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Etiqueta: educación pública

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

SiUNED: En defensa del ICE y del modelo eléctrico solidario ¡la movilización es urgente!

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su firme oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente legislativo 23.414, y llama a la movilización de la comunidad universitaria por considerar que representa un grave retroceso para el modelo eléctrico solidario construido por el pueblo costarricense durante décadas y una amenaza directa contra el bienestar del país. Este proyecto solo busca el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para favorecer a las élites económicas y al gran capital.

Defensa de la educación pública y de las poblaciones rurales vinculadas a la UNED

Desde el SIUNED afirmamos que la defensa del modelo eléctrico solidario también constituye una defensa de la educación pública y del derecho humano a la educación superior.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene una extensa presencia en territorios rurales, costeros, fronterizos y en muchísimas comunidades alejadas, donde miles de estudiantes dependen de servicios eléctricos estables y accesibles para sostener sus procesos educativos.

Cualquier aumento tarifario, deterioro del servicio o abandono del servicio eléctrico en las zonas menos rentables por su lejanía y dificultad de acceso, afectará directamente a las poblaciones históricamente excluidas que la UNED atiende y acompaña.

Debilitar el modelo eléctrico solidario implica aumentar las desigualdades territoriales y sociales que afectan a las poblaciones que la UNED históricamente ha buscado incluir.

Por esta razón, el SIUNED considera indispensable defender un sistema que garantiza igualdad territorial, inclusión social y acceso a servicios esenciales.

El acceso a la electricidad es un servicio público que no puede depender de criterios de rentabilidad privada ni del interés comercial de grandes empresas.

Debilitamiento del ICE y fragmentación del sistema eléctrico nacional

El proyecto de ley usa los disfraces de la armonía y la modernización del sistema eléctrico nacional, pero es todo lo contrario.

La iniciativa arrebata al ICE su función de planificación, ejecutada actualmente por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), cuyas potestades pasarían a manos de una nueva entidad llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), en cuya Junta Directiva estarían sentados los propios generadores privados.

Esta estructura permitiría que las grandes empresas actúen como juez y parte, y que influyan directamente en las decisiones energéticas del país y del sistema eléctrico nacional.

Así, la propuesta reduce las tareas históricas del ICE y traslada sus funciones estratégicas hacia un esquema de mercado que solo favorece intereses privados nacionales y transnacionales.

Con ello, el proyecto debilita las capacidades técnicas, operativas y de planificación del ICE y desconoce la capacidad institucional acumulada durante décadas. Además, pone en riesgo la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como la seguridad energética del país.

El ICE ha sido pieza fundamental en la construcción de un sistema eléctrico público, solidario y con cobertura casi universal. Debilitarlo significa poner en riesgo uno de los principales pilares del desarrollo costarricense.

Alza inminente de las tarifas eléctricas

Este proyecto es sinónimo de tarifazos y apagones constantes. El expediente 23.414 impone un modelo de mercado de subastas entre grandes empresarios que, según múltiples experiencias internacionales, provoca el aumento de las tarifas para la población, la especulación financiera y la concentración del mercado, todo ello por la colusión entre generadores privados para inflar los precios de la electricidad.

De esta forma, la electricidad dejaría de concebirse como un servicio público y un derecho social, para pasar a tratarse como una mercancía sujeta a intereses lucrativos.

Además, el proyecto permite que actores privados participen en la exportación de electricidad, lo que reduciría los ingresos que actualmente utiliza el ICE para aplicar rebajas tarifarias.

Nos preocupa profundamente que las ganancias derivadas de la exportación de electricidad producida con nuestros ríos, ingresos que actualmente contribuyen a reducir las tarifas para la población costarricense, queden en manos privadas.

Esta situación afectaría directamente a las familias trabajadoras, a los sectores populares y a las comunidades más vulnerables del país. Con esta reforma, los beneficios quedarían en cuentas privadas y las pérdidas las asumiría el pueblo.

Amenazas a la estabilidad y seguridad energética del país

Costa Rica ha logrado construir uno de los sistemas eléctricos más estables de América Latina, donde gozamos de precios altamente competitivos y cuya matriz se fundamenta en fuentes renovables, todo esto gracias a la planificación pública centralizada y a la experiencia técnica del ICE.

El proyecto 23.414 debilita esa planificación y sustituye criterios técnicos por dinámicas de mercado. Esta transformación genera riesgos de inestabilidad, problemas de abastecimiento y deterioro en la calidad del servicio eléctrico.

La seguridad energética del país debe responder al interés público y no a intereses comerciales particulares. El proyecto de ley es sinónimo de tarifazos y apagones eléctricos.

Privatización encubierta y beneficio para los grandes grupos económicos

El proyecto favorece la participación de grandes empresas privadas nacionales, regionales y transnacionales en un mercado eléctrico altamente rentable que, desde hace décadas, distintos grupos empresariales buscan saquear.

Bajo el discurso de la “armonización y modernización”, se impulsa una privatización progresiva del sistema eléctrico costarricense.

Mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales, esta iniciativa traslada recursos estratégicos hacia grupos empresariales que buscan convertir el servicio público de electricidad en una fuente leonina de ganancias privadas.

La energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y no como una mercancía controlada por élites económicas.

Riesgos ambientales y pérdida de soberanía energética

La apertura indiscriminada del mercado eléctrico puede incentivar nuevos proyectos extractivistas en ríos y territorios rurales, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades energéticas del país.

Lo anterior porque el proyecto permite que empresas privadas instalen represas en nuestros ríos con la única finalidad de exportar electricidad a otros países.

Costa Rica ha alcanzado reconocimiento internacional por su matriz eléctrica renovable y por la planificación pública de sus recursos energéticos. El debilitamiento del modelo solidario amenaza esa soberanía energética y puede incrementar conflictos socioambientales en distintas comunidades.

Posicionarse en contra de este proyecto también significa defender los bienes comunes y el patrimonio natural del país.

Llamado a la movilización y a la defensa del modelo eléctrico nacional y solidario

El SIUNED hace un llamado a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y al pueblo costarricense a defender el carácter público, solidario y estratégico del sistema eléctrico nacional.

Costa Rica necesita fortalecer al ICE, proteger la soberanía energética y garantizar que la electricidad continúe al servicio del bienestar común y no del lucro privado.

La defensa del ICE no puede limitarse únicamente al debate parlamentario. La historia del país demuestra que los grandes derechos sociales y las instituciones públicas se han defendido mediante la organización popular y la movilización social.

Así ocurrió hace más de dos décadas en la lucha contra el Combo del ICE, cuando el pueblo costarricense logró frenar los intentos de privatización mediante la participación activa de comunidades, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Por esta razón, el SIUNED hace un llamado a fortalecer la articulación social y la movilización en defensa del ICE y de todos los servicios públicos estratégicos que hoy enfrentan amenazas de debilitamiento y privatización.

La defensa de nuestros bienes comunes exige organización, conciencia crítica y participación activa. No podemos permitir que sectores económicos privilegiados y los políticos de turno conviertan derechos fundamentales en mercancías al servicio de intereses privados.

Defender el modelo eléctrico solidario también significa levantar la lucha contra quienes pretenden vender nuestros bienes comunes al mejor postor y avanzar hacia la privatización de servicios esenciales para la vida, la igualdad y el desarrollo del país.

¡No a la privatización encubierta de nuestra electricidad! ¡La electricidad es un derecho del pueblo costarricense! ¡Defender el sistema eléctrico solidario es también defender la educación pública! ¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!

¿Qué significa realmente una “Tercera República”?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En tiempos de cansancio institucional, inseguridad ciudadana y frustración democrática, las propuestas de transformación profunda encuentran terreno fértil. Costa Rica no escapa a esa realidad. El deterioro de servicios públicos, la lentitud administrativa, la crisis de confianza en la política y la percepción de agotamiento del aparato estatal han abierto paso a discursos que prometen eficiencia, orden, autoridad y refundación.

En ese contexto comienza a instalarse con fuerza una idea particularmente poderosa: la necesidad de una “Tercera República”.

La expresión posee enorme potencia simbólica. Sugiere ruptura histórica, renovación nacional y superación de un modelo aparentemente agotado. Sin embargo, precisamente por la magnitud de lo que implica, conviene detenerse antes de asumirla como una verdad evidente o un destino inevitable.

Porque una república no es únicamente un aparato administrativo susceptible de rediseñarse según criterios de eficiencia. También es un pacto histórico, social y constitucional construido alrededor de ciertos principios fundamentales.

La Segunda República costarricense no surgió solamente de una reorganización institucional posterior a 1948. Surgió también de una concepción específica de ciudadanía, de Estado y de democracia. De ella nacieron —con todas sus contradicciones y limitaciones— las garantías sociales, la expansión educativa, la consolidación de la seguridad social, el fortalecimiento institucional y una determinada idea de movilidad social y bienestar colectivo.

Eso no significa afirmar que dicho modelo permanezca intacto ni que esté exento de crisis profundas. Sería absurdo negarlo. Costa Rica enfrenta problemas reales de burocratización, desigualdad, mora institucional, inseguridad, deterioro educativo y desconfianza ciudadana. Muchas instituciones requieren revisión, modernización y reforma. La discusión no puede reducirse a una defensa nostálgica del pasado.

Pero justamente por eso resulta necesario formular algunas preguntas incómodas.

¿Existe realmente un consenso nacional sobre la necesidad de inaugurar una “Tercera República”? ¿Conocemos con claridad cuáles serían sus principios fundacionales? ¿Qué elementos del pacto social construido durante décadas se consideran agotados y cuáles deberían preservarse? ¿Qué papel ocuparían los derechos sociales, la seguridad social, la educación pública y los límites al poder dentro de ese nuevo proyecto republicano?

Porque toda refundación implica siempre una selección política e ideológica. Toda transformación profunda redefine ganadores, perdedores, prioridades y formas de ciudadanía.

Y aquí surge un aspecto particularmente delicado. Buena parte de los discursos contemporáneos de reforma estatal se presentan bajo conceptos aparentemente neutros: eficiencia, modernización, gobernanza, productividad, resultados o competitividad. Sin embargo, detrás de esos términos también pueden esconderse procesos de concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales, reducción progresiva de capacidades públicas y sustitución de la ciudadanía social por una lógica puramente administrativa o mercantil.

La pregunta de fondo no es si Costa Rica necesita cambios. Probablemente sí los necesita. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de país se está construyendo a través de esos cambios?

En una época marcada por el avance global de liderazgos fuertes, el desgaste de las democracias liberales, la expansión de discursos anti institucionales y el crecimiento de nuevas derechas políticas y culturales, conviene actuar con cautela histórica. Las repúblicas no solo se deterioran por inmovilismo; también pueden erosionarse cuando la promesa de eficacia convierte los límites democráticos en obstáculos y la complejidad institucional en enemiga de la voluntad popular.

Quizá la discusión nacional no debería centrarse únicamente en si queremos o no una “Tercera República”. Tal vez la verdadera discusión consista en preguntarnos qué entendemos por democracia, qué queremos conservar de nuestra tradición republicana y cuáles principios no estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia o la velocidad política.

Porque reformar una república es relativamente sencillo. Lo difícil es evitar perder, en el proceso, aquello que la hacía digna de ser preservada.

Sin embargo, toda transformación republicana también termina expresándose en el terreno educativo. Toda república forma un determinado tipo de ciudadanía. Ningún modelo de Estado puede sostenerse sin una concepción implícita de ser humano, de libertad y de sociedad. Por eso las discusiones educativas nunca son técnicamente neutrales. Detrás de cada reforma curricular existe siempre una pregunta política más profunda: ¿qué tipo de sujeto necesita el país que se intenta construir?

En los últimos años empieza a consolidarse un discurso que concibe la educación principalmente como herramienta de productividad, capacitación tecnológica y adaptación al mercado laboral. El énfasis en habilidades técnicas, innovación y formación para el trabajo responde, sin duda, a desafíos reales de un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas. Negar esa necesidad sería irresponsable.

El problema aparece cuando esa visión desplaza progresivamente otras dimensiones fundamentales de la educación democrática. Una sociedad no educa solamente para producir. También educa para comprender críticamente el mundo, deliberar públicamente, convivir con la diferencia, interpretar la realidad histórica y ejercer ciudadanía más allá del consumo o la productividad.

Por eso resulta preocupante el creciente desprecio hacia las humanidades, la teoría educativa, la reflexión pedagógica y la formación crítica, frecuentemente caricaturizadas como “mamotretos teóricos” alejados de la realidad. Reducir la educación a entrenamiento técnico implica empobrecer el horizonte mismo de la democracia.

Las democracias constitucionales no sobreviven únicamente con trabajadores eficientes. Necesitan ciudadanos capaces de pensar, cuestionar, interpretar información, reconocer discursos de poder y participar críticamente en la vida pública.

La pregunta entonces vuelve a aparecer con fuerza: ¿la eventual “Tercera República” busca modernizar el país preservando una ciudadanía democrática integral o está impulsando, consciente o inconscientemente, una transición hacia un modelo de sociedad donde la eficiencia productiva termine desplazando progresivamente la formación humanística y el pensamiento crítico?

Porque toda transformación institucional profunda termina reflejándose también en las aulas. Y quizá sea allí —más que en los discursos políticos— donde realmente se define el tipo de país que una generación heredará a la siguiente.

UNED abre matrícula para curso virtual y gratuito de inglés introductorio

Escrito en . Publicado en Educación.

La U Abierta de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) mantiene abierta la matrícula para el curso Inglés Introductorio, una propuesta educativa gratuita, 100% virtual y autogestionada, desarrollada por el Centro de Idiomas de la UNED.

La iniciativa busca brindar a las personas participantes la posibilidad de iniciar el aprendizaje del idioma inglés de manera flexible, avanzando según su propio ritmo y disponibilidad de tiempo, sin necesidad de horarios fijos.

El periodo de matrícula estará habilitado del 4 de mayo al 2 de agosto de 2026. El curso tiene una duración de 40 horas y dispone de 500 cupos.

Según la información compartida por la UNED, el curso inició el 4 de mayo y se extenderá hasta el 2 de agosto de 2026.

Para participar, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma de U Abierta UNED, registrarse, iniciar sesión y posteriormente matricular los recursos educativos.

Información y enlaces de interés:

La U Abierta UNED se presenta como un espacio de aprendizaje gratuito, virtual y con respaldo institucional, orientado a ampliar las oportunidades de formación para distintas poblaciones.

UCR declara paro activo hasta julio ante incertidumbre por financiamiento universitario

Escrito en . Publicado en Educación.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la implementación de un período institucional extraordinario denominado “paro activo”, que se extenderá del 11 de mayo al 4 de julio de 2026, como respuesta a la situación generada tras la imposibilidad de finalizar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 entre el Gobierno y las universidades públicas.

Según la resolución R-298-2026, la medida busca propiciar espacios de reflexión, análisis crítico y participación informada de la comunidad universitaria frente a los posibles efectos que tendría una redistribución de los recursos históricos del FEES, la cual podría afectar el funcionamiento de la UCR y el desarrollo de sus funciones sustantivas.

La Rectoría aclara que el “paro activo” no implica suspensión de labores ni constituye una huelga, sino una modalidad organizativa excepcional amparada en la autonomía universitaria. Asimismo, se enfatiza que deberán mantenerse la continuidad de la docencia, la investigación, la acción social y los servicios institucionales.

Durante este período, las unidades académicas y administrativas podrán incorporar foros, clases públicas, asambleas informativas y otras actividades relacionadas con el debate sobre la educación superior pública y el financiamiento universitario.

La resolución también subraya que la participación en las actividades será voluntaria para estudiantes y personas funcionarias, y que deberán respetarse tanto la libertad individual como el normal funcionamiento institucional.

El rector Carlos Araya Leandro fundamenta la medida en la autonomía universitaria reconocida por el artículo 84 de la Constitución Política, así como en la necesidad de defender el financiamiento de la educación superior pública como condición indispensable para el desarrollo social, científico y cultural del país.

Balance del Primero de Mayo

Escrito en . Publicado en Formación.

Vladimir de la Cruz

El Primero de Mayo, con fecha conmemorativa y festivo nacional se debe a la rendición de William Walker, el 1º de mayo de 1857. El presidente Juan Rafael Mora con ese motivo lo decretó para que a partir de 1858 se siguiera recordando y festejando esa fecha gloriosa. Desde entonces se celebra en Costa Rica, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor pasión, con mayor o menor conocimiento del origen histórico y glorioso de haber derrotado a los filibusteros estadounidenses, que actuaban con la intención de someter a las repúblicas independientes centroamericanas en estados asociados a los estados sureños de los Estados Unidos, y de someter a los pueblos de Centroamérica en pueblos esclavos de la Unión Americana, como muchas veces se exalta a los Estados Unidos.

La rendición de William Walker impidió en la realidad y en la práctica que pudiera someter al pueblo costarricense ni a la esclavitud ni permitió que Costa Rica perdiera su Independencia, su Libertad y su Soberanía.

La rendición de Walker no impidió que intentara volver a Centroamérica, con iguales afanes, en varias ocasione, hasta que en setiembre de 1860, fue capturado en Honduras y allí, donde todavía reposan sus restos, fue fusilado.

Se le atribuye a Walker decir que lo que no pudieron sus fusiles lo harían los dólares.

La historia económica de la región, de la que no escapa Costa Rica, ha demostrado justamente esa dependencia, haciendo que nuestros países, sean literalmente independientes pero sujetos a cadenas económicas con Estados Unidos, que le dan poder de doblegar a sectores gobernantes y dirigentes políticos, haciendo que algunos de ellos se comporten como vasallos, como siervos coloniales y como esclavos mentales, carentes de todo sentido patriótico, nacional y soberano y haciendo, por ese motivo, de nuestros países y regiones simplemente Repúblicas Alquiladas y en algunos casos por las directrices que les imponen a los gobernantes Protectorados políticos y económicos.

El 1º de Mayo de esta forma no se celebra, no se recuerda. Ni siquiera se menciona en los discursos oficiales que ese día se proclaman, se dicen urbe et orbi en estrados oficiales en el país.

Desde 1913 a esta fecha nacional, se le vinculó la internacional, relacionada con las luchas de los trabajadores en el siglo XIX por lograr la jornada de 8 horas de trabajo diario y de 48 semanales. Esta lucha había surgido en a segunda mitad del siglo XIX con fuerza gracias al desarrollo de los sindicatos y surgimiento de organizaciones obreras y partidos políticos obreros, que hicieron de las demandas de los trabajadores su banderas políticas de lucha por alcanzar el poder político para lograr darle un cause a los gobiernos a favor de las grandes mayorías y de las clases trabajadoras y populares. Los grupos reivindicativos y los partidos obreros, socialistas, comunistas, anarquistas, reformistas de distinto tipo, los partidos obreros social demócratas, como se llamaron muchos de estos partidos, junto a los movimientos socialcristianos, surgidos después de la Encíclica Rerum Novarum de 1891, fueron parte de este torrente masas populares y trabajadoras organizadas por un mundo mejor.

La lucha por las 8 horas se logró en 1886, en Chicago, Estados Unidos, resultado de un movimiento de lucha de varios años y de una lucha intensiva y extensa de huelgas, en Europa y Estados Unidos, especialmente desde 1880. Habiendo logrado la jornada en 1886 más del 80% de los trabajadores movilizados en 1886, se volvieron a preparar para el 1º de mayo de 1890. Para ese año los Congresos Obreros de París acordaron sumarse de nuevo a esa lucha internacional. El Congreso reunido en la Sala Petrelle, en París, acordó que a partir de ese 1º de Mayo, de 1890, todos los años, a escala internacional, se siguiera saliendo a las calles a luchar por la jornada de 8 horas diarias y por otras demandas salariales y de beneficios sociales. Así fue creciendo esta celebración y movilización universal de trabajadores en lucha.

Así empezó a celebrarse en Costa Rica desde el 1º de Mayo de 1913, organizada en aquel año por la primera Confederación General de Trabajadores, que existió en el país, fundada ese mismo año, en enero, por impulso del Centro de Estudios Sociales Germinal, que agrupaba a una serie de intelectuales contestatarios del sistema liberal existente, entre ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, proclives a la exaltación del Trabajo como la fuente de la riqueza producida por las trabajadores.

El discurso de Joaquín García Monge aquel día vinculó ambas fechas, la de la rendición de Walker y la de la lucha de los trabajadores por su jornada de trabajo de 8 horas.

El 1º de Mayo surgió así, como un día de balance de luchas realizadas entre el 1 de mayo del año transcurrido y el 30 de abril del año siguiente, al mismo tiempo que ese día era para plantear una plataforma de luchas y metas por obtener en el año venidero. Así, el 1 de Mayo es un día de lucha, no de fiesta. Es un día de balance de las luchas realizadas y un día para conocer una plataforma de luchas para el año que inicia el 1º de mayo.

En Costa Rica no hemos sabido combinar estas dos fechas gloriosas. La rendición de Walker pasa muy desapercibida en los aspectos que hay que celebrarla. La del 1º de Mayo muchas veces se concentró atendiendo las denuncias de las luchas sociales del momento, sin una plataforma articulada de las luchas a realizar en el año venidero. Muchas veces terminó en la sesión oficial de cambio de Directorio Legislativo para entregar un pliego de peticiones a diputados que se acercaban a los sectores sociales en marcha, que se concentraban frente a la Asamblea Legislativa, especialmente después de 1970, donde los diputados no les ponían atención, porque lo más importante para ellos era, y sigue siendo, la elección de Directorio Legislativo.

La desarticulación y la división sindical, inducida en varias centrales sindicales impedía unificar esas luchas, debilitando así la organización obrera, sindical y popular, lo que no impidió grandes luchas y grandes huelgas, en este mismo período desde 1970, así como en el período de la postguerra civil, desde 1949 hasta 1970.

Contribuía en aquellos años que los partidos políticos tenían sindicatos dirigidos por ellos, por sus dirigentes obreros o sindicales. Ninguno de los partidos con diputados tiene actualmente sindicatos con dirigentes suyos y con sus banderas como identificación política.

El balance político del 1º de Mayo hoy debe concentrarse en el papel de los diputados electos, a partir de este año, en el balance político que hay que hacer del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que muere el 8 de mayo. Es quizá el peor gobierno, que se ha dado en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hay, de los 20 que ha habido. Es el más regresivo, el más conservador, el más antidemocrático, el más proclive al autoritarismo, a la dictadura, a la tiranía, a la represión, a la disminución de beneficios sociales, a la reducción de los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores, el que más se ha preocupado por restablecer jornadas de 12 horas de trabajo diarias, sin pagos extraordinarios, con reducción real de salarios, el que más se ha preocupado y actuado en acabar con el Estado Social de Derecho y con el mismo Estado de Derecho, debilitando los poderes públicos, tratando de eliminar los controles administrativos estatales y judiciales constitucionales sobre el quehacer de las autoridades de gobierno, el que más se ha comprometido con las organizaciones narco criminales haciendo de Costa Rica la bodega de droga más importante de la región con proyección a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, como es bien conocido por los decomisos que se hacen en esas regiones de la droga despachada desde Costa Rica, y por la desarticulación y demolición administrativa que se hizo en este gobierno de los mecanismos de lucha contra este tipo de organizaciones.

Es también el gobierno que más ha golpeado a las clases sociales medias, la que la ha puesto techo en posibilidades y oportunidades de movilidad social a todas las familias del millón de niños y adolescentes de poder estudiar en centros de educación pública sin posibilidad real de llegar a la Universidad pública. Es el gobierno que ha tratado hasta sus últimos días de enterrar y acabar con el sistema universitario público. Es el gobierno que más ha golpeado la realidad de los derechos humanos en el país, los derechos de igualdad de la mujer, el que más ha protegido a acosadores y agresores de mujeres, el que se ha negado a reconocer un mísero aumento de pensiones para personas, que por sus bajos ingresos seguramente encantados por shows de los miércoles votaron por la continuidad de sus políticas.

Si lo anterior es válido para una ligera mirada de lo que ha dejado el gobierno de Rodrigo Chaves, es también un pincelada de las tareas y luchas inmediatas que hay que emprender ante el nuevo gobierno de Laura Fernández.

Esta es la tarea política más importante que hay que emprender. El asalto democrático a la Asamblea Legislativa que logró con 31 diputados, lo envalentonó para anunciar que sigue el asalto a la Corte Suprema de Justicia por la elección o reelección que viene de un buen número de magistrados del Poder Judicial. Ya le metieron su primer zarpazo, saboteando la elección de los magistrados suplentes.

La lucha, en este sentido, por el Poder Judicial, va a constituir la lucha por la Democracia Costarricense, por la estabilidad política, por la defensa de las Garantías Individuales y los Derechos Sociales. Va a ser la lucha real y efectiva por mantener la Democrática Corte Suprema de Justicia que tenemos. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial están siendo gravemente amenazados, de muchas formas, incluso personales, para que especialmente aquellos que pueden reelegirse no lo hagan. El primer pulso se va a dar en esta lucha, justamente en la reelección o no de los magistrados que tienen derecho a reelegirse. Convencerlos de la reelección es una tarea moral, legal, patriótica, por la democracia. El segundo pulso se va a dar es en la postulación de los candidatos del autoritarismo institucional y político, que van a ser postulados por la canalla de los diputados de oficialismo. El tercer pulso que se va a dar es en la campaña tenebrosa y odiosa que se desatará contra los magistrados, que valientemente opten por la reelección tratando de desprestigiarlos al máximo posible, y contra quienes los apoyen, partidos o personas. El cuarto pulso que se va a dar es a nivel legislativo, en el intento de “comprar” diputados, como literalmente lo dijo el presidente Chaves, acompañándole Laura Fernández diciendo que “van por todo”, señalando también que sus diputados van la “línea que les trace el gobierno”.

Este balance político aún no se ha hecho. Tampoco hay a la vista un balance de lo social, de los sectores sociales organizados, de su situación en estos cuatro años transcurridos y de lo que se propone para el inicio del gobierno de Laura Fernández. Al menos está claro que le dará continuidad a todo lo anterior. Y en lo social inmediato van por la jornada esclavista de 12 horas y la liquidación de las universidades públicas. Estos dos objetivos por lo menos tienen la posibilidad de lucharse con mayor conciencia en las calles, con movilizaciones populares, de trabajadores, de pensionados, de estudiantes universitarios, y de secundaria, como se hizo en ALCOA, en 1970, en el COMBO, en el 2000 y en la lucha contra el TLC en el 2006 y 2007, y en cierta forma en la segunda ronda de las elecciones del 2018.

No hay que olvidar que la lucha de las universidades debe pelearse en alianza con los estudiantes de secundaria y primaria, con sus familias.

Hay que ganarse a los padres de familia enseñándoles y haciéndoles entender que en la defensa de las universidades está el futuro educativo de sus hijos, y el futuro de Costa Rica.

Replantear la relación de las universidades con las comunidades

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
Universidad de Costa Rica
francescomc8@gmail.com

En el contexto actual, terminada la comisión de enlace del FEES y una propuesta tajante de un 0% de aumento (bajo el argumento que, en razón de la inflación negativa, resulta ser en realidad un 2%), resuena en mi mente varias cosas, las cuales me gustaría compartir.

Primeramente, yendo al aspecto más medular del asunto, el cual es que, a pesar del mandato constitucional del 8% destinado para la educación pública, en mi poca vida estudiantil y universitaria, jamás he podido observar esto. Siempre en las aulas de Derecho me enseñaron que la Constitución es la norma suprema dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo cual, el sistema que hemos venido arrastrando a través de los años no respeta la jerarquía de dicha norma, así como no se alinea con lo pensado por dicha Asamblea Nacional Constituyente.

En el colegio y en los libros de historia se dice que cambiamos fusiles por libros. Sin embargo, 8 de cada 10 estudiantes no tienen la suficiente capacidad lectora al momento de ingresar a la universidad (de los pocos que entran), la deserción estudiantil es cada vez más común, y poco a poco nos convertimos en una sociedad más violenta.

No busco atribuir culpas ni realizar señalamientos, habría que estar ciego para afirmar que lo anterior es culpa del actual gobierno, incluso, de los últimos gobiernos. Esto va más allá del ejecutivo o de los políticos que se rotan cada 4 años, esto atañe a nosotros como costarricenses y un cambio en las políticas públicas, con el auge del neoliberalismo y el debilitamiento del Estado de bienestar. Les digo, ya entregamos el monopolio de la fuerza, otorgamos el poder, la organización y demás atribuciones que caracteriza al poder dentro de la democracia, lo más que nos queda es que el poder responda a nuestras necesidades y que nos encontremos legitimados para realizar reclamos cuando dichas necesidades no se cumplen.

Con eso parto hacia la próxima idea, sobre las manifestaciones estudiantiles. Las mismas cada vez parecen estar diseñadas y dirigidas para un sector poblacional cada vez más reducido. Si bien defiendo el derecho a la manifestación y la crítica al poder, considero que debe ser ejercido de manera estratégica, con el fin de buscar el impacto buscado. El Movimiento Estudiantil ya no es el mismo de antes, el que jugó un papel protagonista contra ALCOA y el Combo del ICE. Sin embargo, la forma de hacer política no es la misma que durante esos años, la sociedad cambió, así como sus formas de hacerse escuchar y de manifestarse.

Se debe de replantear la forma de hacer frente a las necesidades de las universidades públicas y de la educación superior, no solo del Movimiento Estudiantil, sino también por CONARE, y los demás representantes con algún tipo de injerencia. El discurso actual parece no convencer, ni al ejecutivo, ni al ciudadano promedio de a pie, no es solo clamar consignas vacías ni propuestas que carezcan de ejecutoriedad a corto plazo.

Hemos de reconocer que, en momentos de globalismo, auge de movimientos polarizadores, debemos tomar cartas en el asunto y movilizar verdaderamente, con discursos y propuestas contundentes, que empaticen con el pueblo y que, más importante, le hablen en el mismo idioma.

Costa Rica tiene el fenómeno de ser la democracia más longeva en América Latina, quizás por esto damos por sentado y por seguro lo que en realidad requirió luchas, vidas, negociaciones y sacrificios para tener hoy educación pública, entre otras tantas garantías sociales.

Es por esto por lo que, necesitamos hablar en un mismo idioma, no quedarnos en los conversatorios de las universidades, en las consignas que se repiten, perdiendo su verdadero significado, y comenzar a buscar verdadera conexión y empatía con las comunidades, fuera del pretil y afuera de las aulas. Si continuamos con este elitismo intelectual, hablando en términos que comprenden unos pocos que tienen la dicha de pisar aulas universitarias, cada vez las universidades perderán más fuerza.

De ALCOA al FEES

Escrito en . Publicado en Educación.

Lenin Chacón Vargas

Presupuesto para las universidades públicas

El 24 de abril de 1970 estalló una decisión colectiva en defensa de la soberanía nacional. Aquellas jornadas patrióticas contra el contrato ley ALCOA-Estado costarricense no le pertenecen a ningún grupo político; quien así lo crea, peca de pedante e ignora la realidad de aquel día, de aquella gesta.

Fue el resultado de muchos días y muchos meses y de la forja de la unión de 81 organizaciones que entendieron que la patria no se entrega, que los recursos naturales y la soberanía se defienden en la calle. Esa jornada gloriosa fue la expresión máxima de estudiantes y trabajadores en defensa de la bauxita, el agua, la ecología y los pueblos originarios, frente a un contrato que pretendía hipotecar el futuro de las nuevas generaciones.

Esa memoria hoy respira en mí a través de los rostros de quienes entonces éramos adolescentes y jóvenes. Me conmueve recordar a compañeras como Ana Lupita Mora y Macarena Barahona, del Colegio Nuestra Señora de Sion, quienes tras debatir en las aulas decidieron lanzarse a las calles. Pienso en Marielos Azofeifa, del Samuel Sáenz, y en Melania Guevara, del Colegio Superior de Señoritas. En mis recuerdos aún veo desfilar a miles de estudiantes que rompieron esquemas, marchando con orgullo con sus uniformes y desafiando las amenazas de las autoridades.

Recuerdo especialmente la valentía en secundaria. Tras la expulsión de Fernando Ugalde, presidente del Liceo de Costa Rica, Manuel Gamboa Asch asumió el liderazgo con una madurez asombrosa, junto a Héctor Ferlini-Salazar, un secretario estudiantil que apenas cursaba el segundo año. Éramos jóvenes, sí, pero estábamos llenos de convicción patriótica.

No olvido a Javier Prada, expulsado del Brenes Mesén por su beligerancia en la lucha; ni a “Pele” Lizano, el joven trabajador que caminó desde Granadilla para unirse al clamor nacional; ni el ímpetu de Fredy Garrido Dubón. Las voces de tantas y tantos que hoy decimos con orgullo «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad patriótica.

Hoy, esa memoria nos recuerda: si en 1970 el recurso a defender era el suelo y la bauxita, hoy ese recurso es el talento humano, el pensamiento crítico y la investigación científica de nuestras universidades públicas. El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al FEES, impulsado por la administración actual, representa una nueva forma de dominación que debilita nuestra soberanía intelectual y profesional. Desfinanciar la universidad pública es tan dañino hoy como lo habría sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente.

La historia me ha enseñado que el protagonismo estudiantil es vital. En el 70, sabíamos que luchábamos por el país que heredaríamos. Los estudiantes de hoy deben comprender que un justo presupuesto para el FEES no es un privilegio, sino la garantía de que cualquier joven, sea de zona rural o urbana, tenga un pupitre y un profesor esperándolo.

Nuestra lucha por un presupuesto justo trasciende ideologías; es un punto de encuentro nacional y un acto de civismo. Así como aquellas jóvenes de colegios católicos y públicos y universitarios se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra el bien común no es un «error de juventud»; es, como demostró mi generación, la forma más alta de patriotismo y en defensa del presente y futuro de las juventudes

¡Jóvenes, a luchar sin tregua por una mejor universidad y por un mejor país!

Organizaciones socioambientales respaldan al movimiento estudiantil de la UCR

Escrito en . Publicado en Educación.

Comunicado
Costa Rica, 23 de abril de 2026

Las organizaciones socioambientales firmantes manifestamos nuestro respaldo firme a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes hoy se encuentran en primera línea en la defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y los principios democráticos que sostienen nuestro Estado Social de Derecho.

Hoy, las y los estudiantes de la UCR no solo defienden su universidad, defienden a Costa Rica y su historia. En un contexto marcado por la ruptura del diálogo en torno al financiamiento de la educación superior pública (FEES), el debilitamiento de los espacios institucionales de negociación y una creciente conflictividad social, su movilización constituye una respuesta legítima frente a decisiones que afectan directamente su derecho a la educación pública de calidad.

Desde los colectivos socioambientales, reivindicamos el derecho legítimo a la protesta social, el cual encuentra sustento directo en la Constitución Política de Costa Rica, particularmente en el artículo 26 (derecho de reunión) y el artículo 29 (libertad de expresión). Estos derechos han sido reiteradamente protegidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha reconocido la protesta como una manifestación esencial de participación democrática y control ciudadano.

En ese marco, las acciones de protesta estudiantil, incluida la ocupación de espacios institucionales como mecanismo de presión, deben ser comprendidas en su contexto y no tratadas como actos aislados. La realidad es que son expresiones de una acumulación de tensiones legítimas frente a decisiones que comprometen el financiamiento público, y el acceso a la educación.

En este contexto, resulta insostenible omitir el profundo cuestionamiento que recae sobre la actual rectoría de la Universidad de Costa Rica. La gestión del rector Carlos Araya Leandro atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes recientes, marcada por decisiones altamente controvertidas en el marco de la negociación del FEES, tensiones internas acumuladas y crecientes señalamientos sobre el manejo institucional. Esta situación ha erosionado gravemente la confianza de amplios sectores de la comunidad universitaria y ha comprometido la capacidad de conducción en un momento crítico para la educación pública.

Frente a este escenario, la exigencia de renuncia planteada por el movimiento estudiantil no solo es comprensible, sino que se inscribe dentro de un ejercicio legítimo de control democrático y responsabilidad política. Sostener una autoridad sin respaldo social suficiente, en medio de una crisis abierta, profundiza el conflicto y debilita aún más la institucionalidad universitaria. La responsabilidad política no puede ser eludida.

Por ello, manifestamos:

  1. Exigimos el respeto absoluto a la integridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes movilizados.

  2. Demandamos garantías claras, inmediatas y verificables de no represión, incluyendo el cese de cualquier forma de represalia contra las personas integrantes del movimiento estudiantil.

  3. Respaldamos la exigencia de instalación de una mesa formal de diálogo, con participación efectiva y vinculante de representantes estudiantiles, como condición mínima para una salida democrática al conflicto.

  4. Rechazamos cualquier intento de criminalización, estigmatización o deslegitimación de la protesta estudiantil, prácticas incompatibles con un Estado democrático de derecho.

  5. Reiteramos que la exigencia de renuncia del rector, planteada por el movimiento estudiantil, constituye una expresión legítima en el marco de la actual crisis de gobernabilidad universitaria.

Advertimos que cualquier actuación que vulnere estos derechos fundamentales no solo implicaría responsabilidad jurídica, sino que profundizaría la crisis institucional que hoy atraviesa el país. Las luchas socioambientales han demostrado históricamente que la movilización social ha sido determinante para la defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos colectivos. En esa misma línea, reconocemos en el movimiento estudiantil un actor clave en la defensa del interés público y en la construcción de un país más justo. La protesta es un derecho, no un delito.

La UCR sale a las calles en defensa del FEES: comunidad universitaria convoca a marchar unida este 24 de abril

Escrito en . Publicado en Educación.

La Universidad de Costa Rica (UCR) vivirá este viernes 24 de abril una jornada de movilización convocada por sectores estudiantiles y respaldada por autoridades universitarias, en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la universidad pública. La cita será a las 9:00 a.m. en El Pretil, desde donde se realizará un recorrido simbólico por la milla universitaria bajo un llamado a la unidad institucional y la participación pacífica.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) difundió la consigna “Marchemos con las bandas”, invitando a que el movimiento estudiantil se haga escuchar en defensa del FEES. El mensaje señala que resguardar ese fondo es también defender la educación pública, las oportunidades para las nuevas generaciones y el futuro de la UCR.

“¡Que suenen las bandas! ¡Que se escuche el movimiento estudiantil! ¡Que la UCR salga a las calles!”, expresa una de las convocatorias compartidas por la organización estudiantil.

Llamado del Vicerrector de Docencia

El Vicerrector de Docencia, M.Sc. Jáirol Núñez Moya, dirigió un mensaje a la comunidad docente señalando que la defensa de la Universidad constituye una de las lecciones más profundas que hoy pueden transmitirse a la sociedad.

En su pronunciamiento pidió facilitar condiciones para que personal académico y equipos de trabajo puedan participar e invitar también al estudiantado. Añadió que salir a las calles en esta coyuntura es también una forma de hacer docencia de cara al país.

Asimismo, recordó que la movilización coincide con el 24 de abril, fecha vinculada a luchas sociales históricas en Costa Rica, así como con el Día de la Persona Funcionaria Universitaria.

Consejo Académico de Áreas llama a la unidad

Por su parte, el Consejo Académico de Áreas, integrado por decanaturas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales y representación de sedes regionales, advirtió que la sostenibilidad institucional está en juego y que solo una universidad unida podrá defender el presupuesto y, con él, la educación superior pública.

El pronunciamiento, firmado por el Dr. José Antonio Blanco Villalobos, coordinador de ese órgano, insiste en la necesidad de diálogo, mediación y articulación entre todos los sectores universitarios para enfrentar la coyuntura.

Defensa del modelo universitario público

La movilización ocurre en medio del debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas. Para los sectores convocantes, el FEES no representa únicamente una partida presupuestaria, sino la posibilidad de sostener investigación, regionalización, becas estudiantiles, acción social y acceso a educación superior de calidad.

La jornada del 24 de abril busca proyectar una imagen de cohesión institucional y recordar el papel histórico de la universidad pública como motor de movilidad social, pensamiento crítico y desarrollo nacional.