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Rector de la UCR presentó informe de labores del año 2022

Escrito en 04/02/2023. Publicado en Derechos.

Este informe se presenta de conformidad con el principio constitucional de rendición de cuentas, y las políticas de transparencia en la gestión universitaria. Foto: Andrea Jiménez, UCR.

Un año que agitó las bases de la educación superior pública costarricense

En una sesión solemne del Consejo Universitario, abierta al público, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta presentó su Segundo Informe Anual de Labores como rector de la institución, con el fin de que la comunidad universitaria y nacional conociera información importante sobre la marcha de la universidad durante el año 2022.

Al inicio de su informe el rector destacó que en el año 2022 la Universidad de Costa Rica demostró ser una verdadera comunidad en resistencia. En resistencia debido a que fue un año que agitó las bases de la educación superior pública costarricense y que dejó claro que “nos encontramos ante un ambiente político adverso, dispuesto a poner a competir al sistema educativo nacional por recursos financieros y en particular a segregar a las comunidades universitarias estatales”.

El señor rector recalcó que «el país requiere y demanda un desarrollo científico independiente, crítico, propositivo y que atienda integralmente las necesidades patrias y humanas. Sin embargo, hacerlo desde una universidad sin autonomía y con la intromisión política que se ha propuesto en la actualidad implicaría carecer de todo lo anterior».

Resumimos aquí algunas de las acciones e iniciativas de este segundo año de administración. Para conocer el informe en su totalidad puede accesar el siguiente enlace:

Informe 2022

La formulación del Plan Presupuesto 2023 presentó un reto para la institución originado principalmente por el crecimiento limitado de la negociación del FEES. Las estimaciones de la inflación al cierre del 2022 oscilan entre 8 % y 12 % y pese a ello solo se reconoció un 1 % por concepto de costo de vida. El presupuesto aprobado finalmente por la Contraloría General de la República fue por un monto de ¢338 889,4 millones.

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En este período, enfatizó el rector, la Universidad de Costa Rica ha tenido que adoptar medidas para adaptarse al efecto de la postpandemia, a la aplicación de la Regla Fiscal (ajustado a la Ley 9635) y a la puesta en marcha de la Ley Marco de Empleo Público. Entre algunas de las medidas de contención de gasto que se mantuvieron para el 2022 destacan: la no creación de plazas; aunado a la aplicación de la Regla Fiscal en materia salarial, que incluye la nominalización de algunos conceptos salariales, reducción del porcentaje de la anualidad y no autorización de aumentos salariales.

Una de las acciones más destacables del año 2022 fue la implementación de la modalidad de teletrabajo en la institución, en respuesta a la mitigación de la pandemia por covid-19. Es asì como a noviembre 2022, existían 127 dependencias universitarias que registran convenios aprobados de teletrabajo, referidas a las distintas áreas académicas, centros e institutos, estaciones experimentales y oficinas administrativas. En su análisis el rector manifestó que el teletrabajo ha llegado para quedarse y con la aplicación de medidas para un mayor retorno a la presencialidad en las labores docentes y administrativas, esta opción se concibe como una alternativa de enorme utilidad para ambas partes.

En el 2022 continuó la intensa negociación entre la Administración de la universidad y el Sindicato de Empleados (Sindeu), la cual generó un nuevo acuerdo de Convención Colectiva del Trabajo que, a criterio del rector, se perfila como un instrumento armonioso para las relaciones entre la institución y el colectivo de personas funcionarias.

El rector destacó los esfuerzos de planificación estratégica para la reducción de las plazas en condición de interinas. La Vicerrectoría de Docencia acompañó a todas las unidades académicas en la presentación de los Planes de desarrollo Docente y de Reducción del Interinazgo (2022-2026), y esto ha derivado en una propuesta de reducción de 2098 plazas docentes entre 2022 y 2026. Esto significa que la proporción de plazas interinas pasará de representar un 58% con respecto a la totalidad de las plazas docentes con presupuesto ordinario de las unidades académicas a apenas un 13% para el 2026.

A estos esfuerzos administrativos se agregan todos los procesos relacionados con la inversión en infraestructura y equipo, que permitieron canalizar los montos presupuestados hacia proyectos prioritarios con mayor grado de avance, y adjudicarlos antes de finalizar el periodo. Se aportaron fondos por más de mil quince millones de colones orientados a la compra de equipo para los programas de educación superior, investigación, docencia, desarrollo regional y administración.

Diferentes autoridades universitarias, personal docente y administrativo, estudiantes y otros actores de la sociedad civil presenciaron el acto de rendición de cuentas en el Aula Magna el pasado 31 de enero. Foto: Andrea Jiménez, UCR.

La UCR ha tratado de enfocarse en acciones estratégicas que permitan una gestión financieramente sostenible y pertinente a las necesidades de investigación de los sectores socio productivos que la requieren, alineada con las políticas y compromisos país de desarrollo de ciencia y tecnología, y siempre bajo los principios de excelencia y calidad. En el 2022 se registró un total de 1 351 proyectos, 284 actividades, 121 prestación de servicios y 48 programas de investigación, desde todas las áreas del conocimiento.

Desde el pilar de la vida estudiantil, la universidad se ha abocado a fortalecer las herramientas y mecanismos de acompañamiento a los y las estudiantes para brindarles la mejor experiencia de enseñanza-aprendizaje, y también de vida. Destacan la ampliación de la cobertura y robustecimiento en la inversión del Sistema de Becas, uno de los más robustos de la región, que se vio fortalecido con un crecimiento de 17,5 % en el 2022 respecto al 2021. Por ejemplo, en el primer ciclo lectivo del 2022, 46 177 estudiantes (es decir, el 62 % de quienes se matricularon) recibió algún tipo de beca socioeconómica, siendo las sedes regionales aquellos lugares en donde el porcentaje de estudiantes con la mayor categoría de beca supera el 70 %. Por otra parte, para el 2023 se mantiene este fortalecimiento con un crecimiento (1,46 %) por encima del crecimiento del FEES (1 %) y se presupuestó para el próximo año la suma de ¢35 745,15 millones.

Especial mención hizo el rector sobre el compromiso demostrado por el equipo de estudiantes y líderes del Programa de Voluntariado en la atención del centro de vacunación contra covid-19 de la Caja Costarricense de Seguro Social en las instalaciones de la UCR, la cual inició en mayo del 2021 y continuó a lo largo del 2022. Se lograron colocar más de cuarenta mil (40.000) dosis de vacunas a personas adultas, adolescentes, niños y niñas. Esto fue un hito en la alianza institucional estatal.

Una regionalización pertinente para el país, con una verdadera democratización del conocimiento que honre, además, las diversas dinámicas, necesidades y particularidades del territorio, fue otro elemento destacado por el rector como eje transversal de cada uno de los pilares estratégicos de la institución para fortalecer cada vez más el desempeño las sedes y recintos. En esta misma línea, se destacó el logro de la homologación de la carrera de Marina Civil por parte del MOPT, así como una certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de dicha carrera. Del total de 176 carreras ofertadas en todas las sedes, poco más de la mitad se encuentran acreditadas o certificadas, en proceso de autoevaluación o bien ya poseen su reacreditación.

Un apoyo a la gestión virtual de la docencia a través de instancias como la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (Metics) y el Centro de Evaluación Académica (CEA), ha avanzado en el documento “Propuesta de metodología para la incorporación de la virtualidad en los planes de estudio de la UCR”, el cual está en proceso de revisión antes de ser divulgado a la comunidad universitaria.

La acción social de la universidad se vio impactada por el contexto de la emergencia sanitaria nacional, con fuertes repercusiones en el desarrollo y gestión de los proyectos. A inicios de año se contaba con restricciones para realizar acciones en los territorios, lo cual significó cambios y formas de facilitar las actividades en los diferentes proyectos de acción social. No obstante, durante el año 2022 se ejecutaron un total de 785 proyectos. De la misma manera, la cartera de Trabajos Comunales Universitarios (TCU) se sostuvieron con más de cuatro mil cien (4100) que generaron un total un millón doscientos cinco mil ochocientos cincuenta (1.205.850,00) horas de apoyo al vínculo UCR-sociedad.

Avanzar en la articulación del trabajo de comunicación de la Vice rectoría de Acción Social con el Plan Institucional de Comunicación, liderado por la Oficina de Divulgación e Información para consolidar la presencia de contenidos de esta vice rectoría en los medios de comunicación UCR y desarrollar nuevas estrategias orientadas a colocar materiales en medios externos, con públicos más amplios, continúa planteando un desafío por atender.

En cuanto a la labor en el ámbito de la internacionalización de la universidad, el rector destacó que “se ha gestado una vinculación cada vez más fuerte con el quehacer sustantivo universitario, no solo al promover el posicionamiento institucional en el exterior, sino con la reorientación del enfoque de la internacionalización a través de nodos temáticos para afianzar la diplomacia científica y cultural, entre otras acciones”.

Sesión de presentación del segundo informe de labores:

https://www.facebook.com/QuinceUCR/videos/492512289627006

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR: Los rectores presentaron sólidos y contundentes argumentos en contra del proyecto de ley 23.380

Escrito en 27/01/2023. Publicado en Derechos, Educación.

Las universidades públicas atienden muy diversas poblaciones, zonas geográficas y una gran variedad de áreas constitutivas del desarrollo socioeconómico del país. Para realizar esta tarea, su autonomía y seguridad presupuestaria son garantías de que podrán cumplir con la misión que constitucionalmente les fue encomendada.

Audiencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa

Tal propuesta desconoce la institucionalidad costarricense

El proyecto de ley 23.380 Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior, que fue enviado a la Asamblea Legislativa por el actual Gobierno, representa una clara amenaza al funcionamiento y quehacer de las universidades públicas. Además, es un proyecto plagado de inconsistencias, falsos argumentos e inconstitucionalidades. En síntesis, ese fue el planteamiento que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) expuso y sostuvo en la comparecencia ante la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, el pasado 23 de enero.

Los cinco rectores de las universidades públicas enfatizaron que el texto en cuestión es un peligro para la educación superior pública, pues busca que sea el Poder Ejecutivo de turno quien las administre. Eso, entre otros muchos peligros, podría limitar lo que se investiga y enseña en las universidades costarricenses cuando estas no se ajusten a los intereses del Gobierno.

Ante las diferentes consultas y comentarios de los diputados y diputadas de la Comisión Especial, los rectores de Conare dejaron muy en claro todos los aspectos que este proyecto de ley desconoce y desvirtúa sobre la naturaleza y papel de las universidades públicas en la institucionalidad del país.

Durante la audiencia, los rectores demostraron que el proyecto 23.380 redimensiona la autonomía de organización, administración, gobierno de las universidades públicas y libertad de cátedra, todo lo cual origina la nulidad absoluta de la propuesta, por violentar y vaciar de contenido los artículos 78, 84, 85 y 87 de nuestra Constitución Política.

Los señores rectores subrayaron que, sin el menor de los desenfados, ese proyecto busca otorgar potestades regulatorias al Poder Ejecutivo de turno sobre la planificación de la educación superior universitaria estatal y la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), al otorgarle la autorización para regular estas materias mediante Decretos Ejecutivos.

Los rectores advierten que este proyecto pretende cortar la independencia constitucional de la universidad pública frente a los demás poderes del Estado, ya que elimina su autonomía organizativa, administrativa, de gobierno y económica. Además, le inventa potestades al Banco Central sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), las cuales están alejadas de su naturaleza, pues el financiamiento de las universidades públicas está garantizado en la Constitución Política. Esa pretensión del proyecto no explica la procedencia de los recursos, con lo cual deja así un gran vacío en la garantía del financiamiento.

Los cinco rectores de Conare mostraron gran aplomo y un sólido manejo de los alcances negativos y las oscuras intenciones que el proyecto 23.380 encierra. Así lo manifestaron ante la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa. Foto: archivo Conare.

Un punto álgido en la exposición de los rectores fue su análisis en torno a una devastadora pretensión que presenta el proyecto de ley, con la cual se persigue la creación de un nuevo consejo coordinador de la educación. Este tendría un solo representante de las universidades públicas y cuatro del Gobierno de turno: MEP, Ministerio de Hacienda, Mideplan y Micitt.

Ese nuevo consejo vendría entonces a sustituir a la Comisión de Enlace que ha funcionado. Así las cosas, se violenta otra vez la autonomía universitaria y se deja en las manos del Gobierno del momento la definición de prioridades en la educación superior pública del país. Con esto, se desconoce la competencia para elaborar el Plan Nacional de Educación Superior (Planes), dada a Conare (Convenio de Coordinación de 1974 y Ley N.° 6162 del 30/11/1977) y que la Ley N.° 6580 del 18/05/1980 eleva a rango constitucional (artículo 85).

En cuanto a los falsos señalamientos del proyecto sobre la ejecución del FEES y la rendición de cuentas de las universidades públicas, los rectores dejaron muy claro que toda renta universitaria (propia y del FEES) está constitucionalmente destinada a financiar el Plan Nacional de Educación Superior (Planes), el cual posee más de cien indicadores de evaluación de ejecución del FEES que comprenden todas las áreas del quehacer universitario. Además, el Planes incide en la política pública de nuestro país mediante la integración en ciento nueve comisiones nacionales. Los rectores fueron contundentes al sostener que la formulación, evaluación y liquidación de los presupuestos universitarios son conocidos y aprobados por la Contraloría General de la República.

Finalmente, los rectores también les mostraron a los diputados de la Comisión Especial que existen varios pronunciamientos, análisis y criterios en nuestra institucionalidad que sostienen las particularidades constitucionales de las universidades públicas y que no le permiten al citado proyecto 23.380 sostenerse ante las contundentes evidencias de Conare.

VEA la audicienca de los rectores de Conare de forma completa.

Criterio de la Contraloría General de la República del 24 de enero del 2023

Este 24 de enero, la Contraloría General de la República emitió su criterio en torno al proyecto de ley 23.380. El criterio del ente contralor fue solicitado por el Área Asamblea Legislativa, Comisión de Asuntos Económicos. A continuación, compartimos un resumen de este reciente criterio.

Al cierre de la audiencia, los rectores enfatizaron ante los miembros de la comisión que las universidades públicas han sido una piedra angular en el desarrollo histórico, social y económico de Costa Rica. Pero, a pesar de eso, ya las universidades públicas llevan varios años luchando constantemente ante los embates de quienes buscan debilitarlas por múltiples vías.

En el artículo 1 del proyecto de ley en cuestión se dispone la creación del Fondo Especial para la Educación Superior, el cual se define como un mecanismo específico con un propósito particular. Al respecto, el criterio de la Contraloría General de la República (CGR) aclara que: “(…) sin embargo, siendo que la creación de dicho fondo ya se encuentra dispuesta en el artículo 85 de la Constitución Política, la propuesta legislativa debe centrarse en desarrollar la norma constitucional respetando las condiciones establecidas en ella”.

En cuanto al uso de los recursos del citado fondo, señalado en el artículo 3 del proyecto propuesto, que dice “… Cualquier excedente que quede, al finalizar el ejercicio económico pasará a caja única del Estado”, la CGR señala: “… el fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal posee la característica de que sus recursos tienen un destino específico asignado por la Constitución Política, concretamente, financiar la educación superior estatal. Desde esta óptica, estos fondos «atados» en el lenguaje de la Sala Constitucional (voto n.° 5754-94), no pueden destinarse a ningún otro fin de aquel que ha sido fijado por la Carta Fundamental…”.

Sobre la creación de un Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal y sus funciones, propuestas en los artículos 4 y 5 del citado proyecto de ley, la CGR recuerda la importancia de “definir de forma clara el rol, el proceso de toma de decisiones, las responsabilidades de sus integrantes, la estructura requerida, así como los recursos que serán necesarios para su funcionamiento, con la finalidad de brindarle eficacia a la norma. Además, definir ante cuál ente u órgano deben las universidades públicas presentar las propuestas de los planes definidos en el artículo 6 del proyecto de ley, pues no se indica en el contenido de la redacción [sic]”.

Por otra parte, en el artículo 9 del proyecto de ley, en el cual se dispone que: “… Las Universidades Públicas deberán presentar anualmente al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal y a la Contraloría General de la República un informe financiero de la ejecución de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior… La CGR deberá emitir su criterio respecto al informe rendido, por parte de Conare, cuyo incumplimiento injustificado constituirá falta grave contra la Hacienda Pública…”.

La redacción del citado artículo 9, señala la CGR, “… presenta deficiencias y ambigüedades, ya que no se especifica cuál es el informe que debe rendir el Conare…, además, se hace referencia a términos jurídicos indeterminados como “incumplimiento injustificado” o “correcta distribución”, sin que se defina de forma clara el alcance conceptual de los mismos, generando una eventual inseguridad jurídica en su aplicación…”. “No se omite recordar que la Contraloría General mantiene su potestad de fiscalización sobre la Hacienda Pública, en función de lo establecido en el artículo 183 de la Constitución Política y en el Capítulo II de su Ley Orgánica, N° 7428, por lo que no se considera procedente la definición de la citada función, siendo que ya existe un marco jurídico que define una serie de roles y responsabilidades en materia sancionatoria”.

Por último, la CGR sugiere consultar el texto a los actores involucrados, por la relevancia del proyecto que pretende regular un fondo creado constitucionalmente.

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Sobre pertinencias y empatías

Escrito en 17/12/2022. Publicado en Comunidad, Cultura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Hace unas semanas asistí a un taller organizado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, sobre el tema de la pertinencia de las carreras que se ofrecen en la educación superior pública del país.

Sobre la discusión desarrollada y el concepto discutido, debo decir que intuyo que las instituciones de Educación superior pública del país hemos caído en la trampa de la racionalidad del mercado y la búsqueda del éxito económico, sobre cualquier saber o conocimiento compartido.

Me preocupó que ninguna carrera relacionada con el arte fuera referenciada porque en el fondo “no produce”. De igual manera las Ciencias Sociales fueron exiguamente visibilizadas, dada su escasa relación con la competitividad y eso que casi míticamente ha empezado a llamarse la cultura (o la religión) STEAM.

Esta reflexión la comparto hoy que debemos preguntarnos qué es lo verdaderamente pertinente en una sociedad que aún a tientas trata de sobreponerse a una de sus peores crisis civilizatorias de la historia. Pareciera que esa racionalidad instrumental que antepone los criterios mercantilistas a lo demás se ha impuesto como proceso sociocultural.

Y en esa imposición pulveriza la empatía como acción humana fundamental.

Leo con estupor en los diarios costarricenses una noticia de la cual no termino de asombrarme: la ex ministra de educación costarricense Sonia Marta Mora fue condenada al pago de una multa por haber autorizado a una funcionaria de su Ministerio a tomar una licencia para cuidar a su esposo enfermo en fase terminal. Eso pasó hace unos años.

El criterio institucional, la racionalidad administrativista que ha supuesto la gestión de lo público en los últimos 40 años, consideró improcedente el actuar de la exjerarca y la condenó al pago de una multa.

Excesivo.

Increíble y excesiva la forma como la institucionalidad salda sus cuentas dejando en segundos planos lo verdaderamente importante en su accionar: los seres humanos. De esta entronización de la racionalidad capitalista en las esferas estatales ya había dado cuenta la economista costarricense María Eugenia Trejos en un agudo análisis sobre el tránsito de la racionalidad neoliberal en el marco del estado costarricense.

Entre lo que el pensamiento racional considera como pertinente y la ausencia de empatía ante el dolor, se nos muestra el lado más odioso de la promesa neoliberal.

Dicho esto, se impone urgentemente humanizar las políticas públicas, dotarlas de nuevas formas de sensibilidad, de nuevo músculo en el que el ser humano retorne a su centro, pensarlas con el corazón, actuarlas con el corazón.

UNED ofrece con U Abierta cursos gratuitos y virtuales para toda la población

Escrito en 11/11/2022. Publicado en Derechos, Educación.

El acceso es gratuito y virtual para todas las personas interesadas en fortalecer sus conocimientos y mejorar su calidad de vida

U Abierta es la nueva plataforma educativa con la que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) ofrece actividades, cursos y recursos gratuitos y virtuales, para apoyar a la población en sus procesos de autoaprendizaje, sin restricción de tiempo y al ritmo de cada persona.

El nuevo entorno está disponible aquí (https://uabierta.uned.ac.cr/). Las personas que esperan recorrer la oferta educativa deben registrarse y matricular una a una las actividades, cursos o recursos de su interés y cumplir con los procesos correspondientes para adquirir nuevos conocimientos o, incluso, en algunos casos, poder certificarse con la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED.

Con esta plataforma, la UNED atiende “las necesidades de formación que tiene las poblaciones en el territorio nacional e internacional, en un avance significativo en la historia de la UNED. Estamos incorporando activamente de forma oficial y formal, la posibilidad de capacitación y formación abierta haciendo uso intensivo, inteligente y eficiente de lo que la tecnología pone al servicio de una institución como la nuestra, especializada en educación a distancia”, indicó el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho.

Esta iniciativa está dirigida a personas en condición de desempleo, subempleo, inmersas en la economía informal y aquellas que desean tener una actualización profesional, pero no cuenten con los recursos económicos para cumplir con sus metas educativas.

Para el rector de la UNED, “en este tiempo post pandemia, lo más necesario en todas las sociedades es multiplicar las formas en que las personas puedan adquirir conocimientos, llevar a todos los rincones a nivel nacional las oportunidades de aprendizaje y aquí lo estamos haciendo, incorporando el conocimiento de las personas, el desarrollo de toda nuestra modalidad educativa, las experiencias y buenas lecciones que tiene la UNED a lo largo de su historia”.

Cursos en oferta. En esta primera etapa se tienen disponibles 11 actividades y recursos, los cuales irán en aumento en las próximas semanas. Actualmente, están en oferta cursos como Principios de Word; Principios de Power Point; Leyes de Newton en lenguaje sencillo (secundaria); Manejo de crisis en tiempos de crisis; y ¿Cómo enseñar lectoescritura en casa?

Asimismo, ¡Yo tengo una idea! Herramientas de incidencia política desde las juventudes; Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH); Liderazgo desde nuevos modelos pedagógicos para transformar la comunidad y el centro educativo; La incidencia política en la gestión local del desarrollo; Sistematización de experiencias de desarrollo territorial y MOOC Introductorio sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“U Abierta puede servirles a los más de 30 mil estudiantes de carreras de la UNED y a las muchas personas que no tienen estudios universitarios y con acceso a este tipo de herramientas digitales, pero, sobre todo, esperamos que U abierta sea la universidad de los sectores que hoy se encuentren en la economía informal”, indicó por su parte, Javier Ureña Picado, director de la Dirección de Extensión Universitaria.

De esta forma, la UNED se propone poner al alcance de la población la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para aplicarlos en emprendimientos o labores cotidianas, además de las competencias para el uso de plataformas con Recursos Educativos Abiertos.

“YO ME COMO LA BRONCA”

Escrito en 20/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

Utilizando esa frase popular, el actual presidente de la República se ganó la simpatía de miles de ciudadanos en su millonaria campaña electoral. Y, de seguro por eso, lo “eligieron”. La frase alude al personaje valiente que se enfrenta a un problema o a una disputa, la cual puede llegar, incluso, hasta la pelea callejera, dado que otras personas no están en disposición de asumirla.

Esos miles pensaron, posiblemente, que la bronca que se comería el presi, consistía en contener la contrarreforma neoliberal de los últimos gobiernos liberacionistas, “socialcristianos” y del PAC, o lo que es lo mismo, del PLUSCPAC y sus turecas. En otras palabras, detener la venta de activos estatales, eliminar la figura de concesión de obra pública, ordenar las compras del estado para evitar corruptelas y, lo más importante, ponerle coto a la evasión y elusión fiscales, máximos disparadores de la crisis fiscal. Y claro, enfrentar la corrupción y retomar la buena marcha de las principales instituciones del estado, así como la mejora de las condiciones de vida de los sectores más golpeados por esa contrarreforma, la pandemia y la crisis global: los trabajadores, los pequeños productores y emprendedores y, la cada vez más empobrecida clase media.

Pero resulta que era otra bronca la que venía a comerse el señor Chaves con sus compinches y escuderos, es decir, sus financistas; la que no arriesgaron en asumir los últimos gobernantes: venta de activos y privatización de servicios con el desmantelamiento de la seguridad social, la educación pública (sobre todo universitaria), las telecomunicaciones, electricidad, agua y la banca nacional, entre otras ocurrencias, que finalmente, no son tan ocurrentes, dado que están en la mira de muchos grandes empresarios y financieras internacionales desde el siglo pasado. Dicho de otro modo, profundizar la contrarreforma neoliberal hasta sus últimas consecuencias para acceder a un estado totalitario y corporativo estilo Chile de Pinochet, México antes de AMLO o la actual España. En breve: desmantelamiento del estado social de derecho.

Y claro, el valiente presi luce envalentonado; se sabe apoyado por una inmensa masa intoxicada, desde hace decenios, gracias al discurso único y a la virulenta campaña anti trabajadores públicos, anti ciencia, anti saberes y anti estado social, por parte, tanto de la “prensa canalla”, como por el fundamentalismo de toda laya, ya desde iglesias y púlpitos, ya desde ciertas trincheras neoliberales como universidades privadas, cámaras patronales y ciertas embajadas. Ese conglomerado anti pueblo y anti costarricense, no repara en los graves visos inconstitucionales de decretos y “leyes” propuestas por el ejecutivo. Aplauden a un gobierno autoritario con ínfulas totalitarias, sin saber que serán ellos (la masa intoxicada) quienes, finalmente, saldrán más perjudicados.

Lo alarmante de la coyuntura es que no se vislumbra una oposición seria ante un bloque desalmado que pretende echar por la borda todas las reformas sociales que costaron tanto sacrificios y sangre en la década de los cuarenta del siglo pasado. Las cúpulas partidarias que, al final, como vimos, son las mismas, negocian parte del pastel y se ponen de acuerdo en el parlamento, para seguir desarmando el estado social de derecho y tijeretear la Constitución Política de acuerdo a sus voraces intereses. Por ello no se avizora un frente político socialmente amplio que pudiera detener esta nefasta contra ofensiva neoliberal de última hora.

La débil esperanza con que contamos, quienes padecemos desde ya al monstruo que pisa fuerte, es que los miles de intoxicados vayan abriendo los ojos y el cerebro ante la brutal embestida de quien se está comiendo la bronca a favor de sus mentores, promotores y patronos nacionales e internacionales. Para eso lo trajeron desde una de las financieras transnacionales donde laboraba, cual gris tecnócrata.

*Escritor

Enviado a SURCOS por el autor.

Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos

Escrito en 20/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dra. Yamileth González García, exrectora UCR y Colectivo Mujeres por Costa Rica

Costa Rica vive en la actualidad circunstancias que amenazan, como nunca, su estabilidad democrática y que, ponen en riesgo el Estado Social de Derecho y, en particular a las instituciones de educación superior pública.

El proyecto del Gobierno de Costa Rica que plantea una “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”, expediente 23.380, es un irrespeto a las universidades públicas y muestra una ignorancia impropia de un Poder Ejecutivo. El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor, errada de lo que son las universidades públicas, desconociendo profundamente sus características y la esencia misma de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, evidencia, además, desconocer que durante los años de 1980 y 1990 ese financiamiento se vio severamente disminuido, particularmente para la educación superior, como, también, lo ha sido en décadas más recientes.

Cuando se afirma que la universidad pública ha sido considerada, simplemente “…como un mecanismo de movilidad social, fundamental para el país…“ nos hace entrar en dudas si los proponentes de este proyecto entienden la esencia de la Universidad; se pone en evidencia que, para el Gobierno, las universidades son, de manera excluyente, simples casas de enseñanza, centros de formación de profesionales y, quienes vivimos la vida universitaria a profundidad, sabemos que en nuestro país el quehacer de estas instituciones es mucho más que eso, que está asentado sobre tres pilares esenciales: la investigación, la docencia y la acción social, cuando, además, se señala que las universidades, no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la pregunta ¿Qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales para la empresa privada y su interés mercantil? Si la visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demande la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, de arte y las humanidades? que son, precisamente, las que desarrollan en sus graduados la formación de destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en grupos, que tanto ha influido en la idiosincrasia nacional.

En el artículo1 se establecen límite a la distribución del FEES, el cual sería, fundamentalmente, para financiar la regionalización, las becas y la infraestructura y, entonces, ¿no existe financiamiento para la investigación y la acción social? En la perspectiva de este proyecto a la investigación se le da un papel marginal y la acción social es absolutamente inexistente. Y eso no es casual: así buscarían romper o silenciar la significativa relación que las universidades tienen con la sociedad. A eso se le une que, según este proyecto de ley, la creación de nuevas carreras solo se podría dar si son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo (art.7), o sea que se elimina la potestad de las universidades de hacer inversión académica en áreas que estas consideren pertinentes.

A pesar de que, como se señala en el expediente 23.380, hubo, desde la Asamblea Constituyente de 1949, algunos legisladores que discutieron sobre la asignación del presupuesto para la Universidad, otros con sabia visión, como Rodrigo Facio, Carlos Monge y Fernando Baudrit… buscaron protegerla de posibles y futuros embates, como el que se vive en los momentos actuales.

Es inadmisible que, el Gobierno, tergiverse la Constitución Política y señale que el Estado solo debe comprometerse presupuestariamente, con lo necesario para las universidades, y así dejarlas sometidas a los criterios políticos de turno, asignando el mínimo y no el máximo.

No es admisible desde ningún punto de vista y el proyecto lo hace, que se irrespeten los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), quinquenalmente se han elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Por todo lo anterior resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES. Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos.

No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades quieren estar exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc), también de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente: por eso la defensa frente a esta proyecto que atenta contra sus derechos, no solo es necesaria y urgente, así como cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.

Inconcebibles son las trabas que se proponen para una ágil y eficiente administración de los recursos, si estos pasan a ser administrados por el Banco Central, y, peor aún, que las universidades tengan que hacer, mensualmente, los trámites para solicitar los fondos requeridos (art.3) y si los recursos, considerados excedentes deben pasar a la Caja única del Estado, pues, entonces, se crean impedimentos para la realización de obras que requieren más tiempo que el que define el período presupuestario señalado.

Es de esperar que una propuesta que irrespeta tanto a las universidades públicas no reciba la atención de la Asamblea Legislativa y que, en ese espacio, no olviden que, aún en tiempos de crisis, no se debe amenazar, como lo ha hecho inconcebiblemente el Presidente Chaves, a la sociedad con el quiebre de nuestro sistema democrático, sino que, por el contrario, recuerden que consolidar la naturaleza de bien público de la educación, constituye el mejor camino para fortalecer la democracia.

Esta en desarrollo un ataque en distintos frentes por parte del Gobierno

Escrito en 14/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
12 de octubre 2022

Las expresiones son:

Proyectos de ley
Recorte de presupuestos a los sectores más vulnerables para pulverizar instituciones
Alianzas en la Asamblea
Pactos oscuros por eurobonos
Asustar con narrativa tergiversada y con política de miedo
Desfinanciar el Poder Judicial en proyectos antidrogas, anticorrupción, debilitar OIJ, listas de espera en CCSS, privatización en sus distintas modalidades, tercerización, decisiones en sector educación, entre otros.

PERO el objetivo esencial es:

Completar la fase dos de los objetivos incompletos que escondían la ley 9635 de » fortalecimiento de las finanzas públicas»; la ley 9808, que elimina el derecho a la protesta social (incluida la huelga en el sector público y sus efectos e impactos en los sindicatos del sector) y la ley de empleo público.

En tal sentido está en pleno desarrollo un ataque a las autonomías constitucionales especiales creadas en la Constitución Política de 1949.

Es decir, el proyecto de Rodrigo Chaves Robles está centrado en aprovechar bien su cúmulo de popularidad y articularlo con los actores visibles e invisibles de la derecha más rancia del país y desde su táctica y estrategia de rasgos autoritarios y populistas, enterrar la pala más fuerte en la tierra y seguir cavando para enterrar la institucionalidad patria y con tal ejercicio herir aún más de muerte el Estado Social de Derecho.

O sea, estamos transitando como país hacia una peligrosa concentración del poder como la que existió antes de 1949.

El proyecto de “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” violenta la autonomía de las universidades públicas y la institucionalidad

Escrito en 14/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto denominado ‘Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior’ (expediente N° 23.380), presentado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto violenta de manera flagrante aspectos centrales de la autonomía universitaria y, de aprobarse, tendría serias consecuencias para la institucionalidad del país.

¿Qué es la autonomía universitaria?

Al calor de la discusión de este proyecto, conviene refrescar el concepto de autonomía universitaria. “La autonomía incluye la libertad académica o de cátedra, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios y para decidir sobre el uso de los recursos que les provee el estado. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión. En el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria está claramente establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. El cumplimiento de la misión académica, cultural y social de las universidades públicas requiere del ejercicio de la plena autonomía, para que puedan ser un espacio de pensamiento y acción libres, no supeditados a los poderes fácticos, sino al servicio de toda la sociedad.” (Gutiérrez, 2021).

¿Por qué violenta este proyecto la autonomía universitaria?

El artículo 4 del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría constituido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y por cuatro ministros o ministras del gobierno.

El artículo 5 dice textualmente: “Corresponderá al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las perspectivas de desarrollo de la investigación y extensión universitaria al crecimiento económico, social y ambiental del país. Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo. Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio.”

En otras palabras, el proyecto propone crear un nuevo organismo, con la participación de cuatro ministros o ministras, el cual elaboraría un plan nacional de desarrollo universitario, definiría metas, indicadores y resultados esperados. Es decir, el accionar de las universidades públicas estaría supeditado a este órgano y, para efectos prácticos, pasaría a ser controlado en gran medida por las autoridades de los gobiernos de turno. Esto liquidaría, en la práctica, el ejercicio de la autonomía universitaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

El texto del proyecto de ley refleja un desconocimiento enorme del concepto de la autonomía universitaria. Por ejemplo, se dice que “es evidente que la autonomía universitaria está circunscrita a la parte organizativa de las instituciones y a las facultades de autogobierno de las universidades públicas costarricenses”. La constitución política y diversas resoluciones de la Sala Constitucional muestran, por el contrario, que la autonomía va mucho más allá de la parte organizativa de estas instituciones, ya que incluye decisiones y ámbitos que involucran muchos otros aspectos de la vida institucional, como señala la definición al inicio de este ensayo.

Resulta paradójico que el texto del proyecto recurra a citas de la Sala Constitucional para apoyar la propuesta, tergiversando el espíritu de varias de ellas, e incluye una cita (Voto 1313-03) que más bien confirma que este proyecto contradice los pronunciamientos emitidos por dicha Sala. En dicho voto, con respecto a la autonomía, se indica que: “…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas (se refiere a las universidades, aclaración nuestra) están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley arriba citados contradicen drásticamente este texto de la Sala Constitucional.

¿Por qué es esencial mantener la autonomía universitaria?

Las universidades públicas cumplen roles esenciales en la vida del país. Por un lado, generan amplios contingentes de profesionales de excelente calidad que nutren los espacios privado y público del país. Un reflejo de esto es la alta empleabilidad de las personas que se gradúan de dichas instituciones. Además, las universidades son el principal reservorio de ciencia y tecnología de Costa Rica. Son centros que tienen una enorme proyección a la sociedad a través de múltiples formas de extensión que llegan a amplios sectores de la población en todo el país. Esta multiplicidad de aportes ha sido posible gracias al ejercicio de la autonomía.

Tan importante como lo anterior es el hecho de que, gracias a su autonomía, las universidades públicas son centros permanentes de reflexión sobre la realidad nacional. Este ejercicio de análisis, ejercido de forma autónoma, es fundamental, pues genera insumos de pensamiento y conocimiento que iluminan amplios aspectos de la vida del país. El trabajo universitario no debe estar regido por decisiones que emanen de los poderes políticos, pues ello aniquilaría ese sentido de reflexión permanente para convertirse en simples ejecutoras de políticas emanadas de poderes fácticos. Ello no implica de ninguna manera que las universidades no tengan una coordinación activa y profunda con los planes nacionales de desarrollo y con las instituciones del estado. Esta relación existe y siempre ha existido. Pero debe darse en el marco de su autonomía.

Lejos de lo que algunos piensan, incluyendo sectores del actual gobierno, el país necesita, para garantizar un desarrollo próspero y con equidad, de la existencia de universidades autónomas, en las que se estudie la realidad nacional y se cultiven saberes diversos, en un permanente ejercicio de reflexión, investigación y formación. También necesita la forja de profesionales que no solo sean competentes técnicamente, sino que posean una visión amplia de la realidad y puedan ser personas creativas, innovadoras y solidarias. Y requiere instituciones de educación superior que no solo respondan a los intereses de sectores políticos y económicos específicos, sino que sirvan a toda la sociedad. Estas metas son posibles de alcanzar solamente en el contexto de instituciones verdaderamente autónomas.

Por este medio hago un llamado vehemente a las señoras diputadas, a los señores diputados, a los partidos políticos, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general a rechazar de manera enfática el proyecto de la “Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior”. Nuestro país no merece semejante retroceso en su institucionalidad.

Referencia citada

Gutiérrez, J.M. (2021) Reflexiones desde la Academia. Universidad, Ciencia y Sociedad. Editorial Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

Nunca hemos sido un “bazar” universitario

Escrito en 11/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

El rechazo por parte de la Sala IV del recurso de “inconstitucionalidad por omisión” que las universidades públicas presentaron en 2019 contra los artículos 5, 6, 11, 14, 17, 19 y 26 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no sólo socava la autonomía universitaria si no que debilita a toda la institucionalidad nacional.

El rechazo del Recurso se da en un contexto de concreción de las amenazas. Dos ejemplos son la intromisión del Ejecutivo en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la destitución de su presidente ejecutivo y la descalificación de su autonomía, a raíz de la disputa por la posible ejecución del aumento de salario de 7.500 a la base, debidamente aprobado pero pospuesto por la pandemia. El otro ejemplo es el “leñazo” dado con la imposición del presupuesto a las universidades en la inexistente negociación del Fondo especial para la educación superior (FEES) del 2022, a lo que se suma el proyecto de ley para fijarles parámetros y condiciones para ejecutar su presupuesto.

Este debilitamiento de la institucionalidad ya estaba claramente expuesto en expediente legislativo 22.266, que desde el 2020 intenta modificar el artículo 176 de la Constitución Política. Según ese texto, en adelante “El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”. De aprobarse tal propuesta, las universidades, la CCSS, las municipalidades y la totalidad de las entidades descentralizadas, tendrán que subordinar sus presupuestos a los parámetros dictados por el Ministerio de Hacienda y según las restricciones impuestas por la regla fiscal o cualquier otro mecanismo definido de manera centralizada y de aplicación obligatoria. La reforma propuesta indica que “en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.

Para un país que se precia de tener un sistema educativo robusto y que aspira a mejorar la calidad de vida por medio de la educación, es gravísimo que el Presidente considere “exitosa” la última negociación/imposición del FEES, porque “Logramos reducir el monto del FEES en términos reales”. Una reducción acumulada de cerca de 110.000 millones de colones en el FEES, equivale a casi el presupuesto anual conjunto del ITCR y la Universidad Técnica, o a casi el presupuesto total de la Universidad Nacional. Las dimensiones del impacto negativo de la pérdida de financiamiento las resentirá la sociedad desde ya, pero más en el futuro cuando las universidades públicas pierdan las condiciones para brindarle al país especialistas calificados en todos los campos.

La ofensiva del Gobierno incluye además eventuales sanciones a las universidades “en caso de incumplimiento en la adecuada distribución del FEES” entre ellas. El expediente 23.380, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 6 de octubre 2022, constituye una intromisión sin precedentes, pues por décadas las universidades públicas han realizado esa distribución de acuerdo con sus necesidades, y no siguiendo criterios externos y menos impuestos unilateralmente por el Gobierno. Las universidades públicas debemos rechazar contundentemente el supuesto del Presidente de que “Hoy no hay cuentas ni criterios objetivos para repartirlo (el FEES) entre las cinco universidades (…) para que no sea una negociación en un bazar todos los años, sino que haya parámetros”. Las universidades no sólo planifican internamente y entre ellas por medio del Consejo Nacional de Rectores, si no también con el Gobierno, como quedó demostrado durante la pandemia de la Covid19.

El Consejo Nacional de Rectores, en el comunicado del 10 de junio del 2020 “Posición de CONARE ante informe de Comisión Legislativa sobre el FEES”, señaló que “la última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos”. “La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República”. Esa tarea no se podría realizar desde un “bazar” universitario. La frase del Señor Presidente contra las universidades públicas no requiere comentarios.

La planificación interuniversitaria de corto, mediano y al menos para cada 5 años, se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior (PLANES), que siempre ha considerado las necesidades del país y por tanto no es un ejercicio universitario aislado. Más bien, los responsables de que esta planificación y ligamen con las necesidades naciones se debilite, han sido los gobiernos al imponer una negociación anual y no quinquenal del FEES.

Las universidades públicas son instituciones que por mandato constitucional tienen el grado máximo y especial de autonomía con que se cuenta en el país, y eso les otorga, entre otras facultades, la de definir con plena y absoluta independencia, cómo se usan los recursos del FEES. Ningún gobierno o ministerio, ni siquiera el de Educación pública, tiene las condiciones técnicas, la visión y el conocimiento necesarios para definir en qué campos de las ciencias y las humanidades, y en qué regiones del país, se deben invertir los recursos del FEES. Dialogar y consensuar siempre son necesidades oportunas, y eso se ha hecho; pero imponerse, suplantar y desconocer las atribuciones de las universidades, nunca será la vía para mejorar la educación pública. Y eso es lo que precisamente pretende el Gobierno con el proyecto de ley 23.380, que incluye “parámetros” para medir el desempeño de las universidades y una posible “fiscalización” de la Contraloría General de República, lo cual equivaldría a desmoronar su autonomía, lo mismo que la de las demás instituciones autónomas del país como las municipalidades y la CCSS.

Lejos de fortalecer la institucionalidad pública, este Gobierno ha sumado a su poco original agenda, la recuperación (prácticamente en todos los campos) de las peores propuestas y proyectos de ley de administraciones anteriores contra lo que nos queda del Estado social.

CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas

Escrito en 08/10/2022. Publicado en Derechos, Educación.

Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno.

El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) está garantizado en la Constitución Política:

En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.

El FEES tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).

El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Adicionalmente, en la última negociación del financiamiento universitario fueron incorporados en el Anexo del Acuerdo de Financiamiento, índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente.

Tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al CONARE elaborar el PLANES y definir la distribución del FEES.

Nuestras universidades reiteran su compromiso con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Sometemos a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, hemos cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

El CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas y reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario y llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación.

Hacemos un llamado de alerta a las comunidades universitarias y a la propia comunidad nacional para manifestarnos en defensa del Estado Social de Derecho.

Confiamos plenamente que la Asamblea Legislativa actuará conforme a la observancia de los principios y normas constitucionales vigentes.

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.