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Etiqueta: El Salvador

¿Qué le envidiamos a El Salvador?

Glenm Gómez Álvarez, presbítero

A propósito de la visita ad limina de los obispos de El Salvador, concluida en Roma este 11 de septiembre de 2026

¿Qué le envidiamos a El Salvador?

La pregunta no es inocente. Si se la hacemos hoy a muchos costarricenses, probablemente la respuesta aparezca de inmediato: la seguridad.

El Salvador pasó, en pocos años, de ser identificado internacionalmente con las maras, pandillas y una violencia insoportable a exhibir una caída extraordinaria de los homicidios. Hay salvadoreños que dicen haber recuperado sus barrios, sus calles y algo tan elemental como salir de casa sin miedo.

Mientras tanto, en Costa Rica aprendimos un vocabulario que antes nos parecía lejano. Sicariato, territorios disputados, crimen organizado, ajuste de cuentas. Los homicidios dejaron de sorprendernos como deberían.

Es comprensible, entonces, que alguien mire hacia El Salvador y pregunte: ¿por qué ellos pudieron y nosotros no?

Pero ahí comienza la parte difícil.

El modelo salvadoreño no puede analizarse solamente desde las cifras de homicidios. Desde marzo de 2022 el país vive bajo un régimen de excepción, prorrogado una y otra vez, que ha permitido detenciones masivas y ha restringido garantías constitucionales. Decenas de miles de personas han pasado por las cárceles. Y junto a la satisfacción de una parte importante de la población por la recuperación de la seguridad, han aparecido denuncias sobre detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias, debido proceso y respeto de los derechos humanos.

Las dos realidades existen. Negar cualquiera de ellas empobrece la discusión.

Precisamente por eso resulta tan significativa la reciente visita ad limina Apostolorum de los obispos salvadoreños a Roma y su encuentro con el papa León XIV.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez resumió una convicción que parece sencilla, pero que en circunstancias como estas adquiere un peso enorme: la persona humana debe estar en el centro.

También la persona encarcelada.

Este punto es esencial para la Iglesia. Una cárcel no puede convertirse en un territorio donde el Evangelio deja de entrar. Al contrario. Si hay un lugar donde la presencia cristiana resulta necesaria es allí donde el ser humano corre el riesgo de quedar reducido a un número, un expediente, una condena o un uniforme.

La sociedad tiene derecho a defenderse del delincuente. Las víctimas tienen derecho a la justicia. Las familias tienen derecho a vivir sin miedo. Nada de eso puede relativizarse.

Pero el preso sigue siendo persona.

Y aquí el compromiso de los obispos salvadoreños adquiere una dimensión particularmente importante. La Iglesia no está llamada a escoger entre las víctimas y los privados de libertad, como si la misericordia hacia unos significara indiferencia ante el sufrimiento de los otros. Tiene que estar donde duele: con la familia que perdió un hijo por la violencia, con la comunidad que durante años estuvo sometida por una pandilla, pero también dentro de las cárceles, acompañando, escuchando, anunciando la posibilidad de conversión y defendiendo la dignidad que ninguna sentencia puede borrar.

Ese equilibrio incomoda. Pero el Evangelio muchas veces incomoda precisamente porque se niega a dividir el mundo entre seres humanos que merecen dignidad y seres humanos que ya no la merecen.

Durante la visita a Roma estuvo presente, además, una figura imposible de separar de la historia salvadoreña: san Óscar Romero. Los obispos entregaron a León XIV una reliquia del santo.

No es un detalle menor.

Romero conoció la violencia de su país y entendió que la Iglesia no podía contemplarla desde lejos. Se acercó a las víctimas, denunció los abusos del poder y defendió la vida cuando hacerlo tenía consecuencias. Su palabra no nació de una teoría sobre El Salvador. Nació de escuchar a su pueblo.

Quizá esa sea también una lección para Costa Rica.

No necesitamos copiar modelos. Mucho menos idealizarlos. Necesitamos recuperar la seguridad, y con urgencia. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos está incumpliendo una de sus responsabilidades fundamentales. Pero tampoco deberíamos aceptar la idea de que para recuperar la tranquilidad necesariamente haya que disminuir el valor de la dignidad humana.

Seguridad y derechos humanos no deberían ser enemigos.

Y la Iglesia tampoco puede mirar esta discusión desde la gradería. Si el narcotráfico está reclutando muchachos en nuestras comunidades, allí tiene que estar. Si las familias viven atemorizadas, allí tiene que estar. Si nuestras cárceles están llenas de personas para quienes la sociedad ya no espera nada, también allí tiene que estar.

No solamente para denunciar. También para acompañar, prevenir, reconstruir y anunciar el Evangelio.

Entonces vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué le envidiamos a El Salvador?

Tal vez no deberíamos envidiarle nada.

Deberíamos mirarlo con respeto, reconocer lo que ha conseguido, atrevernos a discutir el costo de algunas de sus decisiones y, sobre todo, aprender de una sociedad que ha conocido extremos de violencia que Costa Rica todavía puede evitar.

Porque nuestro desafío no consiste únicamente en volver a sentirnos seguros.

Consiste en lograrlo sin dejar a nadie fuera de la condición humana.

Expresan solidaridad con Ruth López y personas perseguidas en El Salvador

El pronunciamiento advierte sobre el deterioro de los derechos humanos y las libertades democráticas en El Salvador y llama la atención sobre la criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y comunidades.

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales expresaron su solidaridad con la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, así como con las personas presas por motivos políticos o de conciencia y quienes han tenido que salir al exilio debido a la situación que atraviesa El Salvador.

La preocupación quedó planteada en un acuerdo que señala el deterioro de los derechos humanos, las libertades democráticas y el Estado de derecho en ese país. En el caso de Ruth López, se recuerda que al momento del pronunciamiento habían transcurrido más de 400 días desde su detención, ocurrida el 18 de mayo de 2025.

El documento recoge los cuestionamientos realizados por distintas organizaciones, que han señalado que su detención estaría relacionada con su trabajo en defensa de los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción, además de advertir sobre posibles vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales.

Para la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA, el caso adquiere además una dimensión relacionada con la defensa ambiental. Ruth López ha acompañado procesos ciudadanos vinculados con la oposición a la reactivación de la minería metálica en El Salvador, una actividad que ha generado importantes debates y conflictos sociales y ambientales en el país.

El pronunciamiento advierte que esta situación no puede analizarse como un caso aislado. La criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y voces críticas, así como el hostigamiento, la vigilancia y la intimidación, forman parte de un escenario que genera preocupación por el ejercicio de derechos fundamentales.

Una de las consecuencias señaladas es también el desplazamiento forzado de personas defensoras, periodistas, ambientalistas, académicas, activistas y dirigentes sociales que han debido abandonar el país ante condiciones que ponen en riesgo su seguridad y el ejercicio de sus derechos.

La preocupación trasciende el caso salvadoreño. Desde la Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA se ha venido dando seguimiento a distintas situaciones que afectan a personas defensoras ambientales, pueblos indígenas y comunidades en América Latina, particularmente frente a procesos de criminalización, persecución y violencia relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes.

En ese contexto, el pronunciamiento plantea la necesidad de liberar de manera inmediata e incondicional a Ruth López y a todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas o de conciencia, así como garantizar el debido proceso y las garantías judiciales.

También expresa su rechazo al uso de las instituciones de justicia para perseguir a quienes ejercen legítimamente la defensa de los derechos humanos, el ambiente y los bienes comunes, y manifiesta su solidaridad con las personas salvadoreñas que se encuentran en el exilio, reclamando condiciones que permitan un retorno voluntario, digno y seguro.

El documento reconoce, además, la labor que continúan realizando organizaciones sociales, periodistas, comunidades y personas defensoras que mantienen su trabajo en favor de la justicia, la democracia y la protección ambiental.

Este pronunciamiento forma parte de una serie de acciones que desde el IDELA y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales se vienen impulsando en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales y de los pueblos indígenas en América Latina, con énfasis en la documentación, la reflexión académica, la articulación y la solidaridad frente a situaciones de vulneración de derechos.

La solidaridad con Ruth López y con las personas presas políticas y exiliadas de El Salvador se plantea, así como parte de una preocupación más amplia: la defensa de los derechos humanos y del ambiente no puede convertirse en motivo de persecución o criminalización.

El «modelo Bukele» no va en Costa Rica

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
francescomc8@gmail.com

Al participar y vivir de cerca los procesos electorales en El Salvador (2019 y 2024) y Costa Rica (2022 y 2026), pude notar ciertas similitudes en las campañas y en la retórica de gobierno, más no en la forma de gobernar. Por un lado, es necesario contextualizar a El Salvador del 2019, asediado por la corrupción de los partidos ARENA y FMLN, quienes se alternaron el poder por treinta años (1989 a 2019) posterior a trece años de guerra civil (1979-1992) y tres juntas revolucionarias de gobierno. Cuando Bukele hizo campaña, era uno de los países más violentos del mundo, asediado por las pandillas y bajo un régimen de terror. Todo esto sin entrar en la fragante pobreza, desigualdad y exclusión social.

Se trata de un país que salió de una dictadura para entrar a una guerra civil que luego desencadenó en el terrorismo de las maras y ahora con un presidente que, si bien ha logrado avances en seguridad, turismo e infraestructura, lo ha hecho a costa otros derechos fundamentales. El Salvador es un país que ha dado un giro de ciento ochenta grados, se redujeron los homicidios a mínimos históricos, se mantiene el alza en inversión extranjera, hay gran inversión en infraestructura y el país en general es más seguro. Sin embargo, no todo es color rosa, todo esto se dio a costas de debilitar el Estado de Derecho (iniciando cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa con el ejército debido a que no avanzaban las propuestas del ejecutivo), detenciones y juicios masivos, sin observar las garantías procesales, alertas respecto a la libertad de prensa y violaciones a derechos humanos, entre otras medidas y acontecimientos que indican que el pulgarcito no es una democracia sana y estable. Sin embargo, esto respondió una población desesperada por encontrar una solución a la flagrante inseguridad, acoso constante de las pandillas, regímenes de extorsión, autoridades paraestatales y para algunos una asfixia insoportable que obligaba a emigrar al norte para otorgar sustento a sus familias. La población salvadoreña otorgó ciertos derechos a cambio de seguridad, en un contexto apremiante. Cabe cuestionarse si al día de hoy se deben continuar cediendo dichos derechos y libertades, porque, al día de hoy, se continúa en Estado de excepción. Parece ser que con la conformación actual de la Asamblea, no existe fuerza política que le pueda hacer frente.

Por otro lado, el chavismo en Costa Rica, que abiertamente se declara “pro-bukele” tiene unas herramientas totalmente distintas y en un contexto diametralmente diverso al de El Salvador. Más bien, Costa Rica ahora es más violenta posterior a la toma en poder de Rodrigo Chaves, siendo que, en el año 2023 los homicidios llegaron a 905 y en 2024 un total de 876 muertes, siendo estos los años más violentos de la historia. Estas estadísticas son alarmantes y no calzan con el discurso del expresidente, así como el de la nueva presidenta. Las autoridades dicen que se ha rebajado la criminalidad, lo cual sí es cierto, pero para determinados crímenes. La educación ha empeorado, con alumnos con baja comprensión lectora, una ruta de la educación abandonada y cientos de centros educativos con órdenes sanitarias. Aunado a esto, la crisis en la que se encuentra sumida el agro, debido a que el chavismo optó por un modelo de importaciones, debilitando la producción nacional. Resalto todos estos desaciertos no para hacer un mal al presente gobierno, sino para reflexionar.

Muchos piden el “modelo Bukele”, cuando no saben que esto fue la capitalización de una sociedad aterrorizada, desesperada y consumida en la crisis y la violencia, que se vio dispuesta a ceder ciertos derechos a cambio de seguridad. Todos los países son diferentes, no aplica la misma vara ni siquiera para los pequeños países de Centroamérica, y, en lugar de buscar replicar modelos absolutistas extranjeros, se debe hacer énfasis en las particularidades de nuestro país, del cual aún vale la pena luchar y que se encuentra en una posición privilegiada, siendo -de momento- la democracia más longeva en América Latina.

Paz, poder y conciencia: el llamado de los obispos salvadoreños

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Los obispos de El Salvador han publicado una palabra de adhesión al Papa León XIV que, leído con atención, va bastante más allá de un gesto eclesial. Es un posicionamiento. No frontal, pero sí claro. Y aparece en un momento en que el hermano país, no solo vive un experimento político propio, sino que se va pareciendo cada vez más a un modelo que hoy tiene referentes internacionales bien definidos.

El gobierno de Nayib Bukele ha construido una legitimidad sólida sobre resultados visibles, sobre todo en seguridad. Eso le ha dado un respaldo popular difícil de cuestionar. Pero ese mismo modelo —eficaz, rápido, concentrado— no es neutral. Tiene una lógica: la del poder fuerte, la del liderazgo que no se detiene en contrapesos ni matices.

Ahí es donde la cercanía con Donald Trump deja de ser casual. No es solo una buena relación política. Es una afinidad más profunda, casi una simbiosis en la forma de entender el poder: gobernar desde la fuerza, acogerse al respaldo popular, comunicar en clave de victoria, y asumir que las críticas institucionales son más un obstáculo que un equilibrio necesario. Cada uno en su contexto, sí. Pero en la misma frecuencia.

Desde ahí, el comunicado episcopal se vuelve más punzante de lo que parece. Cuando habla de los “ídolos del poder, el dinero y la violencia”, no está lanzando una frase más. Está señalando un riesgo muy concreto. Cuando afirma que la paz no se construye con amenazas ni armas, está cuestionando —sin nombrarlo— el corazón de un modelo que hoy se presenta como exitoso.

Y aquí está lo incómodo: los obispos introducen otra pregunta, más profunda y menos popular: ¿a qué costo y bajo qué lógica se está construyendo la paz?

Ese es el filo del texto. Porque en contextos de éxito político, lo más fácil es dejar de preguntar. La eficacia tiende a volverse argumento moral. Y ahí la Iglesia rompe la inercia: recuerda que no todo lo que funciona es justo, y que no toda paz es verdaderamente humana.

Los obispos saben que enfrentarse directamente a un liderazgo tan popular sería estéril. Por eso eligen otro camino: anclar su palabra en el Papa León XIV y en el Evangelio, y desde ahí introducir un criterio distinto. No compiten por el poder; cuestionan su sentido.

Para el creyente, el desafío es incómodo. Porque obliga a salir de la lógica del aplauso fácil. Obliga a discernir. A no absolutizar ningún proyecto político, por exitoso que parezca. Y, sobre todo, a no confundir orden con justicia.

El texto, en el fondo, no busca derribar nada. Pero sí deja una inquietud difícil de ignorar: si la paz se sostiene únicamente en la fuerza, tarde o temprano deja de ser paz. Y esa es una advertencia que, en el clima actual, resulta más subversiva de lo que parece.

Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad

Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.

El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.


Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.

El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.

El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.


Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho

El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.

Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:

  • debilitamiento de los contrapesos institucionales,

  • concentración del poder político,

  • debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,

  • uso prolongado de medidas excepcionales.

En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.

El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.


Principales temas analizados en el informe

De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.

Entre los principales temas analizados destacan:

Destrucción de contrapesos institucionales

Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.

Régimen de excepción y detenciones masivas

El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:

  • la libertad personal,

  • el debido proceso,

  • la presunción de inocencia.

El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.

Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones

El informe analiza denuncias relacionadas con:

  • tortura en centros de detención,

  • muertes de personas bajo custodia estatal,

  • desapariciones forzadas,

  • posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

Restricciones a la prensa y persecución política

El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.


Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.

El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.

Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.


Recomendaciones del informe

El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.

Recomendaciones al Estado salvadoreño

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;

  • garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;

  • investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;

  • establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.

Recomendaciones a la comunidad internacional

El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.

Entre ellas destacan:

  • apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;

  • aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;

  • aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.

También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.


Una advertencia sobre el rumbo institucional

El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.

En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Le invitamos a descargar el informe desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

Bukele y el ascenso de la derecha autoritaria en El Salvador: claves para comprender sus riesgos y aprendizajes para Costa Rica

Seminario UNA: Jornadas por la democracia y los derechos humanos

En el marco del seminario de la UNA “Jornadas por la democracia y los derechos humanos”, cuya actividad pública del 27 de noviembre debió suspenderse por razones de seguridad institucional, compartimos el análisis central preparado por el académico salvadoreño Carlos Molina Velásquez. El documento completo —Bukele y el ascenso de la derecha autoritaria en El Salvador: lecciones para Costa Rica— ofrece una reflexión profunda sobre las condiciones que permitieron el surgimiento del régimen autoritario de Nayib Bukele y los aprendizajes que otros países, incluido Costa Rica, deben considerar ante el avance regional de los autoritarismos.

A continuación, un resumen de los contenidos expuestos por el autor.


1. Cómo surgió Bukele: condiciones políticas previas

Molina explica que Nayib Bukele inició en la política local bajo la bandera del FMLN, combinando elementos de marketing digital, liderazgo juvenil, una cuidada imagen pública y posiciones reformistas ambiguas. Aunque sus gestiones como alcalde tuvieron resultados limitados, logró proyectarse como la única figura “capaz de transformar la política”, especialmente en un contexto donde amplios sectores estaban desencantados con los gobiernos tradicionales.

La descomposición institucional previa fue decisiva: corrupción generalizada, descrédito de la función pública, vínculos de actores estatales con el crimen organizado y el desgaste de los principales partidos políticos —ARENA y FMLN— facilitaron la aparición de un liderazgo percibido como una ruptura radical.

2. El rol de las izquierdas y del movimiento social

Una parte de la militancia del FMLN migró hacia Bukele ante la frustración por la falta de renovación interna. Otras izquierdas sociales —feministas, ambientalistas, sindicales, organizaciones de derechos humanos— vieron en él una opción “progresista” frente al desencanto acumulado, más por rechazo al FMLN que por claridad programática.

El movimiento social llegó fragmentado y debilitado a este giro histórico, tras años de tensiones y divisiones generadas por las políticas neoliberales adoptadas por gobiernos autoproclamados de izquierda.

3. Economía, remesas y narrativa tecnológica

El texto señala que la economía salvadoreña —dependiente de las remesas y con sectores productivos debilitados— fue terreno fértil para las promesas de modernidad financiera que impulsó Bukele, como el bitcoin. Esta narrativa encontró eco en una población que por décadas ha sostenido su economía familiar gracias a ingresos externos y que ve en el éxito financiero un horizonte posible, aunque incierto.

4. Pandillas, crimen organizado y Estado de excepción

Las maras habían consolidado un control territorial amplio y una presencia violenta en zonas urbanas y suburbanas. Bukele negoció inicialmente con las pandillas —como gobiernos anteriores—, pero luego emprendió una intervención militarizada que suspendió garantías constitucionales y extendió un Estado de excepción permanente.

Aunque la criminalidad disminuyó en cifras oficiales y muchas comunidades experimentaron alivio frente a la violencia, miles de personas inocentes fueron detenidas, asesinadas o desaparecidas, y el aparato represivo se consolidó como herramienta central de gobierno.

5. Desmantelamiento del Estado de derecho

Desde 2021, Bukele consolidó un control total sobre los poderes del Estado: sustituyó magistraturas, suspendió el habeas corpus y promovió una “legalización de la ilegalidad” mediante la reserva o bloqueo de información pública, deuda opaca, opacidad en la gestión de la pandemia y debilitamiento de los controles democráticos.

El régimen se sostiene mediante:

  • culto a la personalidad,

  • partido único de facto,

  • eliminación de contrapesos,

  • persecución del pluralismo político,

  • control militar de la vida pública,

  • economía concentrada en la familia presidencial,

  • desinformación masiva y manipulación emocional.

6. Fascismo neoliberal y enemigo interno

El académico clasifica el régimen como fascismo neoliberal, caracterizado por:

  • culto mesiánico al líder,

  • vaciamiento de la representación democrática,

  • construcción de enemigos cambiantes (partidos, maras, periodistas, ONG, organismos internacionales),

  • criminalización de la pobreza como categoría política,

  • movilización emocional basada en el odio y la “deshumanización del otro”.

La narrativa del “enemigo” se ajusta según la coyuntura y sostiene una maquinaria de persecución que afecta especialmente a comunidades empobrecidas.

7. Ataque a los derechos humanos

Basado en análisis de Franz Hinkelammert, Molina plantea que la política de Bukele constituye una “metafísica de la inhumanidad”, donde los derechos humanos se presentan como obstáculos irracionales que deben ser sacrificados por la “seguridad” y la “medicina amarga”.

El régimen no oculta su desprecio por los derechos humanos: los muestra como instrumentos contra el pueblo y reivindica la violencia estatal como mecanismo legítimo de ordenamiento social.

8. ¿Puede replicarse el modelo en Costa Rica?

El autor concluye que el modelo puede inspirar intentos en otros países, pero depende de condiciones muy particulares. La tarea para Costa Rica, afirma, no es caer en el triunfalismo ni en el fatalismo, sino mantener una vigilancia activa sobre:

  • debilitamiento institucional,

  • erosión del pluralismo,

  • ataques a la prensa y a la independencia judicial,

  • uso político de la desinformación,

  • discursos de odio,

  • militarización simbólica y real,

  • concentración de poder en el Ejecutivo.

El mensaje final es una invitación al análisis responsable, la organización colectiva y la acción solidaria para impedir que derivas autoritarias puedan arraigarse en el país.


Descargar el documento completo

El texto íntegro de la exposición puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Bukele-y-el-ascenso-de-la-derecha-autoritaria-en-El-Salvador.pdf

¡Dios te salve patria sagrada! Y, ¡líbranos del mal, también!: El nuevo El Salvador como espejismo de una realidad que todavía no llega

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
LinkedIn
https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Lo único constante es el cambio, señalaba el filósofo griego Heráclito. Que cambie, y todo cambie no es extraño, parafrasea Mercedes Sosa con su canto. Sin embargo, desde una praxis asumida de la responsabilidad, conviene la introspección de visibilizar a aquellos cambios que deben re-cambiarse, como los que implican un deterioro en la calidad de vida y de oportunidades de la población.

Para este caso, se plantea brevemente el tema de la desigualdad económica. Un análisis del cambio evidenciado desde la estadística oficial para el contexto salvadoreño. Así, utilizando algunos parámetros de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del periodo 2019 – 2024 se ofrecen algunos elementos que dan cuenta de la situación socioeconómica que enfrentan los hogares y las personas en El Salvador.

Así, importa dimensionar para imaginar la realidad socioeconómica, partiendo de los que están en mayor desventaja estructural. Para ello, se emplean dos indicadores ampliamente utilizados en la medición y comprensión de la desigualdad: el coeficiente de Gini y el índice de Theil. Ambas medidas identifican umbrales de igualdad y de concentración del ingreso, bajo una escala de entre 0 y 1, donde un valor de 0 significa igualdad perfecta (todos tienen el mismo ingreso), mientras que 1 significa desigualdad total (una persona concentra todo el ingreso).

Dicho lo anterior, veamos los datos. Para el año 2024 el valor de Gini del ingreso familiar fue de 0.43 y su valor per cápita de 0.42, mientras que para Theil de los ingresos familiar y per cápita fue de 0.31. Ahora bien, al año 2019 estos valores eran de 0.40 en Gini para los ingresos familiar y per cápita, 0.29 el valor de Theil para la distribución del ingreso familiar y 0.30 en el ingreso per cápita. Lo que en términos generales evidencia un incremento del 5.33% en la distribución de la desigualdad del ingreso salvadoreño.

Cabe señalar que las encuestas de hogares son instrumentos muestrales. Además, presentan limitado acceso a ciertos estratos económicos, junto con desafíos de representatividad, aleatoriedad y confiabilidad de los datos. Esto, es importante en los aspectos económicos donde puedan darse una mayor variedad de subregistros, como los señalados al respecto de la población y hogares de los mayores estratos socioeconómicos. Implicando que, posiblemente los parámetros de desigualdad sean bastante conservadores y, las brechas de desigualdades sean superiores a las estimadas.

Ahora bien, ¿Qué implicaciones tiene la prevalencia o profundización diferenciada de la desigualdad económica? Hay una robusta evidencia que señala la relación directa entre la desigualdad económica con la mala calidad de vida y privaciones del bienestar, mayormente en elementos fundamentales, como son la salud, la educación, el empleo, la recreación y de oportunidades de progreso integral.

Para profundizar un poco en los aspectos en el que la desigualdad tiene evidenciadas implicaciones, destacan algunas referencias obtenidas para el periodo cercano de 2023 – 2024, como:

  • en El Salvador se perdieron cerca de 52,000 empleos. Esto para la población en edad de trabajar (mayor o igual a 16 años)

  • incrementó 3.12% el hambre en los hogares: En 2023 la inseguridad alimentaria desde la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) fue 15.76% y en 2024 18.88%

  • la pobreza extrema pasó de 588,917 personas en 2023 a 610,272 en 2024. Hubo una profundización intersticial e interseccional, acentuándose para niñez, juventud y mujeres. Aunque el total de pobreza redujo 1.85%

¡Hagamos un énfasis!: el agro, es el sector fundamental del país que desaparece estrepitosamente. Para el año 2024 la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca empleaban alrededor de 400,000 trabajadores, equivalente a cerca del 14% del total de ocupados en el país. Pese a la alta ocupación laboral, solo contribuyó en menos del 5% del PIB nacional, lo cual ha sido constante desde el año 2000 a la fecha. En paralelo, la ocupación agrícola decrece históricamente, para el caso, el subsector de pesca redujo su ocupación laboral en 53.47% y 13.05% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura con respecto al periodo 2019 y 2024. El horizonte temporal señala la persistencia hecatómbica del agro salvadoreño.

En estudios previos se identificaron brechas sustanciales en la distribución y, potencialmente, la acumulación de la riqueza, como también de acceso a oportunidades de bienestar. Por ejemplo, en el último decenio hasta en seis de cada 10 hogares se padeció hambre por razones económicas; el 10% de la población con los ingresos más altos gana entre cinco y hasta 30 veces más que el 90% del resto de población; solo un cuarto de los trabajadores cuentan con algún sistema de protección social contributivo, como seguro y pensiones; o que solo cerca de cuatro de cada 10 hogares cuentan con acceso a algún tipo de espacio público recreativo, y de estos, solo la mitad los utiliza, debido a factores como la cercanía, calidad, variedad de infraestructura, etc.

Ahora bien, esto no es cuestión de un deterioro estructural de la macroeconomía, sino de la distribución de la riqueza. Una distribución de los agentes económicos (empresas, ONG, gobierno). Ello, porque la economía nacional creció 3.7% para el segundo trimestre 2025 con respecto al II trimestre 2024 y, creció 3.97% en términos del PIB real en el periodo 2023 – 2024. Esto sin considerar las variaciones intersectoriales que, muestran incrementos exponenciales para algunos sectores económicos. Es decir, la dinámica económica del país es alcista, modestamente, pero, alcista.

Entonces, ¿cómo se explica que mientras hay un crecimiento económico, este no se distribuya entre todos sus agentes económicos, impulsando progreso justo? Sin duda, parte de la respuesta se intuye desde los indicadores de Gini y Theil: la distribución de la riqueza por la prevalencia de la desigualdad estructural y subyacente, imperantes.

Lo anterior, deja intuir, también, que hay un proceso estructural de captura, concentración y acumulación de riqueza: inequitativo y, asimétrico. Donde para unas mayorías esa inequidad se materializa en múltiples precariedades y privaciones, mientras para los más favorecidos y receptores de la mayor riqueza, solo acrecienta su status quo. Me hace pensar en la simbiosis o un mutualismo de entropías, que conduce inexorablemente al deterioro, como se evidencia en las manifestaciones del ingente ecocidio que ahora perjudica todo y a todos. El desequilibrio nos daña a todos.

Pero, ¡alto! Esto es no es una narrativa de pesimismo, ni conmiseración, peor, de inercias del ceteris paribus (una falacia economicista). ¡Ojalá y sea una sacudida reivindicatoria! Actualmente, el territorio salvadoreño mantiene un régimen de gobernabilidad que permite cualquier transformación (la transformación es un eslabón mayor al cambio). Por lo que, al ya asumido direccionamiento por la seguridad social, le sobrevienen la recuperación económica y el bienestar humano – ecológico. Es este ámbito al que aludo: la urgencia por un nuevo pacto social y económico, donde se gestionen los debidos reequilibrios y se impulsen las transiciones necesarias, como las que identifico a continuación (con cierta utopía y un tanto de paroxismo):

  • La progresividad fiscal y ampliación diferenciada de los sujetos tributarios,

  • El fomento estratégico de sectores productivos e industriales junto con los sectores de tecnología e innovación,

  • La integración diferenciada y multiparamétrica de los sistemas de economía popular e informal,

  • La diversificación productiva y de servicios de alto valor,

  • El fortalecimiento de los sistemas de protección social contributivos y no contributivos,

  • La flexibilización y agilización de trámites, de logística comercial y de relaciones transaccionales,

  • La recuperación de los sistemas públicos de salud, educación y, desarrollo de sistemas de economía mixtas de bienes y servicios públicos, incluyendo la provisión de vivienda y hábitat, la cogestión de ecosistemas y la provisión de agua y energía. Esto último, con las debidas salvaguardas que garanticen la rectoría y contraloría pública y, de oportunidad a sistemas cooperativos comunitarios como agentes de asociación.

Y, como diría mi abuela Chabe: “le digo a Juan para que lo entienda Pedro”. La región centroamericana presenta similitudes a esa realidad que relato de El Salvador. Conviene, pues, impulsar la debida diligencia que corresponda con los desafíos de nuestro tiempo, incluyendo los abordajes: climático, sanitario, de infraestructura y equipamientos resilientes, de justicia fiscal – tributaria, de protección de la gobernanza y la corresponsabilidad multisectorial diferenciada. Es decir, hacer Ubuntu, colectivizar la debida diligencia por la sostenibilidad y el bienestar integral, asequiblemente.

Obispos salvadoreños exigen justicia social y unidad

En su nueva Carta Pastoral, la Conferencia Episcopal de El Salvador levanta la voz contra la pobreza, la violencia y el desajuste en políticas públicas. Un llamado urgente a transformar las estructuras sociales en beneficio de las mayorías más vulnerables.

Vatican News*

En un El Salvador marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, los obispos han lanzado un “clamor de esperanza” a la nación. Con su nueva Carta Pastoral titulada “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, la Conferencia Episcopal no solo exige la atención urgente de las autoridades sobre los temas más críticos, sino que, con un tono profético, plantea una transformación radical con base en la justicia social, la unidad y el respeto a la dignidad humana.

El documento fue presentado el 29 de mayo, durante la fiesta litúrgica de San Pablo VI. En él, los obispos reiteran la necesidad de que los líderes políticos busquen siempre el bien común, priorizando este sobre los intereses particulares. “El Papa León XIV señaló que hoy vivimos en un contexto de discordia, heridos por el odio, la venganza y los prejuicios, alimentados por un modelo económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”, apuntan, haciendo un llamado a adoptar un “paradigma de unidad, comunión y fraternidad”, con el fin de sanar las divisiones que atraviesan al pueblo salvadoreño.

Escuchar al pueblo: un imperativo ético

Los obispos subrayan que su objetivo no es contradecir a las autoridades, sino dar voz a los “más pobres y vulnerables”. “Lo que nos mueve es el bien del pueblo. Queremos hacer oír el clamor de los que ven vulnerados sus derechos”, afirman. Este mensaje va especialmente dirigido a aquellos que, pese a ser el motor de la economía nacional, han sido despojados de sus medios de vida. “Es urgente ofrecer alternativas viables para que puedan sostener a sus familias”, recalcan, incitando a la acción política para que no se deje de lado a los sectores más desfavorecidos.

Educación y salud: pilares del futuro

En cuanto a la educación, la carta es clara: “Es una de las mejores puertas para alcanzar el desarrollo”. Los obispos alertan sobre el riesgo de que, sin una adecuada inversión en este sector, las nuevas generaciones queden rezagadas en la “cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica”. Por eso, instan a las autoridades a priorizar la educación como un motor clave para el futuro del país.

El tema de la salud también ocupa un lugar destacado. Los obispos destacan la necesidad de invertir en la construcción de más hospitales y clínicas de calidad. Aunque reconocen que esto implica un alto costo, enfatizan que es una medida esencial para garantizar el bienestar físico y emocional de una población “tan abnegada y sufrida”.

La violencia: un desafío sin solución definitiva

En cuanto a la violencia, la Conferencia Episcopal reconoce los avances realizados hasta el momento, pero destaca que la paz no se logra solo con medidas represivas. “Es crucial ampliar los espacios de esparcimiento e invertir recursos en la atención de niños y jóvenes”, especialmente en las zonas históricamente más afectadas por la violencia. “La pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y, por ende, a la criminalización”, señalan, llamando a un cambio de enfoque en las políticas de seguridad.

Los obispos también abordan el tema de los migrantes, recordando que “no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan una vida mejor”. Por ello, exigen a las autoridades que no promuevan las cárceles de El Salvador para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras, y reclaman una política migratoria más inclusiva, que favorezca “fronteras abiertas e inserción de los migrantes en la economía como mano de obra”.

El medio ambiente: una llamada urgente a la acción

Otro de los puntos claves de la Carta es la crisis ambiental. Los obispos instan a “apostar por la reforestación, la limpieza y recuperación de los ríos, lagos y ojos de agua”, además de exigir la derogación de la ley de minería aprobada a fines de 2024. “Es imperativo escuchar las voces de los ambientalistas y evitar su persecución”, afirman, advirtiendo sobre el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar al país.

SURCOS publica esta nota del boletín Vatican News compartida con nuestro medio por Alberto Rojas.

Puede descargar la Carta Pastoral completa en formato PDF desde este enlace.

Ni uno solo nunca más

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En 1999 Javier Zamora tenía 9 años. Su vida transcurría entre sus conversaciones con la Tía Mali y su entorno absolutamente rural, ubicado en el El Salvador de entonces. Sus padres no estaban con él.

Por diferentes circunstancias habían migrado hacia Estados Unidos, como tantas personas de ese país que han salido buscado mejores oportunidades, acceso a un mejor empleo o una adecuada educación. También lo han hecho motivados por la violencia que, en los últimos años, ha sido factor expulsor predominante en la mayoría de los países centroamericanos.

La expectativa de Javier era encontrarse con sus padres en Estados Unidos. Por eso ellos y el resto de su entorno familiar prepararon lo que llamaron “el viaje”, que consistía en la contratación de un coyote o pollero, denominación endosada a quienes han conducido a miles de personas por décadas en sus entradas a México y Estados Unidos, por caminos no autorizados.

El de Javier sería un caso más de lo que la literatura especializada en el tema ha llamado “migración por motivos de reunificación”. Pero no fue un caso cualquiera.

No para esa persona llamada Javier Zamora, que pudo contar la historia ya siendo adulto y compartirla en un conmovedor relato en el que el niño que fue entonces, relata sus emociones, sus preguntas, sus dudas, sus fantasías, sus miedos, sus impactos corporales, sus enojos, sus frustraciones, sus ganas de un hogar, sus ganas de un refresco de la abuela en medio del desierto, su contacto visual con las botas de un oficial de la migración estadounidense, su olor a polvo, a días sin baño, su deseo irrefrenable de encontrarse con sus padres finalmente.

Veinte años después de un viaje de siete semanas, dos intentos de entrar a Estados Unidos, tres grupos diferentes de coyotes y cerca de 200 personas migrantes que formaron grupos en diferentes momentos de su tránsito, Javier pudo verbalizar desde la memoria, con ayuda de su compañera y el reiki, así como la que el mismo Zamora llamara su mejor editora: su terapeuta.

Recién termino de leer “Solito”, el producto de esas memorias. Constituye su novela autobiográfica y sentida que me ha devuelto al principio de mis conocimientos en materia migratoria. Existe algo más poderoso que el dinero y el sueño americano: el amor es el motor que mueve las ganas y el deseo más allá de su ausencia.

Ahí cuando el cuerpo flaquea, el cuerpo de un niño de nueve años apenas, enfrentado a las maquinarias de barbarie de la seguridad migratoria en México y Estados Unidos, el amor mueve sus hilos de una forma insospechada. Javier lo hizo. Y lo contó magistralmente en ese relato en primera persona.

Había leído anteriormente alguna literatura (cuentos, crónicas) sobre migración de niños y niñas hacia Estados Unidos: Yo tuve un sueño, de Juan Pablo Villalobos (2018), Los Niños perdidos, de Valeria Luiselli (2018) y La Bestia, de Sofía Nayeli Bazán (2020).

Pero esta narración pudo llevarme a la emoción más profunda tratándose de la voz de un niño que cuenta su historia. Es cierto. Hablamos de hace 25 años, cuando el contexto de violencia y exterminio contra las personas migrantes en tránsito por México no había cobrado la fuerza que tiene hoy. Hoy en 2025, el año de la instalación de esa otra barbarie racista y xenofóbica en La Casa Blanca.

En los días que termino de leer este libro que, recomiendo, se conoce que el Estado costarricense fue condenado por no garantizar los derechos humanos mínimos a los niños y niñas que se encuentran en una situación de práctica privación de libertad en el CATEM en zona sur. Son niños y niñas deportados desde Estados Unidos hace algunas semanas, para los cuales la situación continúa siendo incierta.

En esta hora de la humanidad, los sistemas de protección de los países deberían accionar la consigna de que un niño o niña no debiera quedar solo nunca más.

Eso pasa por recuperar la dignidad en las políticas sociales, flanquear la violencia con estrategias como el arte y la cultura y garantizar acceso a educación y salud en nuestros países. Es el último llamado que nos hacen estas generaciones. Acudamos a honrarlas.