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Etiqueta: empleados públicos

ANEP solicita al Ministerio de Hacienda información sobre reajuste salarial

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha remitido una comunicación urgente al Ministro del Ministerio de Hacienda, Lic. Nogui Acosta Jaén, expresando su preocupación por la falta de incorporación del reajuste por costo de vida decretado en diciembre de 2019 en los salarios quincenales de los empleados públicos beneficiados.

En la misiva, fechada el 5 de abril de 2024, la ANEP señala que, si bien se han cancelado las deudas correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, el monto de ¢7500 no se ha incluido en los salarios base durante los primeros meses de 2024. Por lo tanto, solicitan al Ministerio de Hacienda información sobre las instrucciones dadas al respecto.

La ANEP fundamenta su solicitud en el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición número 9097. Según la carta, este derecho garantiza a todo ciudadano la facultad de dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial para exponer un asunto de interés.

La legislación también establece que las autoridades tienen la obligación de responder a las peticiones en un plazo máximo de diez días hábiles y de convocar a los peticionarios en audiencia especial si así lo consideran necesario. Asimismo, deben proporcionar una respuesta fundamentada que recoja las razones por las cuales se accede o no a la petición.

La comunicación concluye con la solicitud de una respuesta oportuna por parte del Ministerio de Hacienda. Sin otro particular, la carta está firmada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General, y Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP.
Para acceder al documento completo, puede ver el PDF original aquí:

Costa Rica supera a todos los países de la OCDE en salarios para sus empleados públicos

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) comunica lo siguiente:

Hay principios en Derecho que ciertamente siempre se deben tener presentes, tal es el caso de la “literalidad”, este principio expone que, en más o menos palabras, lo que se escribe, se interpreta a la luz de las palabras o frases que se utilizan y escriben en un mensaje o texto.

 Si leemos el siguiente texto, a partir de lo ahí señalado: 

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-supera-a-todos-los-paises-de-la-ocde-en-salarios-para-sus-empleados-publicos 

https://www.larepublica.net/

Pues, vista esa publicación, por cualquier persona, diría que estamos en un estado de  salarios que no tendríamos conflicto alguno quizás, en materia de motivación o  remuneración.

Consideramos en SITRAHSAN, que nuevamente se generan “las desinformaciones” por  parte de la prensa escrita, con quizás una grave actuación dolosa, de perjudicarnos ante la opinión pública, por lo menos, en el Ministerio de Hacienda, debe realizarse una profunda investigación y estudio de nuestras remuneraciones.

 Somos el tesorero del estado y su contralor, y seguimos con categorías de tercer nivel, nada  adecuado, conforme a las demandas del tiempo.

 No dudamos que sectores como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de  la República, la Procuraduría General de la República, el Personal de la Asamblea Legislativa, los Jueces del Ministerio Público, y otros también, pertenecientes a Secretarías Técnicas, engrosen el concepto contable de remuneraciones en el Estado mismo. (No  dudamos ahí  está  el  grueso de  la  planilla, su  mayor  fracción del 100×100).

 No obstante, si hacemos ese análisis ácido, la opinión pública, deberá darnos la razón, con prueba fundada, donde un asalariado del Ministerio de Hacienda, gana casi igual que un guarda en la UCR o en la UNA, donde un asalariado del Ministerio de Hacienda, gana  menos de un 35% quizás que lo que gana homólogo en el Poder Judicial, donde un  asalariado del Ministerio de Hacienda, percibir menos salario en razón porcentual a su aporte al PIB en materia de contribución, que lo que percibe un funcionario de la Sala Constitucional misma, donde un asalariado  del Ministerio de Hacienda, percibe hasta un 50% menos que funcionario de la Contraloría General misma y con menos  años de  carrera profesional, donde un asalariado del Ministerio de Hacienda, percibe hasta un 40% menos que lo que percibe un funcionario de la Asamblea Legislativa misma, y con menos  responsabilidades y estrés en cuanto a control

 No nos dejemos engañar y levantemos la voz defendiéndonos de la desacreditación pública.

Costa Rica tiene uno de los sectores públicos más pequeños -en términos porcentuales al considerar toda la masa laboral del país-, pero es la nación que más dinero invierte de los impuestos que recauda para pagar a sus burócratas, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (cifras de gráficos en porcentajes)”.

Memoria Histórica: ANEP #13. El pacto Figueres – Calderón

18 de mayo 2022

En el mes de junio de 1995, dos partidos políticos, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, dos caras de un mismo proyecto político neoliberal, consolidan el “Pacto de la Vergüenza”.

Ambos partidos durante años han conducido nuestro país, a un mayor empobrecimiento y a una mayor desigualdad social.

Para la ANEP, las encuestas de opinión acerca del gobierno y del presidente “…dejan un claro descontento nacional con las políticas neoliberales y las acciones antipopulares de elevar impuestos, despido de empleados públicos y de entrega vergonzosa a los dictados de los organismos financieros internacionales…”

Caricatura alusiva al tema del Pacto Figueres-Calderón (En Marcha, junio 1995).

El pacto significó la eliminación definitiva de la banca nacionalizada -hoy totalmente cumplido-, además, la entrega de aquellas empresas rentables del Estado, como es la FANAL, hoy en proceso de desmantelamiento; pero además la reducción forzada del déficit fiscal, que conlleva el despido de miles de empleados públicos y el deterioro y cierre de muchas instituciones y servicios públicos; también agenda permanente de la política costarricense.

La ANEP denuncia “…la maniobra del Partido Unidad, al engañar a los costarricenses presentándose como opuestos al Paquete Tributario, pero comprometiéndose a no obstaculizar su trámite en la votación legislativa…”

Asimismo, el sindicalismo, considera y denuncia el doble juego del Gobierno, al aparentar negociaciones con diferentes sectores sociales y presentarse como dispuesto al diálogo, cuando en realidad hace yunta con la supuesta oposición para seguir promoviendo mayor pobreza a la gran mayoría de costarricenses.

Manifestación en 1995.

En el editorial de la “Prensa Libre”, del 15 de junio de 1995, se expresa: “…llamando a las  cosas por su nombre, el acuerdo Figueres-Calderón es simplemente la crónica de la toma del poder perpetrada por el liberalismo radical, el que considera que la ley de la oferta y la demanda está moralmente por encima de los diez mandamientos, y que los pobres por su mala cabeza… tienen la culpa, de su propia condición… y que si alguna gente se muere de hambre eso forma parte de la selección natural que elimina a los más débiles…”

Liberación Nacional y la Unidad se comprometen con el acuerdo, a no obstaculizar según su turno la aprobación de cualquier impuesto futuro, en situaciones similares a la presente, la conclusión es desoladora.

El editorial del vespertino lleva el nombre sugestivo “La flor del cactus”, porque es posible que la macro economía costarricense crezca pronto brillante, colorida y espinosa, como la flor del cactus, pero la paz social está en tremendo peligro.

Flor de cactus.

Adalberto Fonseca Esquivel
Historiador

(Fuente: “En Marcha”, junio de 1995)

Volverán las oscuras golondrinas

Manuel Hernández.

Manuel Hernández

La histórica sentencia de F. Mitterrand es inapelable:

“Los trabajadores hacen huelga el lunes, porque suben el pan; el martes se manifiestan porque ganan poco; los miércoles protestan por la falta de libertades. Y el domingo votan a la derecha”.

Volverán, si volverán, el próximo domingo, como lo hicieron hace menos de 2 meses, a votar por cualquiera de los dos partidos, de derecha los dos, que representan los espurios intereses oligárquicos que tienen hundido en la miseria a nuestro pueblo.

Volverán a votar por los mismos que construyeron una cultura visceral de odio contra los y las empleadas públicas, para legitimar la proscripción de la negociación colectiva y el principal derecho de resistencia de la clase obrera: la huelga.

Volverán a votar por los mismos que desmantelaron JAPDEVA, INA y aprobaron la salvaje Regla Fiscal.

Muy temprano, a madrugar, para llegar a profanar la escuela del pueblo, del barrio.

Muy temprano, a madrugar, para llegar, de primeros, a reconciliarse con quienes se trajeron al suelo, en menos de 4 años, el Estado Social y Democrático.

Muy temprano, bien bañaditos, orgullosamente con cédula en mano, haciendo fila, como manada bien disciplinada, para dejar en el olvido lo que nos despojaron y arrebataron.

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.

EL CAMINO DE ALVARADO

Óscar Madrigal

El día de ayer el Ministerio de Hacienda informó sobre los resultados de las finanzas públicas, resaltando los buenos resultados en cuanto a un superávit primario de 0,06% del PIB corolario de la reducción del gasto primario más fuerte y radical de los últimos 10 años. Es claro que esta reducción se debe al congelamiento de los salarios de los empleados públicos, menos infraestructura, vivienda, pensiones no retributivas, en fin, en la aplicación de una rigurosa regla fiscal que es el reflejo de la austeridad implacable aplicada por el gobierno de Alvarado.

Sin embargo, esa cifra es presentada como un gran logro, lo cual sería significativa si otros componentes de las finanzas fueran concordantes. Es que otras cifras llamaban la atención y a la preocupación.

El pago de la deuda pública, solo en lo que respecta al pago de intereses, en estos 4 años del gobierno de Alvarado se disparó, y en febrero de este año se registró un monto de ₡459.162 millones (1,07% del PIB), el más alto de los últimos 17 años.

Como se aprecia del gráfico adjunto, los intereses pasaron del inicio del gobierno de Alvarado de 122 mil millones de pago intereses de la deuda a 460 mil millones. El crecimiento del pago de intereses ha crecido exponencialmente en este Gobierno. En el año 2017, representaba este rubro un 0.19% del PIB, mientras que a febrero de este año representaba el 1.07%, un crecimiento desbocado.

Es significativo que la deuda pública también ha venido creciendo sustancialmente en estos años. Según Hacienda “en los primeros dos meses del año la deuda se ha incrementado de forma nominal en ¢456.817 millones, pues a diciembre de 2021, la deuda total del Gobierno Central ascendió a ¢27.271.988 millones”. La deuda sumaría en números redondos alrededor de 27.728.805 millones (casi 28 millones de millones de colones).

El resultado es un país cada vez más endeudado.

Todo parece indicar que la nueva deuda adquirida, los nuevos empréstitos, solo han servido para pagar deuda, en especial sus intereses.

Es un camino sin solución.

Restringimos el gasto público y social con el fin de obtener un superávit primario, pero a la vez nos endeudamos más para pagar intereses de la deuda. Al final del camino habrá solo mejores condiciones para seguir pagando la deuda.

El camino seguido por este gobierno solo le da tiempo a la bomba que estallará causando mayores daños sociales.

Pero había otro camino.

Ministra de hacienda juega con fuego

ANEP-PATRIA JUSTA

Comunicado de Prensa

 

Condenamos amenaza de despidos masivos de empleados públicos ante eventual fracaso del combo fiscal.

Es la deuda pública y su pago de intereses la real causa del ya caótico y comatoso estado de las finanzas públicas.

La perpetuación del injusto sistema tributario estrangula al pueblo trabajador.

Llamamos a un gran diálogo político-social y multisectorial para salvar al país de una quiebra estatal y de un pernicioso «default»

Sindicatos hemos propuesto alternativas al ajuste fiscalista de corte neoliberal que promueve el gobierno tri-partidista PLUSC-PAC

De manera rotunda y con la más enérgica vehemencia rechazamos la perversa manifestación chantajista de la señora Ministra de Hacienda, doña Rocio Aguilar Montoya, acerca de que habría despidos masivos de empleados públicos si no pasa el combo fiscal-paquetazo de impuestos, muy detestado ya por la amplia mayoría del pueblo costarricense.

Tal manifestación es jugar con fuego, propiciador de un estallido social devastador que hará a todo mundo perdedor… hasta los que salen bien librados de ese combo fiscal que son los grandes consorcios corporativo-empresariales a los cuales se les amnistía tributariamente.

Urge la instalación de una gran mesa de diálogo político-social y multisectorial, pues el problema rebasa ya la esfera parlamentaria para buscar soluciones que garanticen la preservación de la Paz social.

De manera responsable, el Movimiento Sindical lanzó su propuesta «UNA REFORMA FISCAL JUSTA Y NECESARIA PARA COSTA RICA», tratada con desdén por el Gobierno Piza-Alvarado, lamentablemente.

Por otro lado, para el gravísimo problema fiscal resulta imposible una solución integral, participativa, equitativa y justa sin que no se le entre al tema de la deuda pública y su pago de intereses, carcomiendo las finanzas públicas por más paquetazo de impuestos que se le impongan a la sociedad.

Este aspecto es más que urgente pues el riesgo de un «default» o cesación de pago de la deuda nos hundiría como país como fue hundido Grecia.

Una vez más, es contundente la afirmación de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas del empleo público; las cuales tienen más que sobradas razones legítimas, éticas y morales para defender sus empleos, sus salarios y sus familias. Son vidas humanas lo que está en juego en todo esto.

Por demás, considerando que el déficit fiscal está concentrado en el Estado central, sería muy importante que la señora Ministra de Hacienda puntualice en lo siguiente:

¿Cuántos policías deberá despedirse?

¿Cuántos educadores deberán despedirse?

¿Cuántos empleados judiciales deberán despedirse?

¿Cuántas y cuáles entidades ministeriales va a cerrar?

 

San José, viernes 24 de agosto de 2018

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Enviado por Albino Vargas Barrantes.

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CTRN: «Con nuestro salario no se metan»

Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: “Con nuestro salario no se metan. Nos oponemos al expediente 20580 porque este proyecto de ley concatena reformas fiscales y empleo público y con ello pasan dos cosas: se le sigue endilgando la responsabilidad del déficit fiscal a los empleados públicos y en segundo lugar, estas reformas fiscales son un paliativo, un “parchecito” al verdadero problema fiscal que atraviesa el país. (…)”.

 

Enviado por Maikol Hernández.

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ANEP: ante la crisis de liquidez anunciada por el Presidente de la República

Comunicado de Prensa

  • ¿Entramos ya a transitar el doloroso sendero de países como Grecia y como Portugal?… ¿Cuál es la esencia fundamental de la dura situación fiscal en perspectiva de que se podría llegar a un punto de “no retorno”? ¿Cuál debe ser la posición de una concepción sindical de carácter sociopolítico y con perspectiva ciudadana?
  • Llamamos a la unidad sindical en la acción y a la movilización social
  • Comunicado Oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

 

Emitimos por esta vía las primeras impresiones oficiales emanadas desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al preocupante anuncio presidencial de que el Gobierno de la República está enfrentando serios problemas de liquidez para honrar la enorme cantidad de compromisos financieros que implica su operación diaria; tratando el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera de “tranquilizarnos” en cuanto a que, ante la falta de plata contante y sonante que está enfrentando la Administración Central del Estado, las prioridades fundamentales para pagar “puntualmente”, mes a mes, serán:

  1. Honrar la deuda pública y los intereses de la misma….
  2. Salarios (ministerios, entes adscritos a los mismos, transferencias a universidades públicas y otros; ¿incluirá el aguinaldo?… ¿incluirá el salario escolar?).
  3. Pensiones con cargo al presupuesto nacional (incluyen las de carácter lujoso-abusivo).
  4. Transferencias pero según “urgencia” social (no todas en el ámbito de lo social).
  5. El resto… si queda plata

EL RESTO: ¿El pago de los servicios de luz, de agua, de teléfonos que se ocupan en las oficinas públicas del Estado central? ¿El pago de la cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en los seguros de enfermedad-maternidad y de IVM? ¿El pago del aporte estatal a los seguros sociales de la Caja? ¿Los recursos mínimos para funcionar en una serie de servicios públicos ya, de por sí, totalmente precarizados pero profundamente esenciales, como los policiales? ¿Se generará la paralización total de su prestación? ¿El pago puntual a proveedores que, a su vez, deben pagar salarios a sus propios trabajadores?… Etc., etc.

¡No podemos “tranquilizarnos”! ¡Nadie puede “tranquilizarse”! ¿Cómo es que llegamos a esto?

La esencia del problema radica en la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense, caracterizada por una radicalmente injusta regresividad, según lo catalogan así cualquier cantidad de especialistas en la materia, tanto nacionales como internacionales, quienes vienen señalando este problema hace ya mucho tiempo.

En palabras sencillas, esa injusta regresividad hace que estén pagando-tributando más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen; mientras los que más tienen, pagan menos o no pagan del todo (eluden, evaden, roban impuestos).

En tal sentido, “hay que darle vuelta a la tortilla”: que paguen más los que, proporcionalmente hablando, ganan más, concentran más, acumulan más…; sancionando severísimamente, como se hace en los Estados Unidos, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Esto es transformar el carácter del sistema tributario costarricense para que se vuelva progresivo. A esto le hemos llamado en ANEP, una Transformación Tributaria Estructural, así en mayúsculas.

En palabras ticas, nadie ha resumido mejor esto, en toda nuestra historia republicana como nación independiente, que el ex Presidente de la República don Alfredo González Flores (1877-1962), el vigésimo presidente de la historia de nuestro país, declarado Benemérito de la Patria, con su famosa frase célebre: “Que el rico pague como rico y el pobre como pobre”.

La profunda e injusta regresividad del sistema tributario costarricense tiene cualquier cantidad de ejemplos. Fijémonos en estos dos:

En el 2012 se reportó que ochenta megaempresas costarricenses con ingresos equivalentes a la mitad del presupuesto nacional, no pagaron ni un cinco de impuesto a las utilidades. Hacienda dijo que iba a investigar lo sucedido. En el 2015 fue la Contraloría la que alertó sobre 93 grandes contribuyentes que declararon cero impuesto de utilidades, a pesar de declarar en conjunto ingresos brutos por ¢3,0 billones y de activos totales por ¢6,7 billones, en promedio, por año.

Acometer esta tarea, la de la Transformación Tributaria Estructural, implica la construcción de un poderoso polo de sectores políticos, político-partidistas, sindicales y sociales, dispuestos a evitar, por todas las formas posibles, que suframos el inmenso dolor de pueblos como el de Grecia o como el de Portugal; acometiendo tareas de adopción de legislación tributaria urgente y justa, con la movilización social que, también, resulta urgente.

Cuatro planteamentos desde la visión de sindicalismo sociopolítico

Hemos insistido a lo largo de muchos meses en una serie de planteamientos en torno al problema fiscal-tributario del país. Conviene reiterar algunos, ahora con más vehemencia y potencia en estos momentos:

UNO: Las personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas no son responsables del déficit fiscal. Quienes laboran para el Estado y quienes lo hacen para el sector Privado, son pagadoras puntuales de sus impuestos, especialmente los dos más importantes. El de ventas, al momento mismo de la compra; el de renta, cuando corresponde, es deducido, “implacablemente”, de planilla. La clase trabajadora no roba impuestos. Los excesos y abusos en materia de Empleo Público y en pensiones, aunque los hay, son los menos, pueden ser corregidos; pero, aunque fuera así (y es necesario que sean corregidos), no impactarán nada en materia de déficit fiscal. Los ataques al empleo público han sido, fundamentalmente, de carácter ideológico.

DOS. Si la deuda pública nacional está superando ya el 50 % con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y si su pago y el de los intereses es prioridad fundamentalísima ante los problemas de liquidez que afronta el Gobierno según el anuncio presidencial, corresponde ejercer una especie de auditoría ciudadana de la deuda: ¿Quiénes son los acreedores del país?, ¿quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros?, ¿cuál es la deuda de corto, de mediano, de largo plazo?, ¿en qué períodos gubernamentales se fue generando esa deuda?, ¿es posible renegociar plazos, pago de intereses, condonaciones…?, ¿cuáles son los sectores financieros que viven de los intereses de la deuda y que no tendrían interés alguno en que se resuelva el problema del déficit? Etc. Etc.

TRES: Si el déficit fiscal está cerca de llegar o superar la “barrera psicológica” impuesta por los mercados financieros neoliberales, del 6 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), deberíamos considerar estos dos aspectos centrales.

A: ¿Cuál es el porcentaje de déficit fiscal con el cual podríamos vivir como sociedad y cuál es la cifra con la cual no podríamos vivir como sociedad, considerando que el país siempre ha vivido con déficit y seguirá viviendo con déficit y que el déficit cero no es posible? ¿Podríamos construir un acuerdo sociopolítico entre sectores y fuerzas sanas para que, por ejemplo, aceptemos vivir con un 3 % y arreglar el otro 3 %?

B: ¿Pueden los economistas que piensan primero en el ser humano antes que el mercado, diseñar una nueva metodología para reconceptualizar eso del déficit fiscal, de modo tal que se comprenda y se contabilice la estructura financiera total del Estado y no solamente el 40 % de la misma, que es la que revisa anualmente la Asamblea Legislativa al tramitarse eso que erróneamente se denomina presupuesto “nacional”?

CUATRO: Uno de los cambios tributarios más urgente es la modificación al impuesto sobre la renta, de forma tal que, por ejemplo, se instaure la renta global o universal. El más “cómodo” cambio tributario es que el transforma en impuesto al valor agregado (IVA), el actual impuesto sobre las ventas, el más injusto de todos los impuestos pues se cobra sin discriminar capacidad de ingreso de las personas y de las familias, por eso, treparlo del 13 al 15 % genera oposición rotunda de nuestra parte.

La clase trabajadora, tanto la del sector público como la del privado, ¡no da más!

Una clase trabajadora con salarios prácticamente congelados, así impuesto por la política macroeconómica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su enfermiza obsesividad por una quimérica e imposible “inflación cero”, mientras seguimos viviendo en uno de los países más caros de la América Latina;

Una clase trabajadora altamente endeudada por las tarjetas de crédito y por los créditos personales, financieros, hipotecarios: miles y miles de sus integrantes son víctimas de escasa o nula liquidez.

Una clase trabajadora con salarios mínimos realmente bajos, en contraste con los que devenga la alta cúpula político-tecnocrática del Estado, con salarios realmente lujosos y abusivos.

Una clase trabajadora a la que ahora castigaron injustamente con una reducción del 1 % en sus salarios para dizque darle sostenibilidad al sistema de pensiones de la Caja, el IVM-CCSS; mientras el festín de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto “nacional”, muestra una de las más duras caras de la desigualdad.

Una clase trabajadora que está llegando a tener al 50 % de sus integrantes en la informalidad y en el desempleo, al margen de la Seguridad Social…

Finalmente, reiteramos que este panorama impone la construcción de una articulación de conciencias cívicas inspiradas en una visión de mundo nutrida con los mejores valores de la socialdemocracia real, de los mejores valores del humanismo cristiano (especialmente, los contenidos del mensaje social del papa Francisco), de los mejores valores de la izquierda progresista costarricense, para enfrentar tal gigantesco reto de la Transformación Tributaria Estructural; así como el accionar unitario de organizaciones sindicales que puedan combinar sus tareas corporativo-gremiales con su responsabilidad para con el bienestar general de la clase trabajadora, impulsando la movilización obrera, social y ciudadana que será necesario para enfrentar los poderosos sectores político-económicos que han venido frenando esa Transformación Tributaria Estructural en perjuicio de las grandes mayorías.

En lo inmediatísimo estamos trasladando estas primeras impresiones de la ANEP a cada una de las organizaciones hermanas en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA para que sus respectivas juntas directivas las consideren a fin de que, con la urgencia del caso, definan sus propias posiciones para la mayor conjunción de esfuerzos al respecto de la situación planteada.

 

San José, miércoles 2 de agosto de 2017.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador PATRIA JUSTA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ANEP

Fundada el 19 de agosto de 1958

COSTA RICA

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por ANEP.

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Enviado por ANEP.

El demonio del año

Oscar Núñez Olivas

Cada época tiene sus demonios. Para la Edad Media, las brujas. Para el siglo XVI los protestantes. Para la Alemania nazi, los judíos. Para el siglo XX, el comunismo (o el capitalismo, según quien lo viera). Para la Costa Rica de 2015, las convenciones colectivas.

De repente, pareciera que el enemigo público número uno son estos acuerdos laborales, a los que se señala inquisitoriamente como generadores de déficit fiscal y privilegios “desaforados” para los empleados públicos.

Usted pone la radio y alguien está expresando su indignación contra las convenciones colectivas; prende el televisor y un diputado libertario promete empeñar todo su poder de representación para abolir las convenciones colectivas; abre el periódico y un economista escribe sobre los efectos dramáticos de las convenciones colectivas para la economía.

En redes sociales, usted encontrará andanadas de insultos y comentarios insufribles contra los empleados públicos y sus dirigentes sindicales que “inventaron” las convenciones colectivas.

En fin, que el interés y la ignorancia se fueran a pasear un día…

Sé de muy buena fuente, aunque usted no lo crea, que las convenciones colectivas no son invención de don Albino Vargas, ni de ninguno de los dirigentes sindicales del sector público.

Existen desde hace muchos años en la inmensa mayoría de los países occidentales, y constituyen verdaderas instituciones de derecho en las democracias más avanzadas del mundo.

En Europa los convenios colectivos de trabajo están generalizados no solo en el sector público, sino también en el privado. En algunos países funcionan como acuerdos de validez nacional para todos los trabajadores de un mismo gremio; en otros –como en el nuestro- se negocian y suscriben entre los trabajadores y los patronos de cada empresa.

La negociación colectiva es, sin duda, un instrumento de gran importancia en la procuración de justicia social, porque frente al poder del patrono, el trabajador individual no tiene la fuerza suficiente para negociar mejoras en sus condiciones de trabajo, ni siquiera para hacer valer sus derechos mínimos, garantizados por la ley.

La convención colectiva regula las relaciones laborales en su sentido más amplio (salarios, jornadas, periodos de descanso, condiciones ambientales) entre muchas otras, así como los mecanismos de solución de conflictos.

En Costa Rica solo hay convenciones colectivas en el sector público, pues sabemos que en el sector privado la sindicalización está prohibida de hecho, aunque sea legal en el papel, y sin sindicatos difícilmente podría haber convenios colectivos de trabajo.

Posiblemente a esta diferencia se deba en parte la significativa brecha que existe entre los trabajadores del Estado y los de la empresa privada en casi todos los aspectos. Una brecha que algunos políticos y medios de comunicación aprovechan, con despliegue de cinismo, para alimentar la discordia entre ambos sectores laborales.

Las convenciones no solo son legítimas sino que son instrumentos necesarios de la democracia y es un deber del Estado garantizar a los trabajadores de todos los sectores el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.

La trampa

De lo anterior no debería deducirse que todo esté bien en relación con las convenciones colectivas vigentes en el sector público. Ciertamente, hay abusos y desproporciones y eso es algo que hasta los propios dirigentes sindicales se ven obligados a reconocer en voz baja.

La política ha puesto la trampa. Y hablamos de la política en sentido amplio, la que desarrollan tanto los sindicatos como los partidos políticos.

Luego de firmarse las primeras convenciones colectivas en el sector público, algunas a finales de la década de 1960, pero la mayoría en las décadas de los años 70 y 80, se fue imponiendo una dinámica que a la postre se volvería insostenible. Dicha dinámica consiste en que cada vez que se renegocia una convención, generalmente al cabo de dos años de vigencia, se hace imperativo introducir nuevas mejoras en las condiciones de trabajo.

Con ello, los dirigentes sindicales exhiben triunfos que afirman su compromiso con los trabajadores que representan y garantizan su reelección, mientras que los políticos que dirigen las instituciones atraen votos para sus partidos y, eventualmente, para ellos mismos.

En algún momento, las reivindicaciones salariales empezaron a ponerse difíciles, ya sea por directrices del Poder Ejecutivo o porque generaban desequilibrios en los escalafones internos. En compensación, los jerarcas empezaron a ceder beneficios de otra naturaleza (permisos especiales, pagos por llegar temprano al trabajo, por trabajar en un segundo piso, etc.) sin detenerse a considerar su racionalidad y sus efectos presupuestarios.

Esa lógica se ha convertido en una bola de nieve, sobre todo en momentos en que existe una creciente preocupación por el déficit fiscal. Los sectores más favorecidos, tradicionalmente reacios a pagar impuestos, han encontrado el argumento ideal para seguir negándose: ¡que el gobierno elimine las convenciones colectivas, recorte el gasto y después hablamos!

Por supuesto, quienes manejan este discurso no mencionan las multimillonarias exenciones que han disfrutado durante décadas diversos sectores empresariales: exportadores, generadores turísticos, empresas de zona franca, para mencionar algunos. Ni se refieren a la masiva evasión fiscal que, según estudios del ministerio de Hacienda, representan una suma igual o ligeramente superior a la que el Estado recauda. Es decir, que sin evasión no existiría déficit fiscal, con convenciones colectivas y todo.

En suma: es demagógico satanizar las convenciones colectivas y hacerlas culpables de todos los males del país. Las convenciones deben seguir existiendo, aunque sería deseable establecer ciertas normas que eviten la reiteración de abusos.

Sin embargo, Costa Rica es un estado de derecho. La racionalización de estos acuerdos laborales es un proceso que debe conducirse de forma ordenada, respetando derechos adquiridos y procurando mantener los beneficios justificables que inciden positivamente en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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