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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Peligra la institucionalidad democrática de Costa Rica – Reformas del gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha arremetido violentamente contra la estructura del Estado Social de Derecho costarricense. Parte de sus ataques son el debilitamiento de ciertas instituciones claves y básicas de la cultura y vida democrática nacional. Ha reducido el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura, ha afectado de manera parecida al Ministerio de Educación y mantiene un ataque sostenido contra los presupuestos de las universidades públicas.

A ello suma el congelamiento real de salarios y de pensiones, que están seriamente afectados desde hace tres años y su proyección es por un plazo igual, sin que se controle el aumento de precios en los artículos de mayor necesidad de las personas, sin que se congelen en paralelo los costos de los servicios públicos, provocando en la práctica que los salarios suban por escalera y los precios por ascensor, haciendo cada vez más costosa la vida.

La reducción de estos presupuestos, en parte, lo justifica diciendo que es para destinar más recursos a las fuerzas policiales y del Ministerio de Seguridad Pública del país, frente a una ola creciente de homicidios e inseguridad ciudadana. Lo que es verdaderamente peligroso es que el Presidente Chaves ha insinuado las posibilidades de gobernar por la fuerza, mostrando sus rasgos autoritarios e intimidatorios de gobernante, retratándose acompañado de oficiales policiales que parecieran más guardaespaldas de un jefe mafioso, por la forma y ostentación de su indumentaria y sus armas de combate. Costa Rica ha sido un país que enarbola su régimen democrático sobre la base de que no tiene Ejército, de que el país ha tenido históricamente más maestros que soldados, lo que ya no es prácticamente cierto. Los cuarteles tradicionales del Ejército han sido transformados en museos e instituciones culturales, pero el aparato de seguridad del Estado se ha fortalecido exponencialmente comparado con esos otros rubros culturales y educativos. Los cuerpos policiales que operan privadamente, en varios miles de policías, el Presidente ha insinuado la posibilidad de llamarlos a cooperar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado que debe atender el Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente mismo ha dicho que le habría gustado gobernar por decreto, con lenguaje engañoso de que defiende la democracia y que él no se convertiría nunca en un dictador.

Parte de esta táctica es el ataque constante al prestigio y al papel de la Corte Suprema de Justicia, como un poder independiente, que quizá él quisiera controlar, como lo hacen algunos gobernantes latinoamericanos. Ha planteado esto dentro del lamento de no poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se estructuren estos poderes públicos como él quisiera.

En sus ataques institucionales enfrenta constantemente también al Poder Legislativo, especialmente a los diputados que le cuestionan y a los de la única fracción parlamentaria, de 6 de 57 diputados, que son francamente opositores, advirtiendo todos los días que no tiende puentes, que no escucha ni solicita opinión, ni desea acuerdos con quienes, como esos diputados lo critican, desconociendo totalmente la práctica de un régimen democrático y de una institución, como el Poder Legislativo, que en sus funciones, además de hacer leyes tiene la del control político sobre el Gobernante y sobre toda la institucionalidad político administrativa.

En sus ataques a diputados ha acudido al expediente del ataque personal, íntimo, que linda con aspectos que parecieran obtenidos por los aparatos de seguridad nacional, y de espionaje, del gobierno, policía adscrita a la Presidencia de la República, lo que evidencia violación elemental de derechos humanos y del derecho a la privacidad. Es la forma como ha venido minando poco a poco la seguridad pública ciudadana, y estableciendo un régimen de terror reverencial institucionalizado en sus mesas de prensa de todos los miércoles. Recientemente atacó a una destacada periodista, de mucha tradición nacional, seria, que en respuesta a sus ataques prepara una acusación al Presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia. La periodista Vilma Ibarra ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas, de diputados, de una llamada de atención elegante que le hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez al Presidente de la República, y de distintas personalidades nacionales.

El ataque feroz contra el Estado Social de Derecho lo conduce hacia la reforma de las jornadas laborales, de carácter constitucional, de 48 horas semanales en tiempos de ocho horas diarias. La jornada de ocho horas en Costa Rica se estableció en diciembre de 1920. Se llevó a la Constitución Política de 1871, mediante las Reformas aprobadas como Capítulo de Garantías Sociales, en 1943, año y misma fecha que se aprobó también el Código de Trabajo. En la Constitución Política de 1949, vigente en este momento, se mantuvo y amplió esa Reforma Social, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad política y social del país. En lugar de jornadas de ocho horas diarias quiere establece jornadas de 12 horas diarias por 4 días a la semana, para el total de las 48 horas semanales establecidas en la Constitución Política. En la propuesta real del Presidente el régimen de las 12 horas viola una serie de derechos sociales, relacionados con pago de jornadas extras, con disminución de derechos de pago de cesantía, de salario escolar, de aguinaldos, y de futuras pensiones entre otros. Violando con ello Derechos Humanos, Convenios internacionales, rebajándose ante los países de la OCDE, a la que pertenece Costa Rida como uno de los países con jornadas de trabajo más altas, cuando en Europa, y en otras partes del mundo, la tendencia es ir hacia la jornada de 35 y 36 horas semanales, y menores de las ocho horas diarias.

Parte de esas reformas sociales vigentes, surgidas a principios de la década de 1940, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los blancos preferidos de tiro del Presidente Chaves, y la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución emblemática del país, también pilar de la democracia política y social que se disfruta como parte de la estabilidad social y política que Costa Rica exhibe internacionalmente., que permite por sus alcances nacionales que los costarricenses tengan un alto nivel de expectativa de vida, superior a los 80 años, con algunas regiones, zonas azules las llaman, donde los ciudadanos pasan con regularidad los cien años.

Quedan recursos a la población costarricense frente a estas políticas laborales que se quieren imponer. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede poner la misma Asamblea Legislativa, como consulta obligada que haga ante la Sala Constitucional de la República y la que pueden hacer un pequeño grupo de diputados. Si la ley se llegare a aprobar, igualmente cualquier ciudadano, uno solo, podría acudir ante la Sala Constitucional, demandando su inconstitucionalidad. Del mismo modo se puede llevar esta ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, para que también se pronuncie. Y, como un instrumento más de lucha ciudadana en defensa del Estado Social de Derecho del país se puede convocar a un Referéndum Revocatorio de esta ley, de esta jornada que establece el trabajo esclavo al estilo del siglo XIX. En los próximos días se definen estos caminos a seguir.

 

Artículo publicado en la revista MEER.com el 23 de junio del 2023 y compartido con SURCOS por el autor.

¡La ciudadanía costarricense ganó!

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra el gran triunfo de la democracia costarricense con la resolución de la Sala IV a favor de la restitución de la Junta Directiva de la CCSS.

  • La Sala Constitucional, sala IV declaró con lugar cuatro recursos de amparo presentadoscontra la suspensión decretada por el Consejo de Gobierno en perjuicio de varios miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
  • Esta acción fue uno de los recursos de amparo, tramitado bajo el expediente 22-028375-0007-CO, presentado por el sindicato SINAE Y Afines, en conjunto con más de 10 sindicatos que conforman la «Unidad en la Acción Sindical” en donde participan varias organizaciones sindicales de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.
  • Según declaraciones del dirigente Sindical Lenin Hernández, con este voto se regresa la creencia y el respeto a la institucionalidad del país.  
  • Organizaciones de la Mesa de Diálogo y organizaciones sindicales de la Unidad en la Acción Sindical, convocan a vigilia ciudadana en favor de la democracia costarricense para celebrar este gran triunfo, el próximo miércoles 28 de junio, en la Plaza de la Democracia a partir de las 6:00 pm.

Desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, espacio de articulación multisectorial, ante la distancia acrecentada entre los Poderes de la República y la ciudadanía, sectores sociales y productivos, felicitan y celebran el gran triunfo de organizaciones sindicales como SINAE y Afines, quienes, mediante la iniciativa de Unidad en la Acción Sindical, llenan de esperanza y orgullo a las distintas organizaciones sociales y productivas, viendo con gran optimismo, que esta acción fortalezca la institucionalidad en el país, la incidencia política de los movimiento sociales en libertad democrática y la defensa del Estado Social de Derecho.

La acción constitucional fue tramitada bajo el expediente 22-028375-0007-CO, que, por mayoría, con 5 votos a favor y solo 2 salvados, se logró resolver a favor del recurso interpuesto, lo que permitió a la Sala IV, ordenar la restitución inmediata de personas miembros de la Junta Directiva de la CCSS, que el gobierno de Rodrigo Chaves destituyó arbitrariamente en el 2022, violando la autonomía de la institución.

Por tanto, hacemos un llamado a la ciudadanía costarricense, organizaciones sociales diversas y productivas de todo el país, a celebrar este logro como propio de la democracia y hacer nuestra la alegría de vivir en democracia.

Además, invitamos a esas miles de personas que marcharon hace una semana, en defensa de la Educación Pública, al sector Agrario y Agroindustrial que ha sido sumamente golpeados con las medidas de este gobierno, sobre todo a quienes sufren día a día la inseguridad ciudadana acrecentada en este país, a todas las personas invitamos a sentir orgullo de la división de poderes en Costa Rica y la importancia de nuestra institucionalidad y respeto a la autonomía de las instituciones públicas en el país, para seguir salvaguardar el sistema democrático y las garantías sociales que nos heredaron nuestros abuelos y abuelas.

Finalmente, les invitamos puedan unirse a esta celebración en favor de la democracia costarricense, el próximo miércoles 28 de junio, en La Plaza de la Democracia, a la Gran vigilia en favor de la democracia y la seguridad social en Costa Rica.

¡VIVA COSTA RICA CONTRA EL AUTORITARISMO!

¡VIVA COSTA RICA A FAVOR DE LA CCSS Y NUESTRA DEMOCRACIA!

Pronunciamiento en defensa de la educación pública costarricense – ITCR-ECS

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ciencias Sociales

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE

ACUERDO DEL CONSEJO DE ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, SESIÓN No. 12-2023 DEL 26 DE JUNIO.

Considerando que:

  1. La crisis del sistema educativo público de Costa Rica no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a un proceso sostenido de políticas neoliberales que atentan contra el Estado social costarricense.
  2. Al menos 4 pilares fundamentales de nuestro Estado social, como son la educación, la salud, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, han sido debilitados no sólo por el desfinanciamiento sino por la implantación de una visión de Estado antisolidario y orientado a favorecer negocios privados y dar prioridad al mercado externo sobre el mercado interno y la producción de origen nacional. Estos 4 pilares sociales aseguran que una sociedad pueda aspirar a niveles de equidad social aceptables y que por tanto la desigualdad social no crezca de manera incontenible, como ha ocurrido en Costa Rica en las últimas décadas.  En los últimos meses ha sido particular la presión del Gobierno para que sea aprobado el proyecto de ley Expediente 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, que acabaría con un contenido esencial del Código de Trabajo, como es la jornada laboral de 8 horas.
  3. Ya en 2019 Luis Felipe López-Calva director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en América Latina y El Caribe, había referido esta debacle social en una entrevista con Cecilia Barría de BBC News Mundo (25/11/2019), explicando resultados de mediciones de desigualdad en la distribución de la riqueza usando el Coeficiente de Gini (según el cual 0 es igualdad perfecta): para el año 2017 entre 18 países de América Latina, Uruguay fue el país más igualitario ocupando la posición 18 con un indicador de 39.7 y Brasil (puesto 1) fue el más desigual con un indicador de 51,3. Como más desiguales seguían Colombia, Panamá, Honduras, y en el puesto 5 estaba Costa Rica como el quinto país más desigual con un indicador de 48,7 (Durán, O. 2020).
  4. En 2015 el presupuesto para la educación pública de Costa Rica alcanzaba el 7% el PIB, siempre por debajo del 8% que dicta la Constitución Política, pero para el año 2023 esa asignación apenas alcanzó el 6%, siendo el presupuesto más bajo en los últimos 8 años (¢2.781.003 millones).Por eso no sorprende que la negociación en la Comisión de Enlace (Poder Ejecutivo y CONARE) se torne cada vez más complicada y negativa para las universidades públicas.
  5. La actual administración ha dejado completamente claro que su línea es desfinanciar, tercerizar y privatizar servicios sociales, igual que se ha hecho desde hace más de 4 décadas en América Latina para debilitar a los Estados y, como consecuencia, aumentar las brechas sociales. Ya las universidades públicas estamos operando bajo las restricciones que imponen las leyes No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, cuyos impactos negativos se agravarán en el mediano y largo plazo, entre muchas razones porque el nuevo marco de contratación laboral no permitirá mantener elevados niveles de calidad. De hecho, las universidades han disminuido sus salarios reales en los últimos años.
  6. Los recortes, tanto en general como el no reconocimiento del 1% por inflación, agudizarán las limitaciones que ya están soportando las universidades públicas para inversiones indispensables en todas sus áreas fundamentales como docencia, investigación, extensión social, becas y todo tipo de ayudas y subsidios a estudiantes en todas sus sedes del valle central y en especial en todas las regiones del país.  La negativa del Gobierno de reconocer al menos el 1% por inflación, equivalente a 5.591 millones de colones, se da  “a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%” y sobre todo desatendiendo los argumentos del mismo Gobierno sobre “la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%”.
  7. En las sesiones de negociación del FEES el Gobierno ha ratificado una posición intransigente, impositiva, restrictiva y hasta falaz, por cuanto ha culpado a la Asamblea Legislativa de ser la responsable de no reconocer el crecimiento de tan solo un 1% por inflación del FESS. Esta negativa del Gobierno refleja contradicciones pues mientras argumenta que no dispone de dinero, asegura un recorte de ₡3.200 millones que pasarían del Ministerio de Educación a programas de seguridad. No es con más policías y represión que la sociedad costarricense saldrá de su creciente inseguridad, pues ésta se genera en la falta de oportunidades sociales, dentro de las cuales la educación es la más relevante.  En el caso del Ministerio de Educación Pública es bien sabido que los recortes acrecientan el deterioro de la ya maltrecha infraestructura, especialmente para 800 centros educativos que han sido calificados como “tugurios”, debilitan y eliminan becas y transporte para estudiantes, comedores escolares, bibliotecas, entre otros.  Esa posición confrontativa del Gobierno se ha manifestado en muchas oportunidades como con la afrenta de la ministra de educación a la rectora electa del ITCR, al decirle que “agradeciera que la dejaran participar”en la Comisión de enlace, y con las expresiones del Presidente de la República descalificando la marcha por la defensa de la educación pública del 20 de junio de 2023 diciendo “que la convocatoria fue débil, no había una causa clara” (lo cual no es menester rebatir), pero además por decir que un 8% del PIB para la educación “pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista”.
  8. Mientras se debilita la inversión social, el Estado sigue demostrando una total incapacidad y falta de voluntad para cobrar impuestos a las empresas que siguen declarando cero utilidades y por tanto haciendo perder cada año miles de millones de dólares al Gobierno. Muchas de esas compañías que declararon “cero utilidades” hasta por 3 años consecutivos (2019, 2020 y 2021), son Grandes Contribuyentes Nacionales (GNC).  Entre estas se incluyen Ecodesarrollo Papagayo LTDA., Grupo Nación GN S. A., APM Terminals Moing S. A. y Grupo Quality Motor S. A.  Esta tendencia nacional es el denominador común global como lo demostró  OXFAM (2020) en su Informe “Tiempo para el cuidado.  El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, al señalar que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales” (p.12). En Costa Rica, como hemos señalado, no existe un sistema eficiente, seguro, ni equitativo de cobro de impuestos, de tal manera que se visualiza una mayor polarización social.  La OECD en su “Estudios Económicos de la OECD: Costa Rica 2020”  reconoció que en el año 2019 Costa Rica fue, según el Coeficiente de Gini, el país con mayor desigualdad en un grupo de 37 de todo el mundo (p.14).  A pesar de los diagnósticos, las políticas económicas mantienen el sesgo marcadamente restrictivo, que se expresa de manera particular en la reducción de la inversión social en los sistemas de salud y educación públicas.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. Conscientes de que tenemos que mejorar el impacto positivo de nuestras universidades públicas en la sociedad costarricense y fundamentalmente entre los segmentos sociales más desfavorecidos, según lo que dictan nuestros Estatutos Orgánicos, rechazamos todo intento actual y futuro de los Gobiernos de recortar los fondos para la educación pública costarricense independientemente de si es presupuesto para las universidades, los niveles de preescolar, educación general básica o diversificada.
  2. Exigimos que el Gobierno de la República reconozca y presupueste el 8% del producto interno bruto para la educación en general y el 1.5% para la educación superior, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 78, 84 y 85.
  3. Exigimos que el Poder Ejecutivo reconozca, al menos, el 1% de crecimiento por inflación del FEES para el año 2023, tal y como había sido acordado en la Comisión de enlace, y apoyamos la posición unánime y coherente de los Señores Rectores, y de la Rectora electa del ITCR, de rechazar la imposición unilateral y falaz del ministro de Hacienda, de que se cercena ese dinero a las universidades porque “en la Asamblea Legislativa nos quitaron del presupuesto ₡81.000 millones”.
  4. Instamos a los Señores Rectores y de la Señora Rectora electa del ITCR a que, en la sesión de negociación del próximo 30 de junio 2023, mantengan esa misma posición con base en los estudios que las mismas universidades están preparando, a fin de garantizar para el año 2023, como mínimo, un FEES que incluya el 1% por inflación.  De igual manera, les pedimos que en la negociación del FEES para el 2024 reafirmen la decisión de defensa del FEES y que en el momento que sea oportuno y sin vacilaciones, convoquen a las comunidades universitarias a esa tarea, ya sea en las sedes universitarias de todo el país o en las calles.
  5. Instamos a las autoridades universitarias del ITCR y de todas las universidades públicas, y de todos los niveles, a que afiancemos la defensa del FEES y nos mantengamos y fortalezcamos una sólida alianza para defender la educación pública de Costa Rica como un sistema integral que permita mantener y elevar la calidad de vida de la sociedad costarricense.
  6. Instamos vehementemente a las nuevas autoridades del ITCR a que asuman y mantengan en la Comisión de Enlace, y ante cualquier instancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una posición inclaudicable de defensa, mantenimiento y crecimiento real del presupuesto para la educación costarricense, asegurando el mandato constitucional de otorgar un 8% del producto interno bruto para la educación en general, y de éste el 1.5% para la educación superior pública.
  7. Instamos a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria del ITCR a estudiar responsablemente y multiplicar toda la información relacionada con el quehacer de la universidad y su impacto en la sociedad costarricense, pues es a esa sociedad a la que nos debemos y a la cual le debemos rendir cuentas. Adicional y particularmente, a los y las docentes les solicitamos que dediquen el tiempo necesario en cada uno de sus cursos para dialogar y explicar la crisis del Estado Social de  Derecho, de la educación y en particular de la educación superior pública en Costa Rica.
  8. Reconocemos la responsabilidad y compromiso de los y las diputadas que se han manifestado por la defensa de la educación pública de Costa Rica, y les pedimos que legislen conforme lo establece la Constitución Política asegurando el 8% del PIB a la educación.   Les pedimos que, además, no voten positivamente ninguna iniciativa que debilite el sistema de educación pública del país y favorezca las iniciativas de educación privada.
  9. Nos comprometemos a fortalecer las alianzas con otros actores sociales que defienden la salud pública, la agricultura nacional campesina, la educación pública y las garantías sociales contra las cuales se ha ensañado la actual administración, pues todas han sido, son y seguirán siendo, componentes indispensables para un modelo de sociedad que aspire a la justicia social, la solidaridad y más altos niveles de calidad de vida.

ITCR, Escuela de Ciencias Sociales, 26 de junio de 2023.

Bibliografía

Camarillo, Brenda (16 febrero, 2023). Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría [en línea] https://www.larepublica.net/noticia/presupuesto-2023-para-educacion-es-el-mas-bajo-desde-2015-segun-contraloria

Díaz Zeledón, Natalia (27 abril, 2021). Dictamen de préstamo del FMI estaría listo hasta viernes 30 de abril por casos de COVID-19 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/dictamen-de-prestamo-del-fmi-estaria-listo-hasta-viernes-30-de-abril-por-casos-de-covid-19/

Durán-Castro, Osvaldo. 3 de abril 2020. Populismo neoliberal y coronavirus. Semanario Universidad [en línea] https://semanariouniversidad.com/opinion/populismo-neoliberal-y-coronavirus/

Hoy en el TEC.  Redacción (15 de junio 2023). Reunión Comisión Enlace. Universidades rechazan que Gobierno evite la responsabilidad de 1% adicional del FEES 2023 [en línea] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2023/06/15/universidades-rechazan-gobierno-evite-responsabilidad-1-adicional-fees-2023

Mora, Andrea (21 Jun, 2023). Chaves cuestiona marcha y asegura que 8% del PIB a educación fue una «medida populista» [en línea] https://delfino.cr/2023/06/chaves-cuestiona-marcha-y-asegura-que-8-del-pib-a-educacion-fue-una-medida-populista?utm_source=Notificacion&utm_medium=WA

Muñoz Solano, Daniela  y Nuñez Chacón, María (8 marzo, 2023). APM Terminals, Grupo Nación, Meco y H. Solís entre las 183 empresas que declararon cero Renta en 2021 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/apm-terminals-grupo-nacion-meco-y-h-solis-entre-las-183-empresas-que-declararon-cero-renta-en-2021/

OECD.  (2020). PANORAMA ECONÓMICO DE COSTA RICA. [en línea] http://www.oecd.org/economy/panorama-economico-costa-rica/

OXFAM. (2020). Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad [en línea] https://www.oxfam.org/es/informes/tiempo-para-el-cuidado

Rivero, Adrián Z (21 junio, 2023) Rector UCR: “Si no hay 1%, no continuamos con la negociación” [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/rector-ucr-si-no-hay-1-no-continuamos-con-la-negociacion/

Zamora Huertas, Luis Alfonso (21 junio, 2023). Ministra de Educación dijo a rectora electa del TEC que agradeciera que la dejaran participar, confirman rectores [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-dijo-a-rectora-electa-del-tec-que-agradeciera-que-la-dejaran-participar-confirman-rectores/

 

Imagen: https://www.tec.ac.cr

Solidaridad con la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

MTC

Comunicado

Nos encontramos en un escenario donde la política del gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, cada día atenta más contra las conquistas que el pueblo costarricense históricamente ha emprendido para garantizar derechos y garantías políticas, sociales, económicas y culturales, fundamentales en un Estado de Derecho.

Manifestamos nuestra alegría ante la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) donde declara con lugar cuatro recursos de amparo interpuestos contra la suspensión arbitraria y violenta por parte del Consejo de Gobierno, en perjuicio de varios y varias integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A la vez, destacamos nuestro reconocimiento a todos los sectores quienes, gracias a su lucha permanente en defensa de la CCSS, han  hecho posible esta resolución.

Expresamos nuestro apoyo a la convocatoria de la Unión Sindical CCSS a huelga general de la CCSS para el próximo 5 de julio.

¡La CCSS es una sola, huelga, huelga, huelga!

¡Defendamos la autonomía de la CCSS!

La Caja es de nuestro pueblo, por eso, tenemos el derecho de supervisar esta institución y a toda junta directiva.

28 de junio del 2023

¡Crónica de un golpe de facto en la Caja!

Escrito en . Publicado en Salud.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical CCSS
Trabajador Servicio de Cirugía Ambulatoria Hospital San Juan de Dios
21 de junio 2023

A diferencia de lo que hoy en día leemos en los medios de comunicación masiva, donde se teme la desaparición de la CCSS, en junio de 1943, hace 80 años se anunciaba en el periódico Trabajo en la página 2 de la edición de 19 de junio de 1943, la publicación de la creación de las garantías sociales en nuestra Constitución Política, donde se crea la CCSS, universidades públicas y el Código de Trabajo, todo en defensa de los derechos fundamentales de los costarricenses.

Estas instituciones creadas para ejecutar las acciones que garantizarán esos derechos fundamentales sobre cualquier decisión política, se separan de la gobernanza del Poder Ejecutivo y en la Carta Magna se consigna la autonomía, para evitar la intromisión de poderes y así evitar la concentración del poder, hoy asistimos peligrosamente a un fenómeno socio-político totalmente inverso y riesgoso.

Ese fue el Estado de Derecho que por teleología de la norma se consigna.

¿En qué momento nosotros los trabajadores de la CCSS y los ticos y ticas permitimos que se empezara a violentar este Estado de Derecho?

Mucho por la buena fe, no se cuestionaron leyes donde el Poder Ejecutivo empezó a nombrar la Presidencia Ejecutiva de la Caja y sin percatarnos de que eso violentaba la gobernanza, se dejó pasar.

Pero desde 2018, donde se han querido crear normas de menor rango al constitucional, para lograr concentrar el manejo de la CCSS y demás garantías sociales en el Poder Ejecutivo, se han ejecutado acciones, que hoy de facto dejaron en una absoluta nulidad de acciones a la Caja. Por ejemplo:

– El nombramiento de la presidencia ejecutiva por Consejo de Gobierno a propuesta del presidente de la República, la destitución de los miembros de la Junta Directiva, propios de la conformación tripartita de la misma.

– Donde algún miembro del sindicato es destituido y sustituido por el designado por el Poder Ejecutivo violentando toda norma legal y constitucional interna y otras de alcance internacional.

Todas estas acciones que dejan sin quorum estructural legal la Junta Directiva de la CCSS hoy en día tienen a esta institución en un vacío legal, pues al estar mal conformada la Junta Directiva, sus acuerdos están viciados de nulidad. Esa es hoy la realidad de la CCSS.

¿Qué acciones vienen a complementar esta catástrofe en la gobernanza de la CCSS?

El primer paso del golpe, separación del Presidente Ejecutivo, Don Alvaro Ramos Cháves.

El segundo paso se consumó mediante un acto autoritario y a nuestro gusto inmoral, el Señor presidente separa a los representantes electos por los sectores sociales (sindicalismo, cooperativismo y solidarismo).

Hecho a todas luces ilegal, pero que se está dirimiéndose en una Sala Constitucional que no parece entender que tiene en sus manos una gran parte de la restitución del Estado Social de Derecho y la institucionalidad patria.

El tercer paso se ha venido consumando, de 6 Gerencias han removido a 5 mediante argucias diversas y han colocado recurso humano interno, pero de un perfil medio o bajo en términos técnicos o profesionales, violentando presuntamente hasta donde entendemos procesos y requisitos.

Lo cual no importa, pues la tarea del control político total de la Caja impone colocar personas que solo muevan la cabeza, ya sea por unos meses de fama, por miedo o por muchas otras razones muy sencillas de entender.

El cuarto paso fue dirigido al control institucional de las direcciones del nivel central. Este proceso ha venido desarrollándose a un ritmo bastante paralelo al de las gerencias. De esas direcciones han removido con argumentos cuestionables igualmente a varios funcionarios.

Quedan en pie según nuestro recuento, solo seis directores del nivel central, veamos:

  1. Licenciada Carolina González Gaitán, de la Dirección Actuarial (la que se presta al juego político de destrucción de la Caja), maquillando presuntamente informes para doña Marta Esquivel, ojo la gravedad.
  2. Ingeniera Susan Peraza Solano, directora de Planificación Institucional, que aparentemente se ha prestado para todo el tema de suspensión de proyectos, inclusive que podrían estarle encargando trabajos fuera de su competencia y por otra parte, se estaría debilitando el sistema de planificación, según nos indican, ojo qué riesgo.
  3. Licenciado Luis Rivera Cordero a cargo de la Dirección Financiero Contable (fungía antes en la dirección del SICERE). Esta dirección y su control político, es pieza clave en debate financiero actual dentro de la Caja. Las causas de por qué lo colocaron ahí son fáciles de asociar al contexto, pero está claro que el que estaba antes, licenciado Iván Guardia Rodríguez, no tenía la confianza política suficiente y además es uno de los 18 imputados, que ahora han sido prácticamente sobreseídos de los presuntos cargos de corrupción por la fiscalía.
  4. Director de Presupuesto licenciado Sergio Gómez Rodríguez: En posible proceso de remoción o a vacaciones. A este funcionario no dudamos le tienen total desconfianza política, pues es uno de los que éticamente suscribió un documento altamente técnico que indicó que los números presentados por la Dirección Actuarial no correspondían a la realidad financiera de la Caja, se imaginarán el posible hostigamiento laboral contra este funcionario.
  5. Director del FRAP (Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo de la Caja, Licenciado Víctor Fernández Badilla. Sin duda al igual que otros funcionarios de este nivel, no dudamos mantiene un perfil bajo ya que hace meses se desarrolla en la Caja una política de presunto hostigamiento laboral.
  6. Director de Pensiones licenciado Ubaldo Carrillo Cubillo, que nos parece mantiene un perfil similar en razón de lo que se deriva del contexto institucional, cuyos rasgos son de una posible pero abierta persecución política.

El paso quinto para profundizar el golpe de estado de facto en la Caja está dirigido a controlar la Gerencia General o Gerencia de Innovación, como le quieran llamar. Todo sin sustento técnico.

Parece que la Junta Directiva de la Caja de forma secreta (tiene la Junta Directiva de la Caja un acuerdo interno de confidencialidad), va a «nombrar» a don Juan Ignacio Monge Vargas (que renunció a su cargo de director de la Caja a partir del 30 de junio 2023), de forma «interina» en el cargo de Gerente General para evitar cualquier concurso público, lo cual parece ser a todas luces un acto inmoral y recurrible por sus posible invalidez e ilegalidad.

Ahora bien, parece que luego de ese supuesto «nombramiento interino”, van a sacar a concurso la plaza de Gerente General, abrase visto tal falacia, pero sin duda el tiempo interino no será mera casualidad, pues los tiempos políticos para estas movidas están bien pensados.

Y para colocar la flor en el ojal, el paso sexto según ha trascendido de manera informal (estamos recabando documentación), aunque la opacidad institucional en estos temas descritos es de un manejo hiper secreto y centralizado, al mejor estilo de una dictadura. Pero todo indica que la Junta Directiva tomo un acuerdo e informó en una sesión virtual por zoom, que todas las plazas de directores médicos de todos los centros de salud saldrán a concurso y pondrán como uno de los requisitos esenciales para su asignación, la atención de las listas de espera y donde se va a obviar la normativa técnica.

Además, no se consideraría la capacidad instalada de cada centro de salud, exigiéndose a todos cumplir, a pesar de no tener especialistas, salas o las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Según nuestras modestas indagatorias, se realizó un consejo extraordinario de directores el 21 de junio 2023, e informaron de la medida adoptada e indicaron desde el buró político central de la Caja, presidido por la General Marta Eugenia Esquivel, que por favor no lo tomaran como una amenaza. Y remarcaron como mencionamos que la medida de evaluación serán las listas de espera.

Esa es la intención de la Junta Directiva según parece.

El paso séptimo, que suena en los corrillos políticos, es que el presidente de la República pretende firmar un decreto para que en los concursos en propiedad de la CCSS se posibilite la participación de internos y externos, ojo con la gravedad de esta posible movida política.

Esta descripción de presuntos hechos unos en desarrollo, otros consumados, los aportamos a partir de humildes investigaciones y el esfuerzo aspira exclusivamente a que se tenga un acercamiento a lo que realmente está sucediendo en la Caja en lo estructural y estratégico.

Aspira igualmente a que los distintos liderazgos sindicales internos de la Caja y sus homólogos de los movimientos sociales avancen en la comprensión del riesgoso proceso en franco desarrollo, y de manera urgente, se tiendan los puentes políticos y se articule aún más la defensa de la Caja con los distintos espacios de lucha social y avancemos hacia una gigantesca movilización social que le abra los ojos al `presidente y a otras fuerzas políticas y le obligue a un viraje real que encarrile de forma efectiva el tren de la paz y la inclusión.

Hoy solo nos queda tener fe en el Poder Judicial y a la Contraloría General de la República que den curso a las acciones presentadas, así como en cumplimiento de sus deberes, para retomar el Estado de Derecho.

¡Unidos por la CCSS, unidos por la familia y por nuestras futuras generaciones!

El show quemado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

¿Se nos fue Costa Rica? ¿Se nos va el Estado Social de Derecho, nuestras conquistas sociales y laborales, y hasta la Democracia?

Lamentable. Pero más lamentable sería no denunciar, callar y no luchar. Por eso escribo esto, casi como un imperativo más que moral, existencial.

Recientemente, por ejemplo, nos deleitaron con el Show Legislativo de Doña «Pilarsh», producido por el mentado «Malacrianza», «also starring by»: Mr. Baruch (y no Spinoza) y La Nación, SA., y los diferentes sectores empresariales en disputa y rapiña.

En esta guerra interna entre diferentes cúpulas empresariales, — pocas con sentido de Patria y Solidaridad —, el nivel de sus operadores políticos tránsfugas, ha decaído aceleradamente. Sobre todo, para el oficialismo acostumbrado al populismo neocón, más irracional.

¿Todo se vale para el gobierno actual cuando sale a comunicar algo? ¿Es acaso como un gran «Vodevil» barato televisado y de muy mal gusto? ¿Es un sueño, un delirio, una pesadilla totalitaria tropicalizada?

Sin embargo, su «rating» además, objetivamente, está bajando aceleradamente, frente a la ferocidad de la crisis real.

¿Sarcasmo aparte, será de verdad entonces que la Casa Presidencial de Zapote, se convirtió en la Plaza de Toros?

Repasemos por si fuese poco, el anterior contexto de desesperanza y caos social construido nacionalmente, frente a esta especie «teatro- político» del mal gusto:

Los troles, los ramashekos, los fanáticos, la corrupción normalizada, la demagogia vil, el estilo comunicativo de «matón» del Ejecutivo, y el cinismo en la propaganda. La crisis nacional tiene historia.

Los «logros» concretos del Gobierno actual son apabullantes:

El ataque permanente a la Caja (CCSS), la venta del BCR, al AYA y ASADAS, al ICE, al INA, al MEP, el ataque al FEES y a la universidad pública; la intensa destrucción del sector agro, y el sabotaje a la posibilidad de soberanía alimentaria, más la fracasada «Ruta del Arroz» en beneficio de los amigos importadores; la desigualdad creciente; las amenazas a sindicalistas; el narco; el sabotaje a la credibilidad del Poder Judicial; el atribuirse logros de otras administraciones (v.gr., el nuevo tramo de la circunvalación); los escándalos de nombramientos de funcionarios no idóneos y las renuncias subsecuentes; la insólita huelga de policías; la crisis económica eterna; la inseguridad ciudadana; la miope receta neoliberal contra el sector público; etc. La lista crece y crece.

Mientras, el discurso de odio y la confusión siguen creciendo, ¿qué más seguirá?

¿Más polarización, más desinformación sostenida, más fanatismo, más manipulación, más prejuicios, más mentiras, hasta llegar a la violencia política?

Persiste la cínica estrategia del oficialismo y sus medios, de la llamada «Inversión Axiológica» (Franz Hinkelammert): Presentar a la «víctima» como el «victimario», y viceversa.

¿Es como si se alimentaran sólo del caos organizado, de la discordia gratuita, de la ignorancia sostenida, del miedo provocado, de la mentira permanente, de la hipocresía descarada, del dolor social, o sea, del «Tánatos» colectivo?

Muy triste nuestro panorama político y general, como República.

Anunciado estaba. Desgraciadamente, no nos equivocamos. Lo advertimos incluso.

En consecuencia faltan tres años de resistencia, de hacer posible lo imposible, de construir la articulación de nuestras diferencias, para una más amplia unidad democrática y popular; sobre todo es hora para la creatividad, para la educación política, para la formación ciudadana, para la movilización inteligente, para pensar la política ontológicamente desde la «Esperanza Concreta» (Ernst Bloch), y sobre todo, para reconstruir el amor por el prójimo, para la verdadera fraternidad, y para volver a soñar con la Igualdad social con Libertad.

Pero… «Caute», reza el epitafio del gran filósofo Baruch Spinoza. ¡Cuidado!

BUSSCO / FSM: “Contundente condena al gobierno de Costa Rica en la 111 Conferencia de la OIT”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT

Comunicado:

La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.

1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.

3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.

4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.

5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.

El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.

El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.

Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.

El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.

Gran marcha en defensa de la educación pública

Escrito en . Publicado en Educación.

Comunicado

‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’

• Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.

• La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.

• Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.

Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.

El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.

Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.

En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.

Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.

No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.

No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.

Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.

Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.

¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!

¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!

Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com

Imagen ilustrativa Foto: Laura Rodríguez Rodríguez – UCR.

El Foro Encuentro Democrático condena actos violentos contra la ANEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Cuando la irracional intransigencia le gana a la razón

San José, 14 de junio de 2023:

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás.” Mahatma Gandhi.

Costa Rica fue testigo, el pasado 12 de junio, de uno de los peores síntomas de la enfermedad que ya contagió a nuestra democracia, otrora la más consolidada de América Latina. Sin que mediara provocación alguna por parte del movimiento sindical  ̶ más que la defensa del derecho de los trabajadores a una jornada laboral justa, a la institucionalidad democrática y a los ideales propios de nuestro Estado Social de Derecho ̶ , un grupo de enardecidos acólitos del oficialismo, desplegaron un oprobioso e injustificable acto de violencia política-simbólica en su contra, para lo cual llegaron a provocar a las inmediaciones de la sede de la ANEP (Asociación de Empleados Públicos y Privados), en la ciudad de San José.

Estos energúmenos buscaron irracionalmente generar una espiral de violencia con oscuros propósitos y con el fin de intimidar, coaccionar e imponer la agenda Neoliberal y Neoconservadora, en detrimento de las libertades básicas individuales, los derechos ciudadanos y las conquistas de la clase trabajadora.  Está demostrado en los videos públicos exhibidos, que fueron estos fanáticos de alquiler quienes hicieron uso de la única herramienta que les quedaba ante su falta de razón y argumentos, y que muestra su verdadero rostro: el insulto, la descalificación personal, la amenaza mediante el grito y su retórica violenta.

Hacemos un llamado general a toda la Sociedad Civil costarricense para que, en aras de la cordura ciudadana y la tolerancia, no se deje llevar hacia este bajo y peligroso nivel de polarización antidemocrático.

Sin embargo, a la vez, instamos vehementemente al Ejecutivo a entender que esta no es la histórica vía costarricense de solucionar las diferencias políticas.

Les pedimos respetuosamente a todos los miembros del Ejecutivo y, en particular, al Sr. Presidente, que varíen su estilo de comunicación tan confrontativo y violento, pues es un pésimo ejemplo cívico y empodera y arenga a estos confundidos y manipulados costarricenses. Les solicitamos respetuosamente, que, por el contrario, dirijan al país, como es el deber constitucional de la Presidencia de la República y de acuerdo con la altura de su alta investidura nacional.

No se trata de alardear más en sus discursos de “quemar puentes” (sic), ni de llamar gratuitamente “Filibusteros” (sic) a la Oposición. Así no se gobierna en democracia.

La única vía costarricense históricamente exitosa, ha sido, es y será el Diálogo Social, el respeto al criterio disidente de la oposición y, sobre todo, a las organizaciones civiles y movimientos sociales, que son la base de cualquier democracia moderna y de su paz social.

 Podemos y debemos manifestarnos, diferir y debatir, pero siempre con respeto por el Otro. Los “discursos de odio” y su lógica sólo han llevado a grandes tragedias sociales.

Los efectos de la violencia irracional no pueden ser otros que más irracional violencia hasta llegar a una espiral de violencia creciente al decir del gran pensador brasileño y latinoamericano, el arzobispo Hélder Câmara. Latinoamérica y Centroamérica están llenas de estos ejemplos trágicos; y nuestra Patria no fue la excepción en 1948.

Ningún grupo humano es dueño de la verdad absoluta; por lo que el respeto, en medio de las diferencias, es la única forma racional y ética de lograr consensos y construir el País más justo y solidario que todos y todas anhelamos.

Finalmente, hacemos un público y enérgico llamado a todas las fuerzas sociales y políticas costarricenses, a no instrumentalizar más el Fanatismo religioso, para no manipular a ciertos grupos desinformados y extremistas. Los Fundamentalistas e Integristas religiosos siempre han sido adalides no sólo de su propia agenda cultural y social Neoconservadora, sino que, además, son peones ciegos de la agenda económica Neoliberal. Para esto precisamente fueron creados, financiados y fue estimulado su crecimiento internacionalmente, en medio de la anomia social y los vacíos colectivos existentes.

Recordamos que algunos pocos de estos grupos Fundamentalistas se han infiltrado no sólo en el Sector Público sino incluso, desafortunadamente y frente a los vacíos ideológicos existentes, hasta en una minoría del Sindicalismo. El Sindicalismo debe ser diverso y plural ideológicamente, pero hacemos un llamado de atención a todas las organizaciones sociales y sindicales en general, a estar siempre vigilantes frente a la intromisión del Fundamentalismo y del Fanatismo religioso, y su agenda Neoconservadora. La Desinformación ideológica, la despolitización reinante y los prejuicios socialmente inerciales tampoco ayudan.

Por lo demás, y en medio de nuestras naturales particularidades, queremos proclamar que éste es el momento justo y necesario para, precisamente, articular nuestras diferencias en un interés común superior y patriótico. Hacemos un llamado urgente al Diálogo Social y a la amplia unidad de todas las fuerzas populares con vocación democrática y humanista, para juntos/as rescatar y defender al Estado Social y Democrático de Derecho y al mismo Estado de Derecho.

Por todo lo anterior, insistimos en hacer un llamado público nacional e internacional a la solidaridad militante con los y las compañeros/as de la ANEP, sindicato histórico de lucha sociopolítica en Costa Rica, así como a rechazar cualquier acto violento e irracional contra cualquier otra organización sindical y social.

Responsabilizamos de todo este clima de polarización política nacional directamente al estilo de Gobernanza de la administración Chaves, a sus imposiciones Neoliberales causantes de la creciente, aunque heredada, Desigualdad y a su Campaña de Desinformación sostenida.

En consecuencia, nos declaramos vigilantes del carácter del ejercicio del poder de esta Administración con franca vocación autoritaria. Tal y como lo habíamos advertido de forma consecuente, previo a la Segunda Ronda Electoral del 2022.

Fraternalmente, por la Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático:

Sr. José Solano Saborío, Sra. Johana Hernández, Sra. Tatiana Herrera Ávila, Sr. Jiddu Rojas Jiménez-

Federaciones de estudiantes hacen un llamado a respetar presupuesto del FEES

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

  • Los estudiantes mantienen la posición de que “¡La educación no es un negocio, es un derecho!” y es importante respetar el presupuesto asignado que establece la Constitución Política en el artículo 78.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), expusieron su posición en salvaguardar y respetar la disposición constitucional de destinar en el presupuesto nacional un 8% del PIB a la educación pública.

Los estudiantes manifestaron su preocupación que para el 2023, el presupuesto en educación sea el más bajo de los últimos 9 años con un 5.3% del PIB; esta acción presupuestaria se ha visto reflejada en afectaciones directas a los programas sociales propios del Ministerio de Educación Pública, como los comedores estudiantiles, el transporte para estudiantes, apoyos técnicos, entre otros.

En la actividad realizada en la Sala de prensa de la Asamblea Legislativa, participaron Marco Zúñiga y Clareth Calderón (presidente y secretaria general de la FEUNA), Karen Marín y Valeria Bolaños (presidenta y representante ante Consejo Universitario de la FEUCR), Rasheed Silva y Luis Barrantes, del Movimiento Estudiantil de Educación Secundaria (MEDSE), y Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.

Para Zúñiga, presidente FEUNA, la crisis que atravesamos es estructural y sistemática, el Estado Social de Derecho que alguna vez construyó este país se encuentra en una crisis profunda, misma que puede volverse inmanejable si el país invierte cada vez menos en educación, en los programas de atención social y en el fortalecimiento de instituciones las públicas.

También, se destacó el papel que ha jugado históricamente la Educación Pública en nuestro país, siendo un pilar fundamental en el desarrollo humano y la movilidad social, así como un motor para reducir brechas y desigualdades sociales, la violencia y la pobreza.

Díaz, presidente del SEC, respaldó el sentir de los estudiantes en defender el presupuesto nacional que corresponde, además criticó que en la actual crisis que vivimos se hizo un recorte adicional de ₡3.100 millones para seguridad, por lo que esta negociación del FEES debe hacerse como se debe y no tener que recurrir a otras acciones.

“Defender la educación pública, es defender las herramientas para la igualdad social, es defender una vida más digna para todas las personas, es combatir las desigualdades sociales, económicas, de género, que estamos viviendo en este contexto. La educación es la única herramienta que tenemos como país, para el desarrollo y para lograr salir adelante frente a esta y cualquier otra crisis que atravesemos”, indicó Calderón, secretaria general FEUNA.

Asimismo, Marín, presidenta de la FEUCR y representante estudiantil en la comisión de enlace de negociación del FEES 2024, dejó muy claro que se debe dejar de jugar con el presente y el futuro de millones de personas que pasan por el sistema educativo público. “Comprométanse con la atención de las verdaderas necesidades del pueblo costarricense, que esta crisis no la pague la educación, que no sea utilizada como un negocio ni una mercancía, es un derecho que defendemos y seguiremos defendiendo”, concluyó.

Desde las federaciones para la negociación del FEES 2024 se establece y mantendrá el rol en la participación durante la negociación bajo los siguientes puntos:

  1. Exclusión de las Universidades Públicas y a toda la educación pública de la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635.
  2. Generar un compromiso de fijar como una meta de inversión en educación para los próximos tres años, un porcentaje escalonado lo más cercano al 8% según lo dicta el artículo 78 de la Constitución Política, así como generar los mecanismos para alcanzarla para que consecuentemente no haya un detrimento en el porcentaje de inversión en educación, como ha sucedido en los últimos siete años.
  3. Eliminación de los indicadores impuestos a las Universidades por el Gobierno de la República, pues estos indicadores pueden violentar la autonomía de las universidades. Por el contrario, garantizar las herramientas para que las instituciones de educación superior pública puedan cumplir y fortalecer sus propias metas establecidas en el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal.
  4. Construcción de un acuerdo de agenda común entre el Poder Ejecutivo y las Universidades Públicas para la atención de la crisis educativa a partir del diálogo y acuerdos multisectoriales.
  5. Respetar, fortalecer y dignificar a las personas trabajadoras del sector educativo. Exigimos que se cumpla la primera de reducir las cargas laborales, un aumento real al salario que responda al costo de vida, y que se elimine el “salario global transitorio”.
  6. Establecimiento de una base de presupuesto de negociación para el FEES 2024 que sea del FEES 2023 + 1% por reconocimiento de inflación pendiente del acuerdo realizado en el año 2022.
  7. Un crecimiento en términos reales del presupuesto del FEES que sea mayor al dotado para el año 2023, según lo dicta el artículo 85 constitucional.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica