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Etiqueta: estado de derecho

La verdad fáctica sobre la elección del 1º de febrero

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Todos los partidos con sus candidatos, a la presidencia de la República, en las elecciones que se realizarán el domingo primero de febrero, están obligados a presentar un Plan de Gobierno, una oferta de intenciones para realizar una vez que, alguno de ellos, asuma el gobierno, el Poder Ejecutivo, en caso de que resulte triunfador ese día.

De no lograrlo, pasarán a la segunda ronda, el primer domingo de abril, los dos que hubieren logrado el porcentaje más alto de votos. En este segundo caso, de nuevo quedan a la disposición de los votantes escoger entre dos candidatos, dos partidos y supuestamente dos programa posibles de Gobierno.

Los electores, los votantes de la primera ronda, que no salieron favorecidos con las propuestas de sus candidatos de la primera ronda, se verán obligados a aceptar alguna de los dos propuestas de esta segunda ronda, gusten o no gusten.

Pero, ¿es real la posibilidad de que esos planes de gobierno se realicen de modo inmediato, en cuanto el candidato ganador asuma el gobierno el 8 de mayo próximo? La verdad es que no es real.

El Presupuesto Nacional de la República para el año 2006, que ya inició, que ya empezó a funcionar en su ejecución, fue aprobado en noviembre del año pasado, del 2025, y estamos en el 2026. No hay posibilidades reales de que ese Presupuesto Nacional pueda modificarse para adaptarlo al Programa de Gobierno que ofreció el candidato ganador o candidata ganadora. Esto ha sido así para todas las elecciones anteriores. El candidato ganador tan solo puede gestionar, administrar lo más correctamente el Presupuesto Nacional hasta el 31 de diciembre, ejecutar ese Presupuesto garantizando el buen uso de esos dineros nacionales para lo que han sido dispuestos. A lo sumo podrá modificar algunas partidas presupuestarias, si lo tiene bien estudiado y en posibilidad de hacerlo en los meses de mayo, junio y julio. Si no lo hace allí, ya no tendría oportunidad de modificar prácticamente nada, porque en noviembre tiene que aprobarse el Presupuesto Nacional de la República del próximo año, del 2027. ¿Y, cuando se elabora ese Presupuesto?

Desde marzo se inicia la preparación institucional de ese Presupuesto del 2027. Toda la institucionalidad pública ya está trabajando en esa dirección. En marzo se empiezan a recoger las primeras directrices y resultados de lo que se va armando como Presupuesto del próximo año.

El próximo presidente o presidenta asumirá el gobierno el 8 de mayo, de manera que han transcurrido cuatro meses sin que pueda accionar de manera pura, solo él, su partido, sus ministros, sus asesores, en la elaboración del nuevo Presupuesto, puesto que, al asumir la Presidencia, ya el Presupuesto del 2027 tiene casi tres meses de estarse preparando.

En la práctica institucional este Presupuesto, en borrador debe estar técnicamente terminado en agosto, puesto que en setiembre y octubre inicia el trámite legislativo para que sea aprobado a más tardar el 30 de noviembre.

De esta forma, el Programa de Gobierno, que ofrecen los candidatos y sus partidos son básicamente Planes de Buenas Intenciones para el futuro Gobierno.

En los Informes presidenciales del primer año de gobierno, que se rinde obligadamente a la Asamblea Legislativa, como parte del control político constitucional, que tienen los diputados sobre el presidente y su Poder Ejecutivo, que yo recuerde, ningún presidente les dice o informa a los diputados lo que ha cumplido de lo que prometió en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia. Generalmente, hacen un balance de la buena marcha que hicieron de la gestión y administración de las partidas que estaban asignadas en el Presupuesto para su ejecución.

En mi opinión esta situación ha sido el factor principal de desilusión, de desencanto que ha habido, de manera acumulada, con los gobernantes y partidos políticos que han ejercido el mando del Poder Ejecutivo. Los votantes de esos presidentes y partidos se han visto desmotivados ante el incumplimiento de sus presidentes y partidos, y esa desmotivación abraza a los no votantes por ellos, por cuanto tampoco ven buenos resultados frente a las expectativas que todos pusieron en las elecciones y sus resultados.

A esto podemos agregar los escándalos en que presidentes, y su Poder Ejecutivo, en sus ministerios e instituciones que dirige, se ven involucrados por prácticas de corrupción administrativa, de sus personas y equipos ministeriales e institucionales, que embarriala a todo el aparato de Gobierno, a quienes lo dirigen y a sus partidos políticos.

Todo esto produce un cansancio político, un agotamiento, una desesperanza anímica que desde 1998 viene expresándose en el aumento del abstencionismo electoral, en el no deseo de votar de los ciudadanos “por más de lo mismo”, o “de los mismos”.

Antes de 1998 el promedio del abstencionismo histórico era del 18%. Desde ese año ha aumentado pasando el promedio histórico en estos últimos siete procesos electorales a más del 25%, con procesos electorales que han pasado del 30%. Pero, recordemos que, con cualquier número de abstencionistas, siempre se elige presidente, porque para ello solo cuentan los “votos válidamente emitidos”, que son aquellos que se depositan para cualquiera de los candidatos. Quedan fuera de la cuenta de votos los emitidos en blanco, o los que se anulan por alguna razón porque así lo establezcan en la mesa electoral.

Los actos de corrupción son personales, son realizados por personas, no por entes abstractos, como por ejemplo, “Poder Ejecutivo”, “partidos políticos”, “la política”. El presidente, cuando no está directamente involucrado, en esos actos y no actúa contra la persona responsable queda involucrado fácticamente. Lo mismo sucede con el partido político que los llevó al gobierno, si se hacen los “tontos”, se “separan” del escándalo, como si no fuera con ellos como partido, porque como partido no se pronuncian sobre esos escándalos y sobre esas personas, ni tampoco establecen sanciones partidarias.

También suma en este sopor electoral el que antes del 2022 las sesiones parlamentarias, empezaban en mayo con las llamadas “ordinarias”, que es cuando los diputados tienen la iniciativa de ley. Es cuando solo los diputados y sus partidos pueden proponer proyectos de ley. Antes del 2022 esas sesiones “ordinarias” se prolongaban casi todo el año: mayo, junio, julio, setiembre, octubre y noviembre. Quedaba en este período solo el mes de agosto para las llamadas sesiones “extraordinarias”, que es cuando el Poder Ejecutivo, el presidente, puede proponer proyectos de ley, quedándole luego los meses de diciembre a abril, del siguiente año para seguir proponiendo proyectos de ley.

Esta situación cambió justamente en el 2022, cuando las sesiones legislativas se modificaron en sus períodos de arranque, para que las extraordinarias inicien en mayo, junio y julio, y por períodos de tres meses se van alternando. Esta iniciativa fue de quien esto escribe en la Comisión de Notables del 2010, que duró bastante para ser aprobada. Teóricamente le da al presidente electo, en febrero o en abril, del año electoral, que arranque sus primeros tres meses de gobierno con posibilidad de presentar sus primeros e importantes Proyectos de Ley, que son de su interés para marcar la ruta del gobierno y satisfacer en parte lo que ofreció en la campaña electoral.

En el año 2022 el presidente Rodrigo Chaves no tenía nada preparado. No tenía partido político que le ayudara, por su experiencia o por sus cuadros o dirigentes políticos a elaborar esos primeros proyectos. Si recordamos bien, los primeros días de mayo el gobierno no presentó proyectos, y si no presenta proyectos la Asamblea Legislativa no trabaja. Así empezó Rodrigo Chaves, sin presentar importantes proyectos de ley. Entró con las manos vacías y sigue con las manos vacías de Proyectos de Ley. La ruta de la educación fue un fiasco, la del arroz, ni qué decir de sus resultados.

Las únicas rutas que se activaron y desarrollaron fueron las del narco tráfico, las del desmantelamiento de los controles de lucha contra las bandas narcotraficantes, las que han permitido que Costa Rica se convierta en la bodega más importante del narco de la región, y consecuencia de ello el país se halla dividido en bandas que controlan regiones, lo que ha repercutido al incremento de crímenes, que ya pasan de los 1000 al año.

Lo que se destaca de la lucha contra el narco es lo que frecuentemente se decomisa en distintos países Europa que ha salido, campantemente, desde Costa Rica, a vista y paciencia de las autoridades de gobierno, con complacencia del presidente, que han desmantelado las bases navales de esa lucha y han debilitado las aéreas, debilitando los controles, incluso tecnológicos de control, como el apagón que se hizo por casi doce horas en el tráfico aéreo y de sus radares, de todo el país.

En los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, para que los candidatos presidenciales expliquen o divulguen a los televidentes, radioyentes y seguidores de sus redes sociales, se les da entre 30 segundos y no más de un minuto y medio, para que se refieran al tema que se le proponen de un formato de cuatro temas, lo que se convierte en un Canto a la Luna, sobre todo cuando se cuestionan entre ellos mismos a la posibilidad de justificar los fondos para sus proyectos de ley o de reformas institucionales, sobre un ejercicio de gobierno que inicia sin que ellos puedan literalmente hacer casi nada.

Los debates deberían concentrarse sobre los ejes principales de los candidatos para dirigir su gobierno, y no sobre las tareas específicas. No se ha perdido el tiempo con estos encuentros con los candidatos, pero no se les ha dado la mejor dirección para lucirlos, para presentarlos. En las instancias privadas que seleccionan candidatos se comete el mismo error de conducción de esos encuentros, preparados sobre algunos temas específicos, ignorando, que poco pueden hacer en la inmediatez de la asunción al Gobierno.

Estamos a 19 días de la elección. La elección va a depender más de la emoción que puedan causar estos candidatos a los votantes. Hasta ahora no destaca nada que atraiga como un gran imán a las masas electorales sobre los programas presentados al Tribunal Supremo de Elecciones.

El elemento que atrae centrífuga o centrípetamente, en el proceso electoral en marcha, es si el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles debe continuar proyectado, en su candidata oficial Laura Fernández, en primer lugar. Y si se le debe dar 40 o más diputados a ese partido para tener mayoría parlamentaria, dándole la posibilidad y capacidad de dirigir el país de una manera autoritaria, dictatorial, tiránica, despótica y militarista más fuerte que como lo ha intentado el presidente Rodrigo Chaves. A ello sumémosle la posibilidad, que le ha sido ofrecida a Rodrigo Chaves para que continúe en el Gobierno, como ministro de la Presidencia, que lo haría el ministro más poderoso que la misma presidenta, en su lucha de dinamitar los poderes públicos y la institucionalidad democrática del país. Sería darle las armas para que pueda acabar con el Estado de Derecho, que es acabar con la independencia de poderes, acabar con la exclusividad de funciones, acabar con la indelegabilidad de esas funciones y de promover la subrogabilidad de los Poderes Públicos a la voluntad dictatorial y autoritaria de la mandataria, que solo estaría obedeciendo el Mandato de su ministro y no el Mandato del pueblo costarricense, que en el resultado electoral es el que se representa.

Por lo anterior, lo urgente es detener el peligro que significa el triunfo de Laura Fernández a la presidencia de la República, e impedir la elección de los candidatos a diputados, muchos de ellos cuestionados por estar con procesos judiciales pendientes, incluso de dineros que deben a las instituciones públicas y por ser defensores de destacados líderes del narcotráfico nacional, lo que recuerda el caso de otro diputado de condiciones similares, que en el pasado casi llegó a ser presidente legislativo, y ha terminado varias veces detenido y apresado por sus defensas y compromisos con estos personajes.

Lo que parece real es que la derrota posible de Laura Fernández descansa principalmente en la mayor cantidad de votantes que lleguen a las urnas electorales. Entre más personas voten, estadísticamente está comprobado, más posibilidad de que no gane. Esta es la realidad.

El esfuerzo de la ciudadanía debe ser de ir a votar. Derrotar a Laura y a su partido Pueblo Soberano con menos abstencionismo. Votar es la tarea política más importante del momento y trance histórico que tiene Costa Rica, para su democracia futura y para la defensa del futuro de todos los costarricenses.

Si votar le produce algún mal olor en la urna electoral, como me ha dicho un ciudadano, aconsejo que escoja el partido y el candidato que mejor considere, o que estime que tiene más posibilidad de ganarle a Laura, si así lo percibe, se presente a la urna, y con la mano que tenga que votar así lo haga y con la otra se tape la nariz. Pero, no se quede sin votar. Es la democracia costarricense la que está en juego. No lo olvide.

Costa Rica a la deriva: cuando el estado se parece a un océano descuidado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: M.Sc Esteban Guisseppe Cavallini Espinoza
Comunicador

El océano parece infinito, fuerte e inmutable. Desde la orilla, da la impresión de que nada puede alterarlo. Sin embargo, los oceanógrafos saben que basta con descuidarlo —contaminarlo, sobreexplotarlo, ignorar sus corrientes— para que su equilibrio colapse silenciosamente. Algo muy parecido ocurre hoy con el Estado costarricense.

Durante décadas, Costa Rica fue vista como un mar relativamente calmo en una región de aguas turbulentas: instituciones sólidas, democracia estable, libertad de expresión protegida y una Constitución Política que funcionaba como carta de navegación colectiva. Pero ningún océano se conserva solo. Y ningún Estado sobrevive si quienes lo gobiernan confunden la fuerza con el grito, la conducción con la confrontación y la crítica con el enemigo. El abandono y la deslegitimación sistemática de sus pilares han ido debilitando su equilibrio.

El océano-Estado y sus criaturas

En este océano llamado Costa Rica, las instituciones públicas son como los grandes arrecifes: sostienen la vida, regulan corrientes, permiten la convivencia entre especies distintas y protegen de las tormentas. La Caja Costarricense de Seguro Social-CCSS, las universidades públicas, el Poder Judicial, la prensa libre y los órganos de control no son obstáculos; son ecosistemas. Cuando se les debilita, no se libera el mar: se lo empobrece y se le priva de sus defensas naturales.

Los peces pequeños, que viven del equilibrio diario, representan a la ciudadanía común: trabajadores, estudiantes, emprendedores, pensionados. Son los primeros en sufrir cuando el agua se enturbia con discursos de odio, desinformación y desconfianza hacia lo público. No tienen grandes barcos ni redes poderosas; dependen de que el océano sea justo y predecible. La confusión es una forma de contaminación política.

Los grandes depredadores, en cambio, aparecen cuando el control falla. Son actores políticos y económicos que prosperan en aguas revueltas: se benefician del caos institucional, del debilitamiento de la ley y del desprestigio sistemático de la democracia. Como tiburones atraídos por la sangre, avanzan cuando perciben que la vigilancia ha sido desmantelada. Los grandes depredadores prosperan cuando el mar pierde reglas claras. Actores que se benefician del debilitamiento institucional, del desprestigio de la ley y de la normalización del autoritarismo encuentran en el caos su mejor hábitat.

Barcos sin brújula y capitanes que manipulan y gritan

El Poder Ejecutivo, que debería ser el capitán del barco, ha optado —en su versión más reciente— por navegar a base de confrontación constante. En lugar de leer los mapas constitucionales y dialogar con otras embarcaciones del Estado, ha preferido gritar desde el puente, desacreditar a los faros y acusar al mar de conspirar contra él.

Un capitán que insulta a los instrumentos de navegación no demuestra liderazgo; demuestra improvisación. La descalificación permanente del Poder Judicial, de la prensa, de la academia y de los órganos de control no fortalece al Estado: le perfora el casco. Y cuando se normaliza el discurso ofensivo y sin argumentos, se envía un mensaje peligroso: que la verdad es irrelevante y que el volumen sustituye a la razón.

El capitán obsesionado y la tripulación silenciada

En Moby Dick, el capitán Ahab encarna al líder consumido por la obsesión, dispuesto a sacrificar el barco entero con tal de imponer su voluntad. Su grito constante no es liderazgo, es advertencia. En esta analogía, ciertos rasgos del actual ejercicio del Poder Ejecutivo recuerdan peligrosamente a Ahab: confrontación permanente, desprecio por los contrapesos democráticos y una narrativa que convierte a toda crítica en enemiga.

Pero Herman Melville (escritor, novelista, poeta y ensayista EE. UU.-1851), introduce una figura esencial para entender el momento costarricense: Starbuck, el primer oficial. Starbuck no es débil ni ingenuo; es ético, racional y profundamente consciente de los límites del poder. Frente a la locura del Capitán Ahab, Starbuck representa la voz de la razón, la ley y la responsabilidad colectiva. Se atreve a cuestionar al capitán no por ambición, sino por deber moral.

Starbuck entiende que el barco no pertenece al capitán, sino a todos los que viajan en él. Que la misión no justifica destruir la nave. Que la autoridad sin ética conduce al naufragio.

Hoy, Costa Rica necesita más Starbuck y menos Ahab.

Turistas, pescadores y redes rotas

En este océano también están los turistas, que observan desde fuera. Costa Rica aún vende al mundo la imagen de un mar democrático ejemplar. Pero los visitantes atentos ya notan señales de alerta: corrientes de intolerancia, contaminación del debate público, ataques a la libertad de expresión. El prestigio internacional, como la biodiversidad marina, se pierde más rápido de lo que se construye.

Los pescadores, por su parte, representan a quienes históricamente cuidaron el Estado social de derecho: sindicatos, movimientos sociales, educadores, periodistas, jueces, organizaciones civiles. Ellos saben que no se puede pescar hoy destruyendo todo para mañana. Pero cuando se les acusa de enemigos del progreso o se rompen deliberadamente sus redes institucionales, el resultado no es abundancia: es escasez y conflicto.

El maremoto que se anuncia

El mayor peligro no es la tormenta ocasional, sino el maremoto que se gesta lentamente: la erosión de la confianza democrática. Cuando se desacredita la Constitución, se normaliza la mentira política y se promueve la idea de que las instituciones sobran, el suelo marino se vuelve inestable. El colapso no avisa; simplemente llega. Starbuck lo sabía: no toda desobediencia es traición, ni toda obediencia es virtud. El silencio ético frente al abuso también hunde barcos.

Costa Rica no está condenada, pero sí advertida. Los océanos mueren cuando se les trata como vertederos. Los Estados democráticos colapsan cuando se gobierna desde el resentimiento, el desprecio por la ley y la manipulación emocional de la ciudadanía.

Soluciones para evitar el naufragio

La salida no está en callar el mar, sino en escucharlo:

  1. Restaurar el respeto institucional: el desacuerdo es legítimo; la demolición sistemática no. Gobernar implica dialogar con los otros poderes, no humillarlos ni descalificarlos.

  2. Defender la libertad de expresión y la prensa como faros indispensables, incluso cuando incomodan al poder.

  3. Combatir la desinformación con datos objetivos y pedagogía, no con propaganda, ni con gritos ni insultos.

  4. Reactivar la educación cívica, para que la ciudadanía distinga entre liderazgo y espectáculo.

  5. Cuidar el Estado social de derecho como se cuida un ecosistema: con ética, ciencia, con visión de largo plazo y responsabilidad colectiva.

El océano costarricense aún tiene vida, corrientes sanas y una biodiversidad democrática envidiable. Pero ningún mar sobrevive si se le gobierna a golpes de timón y desprecio por la ciencia de navegar. La historia demuestra que los países que olvidan esto no se hunden de golpe: se van quedando sin agua limpia, sin peces y sin futuro.

El océano costarricense aún respira. Pero la historia —y la literatura— enseñan que cuando se ignora a Starbuck y se sigue ciegamente a Ahab, el final nunca es heroico. El barco se hunde, y con él, todos.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero el mar ya está enviando señales. Ignorarlas sería el verdadero acto de irresponsabilidad nacional. La pregunta es si quienes gobiernan están dispuestos a escuchar algo más que su propio eco.

¡Costa Rica a la deriva!; esto es un llamado a la acción que no puede ser tomado a la ligera.

La salida no está en el silencio o la represión, sino en un diálogo abierto y constructivo. Es momento de restaurar el respeto institucional y promover el diálogo en lugar de la confrontación. Lo que está en juego es el futuro de una Costa Rica que aún tiene la capacidad de ser un faro de democracia en la región. Ignorar esta llamada sería el verdadero acto de irresponsabilidad. Es hora de escuchar las señales y corregir el rumbo.

Su voto equilibra el poder: campaña invita a participar y poner atención al voto legislativo

Escrito en . Publicado en Elecciones.

La campaña “Su voto equilibra el poder” invita a la ciudadanía costarricense a sumarse y difundir un mensaje dirigido especialmente a la población indecisa, con el fin de motivar la participación en las próximas elecciones nacionales.

La iniciativa pone el foco en la relevancia del voto por diputados y diputadas, al recordar que la Asamblea Legislativa cumple un papel clave para equilibrar y fiscalizar al Poder Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial.

Entre sus principales argumentos, la campaña destaca que el Congreso tiene responsabilidades fundamentales para la defensa del Estado de derecho, ya que participa en la elección de autoridades como las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, así como jerarquías de instituciones como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes, entre otros cargos estratégicos para el país.

Según se indica, el objetivo es reforzar la idea de que el voto sí importa para el equilibrio de poderes y la democracia.

Se trata de una campaña no partidista, sin firma, creada para que pueda ser compartida libremente por personas y organizaciones.

Los materiales están disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1K573CYNGzFp9imtK6EoPHnhaUfSJUSkG?usp=sharing

Incluye:

  • Gráficas para 10 posteos

  • Una parrilla con fechas y copys sugeridos (adaptables según el estilo y necesidades de cada organización o persona)

Quienes deseen sumarse pueden difundir el mensaje y compartir los materiales para amplificar el llamado a participar y equilibrar el poder con el voto.

El outsider: el viejo truco populista en política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Wilmer Casasola-Rivera
Filósofo y Psicólogo
Escuela de Ciencias Sociales TEC

Las campañas electorales revelan cómo pensamos o, peor aún, cómo no pensamos cuando decidimos el futuro del país. También exponen las virtudes y carencias intelectuales de quienes aspiran a gobernar.

El populismo vuelve a ser protagonista en la contienda electoral de 2026 en Costa Rica, esta vez bajo el disfraz de la pureza moral y la supuesta ruptura con el sistema tradicional que encarna la figura del outsider. El advenedizo se presenta como portador de una gestión política supuestamente incontaminada, bajo una premisa frágil, pero peligrosa: que no haber participado en política sería garantía de una mejor administración del poder.

El fenómeno outsider surge como respuesta al descontento ciudadano frente a los partidos tradicionales. Quienes adoptan este discurso se presentan como agentes morales puros, con capacidades superiores y ajenos al poder político, bajo la promesa de que harán un mejor trabajo porque todos los anteriores lo han hecho mal. Sin embargo, esta supuesta virtud puede salir cara: la improvisación política no es una cualidad, sino un error grave. Además, el outsider rara vez ha sido completamente ajeno a la política. De una u otra forma ha estado vinculado al ejercicio público, aunque disfraza ese vínculo con una retórica antisistema diseñada para seducir al ciudadano menos informado y vender la idea de que no es político tradicional.

Estas posturas puristas en política son discursos abiertamente demagógicos y populistas. Al político populista le interesa construir un relato que se congracie con la mayoría, como cuando existen juicios sesgados hacia determinadas instituciones. El populista capitaliza ese descontento y lo convierte en un producto vendible. Esto recuerda al viejo Maquiavelo quien planteaba que un gobernante debe hacer todo lo posible por ganar y conservar el Estado. Proyectar una imagen sincera y lograr credibilidad es parte de este juego de poder.

Muchos podrían creer en este discurso populista debido al desgaste provocado por gobiernos que han hecho mal su trabajo. Sin embargo, ese fracaso previo no garantiza que estos nuevos mesías lo harán mejor. Algunos no solo han administrado deficientemente el país, sino que han socavado la institucionalidad para debilitar el Estado de derecho, a las instituciones y los medios que los cuestionan. Como advierte Moisés Naím, una democracia sin Estado de derecho es hueca. Un gobierno puede ser elegido democráticamente, pero si viola constantemente los límites a su poder, se vuelve corrupto y transgrede los derechos fundamentales de los individuos. El problema de fondo es que muchas de estas deficiencias han surgido, precisamente, de la mano de ese purismo político que se presenta como outsider.

La inexperiencia constituye una variable de riesgo crítica en los asuntos públicos. Si bien la trayectoria política no garantiza por sí misma un buen gobierno, su ausencia sistemática eleva exponencialmente las probabilidades de fracaso. No se trata de defender una experiencia acumulada por años que sea burocráticamente pasiva o carente de gestión social, pues es necesario reconocer que la excelencia y el mérito profesional no siempre imperan en la función pública. La excelencia es sustituida por lo aceptable, por la complicidad con el menor esfuerzo o, incluso, por la mediocridad. Bajo esta premisa, la intención de replantear los equipos de trabajo cobra validez, pero el problema surge cuando la excelencia se descarta y el argollismo se convierte en el único criterio de selección. De ahí que la promesa de conformar gobiernos con personas ajenas a la función pública pueda caer en un sesgo de preferencia y no de formación. La tesis de que la ausencia de contaminación política garantiza mejores resultados es discutible, pues ignora que el funcionamiento del Estado posee dinámicas particulares y que conducir un aparato institucional complejo exige experiencia, pericia y una comprensión integral de su funcionamiento.

Un país no es una empresa ni un fondo de inversión. Gobernar no es un ejercicio de gerencia corporativa, sino de liderar con visión la complejidad social. A diferencia de una entidad privada, cuyo fin último es la rentabilidad financiera y el beneficio de sus accionistas, el Estado tiene el deber de priorizar el bienestar social. Mientras que una empresa puede descartar clientes o líneas de negocio que no resulten rentables, el Estado tiene la obligación irrenunciable de atender a la totalidad de su población, especialmente a los sectores más vulnerables que carecen de oportunidades en el mercado. La gestión pública, por tanto, no es un asunto que deba reducirse únicamente a la eficiencia técnica. Aunque a veces, ni siquiera hay eficiencia técnica, sino intolerancia técnica que conduce al fracaso.

El gobierno de advenedizos es problemático. La confusión de roles conduce a la disfunción institucional y puede costarle caro al país. Esto se evidencia cuando un mandatario arremete contra los poderes legislativo y judicial, o contra la educación superior, por el simple hecho de que estas instancias cuestionan sus decisiones. Pensar que existe una supuesta “monarquía judicial” revela una preocupante ausencia de educación cívica y de comprensión democrática. La experiencia no se reemplaza con entusiasmo, ni las instituciones públicas se gestionan a partir de ocurrencias. Gobernar exige conocimiento especializado y experiencia en la administración pública.

La conformación de un gabinete no debería ser un ejercicio de simpatías ni de amiguismos, sino una búsqueda rigurosa de excelencia profesional y méritos académicos. Sin embargo, la pretensión de gobernar con figuras ajenas a la trayectoria política ha derivado en una improvisación que ha puesto en riesgo el país. La crisis educativa y la falta de gobernanza en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) representan tan solo dos de los fracasos más evidentes de esta gestión. Ambos casos evidencian que delegar instituciones estratégicas a perfiles inexpertos y advenedizos solo conduce al deterioro del sistema.

La crisis de la educación en Costa Rica es un ejemplo claro de lo que implica nombrar a personas sin conocimiento real de las instituciones públicas y de cómo ese desconocimiento conduce al fracaso. En el gobierno actual, la llamada Ruta de la Educación fue siempre un misterio que terminó en un berrinche para evitar su publicación y que fuera despedazada. Esa ruta tuvo las características del Ser de los filósofos griegos: una realidad última, una unidad inmutable, la esencia de las cosas, la idea eterna, un ente puro e indestructible, aunque nunca perceptible. Esa ruta nunca se expresó y el daño ya lo conocemos. Reestructurar un sistema educativo no es sencillo, pero es aún peor cuando se colocan forasteros en cargos para los cuales no están capacitados ni poseen las competencias necesarias.

Otro ejemplo particularmente claro de improvisación e incompetencia se observó en la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. Durante este periodo, la institución enfrentó una de las crisis más serias de su historia: aumento sostenido de las listas de espera sin una estrategia clara y verificable para reducirlas; cuestionamientos públicos sobre la transparencia y legalidad en la gestión de contratos; ruptura sistemática del diálogo con los sindicatos; tensiones constantes con la Contraloría General de la República por decisiones administrativas mal fundamentadas; y despidos de funcionarios guiados más por criterios ideológicos que expertos. En términos simples, se trató de una conducción improvisada y autoritaria en una institución que, por su naturaleza y por la población que atiende, exige rigor, sensibilidad y responsabilidad.

Los problemas sociales no son meros asuntos técnicos, sino lo que Heifetz y Linsky denominan desafíos adaptativos: problemas que exigen nuevas pautas de aprendizaje, cambios en valores, actitudes y conductas que permitan introducir enfoques distintos para resolverlos. Cuando se observa la realidad desde un único esquema mental, las soluciones suelen ser parciales o disfuncionales. Por este motivo, cuando gobernar se confunde con autoritarismo, se anula la disposición a aprender de los demás y desaparece la capacidad de ofrecer respuestas inteligentes e integrales.

Debe inquietarnos el discurso soberbio de ciertos candidatos que aseguran no necesitar curva de aprendizaje o presumen conocer a la perfección el funcionamiento de todas las instituciones públicas. Esa pedantería expone una gran ignorancia. Y lo mismo ocurre con quienes creen que innovar consiste únicamente en mover capital financiero. El idealismo tecnocrático y los delirios de grandeza son peligrosos y nos dicen hacia dónde conduce esa postura.

Gobernar exige una comprensión social integral para enfrentar los desafíos del país, pues sin amplitud académica, la visión de la realidad se vuelve limitada. Sin embargo, parece que enfrentamos tiempos donde el rigor intelectual ha dejado de importar y algunos creen en un pragmatismo sin contenido, al punto de reducir el conocimiento académico a un simple panfleto o brochure. Costa Rica no requiere iluminados ni oportunistas que se bajan de un taxi y se suben a otro cuando les conviene, como tampoco la continuidad de malas decisiones. Lo que el país exige son líderes capaces de entender la complejidad del Estado para transformarlo sin destruirlo. Validar el mito populista del outsider, que eleva la ignorancia y la inexperiencia a la categoría de virtud, condena a la nación a ciclos viciosos de improvisación, polarización y autoritarismo. Gobernar requiere convicciones éticas, no delirios morales.

Del autoritarismo a la dictadura hay una línea delgada que suele trazarse con el abstencionismo y los fanatismos poco reflexivos al momento de votar. Deberíamos aprender de la experiencia amarga de otros países y de nuestra propia realidad política.

Óscar Aguilar Bulgarelli sostiene que el actual proyecto político busca destruir la institucionalidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli señaló que, en la campaña política anterior, Rodrigo Chaves ya había anunciado su intención de destruir las instituciones del país, citando expresiones como “somos un tsunami que vamos a destruirlo todo” y una declaración realizada en Peñas Blancas, en julio de 2014, donde —según indicó— afirmó que querían “destruir este sistema”.

Aguilar Bulgarelli afirmó que Chaves justificó esa intención al sostener que sus adversarios se habían atrincherado en las instituciones, y vinculó esa postura con declaraciones posteriores de Laura Fernández, a quien calificó como cercana a Chaves. Según expuso, tras no aprobarse un proyecto impulsado por ella, Fernández atribuyó el problema al Estado de derecho, al que señaló como un obstáculo para que las instituciones actúen fuera de lo que establece la ley.

En su intervención, Aguilar Bulgarelli contrastó estas posiciones con manifestaciones públicas de Pilar Cisneros, quien —según indicó— afirmó odiar las instituciones. A partir de ello, cuestionó qué es lo que se rechaza cuando se habla de destruir la institucionalidad, recordando que esas mismas instituciones han sostenido durante décadas el desarrollo del país.

El analista mencionó ejemplos como la Caja Costarricense de Seguro Social, señalando que gran parte de la población joven nació, se atendió y continúa atendiéndose en ella; así como las universidades públicas —la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia— y el sistema educativo público, que permitió la formación de amplios sectores de la población. También aludió a los servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable y la seguridad, que —según expresó— fueron garantizados por esa institucionalidad.

Aguilar Bulgarelli afirmó que, si bien han existido errores y casos de corrupción en distintos momentos, sostuvo que ningún gobierno había mostrado un nivel de corrupción comparable al actual, señalando acusaciones y procesos en curso contra figuras del Ejecutivo. Según dijo, el presidente cumplió lo que había anunciado, comparando su accionar con una “inversa del rey Midas”, al afirmar que todo lo que este gobierno ha tocado lo ha destruido.

Finalmente, sostuvo que el llamado a la continuidad política implicaría, según su exposición, seguir un proyecto orientado a destruir las instituciones y proteger a personas involucradas en hechos de corrupción, afectando la base institucional que —afirmó— ha permitido la construcción del país.

Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en una mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy han habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y sin la institución Contraloría General de la República.

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.

No podemos equivocarnos… esta vez

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En la campaña política del 2022 Rodrigo Chaves ocupó el segundo lugar en la primera votación del 6 de febrero con un pírrico 16.8% de los votantes lo que equivale a un 9.92% del Padrón Nacional, y en la segunda votación o balotaje lo favoreció solo el 28.7% del total de ese Padrón. Es decir, hubo 667.000 votos de ciudadanos que no votaron por él la primera vez, y se negaron a darle su voto a José Ma. Figueres en la segunda votación y, de acuerdo con los análisis hechos entonces, la mayoría de ellos salieron de las filas de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, PUSC y Frente Amplio. Evidentemente una minoría obnubilada por el mensaje de odio y vanas promesas que hicieron Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, nos llevaron a la tragedia nacional que hoy vivimos, y que nos tiene al borde del abismo autoritario y, más grave, fascista.

Pero el próximo 1 de febrero los costarricenses no pueden equivocarse otra vez, no queda espacio para ello, estas elecciones no son las más importantes en la Historia de Costa Rica, son las definitivas, lo he dicho muchas veces. O salvamos la democracia liberal o la hundimos y perdemos para siempre en manos de una horda de advenedizos, nacionales y extranjeros, que quieren tomar la Patria por asalto para saciar sus ansias de riqueza, a través de ejercer el poder con una amplia base de evidente narco corrupción. Como dice Giuliano Da Empoli en su libro “La Hora de los Depredadores”, para ellos nada del pasado tierne importancia, ni la división de poderes, el respeto a las instituciones, a las minorías y los derechos humanos, nada de eso tiene el menor valor, pues la “hora de los depredadores” se anuncia con bombos y platillos, voces altisonantes, lenguajes grotescos y corrupción galopante.

Para entender por qué son los “jaguares depredadores” es importante recordar algunas palabras de Rodrigo Chaves y de su acolita candidata Laura Fernández: “somos un tsunami que vamos a destruir todo” dijo en campaña, luego el 24 de julio del 2024 en Peñas Blancas sentencio que “queremos destruir ese sistema” pues según su insano criterio, quienes quieren darle un imaginario golpe de estado “se han atrincherado en lo que llaman la institucionalidad”. Además, su dócil delfina y candidata Laura Fernández, cuando era ministra de Planificación dijo, a raíz de la obsesión por hacer la Ciudad Gobierno saltando por encima de la Constitución y las leyes, que “el problema es el Estado de Derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”; entones ¿pretende que no haya leyes, ni controles, y que puedan hacer lo que les dé la gana? Obviamente NO, por eso, entre muchas otras cosas, este régimen autócrata, populista y con ínfulas de fascismo no puede continuar.

Para convencer al costarricense del mensaje mesiánico del culto chavista y de su sumo sacerdote, crearon lo que acertadamente Ignacio Ramonet llama en su libro “La Era del Conspiracionismo” el culto de la mentira, con el cual se logra provocar una triple crisis que él considera es la principal desazón contemporánea: crisis de la verdad, de la información y de la democracia. Para lograr este objetivo integraron en primera línea, a la par de Chaves, a la más importante sacerdotisa del culto a la mentira Pilar Cisneros y ambos, con una envidiable habilidad histriónica y circense, propalaron por todo el país el odio y la mentira. Cisneros, según su propio dicho, se dedicó a ser, no la docente sino la indecente, de la mentira, dedicada a entrenar a ministros y altos funcionarios a mentir, pues según ella, los “ticos básicos” todo se lo creen, y es fácil engañarlos.

De esa manera el culto chavista logró algo fundamental en todos los regímenes de orientación autocrática y fascista: que sus actos y acusaciones de odio, se convirtieran en actos de fe, que como en cualquier religión, son incuestionables y aceptados sin el menor análisis crítico. Igualmente, a Chaves y Cisneros, el sumo sacerdote y su sacerdotisa, les dieron casi el don de infalibilidad, así todo el odio y rencor que expelen se convirtió en verdad absoluta. Veamos un ejemplo: la corrupción.

En campaña Chaves ofreció luchar contra la corrupción, que metería a la cárcel a los que se habían apropiado del país, en su plan de gobierno ofreció nombrar a funcionarios eficientes y probos, pero, que pasó en la realidad. Tenemos el gobierno más corrupto de la Historia: nunca fue acusado ni encarcelado un solo funcionario de administraciones pasados, tenemos al narcotráfico corriendo campante por el país, favoreció a sus amigos arroceros con 60.000 millones de colones y no bajó el precio del arroz; cambió la forma de declarar el precio de vehículos nuevos para que pagaran menos impuestos y derechos de circulación y favoreció a sus amigos importadores de vehículos de alta gama con 32.000 mil millones de colones. Sus funcionarios han sido tan ineficientes y corruptos que tiene casi cien remociones en su gabinete, presidentes ejecutivos y directores de instituciones, de los cuales muchos están acusados penalmente ante el ministerio público en más de 50 causas, algunos de ellos como Nogui Acosta, Marta Esquivel, Stephan Brunner, José Miguel Villalobos, Katharina Müller y la propia candidata presidencial Laura Fernández, gracias a la red de cuido chavista, están en las papeletas para presidente y diputados, buscando el refugio de una inmunidad que se vuelve inmundicia, como en el caso del propio Chaves y más de cien acusaciones penales y administrativas, que lo esperan para ser enjuiciado después del 8 de mayo.

Pero si se le pregunta a un chavista, dice que le Rodrigo Chaves y Pilar le abrieron los ojos y que luchan contra la corrupción; porque si le abrieron los ojos es para que vea para otro lado, se tape la nariz, y acepte el desmadre como acto de fe… ¡por ser un básico! Diría con sarcasmo Pilar Cisneros.

Por todo esto y para evitar que caigamos más abajo en el despeñadero al que nos tiró Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, la candidata Laura Fernández…muy básica precisamente, y todos sus secuaces desde altos funcionarios hasta el último creador de contenidos basura y troles, debemos decir con determinación fuera Chaves y su pandilla, porque esta vez, definitivamente no cabe quedarse en casa, hay que ir a votar por cualquiera que no sea un chavista evidente o solapado, pero debemos salvar el país del caos fascista que ya se nos metió en la casa, y como con las cucarachas…barrer ¡pa´juera!

Pasado, presente y futuro en las elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Los procesos electorales son un momento muy especial de nuestras sociedades democráticas. Constituyen el momento en que los ciudadanos, los votantes, los mayores de 18 años, que son los que forman el llamado Padrón Electoral, tienen la oportunidad de evaluar políticamente, en todo su sentido, la situación del país, el papel de quienes dirigen el Poder Ejecutivo, el Presidente y sus Ministros de Estado, en el ejercicio y conducción del Poder Ejecutivo, en la forma que se manifiesta en el país, en su Consejo de Gobierno, en las relaciones de éste con los distintos sectores de la sociedad, y el de los Ministros, por el ejercicio del cargo, en las tareas, funciones, acciones y políticas que desarrollan.

El proceso electoral es también un momento para soñar en el futuro que deseamos para el país, para nosotros como comunidad humana, como familias, como la gran familia costarricense. Es soñar en la Costa Rica que queremos, amamos, y deseamos construir sin pobreza, con posibilidades y oportunidades de desarrollo y crecimiento, en todos los sentidos, para todas las personas, para los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, para mujeres y hombres.

Soñamos con ese país posible cuando en el proceso electoral podemos evaluar el país que tenemos, que hemos construido en el devenir de los años, con el concurso del trabajo de todos los costarricenses, y con todos los trabajadores extranjeros que se nos han sumado con su esfuerzo, su sacrificio, su inmigración, para contribuir con la riqueza que el trabajo de ellos también genera al colectivo nacional.

En este tiempo de elecciones es el momento de evaluar o valorar al gobierno que está terminando su período de cuatro años, al presidente que lo ha conducido y a sus ministros. Como equipo humano el presidente y sus ministros no pueden continuar gobernando porque no se permite en el país la reelección consecutiva. Algunos de sus ministros, si han renunciado, como lo han hecho en enero, para poder de nuevo aspirar a puestos públicos de elección. Por eso, esa evaluación del presente nos permite aquilatar a las personas que viniendo del actual gobierno desean continuar en el ejercicio político dirigiendo el país, como presidente, como futuros ministros, si así los anuncian, o como aspirantes a ser electos diputados. Los podemos evaluar como personas, por el cargo que desempeñaron y los podemos evaluar en la posibilidad de darles o negarles confianza por los partidos en que participan para continuar en tareas de gobierno.

Para el caso costarricense, el actual gobierno fue electo bajo las banderas del partido Progreso Social Democrático, sin que, en la realidad, este partido, como organización haya gobernado, o haya tenido una experiencia gubernativa. Tan solo sirvió de trampolín para que el actual presidente pudiera ser electo. Y con él todo su equipo de ministros y demás funcionarios por él nombrados, independientemente de puesto o cargo que tuvieron.

El mismo partido, como tal, no tenía ninguna experiencia política anterior, ni de participación electoral. Para el presidente Chaves, fue la oportunidad de presentarse al electorado, tener su apoyo, que lo llevó a Zapote. En sencillo, como se ha venido diciendo de los partidos recién formados para cada elección, que facilitan candidaturas, que son partidos taxis. Así, Rodrigo Chaves Robles, llegó a la presidencia en el partido taxi Progreso Social Democrático, en el 2022. En otros momentos le dirían paracaidista, término que también le podría calzar.

Rodrigo Chaves nombró sus ministros sin consideración alguna a las personas que habían constituido el partido Progreso Social Democrático. Al mismo partido le impuso los nombres de los candidatos a diputados, que fueron electos, de allí que se fragmentaran legislativamente manteniéndose, ocho de los diez que fueron electos, fielmente al mandatario, sintiéndose sus representantes, “rodriguistas” o “chavistas”, y nada partidistas de quien los llevó también al Poder Legislativo, a la presidenta de ese partido y compañera de ella como diputados, a quien le impusieron una jefa de la Fracción parlamentaria, y vocera legislativa de ese partido.

El partido Progreso Social Democrático vuelve a las elecciones del 2026, por segunda vez, separado totalmente del presidente Rodrigo Chaves y de su grupo gobernante, y separado de ocho de sus diez diputados electos en el 2022, ahora con su candidata a presidente, que también es diputada y presidenta de su partido. Por eso, al momento de enfrentar las elecciones del 2026 y evaluar al gobierno para valorarlo en la confianza pública que se merece, o no se merece, para darle apoyo al partido que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, queda excluido de esa valoración este partido, que no ha tenido ningún papel protagónico en el destino del país en estos cuatro años transcurridos, más allá de haber llevado al presidente que hoy es un fiasco para el país y para la institucionalidad democrática de la sociedad costarricense.

¿Cómo proceder entonces? Valorando al presidente y lo que él ha venido promoviendo, a su nuevo partido político, el que se identifica con la forma cómo ha ejercido el mando político del gobierno, y a sus ministros, aspirantes a la presidencia de la República, en dos organizaciones que se presentan para las elecciones próximas, el partido Unidos Podemos, que postula a Natalia Díaz y Pueblo Soberano que postula a Laura Fernández. Hay otras opciones políticas menores identificadas con el presidente Chaves que pretenden elegir diputados, para lograr con todas ellas una mayoría, como lo claman y espera, de por lo menos 40 diputados de los 57, para a poder hacer diabluras institucionales. Pero, Natalia y Laura son las estrellas del presidente Chaves. A Natalia la han empezado a sonar con música y comparsas políticas. Esta semana le han sonado matracas de candidata. ¿Cuál es el juego de fondo? Probablemente levantarle su índice de percepción ciudadana, elevarle su aceptación en encuestas, para superar a la candidata de la Coalición Agenda Democrática Nacional, y procurar que, de ir a una segunda ronda electoral, la escogencia sea entre dos mujeres, dos candidatas que representen el mismo proyecto político continuista. Este es el objetivo político de chavismo, del rodriguismo y del continuismo gubernativo.

Así, el proceso electoral se mueve en primera instancia, para el resto de las fuerzas políticas electorales, que están bastante desagregadas, y equivocadamente peleando entre sí, al interior de los mismos partidos, en lugar de saber enfrentar táctica y estratégicamente, al gobierno de turno, el que está ejerciendo el mando del país, y a sus representantes partidarios en el actual proceso electoral.

Cada elección es un reto para el partido que gobierna, si quiere seguir participando en elecciones y si quiere continuar en el gobierno. En la elección de febrero el partido Progreso Social Democrático no está en discusión ni en juego a disputar el mandato, porque no ha gobernado en nada. Ni tiene sólidas candidaturas en esa perspectiva.

Al gobierno se le evalúa en las opciones electorales que presenta para participar en la elección de febrero. En este sentido son los partidos Pueblo Soberano, que encabeza Laura Fernández, que claramente declara y dice por todos los costados que ella continuará la labor y las políticas del actual presidente. Laura Fernández es la mejor expresión del continuismo político gubernativo, como la tendencia principal con la cual se presenta. Natalia, con ligeros matices de distancia del gobierno es parte de su continuismo. Eso está cada vez más claro.

El discurso de Laura Fernández es una clara lección de identificación política para los otros candidatos electorales que representan a partidos que han gobernado, como son Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana.

En la experiencia histórica los candidatos de estos tres partidos cuando han ido a elecciones inmediatas, a períodos de gobierno de sus propios partidos, no dicen ni claman ese compromiso de continuar con las políticas de sus gobiernos partidarios, del que vienen. Al contrario, se distancian rápidamente como para dar la sensación de imprimir un sello muy personal del nuevo candidato frente a su gobernante anterior, aunque vayan con los mismos partidos, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana. Ejemplo muy claro de ello fue la llegada a la presidencia de Laura Chinchilla en el 2010, que siendo vicepresidenta de Oscar Arias, 2006-2010, en cuanto gana se distancia bruscamente de él, de su gobierno y en cierta forma de su propio partido. Tampoco acuden en la campaña electoral a exaltar la labor histórica de sus gobiernos. Para mí este es un error básico electoral.

El Partido Liberación Nacional, durante la Segunda República, surgida en 1948, ha gobernado desde 1953, nueve veces, la Unidad Social Cristiana, y lo que se representa en este partido lo ha hecho en seis ocasiones, y el partido Acción Ciudadana en dos.

De esta forma, lo bueno y lo malo del país se le debe, en lo principal, a estos partidos, en esa forma proporcional de gobierno. Pero, nadie podría asegurar ni afirmar que el desarrollo institucional del país desde 1948 hasta nuestros días ha sido defectuoso, o ha sido hacia atrás, o ha sido más negativo que positivo. Esto no han sabido explotarlo ni asumirlo los candidatos Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo. De hecho, han renunciado al pasado histórico heroico de sus partidos. Ambos, de hecho, no tienen la historia partidaria de sus partidos políticos incorporada en sus vidas. Igual que al presidente Chaves, se les podría considerar, paracaidistas en esos partidos o que esos partidos son partidos taxi para ellos. Lamentablemente ese es el panorama que pintan y exhiben.

Hemos tenido un progreso institucional, económico, laboral, en salarios, pensiones, en los sectores productivo, educativo, en salud, en cultura, en educación superior, en desarrollo y gestión de grupos sociales, clases medias, sectores productivos y muchas otras cosas más, que responde, en términos generales a los buenos niveles de vida que hoy disfrutamos.

Ciertamente, desde 1978 algunos de los logros obtenidos empezaron a debilitarse y afectarse. En otros sentidos, también a desaparecer o hacerse ineficaces. El bienestar social y laboral alcanzado especialmente en los últimos dos gobiernos, incluido el actual, se han desmejorado y debilitado. Obviamente, el partido Acción Ciudadana y el partido Progreso Social Democrático no van a levantar banderas para continuar sus políticas. El partido

Acción Ciudadana va en una coalición política con el nombre de Agenda Democrática Nacional, con su candidata Claudia Dobles, esposa del anterior presidente Carlos Alvarado, situación que carga como un duro fardo muy difícil de exhibir, como bandera política, no solo de ese gobierno, sino de los dos gobiernos del partido Acción Ciudadana.

El partido Unidad Social Cristiana, desde que se creó ha vivido de la gloria que le imprimió al socialcristianismo político, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón

Guardia, en el gobierno de 1940-1944 y de su alianza con el partido Comunista de Costa Rica, llamado desde 1943 Vanguardia Popular, que sí continúo su política social cristiana en el gobierno de Teodoro Picado, en coalición electoral de 1944 con el Bloque de la Victoria, bandera social que mantuvieron durante mucho años por lo menos para efectos electorales, bandera que han arriado actualmente. Este partido en ese continuismo llegó, en cierta manera, hasta el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, cuando se actualizó la política social laboral. No más. Actualmente reniegan de los adjetivos, “social” y “cristiano”. NO tienen nada que ofrecer con estos contenidos. Al contrario, amenazan acabar con toda la obra social histórica del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con lo que queda de ella, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, simbolizando hoy a todas las universidades públicas.

Sobre los otros partidos me referiré próximamente. Por ahora, con estos partidos tenemos los que no tienen pasado histórico alguno, que exaltan el presente gobierno con miras a continuar sus políticas en el futuro. Son partidos que sin ataduras, sin penas ajenas, ni vergüenza política, se identifican con la poca huella institucional del actual gobierno, anunciando que continuaran su obra, para lo que piden el mayor respaldo popular.

Tenemos partidos con historia importante que destacar pero que renuncian a ella, que se avergüenzan en este momento histórico de esos logros institucionales, que han sido los pilares de la Democracia Social que hemos construido y del Estado Social de Derecho, que también han contribuido a debilitar y desaparecer.

Con esto estamos a las puertas de que pueda producirse, en el desenlace de este proceso electoral, la mayor amenaza al modo democrático de vida ciudadana de los costarricenses.

El proceso electoral a la vuelta de la Tregua Navideña, para el resto de los partidos políticos debería convertirse en las tribunas para defender el Estado de Derecho, defender el Estado Social de Derecho, defender la Democracia política que hemos vivido.

Las semanas que vienen deben orientarse a luchar y advertir, al electorado nacional, sobre el peligro autoritario, despótico, dictatorial, tiránico que se pretende construir de continuar el actual proyecto político que está en marcha.

Aquí se está jugando no solo la historia pasada, sino la Historia del futuro costarricense.

Compartido con SURCOS por el autor.

Movimiento de Personas con Discapacidad exige al presidente respeto y el fin del uso peyorativo y capacitista del lenguaje

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento público en el que denuncia el patrón reiterado de amenazas retóricas y lenguaje ofensivo utilizado por el presidente de la República en contra de sectores críticos de su gestión. La declaración surge tras las expresiones del mandatario del 1 de diciembre de 2025, cuando se refirió a personas ciudadanas como “sordos”, “ciegos” pero no “mudos”, en un contexto confrontativo que —según el Movimiento— busca la polarización y reproduce prejuicios históricos.

El pronunciamiento señala que utilizar la discapacidad como insulto o metáfora para descalificar la crítica política constituye una forma de discriminación, viola derechos fundamentales y contraviene la normativa nacional e internacional que protege la dignidad de las personas con discapacidad.

La discapacidad no es un insulto: un llamado urgente al respeto y al lenguaje inclusivo

El Movimiento recuerda que:

  • La discapacidad no puede ser usada como un insulto, una burla ni un recurso retórico para desacreditar la disidencia.

  • Es una condición de vida que forma parte de la diversidad humana y debe ser tratada con dignidad por las autoridades públicas.

  • En una democracia, la función de la Presidencia no es desgraciar ni ridiculizar a sectores que expresan críticas legítimas, sino garantizar derechos, proteger a todas las personas y sostener un debate público respetuoso.

El documento advierte que la normalización del lenguaje capacitista erosiona el debate democrático, profundiza la discriminación y deteriora el Estado de derecho.

Obligación reforzada del Estado y de quien ejerce la Presidencia

El pronunciamiento subraya que Costa Rica cuenta con un marco jurídico claro:

  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661).

  • Ley 7600 sobre igualdad de oportunidades.

Estas normas obligan al Estado —y en especial a la Presidencia, por su papel de liderazgo público— a combatir estereotipos, evitar prácticas discriminatorias y promover un discurso inclusivo.

Exigencias del Movimiento de Personas con Discapacidad

Con base en lo anterior, las organizaciones firmantes solicitan:

  1. Un compromiso institucional del Poder Ejecutivo para erradicar el lenguaje capacitista en toda comunicación oficial.

  2. Articulación inmediata con el CONAPDIS y la sociedad civil para recibir capacitación sobre discapacidad, igualdad y lenguaje inclusivo.

Además, consideran indispensable que la prensa costarricense cumpla su rol democrático y cuestione abiertamente el uso de expresiones discriminatorias provenientes del Ejecutivo.

El Movimiento concluye que “la dignidad de las personas con discapacidad no puede ser instrumentalizada ni degradada, y menos desde el más alto nivel del poder público”, recordando que la igualdad debe ser un compromiso irrenunciable de cualquier liderazgo democrático.

Organizaciones firmantes

El documento está suscrito por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y más de quince organizaciones, entre ellas:

  • Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASOR)

  • ALAMUD

  • ASIDOWN Costa Rica

  • Asociación Ditsú

  • Asociación BarrileTEA

  • Asociación Desampa Inclusivo

  • Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón

  • MORPHO – Centro de Vida Independiente

  • AMATEA

  • Adultos Autistas Costa Rica

  • ADE para Personas con Discapacidad

  • Asociación de Personas con Discapacidad ASOPPED

  • ASOCOPRODEA

  • CECATS

  • Fundación Justicia y Género
    Entre otras organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

¿Versátil en el error?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

Buenos días o tardes o noches, unas preguntas en Democracia.

¿Cómo se hace para pelearse e insultar en tiempo récord y al mismo tiempo, a la Jerarquía de la Iglesia Católica, a los Protestantes Fundamentalistas y su Partido (su antiguo aliado), a las Feministas, a las personas sexualmente diversas, y a los Conservadores religiosos ; a los Empresarios y a los Sindicatos; a los grandes, medianos y pequeños Productores Agropecuarios, y a los Campesinos dueños de un tractor o un «pick up» de trabajo; también a las Universidades Públicas, a todo el Magisterio Nacional; a los Guardacostas costarricenses, a la Policía Antidrogas, a la Policía Judicial (OIJ), a la Sala Constitucional, a Ex Contraloría, y al TSE?

Discute vehemente, pero sin sentido, y agrede verbal y simbólicamente en cada aparición pública a toda la Oposición, sin respetar su Investidura Pública… ¡Pero también a sus Ex Colaboradores y Ex Ministros de Gobierno! Y finalmente a los otros dos Poderes de la República, y a toda nuestra institucionalidad.

Sin hablar del reciente y famoso, desastre con el fenecido «Decreto- Ejecutivo» sobre las «Subastas» de frecuencias y espacios nacionales para radio y televisión… Que cuenta obviamente con la oposición generalizada de toda la Prensa nacional, tirios y troyanos, la tildada por el Gobierno de «Prensa Canalla» (sic), y sorpresa… Con la oposición también de la Prensa «No Canalla», que usualmente le sirve.

Pilar, su habitual Escudera, ya no le ayuda, sino que empeora su aislamiento político. Parece la escena final de «Ricardo III» de Shakespeare: «Mi Reino por un caballo». Y cuidado, porque los caballos y yeguas, con perdón de los equinos, pueden aparecer.

Desde Canal 7 y La Nación, SA., hasta el Seminario Universidad, – «pasquín» (sic) de los «Chancletas» universitarios (sic)–; pasando por los medios regionales y locales; hasta la servil OPA de Carlos Valenciano Kramer, su Tesorero de Campaña (PPSO) y personaje de la Extrema Derecha «Libertaria» local, abogado vinculado al Capital Financiero internacional.

Al mismo tiempo, El Presidente descuida aún más, o sea totalmente, su Mal Gobierno nacional al interno (el peor de todos), y escala su pelea política local, ahora internacionalmente. Todo gracias a la gestión tendenciosa de su Embajadora en Washington, D. C., quién después de conversar personalmente, con un Congresista Republicano Norteamericano Trumpista y cubano- americano, hace que este personaje, mande un inapropiado mensaje en redes sociales de Injerencia política contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica…

Se monta así, un nuevo escándalo político, hasta que se descubre la verdad… O sea que fue, básicamente, un encuentro personal y político entre dos personas de Extrema Derecha ideológica, y que culmina con una publicación en la red «X» de Elon Musk. Punto. La misma Embajadora tica, la Sra. Crespo, pasa por la pena de explicarlo.

¿Será qué Rodrigo Chaves apuesta a que Donald Trump en su delirio de «Nerón» Global, lo salve a él y a su candidata, como hizo con Milei o Bukele? ¿De verdad se cree tan importante en Geopolítica? Cuidado porque a Trump no le funcionó su chantaje con Bolsonaro, ni con el Narco hermano del Ex Presidente Uribe en Colombia, etc. Veremos si le funciona en Chile con Kast o en Honduras con el derechista Nasry Asfura (Además amenaza con darle una posible amnistía al Ex Narco Presidente hondureño JOH aliado de Asfura) …

Pero preguntamos, ¿siempre estarán Trump o Marco Rubio en EEUU. para defender a estos cuestionados personajes cipayos latinos de Extrema Derecha? En fin, veremos.

Volviendo a nuestro terruño, ¿cómo se hace para pelearse con todo el Mundo al mismo tiempo? ¿Qué clase de personalidad o trastorno es ese? ¡Puro Tánatos!

O cómo dijo alguien, medio en broma, ¿será sólo el Mercurio retrógrado en Géminis?

En resumen, de verdad que sólo don Rodrigo Chaves, lo logra y tan rápido… Realmente, es versátil en el error, y además, hasta se pone creativo.

Debe ser un récord en Costa Rica, de cómo no hacer bien las cosas, políticamente hablando. El llamado «Ja-Guaro», ni con su batería de Troles Asiáticos, todos financiados no sabe por quién, está en caída libre.

Es mi franca opinión ciudadana, que será recordado como líder especialista en sembrar odio, pero en dispararse en su propia pata… «pata» dije. Por eso, su triste y complejo fenómeno político pasará, será racionalizado colectivamente, en el sentido psicoanalítico, y será olvidado. Será acaso recordado, pero sólo como un triste referente cívico, y posiblemente sus partidarios más silvestres, se reirán y harán bromas y sarcasmos, mientras se evitará hacer una Autocrítica seria, y juntos todos y todas, brindarán, y se burlaran y chotearan al mejor estilo tico. Éste sería un posible escenario colectivo post «Ja-Guaro», ligero e irresponsable, pero simpático; algo muy meseteño. Pero podría no ser tan «light» un desenlace democrático y legal, debido a la extrema polarización ideológica de la Sociedad Civil.

En conclusión, dentro de esta perversa lógica política del odio social, don Rodrigo Chaves efectivamente, pues sí es versátil en el error político, pero en Democracia. Dentro de la normalidad democrática costarricense, Don Rodrigo Chaves resultaría casi inocuo. Pero parece que esa supuesta «normalidad democrática”, ese gran consenso inercial nacional, fue transgredido hace mucho. (Y no nos habíamos dado cuenta.)

Atención al detalle: La torpeza política de Rodrigo Chaves, manifiesta y acusada en este ensayo, lo es en Democracia y en Estado de Derecho.

Repito, muy a pesar de la manipulación de las emociones colectivas, y de la desinformación política sofisticada, y del millonario «Marketing» del Oficialismo, sigue siendo muy torpe políticamente. Torpe pero en Democracia.

Sin embargo, tal vez esta imperfecta forma de Gobierno, le estorbe en el fondo. Cuidado, aquí está el detalle.

Esperemos, por lo tanto, que acabe pronto esta peligrosa pesadilla antidemocrática pacíficamente, y que las próximas Elecciones del 2026, nos traigan una nueva esperanza, y un fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

Pero atención, no nos confiemos… Todavía no hemos llegado ni a la Primera Ronda en febrero del 2026, y ya Rodrigo Chaves despotrica abiertamente contra el TSE. Agreguemos que esto posiblemente, se resolverá hasta Segunda Ronda (abril del 2026); la cual necesitará de la sabia articulación plural de todos y todas los /las demócratas y patriotas, contra la continuidad del autoritarismo populista.

Además, en principio el Presidente se puede enfrentar antes, a la sanción política por una posible grave Falta Administrativa (delito penal no es), por su manifiesta y evidente «Beligerancia». Sale arrogante y malcriado de una comparecencia pública por este caso en la Asamblea Legislativa, y va precisamente, a una descarada Manifestación de seguidores de la Candidata oficialista en plena Plaza de la Democracia frente a la Asamblea Legislativa. ¿Admite realmente discusión la verdad material de esta denuncia por falta administrativa de Beligerancia? Por favor…

Lo más grave es que su reacción ante una sanción administrativa, –a juzgar por las recientes y desesperadas escenas públicas, y la de algunos de sus simpatizantes–, podría ser casi impredecible, y sobre todo de carácter antidemocrático, y hasta violento.

Es una trágica posibilidad política real, y hay desgraciadamente, que comentarla críticamente. Habrá en consecuencia, que anticipar y prevenir cualquier posible exabrupto frente a nuestro Ordenamiento Jurídico.

«Caute Spinoza dixit.»

Ya saben compatriotas, reír para no llorar… Abrazo fraternal, y ya sabemos por quién no votar.