“Es la primera vez que la UCR hace esto en Coto Brus y espero que no sea la última”, expresó usuaria
Viernes 1 de marzo del 2024. “Vine y la verdad es que voy muy contenta, muy relajada, porque hace más de siete años estoy padeciendo de un dolor de la pierna y con este poquito de terapia que me hicieron voy demasiado bien. Espero seguir haciendo los ejercicios como me indicaron, para poder aliviarme. Muy lindas las personas que me trataron. Es la primera vez que la UCR hace esto en Coto Brus y espero que no sea la última vez”.
Así lo manifestó Greidy Campos, habitante del cantón de Coto Brus y una de las casi 1 000 personas usuarias de la feria “Salud sin Paredes” —realizada por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Municipalidad de Coto Brus y el área de salud de la zona por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)— que permitió brindar cerca de 2 000 procedimientos clínicos gratuitos a personas en vulnerabilidad social de la comunidad.
Este trabajo conjunto es el primero de carácter multidisciplinario y simultáneo que la UCR realiza en la zona, el cual englobó la unión de un grupo de más de 100 personas entre docentes, profesionales de la salud, personal administrativo y estudiantes del área.
El esfuerzo se efectuó del martes 27 al jueves 29 de febrero del 2024 y también tuvo la participaron de varios proyectos de Trabajo Comunal Universitario y de Educación Permanente de las Escuelas de Enfermería, Salud Pública, Medicina, Odontología y Tecnologías en Salud: el conglomerado de Acción Social de Medicina.
“Salud sin Paredes es un programa interdisciplinario que nace en el marco de los 50 años de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (…) nos hemos desplazado durante esta semana a la zona de Coto Brus para brindar servicios de atención básica. La idea es que podamos recibir a la mayor cantidad de población cotobruceña y que puedan participar tanto en actividades clínicas como en actividades de educación en salud, que son vitales para toda la comunidad”, indicó el Dr. Jean Carlo Segura Aparicio, docente de la Escuela de Medicina y uno de los coordinadores de la Feria.
La alianza se realizó entre la UCR, la Municipalidad de Coto Brus y el área de salud de la zona por parte de la CCSS
Hanna Sanabria Barahona, docente de Enfermería concuerda y agregó que la idea fue “brindar cuidado humanizado a aquellas personas que tienen disminución de acceso a los recursos de salud, indistintamente de su condición migratoria o su estado de aseguramiento”.
Los resultados obtenidos fueron ejemplares. Durante el primer, el segundo y el tercer día se efectuaron más de 1 000 consultas y se realizaron más de 2 000 distintos procedimientos clínicos. Además, cerca de 500 personas participaron en las charlas, en los talleres y en otras actividades organizadas como el cine al aire libre.
Dentro de los servicios brindados hubo diez del área de Odontología: examen clínico, profilaxis (limpieza dental), raspados supragingivales para eliminar depósitos bacterianos encima de las encías, radiografías, sellantes de fosas y fisuras, resinas, amalgamas, exodoncias simples, pulpotomías (extracción de una parte del diente afectada), aplicaciones de flúor en gel y en barniz.
El área de Enfermería tuvo valoración general de control de signos vitales, glicemia (azúcar en la sangre), valoración antropométrica (peso y talla), electrocardiograma, citología vaginal por monocapa, monitoreo fetal, control prenatal y asesoría en lactancia materna.
Finalmente, el área de Tecnologías en Salud ofreció consultas audiológicas. Entre ellas, pruebas de otoscopia (revisión del conducto auditivo), audiometría de rastreo para saber si la persona tiene una audición normal, análisis de emisiones otoacústicas para diagnosticar el estado auditivo del paciente y consultas fisioterapéuticas.
Desde la mirada de la Dra. Ivette Mora Elizondo, médica y vicealcaldesa, lo anterior vino a dar un respiro para las y los cotobruceños, quienes históricamente han vivido dificultades económicas y cuyas condiciones se vieron intensificadas por los efectos del COVID-19.
“Traer servicios de manera gratuita y por una entidad como la Universidad de Costa Rica, con la trayectoria y el reconocimiento que tiene, ha sido un encadenamiento bastante importante para nosotros. Normalmente la persona [del cantón] debe desplazarse para poder hacerse una audiología, una optometría (…) así que esto es una manera de poder devolverle a la comunidad lo que necesita”, indicó Mora.
Crecimiento
Este tipo de oportunidades de acción social generan un crecimiento en doble vía, ya que se genera un beneficio tanto para la comunidad en cuanto al cuidado de su salud, como para la población universitaria participante quienes fortalecen sus procesos de aprendizaje.
“Algunos de los lugares que hemos visitado como parte de estos proyectos han sido Parrita, Chomes, también territorio indígena en Coto Brus y actualmente nos encontramos en San Vito. Creo que aparte de empoderar a las personas en diferentes temáticas de salud y que tengan un mayor conocimiento de su salud como tal, al final no solo uno termina enseñándoles a ellos, sino más bien uno termina aprendiendo bastante de estas personas y lo he sentido mucho. Uno termina aprendiendo más de la vida, de otras culturas (…) es como un ‘toma y dame’ por parte de la Universidad y recibimos mucho desde un enfoque más reflexivo del significado de la vida”, indicó el estudiante Gerald Quesada Solano.
Para el Dr. Jorge Vargas Carmiol, de la Escuela de Salud Pública y otro de los coordinadores de la feria, “el hecho de venir y hacer no solo trabajo clínico, sino también promoción de la salud y prevención de patologías (…) aporta un plus a la población porque las comunidades aprenden con nosotros qué tienen que hacer para no enfermarse, qué tienen que hacer para vivir sanos y, como lo dicen muchos autores, para ser sano hay que ser feliz. Además, tenemos a la Sede del Sur colaborando con nosotros en cuestiones de promoción de actividad física, que también es una parte muy importante del concepto actual de salud”.
El miércoles 28 de febrero del 2024 se atendió a un grupo de pobladores de territorios indígenas que recibieron distintos servicios de salud y se realizó la presentación del “Baile de la Serpiente” a las 10:00 a. m. en la plazoleta de la iglesia católica. Asimismo, un grupo de 25 menores de edad, provenientes del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de la zona, también recibieron atención en salud y participaron de actividades informativas y recreativas.
Las próximas visitas proyectadas para el primer semestre del 2024 se realizarán en el Caribe Sur, cerca de la región de Hone Creek, y luego una en la zona de Guanacaste.
Descargue las entrevistas en video, las tomas de apoyo, los testimonios de las personas usuarias y las fotografías en
Dos escuelas y un instituto de la UCR apoyan el proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal
Las unidades de la UCR consideran que el proyecto de ley favorece el cumplimiento del derecho del consumidor a acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos
Lunes 24 de enero del 2022. La Escuela de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) y la Escuela de Nutrición, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestran su apoyo al proyecto de ley expediente 22 065 que propone el etiquetado nutricional al frente de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así lo manifestaron esas tres unidades en comunicado enviado en diciembre del 2021. De acuerdo con el documento, (mismo que puede ser consultado en su totalidad al hacer clic aquí) el proyecto de ley 22 065 favorece el cumplimiento del derecho del consumidor, pues permite acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos. Lo anterior es especialmente relevante ante el panorama alimentario actual. Según se expresa en el documento, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación en Costa Rica aumentan a un ritmo alarmante, lo que representa un grave problema para la salud pública. Las consecuencias de esto son cada vez más palpables. La Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 2018, dirigida a mayores de 19 años, puso sobre la mesa una prevalencia de hipertensión arterial de 37,2 % y una prevalencia de diabetes de 14,8 %. Asimismo, con base en el Censo Escolar del Ministerio de Salud del 2016, hay un claro aumento de exceso de peso en niños y niñas escolares. Este censo retrata un aumento de 1,5 % de forma sostenida. En el 2008 la prevalencia de exceso de peso fue de 21 % y en 2016 de 34 %. “La ley de etiquetado frontal viene a facilitar la lectura de etiquetas que actualmente requiere conocer tamaños de porción, así como entender las relaciones de nutrientes y cómo se aplican a cada persona. Este proyecto favorece la identificación de alimentos altos en calorías, grasa total, grasa saturada, azúcar o sodio; con un símbolo de entendimiento claro que es el octágono negro. Este proyecto facilita la toma de decisiones informadas, la protección de las personas menores de edad respecto a estrategias comerciales directas (desde los personajes, juguetes y vinculación con películas o deportistas del momento). Es decir, ver el alimento procesado con sus cualidades alimenticias y no porque traen simbolismos asociados”, comentó la Dra. Nadia Alvarado Molina, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR. La idea del proyecto de ley es incluir un sello en forma de octágono al frente del empaque cuando el producto se excede en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Esto favorecería a que las personas puedan tomar decisiones más conscientes al seleccionar sus alimentos, afirman las especialistas de la UCR. “En Costa Rica hay múltiples situaciones dentro del panorama nutricional. A pesar de que el exceso de peso no es una patología en sí misma, esta tendencia creciente es un reflejo de múltiples factores ambientales, incluido el ambiente alimentario y de actividad física, en los cuales se evidencia que los alimentos frescos han sido reemplazados por alimentos procesados cada vez con más frecuencia y en mayor porcentaje de la alimentación. La información clara puede ser un motivador y una señal para la acción y el cambio”, enfatizó la Dra. Alvarado. De igual forma, de aprobarse el proyecto se ayudaría a limitar las estrategias de mercadeo de los productos alimenticios que tienen exceso de algún nutriente crítico (azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio, entre otros). Datos de la UNICEF (2021) exponen que uno de cada dos niños y niñas, atraídos por la publicidad, compran productos alimenticios poco saludables. En cuanto al ámbito nacional, el comunicado menciona un estudio del 2019 titulado “Marketing televisivo de alimentos y bebidas dirigido a niños en Costa Rica: estado actual e implicaciones políticas”, el cual encontró que en el país más del 90 % de los productos publicitados en televisión no cumplió con los estándares de calidad nutricional. Ese mismo estudio también identificó que los productos que utilizan dibujos animados, deportistas o promociones en los alimentos tienen un mayor contenido de nutrientes críticos en comparación con los productos que no los utilizan. “Existen investigaciones que demuestran que el uso de este tipo de estrategias de mercadeo influyen en la decisión de compra y preferencias alimentarias de la población infantil y adolescente, animándolos y motivándolos a consumir alimentos con alto contenido de azúcares, sodio, grasa, calorías y, a su vez, prefiriendo estos alimentos en lugar de alimentos frescos como las frutas y los vegetales. Por lo tanto, es importante la aprobación de este proyecto de ley que, además de informar a los consumidores del contenido de nutrientes de los alimentos, busca proteger a la población infantil y adolescente de la exposición a estrategias de publicidad y promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas poco saludables”, explicó la M. Sc. Tatiana Gamboa Gamboa, docente de la Escuela de Salud Pública de la UCR. Para las expertas, el proyecto de ley complementa las acciones que ha venido realizando el país y que están orientadas a revertir el perfil epidemiológico de la alta prevalencia de la obesidad y de otras enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, tan solo en la Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad física (2018) se observó un 30.9 % de sobrepeso y obesidad en adolescentes, un hecho inquietante de salud pública, especialmente, en la adolescencia. Dicho panorama, al ser una condición multifactorial, debe tener soluciones que respondan a las distintas necesidades identificadas. Una de ellas es la educación a los consumidores para que tomen decisiones informadas, fáciles y rápidas a la hora de seleccionar sus alimentos, reiteran las docentes. “Ante nuestra realidad actual, en que la economía se ha visto impactada a raíz de la pandemia, un temor sumamente válido es la afectación de este proyecto de ley en el sector productivo de alimentos. Sin embargo, lo esperable es que las empresas desarrollen y amplíen su oferta de alimentos saludables. Así ha ocurrido en países como Chile, donde después de aprobada la ley no hubo un impacto en cuanto a empleos, salarios y producción del sector alimentario”, dijo la Dra. Carolina Santamaría Ulloa, directora del Inisa-UCR.
En la tarde del pasado 23 de octubre, tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «Foro: explotación piñera en Costa Rica«, organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública. Participaron a la actividad Mauricio Álvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON), Nicolás Boeglin (Facultad de Derecho, UCR) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningún expositor. Al tratarse de un foro sobre un tema que amerita desde muchos años un debate público con las autoridades, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que algunos denominan el «dulce orgullo» de Costa Rica, otros, una «vergüenza nacional«.
Fotografía del foro. Escuela de Salud Pública, 2017.
La salud pública ante las sustancias químicas usadas para producir la piña «Sweet Gold» o MD2
Como recientemente confirmado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada «Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio» de junio del 2017).
En algunas de las intervenciones, se especificó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña «Sweet Gold» o MD2 en Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat: esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raíz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada «Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations«). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, 10 años después, Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.
Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres.
Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada «Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo» (sitio oficial de la UCR, 2013).
El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre «prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio«). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuanta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y porqué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.
En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:
«85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production«.
En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.
Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde el 2007, es de notar el carácter urgente con el que la Experta Independiente de Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algún tipo de regulación para restringir y limitar su uso.
Finalmente, es de señalar que en en mayo del 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán: la excepción la constituyen los cultivos de piña y de banano (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.
Foto de cultivo de piña en Costa Rica extraída de artículo de prensa titulado «Piña tica está a un paso para ser exportada a China» (El Financiero, 2017).
Un vehemente llamado de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2008 desoído por las autoridades costarricenses
Ante la serie de daños reportados y la actitud complaciente de las autoridades, el Consejo Universitario de la UCR había adoptado un pronunciamiento en diciembre del 2008, exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña en Costa Rica hasta tanto no se reforzaran las capacidades técnicas y fiscalizadoras del Estado (véase texto completo del pronunciamiento). En la parte final, el Consejo Universitario declara:
Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país«.
Características de algunas componentes químicos usados en las plantaciones de piña, extraída de esta nota de una científica británica de junio del 2017 titulada «Phasing Out Highly Hazardous Pesticides in Costa Rica» (Pesticide Action Network, UK).
Pese a provenir de la máxima instancia de la UCR, las autoridades de la administración 2006-2010 hicieron caso omiso a estas advertencias, al igual que las de la administración 2010-2014 y las actuales que iniciaron su gestión en mayo del 2014. La legislación ambiental vigente en Costa Rica fue «adaptada» para favorecer la expansión de la piña: en el año 2009, fue la Secretaría Técnica Nacional para el Ambiente (SETENA) la que adoptó un instrumento – siempre vigente al 2017 – que exime a las piñeras de la presentación previa y obligatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA): leemos en este artículo del 2011 titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» y suscrito por un Ex Secretario General de la SETENA que:
«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.
Ello explica, entre muchos otros, el escándalo que provocó una viabilidad ambiental para más de 600 hectáreas de piña en la Zona Sur de Costa Rica aprobada en diciembre del 2016 (véase texto de la resolución) con base en el formulario más sencillo que tiene la SETENA: el formulario D-1 (véase nota de prensa sobre la revocación de los permisos por parte de la misma SETENA ante la movilización de las organizaciones sociales y la indignación causada). En este caso además, se evidenció la total desprotección de los vestigios arqueológicos que significa un D-1 (véase nota de prensa). No debe ser la primera vez que una viabilidad ambiental es dada en una zona con vestigios de alto valor arqueológico, por lo que es muy probable que gran parte del patrimonio arqueológico haya sido removido en el caso de piñeras situadas en otras zonas. Sobre el alcance extremadamente limitado del D-1, remitimos al lector al artículo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, titulado: «¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?».
A casi 10 años, este pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR se mantiene de una sorprendente actualidad, que viene a confirmar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido a nivel cantonal: los cantones piñeros se mantienen con los peores índices en Costa Rica. Según se indica en este artículo de Alexa Obando Campos sobre los cantones piñeros de la Zona Norte, en el caso de Guatuso y Los Chiles, el IDH se desmejoró notablemente (véase tabla ubicada al final).
En el caso del cantón de Los Chiles, una cuestionable decisión de la Sala Constitucional en agosto del 2016 anuló una moratoria municipal por cinco años y causó una profunda indignación de muchos (véase nota de prensa): unos pocos meses después (febrero del 2017), la Sala Constitucional abriría un peligroso precedente, al declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). Con ambas decisiones, la Sala procede a una peligrosa deriva regresiva.
Foto extraída de nota titulada «Toxic pesticides on Costa Ricas plantations» (Swedwatch, 2012).
Los informes del Estado de la Nación, año tras año desde el 2008, incluyen referencias a los daños y al aumento de las denuncias que provoca la piña en Costa Rica, así como a algunas extrañezas que, salvo error de nuestra parte, no parecieran haber causado sonrojo alguno por parte de las autoridades mencionadas ni mucho menos generado explicación alguna. Por ejemplo, con relación a las comunidades de El Cairo y MIlano en Siquirres, se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que:
“En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
Una cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña
A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quiénes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la mosca de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.
En este nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).
Según datos de la UNCTAD (véase informe), el mercado mundial de la piña se reparte (cifras al 2014) de la siguiente manera, en la que destaca la posición privilegiada de Costa Rica (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, extraídas de la tabla 3. «Top ten fresh pineapple exporter countries, tonnes, 2014«, p. 13):
En el 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero titulado «Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas» ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.
Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña inició en el 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especialde la Revista Ambientico(UNA) del 2008 se lee que:
«Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1.200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida» (p.3)
Empleos generados por la actividad piñera y discurso oficial
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen («inhumane conditions which prevail«) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado «Sweet fruit, bitter truth«).
Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede en parte explicarlo).
De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los «miles» de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) están debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas refieren a la ausencia de datos duros: en el 2009, mientras CANAPEP refería a 23.000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior referían a 7.000 puestos generados por la piña. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).
El discurso oficial se ha mantenido desde el 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo del 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por ex profesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En el 2016, se leyó por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica que:
«se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)
(Véase nota del Semanario Universidad titulada «Moratoria piñera es deuda del gobierno«).
En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véasenota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos en Costa Rica:
“Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
A modo de conclusión: un nuevo foro al que no asisten quiénes promueven la piña de exportación
Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue la tónica (véase, a modo de ejemplo entre muchos, esta nota sobre un foro realizado por la UCR para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial). El video del foro realizado por la Escuela de Salud Pública está disponible desde ya en su integralidad en este enlace de YouTube.
En un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?«, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe (véase texto completo del artículo):
«El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental«.
Breve selección de artículos de opinión / notas / tesis recientes sobre el impacto social y ambiental de la piña de exportación (MD2 o Sweet Gold) en Costa Rica disponibles en la red:
ACOSTA PEREIRA E. (2008), «La Producción Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón«, Universidad EARTH. Texto de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, disponible aquí.
AGENCIA EFE (2017); «Miles de hectáreas de ecosistemas arrasadas por industria piña en Costa Rica«, Texto publicado en Diario Extra (costa Rica), y disponible aquí.
ARAYA J. (2017), «Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2017), «Piña vs. Agua: el costo del sacrificio ambiental», Página Abierta (Suplemento de opinión, DiarioExtra). Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2011), “La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña”, La Nación. Texto disponible aquí.
BOEGLIN N. (2015), “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Texto disponible aquí.
CORDOBA J. y AGUERO M. (2015)»Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!”, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
FERNANDEZ E. (2013), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«, Revista HAL, Texto disponible aquí.
NAVAS V. (2017), «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, Suplemento Ojo al Clima. Texto disponible aquí.
OBANDO A. (2017), «Las múltiples realidades de la piña«, Revista VACIO. Texto disponible aquí.
OBANDO CAMPOS A. (2017), «El Estado detrás de la piña: el desarrollo de los monocultivos de exportación en la Región Huetar Norte de Costa Rica«, Universidad de Costa Rica (UCR). Texto disponible aquí.
POMAREDA F. (2015), «5-year moratorium proposed on pineapple production in Costa Rica«, The Tico Times. Texto disponible aquí
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Más de 700 mujeres han sido acompañadas hacia una atención rápida y efectiva de su tratamiento
Iniciativa es parte de la Escuela de Salud Pública de la UCR
Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El Programa de Navegación de Pacientes es parte de las iniciativas de acción social de la UCR, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama mediante un acompañamiento continuo. – foto Anel Kenjekeeva.
“Mujeres que salvan vidas”, bajo este lema se sostiene el primer Programa de Navegación de Pacientes con Cáncer de Mama del país, coordinado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), destinado a acompañar, guiar y apoyar a quienes enfrentan esta enfermedad hacia una atención rápida y oportuna.
El Programa de Navegación es una iniciativa que comenzó en 2013, y consiste en un grupo de mujeres voluntarias, mayoría sobrevivientes de cáncer de mama, que se encargan de guiar a las nuevas pacientes oncológicas en su recorrido dentro de la red de servicios de los hospitales públicos del país, a fin de ayudarlas a enfrentar las barreras hospitalarias que les impide recibir un tratamiento de calidad.
A través de ese acompañamiento, las mujeres con cáncer son capaces de superar las dificultades como las listas de espera, la burocracia institucional, la falta de recursos y de información, y así mejorar su calidad de vida, mediante una atención temprana, efectiva y eficiente.
Durante sus tres años de gestión, este esfuerzo ha permitido acompañar a un total de 728 pacientes en seis hospitales públicos del país, e integrar un equipo de voluntarias, conocidas por el nombre de navegadoras, que al día de hoy se compone de más de 120 personas que trabajan tiempo completo para ofrecer un seguimiento integral a las necesidades de las pacientes.
Esta acción de navegación se desarrolla bajo una estrategia que une tres aliados: el sector académico, el sistema de seguridad social, y las organizaciones no gubernamentales (ONG’s).
De acuerdo con el Lic. Allan Bejarano, uno de las principales logros del Programa ha sido disminuir el tiempo de espera para el inicio del tratamiento, que en ocasiones comenzaba hasta 24 meses después del diagnóstico.
Por medio de ese trabajo conjunto, los hospitales han logrado reducir sus listas de espera en seis meses, se ha incorporado la iniciativa al Plan Nacional de Oncología, y ha recibido el apoyo de ocho ONG que, junto con la UCR y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aportan en su financiamiento económico y de mano de obra.
En la investigación se reveló que las mujeres con esa patología enfrentaban una serie de obstáculos dentro del sistema de salud que bloqueaban su acceso a un tratamiento eficiente, además de otros impedimentos sociales, culturales, geográficos, económicos y familiares, que incrementaban sus probabilidades de fallecimiento.
Ante esa situación, la UCR centró sus esfuerzos en crear un proyecto que le permitiera a las mujeres enfrentar con éxito esas barreras, e iniciar esfuerzos adicionales de sensibilización, educación y compromiso hospitalario, con el propósito de lograr una mejora no solo de su salud física, sino también psicológica y emocional.
Este es uno de los recorridos que las mujeres realizan en el Hospital San Juan de Dios, donde deben caminar 2.44 kilómetros para realizar únicamente trámites administrativos. Con el acompañamiento del Programa, se ha logrado que las pacientes lleguen de manera oportuna a citas y a trámites.
Actualmente, el Programa es coordinado por la Dra. Ileana Vargas Umaña y el Lic. Allan Bejarano Sandoval, profesionales en Promoción de la Salud.
“La idea original de navegación surge de la Sociedad Americana de Cáncer, como una iniciativa para acercar los servicios de salud a la población migrante. Nosotros adaptamos la idea a raíz del estudio, porque nos dimos cuenta que las mujeres no luchan únicamente contra complejos recorridos y extensos tiempos de espera para el diagnóstico, la cirugía, y las consultas con los especialistas. Las mujeres también debían enfrentarse contra el machismo, la desorientación, el abandono, el miedo y la depresión” afirmó Bejarano.
El Programa de Navegación se implementó por primera vez en los hospitales San Rafael, en Alajuela, y San Vicente de Paúl, en Heredia, y al día de hoy se ha extendido al San Juan de Dios, el Nacional de la Mujeres Adolfo Carit, México y Calderón Guardia.
En compañía de las sobrevivientes
El cáncer de mama es el tumor maligno que con más frecuencia se diagnostica en Costa Rica, y la primera causa de muerte en mujeres en comparación con los otros tipos de cáncer. Según datos del Registro Nacional de Tumores, cerca de mil casos nuevos aparecen cada año y de ese grupo, aproximadamente 300 pacientes fallecen anualmente.
De izquierda a derecha, la navegadora Verónica Zúñiga acompaña y apoya a Mercedes Contreras para las gestiones administrativas que debe realizar en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Desiré Picado Arce conoce bien esa cifra. Ella fue parte de esos mil casos diagnosticados, pero su constancia, los tratamientos recibidos y la compañía de una navegadora, le permitieron superar la enfermedad. Hoy su experiencia de vida la motiva a ser otra integrante del Programa Navegación de Pacientes en el Hospital San Rafael de Alajuela, donde dedica su tiempo a salvar vidas.
“A partir del momento en que te diagnostican, tu vida cambia por completo. Uno piensa que es la única en el mundo que está pasando esa enfermedad, y saber que hay alguien a la par que te va a ayudar, que te dará ese apoyo emocional y ese amor que se necesita, en un momento cuando te sientes solo, es una gran ayuda que solo una persona que ha pasado por lo mismo puede dar”, indicó Desiré.
El aporte de navegadoras como Desiré Picado ha permitido que el Programa realice más de 100 llamadas de seguimiento mensuales a las pacientes, y que se beneficie a más de 860 familiares de manera indirecta, quienes también reciben apoyo y acompañamiento informativo y emocional en momentos de incertidumbre.
Las Organizaciones No Gubernamentales, el sistema de salud y las labores de los profesionales administrativos en los centros médicos también se han fortalecido.
En los extremos, las navegadoras Rosa Carballo y Teresa Angulo, de la Asociación Mujeres en Rosa, parte del grupo encargado del Programa de Navegación en Heredia. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
La Dra. Ileana Vargas manifestó que la contribución de las navegadoras reduce la carga administrativa del personal clínico, lo que permite que funcionen como aliadas para mejorar la calidad de la atención, debilitar las barreras del sistema, y facilitar el seguimiento de los casos, mientras colaboran con la visión y la misión de las ONG a las cuales pertenecen.
Un programa que crece
Para su instalación en cada hospital, el Programa de Navegación desarrolla un total de seis etapas, donde se identifican las barreras y obstáculos de cada centro médico, y se consolida un trabajo interdisciplinario que refuerza la misión y los objetivos de los involucrados.
De acuerdo con la Dra. Ileana Vargas, a pesar de que ese proceso ha logrado reducir la brecha y mejorar los tiempos de espera, el siguiente paso del Programa de Navegación será ampliar su cobertura y consolidación en los hospitales públicos del país, aumentar el tiempo de permanencia de las navegadoras, fortalecer la consistencia interna del proyecto, e iniciar nuevas tácticas que maximicen la reducción en los tiempos de espera.
Para ambos coordinadores, se pretende que el Programa sea parte de la cultura de servicio de los hospitales, donde las mismas instituciones impulsen una mejora y capacitación continua de navegadoras, así como el inicio de nuevos programas que aborden otros tipos de cáncer y patologías.
Luego de cualquier evento natural de carácter destructivo, el dolor que embarga a las víctimas por el fallecimiento de amigos, personas de la comunidad, o la pérdida de hogares y otros bienes de familiares, requiere de ayuda capacitada para hacer más llevadero el sufrimiento. Esa es una de las misiones de la Brigada de Atención Psicosocial de la Universidad de Costa Rica (UCR), la única en su tipo en el país, que desde 1983 apoya a las personas afectadas por una catástrofe.
Los brigadistas continúan proporcionando su servicio incluso años después del desastre, como ocurrió con los vecinos de Nicoya y Sámara, tras el terremoto ocurrido en setiembre de 2012. Foto: Laura Rodríguez /ODI.
Según relató la M.Sc. Lorena Sáenz, coordinadora de la brigada, antes de que esta iniciativa naciera, la atención que el país brindaba en casos de desastres se centraba, básicamente, en cuidados físicos, provisión de alimentos y hospedaje en albergues. Al inicio de la brigada, el enfoque del servicio era únicamente psicológico, pero después este evolucionó a psicosocial, el cual es transversal e interdisciplinario, pues involucra profesionales provenientes de las escuelas de Geología, Geografía, Medicina, Enfermería y Salud Pública, además de Psicología, así como de la Red Sismológica Nacional.
El cambio también abarcó al paradigma, que pasó de la atención de emergencias a la gestión de riesgo. Este último tiene un carácter más preventivo y permite anticipar las necesidades de las víctimas en caso de una pérdida de cualquier tipo.
La primera clave para la brigada es la capacitación. Sus equipos forman a los Comités Municipales de Emergencias y al menos a un funcionario por unidad académica, así como a una gran cantidad de estudiantes que se incorporan a través del Trabajo Comunal Universitario. Todas estas asesorías se basan en el Manual de Atención Psicosocial. Vale destacar que todos los requerimientos de los 25 brigadistas que se desplazan en caso de emergencias son también aportados por la universidad: colchonetas, camisetas, gorras, botas y cualquier otro material de trabajo.
«No basta ser profesional. Hay que estar capacitado y entrenado para saber qué procesos psicosociales se generan ante una situación de emergencias y cómo atenderlos. El personal debe saber trabajar en jornadas larguísimas, con mucho estrés, críticas, acompañando a las personas ante situaciones como duelo o trauma», explicó la M.Sc. Sáenz.
Trabajo en el campo
Tres son las características básicas que la atención que brinda la brigada debe tener en caso de una emergencia: rápida, oportuna y en el sitio de los acontecimientos.
Cuando una emergencia se presenta, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) convoca a la brigada, de manera coordinada con el Comité Asesor Técnico Psicosocial de la UCR. El Comité de Organización de Emergencias, adscrito a la CNE, y la Escuela Centroamericana de Geología se comunican con el Comité Asesor Técnico de la UCR y explica las proporciones del desastre.
Al llegar al sitio de los hechos, los brigadistas coordinan con el Comité Municipal de Emergencias y con otros equipos como bomberos y Cruz Roja, para escuchar las necesidades y elaboran un plan de trabajo.
«Cuando hablamos con las víctimas, si hay familiares desaparecidos, les explicamos el proceso de esa búsqueda, les ayudamos a afrontar el momento. Si hay fallecidos, los acompañamos a la morgue, les decimos el estado en el que se encuentran sus familiares o amigos, el proceso para la identificación y les ayudamos con la organización de honras fúnebres comunitarias», detalló la M.Sc. Sáenz.
Según la coordinadora, cuando se pierde un ser querido o un bien material que ha costado mucho esfuerzo, el papel del brigadista es escuchar. Luego, se reflejan los sentimientos y se refuerza su capacidad de salir adelante, como lo ha hecho la víctima en otras ocasiones en la vida, con el fin de que reelabore lo sucedido.
La Brigada de Atención Psicosocial también se ofrece como recolectora de alimentos y ropa para llevar a quienes sufrieron el desastre, así como financiamiento para cubrir sus necesidades básicas.
Al terminar la jornada, los brigadistas hacen una pequeña reunión para atender a las personas que ayudaron en la emergencia, pues ellos también resultan afectados por lo ocurrido. Incluso, los mismos voluntarios de la UCR hacen un descargo de lo que vivieron para no desarrollar estrés post trauma.
Una vez que pasa la emergencia, la brigada continúa ayudando a las víctimas por el tiempo que sea necesario. En casos como el terremoto de Cinchona, este equipo siguió colaborando con las comunidades durante dos años. De hecho, todavía se encuentran trabajando con quienes sufrieron los embates del terremoto de Nicoya, ocurrido en 2012.
Los servicios de la Brigada de Atención Psicosocial de la UCR incluso han trascendido las fronteras. Ellos estuvieron presentes en desastres como el huracán Mitch en 1998 o el terremoto de El Salvador en 2014.
Esta semana se iniciaron las obras para la construcción de la Escuela de Salud Pública en la Finca 2 de la UCR (foto Archivo ODI).
Tal y como se había informado hace dos semanas cuando se colocó la primera piedra del edificio de la Escuela de Salud Pública, este jueves se iniciaron los movimientos de tierra detrás de la Escuela de Enfermería, donde se ubicará la nueva edificación, que se proyecta construir en un lapso de diez meses.
La Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI) informó que las obras fueron adjudicadas a la empresa LOTO Ingenieros Constructores S.A, quienes laborarán de 6 .a.m. a 5 p.m. en este sector de la Ciudad de Investigación.
Informó además la OEPI que la maquinaria de construcción pasará por la calle La Cruz, para lo cual se tendrá personal controlando el ingreso y tratar de minimizar así el impacto en el tráfico normal. Al respecto confirmaron que la velocidad máxima de la maquinaria en el campus universitario será de 25 kilómetros por hora.
En nuevo edificio de la Escuela de Salud Pública se estrenará a finales del presente año. El croquis muestra donde estará el edificio y los espacios para los materiales, grúas y otros durante la construcción (Imagen suministrada por OEPI).
Tanto la empresa constructora como la Universidad han tomado medidas para mitigar los impactos ambientales de la construcción tales como el polvo, el ruido y los residuos sólidos y líquidos; por lo tanto se colocarán cobertores en los montículos de tierra y a la maquinaria, se clasificarán los residuos y su manejo se hará en centros de acopio autorizados.
El nuevo edificio de la Escuela de Salud Pública contará con tres niveles, con un área total de 1370 metros cuadrados, que se ajustarán a la topografía inclinada del terrero. En el nivel de llegada se ubicarán las aulas y un auditorio, en el nivel superior estarán la dirección, oficinas, salas de cómputo y un estudio. En el nivel inferior se ubicarán los cubículos de los profesores y profesaras y las oficinas de la maestría.
Las personas interesadas en obtener mayor información de los nuevos proyectos de mejoramiento institucional pueden visitar el sitio web: www.pmi.ucr.ac.cr o escribir al Ing. Gayner Alfaro a gainer.alfaro@ucr.ac.cr.
