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Etiqueta: estado de derecho

¿Seguiremos con posibilidades electorales confusas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos que llamamos tradicionales en Costa Rica, que son a la vez los históricos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, los que han dominado el escenario nacional, ganando las campañas electorales presidenciales, y dominando la mayoría parlamentaria de diputados hasta el 2014, cuando emergió otro partido con carácter gobernante, Acción Ciudadana, al haber abandonado sus banderas sociales y sus banderas alrededor de la construcción de un Estado benefactor, asistencialista, protector y desarrollador de las clases medias urbanas y rurales, entre otros aspectos y haberse plegado a las políticas neoliberales, lenta y rápidamente, desde la década de los 80s y 90s, sin estar estos partidos con voz opositora política, ni controladora política, son los que han contribuido, en medio de las crisis internacionales de este período, a no perfilar el futuro del país, a no darle rumbo certero y a crear los sustentos fundamentales que han dado origen a las tendencias populistas que están emergiendo desde el 2014 en Costa Rica.

Todavía no se ha hecho un buen balance político de los ocho años del gobierno del Partido Acción Ciudadana, PAC, especialmente del segundo de sus gobiernos, el de Carlos Alvarado, que fue el que precipitó el ascenso del actual presidente y de crearle la base legislativa e institucional de sus políticas, y de quedarse Acción Ciudadana sin representación parlamentaria, después de haber gobernado y dirigido el país en dos gobiernos seguidos.

Recientemente, los dirigentes del Partido Acción Ciudadana, Elizabeth Fonseca y Eduardo Trejos, como editores, han publicado un libro, “Partido Acción Ciudadana: 20 años de Historia”, que recoge una historia política de este partido, en 21 puntos de vista de sus principales dirigentes y activistas públicos del PAC. Es un gran esfuerzo, bien escrito, cuidadoso, bien concebido en la temática que aborda para ver la trayectoria del partido y de sus gobiernos, sin que se haga una revisión crítica a fondo de su organización partidaria ni de los factores que impidieron su desarrollo para mantenerse como la tercera opción política alternativa al PLN y al PUSC, y haber ellos tres marcado los derroteros futuros del país, que parecen estar hoy en manos de fuerzas populistas de nuevo tipo, encabezadas por el presidente Chaves, aunque él carezca de partido político propio, aunque no tenga organización política territorial, ni sea por ahora el principal líder político nacional, salvo que lo que hace como Presidente en ejercicio, lo coloca en ese nivel principal no por su liderazgo conductor político y visionario del país, sino por su arrogancia, desplantes, enfrentamientos destructivos hacia los poderes e instituciones públicas, ocurrencias deslegitimadoras y por sus fracasos gubernativos en la gestación de las leyes que le son propias.

El libro de la Historia del PAC termina con un apartado sobre el III Congreso Ciudadano que convocaron el 30 de julio del 2023, que llevó el nombre de una querida amiga mía y familiar, de muchos años, desde las luchas estudiantiles en la década de 1970, Olga Marta Sánchez Oviedo. Sería interesante que el esfuerzo de este Congreso se concretara en la publicación de sus actas, ponencias y discusiones si existen recogidas, para mejor valorar al PAC y sus eventuales posibilidades próximas, frente a la crisis que tienen Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que hoy carecen justamente de esta elaboración de pensamiento político, tan necesario para motivar más pensamiento político, más conocimiento del pensamiento y planteamientos políticos de los partidos existentes, de cara a las elecciones próximas.

Sin estas elaboraciones partidarias, y otras que pudieran gestar otros partidos, al menos los que tienen representación parlamentaria, que seguramente todos ellos irán tras las elecciones del 2026, el electorado costarricense, los ciudadanos, el pueblo electoral está ayuno de visiones políticas sobre el futuro del país, y estará más a las puertas de caer en las visiones esperanzadoras, de humo, que puedan llamar la atención de los votantes, con nuevos candidatos populistas peores que el actual gobernante, algunos de ellos haciéndose abanderados del continuismo presidencial actual y otros quizá, enfrentando al actual gobernante y su errado gobierno, levanten banderas más peligrosas y explosivas para el proceso democrático nacional y el futuro de la democracia costarricense.

Estos nuevos populistas ya están sonando cornetas y clarines, siguen siendo los llamados outsiders, los que están o vienen de afuera de las fuerzas políticas conocidas y tradicionales, que no trabajan bajo consensos políticos, ni con compromisos porque se montan en sus mensajes personales exacerbando las bajas pasiones, las frustraciones ciudadanas y populares, impulsando tensiones, como las que realiza cotidianamente el presidente Chaves, convocando a los ciudadanos para que le den el poder, de forma autoritaria, que dice le niegan para poder resolver los problemas de las gentes, del pueblo.

Todavía el animal de Zapote, el Jaguar, no ha dicho que quiere fundar una nueva República, la Tercera. No plantea la refundación de la Nación costarricense. Tal vez masculla, hablando entre dientes, gruñendo, mascando mal, rezongando, que la única Nación en posibilidad de “refundarla” es un periódico homónimo, lo que se verá en los siguientes meses electorales, de su éxito en ese sentido después de doblegar algunos brazos de sus accionistas e intereses publicitarios. En corrillos se dice que está feliz por los cambios en ese periódico.

Los nuevos candidatos populistas que se avecinan probablemente se montarán en este discurso, de nuevo gobierno, nueva república, nueva Costa Rica, con lo cual estarán enfrentando al inquilino de Zapote, salvo que el Jaguar logre llevar su jaguarcito político bien envuelto para continuar la destrucción y desmantelamiento del Estado Social de Derecho y del Estado de Derecho costarricense, como la está realizando.

La campaña electoral próxima tiene, por ahora, como escenario enfrentar al Jaguar, sus jaguarcitos, sus tendencias populistas extremas, su autoritarismo y sus pretensiones militaristas de la sociedad costarricense.

A la vista, los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana no están figurando como las principales fuerzas electorales hacia las elecciones del 2026. Participarán en las elecciones luchando por mantener en primer lugar el número de diputados que ya tienen, y, en segundo lugar, tratar de aumentar sus diputados. Por ahora no le veo más perspectivas que éstas. Esos diputados dependerán de lo que lleven en propuestas de candidatos.

Lamentablemente estos partidos han caído en las redes de las 84 tribus cantonales que los han invadido sin liderazgos nacionales, algunas de esas tribus actuando como verdaderas mafias políticas, de manera oportunista buscando y medrando poder en las estructuras partidarias, anulando y devaluando las dirigencias nacionales e históricas de esos partidos, enredándose en sus propios mecates.

Es triste el panorama que se nos avecina. En ausencia de fuerzas políticas en capacidad de actuar unitariamente, de alianzas reales y efectivas, con una plataforma común, con la certeza de que quienes la suscriban se atenderán a ella, sin rechazar los orígenes partidarios o ideológicos de quienes puedan compactarse, las posibilidades electorales, para la mayoría nacional, es confuso. En esta confusión caótica el discurso populista continuador del gobierno o neopopulista, alterno y confrontativo al gobierno, serán los ejes de la campaña.

No estamos atravesando una época tranquila ni sencilla. Es compleja. A nivel internacional, para América Latina, la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y del senador Marco Rubio, como su jefe de política exterior, va a ser de tiempos difíciles. Los populistas, tipo Rodrigo Chaves, y sus congéneres, empatarán más con las directrices del Departamento de Estado. Ya Chaves se ha alineado dócilmente, alejándose de la Soberanía nacional, con relación a lo que Washington dicta respecto a las relaciones económicas con China. Políticamente no está muy alejado tampoco.

Estados Unidos, en sus estertores de potencia en declive, puede arrastrarnos a una guerra mundial de carácter nuclear de baja intensidad, con sus guerras regionales en Ucrania y en el encendido Medio Oriente, con eje en la situación de palanca que tiene Israel en la proyección de sus conflictos con Hamas y la aniquilación e intento de desaparición de Palestina, y sus ataques en Siria e Irán. El Mar de la China, Mar de Japón, Taiwán, Coreas, son escenarios que atender en este panorama.

El populismo y el neopopulismo en la Comunidad Europea y el péndulo populista en América Latina son igualmente preocupantes. En Centroamérica el eje Bukele-Chaves se articula hacia un nuevo proyecto de centroamericanización autoritarista. El triángulo norte, Guatemala, el Salvador y Honduras sigue funcionando en sus aspectos migratorios y económico comerciales.

En la visión de Bukele hay una nueva visión morazánica como él la ve. Chaves, falderillo de Bukele, no tiene idea de lo que es esto. No casualmente se han desarrollado partidos, en procesos de inscripción electoral en el país, que tienen vínculos con Bukele o el bukelismo. No sería nada raro que el mismo Chaves se aproveche de una estas opciones para sus aspiraciones electorales en el 2026. No hay que negar ni ocultar, ni engañarse, de que el presidente Chaves está en campaña electoral permanente, para quienes él llegue a apoyar o para impulsar su propia candidatura y las de los diputados que él quiere llevar a la Asamblea Legislativa de manera mayoritaria.

Igual que en la época de Morazán las contradicciones internas en cada país centroamericano impiden la realización de un proyecto regional. Bukele, sin embargo, cultiva esa posibilidad viéndose él como el líder regional.

Los organismos regionales como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana no funcionan, ni tienen carácter vinculante importante. Solo gastos a sus países les generan. El Sistema de Integración Centroamericano, SICA, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sí funcionan en el campo de apoyos económicos para todos los países miembros. El gobierno de Chaves ha sacado provecho de esa pertenencia.

Honduras con debilidad política y Guatemala con graves contradicciones que pueden tumbar, si se agudizan, al gobierno de Bernardo Arévalo. La no aceptación del candidato de Nicaragua a la dirección del SICA es una contradicción importante, de todos los demás países centroamericanos, con el gobierno de la dinastía dictatorial que se ha establecido en Nicaragua, dando margen para que trascurra el breve período que falta sin ese nombramiento para que en su lugar lo asuma Costa Rica, como corresponde en el trámite protocolario que existe.

Nicaragua y Venezuela se mueven en la afirmación de dictaduras no deseadas en el continente, sin que se pueda actuar, por ahora, diplomáticamente con ellas. Lo de Venezuela sigue pendiente hasta el 10 de enero, cuando Maduro tenga que asumir su ilegítima presidencia.

Brasil con Luiz Inácio Lula, Colombia con Gustavo Petro y México con la presidente Claudia Sheinbaum se perfilan como el eje más democrático y progresista del continente. Uruguay con su reciente electo presidente, Yamandú Orsi, se sumará a este trío. En Bolivia hay una situación confusa. El presidente de Paraguay Santiago Peña, de paso el más joven presidente del continente y el presidente de Panamá José Raül Mulino, calzan entre los neoliberales y populistas del continente.

Así se visualiza el término del 2024 y el inicio del 2025. Pero, no pierdo la esperanza.

¿Cómo entender la Póliza que el Gobierno quiere recetarse?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Las pólizas son documentos en los que se establecen condiciones generales y específicas de contratos de seguro, de obligaciones y derechos de las personas aseguradas y de la compañía que les brinda el seguro, o el servicio de protegerlos de esa forma.

Son seguros de protección que adquieren las personas, los profesionales de distintas disciplinas o actividades laborales para cubrir aspectos relacionados con su práctica laboral o profesional, en casos de que en ellas se cometan faltas, malas praxis, y por resultado de ellas responsabilidades que se deben cubrir pecuniariamente con los afectados de esos trabajos o labores.

Los médicos, por ejemplo, especialmente los especialistas, adquieren esas pólizas para cubrir resultados negativos de sus trabajos, o demandas que puedan sufrir por la insatisfacción del trabajo médico quirúrgico hecho.

Así, la póliza protege al asegurado sobre los riesgos previstos en el contrato de seguro, en la póliza, en la posibilidad de que se produzcan resultados dañinos resultado de su trabajo, por el que deban afrontar una demanda de gastos por el daño o incidentes causados.

Es usual en Costa Rica tomar obligadamente pólizas sobre créditos bancarios o financieros, con las cuales los bancos obligan a los que reciben esos préstamos a tomar una póliza a favor del banco, y del crédito mismo, en caso de que no se pueda cubrir por alguna situación, durante el tiempo fijado o determinado de vigencia de esa póliza.

Las pólizas tienden a producir seguridad y tranquilidad para cubrir posibles riesgos. Así la persona asegurada puede presentar la reclamación para recibir la inmunización acordada en la póliza.

Hay pólizas de muchos tipos, de gastos médicos, de autos, de vida, de estudiantes, para flotillas de autos, las colectivas de vida.

Póliza y seguro son conceptos que se relacionan. El contrato de seguro es el acuerdo que se establece entre el asegurador y el cliente asegurado. La póliza refiere al documento donde se establecen los datos, coberturas y condiciones que se pactan.

Todas las pólizas tienen lo que se llama un saldo, que es un porcentaje de lo pactado que siempre se lo deja el asegurador, una vez descontado de lo que se cubrirá al asegurado. De manera que si se toma una póliza, por ejemplo, de 300 millones de colones y el saldo que se deja la empresa aseguradora es de un 10%, la empresa se deja 30 millones, sea la empresa o quien dentro de la empresa realiza el contrato de seguro o la póliza pactada como pago de comisión por el contrato hecho. Así, cuando desde el gobierno se impulsa un proyecto de tomar una póliza para cubrir actos de ciertos funcionarios, del más alto nivel, bien podrían estarse negociando aspectos relacionados con esos porcentajes, de a quien le quedan. Todas las pólizas tienen gastos por tipos de interés y de comisión.

En teoría, las pólizas ayudan a aclarar y reforzar los niveles que se esperan de los empleados en todas sus relaciones profesionales o laborales. Igualmente, se deduce de esto que los empleadores que gestionan, al personal asegurado por la póliza, pueden ejercer un control más directo y eficaz sobre lo que se acepta o no de su trabajo.

Los gobernantes, por el principio de representatividad política, son mandatarios del poder soberano del pueblo, son depositarios de un mandato, que resulta del voto de los ciudadanos, en cuyo nombre ejercen el gobierno de la República.

El pueblo en general y los votantes en particular son los mandantes de los mandatarios. El pueblo en general y los votantes en particular pueden exigir cuentas, ejercer control político directo. Pueden pedir incluso, en la teoría política, la destitución, la renuncia o pueden proceder a remover al mandatario que se aparte del poder de sus mandantes, exigiendo que gobiernen bien, a favor del pueblo.

Los mandatarios, llámense presidente, vicepresidentes, o funcionarios que resulten electos por votación popular, o aquellos que sean nombrados por estas autoridades, como los ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, NO pueden actuar en contra del pueblo o los mandantes. NO pueden abusar del pueblo. NO pueden excederse de su ejercicio de gobierno. NO pueden producir actos de corrupción, de deshonestidad, de extralimitarse sobre todo de manera dolosa, alevosa o criminosa. NO pueden justificar o tratar de cubrirse, por medio de una póliza, de actos que presumiblemente valoran en posibilidad de que les califiquen de corruptos que puedan realizar, o de actos dañinos que puedan ejecutar contra el interés público, el medio ambiente, los derechos y libertades, o incluso contra la misma alteración del Estado de Derecho.

Es justamente este Estado de Derecho el que obliga al mandatario, al presidente y sus colaboradores, a actuar en el marco de las leyes y de la Constitución Política, sabiendo que solo pueden realizar, hacer o ejecutar lo que las leyes y la Constitución Política les permite. NO pueden salirse de ese marco normativo alegando que no les dejan gobernar.

Los gobernantes, sea como se llamen, están limitados por las leyes. Los ciudadanos a diferencia de ellos están gobernados por las libertades y derechos que disfrutan constitucional y legalmente establecidas. Para los ciudadanos las libertades y derechos no están limitados porque no serían libertades y derechos. Se ejercen en el ámbito del disfrute colectivo de las mismas libertades y derechos respetuosos para los ciudadanos.

Los dictadores, los tiranos, los déspotas, los gobernantes autoritarios, los gobernantes militaristas justamente se distinguen por no someterse a las limitaciones de las leyes y de la Constitución en su actuar gubernativo. Se distinguen también cuando dolosa y alevosamente las violan, las incumplen, las desconocen y rechazan con sus actos, o cuando en procura de sus malas actuaciones, conscientes y previsibles, tratan de cubrirse de demandas civiles y penales que puedan causar sus políticas, y personales actuaciones, en ejercicio del cargo que desempeñan, incluso prolongando esa protección más allá de su mandato funcional.

En materia de seguros se dice que las pólizas sirven para brindar cobertura total o parcial al asegurado ante un siniestro, de un acto que obligadamente se tenga que indemnizar, por el conjunto de daños que puedan producirse de esas actuaciones.

Siniestro implica mala intención. Si el gobierno está tratando de cubrirse con una póliza hay que entender que tienen, en el gobierno, malas intenciones en el ejercicio de los cargos que desempeñan quienes así quieren cubrirse y protegerse, del mal ejercicio de su obligación laboral y directora institucional. El malintencionado es un malvado. Malvados son los miembros del gobierno que están impulsando la cobertura de la póliza para sus malvadas intenciones de actuación pública, sin importarles si violan o no las leyes y la Constitución, si con la póliza pueden protegerse de actos que están realizándose, o que se tiene planeado realizar o impulsar.

El siniestro es también una destrucción total o parcial de los bienes sobre los que recae el interés asegurado. Esto significa que estamos ante la destrucción total o parcial del país y del Estado costarricense por quienes están gobernando Costa Rica, y quieren protegerse a cuenta de una póliza de una entidad estatal de lo mal que pretenden administrar el país en los pocos meses que le quedan. En el reino animal, que puede ser el del jaguar, es depredar el ecosistema, degradarlo. En lo política equivaldría a depredar y degradar la democracia como sistema, como el inquilino de Zapote lo está haciendo cotidianamente.

Siniestro significa también maldad, daño y peligro. La póliza que se está tratando de justificar desde la guarida del Jaguar de Zapote nos está advirtiendo de la maldad, del daño y del peligro que significa para el país la continuidad del mandato que está depositado en ese jaguar, sus jaguaras y sus cachorros.

Sicológicamente, siguiendo a Freud, lo siniestro se evidencia en la persona que se encuentra desconcertada y perdida. Entendido así, hay que comprender que el presidente está perdido y desconcertado; es decir, y es evidente con lo que llevamos de gobierno, que no sabe para donde ir, que no tiene ruta, ni velas, ni brújula, ni sextante, ni astrolabio. Como diríamos en lenguaje popular costarricense: el presidente se encuentra más perdido que el niño de la Llorona…

En general, las pólizas obligan a ambas partes, al que la da y al que la recibe. En los anuncios de la póliza, que es como un manto protector de tortas, de mala praxis, de mala praxis gubernativa, no se ha dicho a qué se compromete la cuadrilla de trabajadores que se quieren cubrir con esa póliza estatal, que la pagan todos los costarricenses.

Por las leyes laborales del país, las de la seguridad social y las de seguridad e higiene ocupacional, la Casa Presidencial está cubierta para todos sus funcionarios sin necesidad de brindarles una cobertura especial adicional. Si tiene una caída, una enfermedad o un accidente están cubiertos como cualquier otro trabajador, siempre y cuando sean ocurrido como resultado de su actividad laboral, no de sus intenciones de realizar trabajos riesgosos, peligrosos, dañinos, que pueden tener efectos sobre los ciudadanos, sobre la sociedad, sobre bienes públicos, sobre el medio ambiente.

La póliza que el gobierno gestiona no es como las de la ley de Tránsito que protegen, en caso de lesión y muerte, a las víctimas exista o no culpa del conductor. Tampoco son pólizas por incapacidad laboral, que le dan un subsidio al trabajador.

Las pólizas que se quieren recetar en el Gobierno es una manera disfrazada, lo que se llama un fraude de ley, de aumentarse el salario mensual de los funcionarios, de aumentarse el aguinaldo y lo que les pueda aumentar en sus futuras pensiones. Es contrario este aumento a la legislación que se ha venido aprobando en contra de todos los trabajadores. Es también fraudulento el proceso de enriquecerse con los fondos públicos, de esa manera, para tener un ingreso adicional disfrazado mediante la póliza.

Por otra parte, si las autoridades de gobierno quieren recetarse esta protección y este aumento de salario solapado, ¿por qué no extender la protección de la póliza, del presidente y sus amigos, a todas las autoridades municipales, al alcalde, a los vicealcaldes, a miembros de los concejos municipales y aquellos funcionarios que tengan responsabilidades en la toma de decisiones, en la misma proporción que las autoridades que rodean al presidente? ¿Acaso no son lo mismo a nivel de los gobiernos locales? Ahí tenemos 84 pequeños gobiernos. ¿qué espera la Unión de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento de Ayuda Municipal para sumarse a la gestión de Zapote. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, dice el refrán popular. Igual para todos los funcionarios: que los jerarcas se cubran por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para PROTEGER SU REPUTACION y COSTEAR ASESORAMIENTOS DE RELACIONES PUBLICAS. Este último aspecto muy importante ante las próximas elecciones, en catorce meses, para mejorar imagen de posibles candidatos. La protección de la póliza cubre sobre actuaciones ejercidas durante el período en que ocupó el puesto mientras la póliza se encuentra en vigencia.

¡Qué rico gobernar así!, casi sin responsabilidades. Con posibilidades abiertas de cometer cualquier acto ilegal, inconstitucional, dolosa y alevosamente si fuera del caso…

La realidad que ha puesto a la vista el presidente con esta gestión en estudio, de la póliza que disfraza el aumento de salario y protege de cualquier torta, es que estamos a las puertas de la asunción celestial, en cuerpo y alma, de un equipo de Gobierno Absoluto de la Corrupción Nacional, sin descuidar la mala fama internacional que el gobierno ha adquirido y goza de tener un narco Estado en el país, bajo su administración.

Compartido con SURCOS por el autor.

Campaña en defensa del Estado de Derecho de Costa Rica – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de grupo de personas de diversas creencias políticas y ocupaciones

Frente al montaje de hechos falsos, para intentar coaccionar al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, firmamos este manifiesto.

Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y uno de sus pilares fundamentales ha sido el Estado de Derecho, construido a lo largo de muchas generaciones, que hoy día se ve acosado por los ataques y mentiras de un Poder Ejecutivo, con oscuros propósitos.

Como parte del ataque a nuestra democracia y a la división de poderes, el fiscal general está siendo objeto de amenazas y calumnias que buscan intimidarlo para que la fiscalía no proceda con la función encomendada por el Estado y la Constitución Política en el combate a la corrupción y los delitos contra la hacienda pública.

La fiscalía no ha actuado de oficio en este caso llamado “barrenador” (los EBAIS concedidos a algunas cooperativas y asociaciones privadas por la junta directiva de la CCSS), lo hace obligada por una denuncia de la auditoría interna de la CCSS, que la compromete, por ley a intervenir para esclarecer si hubo o no delito.

Conscientes de eso y también de la necesaria independencia, libre de presiones o amenazas en su actuar, es que damos nuestro indiscutible apoyo a las funciones que realiza la fiscalía, sobre todo en este caso que es objeto de chantaje para intentar obstruir su accionar por parte del Poder Ejecutivo.

La campaña ya cuenta con más de 1200 firmas, si desea agregar la suya siga este enlace.

Un año de barbarie

Escrito en . Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

Desde el inicio de nuestra lucha entendimos que el terrorismo no era una forma revolucionaria de acercar a las masas al socialismo.

Las acciones terroristas con ejecutadas, por lo general, por un pequeño grupo clandestino que ejecuta acciones pequeñas para asesinar a miembros del ejército o políticos, con el fin de provocar miedo en la población. Desde esta perspectiva, las luchas de masas, las luchas populares no son terrorismo, aunque en ese combate se puedan producir explosiones o ajusticiamiento de esbirros y saboteadores. Las acciones de violencia política no pueden catalogarse de terrorismo.

Sin embargo, su uso se generalizó desde el 11 de setiembre de 2001 y se aplica -según los intereses de los estados- a muchas acciones que son resistencia y lucha política de los pueblos oprimidos.

Por otra parte, el terrorismo más peligroso y letal es actualmente el Terrorismo de Estado. Tan condenable como el de pequeños grupos, el terrorismo de estado es más brutal porque se ejerce generalmente como defensa nacional o defensa del estado por lo que se legitiman la tortura, las desapariciones, el espionaje colectivo o la eliminación selectiva de todos aquellos que puedan ser considerados enemigos del Estado.

En los juicios contra la dictadura de los militares argentinos, éstos argumentaron que la brutal represión se hizo para defender al Estado de las acciones de los subversivos o guerrilleros; la justicia argentina condenó a la cúpula militar argumentando que el Estado no tiene el derecho de actuar ilegalmente, aunque sea para defender la legalidad. El Estado no puede violar los derechos humanos para defenderlos, el Estado de Derecho se defiende conforme a las leyes y la constitución.

Este día se cumple un año de barbarie, de un genocidio pocas veces visto en las últimas décadas de historia. Me llama la atención que los bombardeos y ataques que realizan los que la prensa llama grupos terroristas están dirigidos contra las bases militares e infraestructura militar de Israel, mientas que los bombardeos de Israel -que supuestamente no es terrorista- se dirigen contra hospitales, escuelas, barrios, fábricas, carreteras, de manera indiscriminada y sin importar lo que ellos llaman daños colaterales. El resultado hasta hoy es de 45.000 muertos, 10.000 desaparecidos, en su mayoría niños, niñas y mujeres en Gaza y varios miles de muertos ahora en Líbano.

La guerra de Israel está dirigida por Netanyahu, con orden de captura internacional por la Corte Internacional de Justicia, que es un corrupto condenado por la propia justicia israelí, junto a una camarilla de ultraderecha, ultra nacionalista y racista que ha perdido todo sentido de la razón y los límites. Una camarilla, que, por mantener su impunidad, está acabando con el mismo pueblo israelí, alejando sus fuentes productivas y sembrando traumas de guerra que dejarán solo mentes enfermas dentro de los jóvenes y del pueblo de Israel.

Netanyahu y su camarilla están desquiciados y totalmente fuera de control. Ese engendro se le escapó de las manos a EEUU y la OTAN.

A ningún país le sirve o interesa que esa zona del Cercano Oriente se convierta en un conflicto generalizado solo porque la camarilla de Israel esté interesada en llegar hasta su propia inmolación. Las consecuencias serían desastrosas, no solo por el petróleo sino por el comercio mundial en general.

Según parece el mundo se está hartando de Netanyahu y su camarilla racista. Ya empezó Macron negándose a entregarle más armas a Israel y el gobierno de Biden y Harris parece endurecer sus posiciones.

¿Está pensando EEUU y la OTAN en un recambio en la cúpula israelí?

Netanyahu y su grupo manifestaron que en 4 semanas acabarían con Hamás en Gaza, pero ya pasó un año y la guerra se ha extendido a otras regiones. El pueblo palestino no desaparecerá, al contrario, la solidaridad y el apoyo de todo el mundo lo ha respaldado.

Palestina será libre, y ello cada vez está más cerca.

8 % ya

Escrito en . Publicado en Educación.

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Presentación del libro «Libertad de Expresión y Estado de Derecho»

Escrito en . Publicado en Derechos.

Fecha: jueves 5 de septiembre de 2024. 

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Auditorio del Colegio de Periodistas. 

El próximo jueves 5 de septiembre de 2024, a las 10:00 a.m., se llevará a cabo la presentación del libro titulado «Libertad de Expresión y Estado de Derecho». El evento tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Periodistas.

Este evento es organizado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI). La presentación promete ser una oportunidad única para reflexionar sobre temas cruciales como la libertad de expresión y su relación con el estado de derecho en la sociedad actual.

Se invita a estudiantes, académicos, periodistas y al público en general a asistir a esta actividad, la cual busca fomentar el diálogo y el entendimiento sobre los desafíos y las responsabilidades que enfrenta la libertad de expresión en el contexto contemporáneo.

Defensoría ante resolución de la Sala Constitucional sobre Ley Jaguar

Escrito en . Publicado en Derechos.

El respeto a las resoluciones de la Sala Constitucional es fundamental para la estabilidad democrática y la paz social. Insta a defender los cimientos del Estado de Derecho

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a respetar las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, en tanto constituyen un cimiento fundamental del Estado de Derecho y de la convivencia democrática.

El acatamiento de lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional ante los asuntos sometidos a su conocimiento es necesario para la seguridad jurídica del país, indistintamente de las posiciones particulares de las partes involucradas.

La Defensoría de los Habitantes considera esencial que las controversias se canalicen a través de los mecanismos existentes, en apego al ordenamiento jurídico.

El respeto y equilibrio entre los Poderes de la República es indispensable para que Costa Rica camine por la vía democrática. Toda sociedad puede decidir los cambios que se necesitan sin debilitar los controles que garanticen la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. En una democracia como la costarricense, todas y todos debemos velar porque se garantice la independencia en la actuación de las instituciones del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los contrapesos en el ejercicio del poder público.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, desde la Defensoría de los Habitantes seremos absolutamente respetuosos de las resoluciones que emita la Sala IV, siendo que sus fallos se basan a lo establecido en nuestra Constitución Política y que, las personas que somos funcionarias y funcionarios públicos, juramos respetar y defender.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

¿Crisis o tragedia?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Bien hacen los que, en gesto patriótico, desenmascaran a quienes, desde el poder, atropellan las instituciones democráticas que sustentan nuestro Estado de Derecho. Los apoyo de corazón. Pero esto no basta. La tragedia que Costa Rica, estupefacta, está viviendo ante los desmanes del actual residente de Zapote – el apelativo honroso de “presidente” de una nación democrática, le queda muy pero muy grande a este improvisado que hoy (des)gobierna a nuestra querida Patria – debe ser analizada a la luz de nuestra historia. Eso da para escribir un libro entero; aquí tan sólo pretendo esbozar sus grandes líneas.

La forja de una nación se da en tres etapas. Nace como “pueblo”, se desarrolla como “nación” y se institucionaliza formalmente con la creación del Estado Nacional. Con una madurez impresionante, Costa Rica lo logró antes que otras naciones del entorno y por medios – lo cual es aún más impactante- eminentemente políticos, es decir, con un mínimo de derramamiento de sangre fratricida. Veamos. En el s. XVII gracias al mestizaje, nacimos como pueblo (el homo sapiens es una especie de mamíferos que vive en manada). En las décadas finales del s. XVIII e inicios del XIX, bajo la influencia de las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III, nos convertimos en “nación”, es decir, adquirimos conciencia de nuestra identidad colectiva; este proceso fue hegemonizado por las nacientes ciudades del occidental del Valle Central, San José y Alajuela, triunfadores de la Batalla de Ochomogo (1823) que creará la Costa Rica liberal y republicana. En el siglo XIX, luego de nuestra independencia, forjamos el Estado Nación, gracias al espíritu visionario de Braulio Carrillo, al heroísmo patriótico de Juanito Mora y a la firmeza de los liberales de la década de los 80. Con la reforma de la educación de D. Mauro Fernández, se pusieron las bases de lo que será lo que los costarricenses entendemos por “democracia”, el Estado social de derecho. Esa fue la labor del siglo XX, llevada a cabo en tres etapas. La creación del Estado de derecho fue liderada por la generación del Olimpo, en especial por ese gran político que fue Ricardo Jiménez. En la década de los 40 se forja el Estado Social; fue una década especialmente violenta que culminará con la guerra civil de 1948 y el nacimiento de la Costa Rica contemporánea. Allí se da un pacto social entre los diversos sectores sociales con un protagonismo de los nacientes sectores medios, liderados por el recién creado Partido Liberación Nacional; todo en búsqueda de la trasformación del país gracias a un proceso de modernización, iniciado en el gobierno de Francisco J. Orlich (1962-66).

La crisis que hoy vive Costa Rica proviene de la obsolescencia que, de ese modelo de nación, como lo prueba la decadencia (¿irreversible?) del partido que hegemonizó la vida política del país durante toda la mitad del siglo pasado, Liberación Nacional. Se ha creado con ello un vacío de poder en un país que, como en todos los países de cultura latina, urge de un caudillo como en el pasado fueron Juanito Mora, Ricardo Jiménez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y José Figueres. Hoy ya no basta administrar el Estado para, introduciendo algunas reformas, mantener el statu quo. El proceso burgués de modernización ha traído como consecuencia el debilitamiento de los sectores agrícolas y el surgimiento de sectores urbanos que hoy constituyen la mayoría política, económica y cultural de la población. Actualmente nuestra economía se basa no en la producción agraria, sino en la exportación de artefactos, hechos por profesionales salidos de nuestras universidades, empleados de las grandes empresas transnacionales instaladas en las zonas francas en constante crecimiento. En segundo lugar, nuestra economía se basa en el turismo, el cual está llamado a convertirse en el primer factor de producción de nuestras riquezas a mediano plazo. Costa Rica no tiene productos estratégicos para insertarse en el mercado mundial, como es el petróleo como materia prima y fuente de la energía que mueve a la economía mundial, o los cereales en el campo agrícola, para suministrar alimentos a una población de 8 mil millones de seres humanos. La riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad, cuyo disfrute posibilita el desarrollo del turismo, el cual se nutre de nuestras bellezas naturales y de la gentileza de nuestras gentes. Pero el turismo requiere de paz local, lo cual sólo se logra gracias a un Estado que aplique la justicia en los tribunales, a una policía que dé seguridad ciudadana y a un sistema político basado en la justicia social; ya que los pueblo sólo son felices si tienen un presente que les garantice seguridad económica y un futuro para sus hijos gracias a una excelente educación, todo sustentado en un sistema de servicios baratos que provea de salud a toda la población. Motor de este proceso es el avance en el desarrollo científico-tecnológico, que sólo se logra gracias a la consolidación de una educación superior pública que promueva la investigación de punta, puesta al servicio de las mejores causas.

Lo dicho sólo se logrará cuando el pueblo tome conciencia de su condición de sujeto de su propio destino y se organice políticamente para lograrlo. La crisis ha sido agravada por el actual gobierno, si bien se ha venido sistemáticamente incubando desde décadas atrás, debido a que gobiernos anteriores debilitaron el Estado Social de Derecho. Pero hay que enfatizar que esta crisis debe ser vista, no como una tragedia irremediable sino como una crisis que anuncia una nueva etapa de nuestra hermosa historia patria, gracias a un pueblo que, en sus momentos más álgidos, ha dado muestras de una impresionante madurez política. La crisis de los partidos políticos debe servir para dar el salto de una democracia representativa a una democracia directa y popular, sin por ello debilitar la institucionalidad democrática vigente. Todo lo cual sólo se logrará por etapas, como todo en la vida individual y de los pueblos. En concreto, debemos aprovechar las próximas elecciones, cuyos aires ya han comenzado a soplar en el ambiente político doméstico, para debatir sobre estos temas. Por ahora, no nos preocupemos por forjar líderes; esto se los dará el propio pueblo cuando la coyuntura política lo requiera. De nosotros depende que la crisis actual no degenere en tragedia.

En 1948 se estableció que se podía anular la nacionalidad del naturalizado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hace casi exactamente 76 años, la Junta Fundadora de la Segunda República, el 20 de julio de 1948, en el Decreto Ley No. 106, discutió sobre la ciudadanía. La consideró “un derecho substancial que corresponde, de modo indiscutible, tanto a las personas nacidas en el territorio de la República de padres extranjeros como a los nacidos en el extranjero de padres costarricenses.”

Sobre este considerando señaló que la ciudadanía emanaba de esas circunstancias, por lo que “no debe tener otras limitaciones que la voluntad del interesado o de sus padres, en su minoridad, y las demás de carácter puramente formal que la ley establece”.

En ese sentido rectificó “el párrafo primero del artículo 9º de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la No. 207 de 26 de agosto de 1944, suprimiendo el impedimento que contempla en relación con la opción de la ciudadanía”, e introdujo al citado artículo 9º una reforma que le permitía al Poder Ejecutivo “previo examen de las condiciones personales del solicitante, conceder la carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las naciones con las que Costa Rica hubiere estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, siempre que los antecedentes, hábitos y procederes de quien la pidan, lo hagan digno, a juicio del Poder Ejecutivo, de ser costarricense.” Obvio era que, en 1944, la situación internacional en el marco de la II guerra Mundial, y la declaración de guerra que había establecido Costa Rica contra el imperio japonés, la Alemania Nazi y la Italia fascista, en diciembre de 1941, conducía a considerar la naturalización o adquisición de la ciudadanía costarricense para personas de países con los cuales estuviéramos en guerra o no hubiéramos firmado la paz.

Superado ese trance, con la victoria sobre el eje nazi fascista, en mayo de 1945, en Europa, y en setiembre, sobre el Japón imperial, ya en el marco inicial de la Guerra Fría, surgida desde esa finalización de la guerra en 1945, la Junta de Gobierno, sobre la consideración del artículo 9 de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la ley No. 207 de 26 de agosto de 1944, dispuso, en un solo artículo, por este Decreto No. 106, que el artículo 9 se leyera así:

“Artículo 9º. – No se concederá carta de naturalización a los ciudadanos súbditos de Nación con la que Costa Rica se halle en estado de guerra, ni los declarados judicialmente en otros países piratas, traficantes en esclavos, incendiarios, modernos falsos o falsificadores de billetes de banco u otros documentos de crédito público, ni a los asesinos, plagiarios o ladrones.

Es nula de pleno derecho la naturalización que fraudulentamente haya obtenido el extranjero en violación de la ley o de los reglamentos; y, en consecuencia, en cualquier momento en que se compruebe que al solicitar u obtener la carta, un individuo naturalizado dio algún dato falso, o que fue condenado antes por un delito que merezca pena de presidio, o que se ha valido de su calidad de costarricense naturalizado con posterioridad a su obtención, para propagandas contrarias al orden público o social en el interior o exterior del país, el Poder Ejecutivo podrá revocar el acuerdo que le concedió la nacionalidad costarricense y declarar nula la respectiva carta. La revocatoria se hará en resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se publicará en La Gaceta oficial y se comunicará al Registro Cívico para su anotación. Estos preceptos regirán en cuanto a las opciones de nacionalidad.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el Poder Ejecutivo podrá conceder carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las Naciones con las que Costa Rica haya estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, si previo examen de las condiciones del solicitante, como antecedentes, vinculaciones, tiempo de permanencia en el país, hábitos y procederes, es digno de ser costarricense”.

Más claro no canta un gallo. La nacionalidad adquirida por nacionalización, por naturalización solicitada por un extranjero, ante la institucionalidad del Poder Ejecutivo, y del Estado de Derecho costarricense, podía ser revocada si caía en las causales señaladas. En esa época no existían las calificaciones de organizaciones criminales, de narcotráfico, de terroristas, que hoy existen, ni las condiciones de desarrollo de narco estados o estados fallidos por la presencia de este tipo de organizaciones, ni existían los carteles mafiosos internacionales como hoy se expresan. Ni tampoco sucedía la búsqueda de nacionalidades, a modo de escudos de protección, para líderes de esas organizaciones, mediando diversos ardides, entre ellos matrimonio con nacionales, como ocurre con casi 40 personas detectadas en el país que abusan de esta condición para no ser extraditadas a sus países originarios, o a terceros países, que los persiguen por participar en estas redes internacionales de criminalidad que afecta a esos países.

La nulidad de la naturalización así adquirida, mediante fraude o dolo, se podía realizar como un acto legítimo de todo derecho por el Poder Ejecutivo. En este sentido es que la Asamblea Legislativa podría modificar las disposiciones legales para anular la naturalización, o la carta de ciudadanía, de aquel extranjero, que caiga en esas categorías criminales y haya ocultado su participación o vínculo, para obtener la nacionalidad costarricense. Esta extradición solo afectaría a naturalizados, que perderían la nacionalidad costarricense, pues al quitarles la nacionalidad costarricense, quedan con la propia permitiría expulsarlos del país o extraditarlos, al país que los demande.

A los costarricenses de nacimiento no se les puede expulsar del territorio nacional ni se les puede extraditar, de acuerdo a nuestra Constitución Política.

Así, la discusión legislativa de extradición de mafiosos naturalizados y de posibles costarricenses que hubieren cometido delitos en otros países, por los que son requeridos, es claro que no está cubierta por la disposición constitucional del artículo 31 que señala expresamente que “nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”, si fueran razones políticas las que causan su solicitud de extradición. Pero, quedan a descubierto de la persecución de delitos comunes y de las nuevas formas delictivas de las organizaciones criminales, anulándoles la nacionalidad, lo cual sí procedería.

La extradición tal como se discute en la Asamblea Legislativa debería concentrarse en la extradición de extranjeros que adquirieron dolosa o fraudulentamente la nacionalidad o la naturalización, y si carecen de medios de vida que se puedan constatar, por lo menos, por la Caja Costarricense del Seguro Social o por la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda. Si así operan, que se les cancele o anule la nacionalidad costarricense.

La extradición en Costa Rica en su momento final es una decisión del Poder Judicial, de conformidad al conocimiento que se tenga del requerido para ser extraditado.

El Poder Ejecutivo podría anular la nacionalidad del naturalizado, si esa anulación o cancelación se justifica legalmente, que es lo que procede realizar, modificar la ley advirtiendo a los extranjeros que quieren optar por la nacionalidad costarricense de las causales que les puede anular esta nacionalidad.

Los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron la decisión de anular la naturalización adquirida, mediante fraude o dolo, fueron, aquel 20 de julio de 1948, José Figueres, Benjamín Odio Odio, Fernando Valverde Vega, Uladislao Gámez Solano, Bruce Masis Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, Gonzalo Facio Segreda, Alberto Martén Chavarría, Francisco José Orlich Bolmarcich, Raúl Blanco Cervantes y Edgar Cardona Quirós.

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