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Etiqueta: estado de derecho

Pronunciamiento CONARE: Sobre la situación del líder indígena Pablo Sivas Sivas y la protección de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

4 de febrero del 2026. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en coherencia con su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del Estado de Derecho, manifiesta su profunda preocupación ante los hechos recientes que han colocado al líder indígena Pablo Sivas Sivas y a su comunidad en una situación de riesgo y desprotección, así como por las condiciones estructurales de vulnerabilidad que continúan afectando a los pueblos originarios del país.

El CONARE considera imprescindible hacer un llamado firme y respetuoso a las instituciones del Estado y a las autoridades competentes para que actúen de manera oportuna y responsable, garantizando el cumplimiento efectivo del marco jurídico nacional e internacional destinado a la protección integral de estas poblaciones, el cual obliga a salvaguardar la vida, la integridad, la dignidad y la seguridad de sus integrantes.

La ausencia o insuficiencia de acciones preventivas y de protección adecuadas por parte de instancias estatales ha contribuido, una vez más, a escenarios de indefensión que resultan incompatibles con los principios de legalidad, justicia y respeto a los derechos humanos que deben orientar la función pública.

En este contexto, el CONARE reafirma la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas concretas, coordinadas y efectivas que aseguren condiciones de vida digna, libres de violencia, discriminación y exclusión, y que garanticen la no repetición de situaciones que vulneren los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Las universidades públicas, como espacios de pensamiento crítico, compromiso social y construcción democrática expresan su solidaridad con estas comunidades y reiteran su disposición a contribuir, desde la docencia, la investigación, la extensión y la acción social, al fortalecimiento de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.

Costa Rica: la fuerza del sufragio responsable

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por: Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador
Integrante Alianza Ciudadana por el Despertar Democrático

La Constitución Política constituye la norma más importante de un Estado, ya que regula aspectos tan importantes como los derechos fundamentales de los que gozan los habitantes del país, el sistema de gobierno que lo regirá, las competencias de cada uno de los poderes que conforman el Estado, entre otros.

Cabe mencionar que, si bien nuestra Constitución Política tiene poco más de setenta años, lo cierto es que su texto refleja una serie de valores y principios, y es fruto de las luchas que han dado nuestros antepasados durante más doscientos años de vida independiente para perfeccionar nuestra democracia, y que hoy nos definen como una democracia plena, según los indicadores internacionales. Entre estos logros, podemos citar la creación de instituciones tan esenciales para la democracia como el Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército, la creación de la Sala Constitucional, así como el sufragio universal que permitió el voto de la mujer que es un símbolo que nos identifica a nivel mundial.

El poder del voto popular en los procesos de elección en nuestro país son una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada uno de los ciudadanos

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

EL sufragio cualidad de nuestra democracia se encuentra descrito en la Constitución Política de Costa Rica, en su Título VIII Derechos y Deberes Políticos, Capítulo I, Los Ciudadanos, por ello, en este proceso electoral que vive nuestro país en el 2026, considero pertinente compartir y reforzar los artículos sobre el Sufragio descrito en nuestra Constitución Política.

Artículo 93.

“El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.

El sufragio o derecho al voto, constituye una de las expresiones máximas de la vida en democracia, en el tanto permite a las personas ciudadanas participar en la toma de decisiones de relevancia para el país, como es, por ejemplo, la elección de las personas que ocuparán puestos públicos de importancia, u otros temas de relevancia por medio de la consulta popular o referéndum. Ahora bien, cabe mencionar que el ejercicio del voto no constituye únicamente un derecho, sino también un deber, por lo que existe la obligación de participar en todos los procesos electorales y no únicamente en las elecciones nacionales.

Es pertinente aclarar que el hecho de alcanzar la mayoría de edad no otorga automáticamente el derecho a ejercer el voto, pues para ello es necesaria la inscripción de la persona ante el Registro Civil antes de una determinada fecha fijada por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como contar con una cédula de identidad vigente.

Artículo 94.

“El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva”.

La nacionalidad costarricense puede obtenerse por nacimiento o por naturalización, siendo en este último caso el de personas extranjeras que por su propia voluntad deciden convertirse en costarricenses. Ahora bien, una vez que la persona cumple con los requisitos para obtener la nacionalidad costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones le otorga un documento denominado “carta de naturalización”, luego de lo cual se procede a su inscripción en el Registro Civil. Tras obtener este documento, y si la persona cuenta con la mayoría de edad, podrá ejercer su derecho al voto, siempre y cuando haya transcurrido ya

el plazo de doce meses que establece la Constitución.

Artículo 95

“La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:

1.- Autonomía de la función electoral;

2.- Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio;

3.- Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas;

4.- Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho;

5.- Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto;

6.- Garantías de representación para las minorías;

7.- Garantías de pluralismo político;

8.- Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin discriminación por género”.

Este artículo establece una serie de principios que deben cumplir los procesos electorales, con el fin de que éstas respondan a los principios democráticos que deben regir a este tipo de procesos. En ese sentido, un medio para garantizar la transparencia en las elecciones, se dispone la obligación de que el Estado provea a los electores de cédulas con fotografías, con el fin de evitar que personas se hagan pasar por otras para ejercer en su nombre el voto. Por otra parte, al garantizar la autonomía de la función electoral, se elimina la posibilidad de que las personas que se encuentran ejerciendo el poder al momento de las elecciones, puedan adoptar medidas tendientes a influir en el proceso electoral a su favor, por medio de acciones fraudulentas.

Asimismo, se dispone la obligación de garantizar el pluralismo político como un medio para que todos los pensamientos políticos o ideológicos puedan participar en los procesos electorales, siempre y cuando estos no promulguen ideas que resulten contrarias a los principios que rigen el país (por ejemplo, un partido que promueva ideas racistas). Además, se busca que los procesos garanticen la participación en puestos políticos de en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, al prohibir la discriminación por motivos de género.

La fuerza del sufragio, no se compara con ninguna otra, dentro de una sociedad democrática. El voto lleva implícito una acción política poderosa, una voz potente, un criterio imperioso, una demanda firme, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

Como ciudadanos apelamos a la tesitura, a la recuperación de los mejores valores, que como sociedad democrática hemos construido, actuar conforme a nuestra vocación del ser costarricense, no como discurso vacío, si no como producto histórico, reconocidos como colectivo de vocación civilista, democrática, dialogante y pacifista. Se trata de recomponer la cohesión social, y que en esta elección salga lo mejor de nosotros.

Con la convicción de que el disenso y las diferencias son parte fundamental en toda democracia, hacemos un respetuoso llamado a los diversos sectores del país para intensificar el diálogo nacional en busca de acuerdos que nos permitan seguir construyendo una sociedad sustentada en valores, de respeto a la libertad de opinión, de tolerancia activa, de crítica constructiva y, en general, la sociabilidad humana donde la Ciudadanía es la Democracia.

Instamos a la ciudadanía costarricense a ejercer este sagrado derecho del sufragio y poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho.

Referencia Bibliográfica:

Una Constitución Política para todas y todos. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica. Escuela de Planificación y Promoción Social-Universidad Nacional, Costa Rica. Tribunal de Honor y Ética Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER. Progreso Editorial 2022. San José-Costa Rica

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados exige responsabilidad ética frente a la violencia sexual contra personas menores de edad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Las organizaciones de sociedad civil, instancias académicas y colegios profesionales que formamos parte de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica expresamos nuestra profunda preocupación ante declaraciones públicas recientes que relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.

Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia.

Este tipo de afirmaciones no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.º 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido, entre ellos el principio de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y el deber reforzado de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años está debidamente regulado en Costa Rica por vía del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, instrumento conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 8315 del 4 de noviembre de 2002, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo forma parte del ordenamiento jurídico costarricense y rige sobre todo lo relacionado con la validez o no del consentimiento sexual para actos donde la parte actuante sea menor de 18 años de edad.

Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual. Estos discursos tienen efectos reales y dañinos, pues refuerzan la impunidad, desalientan la denuncia, revictimizan a quienes han sobrevivido a estas violencias y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar protección y justicia.

Quisiéramos enfatizar que toda persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia. La función pública exige un compromiso ético ineludible con la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.

Reafirmamos que la protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática. Costa Rica ha construido, con enormes esfuerzos históricos, un marco de protección que no puede verse erosionado por discursos regresivos que normalizan la violencia y desconocen la evidencia, la ley y la experiencia de las personas sobrevivientes.

Desde la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de derechos, con la prevención de todas las formas de violencia y con la exigencia de que quienes aspiren a ejercer poder público actúen con responsabilidad, conocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes.

El cuidado, la protección y la dignidad de las personas menores de edad deben ser un mínimo ético compartido en cualquier proyecto de país.

Defender la democracia: un llamado urgente

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Tatiana Herrera Ávila
Mesa Coordinadora Encuentro Democrático

El escenario electoral que enfrentamos hoy como sociedad civil, como república democrática, es complejo y nublado. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos aquí? Cada uno de nosotros debería hacérsela, porque todos tenemos responsabilidad en este posible entierro… que aún estamos a tiempo de evitar.

Las nubes que oscurecen nuestro cielo no son sólo las del cambio climático. Son también las de una tormenta política que ha enfermado a tantos países de América Latina: la tentación de la dictadura. Sorprende que, conociendo las atrocidades de los diferentes sistemas totalitarios (de izquierda y de derecha y de todos los colores), todavía haya quienes la consideren una opción legítima.

La apuesta del oficialismo se sostiene sobre una figura de tono mesiánico, respaldada por sectores que buscan perpetuarse en el poder, debilitar la Constitución, eliminar controles democráticos y avanzar hacia un modelo de gobierno sin contrapesos. Se promete seguridad fácil, se invoca el orden, pero lo que se pone en juego son nuestras garantías individuales y sociales, ya dicho y promulgado por ellos mismos.

Costa Rica ha atravesado encrucijadas históricas antes. Así nació nuestra Segunda República: de un conflicto doloroso, pero también de un pacto democrático que nos hizo transitar una vía distinta a nivel regional. Ese Estado social, democrático y republicano no fue un accidente: fue una conquista.

Y hoy estamos peligrosamente a punto de perderla. Ante el desencanto, la corrupción, el costo de la vida, el miedo, el abstencionismo, el avance del narco y la fatiga colectiva, este domingo 1° de febrero de 2026 se nos convoca a las urnas. Votar no es un trámite: es un privilegio, un derecho y un deber histórico.

No da lo mismo. No son todos iguales. Sí hay por quién votar. El voto es hoy una forma de impedir que el país derive hacia un autoritarismo sin frenos. Es defender la institucionalidad democrática, nuestras garantías sociales y la posibilidad misma de un futuro común. Y también importa la Asamblea Legislativa: toda democracia necesita contrapesos, vigilancia y dignidad política.

El panorama en efecto aparece hoy más opaco, más nublado, más oscuro. Y conviene decirlo con claridad: este domingo no vamos a definir el fin del patriarcado ni transformar el modo de producción. Pero sí está en juego algo más inmediato y decisivo: la supervivencia estratégica de la democracia.

Lo que se disputa es la continuidad de nuestras libertades, de nuestras garantías sociales e individuales, del Estado social de derecho y de conquistas históricas que, sin ser un sistema perfecto, son invaluables: vivir en paz, en libertad, en una sociedad donde todavía es posible pensar, disentir y trabajar por mejorarnos. Mantener eso es conservar el terreno para poder enfrentar los retos del futuro.

Y, quizá, también convenga decirlo: esta primera ronda puede tener un sentido estratégico. Impedir que el continuismo autoritario se imponga sin contrapesos e irremediablemente, y más bien, abrir la posibilidad de una segunda vuelta donde el país pueda deliberar con más claridad, respirar con más tiempo y rechazar el chantaje del miedo como destino inevitable.

Porque si esa segunda vuelta llega, deberá ser el momento de tender puentes. De reunir, sin ingenuidad, pero con responsabilidad histórica, a las diversas “comunidades de base” de creyentes comprometidos, a las fuerzas patrióticas, socialdemócratas, progresistas, populares, en fin, a las fuerzas vivas del país que todavía creen en la convivencia republicana, en la justicia social y en la paz institucional. No se trata de pureza ideológica: se trata de defender el suelo común.

Porque la democracia inicia en las urnas, y luego se cuida y se construye todos los días. ¡Antes patria, que partido!

¿Por quién votar el próximo domingo?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El próximo domingo iremos todos los costarricenses a una gran fiesta nacional, que tiene las características de una fiesta electoral. Así se le conoce, y así se le dice porque durante todas las semanas que dura el proceso electoral, desde que se convoca hasta que se acaba con el resultado electoral final, la población en general se adhiere, se incorpora, se identifica, se compromete, toma decisión con alguna de las propuestas que existen para escoger partido, candidato a presidente y candidatos a diputados.

Aunque haya abstencionistas en todos los procesos electorales las elecciones tienen ese carácter festivo. Hasta 1998 el promedio del abstencionismo fue del 18%. A partir de allí empezó a subir hasta las del 2018 con un promedio del 32%. La últimas alcanzaron el 40%.

Hace algunos años la elección incluía, de una sola vez, a los candidatos municipales o cantonales, lo cual hacía de la actividad electoral un acto más de masas, donde ese compromiso se hacía vibrar con más fuerza desde los distritos, pasando por los cantones y expresándose en las provincias, todo girando alrededor de un partido y su candidato presidencial.

Se separó la elección de presidente y de diputados para darle mayor fuerza a las poblaciones y ciudadanos de los distritos y de los cantones, que eligen sus gobiernos distritales y cantonales, para fortalecer en cierta forma a esos ciudadanos con sus propios cantones.

Hasta 1998 existieron como funcionarios políticos, nombrados por los presidentes, los Gobernadores provinciales, que poco a poco fueron perdiendo funciones, quienes no eran elegidos popularmente.

Las elecciones en Costa Rica existen desde antes de la Independencia. Fueron evolucionando, mejorándose y perfeccionándose en el transcurso del tiempo, modelando en su resultado, por la conformación de los gobiernos, el Congreso o la Asamblea Legislativa y los gobiernos cantonales, el sistema político y la democracia viva que hoy tenemos, cuyo sombrero y escudo protector son la evolución y fortalecimiento, durante todos estos años, poco más de 200, de las columnas vertebrales de este sistema político que gozamos, los órganos de poder del Estado de Derecho, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, junto con el conjunto de Libertades y Derechos que se fueron consagrando en las 14 Constituciones Políticas que hemos tenido.

A finales del siglo XIX aparecieron los partidos políticos como las organizaciones por medio de las cuales, y solo a través de ellas, se puede aspirar a puestos de elección popular.

Las reformas electorales importantes que tuvo este proceso electoral se dieron de hecho bajo el manto de la llamada República, cuando en 1913 se estableció el voto directo, y cuando se impulsó la foto en los documentos cedulares existentes.

Igualmente, cuando en 1924 cuando se estableció el voto secreto, permitiendo el voto de conciencia del ciudadano, protegido de la presión que públicamente podía tener de sus patronos o empleadores, o de aquellas personas que podían de una u otra manera ejercer presión para lograr su voto. Así mismo, cuando en 1935 se estableció la norma de que el resultado electoral se definiera a favor de quien obtuviera el 40% de los votos válidamente emitidos.

Con la Segunda República, a partir de 1948, se produjeron las últimas reformas que fortalecieron el proceso electoral y la llamada democracia electoral.

Así se estableció en la vigente Constitución Política de 1949 el reconocimiento de voto de la mujer, ampliándose el universo electoral a los mayores de edad, haciendo que prácticamente dos terceras partes de la población tomaran la decisión de la escogencia de las autoridades supremas de los órganos de gobierno de Costa Rica.

Del mismo modo, en 1973 se tomó la decisión de fortalecer la democracia electoral dándole mayor poder de decisión a la Juventud, cuando se estableció el derecho al sufragio a los mayores de 18 años.

Desde 1951 votaron las mujeres y, desde 1953, empezaron a ser electas en la Asamblea Legislativa, llegando a presidir este Poder de Estado en 1986, con Rose Marie Karpinski de Murillo, posibilitando la elección de la primera mujer Presidenta, Laura Chinchilla Miranda, en el 2010.

En esta etapa republicana en cada proceso electoral fueron participando cada vez más mujeres, lo que se fortaleció electoralmente obligando a los partidos políticos a proponer una representación igualitaria en sus candidaturas.

Más se preocupan hoy los partidos por la representación de las mujeres que por la de los jóvenes, que pueden ser electos a diputados a los 21 años, que constituyen una parte importante del padrón electoral.

En el caso de las mujeres han constituido generalmente una mayoría electoral sobre los hombres, así como los adultos mayores van, poco a poco, obteniendo una franja significativa cada vez más alta, del padrón electoral.

El proceso electoral estableció históricamente restricciones a partidos religiosos católicos y a los comunistas o de izquierda. Así, por ejemplo, a finales del siglo XIX se prohibió el Partido Unión Católica y se estableció la prohibición de usar propaganda y sentimientos religiosos con fines electorales. En 1929 se restringió la participación del Partido Comunista, aún sin haberse fundado, lo que obligó a este partido, surgido en 1931, a participar en las elecciones desde 1934 hasta 1942 con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. En 1943 cambió de nombre por el de Vanguardia Popular, como actualmente lo mantiene, sin participar en los últimos procesos electorales.

Los triunfadores de la guerra civil de 1948 pusieron fuera de la ley, por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno de la Segunda República, y por la aplicación del segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política, al Partido Comunista, Vanguardia Popular, o cualquier nominación que tuviera, situación que duró hasta 1975 cuando se derogó la restricción constitucional fortaleciendo, a partir de ese año, la participación ciudadana en los siguientes procesos electorales, y de esa manera se fortaleció la democracia política nacional. Víctima de esta prohibición fue casi una decena de partidos.

Otra reforma que contribuyó a fortalecer el régimen democrático y electoral fue la de establecer el Referéndum y el Plebiscito como consultas nacionales, dando mayor participación directa a los ciudadanos.

Por un Recurso de Amparo que interpuse en la elección de 1998 se estableció, por la Sala Constitucional, la obligatoriedad de invitar y tomar en cuenta, para los debates de candidatos presidenciales, a todos, condición obligada en debates organizados en instituciones públicas o financiadas por el Estado. Luego se permitió que los debates organizados por sectores privados podían hacerse solo con los que los organizadores invitaran.

Fundamental reforma en este proceso democrático nacional fue la abolición del Ejercito Nacional desde 1948, proceso que se había iniciado desde 1946-1947.

Yo nací en 1946. En la práctica soy hijo de las reformas sociales logradas por la alianza calderocomunista de los años 1943-1948 y de las reformas institucionales, de carácter revolucionario y reformistas, que transformaron y sentaron las bases de la actual Costa Rica, impulsadas desde la Junta Fundadora de la Segunda República.

Nací en un hogar comunista, que la guerra civil fragmentó. Mi padre tuvo que salir para Venezuela por la represión que se dio. Mi madre no pudo seguirlo porque enfermé gravemente. Terminaron en divorcio. Mi padre se volvió a casar en Venezuela y me dio seis hermanos.

Mi madre se mantuvo en su militancia política hasta avanzada su edad, lo que me permitió conocer de cerca a la dirigencia comunista desde niño. Joven me vinculé a la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, desde que se fundó, 1959-1960, al Partido Vanguardia Popular, del que fuí dirigente juvenil y estudiantil universitario, luego al Partido Socialista Costarricense y finalmente a Fuerza Democrática, 1996-2006.

El partido Vanguardia Popular durante la clandestinidad, 1948-1970 no convocó a la lucha armada para recuperar su legalidad. Hizo todos los esfuerzos políticos posibles por recuperar su derecho político de existencia y de participar en elecciones. Aprendimos quienes nos vinculamos y militamos en Vanguardia Popular a luchar por recuperar esa legalidad, aunque el Partido preparara a sus miembros para luchas más avanzadas. Prueba de ello fue la extraordinaria y heroica participación de la Brigada militar internacionalista en la lucha contra la dictadura de Somoza, en la que participaron militantes de los otros partidos de izquierda que ya existían, y que preparaban a sus militantes para posibles luchas armadas, que habían cobrado importancia en América Latina y en Centroamérica al calor de la Revolución Cubana.

Como niño me vinculé a las elecciones, acompañando a mi madre y mis familiares a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1953 contra José Figueres. La fuerza opositora era lo que quedaba de la represión política contra los calderocomunistas del período anterior a 1948. En las elecciones de 1958 participé, como niño de 11 años apoyando la candidatura de Mario Echandi Jiménez, bajo la consigna de la “oposición triunfará”, que llevaba en un cartel amarrado a mi bicicleta. Los 21 años, edad para votar entonces los cumplí en 1967, de manera que mi primer voto fue en 1970, por el Partido Acción Socialista, por Lisímaco Leiva Cubillo para presidente, y por Manuel Mora y Marcial Aguiluz para diputados, que fueron electos.

En la década del 60 aparecieron otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que luego evolucionaron en las elecciones de 1978 en la Coalición Pueblo Unido. También de izquierda participaron la Organización Socialista de los Trabajadores y el Frente Popular.

La izquierda marxista leninista se fracturó a mediados de la década de 1980 y con la desintegración del sistema mundial socialista, en 1991, prácticamente colapsó.

Surgieron otras manifestaciones políticas de izquierda como fueron en 1990 el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha y el Partido del Progreso. Desde 1994 hasta el 2006 participó el partido Fuerza Democrática.

Desde entonces, evolucionó la izquierda política, con altos y bajos electorales, eligiendo diputados desde 1970 hasta 1998. En el 2002 la izquierda no eligió y de nuevo con el Frente Amplio empezó a elegir diputados a partir del 2006.

En el 2006 también surgió la Coalición Cambio 2000, cuando aparece también electoralmente el Partido Acción Ciudadana. En la elección del 2002 y 2006 también participaron los partidos Rescate Nacional y la Coalición Izquierda Unida. En la elección del 2014 participó el Partido de los Trabajadores. En la elección del 2018 lo hizo el partido de los Trabajadores. En la elección del 2022 participaron Pueblo Unido y el Partido de los Trabajadores. En el actual proceso electoral, 2026, participa el Partido de la Clase Trabajadora.

A nivel de candidaturas a diputados en todos estos procesos electorales ha habido esfuerzos partidarios de izquierda localizados en distintas provincias, con partidos provinciales.

No he pertenecido como militante a ningún otro partido político, pero no he dejado de votar en los procesos electorales.

A partir del 2010 he votado razonando mi voto por lo que he creído es mejor, en cada proceso electoral para dirigir el país. Pude haberme equivocado o no. Esa fue mi responsabilidad.

En las elecciones del 2022 no voté por Rodrigo Chaves. Desde entonces lo consideré un peligro para la democracia nacional y para el desarrollo institucional del país.

En la actual coyuntura política y electoral considero que es un deber y una obligación moral o ética votar.

Los que nos formamos y participamos en la izquierda, que entendemos la evolución social, como grandes etapas históricas de desarrollo, que no acudimos históricamente en Costa Rica a una lucha armada para obtener el poder político, y que históricamente nos formamos en la posibilidad de la lucha pacífica y electoral para alcanzar ese poder, con más razón debemos contribuir para que electoralmente se pueda avanzar a desarrollar más democracia política, económica y social.

Quienes desde la izquierda han luchado por la representación política parlamentaria, para tener diputados de la izquierda, lo han hecho considerando al parlamento, a la Asamblea Legislativa, como una tribuna política de agitación política e ideológica, como una herramienta para la movilización social y como instrumento de organización partidaria y social. Esa es la esencia de la presencia parlamentaria revolucionaria: agitación política, movilización social y organización partidaria. Esa fue la experiencia política que enseñó Manuel Mora Valverde y su partido en el período 1934-1948.

Las dificultades históricas y coyunturales de la Guerra Fría hicieron que la presencia política de la izquierda se proyectara más en la lucha por la paz, el desarme, la coexistencia pacífica, la lucha anticolonial y antiimperialista, en las vías pacíficas de la Revolución.

El momento que vivimos de nuevo nos coloca en la lucha antiimperialista, anti neo colonial, antimilitarista, anti autoritarista y, de nuevo, antifascista.

La tribuna parlamentaria en este momento es un espacio que no debe despreciarse, ante la imposibilidad de alcanzar el poder o gobierno del Poder Ejecutivo. Hay que fortalecerla con diputados de izquierda y diputados demócratas, que permitan dar grandes batallas por la defensa del Estado de Derecho que tenemos, por la defensa del Estado Social de Derecho, por la defensa de las instituciones sociales avanzadas de la sociedad costarricense, por la defensa de los Derechos Sociales, Laborales y Políticos amenazados en Costa Rica por los grupos autoritarios, militaristas, inscritos en el nuevo proyecto político de dominación geopolítica imperialista que campea en el continente, manifestaciones que también tenemos en Costa Rica.

El próximo domingo tenemos las elecciones nacionales para elegir un nuevo presidente y una nueva composición legislativa. Es importante participar con nuestro voto para tratar de asegurar la mayor expresión electoral del progresismo social costarricense.

¿Qué oferta política y electoral tenemos? Separo a todos los candidatos en dos grupos.

En primer lugar, tenemos las fuerzas retrógradas que quieren darle continuidad al nefasto gobierno de Rodrigo Chaves Robles, continuidad a sus políticas antipopulares y anticostarricenses.

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que SE IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que no hay que votar, son los siguientes:

Pueblo Soberano, que postula a Laura Fernández Delgado

Nueva República, que postula a Fabricio Alvarado

Avanza, que postula a José Miguel Aguilar

Unidos Podemos, que postula a Natalia Díaz

Integración Nacional, que postula a Luis Amador

Alianza Costa Rica Primero, que postula a Douglas Caamaño

Aquí Costa Rica Manda, que postula a Ronny Castillo

Unión Costarricense Democrática, que postula a Boris Molina

Progreso Social Democrático que postula a Luz Mary Alpízar

Liberal Progresista, que postula a Eliécer Feinzig

Unidad Social Cristiana, que postula a Juan Carlos Hidalgo

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que NO se IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, que tratan de preservar el desarrollo democrático nacional y el ejercicio pleno de libertades y derechos, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que HAY QUE VOTAR, son los siguientes:

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

De la Clase Trabajadora, que postula a David Hernández Brenes

Liberación Nacional, que postula a Alvaro Ramos

Justicia Social Costarricense, que postula a Walter Hernández Juárez

Nueva Generación, que postula a Fernando Zamora

Esperanza y Libertad, que postula a Marco Rodríguez Badilla

Sin embargo, ante la incertidumbre, por la información de encuestas, y los temores y ansiedades que ellas provocan, sintetizo de esta forma las posibilidades para escoger a quien darle el voto para presidente, al día de hoy. Yo escogería entre los siguientes candidatos:

Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

Centro Democrático y Social que postula a Ana Virginia Calzada

Para diputados el pueblo costarricense ha sido sabio. Desde hace muchos procesos electorales divide el voto, dándole menos diputados al partido ganador. Es el principio de darle fuerza política al control parlamentario sobre el presidente. Así, desde las elecciones del 2010 ningún presidente ni su partido ha tenido más de 12 diputados de los 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Los mencionados partidos oficialistas no deben ser votados para la Asamblea Legislativa, mucho menos el Partido Pueblo Soberano que tiene casi el 50% de sus candidatos a diputados acusados en trámites de investigación judicial. Lo que tiene no son candidatos a diputados sino IMPUTADOS como candidatos a diputados.

En este momento que varios partidos se identifican con el presidente Chaves, con continuar sus acciones antinacionales, es más importante que quienes por atracción sientan la necesidad de votar por su principal candidata, partan su voto, para fortalecer la Asamblea Legislativa en su control político parlamentario.

MI opción presidencial la definiré el sábado entre Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos, la Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo y el Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes.

Mi opción para diputado se la daré a Claudio Alpízar, amigo de muchos años, académico, persona preparada para desempeñarse bien en el puesto que se le elija, buena persona, correcta, honesta, clara políticamente para el momento que vivimos, que me parece podrá desempeñarse como un gran diputado, como los necesita el país hoy.

Compartido con SURCOS por el autor.

Personas sobrevivientes de violencia sexual llaman a votar con ética y responsabilidad

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Pronunciamiento de personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia de cara a las elecciones 2026

Costa Rica, enero 2026

Desde el Movimiento de Valientes de Costa Rica, iniciativa conformada por personas sobrevivientes de violencia sexual vivida en la infancia y/o adolescencia, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones del candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña.

Villalobos, abogado de profesión, fue defensor legal de un pastor evangélico condenado en noviembre de 2022 a 35 años de prisión por abuso sexual, violación calificada y tentativa de violación contra una persona menor de edad. Resulta especialmente grave que el candidato haya afirmado públicamente que la víctima de 14 años “no era una niña” y que existía una supuesta “relación normal” entre el agresor y la persona menor de edad.

Estas afirmaciones desconocen una sentencia judicial firme y reproducen discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, contradicen la legislación costarricense, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios básicos de protección integral de la niñez y la adolescencia. Por eso, el debate sobre su permanencia o renuncia a la candidatura no es un asunto personal ni partidario, sino una cuestión de responsabilidad política, ética y jurídica.

En el proceso judicial, los tribunales establecieron con claridad que la víctima tenía 14 años cuando iniciaron los abusos y que el agresor utilizó su rol como pastor, la confianza de la familia y la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad para cometer los delitos. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por la Sala Tercera de Casación Penal.

Este caso se suma a preocupaciones más amplias que, como personas sobrevivientes, tenemos frente a la posible continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves y actualmente representado por Laura Fernández y las candidaturas a diputaciones del Partido Pueblo Soberano.

El 5 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. En ella, organizaciones de la sociedad civil denunciaron retrocesos graves durante el actual gobierno, con impactos directos en poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. No se trata de hechos aislados, sino de patrones de debilitamiento institucional, regresión normativa y abandono de obligaciones estatales.

Bajo este gobierno se eliminó la educación integral para la sexualidad en el sistema educativo, se han promovido discursos regresivos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se han aplicado políticas de austeridad que han reducido la capacidad del Estado para prevenir la violencia, atender a las víctimas y garantizar justicia.

La educación sexual integral salva vidas. Permite que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de violencia y facilita la denuncia temprana. Su eliminación aumenta la vulnerabilidad de las personas menores de edad y contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. A esto se suma una drástica reducción de la inversión pública, que pasó del 21,2 % del PIB en 2022 al 9,3 % en 2025. Este recorte ha afectado directamente la protección social, la educación, la salud y la cultura, debilitando la garantía de derechos básicos.

Estos retrocesos evidencian un debilitamiento serio del Estado de derecho. Instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia han visto profundizada su inacción. Los recortes en políticas sociales y de protección a la niñez han aumentado la desprotección, la impunidad y el abandono de las personas sobrevivientes.

La eventual continuidad de este proyecto político, a través de la candidatura de Laura Fernández, amenaza con profundizar aún más este deterioro institucional. No se trata solo de una elección, sino del riesgo de consolidar un modelo de Estado que tolera discursos que relativizan la violencia sexual y que incumple de forma reiterada sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos.

Denunciamos también la exclusión histórica de niñas, niños y adolescentes indígenas de políticas públicas fundamentales, como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2036 presentada por el actual gobierno. Costa Rica necesita con urgencia un enfoque intercultural, equitativo y libre de discriminación.

Garantizar justicia para niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual exige respuestas estructurales. La imprescriptibilidad total de estos delitos es una demanda basada en la desigualdad de poder, las barreras reales de acceso a la justicia y el deber reforzado del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violencias. Esta exigencia es aún más urgente en un contexto donde discursos políticos minimizan la gravedad de estos crímenes.

La defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere hoy una posición clara y firme, que rechace cualquier intento de justificar la violencia sexual y coloque la protección integral y la prevención en el centro de la acción pública.

Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía comprometida con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia a votar con ética y con información. Salgamos a votar contra el continuismo y dejemos claro que no vamos a tolerar que un proyecto político que minimiza la violencia sexual y encubre a agresores se mantenga en el poder.

¡Venimos Valientes y NO nos vamos a callar!

Hay momentos en que la unidad por Costa Rica está por encima de cualquier diferencia ideológica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Un llamado a los partidos políticos y a las fuerzas democráticas

Desde mi óptica particular, hoy más que en cualquier otro momento de la Segunda República (es decir, después de 1948 hasta esta parte), es urgente que, los partidos democráticos busquen la mayor unidad entre ellos; todos los líderes de los partidos políticos que reconozcan que nuestra institucionalidad democrática está en peligro de debilitarse o sufrir agrietamientos están convocados.

La democracia costarricense ha sido puesta en peligro, por el gobierno que encabeza Rodrigo Chaves y por el partido que nos gobierna, a cuya cabeza se encuentra la candidata Laura Fernández del Partido del Pueblo Soberano. La acusación no es para nada gratuita. Además, hoy la candidata del partido del Pueblo Soberano sigue la ruta de Chaves con férrea docilidad. Pondré ejemplos incuestionables.

¿Por qué Rodrigo Chaves (actual presidente) y Laura Fernández (candidata a la presidencia por el PPSO), amenazan las instituciones democráticas que ameritan la más amplia unidad de los partidos democráticos y progresistas?

Hay una larga lista de actitudes y medidas del gobierno actual, encabezado por Chaves como presidente y entre otros por Laura Fernández, por haber ejercido los ministerios de la presidencia y planificación, que han golpeado las bases de nuestras instituciones democráticas y la credibilidad de muchos conciudadanos en ellas.

Actitudes en contra de principios democráticos y de la cultura democrática de los costarricenses

Juzgo que, el mayor golpe del actual presidente contra nuestros valores, la cultura y los principios democráticos ha quedado patente en cada una de las conferencias de prensa de los miércoles, de las que se han servido él y muchos de sus ministros para agredir en forma verbal y frecuentemente, a los demás poderes del estado y sus miembros; menciono en particular a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General como representante legal del estado y la Fiscalía General.

No me refiero al derecho que le asiste a cualquier ciudadano, incluido desde luego al presidente, de manifestar su crítica por dura que sea contra los demás poderes del estado, cuando hayan incurrido en alguna equivocación o error. No, la crítica contra cualquier poder del estado es parte inalienable de la democracia. Lo que quiero puntualizar es el vocabulario soez, burlesco, vulgar y procaz al que nos tiene acostumbrados Rodrigo Chaves y la mayoría de sus ministros acólitos; lenguaje que, toca el corazón de la ética democrática. Un presidente puede ser firme, pero no arbitrario, ni prepotente. La democracia no es equivalente al silencio ni menos a la sumisión. Pero quien asume la primera magistratura del estado, no habla a título personal, cada palabra o gesto suyo encarna el peso de la institución que representa. Chaves ridiculiza, apela al sarcasmo o al insulto y la ridiculización humillante, con lo cual pretende socavar la legitimidad de los demás poderes de la República, cada vez que lo hace.

En efecto, Chaves con su lenguaje chabacano y confrontativo, no ha hecho sino alimentar la lógica de “enemigo del pueblo”, fomenta la polarización social y debilita el principio del estado democrático de pesos y contrapesos, que es clave en el Estado de Derecho. El presidente Chaves y con él Laura Fernández en calidad de ministra, y ahora como candidata, no han hecho sino traspasar la barrera que diferencia la crítica sana, el respeto mutuo y el poder de la ley para ofrecer un mensaje peligroso que fomenta el conflicto, el “populismo comunicacional” y la cultura cívica. En suma, un presidente puede ser firme sin ser ofensivo, puede ser crítico sin ser vulgar, y finalmente ser directo sin ser burlón.

Insultos y descalificaciones a legisladores y miembros de otros poderes

En sus discursos ante la Asamblea Legislativa hemos encontrado frases como: “idiotas en el Congreso”, “Corruptos como Carlo Díaz” (fiscal general), o el “matonismo de Carlo Díaz” en forma despectiva; también ha dicho “el TSE está haciendo cosas inauditas” en tono de burla; en otro momento arremetió en forma despectiva para ante la contralora diciendo que “la Contralora está sentada en la galleta”, cuando lo que ha habido son diferencias y llamadas de atención frente al proceder del jefe del poder ejecutivo y ministros suyos; “Me importa un pepino” usó decir en otra ocasión frente a sus críticos.

En su tercer informe de labores afirmó que: “Es absurdo demandar respeto para los demás poderes de la República”, porque según Chaves “…están cosechando lo que sembraron”, o sea, los miembros de los demás poderes no merecen respeto.

En el uso de las redes sociales, Chaves ha admitido que le dio un “me gusta” a publicaciones con insultos tales como: “ratas asquerosas”, “buitres”, “payasos”, “retrasados mentales” en contra de opositores y contrapesos políticos. A veces no ha sido quien escribió los insultos de su propia mano, pero al darles un “me gusta” ha contribuido al tono ofensivo que lo caracteriza para tratar a aquellos que lo adversan y emplear el lenguaje propio de quien quiere normalizar la arenga politiquera y no el respeto desde la presidencia de la República. Algo ha ido aprendiendo Laura Fernández al respecto del lenguaje procaz y vulgar.

El lenguaje empleado para ante la Corte Suprema de Justicia es de antología, al argüir que “La Corte Suprema de Justicia es una vergüenza nacional”. Y, luego agregó que “ni la Corte, ni la fiscalía general buscan justicia”. Todo esto ocurrió a propósito de la petición del desafuero por parte de la Corte para el presidente Chaves.

Medidas o decretos rayanos en la inconstitucionalidad

La Sala Constitucional declaró inconstitucionalidades parciales contra decretos que buscaban por parte del presidente endurecer la política migratoria o de asilados. Ha sido una tradición de Costa Rica el ejercicio de la solidaridad contra asilados, sean asilados políticos o no. Algunas disposiciones de Chaves Robles se orientaron a “prohibir el libre tránsito” y la “libertad de movimiento”, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como La Convención Americana de Derechos Humanos”. Por eso, la Sala Constitucional hubo de enmendarle la plana a decretos de la presidencia de la República. Pero el Estado debió ser sancionado, porque al aplicarlos ocasionó daños y perjuicios contra personas individuales. El Estado fue entonces condenado a pagar daños y perjuicios ante la aplicación de dichas normas. Para mayor abundamiento diré que para aplicar restricciones fundamentales a la libertad de movimiento o al derecho de asilo es requisito que la Asamblea Legislativa apruebe una ley expresa. Pero, aclaro que, tal requisito, el poder ejecutivo dirigido por Chaves se lo saltó.

Por otor lado, el gobierno derogó por decreto la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad (2024). La Sala consideró que la acción del ejecutivo había sido abrupta, arbitraria y sin fundamento legal ni técnico. Tal derogatoria resultaba a todas luces discriminatoria contra un grupo de personas históricamente discriminado.

Encontramos también más recientemente, la negligencia y el desdén del poder ejecutivo a ejecutar partidas del presupuesto, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa para instituciones de seguridad ciudadana, tales como el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. El ejecutivo se negó a girar un monto de nueve mil millones de colones orientados a fortalecer la capacidad del OIJ y del Ministerio Público, específicamente para financiar plazas nuevas de investigadores, fiscales y técnicos necesarios para combatir la criminalidad. Hacienda justificó su renuencia a girar los fondos alegando que se habían destinado al pago de la deuda pública, incurriendo probablemente en el delito de peculado o desvío de fondos públicos aprobados por la AL con un destino específico. El presidente del Poder Judicial advirtió con claridad que tal decisión afecta la capacidad operativa del OIJ y del Ministerio Público para actuar contra la criminalidad, ya que sin esos recursos no se puede contratar el personal, pues no se podrán activar las plazas aprobadas por el Poder Legislativo. Se trató de una decisión arbitraria por parte del ministerio de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo. Creo conveniente aclarar antes de proseguir que, ciertamente la Constitución y la ley fiscal de nuestro país permiten que el Ejecutivo decida la ejecución presupuestaria, pero igualmente, señalan que usar esa prerrogativa con fines claramente politiqueros, dejando sin ejecución partidas urgentes aprobadas por la AL, genera una situación de “arbitrariedad institucional que debilita la separación de poderes…” especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la seguridad pública.

Me interesa de manera particular, poner en claro cómo fue que el actual gobierno se separó del acuerdo de Escazú, un tratado internacional, cuya aprobación se produjo en Escazú, Costa Rica. Al respecto desde la perspectiva del Derecho Internacional, encontramos que: “Cuando un Estado firma un tratado y luego decide no ratificarlo o entorpece su implementación, puede estar incumpliendo la obligación de buena fe internacional bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que exige que las partes actúen de forma coherente con los compromisos internacionales que han asumido (incluso en procesos de ratificación). Esto puede generar responsabilidad internacional –aunque no tenga efecto inmediato en el derecho interno costarricense mientras el tratado no esté ratificado. – Costa Rica fue sede y uno de los países impulsores de Escazú. El hecho de que hoy no lo ratifique -y que el Ejecutivo comparta esa posición- ha sido interpretado por expertos y por organismos internacionales como un retroceso en materia de transparencia ambiental, acceso a la justicia y participación ciudadana, pilares del tratado. (El Observador. El texto resaltado es del original).

Hay mucho más, pero por ahora espero que lo señalado sea suficiente para probar el autoritarismo, la arbitrariedad y el espíritu anti democrático conforme al cual ha actuado tanto el Presidente Chaves como la candidata Laura Fernández.

Unidad por una Costa Rica que continúe fortaleciendo la institucionalidad democrática

Señalo que fue mi hermano, el sociólogo Roberto Salom uno de los primeros que se pronunció antes de que los partidos políticos hubiesen consolidado sus candidaturas, en favor de trabajar por la consolidación de una alianza democrática y progresista. Los contactos que realizó no fructificaron. Excepción calificada fue la de los partidos Agenda democrática y Acción Ciudadana. Los cuales, por su propia iniciativa, ante el desinterés de los demás en forjar esta unidad amplia, hicieron lo propio creando la “Coalición Agenda Ciudadana” encabezada dignamente por la Arquitecta Claudia Dobles, cuya inteligencia, don de gentes y liderazgo le han permitido desenvolverse en esta campaña con gran éxito. Al poco tiempo se les sumó el “partido Republicano Calderonista”.

En esa misma dirección, diez partidos firmaron un pacto cuya iniciativa fue prohijada por instituciones de la UCR y organizaciones de Sociedad Civil; podría llamarse este pacto, “un acuerdo ético-político por Costa Rica”. Diez partidos políticos dijeron presente en el lanzamiento del “Acuerdo Nacional contra la Desinformación y el Odio” celebrado el 31 de octubre del 2025. El pacto fue firmado por diez organizaciones políticas que son: Aquí Costa Rica Manda, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Alianza Costa Rica Primero, Partido Centro Democrático y Social, Partido Esperanza Nacional, Partido Frente Amplio, Partido Liberal Progresista, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y Partido Progreso Social Democrático.

Todavía se pueden promover acuerdos puntuales como es una colaboración entre todos en el conteo de los votos, tanto cuando se cierren las urnas, como después en el conteo de los votos en el TSE que es muy cuidadoso. Se podría establecer un acuerdo de colaboración para movilizar electores de los otros partidos políticos. Y, desde luego, si hubiese segunda ronda un acuerdo para apoyar a aquel partido o coalición que vaya a participar en estas lides. Todo esto y más puede anticipar las condiciones para una agenda común parlamentaria, que no impida a cada partido mantener sus propios puntos, los cuales puede negociar con otros grupos parlamentarios.

Eligiendo Patria

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Arnoldo Mora

Cada cuatro años los costarricenses somos convocados para escoger a quienes dirigirán en el próximo gobierno los destinos de la Patria rigiéndola dentro de las normas constitucionales propias de nuestro sistema democrático. Tradicionalmente nuestro pueblo ha vivido el proceso (“campaña electoral”) que culmina con el traspaso de poderes a quienes ganaron la justa electoral como una fiesta cívica; durante los meses que la antecedieron multitudes expresaron sus opciones políticas mediante desfiles, banderas, vehículos haciendo sonar sus pitonetas, gentes gritando, candidatos dirigiendo encendidos discursos a entusiastas multitudes en los más variados rincones de nuestra geografía. Hoy nada de eso se ve o, más exactamente, tan sólo existe en la memoria de quienes teníamos al menos siete años de edad entonces. Actualmente todo ha sido sustituido por las redes sociales, los debates en la televisión, los anuncios en medios de comunicación promoviendo a quienes se postulan como candidatos; la campaña electoral se ha dividido en dos, ya no se lleva a cabo tan sólo cada cuatro años, sino cada dos años: una para elegir a quienes dirigirán las riendas del país desde el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, y otra para escoger a las autoridades municipales; sin embargo, se le da más importancia a la primera, como se muestra en el hecho de que en las elecciones para elegir munícipes, la asistencia a las urnas suele ser al rededor del30% del padrón electoral. Esta vertiginosa y honda transformación de nuestra cultura política es consecuencia de la profunda e irreversible repercusión en nuestros hábitos de vida, tanto públicos como privados, se debe a la influencia de la revolución científico-tecnológica en los medios de comunicación. Esta revolución ha afectado de manera particular a los medios de comunicación, de cuyo ejercicio depende en buena medida la actividad política, ya que ésta consiste en la predominancia del recurso a la palabra y a la imagen visual (“lenguaje icónico”) como medios de persuasión. Y todo hecho con una impactante eficacia y rapidez, que nos permite tener literalmente el mundo en nuestras manos con sólo mover nuestros dedos en la estrecha pantalla de un teléfono celular dondequiera que estemos. Más aún, me sospecho que no está lejano el momento en que podremos ejercer el democrático derecho de elegir a quienes deseamos que nos gobiernen recurriendo a estos medios que nos ofrece la tecnología…

Pero volvamos al aquí y al ahora… Lo cierto es que ya debemos prepararnos para ir al recinto donde, en la presencia tan sólo de quienes cuidan las urnas, depositemos la papeleta señalando como expresión de nuestra voluntad soberana, a quienes queremos que sean las futuras autoridades. Para conocer a estos personajes, su perfil personal, sus propuestas programáticas y la ideología en que las fundan, la Constitución ha previsto que el Tribunal Supremo de Elecciones organice y promueva la campaña electoral en los meses previos a la elección. Esta cita con el destino de la Patria reviste dos facetas: una exterior que nos concierne en cuanto miembros de la sociedad, y la otra que atañe a la solitaria intimidad de nuestra conciencia ciudadana; ambas se anudan en el preciso momento en que cumplimos nuestro deber cívico, gracias al ejercicio mismo de depositar el voto en una urna que acoge en sus sigilosas entrañas la huella indeleble de nuestra voluntad de ciudadanos libres. En cuanto a la primero faceta, la Constitución ha dispuesto sabiamente que el Tribunal Supremo de Elecciones asuma el mando de las fuerzas policíacas, lo cual garantiza que los ciudadanos ejerzan sus derechos sin coerciones ni temores. De ahí el ambiente festivo que rodea a los recintos – normalmente escuelas y colegios públicos- a donde acuden los ciudadanos a votar. Valga la oportunidad para externar mi efusiva felicitación al Tribunal Supremo de Elecciones, no sólo por cumplir escrupulosamente este deber constitucional, sino también para, aprovechando el tiempo de campaña, incitar a los ciudadanos a cumplir con sus deberes patrios, labor altamente cívica pues ataca a uno de los mayores enemigos de nuestro alabado sistema democrático, como es el masivo y creciente abstencionismo.

Pero más allá del mundo exterior, hay otra dimensión de la vida democrática que concierne al ámbito de nuestra conciencia ciudadana. Cultivar nuestra conciencia ciudadana con los mejores valores cívicos constituye la más sólida base que nos garantiza el poder gozar de una auténtica democracia; de poco sirven la leyes y las instituciones pública, por más buenas que sean, si dentro de nuestra piel no palpita el amor a la Patria que nos lleve a la práctica de las más acrisoladas virtudes que adornan a un hombre de bien. Nuestra conciencia configura el ámbito axiológico, lo cual no es mensurable, pues nos revela lo cualitativo y no lo cuantitativo de la humana existencia, si bien se refleja en las consecuencias verificables de los efectos que nuestra conducta produce en nuestra condición de miembros de la sociedad en cuyo seno vivimos. Ejercer nuestros deberes y derechos ciudadanos es, por ello mismo, un deber para con la Patria, pues, si bien tenemos derecho a nuestra privacidad, somos igualmente miembros de una comunidad, por lo que nuestros actos repercuten, para bien o para mal, en la marcha del todo social en el que estamos insertos; cada uno de nuestros actos define el tipo de sociedad que queremos, el tipo de ser humano que deseamos ser como parte del tejido social; nuestro país es lo que sus habitantes quieren que sea; no esperemos milagros; si nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos y soñamos con un futuro halagüeño para nosotros y nuestro país, debemos asumir la responsabilidad que esto implica.

Todo la cual es particularmente importante en las elecciones que tendremos el próximo 1ro. de febrero. Desde 1949, año en que se promulgó la Constitución Política que actualmente nos rige, el Estado de Derecho nunca había sido cuestionado como sistemáticamente se ha venido haciendo durante todo este cuatrienio; el Poder Ejecutivo ha sembrado la duda en torno a las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, ha cuestionado a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Constitucional, ha desprestigiado al Primer Poder de la Nación, ha violentado el derecho a la libre expresión de los ciudadanos y, en especial, de los medios de comunicación que lo adversan, ha cultivado un lenguaje agresivo, que propicia la discordia entre los ciudadanos, todo lo cual riñe con lo que solemos entender por democracia.

Este insólito y preocupante fenómeno político se sustenta en una causa: se ha roto el contrato social en que se basaba el orden democrático que ha regido en el país después de la Guerra Civil que ensangrentó y dividió a la familia costarricense en el fatídico verano de 1948. Todo lo cual no es más que el reflejo a nivel local de lo que está pasando en el mundo entero, cuando el esperpéntico jefe del Poder Ejecutivo de la hasta hace poco nación más poderosa del mundo, desafía con histriónicos gestos a todo el orden mundial. Costa Rica o, más exactamente, sus actuales gobernantes, como súbditos obsecuentes de ese decadente imperio, no podía quedarse al margen. Por eso el reto que asumimos las generaciones actuales, es ir dando pasos para la construcción de una Patria que esté a la altura de nuestros próceres y de los sueños de las nuevas generaciones, apoyando con nuestro voto a quienes han demostrado con su trayectoria política que están a la altura de tan nobles ideales. Hoy tenemos una cita con la historia: elegir la Patria que queremos.

Chaves y las nuevas formas de hacerse con el poder

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Gerardo Fumero Paniagua

Rodrigo Chaves Robles, populista y confrontativo, se caracteriza por un discurso disruptivo -diría que de odio-, que polariza la sociedad entre «el pueblo» y lo que él denomina «las élites» o «las castas» que han gobernado históricamente. Su movimiento utiliza el resentimiento legítimo de sectores olvidados por el Estado, para canalizarlo contra las instituciones que protegen el Estado de Derecho, haciéndoles creer que son las culpables de su pobreza.

Chaves piensa en Costa Rica como un «Estado fallido», secuestrado por grupos de interés. Deslegitima las instituciones, calificándolas como obstáculos a la voluntad popular que él dice representar, en una narrativa que divide el espectro político en «nosotros» contra «ellos».

La conferencia de Prensa de los miércoles es una plataforma de «juicio público», donde se señala a opositores, periodistas o funcionarios específicos, a menudo usando apodos o lenguaje sarcástico y hasta vulgar, utiliza las redes sociales y los troles para atacar voces críticas y desgastar las instituciones, criticar sus fallos y erosionar la confianza pública en ellas. Ataca y estigmatiza la «prensa canalla», reduce el presupuesto para la educación y las universidades públicas, y llega al extremo de pretender acallar los medios, tanto escritos, como la Radio y la TV.

La nefasta y absurda «Ley Jaguar» y el Referéndum, fueron sus peticiones a Santa, para eliminar los órganos de control, y ahora busca 40 diputados para las próximas elecciones, que le facilitarían una nueva Constitución, el delirio de todo dictador.

Para todo ello, ha hecho alianza con el capital privado, el fideicomiso «Costa Rica Próspera» supuestamente funcionó como una estructura paralela para pagar gastos de campaña sin reportarlos al TSE, como debió. Jack Loeb y Calixto Chaves, figuras del empresariado tradicional y vinculados históricamente a otros partidos, se convirtieron en sus principales financistas.

Finalmente, ha logrado crear un ecosistema mediático que amplifica el discurso oficialista y ataca a la prensa crítica, para lo cual ha utilizado la pauta y las compras del Estado, como herramientas para premiar a medios que mantienen una línea editorial estrictamente favorable al Gobierno. Tal es el caso del coordinador de finanzas de Partido Pueblo Soberano, Carlos Valenciano Kamer, a cuyas empresas -Datasys Group- se les ha adjudicado millonarias compras del ICE y Racsa, quien a su vez es dueño de un importante canal de TV -OPA, al servicio de Chaves-, además de otras relaciones con financistas como Stephan Brunner y Douglas Altamirano.

Dichosamente hoy vivimos en una democracia que, aunque imperfecta, ningún dictadorzuelo terminará logrando sus objetivos fácilmente, gracias al equilibrio de poderes en nuestra Democracia Republicana. Pero no era así en nuestros primeros años de vida independiente y prácticamente todos los golpistas impusieron su propia Constitución, tal y como lo pretende también Chaves. Sucedió en 1823 y 1847. Y se repitió después de la guerra de 1856-1857, con el país sumido en una crisis económica y diezmado por el cólera, causante del descontento social, pero que fue aprovechado por la oposición para culpar a la administración de Juanito Mora, de la miseria del pueblo.

Similar a lo que sucede hoy, también en 1856 la oposición comenzó una guerra de desgaste, a través del periódico “La Nueva Era”, cuestionando la legitimidad de las decisiones del gobierno, criticando el gasto militar y promoviendo la idea de que Costa Rica necesitaba una «regeneración institucional”, léase “nueva Constitución”.

Alrededor de ese periódico se aglutinó el movimiento opositor a Mora, que también se coaligó con la oligarquía cafetalera y grandes intereses económicos, como, por ejemplo, los traidores Vicente Aguilar, su antiguo socio comercial, José María Montealegre, quien asumió la presidencia tras el golpe, Lorenzo Montúfar y Bruno Carranza.

El movimiento culminó con la ejecución de Mora en 1860, fusilado en Puntarenas, por orden de los líderes del movimiento «La Nueva Era», “uno de los actos más abominables de nuestra historia patria”, así lo califica Tomás F. Arias Castro, Los asesinatos del Presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla, EUNED, 2016. Entonces se redactó -una vez más- una nueva Constitución Política, la de 1859. Igualmente sucedió en 1869, 1871 y 1917. En 1949 de igual forma, aunque gobernó una Junta de Gobierno.

Sin embargo, a partir del totalitarismo hitleriano, que uso métodos populistas, pero sobre después de las redes sociales, el populismo tiene claro el enorme potencial de las mismas para manipular las masas, y que son las emociones más que las razones, las que influyen en ellas. Entonces las poses, las promesas, la grandilocuencia, las charangas y el hombre fuerte, dispuesto a canalizar la frustración del pueblo contra el statu quo, más que los programas de gobierno, son los elementos que cautivan a las masas. Además, tienen claro que ya tampoco es necesario un golpe de Estado, suficiente es prometer lo que la gente quiere, despotricar contra los supuestos responsables -todos los gobernantes anteriores-, descalificarlo todo para justificar rehacerlo bien y declarase el mesías que esperaba el pueblo para corregir tanta injusticia, para que las masas voten por ellos.

Escribiríamos la página más ingenua de nuestra vida democrática si en febrero del 2026, otorgáramos una mayoría legislativa a quienes ya han demostrado durante 4 años, la más absoluta arrogancia e ineptitud para construir, pero la mejor de las habilidades para crispar, dividir, envenenar y enlutar esta sociedad. Es tal la torpeza e incapacidad de su candidata, que ya OPA anunció que “por esta vez” no hará debates. Ingenuidad digo, porque ahora sí conocemos sus verdaderas intenciones: tomar el país, al mejor estilo de Chávez en Venezuela u Ortega en Nicaragua, pero igualmente, no para nada positivo.

Todo lo contrario, sería para garantizar el “continuismo”, como dice su actual eslogan de campaña y lo grita su candidata a los cuatro vientos. Advertidos estamos entonces, nos esperarían: mayores listas de espera en la CCSS, medicinas y arroz más caros, mayor delincuencia y criminalidad, incluido el sicariato -mientras se maten entre ellos-, apertura de fronteras, puertos, aeropuertos y costas, para el libre tránsito de drogas, menos presupuestos para seguridad y educación, un tipo de cambio para arruinar la industria del turismo y las exportaciones, y chorizos como los del recarpeteo de la pista del aeropuerto de Liberia, la adjudicación de los Ebais de la CCSS, las adjudicaciones de la Red de Internet y 5G, del ICE y Racsa, etc.

Y para ser consecuentes: no habría nuevas obras de infraestructura, nada de hospitales ni escuelas, ni inversiones en seguridad, pero en cambio, se seguiría favoreciendo a sus amigos con Rutas como la del arroz y a sus financistas de campaña con las adjudicaciones del ICE, haciendo alianzas con gobiernos amigos para quitar Visas, replicando cárceles en donde se violan los derechos humanos, envenenando y dividiendo esta sociedad, etc.

La verdad fáctica sobre la elección del 1º de febrero

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Vladimir de la Cruz

Todos los partidos con sus candidatos, a la presidencia de la República, en las elecciones que se realizarán el domingo primero de febrero, están obligados a presentar un Plan de Gobierno, una oferta de intenciones para realizar una vez que, alguno de ellos, asuma el gobierno, el Poder Ejecutivo, en caso de que resulte triunfador ese día.

De no lograrlo, pasarán a la segunda ronda, el primer domingo de abril, los dos que hubieren logrado el porcentaje más alto de votos. En este segundo caso, de nuevo quedan a la disposición de los votantes escoger entre dos candidatos, dos partidos y supuestamente dos programa posibles de Gobierno.

Los electores, los votantes de la primera ronda, que no salieron favorecidos con las propuestas de sus candidatos de la primera ronda, se verán obligados a aceptar alguna de los dos propuestas de esta segunda ronda, gusten o no gusten.

Pero, ¿es real la posibilidad de que esos planes de gobierno se realicen de modo inmediato, en cuanto el candidato ganador asuma el gobierno el 8 de mayo próximo? La verdad es que no es real.

El Presupuesto Nacional de la República para el año 2006, que ya inició, que ya empezó a funcionar en su ejecución, fue aprobado en noviembre del año pasado, del 2025, y estamos en el 2026. No hay posibilidades reales de que ese Presupuesto Nacional pueda modificarse para adaptarlo al Programa de Gobierno que ofreció el candidato ganador o candidata ganadora. Esto ha sido así para todas las elecciones anteriores. El candidato ganador tan solo puede gestionar, administrar lo más correctamente el Presupuesto Nacional hasta el 31 de diciembre, ejecutar ese Presupuesto garantizando el buen uso de esos dineros nacionales para lo que han sido dispuestos. A lo sumo podrá modificar algunas partidas presupuestarias, si lo tiene bien estudiado y en posibilidad de hacerlo en los meses de mayo, junio y julio. Si no lo hace allí, ya no tendría oportunidad de modificar prácticamente nada, porque en noviembre tiene que aprobarse el Presupuesto Nacional de la República del próximo año, del 2027. ¿Y, cuando se elabora ese Presupuesto?

Desde marzo se inicia la preparación institucional de ese Presupuesto del 2027. Toda la institucionalidad pública ya está trabajando en esa dirección. En marzo se empiezan a recoger las primeras directrices y resultados de lo que se va armando como Presupuesto del próximo año.

El próximo presidente o presidenta asumirá el gobierno el 8 de mayo, de manera que han transcurrido cuatro meses sin que pueda accionar de manera pura, solo él, su partido, sus ministros, sus asesores, en la elaboración del nuevo Presupuesto, puesto que, al asumir la Presidencia, ya el Presupuesto del 2027 tiene casi tres meses de estarse preparando.

En la práctica institucional este Presupuesto, en borrador debe estar técnicamente terminado en agosto, puesto que en setiembre y octubre inicia el trámite legislativo para que sea aprobado a más tardar el 30 de noviembre.

De esta forma, el Programa de Gobierno, que ofrecen los candidatos y sus partidos son básicamente Planes de Buenas Intenciones para el futuro Gobierno.

En los Informes presidenciales del primer año de gobierno, que se rinde obligadamente a la Asamblea Legislativa, como parte del control político constitucional, que tienen los diputados sobre el presidente y su Poder Ejecutivo, que yo recuerde, ningún presidente les dice o informa a los diputados lo que ha cumplido de lo que prometió en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia. Generalmente, hacen un balance de la buena marcha que hicieron de la gestión y administración de las partidas que estaban asignadas en el Presupuesto para su ejecución.

En mi opinión esta situación ha sido el factor principal de desilusión, de desencanto que ha habido, de manera acumulada, con los gobernantes y partidos políticos que han ejercido el mando del Poder Ejecutivo. Los votantes de esos presidentes y partidos se han visto desmotivados ante el incumplimiento de sus presidentes y partidos, y esa desmotivación abraza a los no votantes por ellos, por cuanto tampoco ven buenos resultados frente a las expectativas que todos pusieron en las elecciones y sus resultados.

A esto podemos agregar los escándalos en que presidentes, y su Poder Ejecutivo, en sus ministerios e instituciones que dirige, se ven involucrados por prácticas de corrupción administrativa, de sus personas y equipos ministeriales e institucionales, que embarriala a todo el aparato de Gobierno, a quienes lo dirigen y a sus partidos políticos.

Todo esto produce un cansancio político, un agotamiento, una desesperanza anímica que desde 1998 viene expresándose en el aumento del abstencionismo electoral, en el no deseo de votar de los ciudadanos “por más de lo mismo”, o “de los mismos”.

Antes de 1998 el promedio del abstencionismo histórico era del 18%. Desde ese año ha aumentado pasando el promedio histórico en estos últimos siete procesos electorales a más del 25%, con procesos electorales que han pasado del 30%. Pero, recordemos que, con cualquier número de abstencionistas, siempre se elige presidente, porque para ello solo cuentan los “votos válidamente emitidos”, que son aquellos que se depositan para cualquiera de los candidatos. Quedan fuera de la cuenta de votos los emitidos en blanco, o los que se anulan por alguna razón porque así lo establezcan en la mesa electoral.

Los actos de corrupción son personales, son realizados por personas, no por entes abstractos, como por ejemplo, “Poder Ejecutivo”, “partidos políticos”, “la política”. El presidente, cuando no está directamente involucrado, en esos actos y no actúa contra la persona responsable queda involucrado fácticamente. Lo mismo sucede con el partido político que los llevó al gobierno, si se hacen los “tontos”, se “separan” del escándalo, como si no fuera con ellos como partido, porque como partido no se pronuncian sobre esos escándalos y sobre esas personas, ni tampoco establecen sanciones partidarias.

También suma en este sopor electoral el que antes del 2022 las sesiones parlamentarias, empezaban en mayo con las llamadas “ordinarias”, que es cuando los diputados tienen la iniciativa de ley. Es cuando solo los diputados y sus partidos pueden proponer proyectos de ley. Antes del 2022 esas sesiones “ordinarias” se prolongaban casi todo el año: mayo, junio, julio, setiembre, octubre y noviembre. Quedaba en este período solo el mes de agosto para las llamadas sesiones “extraordinarias”, que es cuando el Poder Ejecutivo, el presidente, puede proponer proyectos de ley, quedándole luego los meses de diciembre a abril, del siguiente año para seguir proponiendo proyectos de ley.

Esta situación cambió justamente en el 2022, cuando las sesiones legislativas se modificaron en sus períodos de arranque, para que las extraordinarias inicien en mayo, junio y julio, y por períodos de tres meses se van alternando. Esta iniciativa fue de quien esto escribe en la Comisión de Notables del 2010, que duró bastante para ser aprobada. Teóricamente le da al presidente electo, en febrero o en abril, del año electoral, que arranque sus primeros tres meses de gobierno con posibilidad de presentar sus primeros e importantes Proyectos de Ley, que son de su interés para marcar la ruta del gobierno y satisfacer en parte lo que ofreció en la campaña electoral.

En el año 2022 el presidente Rodrigo Chaves no tenía nada preparado. No tenía partido político que le ayudara, por su experiencia o por sus cuadros o dirigentes políticos a elaborar esos primeros proyectos. Si recordamos bien, los primeros días de mayo el gobierno no presentó proyectos, y si no presenta proyectos la Asamblea Legislativa no trabaja. Así empezó Rodrigo Chaves, sin presentar importantes proyectos de ley. Entró con las manos vacías y sigue con las manos vacías de Proyectos de Ley. La ruta de la educación fue un fiasco, la del arroz, ni qué decir de sus resultados.

Las únicas rutas que se activaron y desarrollaron fueron las del narco tráfico, las del desmantelamiento de los controles de lucha contra las bandas narcotraficantes, las que han permitido que Costa Rica se convierta en la bodega más importante del narco de la región, y consecuencia de ello el país se halla dividido en bandas que controlan regiones, lo que ha repercutido al incremento de crímenes, que ya pasan de los 1000 al año.

Lo que se destaca de la lucha contra el narco es lo que frecuentemente se decomisa en distintos países Europa que ha salido, campantemente, desde Costa Rica, a vista y paciencia de las autoridades de gobierno, con complacencia del presidente, que han desmantelado las bases navales de esa lucha y han debilitado las aéreas, debilitando los controles, incluso tecnológicos de control, como el apagón que se hizo por casi doce horas en el tráfico aéreo y de sus radares, de todo el país.

En los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, para que los candidatos presidenciales expliquen o divulguen a los televidentes, radioyentes y seguidores de sus redes sociales, se les da entre 30 segundos y no más de un minuto y medio, para que se refieran al tema que se le proponen de un formato de cuatro temas, lo que se convierte en un Canto a la Luna, sobre todo cuando se cuestionan entre ellos mismos a la posibilidad de justificar los fondos para sus proyectos de ley o de reformas institucionales, sobre un ejercicio de gobierno que inicia sin que ellos puedan literalmente hacer casi nada.

Los debates deberían concentrarse sobre los ejes principales de los candidatos para dirigir su gobierno, y no sobre las tareas específicas. No se ha perdido el tiempo con estos encuentros con los candidatos, pero no se les ha dado la mejor dirección para lucirlos, para presentarlos. En las instancias privadas que seleccionan candidatos se comete el mismo error de conducción de esos encuentros, preparados sobre algunos temas específicos, ignorando, que poco pueden hacer en la inmediatez de la asunción al Gobierno.

Estamos a 19 días de la elección. La elección va a depender más de la emoción que puedan causar estos candidatos a los votantes. Hasta ahora no destaca nada que atraiga como un gran imán a las masas electorales sobre los programas presentados al Tribunal Supremo de Elecciones.

El elemento que atrae centrífuga o centrípetamente, en el proceso electoral en marcha, es si el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles debe continuar proyectado, en su candidata oficial Laura Fernández, en primer lugar. Y si se le debe dar 40 o más diputados a ese partido para tener mayoría parlamentaria, dándole la posibilidad y capacidad de dirigir el país de una manera autoritaria, dictatorial, tiránica, despótica y militarista más fuerte que como lo ha intentado el presidente Rodrigo Chaves. A ello sumémosle la posibilidad, que le ha sido ofrecida a Rodrigo Chaves para que continúe en el Gobierno, como ministro de la Presidencia, que lo haría el ministro más poderoso que la misma presidenta, en su lucha de dinamitar los poderes públicos y la institucionalidad democrática del país. Sería darle las armas para que pueda acabar con el Estado de Derecho, que es acabar con la independencia de poderes, acabar con la exclusividad de funciones, acabar con la indelegabilidad de esas funciones y de promover la subrogabilidad de los Poderes Públicos a la voluntad dictatorial y autoritaria de la mandataria, que solo estaría obedeciendo el Mandato de su ministro y no el Mandato del pueblo costarricense, que en el resultado electoral es el que se representa.

Por lo anterior, lo urgente es detener el peligro que significa el triunfo de Laura Fernández a la presidencia de la República, e impedir la elección de los candidatos a diputados, muchos de ellos cuestionados por estar con procesos judiciales pendientes, incluso de dineros que deben a las instituciones públicas y por ser defensores de destacados líderes del narcotráfico nacional, lo que recuerda el caso de otro diputado de condiciones similares, que en el pasado casi llegó a ser presidente legislativo, y ha terminado varias veces detenido y apresado por sus defensas y compromisos con estos personajes.

Lo que parece real es que la derrota posible de Laura Fernández descansa principalmente en la mayor cantidad de votantes que lleguen a las urnas electorales. Entre más personas voten, estadísticamente está comprobado, más posibilidad de que no gane. Esta es la realidad.

El esfuerzo de la ciudadanía debe ser de ir a votar. Derrotar a Laura y a su partido Pueblo Soberano con menos abstencionismo. Votar es la tarea política más importante del momento y trance histórico que tiene Costa Rica, para su democracia futura y para la defensa del futuro de todos los costarricenses.

Si votar le produce algún mal olor en la urna electoral, como me ha dicho un ciudadano, aconsejo que escoja el partido y el candidato que mejor considere, o que estime que tiene más posibilidad de ganarle a Laura, si así lo percibe, se presente a la urna, y con la mano que tenga que votar así lo haga y con la otra se tape la nariz. Pero, no se quede sin votar. Es la democracia costarricense la que está en juego. No lo olvide.