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Etiqueta: elecciones 2026

“La elección no está decidida: el resultado queda en manos de la ciudadanía” – Óscar Aguilar Bulgarelli

El historiador y analista de la realidad nacional Óscar Aguilar Bulgarelli llamó a la ciudadanía a no dar por decidido el proceso electoral, cuestionando la lectura simplista de los resultados de las más recientes encuestas y subrayando que el desenlace de las elecciones depende del voto de las personas indecisas.

Aguilar Bulgarelli se refirió a los estudios publicados recientemente por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional y por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, señalando que ambos coinciden en ciertos porcentajes, pero comparten problemas metodológicos que impiden afirmar que la elección esté resuelta.

Antes de analizar los números, el historiador destacó una advertencia formulada por el estadístico Fernando Ramírez, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y de la Escuela de Estadística de la UCR, publicada en el Semanario Universidad. Según Ramírez, las encuestas telefónicas enfrentan tasas extremadamente altas de no respuesta, que pueden oscilar entre el 90 % y el 97 %, lo cual tiene una incidencia directa y significativa en los resultados finales.

Aguilar Bulgarelli explicó que, bajo estas condiciones, para obtener alrededor de 1.100 respuestas efectivas habría sido necesario realizar decenas de miles de llamadas, lo que plantea serias dudas sobre la representatividad de los datos. Además, recordó que la no respuesta no es aleatoria, sino que está asociada a temores de seguridad, desconfianza ante llamadas telefónicas y reticencia a expresar opiniones políticas en un ambiente de alta confrontación.

Otro punto central del análisis fue la forma en que algunas encuestas excluyen a las personas indecisas al presentar los resultados, lo que —según el historiador— sobredimensiona artificialmente los porcentajes de determinadas candidaturas. Al reincorporar a ese sector del electorado, los apoyos reales serían significativamente menores, confirmando que el escenario electoral sigue abierto.

Aguilar Bulgarelli criticó además el tratamiento acrítico de estos datos por parte de algunos noticieros televisivos, que —afirmó— presentan los resultados como si la elección estuviera definida, sin advertir las limitaciones metodológicas ni el peso real de la indecisión.

En ese contexto, enfatizó que la responsabilidad democrática recae en la ciudadanía, especialmente en quienes aún no han definido su voto. “Esta elección no está terminada, está por empezar”, afirmó, subrayando que la defensa de la democracia requiere participación activa, reflexión crítica y ejercicio consciente del derecho al voto.

Finalmente, hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos a asumir con seriedad el momento electoral, recordando que cuando se pierde la democracia, se pierde también la libertad, y que el voto sigue siendo la herramienta fundamental para resguardar el sistema democrático.

Conversatorio propone análisis de las elecciones desde una perspectiva informativa y responsable

En el marco del proceso electoral rumbo a 2026, se realizará el Conversatorio “Elecciones Nacionales 2026”, un espacio de diálogo ciudadano descrito por sus organizadores como estimulante, educado, informativo y positivo, orientado a promover la reflexión y el voto responsable.

La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública de Desamparados, ubicada detrás de la Municipalidad de Desamparados, el jueves 30 de enero, en horario de 4:00 p.m. a 5:45 p.m.

El conversatorio abordará distintos temas de interés nacional relacionados con el escenario electoral, entre ellos:

  • Encuestas, perspectivas y eventualidades, a cargo de Dieter Gallop Fernández, politólogo.

  • El poder del voto responsable, presentado por Eduardo Flores, licenciado en Derecho, abogado–notario y cónsul honorario de Namibia en Costa Rica.

  • Costa Rica: el alma nacional y electoral, como eje de reflexión sobre identidad, valores y participación democrática.

La actividad es organizada por Ruta Valores, una iniciativa que promueve el diálogo cívico y la participación informada en asuntos de interés público. Las personas interesadas pueden encontrar más información a través de la página de Facebook Ruta Valores o escribir al correo socialcr23@gmail.com

Este conversatorio se plantea como una oportunidad para fortalecer la cultura democrática, intercambiar puntos de vista y contribuir a un proceso electoral más consciente y participativo.

Alta indecisión y rechazo a encuestas marcan el escenario electoral y dejan el desenlace en manos de la ciudadanía

Los más recientes informes del IDESPO-UNA confirman un escenario electoral marcado por altos niveles de indecisión y una tasa significativa de rechazo a responder encuestas. Más que anticipar un resultado, los datos sugieren un proceso abierto, en el que la definición final dependerá del involucramiento, la reflexión y la decisión de la ciudadanía costarricense.

Los resultados de las encuestas del Instituto de Estudios Sociales en Población correspondientes a noviembre de 2025 y enero de 2026 muestran un escenario electoral caracterizado por altos niveles de indecisión, fragmentación de preferencias y, en el informe más reciente, la explicitación de una tasa de rechazo relevante (personas que no quieren responder), un dato que introduce nuevos elementos para la lectura política del proceso electoral de 2026.

Cambios destacados entre noviembre y enero

Entre ambos levantamientos se observa una estabilidad relativa en la disposición declarada a votar, con cerca de siete de cada diez personas indicando estar completamente seguras de asistir a las urnas. Sin embargo, al comparar los resultados, el informe de enero confirma que más de un tercio del electorado permanece indeciso, tanto en la elección presidencial como en la legislativa, lo que refuerza la idea de un electorado aún poco definido a pocas semanas de los comicios.

En términos de preferencia electoral, el informe de enero consolida una concentración del apoyo en pocas candidaturas, con Laura Fernández a la cabeza entre quienes manifiestan una decisión de voto, seguida a distancia por otras opciones con apoyos de un solo dígito porcentual. Este patrón es consistente con lo observado en noviembre, pero con una mayor claridad en la segmentación sociodemográfica: la indecisión es más alta entre mujeres, personas jóvenes, sectores con menor escolaridad y quienes perciben su condición económica como baja o muy baja.

La tasa de rechazo: un dato nuevo y clave

Un elemento metodológico relevante es que el informe de enero 2026 incluye explícitamente la tasa de rechazo, calculada conforme a los estándares de la AAPOR, la cual se sitúa en 11,77%. Este dato no fue consignado de manera explícita en el informe de noviembre, lo que limita la comparación directa, pero convierte al reporte de enero en un insumo clave para evaluar la calidad y los límites interpretativos de las encuestas electorales en el contexto actual.

La inclusión de esta tasa permite dimensionar no solo quiénes responden, sino también quiénes deciden no hacerlo, abriendo preguntas sobre los factores que inciden en esa negativa.

Debate público sobre el rechazo a encuestas

El tema ha sido abordado recientemente por el estadístico Fernando Ramírez, exdirector de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, en una entrevista publicada por el Semanario Universidad. En ella, Ramírez advierte que tasas altas de rechazo pueden afectar la validez y representatividad de las encuestas, especialmente cuando el fenómeno no es aleatorio, sino socialmente estructurado.
🔗 https://semanariouniversidad.com/pais/exdirector-de-escuela-de-estadistica-de-la-ucr-duda-de-validez-de-encuestas-electorales-por-alto-rechazo-a-responderlas/

El experto señala que, en contextos de desconfianza, ciertos grupos pueden optar por no expresar sus opiniones, generando sesgos difíciles de corregir únicamente mediante ponderaciones estadísticas.

Una hipótesis: miedo, confrontación y silencio

Desde SURCOS se ha planteado una hipótesis complementaria para interpretar este fenómeno: el clima político de confrontación y discursos de odio que ha marcado el periodo reciente podría estar influyendo en la decisión de muchas personas de no responder encuestas o de reservar su intención de voto.

Esta línea interpretativa ha sido desarrollada por el psicólogo Marco Vinicio Fournier Facio en un artículo publicado en SURCOS, donde se analiza cómo el miedo, la estigmatización y la agresividad discursiva pueden inducir conductas de autocensura y silencio social, con efectos directos sobre la medición de la opinión pública.
🔗 https://surcosdigital.com/que-nos-dicen-las-encuestas-de-octubre/

Otros análisis publicados en SURCOS refuerzan esta hipótesis, señalando que el rechazo a participar y la indecisión persistente no necesariamente reflejan apatía, sino una estrategia de resguardo frente a un contexto percibido como hostil. Ver: https://surcosdigital.com/?s=discursos+de+odio

Un escenario abierto y frágil

En conjunto, los informes de IDESPO-UNA confirman que el proceso electoral de 2026 se desarrolla en un escenario abierto, con una ciudadanía que declara disposición a votar, pero que aún no define su preferencia, y con un segmento no menor que opta por no responder. La incorporación de la tasa de rechazo en el informe de enero aporta una señal de alerta para la lectura responsable de las encuestas y subraya la necesidad de contextualizar los datos en el clima político y social del país.

Más que ofrecer certezas, las encuestas actuales parecen retratar una democracia tensionada, donde la indecisión, el silencio y la fragmentación son rasgos centrales del momento político costarricense.

“Costa Rica siempre ha sido ejemplo de solidaridad y salud para todos, pero hoy nuestro sistema está en riesgo”

El costarricense Enrique Pérez Gutiérrez, pensionado tras más de 40 años de trabajo en la práctica privada, la academia y organismos internacionales, hizo un llamado público en defensa del sistema de salud costarricense, al advertir que decisiones recientes están debilitando los servicios que protegen a la población.

Pérez Gutiérrez señaló que durante 22 años de su trayectoria laboral formó parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, experiencia que —afirma— le permite hablar con conocimiento de causa sobre el valor histórico del sistema de salud de Costa Rica.

Según expresó, el país ha sido reconocido internacionalmente como ejemplo de solidaridad y de acceso a la salud para todas las personas, pero actualmente ese modelo se encuentra amenazado. En su mensaje, advirtió que las decisiones que se están tomando desde el ámbito político y administrativo están debilitando los servicios públicos de salud, afectando directamente a la población.

“El momento exige alzar la voz, informarnos y defender lo que tanto nos ha costado construir”, afirmó, subrayando que fortalecer la salud pública no es solo una discusión técnica, sino una decisión que incide en el futuro de las familias y del país en su conjunto.

Pérez Gutiérrez remarcó que cuidar la salud de Costa Rica es una responsabilidad colectiva, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente en el próximo proceso electoral, optando por propuestas que no continúen debilitando el sistema de salud, sino que lo fortalezcan y lo protejan como un bien público esencial.

El mensaje concluye con un llamado directo a la acción ciudadana, destacando que la defensa del sistema de salud no puede postergarse y requiere compromiso social e informativo.

🎧 Le invitamos a escuchar el video completo con el mensaje de Enrique Pérez Gutiérrez, donde desarrolla estas reflexiones sobre el presente y el futuro de la salud pública en Costa Rica.

Gracias CIEP

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Hoy 21 de enero el CIEP de la Universidad de Costa Rica publicó su penúltima encuesta. Recordemos que es la encuesta mejor evaluada de todas y su credibilidad o intenciones no son cuestionadas, aunque las encuestas -todas- han fallado en las tres últimas elecciones presidenciales.

Muestra que, si las elecciones fueran hoy, la candidata del oficialismo habría ganado. Pero las elecciones no son hoy, la muestra usada es la misma población de hace varios meses y varios miembros de la muestra se han retirado.

Creo que esta encuesta servirá para que los costarricenses abran los ojos y se den cuenta del peligro que nos acecha, los candidatos decentes se den cuenta de la inutilidad de pelear por territorios propios y finalmente realicen que en esta elección se juega el futuro de Costa Rica y deben unirse con ese propósito.

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.

Cuando la técnica no alcanza: debate, redes, juventudes y voto consciente en la Costa Rica electoral

Nancy Piedra Guillén
Profesora de la Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica

El reciente debate presidencial Se busca presidente, transmitido por OPA, introdujo una ruptura relevante en la escena política costarricense. A diferencia del formato tradicional —centrado en la confrontación retórica y el golpe mediático—, este ejercicio colocó en el centro la evaluación técnica de propuestas, la coherencia programática y la viabilidad institucional, bajo la mirada de personas expertas y con criterios explícitos de factibilidad.

El debate estuvo claramente dirigido a un electorado que hoy define el rumbo de la elección: las personas votantes indecisas, mayoritarias según las encuestas del CIEP-UCR de noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, el verdadero campo de disputa no se limitó al estudio de televisión. Se desplazó, con fuerza, al espacio digital, donde se hizo visible una tensión cada vez más estructural en nuestras democracias: la desconexión entre racionalidad técnica, afectos políticos y legitimidad pública.

La técnica no garantiza legitimidad

El formato del debate apostó por una lógica deliberativa exigente: qué se propone, cómo se implementa, con qué recursos y en qué plazos. Este tipo de ejercicio resulta indispensable en una democracia erosionada por la improvisación, el personalismo y la simplificación extrema de problemas complejos. No obstante, el debate dejó al descubierto un límite fundamental: la buena técnica, por sí sola, no garantiza adhesión política ni respaldo social.

Las calificaciones otorgadas por el panel experto —alta, media o baja factibilidad— no se tradujeron automáticamente en apoyo ciudadano. Algunas candidaturas con evaluaciones favorables no lograron generar entusiasmo, mientras que otras, con desempeños más débiles o controversiales, concentraron altos niveles de conversación pública. El dato no es anecdótico: revela un cambio profundo en las formas contemporáneas de construcción de legitimidad política.

Redes sociales: volumen, rechazo y castigo simbólico

El análisis de la conversación digital posterior al debate confirma esta brecha. Durante la transmisión, el politólogo y analista en comunicación política Cristan Bonilla, profesor de la Universidad Latina de Costa Rica, presentó datos de monitoreo de redes sociales que permiten una lectura más fina del impacto político del debate: volumen de menciones, balance entre comentarios positivos y negativos y niveles de rechazo simbólico por persona candidata.

Los resultados son claros: liderar la conversación digital no equivale a generar apoyo neto. Las redes sociales operan bajo lógicas distintas a las de la evaluación técnica. Amplifican emociones, moralizan el conflicto y funcionan como espacios de sanción simbólica. La viralidad no distingue entre aprobación y repudio; intensifica la polarización.

Esta lectura coincide con el análisis periodístico de CRHoy, que mostró cómo, tras el debate, algunas candidaturas concentraron altos niveles de rechazo aun cuando su desempeño fue consistente o disciplinado.

Coherencia ideológica y penalización digital

El caso del Frente Amplio resulta ilustrativo. La candidatura de Ariel Robles sostuvo una línea ideológica clara y consistente, con un discurso estructural sobre desigualdad, endeudamiento y modelo de desarrollo. Sin embargo, fue también la que acumuló mayor rechazo neto en redes sociales. Esta penalización no se explica por errores técnicos, sino por una distancia explícita frente al marco dominante de soluciones punitivas y simplificadoras, particularmente en materia de seguridad ciudadana.

En un contexto atravesado por el miedo, los discursos que cuestionan el modelo económico y proponen transformaciones estructurales tienden a ser castigados simbólicamente, incluso cuando están bien fundamentados. El castigo no es técnico; es político y afectivo.

Género: la ausencia que no sanciona

Otro elemento relevante del debate fue el señalamiento reiterado de las personas expertas sobre la ausencia de propuestas específicas para mujeres, cuidados, violencia y embarazo adolescente en algunos planes de gobierno. Desde una perspectiva técnica y feminista, esta omisión constituye un déficit significativo.

Sin embargo, la reacción en redes sociales mostró algo inquietante: la ausencia de una agenda explícita de género no genera sanción electoral visible. No provoca rechazo masivo ni controversia sostenida; simplemente pasa desapercibida. Mientras la evaluación especializada identifica la omisión como un problema, la conversación digital la neutraliza. Esto confirma que la agenda de género continúa ocupando un lugar secundario en la jerarquía electoral, incluso cuando las mujeres conforman una parte significativa del electorado indeciso.

Modelo económico, juventudes y territorios

Este análisis parte de una preocupación central: la democracia no puede reducirse a la defensa formal de la institucionalidad ni al respeto procedimental del Estado social de derecho, si al mismo tiempo se profundizan la desigualdad, la exclusión social y la precarización de la vida, especialmente entre las juventudes. Costa Rica arrastra desde hace décadas una orientación neoliberal persistente, consolidada incluso por gobiernos que se presentaron como alternativas progresistas —donde el PAC fue determinante en la normalización de estas orientaciones— y que, en nombre de la responsabilidad fiscal, la modernización o la eficiencia, debilitaron políticas redistributivas, recortaron inversión social y abandonaron territorios completos.

Las consecuencias de este modelo se expresan territorialmente: comunidades expulsadas del empleo formal, sistemas educativos incapaces de ofrecer trayectorias reales de movilidad social y cientos de jóvenes sin horizonte, para quienes el narcotráfico y las economías ilegales se convierten en una de las pocas formas de inserción económica, reconocimiento y pertenencia. La inseguridad que hoy domina la agenda electoral no puede comprenderse al margen de este proceso estructural de exclusión generacional y territorial.

Si seguimos eligiendo gobiernos que, aunque respeten la institucionalidad democrática, la legalidad y el marco formal del Estado social de derecho, mantienen intacto el modelo neoliberal, seguiremos profundizando las brechas que dicen combatir. Ninguna política de mano dura resolverá un problema cuyas raíces están en la desigual distribución de oportunidades y en la retirada del Estado de los territorios más golpeados.

Tres capas de la campaña

El cruce entre debate, redes sociales y encuestas permite identificar al menos tres capas simultáneas en esta campaña electoral:

  1. Una capa técnica, donde importan la viabilidad, la institucionalidad y la coherencia programática.
  2. Una capa afectiva, dominada por el miedo, el enojo, la identificación y el castigo simbólico.
  3. Una capa estratégica, donde las candidaturas deciden a quién le hablan: al panel experto, a las personas indecisas o a sus bases políticas.

El debate fue exitoso en la primera. Las redes muestran que la disputa decisiva ocurre en la segunda. Las encuestas advierten que la tercera aún está abierta.

Un cierre necesario

La democracia no se erosiona solo por la mala técnica, sino también cuando la política se reduce al castigo emocional, al miedo y al ruido digital. Votar conscientemente hoy implica resistir la simplificación, exigir propuestas viables y, sobre todo, defender políticas públicas que atiendan las necesidades de quienes menos tienen, de las personas y territorios históricamente excluidos, y de las juventudes que hoy crecen sin horizonte.

Cuando la discusión pública se desplaza hacia el orden, la mano dura o la estabilidad macroeconómica desligada de justicia social, se invisibilizan las causas estructurales de la violencia y la desigualdad. Sin inversión social, sin políticas redistributivas, sin presencia estatal sostenida en los territorios más golpeados, seguiremos reproduciendo las condiciones que empujan a cientos de jóvenes hacia economías ilegales como el narcotráfico, mientras el sistema político responde solo con discursos punitivos.

El futuro no se define con memes, ni con tendencias momentáneas, ni con la viralidad del enojo. Se construye cuando las personas ciudadanas ejercen su derecho al voto con juicio crítico, memoria histórica y responsabilidad colectiva, apostando por un proyecto de país que no sacrifique a sus juventudes ni profundice la exclusión en nombre de la gobernabilidad o del continuismo del modelo. Defender la democracia hoy exige defender la justicia social.

Partidos políticos participantes en el debate de OPA

Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Nueva República (NR), Unidos Podemos, Partido Liberal Progresista (PLP), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Avanza y Coalición Agenda Ciudadana (vinculada al espacio político del PAC).

Fuentes

  • CIEP-UCR. Encuestas de Opinión Pública, noviembre y diciembre de 2025.
  • Debate presidencial “Se busca presidente”, Canal OPA, 18 de enero de 2026.
  • CRHoy. “Redes sociales pasan factura tras debate: estos fueron los más apoyados y los más rechazados”. Enero 2026.
  • Análisis de conversación digital presentado por Cristian Bonilla, Universidad Latina de Costa Rica, durante la transmisión del debate.

El que dijo que si, el que dijo que no

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El título es sugerente. La primera vez que di con esta pieza fue en los años ochenta, al ver un montaje local adaptado de la obra escrita y presentada por el dramaturgo alemán Bertold Brecht en 1930. La trama aborda el tema de las decisiones. En la versión original, Brecht llevaba el desenlace hacia el sufrimiento del protagonista. Al ver las reacciones ante esa propuesta, adiciona un nuevo final que plantea, más que una lectura individual, un planteamiento colectivo.

La historia transcurre como sigue, según el sitio digital www.alternativateatral.com:

Pieza didáctica que promueve la reflexión frente a procesos personales y colectivos que a veces se asumen como inevitables.

El Maestro acude a despedirse de su alumno más querido ante su próxima partida en busca de remedios para erradicar la epidemia que está devastando a su pueblo. La madre del alumno también está contaminada y el alumno, deseoso de salvarla, ruega al maestro que lo sume al grupo de expedición. El maestro acepta, no sin dudar. A mitad del camino, el joven cae enfermo a su vez y no puede continuar con el viaje, ni regresar al pueblo. El grupo tendrá que tomar una decisión ante el dilema que le presenta la situación: dar por terminada la expedición y regresar al joven a su casa (lo que comprometería la vital expedición, única esperanza de una sociedad moribunda), o abandonarlo y seguir adelante en busca del remedio.

En la puesta en escena, los dos desenlaces son desarrollados, para que el público tome una postura de acuerdo con la decisión tomada. No en pocas ocasiones, las decisiones son sometidas a una profunda valoración, porque implican resultados, impactos, posibles desarrollos futuros.

Hoy, a esta hora, en Costa Rica, decir Si es imperativo. No es un Si asincrónico, como el que esta sociedad dijera hace ya casi veinte años cuando decidió aventurarse a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No es ese Si que ahora debe asumir la gente con su decisión, con su voto.

Nos enfrentamos, sin lugar a dudas, ante las elecciones más trascendentales de la historia de la Segunda República en el país y lo que se vislumbra debe comprometer reflexiones profundas, reposadas y firmes. Decir No, es confirmar una ruta que, hemos comprobado, nos lleva al deterioro inmediato y a la destrucción del proyecto colectivo que hemos construido a lo largo de la historia. Decir No es condenarnos a un final inmediato, irreversible, irreparable.

El que dijo Si, continuó el camino. Se trazó nuevos objetivos, se apoyó en una nueva marcha histórica, colectiva. Ese es el mensaje. Que la puesta en escena para nuestro país nos traiga nuevos vientos. Un futuro alentador.

Tres razones contra el continuismo

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Un conocido nuestro nos preguntó por qué no debe votarse al continuismo chavista, encarnado en Laura Fernández o sus similares camuflados como Natalia Díaz o José Aguilar.

Quien interroga es un hombre de mediana edad y, -si se me permite el argot tico-, es un breteador insigne, de esos que la pellejean día a día y que no puede darse el lujo de pagarle a la Caja un seguro como trabajador independiente, una persona que no puede tampoco permitirse enfermar e incapacitarse porque si no trabaja, no come. Así es la cruda realidad de muchos costarricenses, más de los que debiera permitirse una democracia plena.

Del inmenso océano de razones que se tienen para no seguir padeciendo el flagelo chavista, se me ocurrió responderle con toda espontaneidad:

  1. Hay que volver a colocar en Zapote a una persona decente. Alguien que hable con un mínimo de respeto; que no grite, que no insulte, que no exacerbe el odio y la revancha. Alguien que no engañe, que no haga de la mentira y la exageración su forma de comunicarse. Alguien, por cierto, que no intente ridiculizar a periodistas independientes que le hacen preguntas incómodas y que no los matonee rodeándolos de sus guardaespaldas.Alguien, en fin, que traiga paz, que baje la tensión y polarización en que nos encontramos y que tenga la inteligencia emocional de buscar consensos, es decir, alguien que se responsabilice del gobierno y no se dedique a buscar culpables.
  2. Hay que evitar el continuismo porque lo peor de este desgobierno no ha sido su vulgaridad y pachuquismo. Lo peor ha sido su ineptitud, su evidente incapacidad para contar con ministros y asesores capaces, su demostrada improvisación y charlatanería desde el día primero nombrando personajes sin preparación ni experiencia en puestos claves y dictando decretos y proyectos de ley inviables. Necesitamos alguien con un mínimo de humildad, que no deshaga, por ejemplo en obra pública, todo lo andado en el pasado por pura arrogancia y prepotencia, sin poder mostrar al final ningún logro significativo propio.
  3. Y por último, le contesto a mi amigo, ciudadano breteador, que este país y esta democracia merecen la pena ser rescatados; que no es posible que el crimen organizado y el narcotráfico hayan alcanzado los niveles de penetración de las instituciones y el control de barrios y pueblos que están consolidando. Le digo que como ex juez especializado en derecho penal, veo con alarma cómo, otra vez este desgobierno, desmanteló controles fronterizos y costeros, saboteó recursos económicos para la Fiscalía y el OIJ, y volvió totalmente ineficientes los escáneres portuarios, puesto que constantemente tenemos noticias de cargamentos de drogas descubiertos en puertos europeos provenientes de nuestra pobre Costa Rica. Hay fundamento para concluir que, ya por negligencia, ya por complicidad, hemos dejado que la peor violencia criminal llegue demasiado lejos.

Termino diciéndole a mi interlocutor: hay que salir a votar, pero en ningún caso por el continuismo de los Fernández, Díaz o Aguilar.