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Etiqueta: estado de derecho

Guatemala: Caso “Toma de la USAC” profundiza judicialización del proceso electoral y la criminalización contra personas opositoras

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.

Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.

El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.

Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.

El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.

Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.

FIRMAN
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
BeJust
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
RFK Human Rights
American Friends Service Committee (AFSC)
Luis von Ahn Foundation
International Service for Human Rights (ISHR)
Comisión Internacional de Juristas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin American Working Group (LAWG)
Protection International (PI)

Vetos presidenciales y resellos legislativos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Es claro que el presidente Rodrigo Chaves no sabe y no conoce cómo funciona un régimen político democrático, que descansa en el ejercicio independiente de los poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, como existe en el ordenamiento constitucional y legal nacional. Su estilo autoritario, casi tiránico con sus subalternos, con el que gobierna, no le permite entender esta independencia y autonomía.

Los poderes públicos son independientes, autónomos, entre sí, con funciones propias que les son asignadas constitucionalmente, a las que tienen que someterse los funcionarios que los integran y representan. Sus funciones propias son indelegables y exclusivas, por lo que no pueden trasladarlas a los otros poderes para su elaboración o ejecución.

Los funcionarios públicos, como el presidente de la República, están sujetos a lo que la Constitución Política les señala y establece como límites en su función, en su trabajo. Esta es una de las claves del funcionamiento del llamado Estado de Derecho, que en Costa Rica se instituyó desde 1824, cuando en ese año se establecieron los tres poderes clásicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que el próximo se podrán celebrar en sus bicentenarios institucionales.

Clave del Estado de Derecho es el control político que se lleva a cabo sobre el funcionamiento de los tres poderes y de los funcionarios que los representan. Ese control político descansa en los ciudadanos y en aquellas instancias que se crean, en el ordenamiento jurídico, como colaboradoras de los mismos poderes públicos y de los ciudadanos. Algunas de esas instituciones coadyuvantes del control político institucional son: la Contraloría General de la República, que es un órgano auxiliar del Poder Legislativo, en cuanto al control presupuestario que realiza; la propia Procuraduría General de la República, por sus fallos jurídicos obligatorios para toda la institucionalidad administrativa y pública; las diferentes Defensorías de los Habitantes y Ciudadanos que operan en el país y, la misma Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, que marca los límites de la constitucionalidad y legalidad constitucional de las leyes, reglamentos y de las actuaciones administrativas de funcionarios.

Los diputados, integrantes activos del Poder Legislativo, tienen la función del control político, establecida en su trabajo ordinario. A ello le dedican tiempo diario de sus sesiones.

Algunos presidentes del pasado, desde que existe la Sala IV, cuando ésta les rechazaba acciones por violar la Constitución Política y la legalidad nacional, reclamaban que “no los dejaban gobernar”. De allí la idea de la ingobernabilidad nacional que se ha venido vendiendo desde hace bastantes años por parte de quienes desearían ejercer el gobierno de la República sin controles, sin apego a la Constitución Política o al marco de legalidad. Rodrigo Chaves, criticando esa “ingobernabilidad” señaló, criticando a sus antecesores presidentes, que no era que había “ingobernabilidad”, sino que “no gobernaban”. De allí sus primeras expresiones de que gobernaría por decreto, a la fuerza. Que dinamitaría los puentes institucionales con el Poder Legislativo, que no se reuniría con los partidos políticos opositores, cuando el partido que lo eligió solo tiene 10 diputados, y en la Asamblea Legislativa mucho de lo que se hace y se logra es por hacer acuerdos parlamentarios, no por imposición de directrices de la Casa Presidencial sobre la decisión política de los parlamentarios.

La fracción legislativa de gobierno es la que se reconoce como el grupo de diputados que se eligen por el mismo partido político que elige al presidente de la República. A diferencia del presidente, los diputados hablan en nombre de sus partidos, se identifican con su partido, se identifican con su gobierno. El presidente no puede hacer esto. Tiene prohibición constitucional de opinar sobre asuntos partidarios y políticos. No puede meterse en asuntos políticos, partidarios o directamente electorales, como sí lo hacen la mayoría de los presidentes de todas las repúblicas del continente americano, y como también se permite en Europa.

El ministro de la Presidencia como figura, es el encargado de atender las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Es el encargado de “negociar” el trámite de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para su conocimiento en las llamadas Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo. En este sentido, la Asamblea Legislativa trabaja seis meses al año, de manera exclusiva, atendiendo los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo a su conocimiento y trámite. Su oportunidad de aprobación dependerá de la importancia del Proyecto de Ley y del trabajo político que realice el ministro de la Presidencia y los diputados oficiales de gobierno para lograrle los votos afirmativos.

Entendamos, todo lo que conocen los diputados en su trámite legislativo se hace por medio de Proyectos de Ley. Estos, cuando se presentan al trámite legislativo se canalizan a la comisión parlamentaria que se estima conveniente para su conocimiento. Allí se realiza un trabajo enorme de los diputados en el conocimiento y discusión de esos proyectos de ley. Allí pueden llevarse técnicos, especialistas y hacer consultas obligadas por constitucionalidad a instituciones o sectores para que opinen sobre el proyecto de ley en trámite. Pueden integrarse también comisiones legislativas mixtas, con diputados y con personas conocedoras de los temas a conocer, tratar y resolver.

Cuando el Proyecto de Ley se rechaza en una comisión legislativa su expediente se traslada al Archivo parlamentario. Si se aprueba por unanimidad pasa al Plenario Legislativo para su trámite definitivo. Si se aprueba con varios dictámenes, de mayoría y de minoría, como se dice, estos pasan al Plenario con el expediente. En el Plenario legislativo solo se conocen Proyectos de Ley que hayan pasado ese filtro de las comisiones parlamentarias.

Los diputados aprueban las leyes cuando le dan la votación final afirmativa, en el Plenario, a los proyectos de ley que han estado en esos trámites desde las comisiones. Se aprueban por unanimidad o por la mayoría parlamentaria que se exija para su aprobación. Por aprobado el Proyecto, como Ley de la República, pasa al Poder Ejecutivo para que lo refrende, lo ratifique, y lo envíe a su publicación en el diario oficial, La Gaceta, para que entre en vigencia en el momento en que la misma ley diga, o ipso facto si es del caso.

Ese refrendo presidencial es una de las formas de control político intra-poderes públicos. Es parte del equilibrio institucional de poderes que existe en el Estado de Derecho. Es un poder especialísimo que puede el presidente oponer a la gestión de los diputados. Al presidente o al Poder Ejecutivo le puede parecer que una ley no debe aprobarse. Eso es válido. Por ello, el presidente tiene el llamado derecho de veto, de rechazar la Ley que le ha sido sometida para su ratificación. Su rechazo tiene que ser justificado y razonado, por las razones que el Ejecutivo sostenga. Las razones son de inconstitucionalidad, ilegalidad, oportunidad, conveniencia o interés público, o la que se aduzca.

Si el Poder Ejecutivo veta la Ley, ésta se devuelve a la Asamblea Legislativa, donde los diputados conocen las razones del veto presidencial hecho. Vuelven a discutir la Ley. Si aceptan el veto proceden de conformidad. Si no lo aceptan vuelven a votar, de manera calificada la Ley. Si la aprueban de nuevo queda vigente, y la envían a su publicación oficial sin la firma del presidente de la República. Esto es lo que se llama resello parlamentario. Así funciona la democracia política republicana que tenemos.

El presidente no puede enojarse, perder el temperamento, alocarse, perder la cordura, ni la compostura, lo que es su estilo y marca, porque le impongan un resello parlamentario. Sencillamente tiene que aceptarlo. Podrá pensar que fue un error que no le acepten su veto. Frente a su exhibicionismo autoritario, debería verse en el espejo del presidente Mario Echandi Jiménez.

El presidente Echandi gobernó con un Congreso legislativo ampliamente en contra, con mayoría parlamentaria liberacionista, que le imponía leyes. Así vetó 80 leyes. De todas ellas solo ocho fueron reselladas.

El veto es una función co-legislativa que da la Constitución al presidente. Es una responsabilidad muy grande la que tiene de enfrentarse a los diputados en el proceso de aprobación de las leyes. De todos sus vetos, 22 fueron enviados al archivo legislativo. En los otros casos se acogieron las razones del Ejecutivo.

El presidente Echandi a pocos días de dejar el gobierno, en abril de 1962, publicó un libro, de 848 páginas, donde exponía las razones y justificaciones de sus vetos legislativos.

Presidente Rodrigo Chaves siga el camino ejemplar del presidente y Benemérito de la Patria, Mario Echandi Jiménez, con ecuanimidad, serenidad y altura.

Acepte con tranquilidad emocional el Estado de Derecho y las limitaciones que usted tiene…y, empiece a preparar, si así lo quiere, su librito de memorias de Los Vetos del presidente Chaves…

¿Ha caducado el Estado de Derecho?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Ha trascendido en medios de comunicación muy serios que, al finalizar una reunión de emergencia entre jerarcas de supremos poderes, el presidente de la República ha moderado su lenguaje contra los jueces y afirma que la culpa la tienen las leyes, y hay que cambiarlas. Por su parte, parece que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, coincide con esta apreciación y añade que las leyes que nos rigen fueron hechas hace mucho tiempo y para una Costa Rica muy diferente.

Lo que diga don Rodrigo Chaves, desde una perspectiva jurídica, realmente me tiene sin cuidado. Ha demostrado en múltiples ocasiones y diferentes temas una capacidad de improvisación e irresponsabilidad que no hay manera de contrastar.

Mucho más preocupante son las manifestaciones de don Orlando Aguirre. Por su condición de jurista, su autoridad y su larga experiencia. La verdad, no me esperaba sus apreciaciones.

Para decirlo con brevedad: se es, o no se es, un Estado de Derecho. Se defienden o no se defienden los principios en que se fundamenta. Cuando oímos decir que las leyes hay que cambiarlas para adaptarnos a una nueva realidad, ¿en qué estamos pensando realmente? ¿Qué aspectos, de un Estado de Derecho, han devenido obsoletos?

¿Vamos a permitir la detención de personas sin indicio comprobado de haber cometido delito? ¿Vamos a tenerlas en manos de la policía, el tiempo que sea, sin ponerlas a la orden de un juez? Estando detenidas, ¿les vamos a negar informarlas de la razón de su detención y las pruebas que hay en su contra? En esta “nueva” Costa Rica, vamos a autorizar allanar domicilios sin orden judicial? ¿Vamos a intervenir las comunicaciones privadas sin límite alguno? ¿Terminaremos con esa “tontería” de los recursos de hábeas corpus, amparo o acciones de inconstitucionalidad? ¿Vamos a condenar penalmente a un ser humano sin permitirle defenderse? En definitiva, ¿qué tenemos que echar al basurero? ¿La Constitución misma? ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Han devenido obsoletos los instrumentos esenciales de la convivencia civilizada y democrática? ¿Podemos, acaso, prescindir de uno sólo de los principios o normas esenciales que estos documentos exigen?

¿Cómo es posible, que a estas alturas del siglo XXI, ignoremos que prácticamente TODAS las leyes de importancia, en cuanto a derechos fundamentales, en Costa Rica, han sido sometidas a un examen de constitucionalidad? Durante décadas se han hecho ingentes esfuerzos para que las acciones y decisiones de las autoridades públicas tengan un mínimo de concordancia con el Derecho de la Constitución y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si ha habido temas donde la Sala nos ha quedado debiendo, eso no descalifica los muchos otros en que ha cumplido a cabalidad con su papel de tutela efectiva en temas relevantes.

En definitiva, ante una crisis de seguridad, ¿vamos a botar la criatura con el agua sucia de la tina? Si les damos un vistazo a las propuestas que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa y ésta ha recibido con un entusiasta “pronto despacho”, ¿de veras creemos que extraditando nacionales, maximizando la prisión preventiva, ninguneando el criterio de los jueces, ampliando las intervenciones en las comunicaciones de las personas, y creando el concepto de “persona peligrosa” o “menor de edad peligroso” vamos a superar esta crisis de inseguridad?

Sólo espero que nuestra Asamblea Legislativa reflexione a fondo sobre las medidas que se están proponiendo y, sobre todo, tengan alguna idea de cuáles van a ser las consecuencias ineludibles de tomar decisiones sin darles el pensamiento necesario. Doña Prisa y Don Miedo son los peores asesores parlamentarios que conozco. Sólo espero que alguien llame a reparar en las causas profundas de la debacle que estamos viviendo y se acuerde de que existe algo llamado “prevención”, clave para superar los muros de la mera “represión” en la que estamos entrampados.

Una nueva era política: de presidentes autoritarios (I)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

En estas primeras dos décadas del siglo XXI la política ha estado caracterizada por la formación de líderes, presidentes o dirigentes autoritarios, o sea de hombres fuertes. (Por cierto, todos hombres).

Desde el año 2000 empezaron a surgir dirigentes o presidentes que políticamente no son considerados como dictadores o tiranos, sino que ocupan la dirección del Gobierno asumiendo posiciones autoritarias, es decir, ejerciendo el poder casi sin limitaciones y, consecuentemente, derribando oposiciones institucionales, tanto legales como físicas.

Así desde el inicio del siglo encontramos los gobiernos de Putin en Rusia, en China desde 2012 con Xi, en Europa en Hungría, Polonia, Checa, Turquía, en Asia en Filipinas antes con Dutarte y ahora con el hijo del dictador Marcos, en la India con Modi, Japón con Abe, en África en Etiopía, en Oriente Medio el nuevo reinado de Arabia Saudí o la presidencia de Netanyahu en Israel, en América Latina con Bolsonaro, en Centroamérica con Bukele, proceso este que tuvo su cenit con Donald Trump en USA. Las principales potencias mundiales están gobernadas por presidentes autoritarios, tales como Rusia, China, India, Japón, mientras en EE. UU. la influencia de Trump y el Partido Republicano son determinantes en la política estadounidense.

Parece ser la característica del mundo actual. Es una era donde el autoritarismo gubernamental es el elemento dominante.

Costa Rica no escapa a esta realidad.

Las características principales, aunque no únicas, de estos líderes son: (las resumo del libro “La era de los líderes autoritarios” de Gideon Rachman).

Muestran desprecio por las normas democráticas y están dispuestos a erosionarlas. Desprecio por el liberalismo y la adopción de nuevos métodos de gobierno.

“Hay cuatro características comunes al estilo del hombre fuerte: la creación de un culto a la personalidad; el desprecio por el Estado de derecho; la afirmación de que representan al pueblo real contra las elites (también conocida como populismo); y una política impulsada por el miedo y el nacionalismo”, se lee en el libro citado.

Ellos piden que se les considere indispensables, que solo ellos pueden resolver y salvar al país. Además, consideran que las instituciones y la ley se interponen en su camino para resolver los problemas y en este sentido la independencia del poder judicial ha sido su primer objetivo. Pero también se muestran incómodos e impacientes con cualquier institución que quiera mostrarse independiente. Los medios de comunicación son un blanco habitual de ataque.

Los líderes fuertes desprecian la institucionalidad, pero “aman al pueblo”; su estilo de argumentación política es el llamado “simplismo”, sea que existen soluciones sencillas para problemas complejos pero que se ven frustradas por fuerzas perversas.

Las bases políticas de estos líderes son en casi todos los casos las zonas fuera de las grandes ciudades.

Ariel Goldstein investigador argentino señala: “Esto se ha producido porque en el marco de la crisis del régimen democrático, de los partidos políticos tradicionales y de las elites gobernantes, las propuestas de derecha radical anti statu quo se vuelven atractivas como estrategia capaz de lograr desempeños electorales exitosos. Hay una demanda anti statu quo del electorado…”.

Está claro que el presidente Rodrigo Chaves se enmarca o quiere enmarcarse en esta nueva era. Más adelante volveremos en concreto sobre su gobierno. Por ahora solo queremos dejar esbozadas algunas características de esta nueva era política.

La conciencia lúcida de la patria entre la penumbra y la incertidumbre

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Dónde empieza la niebla que te esconde? (Benedetti)

Manuel Hernández

La Ley Frankenstein de Empleo Público (LFEP),remendada y reconfigurada en los astilleros de la Sala Constitucional, estipuló que las relaciones de empleo de aquellas personas servidoras públicas, que desempeñan funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el cumplimiento de las competencias constitucionales asignadas al Poder Legislativo, Poder Judicial, TSE y entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución, no están sujetas a la gobernanza y rectoría de MIDEPLAN (art. 6 y siguientes).

La gobernanza y rectoría de la gestión de la relación de empleo público, constituye el núcleo duro de dicha ley, la cual le pone en bandeja de plata al Poder Ejecutivo, la intervención política y control de la gestión del empleo y salarios de las instituciones reguladas por la ley.

No obstante, únicamente aquellos poderes y entidades quedaron excluidos del ámbito de la rectoría política del emergente Leviatán, a pesar de que no fueron excluidas de la cobertura de la ley.

Amparándose en esa clausula de “salvaguarda” de ley, la Corte Suprema de Justicia definió, a finales de 2022, que todas y todos los funcionarios judiciales desempeñan funciones exclusivas y excluyentes, en orden al cumplimiento del cometido constitucional asignado al Poder Judicial.

Sin duda, una posición constitucional y políticamente correcta, que pone a buen resguardo la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, consagrada en el artículo 9, 154 y 156 de la Constitución Política.

Por otra parte, los gobiernos locales no se quedaron rezagados, y en un aluvión de acuerdos de sus órganos jerárquicos supremos, también declararon que todas las personas funcionarias municipales realizan funciones exclusivas y excluyentes, sin las cuales no podrían cumplir su cometido constitucional.

Otra definición política y constitucionalmente correcta, fundamentada en el artículo 169 y 170 de la Constitución, cuya determinación fragua un poderoso dique contra la intromisión política del Ejecutivo.

Pero, hasta ahora, se echan de menos las determinaciones que le corresponde tomar al Poder Legislativo, TSE, Caja Costarricense de Seguro Social y las universidades públicas.

No deja de extrañar que a estas alturas, ya casi al cierre de la cuenta regresiva para que entre a regir aquella ley, los órganos supremos de las universidades aun no hayan tomado los acuerdos pertinentes.

No deja de sorprender por dos razones principales.

En primer lugar, porque las universidades se consideran la conciencia lúcida de la patria. Esta conciencia crítica implica un compromiso con el pueblo, con el sistema democrático, la soberanía nacional, el desarrollo económico, social y cultural del país, contra cuyos valores y principios del Estado Social y Democrático se vuelve la Ley de Empleo Público.

En segundo lugar, porque las universidades tienen un nivel de autonomía plena, no sólo de gobierno, sino también organizativa, de conformidad con el artículo 78, 84 y 85 de la Constitución Política.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado los alcances de esta autonomía, la cual estableció, desde muy temprano, que comprende el “poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal (Voto de Sala Constitucional No.495-92, N° 1313-93, que destacan entre los primeros votos que abordaron este tema).

La autonomía de las universidades fue enérgicamente defendida por los más preclaros constituyentes.

En una brillante intervención, el diputado Baudrit Solera, manifestó: “Ya lo dije, sino estuviéramos viviendo el régimen actual, la Universidad habría desaparecido, o bien se hubiera convertido en una dócil dependencia del Poder Ejecutivo.”

Estas premonitorias palabras del exrector de la Universidad de Costa Rica, no podrían tener más resonancia contemporánea y vigencia, que hoy día, en que se pretende degradar a las universidades públicas en simples y sumisos despachos administrativos de MIDEPLAN.

Por estas significativas razones, a punto del banderazo de salida de la Ley Frankenstein, aunque nada esté preparado, la falta de definición de las universidades, no solo sorprende, sino que, además, preocupa, porque se mantiene a los y las trabajadoras universitarias, en total incertidumbre, a contrapelo del principio de seguridad jurídica, un principio elemental del Estado de Derecho.

Entonces, en este escenario tan incierto y prudencialmente reservado, cualquiera se pregunta: ¿cuáles serán las cábalas que están haciendo los ilustres académicos, a quienes les compete resolver esta histórica y relevante cuestión?

¿Cuál oráculo, en los campus universitarios, están invocando para tomar la decisión correcta?

¿Será que a los académicos no los deja dormir tranquilos la crispación del Presidente de la República, quien públicamente manifestó su inconformidad con los acuerdos adoptados por el Poder Judicial y las Municipalidades?

Los consistorios universitarios no pueden seguir esperando que se aclaren los nublados del día.

Ya no pueden, ni deben, continuar amurallados en el claustro, dándole más largas a la determinación que está urgiendo la comunidad universitaria, y más allá, que exige la sociedad costarricense, porque las universidades públicas son del pueblo.

Los rectores y los consejos universitarios no pueden defraudar a Rodrigo Facio Brenes, Baudrit Solera, que, con tanta lucidez y consecuencia, defendieron un principio de nuestro ordenamiento democrático, que ahora está en el ojo de la tormenta: la autonomía universitaria.

Las universidades públicas, mucho menos, podrían dejar de tomar la determinación histórica, política y constitucionalmente correcta, aunque la hayan postergado.

Lucem aspicio.

SEC y CONADECO demandan respeto al Estado de Derecho y condenan la intervención en la Junta Directiva de la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo CONADECO, alzan la voz, ante lo sucedido en la sesión del Consejo de Gobierno del pasado miércoles 7 de diciembre, cuando se tomó arbitraria e inconstitucionalmente el acuerdo de destituir a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS: Martha Rodríguez del Sector Sindical, José Luis Loría del Sector Cooperativo, Jorge Arturo Hernández del Sector Patronal, Maritza Jiménez del Sector Solidarista y Carlos Salazar representante del Poder Ejecutivo. A estas destituciones, se le suma el despido del Presidente de la institución, Dr. Álvaro Ramos, el pasado 17 de setiembre.

De esta forma abrupta y sin cumplir el debido proceso constitucional, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, descabezó al máximo órgano de dirección técnica y política de la CCSS, interfiriendo en  su autonomía constitucional y violentando el artículo N°8 de la Ley Constitutiva de la Institución N° 17 del 22 de octubre de 1943, el que expresamente establece que “Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo”; además, no corresponde al Gobierno el nombramiento o destitución de los representantes sectoriales que son nombrados por el Movimiento Cooperativo, el Movimiento Solidarista, el Sector Patronal y el Sector Sindical, sin que sea legalmente posible la injerencia del Presidente en sus designaciones.

El afán de controlar políticamente a las instituciones públicas es una constante en la Administración Chaves ya que el 1° de junio destituyó a tres integrantes de la Junta Directiva del ICE y tomó control político y administrativo de esa Institución mediante el nombramiento de tres personas allegadas al Presidente. También, el pasado 22 de julio intervino la Junta Directiva del Banco Popular destituyendo a las cuatro personas representantes de la Asamblea de Trabajadores ante la Junta del Banco y nombrando a cuatro personas afines con el Gobierno.

Esta actuación arbitraria es incompatible con el principio democrático de representación y de especialidad técnica en la gestión administrativa de las instituciones públicas y revela el interés del Presidente por controlar y politizar la toma de decisiones en toda la institucionalidad pública, incluyendo aquellas que al igual que la CCSS, la Constitución Política y la Ley, han colocado al margen de las decisiones políticas para garantizar una administración técnica y democrática de las mismas.

El caso de la CCSS es especialmente significativo, porque el enojo del señor Presidente con el Dr. Álvaro Ramos tal y como lo ha denunciado con toda seriedad, se debe a que los directores y las directoras destituidas en estricta aplicación de la ley y reconociendo los derechos de sus trabajadores, autorizaron el pago de los aumentos salariales aprobados desde antes de la Pandemia.

Es por estas razones que el SEC y CONADECO advierten al país, sobre el peligro de esta deriva autoritaria e inconstitucional en la conducta del Presidente Chaves y llama a cerrar filas para que se respete el Estado de Derecho, devolviendo la Autonomía Constitucional de la CCSS y demás instituciones públicas intervenidas ilegalmente.

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Carta a la comunidad universitaria del Sr. Rafael López Alfaro

Escrito en . Publicado en Derechos.

Querida comunidad universitaria:

Si algo nos ha afectado la etapa neoliberal del sistema capitalista, es que muchas veces nos restringe nuestro derecho a soñar, al convertir todas las actividades humanas en una mercancía. La lógica del lucro nos define el principio económico de que los bienes y servicios, como recursos, son limitados.

En la UNED sabemos que eso es una verdad relativa, porque nuestro mayor activo como Universidad, es el conocimiento. Y sabemos que el conocimiento, como mercancía y como recurso, es ilimitado, de hecho, cuanto más se comparte más se genera. Y muchas de las limitaciones físicas que tiene brindar los servicios educativos, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación pueden ser parcialmente atenuadas y en algunos casos, hasta superadas.

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Nosotros sabemos también que la crisis en nuestro país, como la fiscal del Estado (que ya lleva más de una década), no es solamente un tema presupuestario, también el modelo país y sus paradigmas están en crisis, lo vemos en el aumento de la desigualdad y el hambre, el empobrecimiento de las comunidades, la reducción de las oportunidades de empleo y el debilitamiento del Estado de Derecho, al igual que grandes retos globales nos afectan, como el calentamiento global, el desastre climático, la contaminación y muchas de los factores que los han causado, han contribuido o han surgido como secuelas de esos grandes fenómenos.

El derecho a soñar es sinónimo de búsqueda de alternativas y construcción de efectos demostración que muestren que otro “mundo es posible”. Esto será en lo micro y en lo macro, en una construcción social cotidiana o en la elaboración de conceptos y teorías que promueven el bien común. Y como Universidad, la UNED está llamada a comprender de otra manera al planeta, a Centroamérica, a nuestro país, sus regiones y sus comunidades, la solidaridad y las múltiples y variadas relaciones entre los seres humanos.

En nuestra práctica en la Dirección de Extensión y en las Sedes Universitarias de la UNED hemos hecho aportes de valor para construir modelos “alternativos-micro” de sociedad, en muchas comunidades donde estamos, desde otras formas de hacer y entender la participación y la política, para implementar avances sustantivos tras concepciones de democracia social efectiva, desde valores como el diálogo, el respeto, la cooperación y el trabajo colaborativo.

Desde muchas actividades gestionadas por las Escuelas se plantea la importancia de la soberanía alimentaria, confrontando el modelo de producción del agro-negocio – visualizado desde el monocultivo con su prioridad exportadora–, con un uso abusivo de tóxicos, que considera a la tierra como una simple mercancía y desprecia totalmente la naturaleza, el medio, el suelo y el ser humano mismo, para construir nuevos paradigmas que rescaten la producción familiar agro-ecológica, sustentada en la cooperación agrícola, ojalá con el necesario ingrediente de la agro-industria.

En la UNED hemos acompañado para que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos, luche por el agua potable, la construcción de escuelas, alcantarillados, EBAIS, CEN-CINAI y transporte colectivo, con la clara intención de favorecer una democratización del acceso a lo público con sentido social y de reducir el efecto de la creciente violencia en las comunidades. Así mismo, propuestas de agricultura urbana, como los huertos colectivos y tantas otras iniciativas socioculturales que intentan modificar los paradigmas de pertenencia y apropiación ciudadana y que se suman a otras tantas formas de cuestionamiento a los valores hegemónicos de un sistema dominante, consumista y excluyente que no tendrá cabida cuando el planeta ya no permita esas formas de organización social y productiva excluyentes y polucionantes, para proyectar una nueva forma de ciudadanía y responsabilidad colectiva.

Por ejemplo, desde el Programa de Gestión Local pensamos que existe otro pensamiento posible y hemos acompañado la participación indígena en sus procesos comunitarios, consustanciándose la concepción del “Buen Vivir” como una alternativa al desarrollo convencional, al igual que lo hicimos apoyando ASADAS de todo el país y con la comunidad ribereña organizada en el Río Sarapiquí, rescatando el “bien común” o el “bien público”, como conceptos desde el “nosotras y nosotros” y no más desde el individualismo negador de los retos y responsabilidades como especie.

La UNED desde la academia y la investigación abre su acción a diversos actores de la sociedad civil con quienes dialoga y coadyuva en lo posible a la articulación de las instituciones públicas para lograr el cumplimiento de objetivos por medio de sinergias entre todas las partes interesadas. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, ha trabajado de la mano con numerosos gobiernos locales fortaleciendo el presupuesto participativo en sus distritos y la rendición de cuentas como herramientas de democracia directa, logrando que sean espacios de reflexión e intercambio desde una perspectiva de democracia social efectiva.

Y con la apertura del nuevo canal televisivo, la UNED tendrá la oportunidad de compartir prácticas locales, experiencias comunales exitosas, incorporar también las constantes reflexiones sobre la comunicación alternativa como necesidad, como búsqueda existencial y como condición ideológica para acercar mundos, promover la conjunción de experiencias, desarrollar nuevas propuestas, revitalizar el debate sobre conceptos y paradigmas y ayudar a nuestro pueblo, a recuperar su pleno derecho a soñar y a ejercer de forma activa su rol como ciudadano global.

Por eso y mucho más es que en la UNED debemos renovar nuestro derecho a soñar y es desde el máximo órgano permanente de gobernanza, como es el Consejo Universitario, que debe trabajarse en renovar todos los esfuerzos en construir esa práctica transformadora y liberadora, generadora de oportunidades y constructora de comunidades de conocimiento, en cada Sede Universitaria, en cada Escuela, en la producción de materiales multimediales, la editorial, las vicerrectorías, en cada centro o instituto, en cada programa de investigación, extensión y de vida estudiantil. Como para el espacio al que estamos convocados en el marco del V Congreso Universitario de la UNED.

No puede ser que con 45 años de existencia en la UNED trabajemos por la interdisciplinariedad con una oferta reducida y en muchos casos carentes de componentes básicos, como es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el uso intensivo del conocimiento, como recursos que deben ponerse a disposición de las comunidades, generando capacidades para desarrollar riqueza para todos.

Por supuesto que la estabilidad laboral, el desarrollo de un sistema de remuneración equitativo a lo interno y competitivo a lo externo y ámbitos laborales al servicio del desarrollo humano, académico y de la eficiencia administrativa y logística, son básicos para fortalecer nuestro derecho a soñar. Pero eso pasará por la construcción de una nueva UNED con un sentido inclusivo y transformador, comprometida con la vida, con la sociedad y con la comunidad universitaria.

Los retos que enfrenta la UNED son enormes, cómo atenderlos en forma articulada, es desde el Consejo Universitario promoviendo sesiones consultivas en las regiones, con las diferentes unidades de la universidad donde se debe comenzar, promoviendo el diálogo franco y el análisis concienzudo para apuntalar nuestras fortalezas e ir superando nuestras debilidades.

El próximo miércoles 12 de octubre de 2022 concluye el proceso para elegir un miembro interno al Consejo Universitario y las personas miembros del padrón universitario tendrán que escoger entre diez personas candidatas, quien lo representará a nivel interno, al igual que lo harán entre tres pretendientes para un puesto de miembro externo al mismo órgano. En lo personal, agradezco a todas y todos mis compañeros y a todas y todos los estudiantes que han leído mis comunicaciones y han considerado mi nombre como la persona a ocupar esa representación, porque les ha resultado de valor mis reflexiones.

Invito a todas y todos los académicos, administrativos y estudiantes que todavía no han podido informarse y tomar una decisión, a que lo hagan para contar con una comunidad comprometida e involucrada con el buen funcionamiento de sus órganos de decisión.

De mi parte, mi total gratitud.

Un saludo fraterno.

CIDH da curso a petición contra estado costarricense por inadecuados procesos de elección de magistraturas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial

El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.

Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.

Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.

Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.

Información relevante sobre el caso:

¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?

Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?

Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?

Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.

¿Qué sigue en el proceso?

Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.

BUSSCO demanda cumplimiento del mandato constitucional de financiamiento a la educación pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Trabajo.

Ante el marco reduccionista del gobierno de Chaves y la argumentación falaz de la ministra de Educación, BUSSCO rechaza el recorte del 25% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y denuncia la grave afectación que esto significaría para el baluarte en la democracia y pilar de la construcción del Estado de Derecho como lo ha sido la educación pública.

Esto solo refleja la estrategia del sector neoliberal para debilitar la educación en el sector público, además de desprestigiarla para favorecer la privatización de los servicios.

Es por esto que BUSSCO muestra total apoyo al sistema educativo público y exige al gobierno que cumpla con el mandato constitucional otorgado a financiar la educación pública de este país.

Compartimos el comunicado en la siguiente imagen.

 

Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.

¿Montesquieu en el olvido?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

HAY quienes no lo conocen o quizá, han olvidado las lecciones de educación cívica en secundaria, pero el Barón de Montesquieu (1689 – 1755) fue uno de los más importantes y reconocidos filósofos políticos de La Ilustración. Precursor de la antropología y la sociología, construyó un recuento naturalista de las diferentes FORMAS DE GOBIERNO y, más trascendental aún, de las causas de su evolución o limitado desarrollo.

Magistralmente explicó cómo los gobiernos podrían ser preservados de la corrupción y vio en el despotismo, principalmente, la forma en cómo podía surgir un peligro permanente para cualquier gobierno que no fuera despótico, ante lo cual argumentó que era mejor prevenirlo por medio de un sistema en el que diferentes cuerpos ejercen el PODER JUDICIAL, LEGISLATIVO Y EJECUTIVO y en el que ellos tres, estaban enlazados estrechamente por el estado de derecho. Teoría de la separación e independencia de poderes derivada por él a partir del conocimiento de la monarquía parlamentaria británica, que habría de tener eventualmente un enorme impacto en la teoría política liberal y en los forjadores de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787.

Para Montesquieu los poderes administrativos ejecutivo, legislativo y judicial, deben estar separados y depender unos de otros para que la influencia de cualquier poder no pueda exceder la de los otros dos, ya sea individualmente o en combinación. Fórmula que hoy podría parecer sencilla, pero que fuera cuidadosamente elaborada gracias al genial pensamiento de tan gran filósofo. Escribió: «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura se combina la autoridad legislativa con la ejecutiva, no hay libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Nuevamente, no hay libertad si la autoridad para juzgar no está separada de las autoridades legislativa y ejecutiva. Si se combinara con la autoridad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería ARBITRARIO, pues el juez sería el legislador. Si se combinara con el poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un OPRESOR. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar resoluciones públicas». (El Espíritu de la Ley, XI, 6. 1748).

Por nuestro lado, además de recogerse esas premisas en la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 11 es diáfano en señalar que «Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes».

Montesquieu reafirmó que la libertad era posible cuando los poderes del gobierno eran limitados y que la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, era la mejor forma de alcanzar la libertad y el bien común. «No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia», sentenció. Tiranías que con cierta abundancia han vivido y viven los pueblos latinoamericanos donde la sola mención del Barón de Montesquieu le produce escozor a los déspotas. Personajes que entre menos piensan más hablan, más engañan, más desprecian la institucionalidad, en su camino hacia el vasallaje de los habitantes que, ha sucedido, fueron cómplices de la construcción de ese cuartel de anchos y altos muros.

Por tanto, no puede, no debe, es insólito, es irrespetuoso, es inconstitucional, que el presidente de uno de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, aprovechando una visita protocolaria a la sede del Poder Judicial, emitiera palabras que lo hicieron ver cual si fuere el presidente del Poder Judicial que le acogiera como visitante. Expresiones efectistas remanentes de una campaña electoral recién concluida, en que uno de los pilares fuere desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. Peligrosa acción que se hace todavía más peligrosa, cuando provoca expresiones de apoyo desde los sectores especialmente fanáticos a quienes el presidente Chaves dirige su mensaje, y que quizá lo retroalimentan para que siga adelante con esa especial “cruzada”.

¡Claro que hay aspectos del Poder Judicial que hay que corregir! Como los hay también en los otros dos poderes de la República, si aspiramos a tener una sociedad justa, sólida institucionalmente, libre de corrupción de cuello blanco y camisetas, solidaria primordialmente con los miserables en miseria extrema que podrían llenar holgadamente unas quince veces el Estadio Nacional. Ni pretendemos ni quisiéramos ocultar esa dolorosa realidad, reflejo de la creciente desigualdad que excluye cada día más a los habitantes del tugurio.

Pero, asimismo, es nuestro deber alertar acerca de lo que ha sucedido para que, ¡ojalá! no se repita ni una vez más. Existen los mecanismos institucionales para corregir lo que haya que corregir, y existen también, al interno de los tres poderes del Estado, los compatriotas dispuestos a esa tarea mayor, sin que se den interferencias indebidas. Cuando a fines de 1995 un ministro de Seguridad Pública llevó marchando hacia la sede del Poder Legislativo a motociclistas uniformados, caballistas de la policía montada y 207 policías armados con fusiles M1, para supuestamente solicitar la aprobación de unas reformas penales, 54 diputados de todas las fracciones de entonces solicitaron la destitución del responsable, pues fue evidente para ellos la injerencia inaceptable del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. El hecho no se volvió a repetir pues la respuesta enérgica de los legisladores fue clara y contundente. Ahora, quien llamó la atención al presidente del Ejecutivo, fue su igual, el presidente del Judicial, como era su deber, pues no se podía desdeñar lo sucedido. Y no fue por un asunto personal, como algunos han sugerido, ni se trató de que el Dr. Fernando Cruz “se rasgó sus vestiduras”, como dicen otros, aunque seguramente ha de haberle dolido lo que provocara el presidente Chaves.