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Etiqueta: estado de derecho

Guatemala: Ministerio Público debe cesar la intimidación a los medios de comunicación y respetar la libertad de prensa

Washington DC, 8 de abril de 2025

Las organizaciones firmantes condenan la campaña de desinformación y criminalización infundada en contra de los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, cuya labor de periodismo comunitario y feminista en Guatemala es fundamental para la democracia del país.

El Ministerio Público (MP) -bajo el mando de María Consuelo Porras- ha deteriorado seriamente el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala al perseguir y criminalizar a voces críticas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad. En lugar de ser un ente garante de la institucionalidad del país y de brindar justicia a la población, el MP se ha convertido en un instrumento de represión.

Prensa Comunitaria y Ruda han publicado investigaciones que han expuesto grandes esquemas de corrupción y los mecanismos usados por los grupos de poder para la cooptación del sistema de justicia, así como los patrones de criminalización del MP, y ahora son objeto de demandas infundadas e intimidación de que se abran nuevos procesos.

Exhortamos al Ministerio Público para que respete el estado de derecho y la libertad de prensa en el país y se abstenga de seguir impulsando casos espurios en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo hicieron con el reconocido periodista José Rubén Zamora. Asimismo, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analice la situación de riesgo de las y los periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda y examine su situación y su solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.

Organizaciones firmantes:

Washington Office on Latin America (WOLA)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)

Latin America Working Group (LAWG)

Amnistía Internacional

American Jewish World Service (AJWS)

Robert F. Kennedy Human Rights

Article 19

Guatemala: Piden garantizar la toma de posesión de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Las organizaciones internacionales firmantes manifestamos nuestra preocupación por las amenazas de obstrucción del proceso de toma de posesión de los nuevos integrantes de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Comité Asesor de Inversiones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegidos el pasado 14 de febrero de 2025, y la extensión indebida del mandato de las actuales autoridades, que, de acuerdo con el marco legal, venció el 20 de marzo de 2025.

El acceso al poder, su ejercicio y las garantías de elegir y ser electo de acuerdo con el Estado de Derecho, es un elemento esencial de la democracia. Es por ello que los resultados de la elección de nuevas autoridades del CANG mediante el sufragio de sus agremiados, deben materializarse mediante la toma de posesión, y no ser obstruida mediante recursos que carecen de fundamento, para garantizar la legitimidad y estabilidad institucional del CANG, así como para fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho en Guatemala.

Es preocupante que se esté tramitando una apelación que pretende anular el resultado de la elección, pese a que se presentó de manera extemporánea y sobre aspectos que no son esenciales para la elección.

Reconocemos que toda persona tiene derecho a plantear cuestionamientos, pero estos deben plantearse dentro del plazo legalmente establecido, por lo que rechazamos la decisión de la Junta Directiva saliente (2023-2025) de intentar prolongarse en el cargo y de otorgar efectos suspensivos a la apelación planteada, cuando no existe ninguna disposición legal que lo establezca.

Hacemos un llamado a la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales para que resuelva de manera inmediata la apelación y garantice la efectiva toma de posesión de la nueva Junta Directiva y el Tribunal de Honor, en cumplimiento con la normativa vigente. Se debe respetar la voluntad expresada en las urnas por los agremiados del CANG, garantizando la alternabilidad institucional y evitando acciones que menoscaben la confianza en los mecanismos electorales y en la independencia de los órganos colegiados.

Instamos a todos los profesionales de las diferentes disciplinas a respaldar este proceso y a hacer escuchar sus voces frente a sus respectivas autoridades gremiales para que se pueda respetar la voluntad de los agremiados del CANG.

FIRMAN

American Friends Service Committee
American Jewish World Service
Be Just
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Guatemala Human Rigths Comission (GHRC)
Impunity Watch
Jotay/Actuando juntas
Latin America Working Group (LAWG)
Luis Von Anh Foundation
Plataforma Internacional contra la Impunidad

Chaves, pequeño émulo de Trump

Luis Fernando Astorga Gatjens

En muchas más cosas, acciones y decisiones, Rodrigo Chaves quiere parecerse a Donald Trump, que a partir de asumir el poder en Estados Unidos el 20 de enero pasado, ha pretendido convertirse en el emperador del mundo.

Ambos han buscado concentrar un poder omnímodo por encima de leyes, de instancias legislativas y de los poderes judiciales de ambos estados. Les incomoda y molesta cualquier cuestionamiento a sus decisiones, por más justo y con sólidas bases legales que se esgrima.

Sueña Rodrigo Chaves en ganar con la fuerza política taxi o propia, que él lidere en las elecciones de 2026, una cantidad de unos 40 diputados jaguares, para gobernar como lo ha venido haciendo su referente regional, Nayib Bukele. Con ello buscaría dirigir el ejecutivo a través de alguien que le represente en sus designios, propósitos e intereses, desde Zapote. Buscaría asimismo dominar el Poder Judicial y todos los órganos de control, para ejercer ese soñado poder autoritario unipersonal. Su sueño incluye, desde luego, convertirse en presidente en un periodo próximo.

El éxito que ha alcanzado Chaves en mantener su popularidad, en algunas encuestas de opinión, ha exacerbado su aupamiento y sus deseos mesiánicos de conservar su poder autoritario, ya sea siendo diputado en el periodo legislativo 2026-2030 o mediante algún representante que reconozca y sea fiel a su liderazgo.

Empero esa popularidad, desafortunadamente para el país, no la ha alcanzado mediante avances sociales que reflejen un mejoramiento de la calidad de vida, particularmente, de las mayorías que han venido enfrentando condiciones de pobreza y exclusión social.

La base de la popularidad sostenida por Chaves tiene como causas profundas, el cansancio acumulado por amplios sectores de la población por las promesas incumplidas y por la corrupción manifiesta de los sucesivos gobiernos del PLN, el PUSC y el PAC. Los avances sociales alcanzados al desarrollar un Estado Social de Derecho (ESD) entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, esos gobiernos no los sostuvieron y desarrollaron. Todo lo contrario. De distintas maneras, los empezaron a debilitar y a dilapidar. En este periodo entre los años ochenta anteriores y el año 2022, el ESD que el país construyó, se erosionó y lo que el pueblo palpó es que pequeños grupos políticos y económicos se enriquecieron. La riqueza se concentró en pocas manos mientras el país se convirtió en uno de los más desiguales del planeta, según los datos del Banco Mundial.

Así un pueblo hastiado, elevó a la presidencia a un demagogo con ínfulas autoritarias, como Rodrigo Chaves. Y ya desde Zapote y sus teatrales y efectistas conferencias de prensa de los miércoles, y con el apoyo de un escuadrón de troles, que utilizan sistemáticamente las redes sociales, ha logrado sostener tal popularidad.

Así como Trump arremete contra un juez federal que ordenó suspender la decisión de enviar a El Salvador a migrantes venezolanos, amparado en una ley de guerra del siglo XVIII, hoy Rodrigo Chaves arremete contra el fiscal general, Carlo Díaz, al hacer avanzar causas penales contra el mismo presidente y miembros de su gabinete.

A ambos les perturba e incomoda cualquier estado de derecho que afecte sus decisiones políticas. Esperemos para el bien de la democracia, real y verdadera, y de los pueblos de aquí y todo el mundo, que ambos fracasen en sus respectivos sueños mesiánicos.

Y todo indica que en el caso de Chaves eso ha empezado a aflorar, al fracasar la manifestación anti-fiscal general, pese a los autobuses ofrecidos a los manifestantes alquilados, en distintos puntos del país, más almuerzos y pagos por su participación, y al intensos trabajo de los troles chavistas y a los “bots” (usuarios automáticos), que apoyan a Chaves desde Vietnam, Colombia, México, Perú y otros países. Qué bueno que la realidad concreta todavía pesa más que los discursos de odio y la fantasía que emerge de las redes sociales, en una de sus caras más sombrías y nefastas.

Todo el sistemático esfuerzo político-electoral que realiza hace varias semanas, desde Zapote y en sus giras proselitistas; más la exhaustiva campaña por redes sociales; más los recursos económicos empleados, no llenó las expectativas de los organizadores. Por más que digan que una movilización medianita fue una gran movilización, los hechos muestran la realidad. Una cosa es movilizar personas por redes sociales y otra muy distinta, movilizarlas presencialmente, más aún cuando no hay una causa justa que las inspire.

(18 de marzo, 2025)

SERPAJ denuncia represión durante manifestación de personas jubiladas en Argentina

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) emitió un comunicado en el que repudia la represión ejercida por fuerzas de seguridad durante una manifestación de personas jubiladas en Argentina.

En el documento, SERPAJ exige al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que respeten el derecho a la protesta y les recuerda que «los Estados tienen la obligación de garantizar derechos, no violarlos».

Según la organización, cada miércoles la población jubilada sufre violencia durante sus manifestaciones. El comunicado señala que, en esta ocasión, al contar con el acompañamiento solidario de diversos sectores e hinchadas de varios clubes de fútbol, se desplegó un operativo policial de gran magnitud que dejó como resultado numerosas personas golpeadas, gravemente heridas y detenidas.

SERPAJ manifiesta que esta situación genera dudas sobre la existencia de un Estado de derecho y de un sistema democrático representativo en el país. La organización exige que el Estado nacional disponga los medios necesarios para encarcelar y enjuiciar a quienes considera responsables materiales y políticos de lo que califican como una grave violación a los Derechos Humanos.

El comunicado concluye con la frase «Nunca Más es Nunca Más», emblema de la organización fundada por Adolfo Pérez Esquivel, -Premio Nobel de la Paz 1980-, y que este año cumple 45 años de existencia.

La sombra del bipartidismo

Vladimir de la Cruz

Estamos prácticamente en la entrada de la campaña electoral hacia las elecciones nacionales del primer domingo de febrero del 2026, para elegir presidente de la República y diputados nacionales.

Los partidos políticos que han presentado sus atestados ante el Tribunal Supremo de Elecciones están cumpliendo con los requisitos y trámites que se les ha impuesto para quedar debidamente inscritos y poder participar.

En posibilidad de participar hay una treintena de partidos políticos, gran número que ya es usual en las últimas campañas electorales. Solamente, en la anterior, la del 2022 en la que salió electo Rodrigo Chaves Robles, participaron 25 partidos a escala nacional, con candidatos presidenciales, y 27 a escala provincial pulseando elegir diputados.

De los 25 nacionales solo uno ganó la presidencial, el Partido Progreso Social Democrático que era, en ese momento, un partido nuevo en las elecciones. De los 27 partidos provinciales solo 6 eligieron diputados, en un número muy parecido todos ellos.

De los 25 partidos nacionales 18 llevaban candidatos presidenciales con doble postulación, es decir, eran candidatos a la Presidencia y también a diputado, lo que es permitido desde el 2002. De estos, solo dos partidos lograron elegir sus candidatos presidenciales como diputados, el de Nueva República, que eligió a Fabricio Alvarado y el Partido Liberal Progresista que eligió a Eli Feinzaig.

En el camino hacia las elecciones del próximo año, a diez meses de la votación, los diputados de Nueva República, Fabricio Alvarado y del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, serán sin ninguna duda nuevamente candidatos presidenciales, ya definidos, aunque no estén por sus partidos oficialmente así reconocidos. Son por ahora los únicos candidatos presidenciales conocidos.

En el caso de Eli Feinzaig ha tenido problemas internos. Uno de sus diputados se le salió de su fracción aduciendo el control que tiene Eli de su partido y de las pocas posibilidades que tenía de aspirar a esa candidatura nacional. También le habían cuestionado su papel de Jefe de Fracción parlamentaria, campo que tuvo que ceder en esta Legislatura. Para mí, sería natural que el primero de mayo próximo asumiera nuevamente la Jefatura de la Fracción, con más razón si vuelve a ser candidato presidencial. Recientemente, se le han salido dos diputadas más, debilitando la imagen de su partido a nivel parlamentario. Fabricio Alvarado aparentemente no tiene problemas en este sentido.

En el caso de Eli su partido prácticamente no existe. No ha tenido Asambleas importantes durante estos tres años, aparentemente no ha desarrollado organización partidaria regional. No tiene local abierto. La situación que ha tenido con sus diputados no la ha tratado a nivel de sus asambleas partidarias, ¿por temor o por debilidad organizativo-partidaria? De estas separaciones lo que pareciera es que actúa la mano no tan invisible del Jaguar de Zapote, ahora enemigo de Eli, que aprovecha lo que pueda para desnaturalizarlo y satanizarlo.

El Frente Amplio con una fracción parlamentaria que es bien reconocida por la calidad de sus diputados, no ha definido nada respecto a su posible candidato hacia las elecciones del próximo año. Quienes lo buscan en la Asamblea Legislativa han provocado que la diputada Sofía Guillén, que tiene buen protagonismo público, ya se desmarcó de esa candidatura presidencial. A Ariel Robles, Rocío Alfaro, Antonio José Ortega y a Jonathan Acuña los mencionan como posibles candidatos. Al interior del Frente Amplio mencionan a Patricia Mora y José María Villalta. En el caso de Villalta ya experimentaron una campaña electoral en que no asumió esa candidatura si no le permitían la doble postulación, terminando en esa campaña como candidato a diputado. Para mí, es muy buen candidato para la doble postulación.

A nivel del partido Unidad Social Cristiana ya limpiaron su cancha por la salida forzada del candidato, que, en ese partido, impulsaba el Jaguar de Zapote, lo que era muy evidente, que enturbió su imagen con actos de corrupción, lo que lo obligó a desistir de su aspiración presidencial. Hay presión parlamentaria para que deje su curul libre, que renuncie por la buena imagen de la Asamblea Legislativa. Está con el terreno limpio Juan Carlos Hidalgo, con un planteamiento sumamente conservador, lo que a mi modo de ver poco le ayudará para llegar a Zapote.

A nivel del partido Liberación Nacional ya están definidos sus precandidatos, en disputa con una convención nacional abierta, entre ellos, Álvaro Ramos, Carolina Delgado, Gilberth Jiménez, Marvin Taylor. Es una convención que presagia escándalos electorales internos que pueden llegar, en apelaciones, hasta el propio Tribunal Supremo de Elecciones, porque se moverán las garras del Jaguar de Zapote para enturbiar a ese partido y a su posible candidato presidencial.

Fuera de la Asamblea Legislativa, siguiendo las huellas del Jaguar, aunque Zapote la cuestione, Natalia Díaz del partido Unidos Podemos, realiza su trabajo silencioso, que le dio éxitos en las elecciones municipales pasadas.

Los “jaguares”, Luis Amador pareciera coquetear con el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia, con el partido Progreso Social Democrático.

La más distinguida de las jaguares, la exministra Laura Fernández, yace por ahora ante el público en un silencio y ocultamiento profundo. Los otros “jaguares” que dejaron el gobierno con Laura Fernández, por ahora son inexistentes para nada, ni para candidatos presidenciales ni a diputados, además de que ninguno de ellos, contando a Laura, tampoco tienen partido político conocido con el cual puedan aspirar a los puestos de elección popular.

En el campo abierto está el candidato presidencial, y también a diputado, del partido Esperanza Nacional, el politólogo y analista político, Claudio Alpízar, la candidatura más fresca que hay en este momento. El que por ahora tiene más claro el panorama y el objetivo de su llegada a la Casa Presidencial.

El presidente Rodrigo Chaves Robles, el Jaguar, el gran animal de Zapote, está en campaña electoral abierta y confrontativa. Su discurso, por ahora no es a favor de un partido en particular. NO puede hacerlo por tener prohibición constitucional. Pero, finamente, habla por todos los “jaguares” que “participarán” en las elecciones y habla en contra de todos los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa, habla contra todos los diputados de la Asamblea Legislativa, excepto los diputados independientes que lidera la Jaguara parlamentaria Pilar Cisneros, experta como ella se ha definido en enseñar a mentir. También ataca a cualquier político, dirigente político, comentarista o analista político que visualice como un peligro para él, para su gobierno o para sus “jaguares”. En realidad ataca todo el sistema político y democrático, falseándole sus instituciones y haciéndole perder su confianza ante la gente y el pueblo.

En todo este molote político sigue pesando la sombra del llamado bipartidismo nacional. Este concepto, equivocadamente se sigue usando como fuerza política, que ya no lo es.

El bipartidismo político respondió a la época en que dos partidos políticos, y solo ellos dos, se alternaban en el Poder Ejecutivo. Era la época en que Liberación Nacional y el principal partido opositor a Liberación Nacional, que para los efectos de este artículo llamaré Unidad Social Cristiana, se alternaban gobernando.

Desde 1953, cuando apareció Liberación Nacional en las elecciones, hasta hoy, ha habido 18 gobiernos. De estos, nueve han sido de Liberación Nacional, seis del PUSC, incluyendo aquí los gobiernos de Mario Echandi, José Joaquín Trejos Fernández y Rodrigo Carazo, dos del partido Acción Ciudadana, y el actual gobierno teóricamente del partido Progreso Social Democrático.

De esta forma, de los 18 gobiernos 15 han estado en manos de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Esta es la época dorada del bipartidismo político gubernativo, de dominio de gobierno, del Poder Ejecutivo, por esos dos partidos.

Con el ascenso al Gobierno del partido Acción Ciudadana en el 2014, reelecto en el 2018, se inició un Tripartidismo político en la esfera del Poder Ejecutivo y con la llegada del partido Progreso Social Democrático, en el 2022, tenemos un Tetrapartidismo en el Poder Ejecutivo. Es decir, cuatro partidos han ejercido el Poder Ejecutivo nacional.

Si a ello sumamos que el Partido Unidad Social Cristiana desde el 2006, en las últimas cinco elecciones, ha estado fuera del gobierno y fuera de las finales electorales, esa imagen del “bipartidismo” que se le achaca es muy débil. Por su parte, Liberación Nacional tiene tres elecciones seguidas, desde el 2014, que ha estado fuera del Poder Ejecutivo, aunque haya arañado esa posibilidad en el 2014 y en el 2022.

El concepto de “bipartidismo” nacional también se desarrolló en atención al control bipartidista de esos dos partidos históricos, Liberación y la Unidad Social Cristiana, que dominaban mayoritariamente la Asamblea Legislativa, lo que les permitía tomar acuerdos e imponer políticas y legislación nacional.

Hay que señalar, sin embargo, que en la Asamblea Legislativa prácticamente siempre ha habido varios partidos representados, aunque esos dos hayan tenido la mayoría de los diputados. Por su integración la Asamblea Legislativa ha sido polipartidista, multipartidista. Por el dominio de la mayoría parlamentaria hasta 1998 fue bipartidista. Desde esta época hasta hoy se ha debilitado esa toma de decisiones parlamentarias a manos de dos partidos. Se ha impuesto la negociación política. El viejo “bipartidismo” parlamentario, de la imposición mayoritaria de dos partidos, ha desaparecido.

Por eso no es válido, ni oportuno, ni correcto usar el concepto de “Bipartidismo”, como se sigue empleando.

En el caso del presidente Chaves su uso corresponde al ataque que mantiene contra esos dos partidos y por la vieja imagen “degradada” y “desprestigiada” con la que se les ha asociado a esos dos partidos. Aun así, no deja de tener razón el jaguar de Zapote de atacar al “bipartidismo” porque siguen representando esos dos partidos las organizaciones políticas más importantes de tipo nacional y parlamentario, especialmente el partido Liberación Nacional, que se ha mantenido como la fracción más numerosa de diputados en los últimos cinco gobiernos, y como partido aparenta todavía ser la mejor y mayor organización partidaria, seguida por la Unidad Social Cristiana, a pesar de sus debilidades electorales después del 2006.

Más preocupante que la sombra de bipartidismo que esos partidos todavía tienen, es la sombra que proyecta el presidente Chaves, propiciando sus “jaguares”, impulsando las divisiones internas en todos los partidos donde se ven sus garras, motivando a no votar por ninguno de los partidos políticos que le son adversos, y llamando a desplazar a todos los diputados actuales, que van a ser sustituidos natural y legalmente por las elecciones de febrero próximo, de manera que sus “jaguares” logren por lo menos 40 diputados, como lo ha venido sosteniendo, para poder desarmar todo el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho existente.

La sombra más peligrosa y tenebrosa que hay en la inmediatez política es el “chavismo”, que hay que derrotar electoralmente, que aunque no tiene partido propio a su nombre, trabaja fuertemente aprovechando las debilidades y pugnas internas de los demás partidos.

NO importa para el chavismo que todavía no existan candidatos “jaguares” oficiales, porque el candidato es el Jaguar de Zapote, en su actuación cotidiana y en el desplazamiento por todo el país, y con las redes de comunicación que mantiene activas. Además, porque ese candidato, de pronto puede ser el candidato real a diputado, a partir de agosto próximo, convirtiéndose en el principal contrincante político nacional y haciendo de la elección nacional de diputados el escenario más importante que hay que atender con buenos candidatos de alto valor moral, y de altos kilates políticos, lo que no se está viendo todavía en los partidos políticos interesados en las próximas elecciones.

Compartido con SURCOS por el autor.

Reservas sobre la aplicación del lawfare

Por Carlos Meneses Reyes

El lawfare no es de creación jurisprudencial, ni legal. Tampoco corresponde a creatividad doctrinaria jurídica; siendo, una instrumentalización de la justicia. Es la utilización de una opción aparentemente legal y lógica de tipos y actuaciones judiciales, utilizados como instrumentos políticos y por ende alejada de lo sistemático de la dogmática jurídica. Se conoce como guerra jurídica; judicialización de la política; o acoso judicial. Se relaciona con el ataque al poder ejecutivo o al representante de esa rama; mediante la utilización de instancias judiciales nacionales e internacionales, buscando su desprestigio y hasta su caída y destitución, sin el uso de las armas. Su principal engranaje es funcionar con la dictadura mediática intoxicante (medios de comunicación) y el uso de las redes sociales. En el escenario latinoamericano, luego del fracaso de las dictaduras militares, se acudió, como signo desestabilizador del imperio y lacayos criollos, a la llamada “dictadura civil” para transmutar, en los últimos años, en el fenómeno del “golpe blando”. La derecha habla del Estado de Derecho; pero la realidad es que tienen archivado el Estado Social. El escenario propicio para la aplicación del lawfare es la carencia, o falta de funcionamiento, de un Estado Social, en un país determinado; en donde predomina la institución judicial subordinada al poder político y a los partidos políticos tradicionales, detentadores de poder; con una presentación de miseria de la justicia y por ende un cuadro de justicia vulnerable. Tomando los casos emblemáticos de uso del “golpe blando” en países latinoamericanos como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y el no abortado del caso colombiano, se puede caracterizar una constante de aplicación en gobiernos progresistas, alternativos, con proyección de izquierda, que afectan al “establecimiento” pro-imperio. La medida no ha logrado aplicar en gobiernos de izquierda, con inspiración socialista y por ende con un marco constitucional diferente, de nuevo tipo, tal como sucede con la indoblegable Cuba; el ejercicio constitucional del bravo pueblo bolivariano y la consecuente inspiración soberana del gobierno sandinista. Por ende, al abordar sobre su caracterización persiste en mantener una apariencia de legalidad, buscando deslegitimar, desprestigiar, provocar el repudio popular y aplicar hacia el desgobierno y/o el “mal gobierno”.

Destacar que cuando hay sumisión al estado social no se da aplicación del lawfare. No es dable particularizar en lo de jueces afines al régimen imperante; como el de casos de jueces que resaltan como jueces valientes. Aunque no es tema de este ensayo, no se puede desconocer el contenido ideológico de las sentencias judiciales. Predomina el ejercicio de la tridivisión de los poderes. Aplica lo del ejercicio o ejecución armónica de la tridivisión del poder. Por ello se puede encontrar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, valiente, al asumir en contrario una imposición del ejecutivo. Pero, de igual manera, la correspondencia de decisiones judiciales armoniosas y acorde al desempeño gubernamental en la Republica Bolivariana de Venezuela, como también en la Nicaragua Sandinista. O las medidas judiciales contra la pretendida fascistización contra el migrante en los Estados Unidos. Hasta aquí este preámbulo de fundamento jurídico-doctrinario, sobre el lawfare, para adentrarnos en la caldera del diablo, tal como corresponde al desarrollo institucional actual en Colombia.

Cómo opera el lawfare en Colombia

Existe particulares condiciones en el escenario, no ya de una Rama seca de la justicia, la cual fue incinerada por el militarismo de derecha. Sí, de un sistema de justicia, permeado por la corrupción, en un modelo de estado considerado, por algunos, como un narco-Estado imperante. Realísticamente operan feudos, con identificaciones y denominaciones exactas y de contenido delictivo como el denominado “Cartel de La Toga”. No opera el acoso judicial cual un modelo único aplicado a cada país. Pero en el caso colombiano si se da y aplica unas condiciones y formas lastimosas. Comencemos por el comportamiento de las Altas Cortes ante las propuestas de reformas de fondo (ni siquiera revolucionarias) en lo de la salud, lo laboral, pensional, tributario e iniciativas administrativas gubernamentales para superar el estado de cosas inconstitucional (eci) que existen en regiones del país como en la Guajira, por ejemplo y a hoy potenciado en lo de El Catatumbo. Pero no solo en eso; el sistema judicial contencioso administrativo (Consejo de Estado) ha sido reiterativo en impedir la función constitucional de ser el presidente de la república el orientador de las relaciones internacionales. Durante cerca de tres años transcurridos de gobierno progresista-liberal, los nombramientos de libre remoción de embajadores, cónsules y del servicio exterior, le fueron revocados al presidente de la república, quien actúo conforme al mandato constitucional, Artículo 189-2 de la Constitución Política de 1.991 (CP91). “Corresponde al Presidente de la República: “Dirigir las relaciones internacionales”. Bajo revestimiento legal, adujeron la existencia de un estatuto reglamentario de la carrera consular, que exige suplir vacantes con personal adscrito en antigüedad en la Cancillería, al que le acomodan lo de “pacto sindical”; siendo que una asociación de empleados de libre nombramiento y remoción, en modo alguno son sindicalizados; resultando tal materia así atendida totalmente inconstitucional; como es desde todas luces notorio impedir al director de las relaciones internacionales la búsqueda de mejor escogencia de sus colaboradores. Pues bien, sin pretender ser taxativos, ese es un caso ejemplar de acoso judicial y de guerra legal contra el presidente colombiano. Tan solo nombrar, como de registro, el procedimiento obtuso y dilatorio de la Corte Suprema en nombrar al Fiscal General de Colombia, que debía reemplazar al anterior titular Francisco Barbosa. Quedó, como de registro histórico “el manejo de los tiempos” y el condicionamiento a que el cuestionado fiscal citado, quien empoderó como un descarado activista político de oposición al ejecutivo; autoproclamándose como un órgano de control constitucional, sin serlo; que no tenía superior alguno que le vigilare y auditare, buscando lograr el cometido que su aliada y también cuestionada Vice Fiscal General, continuara en interinidad, por inconcebible periodo de tiempo; de no ser por el decido empeño del movimiento popular movilizado, en abortar tan criminal treta. Se pueden citar más casos emblemáticos de intervención torticera de las Altas Cortes contra el programa político del presiente G. Petro y que dibuja la escena del llamado “golpe blando”. Pero ha quedado demostrado que el tal golpe blando no solo aplica por el uso del manejo de las instancias judiciales. En el caso colombiano, también se acudió al acoso por parte del principal órgano de control constitucional, la Procuraduría General, que es el supremo director del Ministerio Público. Resulta innumerable señalar las actuaciones, en desfase, de la Procuradora General Margarita Cabello; todas tendientes a enrarecer el ambiente de un “mal gobierno” del titular del Ejecutivo. Logró la muerte política, mediante destitución y prolongadas inhabilidades para desempañar cargos públicos, de muchos funcionarios gubernamentales, destacando el de dos representativos: el ex canciller Álvaro Leiva Duran y el Dr. Luis Guillermo Pérez Casas, como director de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Al igual que el anterior Fiscal General mencionado, actúo la Procuradora General como una activista opositora contra las decisiones del titular del ejecutivo nacional, presidente G. Petro U. De igual reseña resulta el inconstitucional proceder del Consejo Nacional Electoral (CNE) al violar el fuero constitucional que reviste al presidente de la república, que predica sea únicamente La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes su juez natural. Siendo el CNE el máximo rector que inspecciona y regula la actividad electoral, armó una plataforma de ataque contra el señor presidente de la república al decidir investigarlo, con cargos directos, dentro del debido accionar por la investigación que adelanta sobre supuesta violación de topes financieros en la campaña electoral para le elección de presidente. Corresponde que “esos” cargos contra el señor presidente sean de conocimiento de la Comisión de Acusaciones y así no ha sido tramitado. De resultar ciertos y probados esos cargos de irregularidad electoral, el candidato ganador, que en este caso lo fue el presidente de la república, incurriría en mala conducta, con el efecto de destitución del cargo de elección y al no ser previamente juzgado por su juez natural le declararían la vacancia que llegaría a ser suplida por el actual presidente del Senado. Así resumido, sobre la suerte de la presidencia de la república de Colombia pende una espada de Damocles, como resultado de un montaje torticero, materializado en un recurso crudo de guerra jurídica contra el titular de la rama ejecutiva.

Pero valga pues, para concluir en reflejo de asomo de aplicación del acoso legal y judicial conocido como lawfare lo último sucedido por la actual titular de la Fiscalía General, Luz Adriana Camargo Garzón y por la señora ministra de Justicia Angela María Buitrago.

La encerrona al proceso del fin del conflicto armado con una insurgencia denominada coordinadora bolivariana

Con 30 años de análisis y conocimiento del conflicto armado interno; no había encontrado una actitud tan mentirosa, falaz, de perjurio y descalificadora del estatus insurgente de la guerrilla colombiana. Pensaba que no lo era de la concepción de nuestro presidente; pero si lo es de la CIA y del adecuado maquillaje Trump. El Catatumbo exige y requiere un consejero nacional sobre el conflicto armado, con aplicación de solución política definitiva.

Una cosa es analizar el desvertebrado accionar del Alto Comisionado del gobierno progresista – liberal, en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, basado en la perfidia y en la práctica divisoria anti – solución; y otro callar ante el maquiavélico accionar de la titular de la Fiscalía General de la República, contra la buena fe del presidente G. Petro U, en su búsqueda de «Paz». La detención arbitraria, desde todo punto de vista, contra Giovanni Arias Rojas, alias ARAÑA, de la muy fraccionada Segunda Marquetalia y ahora denominada la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando del cuestionado Walter Mendoza, demuestra el accionar de la derecha militarista pro imperio, al finiquitar el proceso adelantado con lo que queda de ese sector insurgente. La postura del vocero gubernamental, Dr. Armando Novoa, es consecuentemente jurídica y digna de aplauso, conforme al marco legal aplicado.

La Fiscalía General alega que antes de concretar acuerdos en la mesa de negociación o de conversaciones, la Interpol no está impedida para solicitar capturas. Que la circular roja aplicada al ex farc alias Araña, en su calidad de vocero de los negociadores, se dio desde antes del actual gobierno. Calla en explicar que la decisión fue tomada desde Lyon Francia, y aquí ejecutada y cumplida en un tiempo récord de 24 horas. LA Fiscal General, se erige como intérprete de la norma; en la prelación del acatamiento a un acuerdo internacional como lo es el de la extradición. Desconoce la orden expresa, legal, de levantamiento de orden captura contra el señor Giovanni Arias Rojas. Como funcionaria en el papel de actora judicial, a ella no le compete interpretar la orden a ejecutar. Tampoco es interprete de la norma y mucho menos abrogarse la facultad de aplicarla, como si se tratara de un juez. Olvida que La Fiscalía no es un órgano de control y en esto emula al saliente Fiscal General opositor, de quien en la práctica ha sido una garante continuadora. La Fiscalía es una operadora del sistema judicial, pero no imparte justicia. Eso lo olvida para acudir a una acción de desprestigio al accionar gubernamental del ejecutivo nacional

En tanto y al unísono, la ministra de justicia Angela María Buitrago, defendió la captura de alias Araña, contradiciendo la argumentación del negociador del gobierno Dr. Armando Novoa, ante la orden de su detención, emanada de la Interpol, sin mayores consideraciones.

Las anteriores dos funcionarias, al mejor ejemplo de contenido y naturaleza del fenómeno del lawfare, en este artículo analizado, justifican la decisión de entrampamiento de un vocero de un sector de la insurgencia al que el gobierno del presidente G. Petro, le dio el carácter de insurgente o rebelde, independiente que esté incurso en delitos de narcotráfico, (que no es un delito de lesa humanidad, ni crimen de guerra).

Ambas abrieron un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas. Aduce la ministra Buitrago en cuestión: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Significa lo anterior que la orden presidencial puede ser desconocida, acudiendo a instancias internacionales.

Indudablemente han generado, ambas funcionarias, una escena de estafa procedimental con el único mensaje y encubierta labor de instrumentalizar una adecuación de trámite judicial a la espera de resultados desconsiderados a la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental; afectar su buen desempeño y propiciar la solicitud formal del gobierno entrometido de los Estados Unidos de pedir la extradición de alias Araña, que no será competencia a definir de ninguna de la dos nombradas sino del señor presidente de la república de Colombia. Conclusivamente, es un claro caso de guerra jurídica o lawfare, para afectar la consistencia del titular del ejecutivo nacional. Y quien extraditará: ¡el señor presidente o el imperio!

¿Quién ha fracasado?

Seidy Salas y Juan C. Cruz, comunicador@s

“La democracia está muriendo”. “No funciona más”. “Es un modelo que no ha logrado cumplir las promesas de bienestar que le hizo a la ciudadanía”. Estas son frases que se repiten en cientos de análisis y que cobran aún más sentido ante el auge de regímenes autoritarios que llegan al poder utilizando procedimientos democráticos. Pero ¿estamos ante un fracaso de la democracia o la responsabilidad es del sistema socioeconómico que la sustenta?

Para responder a esta pregunta, es importante considerar varios aspectos. La democracia occidental, es el resultado de una larga y cruenta lucha de la burguesía juntos con otros sectores sociales, contra el absolutismo y que tuvo un momento culminante con la Revolución Francesa. Desde entonces, los avances y los retrocesos democráticos han sido el resultado de distintas correlaciones de fuerza, en diferentes contextos espaciotemporales, asimismo, las nociones de “libertad”, “igualdad” y “justicia” derivadas de dicha revolución, no han sido productos acabados, sino conquistas por mantener y profundizar.

Lo mismo sucede con los pilares que sustentan la edificación democrática: el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno prive sobre otro; el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la posibilidad de que cualquier grupo de ciudadanos, reunido en un partido político, pueda aspirar a gobernar el Estado y que esta potestad de gobernar se someta a la voluntad popular, que podrá decidir periódicamente cuál grupo gobierna.

Mientras existió el campo socialista, los Estados del «mundo libre» se presentaron como los modelos de democracia frente a lo que calificaron como gobiernos totalitarios antidemocráticos. Estableciendo Estados de derecho y optando por modelos de bienestar social, buscaron garantizar el ejercicio de los derechos básicos a la mayoría de sus habitantes, mostrando el bienestar logrado como fruto de la democracia. Todo esto sobre un modelo económico que permitía lucrar y acumular riquezas, pero con mecanismos de redistribución más o menos eficientes.

En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las democracias formales no lo eran en la práctica y las desigualdades socioeconómicas generaron tensiones que explotaron en graves conflictos armados, dictaduras y represión, especialmente en el cono sur y en Centroamérica. En los países tomados por la violencia, la democracia ni siquiera llegaba a hacer promesas.

Con la caída del socialismo, las potencias capitalistas iniciaron el proceso de desmantelar el marco jurídico del estado social de derecho, incluyendo compromisos con la salud y la educación públicas, así como con los derechos laborales conquistados a inicios del siglo XX. Se mantuvieron las libertades individuales, pero se erosionaron profundamente los derechos colectivos.

Esta nueva etapa del capitalismo mundial, caracterizada por «más mercado y menos estado», implicó la privatización de servicios públicos y medidas restrictivas de inversión social, profundizando las brechas sociales y la pobreza.

Para los países de América Latina que habían sufrido las dictaduras y los conflictos armados, el “retorno a la democracia” coincidió con la implantación de las medidas neoliberales[1], (con la excepción de Chile, donde el neoliberalismo floreció sobre la dictadura) y la construcción de la institucionalidad democrática tuvo que hacerse en el marco de los discursos de reducción del Estado. ¿Qué podría prometer la democracia en términos de bienestar e igualdad en ese marco de capitalismo salvaje?

No se puede dejar por fuera el fenómeno de la corrupción que crece y se multiplica entre las élites políticas en contubernio con sectores tanto empresariales como del crimen organizado, que minan desde dentro de los estados, la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en la política.

Ya entrado el Siglo XXI, la sindemia[2] generada por la pandemia del COVID 19, evidenció las profundas desigualdades sociales y desnudó las deudas de los estados con las personas más desfavorecidas, deudas forjadas desde la década de los 80 por el capitalismo neoliberal. La forma tan clara en cual las sociedades se dividieron entre las personas que tenían su supervivencia asegurada en medio del encierro y quienes sintieron que lo perdían todo, propició el resentimiento de estas personas hacia quienes conservaron sus empleos e ingresos. Esto llevó a importantes sectores de la población a reaccionar contra un sistema “que les abandonó” y a apoyar a figuras mesiánicas que prometen venganza contra las élites y libertad frente a los gobiernos.

Profundizando en los principales impactos socioeconómicos y políticos de la pandemia del COVID-19:

Socioeconómicos

  1. Desempleo: La pandemia provocó un aumento significativo del desempleo a escala mundial, con millones de personas perdiendo sus trabajos debido a la interrupción de actividades económicas. Las personas que generaban ingresos en el sector informal se vieron también entre la población más vulnerable.
  2. Recesión Económica: Muchas economías entraron en recesión en 2020, con una caída drástica en la producción económica y el cierre de numerosas empresas.
  3. Desigualdad: La pandemia amplificó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las personas y comunidades más vulnerables.
  4. Industria del Turismo y Servicios: Sectores como el turismo, la aviación y los servicios se vieron gravemente afectados, con pérdidas económicas significativas.
  5. Educación: El cierre masivo de escuelas y la transición a la educación en línea en sistemas que no estaban preparados para ello, generaron desigualdades en el aprendizaje y afectaron el desarrollo educativo de millones de estudiantes.

Políticos

  1. Gobernanza y Respuesta: Las respuestas gubernamentales variaron significativamente, con medidas de confinamiento de diversos grados y restricciones que generaron controversia y protestas. En muchos casos, las restricciones sanitarias sirvieron de laboratorio para el autoritarismo.
  2. Políticas de Estímulo: Muchos países implementaron programas de estímulo económico para mitigar los efectos de la crisis, aunque por lo general fueron insuficientes.
  3. Desconfianza en las Instituciones: La pandemia aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias, en parte debido a la propagación de desinformación y teorías de conspiración.
  4. Políticas de Salud Pública: Hubo un enfoque renovado en las políticas de salud pública y la importancia de la preparación para futuras pandemias. Pero también se evidenció la falta de soberanía de los sistemas nacionales y la dependencia de la industria farmacéutica globalizada.

Culturales

  1. Como ya se mencionó, la pandemia hizo evidente la convivencia de personas privilegiadas y desprotegidas, fomentando la fragmentación social. En muchos casos, las personas que estaban seguras en sus casas, con sus despensas llenas, recriminaban fuertemente contra quienes rompían el encierro para buscar ingresos.
  2. El sentido de libertad: La imposición del encierro con la consiguiente limitación a la libertar de tránsito y reunión se vivió en muchos sectores, especialmente entre las juventudes, como un abuso del Estado. Las personas de jóvenes de los sectores privilegiados, pero también en las clases populares, burlaron este sistema organizando fiestas clandestinas y rechazado las restricciones.
  3. El auge de las teorías de conspiración y el sentimiento anti-ciencia: Sobre bases reales que exponían el sentido de lucro de la gran industria farmacéutica, se crearon fuertes teorías antivacunas que impulsaron corrientes totalmente anti-ciencia. A la vez, la noción de que existen élites globales súper poderosas que buscan controlar las mentes y voluntades de las mayorías, se expandieron. La facilidad con que la información falsa y la desinformación se mueven en las redes sociales, ampliamente accesibles para todas las personas, contribuyó a este fenómeno.
  4. El gran agotamiento: En la post pandemia, se generó un estado emocional -y físico- caracterizado por un enorme cansancio que se expresa en todas las esferas de la vida social. Hay una disminución del activismo presencial, un rechazo generalizado a la información que genere preocupaciones, y un aumento en la búsqueda de “información” de fácil consumo que genere gratificaciones inmediatas.

Estas consecuencias profundas y variadas en diferentes aspectos de la vida global, aunadas al deterioro generalizado de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, ayudan a responder la pregunta que da origen a esta reflexión.

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad. Ha amplificado las desigualdades existentes, aumentado el desempleo y generado una crisis económica global. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado a diferentes grupos de manera desigual, exacerbando las tensiones sociales y económicas. Por su parte, el neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, ha contribuido a aumentar la desigualdad económica y social. Las políticas neoliberales han debilitado las redes de seguridad social y han dejado a muchas personas más vulnerables a las crisis económicas. En este contexto, las propuestas formales de la democracia no tienen mucho que ofrecer y los mecanismos que ofrece se muestran obsoletos o insuficientes.

Quienes sí parecen estar ofreciendo respuestas a esta crisis, o al menos narrativas que son bien recibidas, son los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha viene ganando terreno en varios países, aprovechando el descontento social y económico generado por la pandemia y las políticas neoliberales. Estos movimientos suelen prometer soluciones rápidas y simples a problemas complejos, lo que les atrae a muchos votantes desilusionados.

La pandemia de COVID-19 y las políticas neoliberales han creado un contexto de inestabilidad y descontento, que ha sido aprovechado por los movimientos de ultraderecha para ganar apoyo. La combinación de crisis económica, aumento de la desigualdad y la percepción de que las instituciones tradicionales no están respondiendo adecuadamente ha llevado a muchos a buscar alternativas más radicales.

Entonces, el retroceso en los procesos de democratización expresado en la desconfianza o desprecio hacia el Estado y capitalizado por la ultraderecha en auge, el influyente tecno-feudalismo y la poderosa narco burguesía, más que una falla democrática, obedece a la naturaleza del sistema económico capitalista, al que nunca le interesó el bienestar de las mayorías. Ha sido sobre esa base en la que surgieron y se desarrollaron las democracias. Si seguimos culpando a la democracia por su fracaso, estaremos dejando impune al capitalismo, que seguirá rampante su curso hacia el control total de las sociedades. Sin justicia social y económica, no hay democratización que perdure.

Imágenes: 1- https://www.anred.org, 2- OXFAM

[1] El neoliberalismo surgió en la década de los 80, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, liderados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, promoviendo la reducción del papel del estado en la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Estas políticas se basaban en la creencia de que los mercados libres y competitivos eran la mejor manera de generar crecimiento económico y prosperidad. Sin embargo, llevaron a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente.

En América Latina, el neoliberalismo se implementó a través de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que exigían a los países reducir el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir sus economías al comercio internacional. Estas medidas provocaron mayores niveles de pobreza y desigualdad.

El neoliberalismo promovió políticas de austeridad, que implicaban recortes en el gasto social y la reducción de los servicios públicos. Esto llevó a un debilitamiento de las redes de seguridad social y a un aumento de la precariedad laboral. La globalización y la liberalización del comercio favorecieron la expansión del neoliberalismo, permitiendo a las empresas multinacionales operar en múltiples países y aprovechar las diferencias en costos laborales y regulaciones ambientales.

[2] Sindemia es un término acuñado por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo estadounidense Merrill Singer y proviene de la unión de los conceptos de sinergia y pandemia. Se considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.

Los cambios en el gabinete presidencial y la visita del Procónsul Marco Rubio son la expresión del fracaso gubernativo

Vladimir de la Cruz

Hasta el viernes pasado, 31 de enero, había tiempo para que los ministros que quisieran integrarse a la política electoral activa, especialmente en el campo de aspirantes presidenciales, o en la papeleta presidencial, tenían tiempo de renunciar a sus puestos, quedando a la vez liberados de su inmunidad política, quedando como cualquier ciudadano expuesto a trámites de persecución judicial.

Finalmente, el jueves 30, el presidente en una ceremonia, a la cual convocó a todo su gabinete y todos los presidentes de instituciones por él nombrados, anunció la salida de cinco ministros y la sustitución de cuatro de ellos.

Son ministros, que hoy, no han anunciado ninguna adherencia a partido político existente. Todos los renunciantes no negaron ni afirmaron que participarán en la política electoral nacional del 2026. Ahora les toca buscar partido político para poder correr hacia la presidencia de la República en los próximos once meses.

De ellos se rumora que van a una plana integral de presidenta, vicepresidenta y vicepresidente, y de candidatos a diputados.

Lo más curioso de esta situación, que ha vivido Costa Rida desde el 8 de mayo del 2022, es que los miembros del gobierno, que acompañan a la fuerza, todos los miércoles, al presidente en su perorata pública semanal, prefabricada, no tienen partido político conocido. Sin embargo, el presidente ha levantado la idea, la imagen, de los partidos Jaguar, que tienen incluso una imagen publicitaria, que se tradujo en un pin para colocar en la solapa del saco o en la camisa o parte superior del vestido o la ropa. A quienes forman parte del gobierno los tienen con el pin del Jaguar. A los que entraron como nuevos ministros les pusieron los dos pines, el de ministro y el de Jaguar. En los dos meses la ministra saliente Laura Fernández hablaba de varios jaguares. Esa es la idea, varios partidos Jaguar con su respectiva insignia, igual para todos ellos en ese pin, con la intención de posibilitar la mayor oportunidad de elección de diputados que se identifiquen con el gobierno, con el presidente Chaves y con su imagen de Jaguar.

Este es un gobierno que no lo dirige un partido político, que no representa a un partido político, aunque el presidente haya sido resultado de una elección en que participó en una lista electoral de un partido político. Es un gobierno que ha andado al garete, que se percibe débil, sin rumbo, sin brújula, ni sextante, ni astrolabio, sin timón ni velas. Es un gobierno, que en ausencia de un partido político que lo identifique, tiende por sus hechos a identificarse con el presidente, con su figura lideresa y autoritaria.

Entre los partidos políticos que al 31 de enero quedaron en la posible lista de juego electoral, para las elecciones del 2026, se inscribieron dos que se asocian a la familia del presidente Bukele de El Salvador, por participar familiares de él de manera directa en esos partidos. ¿Participarán los ministros renunciantes y salientes en esos partidos? También se rumora que el esposo de la diputada Pilar Cisneros, el periodista Edgar Espinoza, irá encabezando un partido político a la presidencia de la República, en cuyas filas irá de candidato a diputado el propio presidente Rodrigo Chaves, a partir de agosto.

El gabinete que se formó para dirigir el país, en el 2022, con el presidente fue al azar. Se dijo que se contrató una empresa que presentaba perfiles de candidatos a los puestos del gabinete, de manera improvisada, lo que explica los malabares políticos que lo guían, que explica también la ausencia de una hoja de ruta nacional; que explica las improvisaciones que se hacen desde Zapote para las distintas carteras institucionales; que explica las pifias legales y constitucionales de sus proyectos de ley, con el escaso control de elaboración formal de sus escasos y poco importantes proyectos de ley, que explica los oscuros nexos existentes del trasiego de droga que se hace desde nuestro país hacia Europa y otras regiones, dándole fama al país de ser la bodega más importante de coca de la región, y de la calificación que ya se gana el país de ser un narco Estado, lo que supone un narco gobierno que lo dirige.

En esta dinámica el presidente, apodado así mismo, como el Jaguar, en su jungla, en su guarida, no se ha podido perfilar como el estadista, como el gran político, como el gran conductor político nacional, como el gran educador cívico que su investidura impone. Ha logrado convertirse en un gran distractor nacional de la atención política de los principales problemas económicas y sociales del país. Sus mesas de prensa de los miércoles así funcionan, como distractor de esos problemas.

Desde su guarida lo único en que se ha destacado es en tratar de hacer explotar toda la institucionalidad política, en debilitar el Estado de Derecho, en falsear la imagen, la confianza y la fe de los costarricenses en la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, en los órganos constitucionales vigilantes de la administración y gestión pública, en los partidos políticos como instrumentos cívicos de la vida democrática. Lo que se destaca en su esfuerzo es su intención de debilitar y acabar, si le fuera posible, con todo el Estado Social de Derecho que se ha construido en el país al calor de la Reforma Social de 1943 y las reformas de la Junta de Gobierno de 1948-1949 y la institucionalidad que le siguió. Claramente ha asumido una identificación con las políticas conservadoras y neoconservadoras que propician ese debilitamiento institucional.

Sus exabruptos políticos se orientan, desde hace meses, a destruir la imagen pública de todos los partidos políticos, de todos sus dirigentes políticos, de todos sus representantes populares. Esa es su forma de hacer política activa y de meterse en la política electoral, de actuar beligerantemente en este campo, para abrirle espacio a sus posibles candidatos y eventuales partidos políticos, que le interesa impulsar y apoyar hacia las elecciones presidenciales y de diputados del 2026. Eso es lo que activamente estamos viendo.

El pasado miércoles, en su jolgorio comunicacional, arremetió contra las políticas de educación sexual y afectivas que se han venido impulsando en el país, que exitosamente han contribuido a la prevención de los embarazos en adolescentes y menores de edad, para tratar de impulsar un nuevo programa que llamó para la Paz y la Convivencia, con el que intentará sacar “la perversión” de las aulas, como si realizara un exorcismo educativo, de las fuerzas y espíritus malignos que hay que exterminar, para lo que se hizo acompañar de algunos activistas religiosos no católicos, que parecían más estampas pegadas en una cartelera que lideres religiosos nacionales reconocidos, lo que no les resta importancia, por el control social espiritual que tienen de algunas comunidades y personas. Fue un banderazo de salida electoral del presidente haciéndose acompañar de estos “líderes” espirituales, frente a los tradicionales que se representan en el Partido Nueva República de Fabricio Alvarado. Fue una advertencia a Fabricio y su grupo de que sus banderas se las está quitando el gobiernos y los partidos políticos conservadores Jaguar que desde el gobierno se impulsen.

La no participación de los representantes católicos, de los Obispos Católicos, provocó una protesta por parte de la Conferencia Episcopal, que generó una amenaza del presidente cuando dijo “que no se puede luchar a medias, o le entramos con sangre, sudor, lagrimas, pasión, esfuerzo y claridad, o no vamos a poder rescatar a Costa Rica”. Sangre, sudor, lágrimas, pasión, son las banderas enarboladas por el Jaguar, para rescatar a Costa Rica. ¿Rescatarla de quién? ¿Estamos advertidos del clima de violencia que fomentará el Jaguar?

Con ello quedó claro que la conferencia de prensa del miércoles fue la presentación política, de la afinidad del presidente, hacia los partidos políticos Jaguar y hacia las organizaciones cristianas no católicas, como inicio de su velada y clara participación electoral.

Es cada vez más nítido que esta es su orientación electoral hacia febrero del 2026. El Jaguar, y los partidos jaguar que impulse, junto con los partidos de orientación cristiana no católica que logren inscribirse, paralelos a Nueva República, serán sus caballos de combate, sus caballos de Troya para tratar de alcanzar la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa del 2026, como es su objetivo político claramente definido. Las renuncias de miembros de su Gabinete señalarán los partidos con los cuales se identifica el Jaguar.

Por la agenda publicitaria de ese miércoles la campaña electoral puede tomar los visos similares a la del 2018, cuando de trasfondo se pusieron los Derechos Humanos, con una población y una juventud hoy no tan combativa, como lo fue en esa campaña que llevó a Carlos Alvarado a la Presidencia de la República. Aun cuando se rumora que la esposa de Carlos Alvarado puede ser la candidata electoral del partido Acción Ciudadana, no significa que ella podría ser el valladar de esa arremetida conservadora que viene, sobre todo porque el partido Acción Ciudadana y el gobierno de Carlos Alvarado fueron los ejes más importantes del debilitamiento de las leyes sociales y laborales, resultado de las grandes reformas de 1943.

Que haya cambios en un gabinete, como se anunciaron y establecieron, es normal en un gobierno. Que haya cambios a pocos meses de que un gobierno sucumba al cambio constitucional, como es el de su Rodrigo Chaves, puede ser una grave manifestación de su errada política y de su fracaso gubernativo, que se tratará de ocultar, de forma distractora, con la discusión que está provocando alrededor de las políticas educativas y conservadoras que anunció el miércoles. Si esas son las grandes reformas que anunciaron como la Gran Ruta de la Educación que se harían este año, son un verdadero y lamentable fracaso político nacional.

¿Los cambios en el gabinete serán resultado de que el gobierno se está hundiendo, por más festiva que fuera la forma de presentación de esos cambios? Supondrían estas sustituciones que se debe hacer un informe nacional ante la Asamblea Legislativa de ellas y de las políticas logradas y por desarrollar para los próximos meses. ¿Se hará eso en los informes anuales que los ministros tienen que entregar a la Asamblea Legislativa en la primera quincena de mayo?

Todo esto conduce a colocar al presidente Rodrigo Chaves Robles también en las tesis conservadoras políticas nacionales e internacionales, que hoy tienen de gran motor al presidente de los Estados Unidos, con quien el Jaguar está totalmente identificado, perdiendo en esa identificación y adherencia emocional, todo su rubor personal, comprometiendo el aura del gobernante soberano que debe tener.

El presidente está totalmente alineado en la Internacional Conservadora, Populista y Autoritaria, que se levanta en el continente y en algunos países europeos. Él mismo se ha colocado en el furgón de cola del mandatario norteamericano en sus políticas continentales, lo que se materializará con la agenda abierta y oculta que trae Marco Rubio a imponerle al minino de Zapote y no al Jaguar nacional que dice ser, de aceptar y avalar las políticas agresivas de Trump contra Panamá, por el Canal, contra México y el continente por el cambio de nombre del Golfo de México, ya establecido para los Estados Unidos, como Golfo de América, en la plataforma de Google Maps, que ya aceptó la denominación hecha por Trump.

Descaradamente, las delegaciones norteamericanas que ya han llegado, preparando la del Procónsul Marco Rubio, ya le han señalado al gobierno que hay que debilitar la relación comercial con la República Popular China, junto con el fortalecimiento de las acciones que el gobierno ya ha tomado frente a esa presencia. La agenda de seguridad asociada a la expulsión de indocumentados y de migrantes “indeseables” para Trump también está en marcha abriendo la posibilidad de que Costa Rica se convierta en una gran base de expatriación de esos expulsados de los Estados Unidos, que es lo que se va a venir a tratar de imponer en Costa Rica, que es parte de la negociación que Rubio trae.

Nogui Acosta enemigo de la educación pública

Comunicado del SEC

Nogui Acosta ministro de Hacienda, se pronunció esta semana por varios medios de comunicación rechazando la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el presupuesto asignado a la educación pública en el presente año 2025, por no respetar el artículo 78 de la Constitución Política que fija una asignación mínima de un 8% del PIB para la educación.

Dicho ministro anunció al país que ordenó congelar las transferencias presupuestarias aprobadas a la educación pública en 8 mociones introducidas al presupuesto 2025 por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las que asignaron 38 mil millones de colones para financiar partidas urgentes como las becas «Avancemos», los subsidios para transporte estudiantil y el Programa de Comedores Escolares, las transferencias a las juntas de educación y a los colegios científicos así como el faltante en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), entre otras partidas omitidas por el Poder Ejecutivo al enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa.

El SEC denuncia estas acciones del ministro de Hacienda como impropias de un jerarca del Poder Ejecutivo de un Estado democrático; primero porque irrespeta el principio de supremacía constitucional. Como bien conocemos la Constitución Política representa el nivel normativo superior al cual están sujetos, no solo los jueces constitucionales, sino todas las autoridades de gobierno incluyendo al señor Nogui Acosta por más «superministro» que se crea. El congelar estas partidas autorizadas por diputadas y diputados, es una burla porque él no está por encima de la ley para irrespetar las disposiciones de la Sala Constitucional (sentencias firmes) y de la Asamblea Legislativa (leyes de la República). Es una violación sin precedentes del principio de separación de poderes, provocando un peligroso conflicto constitucional de competencias entre los poderes, de consecuencias imprevisibles para el Estado de Derecho.

El SEC denuncia la evidente intromisión del señor Nogui Acosta en asuntos que son propios de educación, suplantando una vez más la autoridad de la ministra de Educación Pública quien brilla por su ausencia.

No es el Ministerio de Hacienda la autoridad llamada a fijar el rumbo de la educación pública costarricense. Sin embargo, con total atrevimiento sobre este tema que no conoce ni le compete, pretende delinear «la ruta de la educación» para los próximos 25 años, preguntándose: «¿Cuántos niños vamos a tener en 2050? (…) ¿tiene sentido el 8% de la educación en 2050?».

Obviamente don Nogui desconoce el contenido del Informe del Estado de la Educación y las recomendaciones de organismos internacionales especializados entre ellos la UNESCO, que señalan la importancia de incrementar el financiamiento de la educación pública como medio para solventar el empobrecimiento de los conocimientos de las personas estudiantes provocado por la pandemia COVID 19 y como mecanismo idóneo para mejorar la calidad educativa.

Es el momento ideal para mejorar la asignación de recursos por estudiante y para reducir el tamaño de los grupos en el aula procurando una educación más personalizada. Los informes especializados advierten sobre el peligro de desatender las obligaciones estatales con el financiamiento educativo, lo cual podría ser motivo de retrocesos irreversibles en la calidad de vida de las personas, en la capacidad productiva del país y en la vigencia misma de los valores democráticos de la Nación. El ministro Nogui Acosta se muestra así, como un completo ignorante de la lección fundamental sobre educación que impartió el benemérito de la patria don Mauro Fernández Acuña en 1885 — hace 140 años – al dotar al país de una visión educativa de largo plazo, proporcionándole a la educación pública los mejores recursos que el país podía ofrecerle, con lo que nos heredó una Costa Rica educada, culta, democrática y emprendedora, que es orgullo nacional así como motivo de reconocimiento internacional.

El SEC solicitará el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, y de las señoras y señores diputados para establecer el conflicto constitucional de competencias que establece el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consideramos que toda la comunidad educativa, padres y madres de familia que verán afectados los servicios educativos para sus hijos, organizaciones sociales y magisteriales debemos declarar «non grato» al ministro Nogui Acosta, por considerarlo enemigo público de la educación costarricense.

SEC junto al pueblo.

¿Qué hace a Rodrigo Chaves el hombre y el político más fuerte del país?

Vladimir de la Cruz

La situación de debilidad política, organizativa y movilizadora de los partidos tradicionales y de las organizaciones civiles, sociales y sindicales nacionales, es quizá la razón del matonismo institucional del Jaguar de Zapote.

El Jaguar sabe rugir, como animal político salvaje, el zoon politikón que todos llevamos dentro, ropaje con que se auto presenta, que se expresa en la doble dimensión aristotélica, en lo social y en lo político. En lo social, auto presentándose como el líder, el “mesías salvador”, el “Moisés” como alguna vez se presentó, de las masas populares a quien dice representar y conducir, a las que quiere resolverle sus problemas, alegando que no lo dejan.

En lo político, destruyendo en todo lo que puede el andamiaje político institucional del país, debilitando el Estado de Derecho. Con ello provocando desconfianza en el sistema democrático institucional que tenemos, especialmente en sus poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, en las instituciones controladoras de la legalidad como la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República, de seguido en los partidos políticos que han gobernado, que los ha pintado como las estructuras de los dictadores y tiranos que han ejercido la presidencia de la República desde 1949 hasta su gobierno.

En lo político, también, aniquilando el Estado Social de Derecho, debilitando y disminuyendo hasta donde pueda, los beneficios sociales históricos que se han logrado para los trabajadores y todos los costarricenses, congelando y reduciendo salarios e ingresos de los trabajadores y pensionados, elevando el costo de la vida, empobreciendo por esa vía a los ciudadanos y a los diferentes sectores asalariados del país.

En lo política, además, aniquilando hasta donde pueda a los líderes que hasta ahora han sido las cabezas de los partidos políticos, procurando improvisar líderes débiles, sin valores ni ideologías políticas, que actúen más instintivamente, situación que ha penetrado al interior de los grandes partidos en los conflictos que ha logrado provocar entre facciones contra quienes han dirigido o dirigen esos partidos.

Como jaguar sabe gruñir mostrando siempre su disgusto y repugnancia, murmurando entre sus dientes, refunfuñando, emitiendo voces confusas, a veces contradictorias, ininteligibles, amenazando, intimidando, acusando de manera directa personas, con nombres y apellidos, cuyo efecto colateral es el de inhibir a las personas que pueden opinar en su contra o críticamente, para que no lo hagan, porque en paralelo les echa la maquinaria estatal, y la organización policial personal, que tiene para que los investiguen en todo lo que puedan.

El animal político sociable aristotélico, en el caso del inquilino de su guarida en Zapote, es el menos sociable. Es confrontativo, peleador callejero, se comporta como el gritón del barrio, como un pachuco desbocado, sin control ni ligamen de su lengua con su cerebro.

El animal político aristotélico lo manifiesta en las decisiones que toma en ejercicio de su gobierno y mandato, más en contra de la comunidad que debe representar que a favor de ella. Su idea más maquiavélica se orienta a ser mejor temido que amado.

Frente a su poderío hegemónico del ejercicio del poder, en la forma autoritaria como lo lleva a cabo, opaca a cualquier “dirigente” político de todos los partidos políticos existentes en el país. No hay uno solo activo que lo iguale, menos que lo supere. No hay dirigentes políticos partidarios que destaquen por sí mismos en el escenario nacional. Eso es lo que lo tiene de punta en las encuestas, a punta de su demagogia, sus insultos y bravuconadas. La sociedad nacional en esto refleja una violencia y un irrespeto como no se había visto antes. Refleja una sociedad altamente machista, de matones de barrio, de peleadores callejeros, a quienes Chaves les dirige sus mensajes que los acogen con aplausos y gritería, con ánimo de enfrentamientos, de peleas, de agresiones, como se ve en algunos de sus seguidores, pagados o no, que moviliza el Presidente hacia las instituciones públicas cuando quiere amedrentar a sus miembros.

Me atrevo a afirmar que “nadie”, en términos generales, conoce a los miembros de los directorios políticos de los partidos porque no tienen vida propia, ni como dirigentes de sus partidos ante el país, ni de sus personas porque no hablan, no opinan, no se pronuncian sobre los problemas políticos nacionales, ni sobre nada. Lo único que atienden, de vez en cuando, es responder a los improperios del presidente, y provocar algunas gestiones de acusación ante la Fiscalía General de la República, ante el Poder Judicial o ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para que lo investiguen sobre algún punto en particular, sin seguirle el paso a la denuncia o acusación.

En este momento hay dos gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones acusándolo de beligerancia política. Una acusación fue hecha por el presidente del partido Liberación Nacional, motivo por el cual se le menciona en un periódico. Si no fuera por eso, sería un desconocido ciudadano, con lo cual se demuestra que él como presidente de ese partido, y ese partido, está a la cola de lo que hace el presidente. La iniciativa política, si así se puede llamar, de lo que sucede en el país, la pone y la tiene el presidente. Antes la ponían los partidos políticos. Cuando los partidos abandonaron esa iniciativa lo hizo la prensa costarricense por medio de sus editoriales o grandes temas de discusión que trataban, lo que hizo también que la prensa asumiera el papel de control político que los partidos políticos habían abandonado o perdido, motivo por el cual también gobernantes como el Jaguar de Zapote enfrentó a la prensa, a la prensa llamada por él “canalla”, equivalente a mezquina, sinvergüenza, miserable, agregándole que no le deja gobernar.

En el ambiente nacional no hay una agenda política de temas que se debatan. En las páginas de opinión de los medios de prensa hay diversidad de opiniones, pero dispersas, que no provocan debates entre los colaboradores de esos medios. Los comentarios de esas opiniones hoy se cargan más con los troles a favor del gobierno, llenos de insultos e improperios, sin ideas, contenidos ni razonamientos en contra de los artículos que cuestionan, donde atacan a los mensajeros y no entienden ni comentan a fondo los mensajes.

Desde el gobierno solo hay actos distractores de las acciones de gobierno, y actos distractores de la agenda parlamentaria, de manera que toda la información política gira alrededor del presidente y de sus intervenciones vacías y provocadoras de los miércoles, y de su principal diputada experta en mentir, lo que hace que los diputados giren alrededor de ellas, y de casualidad, como este caso, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, un presidente de un partido político accione para tener alguna publicidad y presencia en algún medio de comunicación.

Los partidos políticos nacionales han desaparecido en la práctica política nacional. No sirven para nada. Se han enquistado únicamente en ver cómo realizan sus asambleas cantonales, provinciales y nacionales para cumplir con los requisitos de la inscripción electoral para las próximas elecciones, o para actualizarlas de conformidad a las exigencias legales. En los cantones, en los ciudadanos y habitantes de las municipalidades, no se siente ninguna actividad de los partidos políticos que en ellas se representan. En ningún cantón ni cabecera municipal hay locales abiertos de los partidos que están representados en la Municipalidad.

El presidente por su parte, sin tener partido político propio, con el cual él se identifique, todos los días realiza pronunciamientos, hace intervenciones, opina sobre los partidos existentes, especialmente los que cotidianamente ataca de la oposición, reclamándoles lo que sea, pidiéndole a la gente que vea en el próximo proceso electoral quienes dañan al país, insinuando que son esos partidos criticados por él, con lo cual interviene en la política nacional electoral. El presidente llama a votar en las próximas elecciones por una fracción política parlamentaria que sea mayoritaria, que domine la Asamblea Legislativa para poder hacer los cambios que cree se deben impulsar en el país. La sanción extrema para el presidente que se le compruebe beligerancia es la destitución del cargo o una inhabilitación política de dos años. ¿Alguien sensato cree que esto pueda proceder en este momento, a 13 meses de la próxima elección nacional? ¡Pura bulla!

Para los que hayan llegado hasta aquí, en esta lectura, les digo que no me preocupa que el presidente opine sobre temas partidarios, políticos o electorales. Desde la legalidad existente el delibera, él se mete en la política, y en temas electorales, lo que le está vedado. Por supuesto, que me pueden decir que si la ley le impide opinar, no debe hacerlo. ¿Por qué tenerle miedo a la discusión política? ¿Por qué limitarle al presidente deliberar? ¡Qué lo haga! Estoy seguro qué, si se le permitiera, la política nacional se enriquecería en atención, en compromiso ciudadano y en la reducción del abstencionismo electoral.

Soy de la tesis de que esa restricción no debe existir. Todo lo que hace el presidente es político. Tiene todo el derecho a defenderlo. Igualmente, todas las fuerzas políticas nacionales tienen, en esa dimensión, la posibilidad de combatirlo, confrontarlo, criticarlo, debatirlo. Si el presidente opina, más derecho tienen los ciudadanos de hacerlo. Pero, además es hipócrita que se le impida al presidente actuar en la política nacional con actuación directa, defendiendo sus acciones gubernativas, defendiendo las posiciones políticas de su partido y de sus diputados.

En todas partes del mundo los presidentes y gobernantes tienen plena participación política sobre todo lo que rodea su gobierno, su ejercicio presidencial, sobre el ejercicio y la práctica política de los demás partidos.

En la vida nacional, antes de 1948, los presidentes y mandatarios eran activos dirigentes políticos. Eran grandes polemistas sobre el acontecer político en los temas nacionales que se discutían, y de manera fuerte, con las razones, con el análisis y las tesis políticas que se sustentaban.

La carencia de liderazgos políticos nacionales, la carencia de liderazgos políticos en los partidos, la ausencia de importantes líderes parlamentarios, la ausencia de debates nacionales sobre los temas más significativos del país, los ataques constantes del presidente a todos los dirigentes de los partidos que han gobernado, y a todos los partidos que han tenido la responsabilidad de conducir el país por cuatro años, en cada período presidencial desde 1949, la estigmatización que se ha hecho de algunos de esos presidentes y dirigentes políticos, ha provocado un gran vacío político nacional, donde el presidente, por su condición, por sus montadas conferencias de prensa, ha hecho que el presidente Rodrigo Chaves se muestre, por él mismo, como el hombre y el político más fuerte del país, como el único en posibilidad y capacidad de conducir el país hacia un nuevo derrotero nacional, como el lo solicita y demanda.

Si los partidos políticos, y los sectores políticos en sus diversos partidos políticos, en marcha hacia las elecciones nacionales, en los próximos 13 meses, no se ponen las pilas, si no surgen buenos y reales liderazgos partidarios y nacionales, nos van a llevar al carajo o nos va a llevar la trampa… vamos a continuar engañados y con presidente en el 2026 que puede ser peor que lo que tenemos.

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