La ACODEHU informa que, estos dos estudiantes costarricenses, el primero con nivel universitario, y el segundo joven de secundaria están siendo víctimas de fuertes procesos de criminalización y judicialización de la protesta social.
En el contexto del movimiento de huelga, en Defensa de la Educación Pública, cientos de estudiantes se movilizaron en diferentes lugares del país: Osa, Siquirres, Caribe, Pacífico, Heredia y provincia de San José. En dicha movilización representantes de los diferentes programas educativos, por ejemplo los PEC, CINDEA, Aula EDAD, CONED, y demás centros educativos correspondientes al Ministerio de Educación Pública-MEP, utilizaron la protesta social pacífica, para denunciar la mala preparación, recortes presupuestarios a la educación pública, inconformidad con los cambios abruptos en las pruebas estandarizadas, pérdida de becas, cierre de comedores, deficiencias en los transportes estudiantiles y deterioro de las instalaciones de los centros educativos en diferentes partes del país.
Dichas protestas canalizaron el malestar estudiantil contra la ministra ANNA KATHARINA MÜLLER y contra otras autoridades del gobierno; por lo que el día 7 de agosto del año 2023 efectuaron una movilización hacia casa presidencial denunciando sus inconformidades y exigiendo un documento escrito de Casa Presidencial. En esta protesta social de carácter pacífico algunos(as) de los(as) estudiantes que se manifestaban fueron detenidos y víctimas de la violencia brutal de la policía contra estudiantes de secundaria del país.
La ACODEHU manifiesta que la protesta social es un derecho humano fundamental que permite canalizar el derecho a la expresión, el derecho a la organización de diferentes sectores de la sociedad costarricense, como uno de los ejercicios de participación ciudadana, propios de la democracia participativa.
Llamamos a la solidaridad con el movimiento estudiantil de la secundaria y específicamente para con los jóvenes Randall E. Rodríguez y Fabián Fernández U., como víctimas del proceso judicial que estarán enfrentando el martes 17 de octubre a las 10:30 AM, en el Circuito Judicial de San José.
La ACODEHU condena la violencia de la policía en este país y exigimos el respeto de la protesta social como derecho humano fundamental.
La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en un acto de responsabilidad cívica y urgencia nacional, revela la impactante verdad sobre el sistema educativo costarricense y lanza un llamado de emergencia a toda la sociedad. Este revelador evento tuvo lugar el pasado miércoles 27 de setiembre y contó con la destacada participación de los ponentes académicos Pablo Chaverri Chaves y Guiselle Román López, además de la investigadora Isabel Román Vega, coordinadora del Estado de la Educación.
El noveno informe del Estado de la Educación, una investigación exhaustiva y crítica, ha dejado al descubierto la crisis que amenaza con desmantelar el futuro del país. Los hallazgos de este informe son devastadores y exigen una acción inmediata, según expresaron los ponentes.
Pablo Chaverri Chaves, académico de la UNA, tras el análisis del documento, comentó que “podríamos decir que hay tres conclusiones e implicaciones fundamentales. La primera y la más importante se refiere a los estudiantes y la crisis de aprendizaje que se está dando. El segundo caso se relaciona con las personas docentes y sus condiciones laborales, así como los sistemas de contratación y selección, que son fundamentales para garantizar calidad educativa: no puede haber calidad educativa sin calidad docente. El tercer elemento es el financiamiento, tal como lo indica el artículo 78 de nuestra Constitución Política, que establece que se debe destinar al menos un 8% del PIB a la educación en Costa Rica, y lamentablemente, tenemos una tendencia a la baja”.
Por su parte, Guiselle Román López, académica de la Universidad, acotó que este rezago viene desde muchos años, pero que la situación ahora es crítica. “Hay varios aspectos que construyen toda una estructura del proceso educativo en Costa Rica y que ha atravesado los diferentes momentos en las últimas décadas, especialmente desde los 80, cuando hubo una crisis terrible de la educación y un rezago importante de esa generación que hoy está trabajando. Esto sigue como una herencia que hoy se manifiesta en diferentes indicadores que siguen siendo estructurales. Para mí, eso es lo más grave: que no se está abordando de la manera correcta un fenómeno que es complejo desde una solución compleja; es decir, multidimensional. Deben abordarse equipos interdisciplinarios, ya que sigue habiendo no solo un rezago educativo y la adquisición de habilidades y conocimientos técnicos, sino que también esto va agravar la expulsión de un grupo importante de estudiantes del sistema educativo.”
Entre los aspectos del informe que los expositores identificaron como “alarmantes”, se encuentran cuatro puntos cruciales:
Desplome en la inversión educativa:
Los académicos de la UNA hacen un llamado de emergencia para revertir el dramático descenso en la inversión en educación, buscando alcanzar el 8% del PIB. Según los expertos, esta inversión es esencial para rescatar nuestro sistema educativo y garantizar un futuro prometedor para las generaciones venideras.
Rescate de aprendizajes y reducción de rezagos:
La crisis ha causado estragos en el aprendizaje de todos los estudiantes. Es vital que la sociedad se una en un esfuerzo masivo para recuperar lo perdido y eliminar las brechas educativas que amenazan con perpetuar la desigualdad.
Transformación urgente de la evaluación educativa:
La evaluación educativa está en crisis. Es imperativo que se reevaluen y reformen radicalmente los procesos de evaluación para garantizar una educación de calidad y pertinente.
Respeto y mejora de las condiciones docentes:
Los educadores y educadoras, pilares fundamentales de la sociedad, merecen condiciones de trabajo dignas y respeto absoluto. Es hora de reconocer su ardua labor y brindarles el apoyo que necesitan según los experimentados en educación.
El CONARE convoca a todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta la sociedad civil, para unirse en un esfuerzo sin precedentes y tomar medidas audaces para abordar esta emergencia educativa. La crisis educativa de Costa Rica no puede ni debe ser ignorada, concluyeron.
Pueden ver las entrevistas en el siguiente video:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Tal y como lo habíamos anunciado, los niveles de violencia tienden a aumentar conforme disminuye el apoyo al presidente, ya que la población sufre una decepción más y una evidencia más del poco compromiso de la clase política con las miserias de la mayoría de la población.
Definitivamente la mayoría de los homicidios están asociados al crecimiento del narcotráfico. Pero también existe un problema creciente de violencia cultural que genera manifestaciones más allá del crimen organizado. Piénsese, por ejemplo, en los suicidios y en las muertes en accidentes de tránsito, que juntos superan la tasa de homicidios. O en los hechos de violencia en centros educativos que también la superan con creces como tasa poblacional.
Por otra parte, recuérdese que la relación entre la tasa de homicidios y el coeficiente Gini es de 0,70.
Entonces, es innegable que urgen mejores estrategias de seguridad; pero, por encima de esto, urge un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y mejores estrategias de socialización para una cultura de paz y convivencia. Cuando un pueblo se empobrece y pierde respeto al ordenamiento jurídico, necesariamente se hará más violento, pero también se sentirá más atraído hacia el crimen, incluyendo el narcotráfico.
Por eso, es un absoluto sinsentido el quitarle recursos a la educación para reforzar la seguridad. Pero también resulta irracional el generar más violencia con la excusa de controlarla.
Solo durante esta semana, he leído dos artículos que insisten en que Costa Rica no puede enfrentar al narcotráfico porque no tiene ejército y se compara a nuestro país con México y Colombia, como si esos países hubiesen logrado algún tipo de avance en el control de la violencia asociada al narcotráfico a través de la acción de sus ejércitos. Ni qué decir de los Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo y con el mayor consumo de drogas por parte de su población.
Del mismo modo, en uno de los artículos que circularon esta semana se menciona también que nuestros parques nacionales son un obstáculo para la lucha contra el narcotráfico, mientras se promueve un nuevo megaproyecto turístico frente al Parque Nacional Santa Rosa.
Dentro de esta misma línea, la ANEP apoyó públicamente el abuso policial de hace dos semanas, en donde fueron brutalmente agredidas muchas personas frente a la Asamblea Legislativa, incluyendo profesores y estudiantes universitarios, una diputada, periodistas y varias activistas feministas. Según la ANEP, la censurable actuación de la policía se basaba, precisamente, en la necesidad de combatir el consumo de marihuana, aunque no se hubiese encontrado esta droga en ninguna de las personas detenidas y aunque el motivo de la manifestación fuera el rechazo a la violencia policial.
Ante la ola creciente de violencia, es entendible que surjan con mucha fuerza sentimientos asociados al miedo, al tiempo que también se genere mucho enojo ante la incapacidad del gobierno para enfrentar el problema.
Sin embargo, debemos ser muy prudentes al escoger las estrategias a seguir o a apoyar. El miedo puede llevarnos a aceptar políticas que a la postre generan más violencia, como el apoyo a un ejército o a la brutalidad policial. Del mismo modo, el enojo puede llevarnos a aprobar medidas autoritarias y agresivas, como las que sistemáticamente ha favorecido el gobierno actual, o a permitir en nosotros mismos actitudes y conductas violentas hacia nuestros familiares o vecinos o hacia sectores de población más vulnerables.
Pero tampoco es solución la paralización, la sumisión o la resignación. Debemos insistir en que la mejor estrategia para combatir la ola de violencia es el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y el apoyo a los esfuerzos para una educación integral, de calidad y de amplia cobertura. Pero ese mejoramiento no vendrá jamás como iniciativa del gobierno, por lo que la mejor solución pasa por el trabajo organizado y activo de la población exigiendo y promoviendo estrategias de enfrentamiento de la violencia a través de la promoción de una cultura de paz y respeto y exigiendo mejores políticas de redistribución de la riqueza y mejores estrategias de prevención y combate a la corrupción y a la violencia en todas sus manifestaciones. El miedo y el enojo deben canalizarse hacia la participación política activa y propositiva y dirigida al beneficio de la gran mayoría de la población, con énfasis en los sectores más vulnerables.
Mujeres por Costa Rica invita al foro: «Emergencia en la educación pública», el cual se llevará a cabo este martes 19 de setiembre a las 4 p.m. en la Biblioteca Nacional (Sala España) y será transmitido por medio de Facebook Live de esta organización.
Participan:
Isabel Román, Estado de la Educación
Alicia E, Vargas, Mujeres por Costa Rica
Karen Marín, presidenta de la FEUCR
Randall Cordero, representante de la Federación de Estudiantes de Seccundaria
Bien sabemos que hacer cambios en nuestra Constitución Política es muy complejo. Se requiere de arduas y prolongadas negociaciones, y esperar el momento oportuno de alineación de los planetas. Pues ese fenómeno astral ocurrió precisamente el 26 de mayo del 2011, cuando se dieron las condiciones necesarias para la aprobación de la REFORMA DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, Ley No.8954 y, con ella, el aumento al 8% del PIB.
La reforma del 2011 establece claramente el derecho y refuerza la visión de la educación pública como un sistema. Además, condiciona que “El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios”.
Pero hay que retroceder en el tiempo para entender las razones que justificaron la aprobación del 8%. En el año 1997, el artículo 78 de la Constitución Política fue reformado según Ley No. 7676, para darle rango constitucional al 6%. El porcentaje alcanzado tampoco fue una ocurrencia, fue corolario de las presiones, propuestas y negociaciones de los movimientos sociales, que, desde distintas posiciones, se opusieron a la privatización de los servicios públicos como la panacea neoliberal para modernizar al Estado y acabar con la pobreza.
Recordemos la huelga de cinco semanas del magisterio nacional en julio-agosto 1995. Esta inicia con la reforma al régimen de pensiones, pero deja al descubierto las debilidades del sistema educativo para enfrentar las amenazas de la globalización y la creciente desigualdad social, producto de los cambios en la estructura agroindustrial promovidos por los PAES. En un ambiente de tensiones políticas y críticas al Pacto Calderón-Figueres, se aumenta el porcentaje del PIB destinado a la educación y se decreta la Política hacia el siglo XXI que marca la llegada de INTEL a Costa Rica, como bien lo describe el ex ministro de educación de esos años, Eduardo Doryan en sus memorias.
La gradualidad del aumento del PIB al 8% a la educación está ligada a las presiones y negociaciones promovidas por los movimientos sociales y las fuerzas políticas representadas en el legislativo y en el ejecutivo por mantener, por un lado, sus intereses y la estabilidad política y por otro, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación pública como motor del desarrollo económico y la movilidad social.
Con la aprobación en primer debate de la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado” (Combo del ICE), en marzo del 2000, se reactivan de nuevo los movimientos de defensa de la institucionalidad democrática y la educación pública ante un escenario global y nacional incierto. Sin dar tregua, dos años después se abre un nuevo capítulo: el Tratado de Libre Comercio (CAFTA), otra amenaza, esta vez de naturaleza extraterritorial. El país vivió un periodo de siete años de análisis, debates y recomendaciones múltiples para enfrentar el futuro. Durante la discusión del CAFTA sí hubo cambios importantes en la arquitectura institucional, pero no se dieron los resultados económicos prometidos por sus defensores.
Firmado el CAFTA, el aumento al 8% para el financiamiento de la educación se valoró como una medida necesaria para afrontar la apertura y sus consecuencias: automatización del trabajo, rezago tecnológico, infraestructura limitada y los intereses corporativos nacionales y transnacionales por cooptar el mercado de las telecomunicaciones. Desde las universidades públicas y los gremios de educación, la propuesta de aumento se consideraba clave. El partido Acción Ciudadana para la campaña electoral del 2006-2010, lanza en su programa de gobierno el aumento al 8% y lo justifica reconociendo los aciertos y las falencias del sistema educativo en las décadas anteriores. Su fracción legislativa (2010-2014) continuó trabajando la propuesta. Gracias a la creación de la Alianza Parlamentaria por Costa Rica, que aglutinó la mayoría de la oposición al Partido Liberación Nacional, y con Juan Carlos Mendoza en la presidencia del directorio, se logra aprobar la reforma escalonada para alcanzar el 8%.
Es un logro de muchos años de negociaciones, manifestaciones, cambios político-electorales y esfuerzos de diversos sectores del espectro ideológico costarricense. Es, estemos de acuerdo o no con los logros y alcances de las negociaciones, un triunfo político en democracia que siguió la vía constitucional.
Señora ministra Anna Katharina Müller Castro, La Ley Fundamental de Educación aprobada en 1957, con algunas modificaciones en los últimos años, continúa siendo faro y luz para no perderse en la oscuridad del Universo, los vertiginosos cambios tecnológicos, las amenazas del cambio climático y la pérdida de esperanza en el futuro.
Lo que la ministra Anna Katherina Müller dijo en la ULACIT, gozando para ello del espacio de confort y tolerancia que le ofrece esa empresa educativa regentada por familiar suyos, es extremadamente grave y alarmante. Con el permiso de ustedes, me referiré a las escandalosas barrabasadas que dejó dichas esa señora:
1) La disposición para que los presupuestos para el sistema educativo estatal, en su conjunto, no sean inferiores al 8% del producto interno bruto anual de la economía, está contenida en el artículo 78 de nuestra Constitución.
2) Se trata, por lo tanto, de una decisión política aprobada según las reglas propias de la democracia, las cuales en este caso se aplican con especial rigor, ya que, entre otras cosas, una reforma constitucional demanda mayoría calificada de al menos dos tercios del total de los votos en la Asamblea Legislativa.
3) En cuanto decisión política y democrática, la norma del 8% del PIB para educación, pudo haber tenido una fundamentación técnica y científica, pero no era necesario que la tuviese. En lo fundamental, esta disposición traduce una aspiración: sobre el país que queremos tener y la sociedad en la que queremos vivir. Eso no puede ser determinado ni fundamentado científicamente. Es, digamos, un valor y una aspiración de alcances metacientíficos.
4) En cuanto que norma constitucional -superior incluso a las leyes- es de acatamiento obligatoria. Cierto: nadie está obligado a lo imposible, es decir, puede acontecer que en un determinado año o, incluso, en una sucesión de años, no sea posible alcanzar el límite del 8%, porque razones objetivas de mucho peso lo impiden. Pero eso no exime de su obligación al presidente y a cada ministro y ministra, quienes tienen el deber ineludible de hacer el máximo esfuerzo con el máximo empeño, en tratar de cumplir.
5) Podrían estar en desacuerdo, pero eso no les exime de sus obligaciones y responsabilidades, ni les autoriza -como lo hace Müller- a renegar de ellas. En tal caso, lo que corresponde es que promuevan un cambio en la norma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos.
6) Las políticas educativas -llámense “ruta de la educación” o lo que fuere- sí deberían tener fundamentación técnica y científica.
7) Por lo tanto, no es de recibo -es una charlatanería y un insulto- venir a decir, como lo hace Müller, que tenemos una política educativa que es un “invento” personal de ella, un nebuloso y fantasmagórico “proceso vivo” que carece de objetivos y metodologías conocidas, y el cual, al decir de la ministra, ella podría dejar plasmado en un documento que elaboraría “en un fin de semana”. Es inaudito que toda una ministra de Educación se exprese con tanta frivolidad e irrespeto.
Si ya la crisis educativa es grave, con el gobierno de Rodrigo Chaves, y bajo la conducción de Müller, lo único que cabe esperar es el colapso total y definitivo.
Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.
Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.
El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.
Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.
El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.
La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.
Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.
Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.
Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.
El Informe del Estado de la Educación 2023 ha puesto de manifiesto graves problemas en el proceso educativo nacional. No es la primera vez que se aborda el descuido que se viene haciendo en educación desde gobiernos anteriores.
Los problemas acumulados, no son causados solo por este Gobierno de Rodrigo Chaves, pero están haciendo crisis, en estos momentos, cuando por disposiciones del actual gobierno pueden no solo acelerarse, profundizarse, intensificarse y convertirse en problemas altamente explosivos e indeseables para la salud democrática nacional.
Solo el recorte de los ¢33.000 millones de colones al Presupuesto del Ministerio de Educación Pública, la eliminación de los subsidios para becas, para el trasporte escolar y para los comedores escolares, muestra la punta del iceberg de lo que pasa con la educación pública, y lo que afecta a miles de familias y más, a miles de estudiantes.
El no cumplimiento del 8% para el Presupuesto Nacional, como se ha empeñado este Gobierno, con el Ministerio de Educación, como con el presupuesto de las Universidades públicas, es una violación de la Constitución Política, que debería ser perseguida, ante los tribunales e instancias judiciales, acusando directamente a los funcionarios que se empeñan en no cumplir los mandatos constitucionales y legales. Unos por no cumplimiento de esos mandatos, otro por distraer esos dineros para otros fines, que debieron haberse atendido por otras vías y otras fuentes que los generaran, habida cuenta de que siendo mandatos constitucionales deberían haberse previsto sus cumplimientos y contenidos presupuestarios, sobre todo porque se les han eliminado a esos sectores para dárselos a otros, como Seguridad Pública.
En el siglo XIX y el siglo XX costarricense la tendencia fue disminuir el dinero del Ejército, cuando existía, para fortalecer educación y otros rubros nacionales. La abolición del ejército en 1949 en mucho se justificó por la inoperancia del Ejército, su invalidez para el régimen democrático, la existencia de una legislación internacional y de Tratados que contribuían a proteger la soberanía, la independencia y la libertad del pueblo costarricense frente a amenazas que pudieran poner en peligro al país y su sistema democrático. En paralelo se fue fortaleciendo un régimen democrático, basado en la educación, en la salud, en una gran cantidad de instituciones sociales, que dieron pie a la constitución del Estado Social y Democrático de Derecho que hemos construido y edificado en todos estos años.
Lamentablemente, desde el desarrollo de los Planes de Ajuste Estructural, y las políticas públicas que se han seguido, este Estado Social se ha venido debilitando y desquebrajando. Con los últimos tres gobiernos y el actual esta tendencia se ha acentuado. La calidad de vida alcanzada ya no interesa. La pauperización o empobrecimiento de las amplias masas de trabajadores y de la población, estratégicamente es la meta a conseguir, especialmente por el actual Gobierno. La pobreza como política de un gobierno neoliberal, es también un negocio público, y privado, que lo saben explotar; que contribuye a que algunos cuantos se enriquezcan con su propia existencia. Las políticas laborales que se acaban de aprobar en primer debate parlamentario son la puerta que se ha abierto en esta dirección, fortalecido esto con el debilitamiento total de la educación pública.
Los actuales gobernantes, sus acólitos políticos; sus defensores y acompañantes económicos, se están frotando las manos del dineral que van a recibir, por los negocios asociados, y en cadena, que generan estas políticas distractoras de los dineros públicos en educación. El cierre técnico de la Fundación Omar Dengo que criminalmente se ha hecho, al proceso educativo y al apoyo que se daba al Ministerio de Educación Pública, es parte de este entramado contra el Estado Social de Derecho, y contra la población estudiantil del país, y sus familias, que están sufriendo la imposibilidad de oportunidades y posibilidades de ascensos sociales que la educación brindaba a los hogares y familias nacionales.
Los 120.000 estudiantes que la pandemia sacó del proceso educativo no han sido recuperados; los casi 1000 establecimientos de educación pública que a principios de año se señaló que carecían de condiciones sanitarias y se amenazó concerrarlos, con la desatención que ello llevaría de estudiantes; la amenaza de que se necesitan más de ¢60.000 millones de colones para mantenimiento de centros educativos, en la filosofía que se ha venido siguiendo, de que el dinero destinado a educación son gastos que pueden reducirse, sin entender que los dineros destinados a educación deben considerarse inversión por los beneficios que producen; los casi 115.000 estudiantes que han quedado sin apoyos económicos, por falta de becas; los miles que ya no pueden ir a escuelas y colegios formarán parte obligada, en el mejor de los casos, de la población laboral informal, que pujará por contratarse en las jornadas de 12 horas, de establecerse con apoyo de la Sala Constitucional, por emplearse al salario más bajo posible que les ofrezcan en las nuevas relaciones laborales esclavistas que se están estableciendo en el país, para asegurar tal vez la mínima comida diaria.
En el peor de los casos, serán parte de la mano de obra de los negocios ilícitos de drogas al menudeo, en escuelas, centros educativos y concentraciones masivas y recreativas sociales; en las calles, formando parte de pandillas del narco, y de otras formas de delincuencia organizada de este tipo, que tienen apoyo en sectores de gobierno y de ciertos grupos que, en estas actividades, se amparan regularmente a los gobiernos de turno, y a las mismas autoridades policiales encargadas de su persecución. En esta situación se pegarán al círculo del negocio y del movimiento de drogas que se hace en el país.
A propósito, ¿cuánta droga se incauta en el país? ¿Cuánta se quema en Costa Rica? ¿Por qué ya no se usan los hornos nacionales en los que se quemaba la droga incautada? Tampoco oficialmente se lleva al extranjero para quemarla. ¿Por qué la droga incautada se lleva en aviones especiales desde Costa Rica, se dice, a los Estados Unidos, para supuestamente quemarla? ¿Venden esa droga a los Estados Unidos? ¿Si la venden, cuál es su valor y cuanto entra a las arcas públicas y no solo a billeteras que podrían estar ligadas a esa exportación?
La experiencia de los organismos como la DEA, la CIA y otros de la seguridad, y del aparato militar, de los Estados Unidos, han participado en operaciones donde mueven las drogas para fines económico comerciales, para financiar actividades que a ellos, en sus conceptos geopolíticos, les interesa apoyar, pagando con drogas para sus respectivas ventas en un peligroso y tenebroso movimiento de drogas.
Para estos negocios, en el nivel popular, se necesita mano de obra barata, desempleada, que ya se está produciendo y que institucionalmente, con medidas como las que se están impulsando y tomando, en el sector educativo, se va a producir o generar.
Los problemas en la educación son acumulados en el país. Hay que atender los urgentemente con un buen pacto nacional donde participen las autoridades nacionales, los partidos políticos, las organizaciones sociales; especialmente, los sindicatos del sector educativo con mayor razón y compromiso.
La educación era en la Historia Nacional un apostolado; era una misión sagrada confiada a los educadores.
Los educadores eran estos apósteles, los escogidos para inculcar la sabiduría, las fuentes del conocimiento; los encargados de inspirar en la niñez y la juventud, los horizontes de luz intelectual y profesional para forjar la mejor Patria posible.
¿Dónde están los educadores y sus sindicatos ante esta problemática y ante esta tarea nacional de rescate y de defensa de la educación pública?
No se puede permitir que a la educación pública, como sistema y como estructura institucional, la siguen debilitando, acabando y empobreciendo.
Los padres y madres, las familias, con hijos en el sistema escolar deben también interesarse en este problema. Es su futuro, el de sus hijos y el sus propias familias el que se está poniendo a prueba con esta guerra que ha establecido este gobierno contra la educación pública, con las medidas y recortes al presupuesto nacional y con el incumplimiento de la Constitución Política.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.
Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
