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Etiqueta: elecciones 2026

El alma de un pueblo no se borra con gritos

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Por JoseSo

Costarricenses, hermanos:

Estamos a solo una semana de decidir el rumbo de nuestra casa, de esta finca grande que llamamos Costa Rica. Y hoy no quiero hablarles desde los números de los economistas, sino desde la piel, desde la memoria de nuestros abuelos.

Nos han querido vender el cuento de que todo lo que fuimos es mentira. Nos dicen que nuestra historia es un estorbo y que las instituciones que el mundo entero nos admira son solo “trabas”. Pero se les olvida algo: Costa Rica no nació ayer por un video de TikTok o Facebook.

Esta patria se fundó sobre la voluntad de gigantes que, aunque pensaban distinto, se sentaron a hablar. Pensemos en ese abrazo histórico entre Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria. Tres hombres de mundos opuestos que nos regalaron las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y nuestra amada Caja.

Ellos no se insultaron; ellos construyeron. Y luego, tras el dolor de la guerra del 48, llegó el Pacto de Ochomogo. Don Pepe Figueres y Manuel Mora entendieron que Costa Rica valía más que una victoria militar. Ahí nació la paz, ahí murió el ejército, y ahí nació el Tribunal Supremo de Elecciones para que nunca más nadie nos robara el voto.

De ese espíritu de diálogo salieron el ICE para darnos luz, los Parques Nacionales que hoy nos dan de comer con el turismo, el Aguinaldo para la Navidad de nuestros hijos, los EBAIS, los CEN-CINAI y los comedores escolares que aseguran que ningún carajillo se duerma con hambre.

¿Cómo se logró todo eso? Sin gritos. Con paz y con voluntad.

Pero hoy, la realidad nos golpea la cara. Nos prometieron “comerse la bronca”, pero la bronca se la están comiendo las familias que entierran a sus jóvenes víctimas del sicariato. Nos dicen que “todo está bien, que solo se matan entre ellos”, mientras la droga sale por nuestros puertos (con todo y su cuento de los escáneres) hacia Europa y quitan a la policía de nuestras fronteras.

Nos hablan de combatir la corrupción de “los mismos de siempre”, pero vean hacia el lado del oficialismo. ¿Quiénes están ahí? Los mismos apellidos que el pueblo ya conoce: los Chaves, los Jiménez, los Araya, los Thompson y los Álvarez Desanti. Díganme ustedes: ¿Cómo van a limpiar la casa si trajeron a vivir a los que ayudaron a ensuciarla?

Atacan a gente valiente como Álvaro Ramos por decir la verdad, mientras reciclan ministros de seguridad de gobiernos pasados que ya fallaron.

Costarricenses, el populismo se alimenta del odio y de la división. Nos quieren hacer creer que para arreglar el país hay que romperlo. Pero el “Pura Vida” que nos robaron no es un eslogan de turismo; es nuestra forma de ser. Es la solidaridad de la mano extendida, no del puño cerrado.

Este domingo no elegimos un “capataz”. Elegimos el futuro de nuestros hijos. ¿Queremos la Costa Rica del insulto, la violencia y la represión a quienes piensan diferente? ¿O queremos volver a la Costa Rica del respeto, del diálogo y de la paz que nos hizo grandes ante el mundo?

Nuestra democracia tiene más de cien años. No permitamos que el ego de unos pocos borre el sacrificio de millones.

Soy JoseSo, y yo creo en la Costa Rica que construye, no en la que destruye.

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

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Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.

FRENASS llama a votar por la defensa de la seguridad social ante uso de reservas del IVM

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El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) emitió un pronunciamiento público en el que expresa su preocupación por la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su relación con la coyuntura electoral.

Según señala FRENASS, el 21 de enero de 2026 el Semanario Universidad informó que la CCSS se vio obligada a utilizar más de ₡300.000 millones de colones provenientes de intereses del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para hacer frente al pago de pensiones y aguinaldos en 2025.

La organización recuerda que, durante la administración Chaves Robles (2022–2026), se exigió al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado con la CCSS. Sin embargo, ante las reiteradas negativas de girar los recursos requeridos, la institución se habría visto forzada, por primera vez, a recurrir a las reservas del régimen de pensiones, una situación que FRENASS califica como alarmante.

En su pronunciamiento, FRENASS considera vergonzosa e irresponsable esta actuación, al advertir que pone en riesgo tanto el acceso a una salud pública de calidad como la sostenibilidad futura del régimen de pensiones del IVM. La organización subraya que el debilitamiento financiero de la seguridad social tiene consecuencias directas sobre los derechos de la población trabajadora y pensionada.

Desde su rol como organización defensora de la seguridad social en un sentido amplio, FRENASS hizo un llamado respetuoso pero vehemente a la ciudadanía, instando a reflexionar y a ejercer el voto por candidaturas a la presidencia y diputaciones comprometidas con un modelo de acceso universal a la seguridad social.

El pronunciamiento enfatiza que el continuismo no es una opción, al considerar que la salud y las pensiones no deben ser tratadas como un negocio, sino como derechos humanos fundamentales. En ese marco, la organización advierte que el futuro de las personas, sus familias y seres queridos está en juego.

Finalmente, FRENASS reafirma su llamado a defender las conquistas históricas del pueblo y concluye con una consigna clara en defensa de la institucionalidad solidaria:
“¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!”

“La elección no está decidida: el resultado queda en manos de la ciudadanía” – Óscar Aguilar Bulgarelli

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El historiador y analista de la realidad nacional Óscar Aguilar Bulgarelli llamó a la ciudadanía a no dar por decidido el proceso electoral, cuestionando la lectura simplista de los resultados de las más recientes encuestas y subrayando que el desenlace de las elecciones depende del voto de las personas indecisas.

Aguilar Bulgarelli se refirió a los estudios publicados recientemente por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional y por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, señalando que ambos coinciden en ciertos porcentajes, pero comparten problemas metodológicos que impiden afirmar que la elección esté resuelta.

Antes de analizar los números, el historiador destacó una advertencia formulada por el estadístico Fernando Ramírez, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y de la Escuela de Estadística de la UCR, publicada en el Semanario Universidad. Según Ramírez, las encuestas telefónicas enfrentan tasas extremadamente altas de no respuesta, que pueden oscilar entre el 90 % y el 97 %, lo cual tiene una incidencia directa y significativa en los resultados finales.

Aguilar Bulgarelli explicó que, bajo estas condiciones, para obtener alrededor de 1.100 respuestas efectivas habría sido necesario realizar decenas de miles de llamadas, lo que plantea serias dudas sobre la representatividad de los datos. Además, recordó que la no respuesta no es aleatoria, sino que está asociada a temores de seguridad, desconfianza ante llamadas telefónicas y reticencia a expresar opiniones políticas en un ambiente de alta confrontación.

Otro punto central del análisis fue la forma en que algunas encuestas excluyen a las personas indecisas al presentar los resultados, lo que —según el historiador— sobredimensiona artificialmente los porcentajes de determinadas candidaturas. Al reincorporar a ese sector del electorado, los apoyos reales serían significativamente menores, confirmando que el escenario electoral sigue abierto.

Aguilar Bulgarelli criticó además el tratamiento acrítico de estos datos por parte de algunos noticieros televisivos, que —afirmó— presentan los resultados como si la elección estuviera definida, sin advertir las limitaciones metodológicas ni el peso real de la indecisión.

En ese contexto, enfatizó que la responsabilidad democrática recae en la ciudadanía, especialmente en quienes aún no han definido su voto. “Esta elección no está terminada, está por empezar”, afirmó, subrayando que la defensa de la democracia requiere participación activa, reflexión crítica y ejercicio consciente del derecho al voto.

Finalmente, hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos a asumir con seriedad el momento electoral, recordando que cuando se pierde la democracia, se pierde también la libertad, y que el voto sigue siendo la herramienta fundamental para resguardar el sistema democrático.

Conversatorio propone análisis de las elecciones desde una perspectiva informativa y responsable

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En el marco del proceso electoral rumbo a 2026, se realizará el Conversatorio “Elecciones Nacionales 2026”, un espacio de diálogo ciudadano descrito por sus organizadores como estimulante, educado, informativo y positivo, orientado a promover la reflexión y el voto responsable.

La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública de Desamparados, ubicada detrás de la Municipalidad de Desamparados, el jueves 30 de enero, en horario de 4:00 p.m. a 5:45 p.m.

El conversatorio abordará distintos temas de interés nacional relacionados con el escenario electoral, entre ellos:

  • Encuestas, perspectivas y eventualidades, a cargo de Dieter Gallop Fernández, politólogo.

  • El poder del voto responsable, presentado por Eduardo Flores, licenciado en Derecho, abogado–notario y cónsul honorario de Namibia en Costa Rica.

  • Costa Rica: el alma nacional y electoral, como eje de reflexión sobre identidad, valores y participación democrática.

La actividad es organizada por Ruta Valores, una iniciativa que promueve el diálogo cívico y la participación informada en asuntos de interés público. Las personas interesadas pueden encontrar más información a través de la página de Facebook Ruta Valores o escribir al correo socialcr23@gmail.com

Este conversatorio se plantea como una oportunidad para fortalecer la cultura democrática, intercambiar puntos de vista y contribuir a un proceso electoral más consciente y participativo.

Alta indecisión y rechazo a encuestas marcan el escenario electoral y dejan el desenlace en manos de la ciudadanía

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Los más recientes informes del IDESPO-UNA confirman un escenario electoral marcado por altos niveles de indecisión y una tasa significativa de rechazo a responder encuestas. Más que anticipar un resultado, los datos sugieren un proceso abierto, en el que la definición final dependerá del involucramiento, la reflexión y la decisión de la ciudadanía costarricense.

Los resultados de las encuestas del Instituto de Estudios Sociales en Población correspondientes a noviembre de 2025 y enero de 2026 muestran un escenario electoral caracterizado por altos niveles de indecisión, fragmentación de preferencias y, en el informe más reciente, la explicitación de una tasa de rechazo relevante (personas que no quieren responder), un dato que introduce nuevos elementos para la lectura política del proceso electoral de 2026.

Cambios destacados entre noviembre y enero

Entre ambos levantamientos se observa una estabilidad relativa en la disposición declarada a votar, con cerca de siete de cada diez personas indicando estar completamente seguras de asistir a las urnas. Sin embargo, al comparar los resultados, el informe de enero confirma que más de un tercio del electorado permanece indeciso, tanto en la elección presidencial como en la legislativa, lo que refuerza la idea de un electorado aún poco definido a pocas semanas de los comicios.

En términos de preferencia electoral, el informe de enero consolida una concentración del apoyo en pocas candidaturas, con Laura Fernández a la cabeza entre quienes manifiestan una decisión de voto, seguida a distancia por otras opciones con apoyos de un solo dígito porcentual. Este patrón es consistente con lo observado en noviembre, pero con una mayor claridad en la segmentación sociodemográfica: la indecisión es más alta entre mujeres, personas jóvenes, sectores con menor escolaridad y quienes perciben su condición económica como baja o muy baja.

La tasa de rechazo: un dato nuevo y clave

Un elemento metodológico relevante es que el informe de enero 2026 incluye explícitamente la tasa de rechazo, calculada conforme a los estándares de la AAPOR, la cual se sitúa en 11,77%. Este dato no fue consignado de manera explícita en el informe de noviembre, lo que limita la comparación directa, pero convierte al reporte de enero en un insumo clave para evaluar la calidad y los límites interpretativos de las encuestas electorales en el contexto actual.

La inclusión de esta tasa permite dimensionar no solo quiénes responden, sino también quiénes deciden no hacerlo, abriendo preguntas sobre los factores que inciden en esa negativa.

Debate público sobre el rechazo a encuestas

El tema ha sido abordado recientemente por el estadístico Fernando Ramírez, exdirector de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, en una entrevista publicada por el Semanario Universidad. En ella, Ramírez advierte que tasas altas de rechazo pueden afectar la validez y representatividad de las encuestas, especialmente cuando el fenómeno no es aleatorio, sino socialmente estructurado.
🔗 https://semanariouniversidad.com/pais/exdirector-de-escuela-de-estadistica-de-la-ucr-duda-de-validez-de-encuestas-electorales-por-alto-rechazo-a-responderlas/

El experto señala que, en contextos de desconfianza, ciertos grupos pueden optar por no expresar sus opiniones, generando sesgos difíciles de corregir únicamente mediante ponderaciones estadísticas.

Una hipótesis: miedo, confrontación y silencio

Desde SURCOS se ha planteado una hipótesis complementaria para interpretar este fenómeno: el clima político de confrontación y discursos de odio que ha marcado el periodo reciente podría estar influyendo en la decisión de muchas personas de no responder encuestas o de reservar su intención de voto.

Esta línea interpretativa ha sido desarrollada por el psicólogo Marco Vinicio Fournier Facio en un artículo publicado en SURCOS, donde se analiza cómo el miedo, la estigmatización y la agresividad discursiva pueden inducir conductas de autocensura y silencio social, con efectos directos sobre la medición de la opinión pública.
🔗 https://surcosdigital.com/que-nos-dicen-las-encuestas-de-octubre/

Otros análisis publicados en SURCOS refuerzan esta hipótesis, señalando que el rechazo a participar y la indecisión persistente no necesariamente reflejan apatía, sino una estrategia de resguardo frente a un contexto percibido como hostil. Ver: https://surcosdigital.com/?s=discursos+de+odio

Un escenario abierto y frágil

En conjunto, los informes de IDESPO-UNA confirman que el proceso electoral de 2026 se desarrolla en un escenario abierto, con una ciudadanía que declara disposición a votar, pero que aún no define su preferencia, y con un segmento no menor que opta por no responder. La incorporación de la tasa de rechazo en el informe de enero aporta una señal de alerta para la lectura responsable de las encuestas y subraya la necesidad de contextualizar los datos en el clima político y social del país.

Más que ofrecer certezas, las encuestas actuales parecen retratar una democracia tensionada, donde la indecisión, el silencio y la fragmentación son rasgos centrales del momento político costarricense.

“Costa Rica siempre ha sido ejemplo de solidaridad y salud para todos, pero hoy nuestro sistema está en riesgo”

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El costarricense Enrique Pérez Gutiérrez, pensionado tras más de 40 años de trabajo en la práctica privada, la academia y organismos internacionales, hizo un llamado público en defensa del sistema de salud costarricense, al advertir que decisiones recientes están debilitando los servicios que protegen a la población.

Pérez Gutiérrez señaló que durante 22 años de su trayectoria laboral formó parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, experiencia que —afirma— le permite hablar con conocimiento de causa sobre el valor histórico del sistema de salud de Costa Rica.

Según expresó, el país ha sido reconocido internacionalmente como ejemplo de solidaridad y de acceso a la salud para todas las personas, pero actualmente ese modelo se encuentra amenazado. En su mensaje, advirtió que las decisiones que se están tomando desde el ámbito político y administrativo están debilitando los servicios públicos de salud, afectando directamente a la población.

“El momento exige alzar la voz, informarnos y defender lo que tanto nos ha costado construir”, afirmó, subrayando que fortalecer la salud pública no es solo una discusión técnica, sino una decisión que incide en el futuro de las familias y del país en su conjunto.

Pérez Gutiérrez remarcó que cuidar la salud de Costa Rica es una responsabilidad colectiva, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente en el próximo proceso electoral, optando por propuestas que no continúen debilitando el sistema de salud, sino que lo fortalezcan y lo protejan como un bien público esencial.

El mensaje concluye con un llamado directo a la acción ciudadana, destacando que la defensa del sistema de salud no puede postergarse y requiere compromiso social e informativo.

🎧 Le invitamos a escuchar el video completo con el mensaje de Enrique Pérez Gutiérrez, donde desarrolla estas reflexiones sobre el presente y el futuro de la salud pública en Costa Rica.

Gracias CIEP

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Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Hoy 21 de enero el CIEP de la Universidad de Costa Rica publicó su penúltima encuesta. Recordemos que es la encuesta mejor evaluada de todas y su credibilidad o intenciones no son cuestionadas, aunque las encuestas -todas- han fallado en las tres últimas elecciones presidenciales.

Muestra que, si las elecciones fueran hoy, la candidata del oficialismo habría ganado. Pero las elecciones no son hoy, la muestra usada es la misma población de hace varios meses y varios miembros de la muestra se han retirado.

Creo que esta encuesta servirá para que los costarricenses abran los ojos y se den cuenta del peligro que nos acecha, los candidatos decentes se den cuenta de la inutilidad de pelear por territorios propios y finalmente realicen que en esta elección se juega el futuro de Costa Rica y deben unirse con ese propósito.

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

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En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

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German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.