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Etiqueta: envejecimiento digno

Violencia patrimonial contra personas adultas mayores requiere mayor respuesta institucional, advierte la Defensoría

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras concluir una investigación de oficio que permitió identificar oportunidades de mejora en la respuesta institucional para la atención de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.

Aunque la investigación determinó que, en el caso analizado, no fue posible acreditar la existencia de violencia psicológica o patrimonial contra una persona adulta mayor, la Defensoría identificó importantes vacíos institucionales relacionados con la prevención, detección y atención de la violencia, particularmente la violencia patrimonial, una de las manifestaciones más difíciles de identificar y denunciar.

Durante la investigación se constató que el CONAPAM aún no cuenta con protocolos institucionales específicos para la atención de todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores y que enfrenta limitaciones significativas de recursos humanos, presupuestarios e infraestructura para atender esta población.

Asimismo, la Defensoría determinó que, si bien la CCSS dispone de diversos lineamientos para la atención de personas víctimas de violencia, estos se concentran principalmente en la violencia física y sexual, sin incorporar de manera expresa la violencia patrimonial como una forma de violencia que requiere mecanismos claros de detección, referencia y articulación interinstitucional.

Es por esta situación, que la Defensoría de los Habitantes le recomendó al CONAPAM dar continuidad al proceso de elaboración y oficialización de lineamientos institucionales para la atención de situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo expresamente la violencia patrimonial. Asimismo, informar sobre el estado de avance, la fecha estimada de entrada en vigencia y el modelo previsto para su capacitación y divulgación.

Además, alinear y oficializar los procedimientos internos para la atención de requerimientos judiciales derivados de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia de Costa Rica, de manera que se establezcan rutas claras de actuación y derivación de casos. Igualmente, remitir el cronograma de actividades para su implementación, así como el mecanismo definido para su capacitación y divulgación.

A la CCSS se le recomendó incorporar, en los lineamientos institucionales vigentes o en proceso de actualización, disposiciones específicas para el abordaje de la violencia patrimonial contra personas adultas mayores en cualquier atención médica, evidenciando un fortalecimiento en la articulación y coordinación formal entre la CCSS, el CONAPAM, el Poder Judicial y demás instancias competentes.

También deberá establecer un programa permanente de capacitación dirigido al personal institucional, orientado a la atención integral de las personas adultas mayores, que incluya el abordaje de la violencia en todas sus manifestaciones desde un enfoque de derechos humanos y envejecimiento digno, lo anterior en consonancia con los lineamientos institucionales implementados para tales efectos.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Frente a segunda ronda, ciudadanía vigilante espera respuestas – Comunicado

De cara a la segunda ronda, es imprescindible saber cómo responden los dos candidatos a los planteamientos que presentaremos a continuación, y que reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

Creemos fundamental e importante escuchar, analizar qué dicen o qué no dicen los candidatos sobre el empleo, la educación, la estabilidad financiera, si son directos en sus respuestas o las evaden, si tienen propuestas viables y quiénes son los equipos que les acompañarían en su Gobierno.

Debemos mirar más allá de las apariencias para poder votar conscientemente y con intuición.

Señores candidatos, queremos saber:

1. Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?

2. ¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?

3. Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?

4. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?

5. ¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?

6. Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?

7. Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?

8. ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?

9. ¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?

10. ¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?

11. ¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?

12. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?

13. ¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?

14. ¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?

Demandamos respuestas claras y concretas a estas preguntas para tomar una decisión informada y responsable el próximo 3 de abril.

Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población.

Estos, entre otros temas, serán nuestra preocupación y exigencia por los cuales estaremos vigilantes a lo largo de todo el gobierno.

Iniciativa:

1. Alda Facio Montejo Cédula 103830940
2. Ana Cecilia Escalante Herrera Cédula 103600701
3. Ana Elena Badilla Cédula 105290786
4. Ciska Raventós Vorst Cédula 900360482
5. Marta Solano Arias Cédula 104530311
6. Rodrigo Jiménez Sandoval Cédula 105370978
7. Roxana Arroyo Vargas Cédula 106430057
8. Sharo Rosales Arce Cédula 106920853
9. Thais Aguilar Zúñiga Cédula 105870972
10. Vilma Leandro Zúñiga Cédula 303360920

Puede ser parte de esta iniciativa firmando en el siguiente formulario: https://forms.gle/sD67gcsWx3XwXH838

Compartimos el documento original en formato PDF para descargar: