniendo en algunos de ellos restricciones políticas, particularmente contra partidos comunistas o identificados con el marxismo leninismo, y las izquierdas socialistas clásicas.
A esto se agregó el nuevo contexto de las relaciones internacionales, la globalización, el impulso de los Tratados de Libre Comercio, el surgimiento de los Estados Unidos como el líder político de esta época, Rusia avanzando dentro del capitalismo mundial, y la República Popular China convirtiéndose en la principal potencia y economía comercial del mundo.
En todo el continente solo la Revolución Cubana se ha mantenido, desde su origen, 1959, como una revolución socialista así declarada, en 1961, y así establecida en la Constitución Política de 1976. La particularidad de su sistema político ha hecho que los enemigos del socialismo, en todas sus formas, adversen constantemente su régimen político, su gobierno, ignoren su sistema político electoral, tratando de compararlo con los sistemas político electorales imperantes en el resto de los países latinoamericanos, para poder desde esta perspectiva disminuir su presencia continental, igualándola a los gobiernos dictatoriales que ha habido en América Latina, y para distinguirla de los países que hacen descansar su modelo democrático en los sistema electorales, con participación de partidos políticos y posibilidades de alternancia de sus gobernantes. En Cuba recientemente, luego de la muerte de Fidel Castro, se ha impulsado, por el mismo Raúl Castro, una reforma constitucional mediante la cual ningún gobernante puede estar más de ocho años en el poder. El mismo Raúl Castro renunció a esa posibilidad, y hoy Cuba tiene un nuevo gobernante surgido de esta decisión, Miguel Díaz Canel. De este modo, a la vuelta de los próximos 4 u 8 años, cuando se nombre un nuevo presidente de Cuba, el argumento del continuismo en el poder, como tema, se acabará en tanto en una buena parte de los países latinoamericanos los presidentes pueden reelegirse al menos una vez, exceptuándose de esta situación Venezuela y Nicaragua, países que no son socialistas en su modelo económico ni político, donde la reelección es prácticamente abierta, ilimitada.
Después de la Revolución Cubana solo el ascenso de la Unidad Popular en Chile, en 1970, con el Dr. Salvador Allende, derrocado en setiembre de 1973, abrió las posibilidades de avanzar al socialismo, por una vía pacífica de la revolución, la vía electoral. El golpe de estado contra Allende impulsó la vía armada para la toma del poder en algunos países, y para derrotar dictaduras, siendo Colombia el país que más guerrillas y resistencia de este tipo mantuvo, hasta la firma de los Acuerdos de Paz.
Ningún país, ni pueblo, de América Latina ha podido desarrollar un proceso consolidado semejante al cubano, por la vía de las armas o por medios electorales, en todo este tiempo. En Nicaragua, en 1979 triunfó la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que no era una guerrilla marxista leninista ni se proponía el establecimiento del socialismo, y se acomodó, por el contexto político a desempeñarse dentro de los cánones democráticos republicano. Los acuerdos de paz en Centroamérica crearon las condiciones para la incorporación de los movimientos guerrilleros a la vida política. No casualmente el Frente Farabundo Martí, otro de los importantes movimientos guerrilleros existentes en Centroamérica, llegó a gobernar El Salvador, con Salvador Sánchez Cerén desde el 2014 hasta el 2019. Ni con el Frente Sandinista ni con el Frente Farabundo Martí se desarrollaron modelos socialistas de economía ni de organización política del Estado. Tampoco en Venezuela ha sucedido. Solo hay en estos países desarrollo capitalista y de relaciones capitalistas de producción. Ni siquiera hay un planteamiento como el de China, un poder político comunista, o socialista y dos economías, una socialista y otra de mercado, o capitalista.
En los países cuyos gobiernos levantaron, por un breve tiempo, las banderas del llamado Socialismo Siglo XXI, y de los partidos de esos países, que forman parte del Foro de Sao Paulo, tampoco pudieron impulsar modelos económicos o políticos socialistas.
Cuba nunca abrazó como propia la bandera del Socialismo Siglo XXI, que surgió en la Venezuela de Hugo Chávez. Rafael Correa, presidente de Ecuador desde el 2007 hasta el 2017 impulsó su llamada Revolución Ciudadana, abrazando en el discurso el concepto de Socialismo Siglo XXI. Evo Morales en Bolivia, desde el 2006 hasta el 2019, desde su Revolución Pluriétnica y Pluricultural, también abrazó en el discurso el concepto del Socialismo Siglo XXI.
Con la muerte de Hugo Chávez, presidente de Venezuela desde 1999 hasta el 2013, tanto Correa como Morales, abandonaron el discurso del Socialismo Siglo XXI y volvieron a sus originales conceptos Revolución Ciudadana y Revolución Pluriétnica y Pluricultural. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua de manera continua desde el 2007 tampoco levantó la bandera del Socialismo Siglo XXI.
Heinz Dieterich Steffan, el esposo de Marta Harnecker, periodista y escritora marxista, muy reconocida en Latinoamérica, residentes ambos en la Habana, México, y en Venezuela, fue el desarrollador de la idea del Socialismo Siglo XXI, como un nuevo proyecto histórico. Asesor en este campo de Hugo Chávez, rompió con él en el 2008 señalando que nada de eso se estaba desarrollando en Venezuela. Chávez mantuvo su discurso hasta su muerte. Nicolás Maduro, que sucedió a Chávez mantuvo esta bandera que ya ha bajado de la asta.
Durante el período de gobierno de Hugo Chávez él logró destacarse como el líder más importante de Suramérica, con gran proyección internacional, por sus posturas nacionalistas y antiimperialistas. En su entorno, Ernesto Kirchner, que gobernó Argentina desde el 2003 hasta el 2007, sucediéndole su esposa Cristina Fernández, ambos surgidos del peronismo, a la presidencia desde el 2007 hasta el 2015, actual vicepresidenta de Argentina, hicieron yunta con Hugo Chávez, apoyando lo proyectos políticos regionales que impulsó Chávez. En Perú, Allan García, presidente desde el 2006 al 2011, no abrazó el proyecto Socialismo Siglo XXI ni el bolivarianismo impulsado por Chávez. Ni el presidente Alejandro Toledo, 2001-2006, tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo Ollanta Humala, 2011-2016. Perú ha sido un país en profunda crisis política, desde el 2000 hasta hoy ha tenido 7 presidentes. El actual presidente, Pedro Castillo, con solo un año de gobierno enfrenta juicios para una posible destitución.
Este proceso de destituciones presidenciales en Latinoamérica ha sustituido los tradicionales golpes de estado del período de la Guerra Fría. En lugar del golpe militar se acude a argucias constitucionales y legales, lo que se ha venido denominando golpes de estado blandos. Así se impulsaron los golpes contra Manuel Zelaya en Honduras en el 2008, contra Fernando Lugo en Paraguay, en el 2012, y contra Vilma Rousseff, en Brasil en el 2016. Desde 1992 hasta el 2016 se destituyeron o se interrumpieron 15 mandatos presidenciales en América Latina, en nueve países.
Estos golpes de estado blandos fueron para detener o debilitar proyectos políticos progresistas, algunos de ellos vinculados al desarrollo político que impulsaba regionalmente Hugo Chávez. Proyectos para frenar el ALCA, el Área de Libre Comercio de la Américas y en su lugar impulsar el ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, con un nuevo Tratado de Libre Comercio, haciendo énfasis en la autodeterminación, independencia e identidad de nuestros pueblos. El Proyecto de Petrocaribe, que reúne a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Venezuela, orientado a apoyar a los países del Caribe, en una alianza petrolera. El Proyecto de UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, como una organización intergubernamental, de la que participaron Argentina, Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Ecuador; Guyana; Paraguay; Perú; Suriname; Uruguay y Venezuela. Con UNASU se impulsó el Banco Sur y Petrosur.
Entre otros, el proyecto más ambicioso fue la creación de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, que excluye a Estados Unidos y Canadá. En cierta forma fue el intento de sustituir a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Estos proyectos hoy están muy débiles, sin el apoyo que durante los gobiernos de Hugo Chávez tenían, entre otras razones por el alto precio que llegó a alcanzar el petróleo.
Políticamente, el siglo XXI en América Latina surgieron una serie de partidos y líderes considerados de izquierda que triunfaron electoralmente, especialmente, en Suramérica. Así, en 1999 Hugo Chávez, en Venezuela; en el 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil; Néstor Kirchner, en el 2003, en Argentina luego de la crisis política de 2001; Tabaré Vázquez, en 2004, en Uruguay con el apoyo del Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría; Michelle Bachelet en Chile; Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador En esta primera década también Martín Torrijos en Panamá y el retorno de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua en el 2006.
En este mismo período los restantes países de América Latina frente a estos gobiernos se apreciaban como conservadores. El desarrollo político, de la segunda década de este siglo, impulsó cambios en la mayoría de esos países que se vieron como un movimiento pendular de regreso al conservadurismo y derechismo político.
Del mismo modo, la política latinoamericana se ha movido, recientemente, hacia el progresismo o la izquierda, en su sentido amplio, con el ascenso presidencial en Argentina, de Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández, en México con Andrés Manuel López Obrador, en Honduras con Xiomara Castro, en Perú con Pedro Castillo, en Bolivia con Luis Arce, en Chile con Gabriel Boric y más particularmente con la llegada a la presidencia de Colombia de Gustavo Petro, junto a Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela. Otros gobernantes que contribuyen esta idea progresista son Luis Rodolfo Abinader de República Dominicana, Nayib Bukele de el Salvador. Aunque Bukele es un híbrido en su apreciación valorativa, tanto se le ve de la derecha como de la izquierda. Por su parte, el lado conservador se expresa por los presidentes de Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Brasil y Uruguay, después de haber tenido a José Mujica.
De la izquierda continental el más destacado, para este momento histórico, es para mí, Gustavo Petro, el presidente recién electo de Colombia. De su gobierno y su desempeño, si lo dejan gobernar, puede llegarse a convertir en el líder más importante de las corrientes de la izquierda política latinoamericana, de esta década, y su modelo de enfrentar los graves problemas de la economía y del desarrollo de Colombia, que persisten en el resto de los países, pueden marcar sendas y nuevos caminos políticos, de amplios sectores, para unitariamente, superar los atrasos y cadenas que en la economía y en lo social pesan sobre las grandes masas de población y de trabajadores, urbanos y del campo de América Latina.
Se le invita a sintonizar el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, el próximo viernes 15 de julio a las 6:00 p.m.
En esta edición, hablaremos sobre Ecuador y su realidad contemporánea.
Como personas invitadas participarán:
Tito Astullido, economista y máster en comunicación y marketing político.
Edith Patiño, docente jubilada y Licda. en Humanidades Modernas, especialidad de Filosofía, Psicología y estudios de periodismo.
Kléver Calle, comunicador social enfocado a la salud y la ecología.
Felicia Astullido, docente jubilada, investigadora y activista por los derechos humanos.
Juan Pablo Pazmiño, ingeniero electrónico, diplomado en Pedagogías Innovadoras y máster en Gerencia y Liderazgo Educativo.
Se le invita a ver el programa vía Facebook Live, YouTube, o a escuchar el programa por Radio 16, 1590 AM.
Sus preguntas y comentarios son parte importante del programa; se le insta a realizarlas en la sección de comentarios de las distintas redes sociales de Alternativas.
SURCOS comparte la entrevista realizada a Leónidas Iza, Presidente de la CONAIE, Ecuador, por parte de Alfredo Serrano, para Radio La Pizarra.
En este espacio se abordaron temas vinculados a las movilizaciones masivas que se han realizado en ese país, de cara a la persecución del Gobierno de Guillermo Lasso.
Por otro lado se presenta un análisis profundo sobre la detención ilegal y arbitraria que sufrió el invitado. Ésta lo privó por 15 horas de su libertad, donde no le permitieron hablar con un abogado y por la que actualmente tiene medidas cautelares e impedimento de salida del país.
«…ninguna lucha sostenida desde los pueblos va a ser únicamente decidida por sus dirigentes, para que un dirigente pueda dirigir una lucha tiene que ser sostenida y construida desde sus territorios y eso es lo que hemos hecho nosotros». Leónidas Iza (Presidente de la CONAIE, Ecuador).
Estamos presenciando cómo las autoridades ecuatorianas (policía, fuerzas armadas y gobierno) están en una violación flagrante de los Derechos Humanos, reprimiendo, a los indígenas del Ecuador, aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y a las que se han ido sumando otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas, sindicatos, entre otros.
Las protestas (paro iniciado el 13 de junio pasado) de estos sectores, inicialmente tienen como asidero, el aumento acelerado de los productos de la canasta básica, el transporte y los productos para producir; no obstante, hay una lista larga que se manifiesta en reivindicaciones planteadas por la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, entre otras, a saber:
Congelación de los precios de los combustibles y dirigir subsidios para los sectores más vulnerables.
La prórroga de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y el perdón para pequeños y medianos productores, los precios justos en los productos del campo, el impuesto agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio.
Generación de empleo, regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicatos y organización de la clase trabajadora.
La espera a la expansión de la frontera extractiva, petrolera y minera, y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales.
El respeto a los derechos colectivos logrados, la prohibición de la privatización de sectores estratégicos.
Las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad.
La garantía del acceso a la educación superior, y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud.
Afrontar la inseguridad, expresada en el aumento de la violencia, con altos índices de criminalidad, expresada en las ciudades y cárceles del país, especialmente a sectores indígenas.
Todas estas políticas erradas son impulsadas por el presidente Guillermo Lasso, quien gobierna a Ecuador acompañado de un cártel bancario. Según la profesora Adoración Guamán, “El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondo monetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el presidente se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación, al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer”.
Así mismo, como señalamos en el artículo “Guillermo Lasso en Ecuador, deshonesto, sin límites” de nuestra autoría, se debe esperar la aplicación de la agenda neoliberal y su profundización más reaccionaria, es decir, unas políticas de ajuste antisocial, en su gestión de gobierno.
También enfatizamos que, Guillermo Lasso representa a los banqueros y empresarios de las cámaras de la producción ecuatorianas. Estos sectores, de los más atrasados en América Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso económico con bienestar humano, lo confunden como simple éxito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiará los beneficios colectivos, algo que históricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal “modelo” solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio político de las élites y el abismo en el reparto de la riqueza.
En este marco de gestión fatídica por parte de Lasso, el escritor Dax Toscano Segovia señala, “Según un estudio publicado por Perfiles de Opinión, la aceptación de la gestión del presidente Lasso es de apenas del 16%”.
A su vez, la escritora Soledad Stoessel en su artículo “Fuera Lasso”, remarca, “El “fuera, Lasso, fuera” que ahora se escucha en parte (no todo) del campo popular organizado y movilizado contra el gobierno del banquero, es el corolario de dos situaciones: el hartazgo de una sociedad que desde hace cuatro años sufre las consecuencias de un proyecto comandado por un bloque de poder oligárquico, y el modo en que el gobierno de Lasso está interpretando y tramitando el conflicto”.
Enfatizando a su vez, “Como nunca en la historia del Ecuador, hoy la oligarquía tiene el poder instrumental y el poder estructural. Maneja los hilos de la economía al mismo tiempo que captura el Estado para sus propias arcas. Ya no fue necesario un intermediario, como lo fue Moreno. Ahora es la propia elite financiera, apoyada por las Fuerzas Militares (no olvidemos que en Ecuador han sido dirimentes en toda crisis política), los medios de comunicación privados y la Embajada la que controla los recursos públicos”.
En cuanto a la represión del gobierno de Lasso, al cierre de este artículo, la CONAIE informa que ha habido ya cinco muertes.
Finalmente, en esta hora cruel en Ecuador de muertos, represión, brutalidad, malas políticas públicas, entre otros, producto del gobierno pésimo anunciado de Guillermo Lasso, cuando accedió al poder, la columna diaria “Vida, amor de Paz” de Guatemala, indica que son los pueblos indígenas quienes salen a protestar, con alambres de púas, piedras, troncos que bloquean las rutas principales de Quito y otras ciudades de Ecuador, en contraste con las armas de guerra del gobierno.
También, “Es importante notar que, en la mayoría de países de América Latina, lo que mueve a los pueblos indígenas es el respeto a la madre naturaleza, el respeto a sus derechos ciudadanos, a su idiosincrasia y costumbres, y el respeto a sus territorios”.
En fin, “Los pueblos indígenas no deben ser tratados como ciudadanos de segunda clase, deben ser escuchados con respeto y si sus argumentos se apegan a la ley, deben ser atendidos”. Entiende esto Guillermo Lasso, si no serás destituido.
Hemos escuchado los anuncios del Presidente de la República sobre las medidas frente a la agenda planteada por las organizaciones, el presidente unilateralmente ha decidido la reducción de 10 centavos en el diésel, gasolina extra y ecopaís, siendo una decisión insuficiente, sin garantías y que no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias, esta decisión NO ES SUFICIENTE, ES INSENSIBLE, sin embargo, este anuncio demuestra que la lucha del Movimiento Indígena, de otros sectores sociales organizados y de ciudadanos y ciudadanas a favor de todos los sectores del país está dando sus frutos, el Gobierno siempre ha tenido en sus manos dar respuesta a los 10 puntos de agenda pero no tiene voluntad política para dialogar y resolver; nuestro proceso de más de más de un año impulsando el diálogo y de estos 14 días en las calles no deja dudas que siempre hemos tenido razón y que la agenda es consistente.
Pese a la persecución, la criminalización y a la respuesta represiva del Estado, que volvió a ratificar el presidente Lasso en su anuncio, nos hemos mantenido firmes y seguimos demostrando al Ecuador y al mundo la legitimidad de nuestra lucha.
De 10 puntos expuestos en agenda tenemos un logro de 5 de ellos, además, del levantamiento del abusivo estado de excepción y la recuperación de la Casa de las Culturas, espacio histórico de resistencia, pero sabemos que no es suficiente y que luchamos contra la pobreza y las profundas desigualdades que existen en el Ecuador.
Analizaremos a lo interno de nuestras bases la manera efectiva de participar en espacios técnicos y eficientes de diálogo para que los temas no resueltos como la derogatoria de los decretos minero y petrolero, la garantía del derecho al consentimiento, la protección de los 21 derechos colectivos y la moratoria de las deudas sea garantizado.
Nuestra lucha no cesa, ni tampoco el derecho a la resistencia y a la protesta sigue vigente, pese a las amenazas de criminalización y perseguirnos seguimos firmes en nuestra convicción para que el Ecuador la vida digna no sea privilegio de unos pocos. Hemos sufrido graves violaciones a los derechos humanos y la muerte de 5 hermanos, su muerte no quedará en la impunidad, impulsaremos todas las instancias a nivel nacional e internacional para conseguir justicia y reparación integral a su favor.
Reiteramos el llamado a todas nuestras bases para que en la protesta siga primando la solidaridad y se garantice el acceso y la circulación de insumos médicos y de primera necesidad. Haremos una evaluación de este anuncio con nuestras bases para definir el camino a seguir, que será hecho público oportunamente.
Hacemos un respetuoso llamado a la comunidad internacional en defensa de los Derechos Humanos, para estar atentos a la situación del pueblo ecuatoriano. Expresemos nuestra solidaridad con la protesta social del pueblo firmando el comunicado con fecha límite de martes 28 de junio de 2022.
¡La democracia es una práctica cotidiana que debe ser respetada!
Puede acceder al siguiente enlace para la firma del comunicado:
