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Etiqueta: Estados Unidos

Los nazis: ayer, hoy y ¿mañana?

Por Arnoldo Mora

Evocando la primera frase con que Marx y Engels encabezaron su célebre Manifiesto de 1848, ante la situación actual de la política mundial sólo se me ocurre decir: «Un fantasma llamado “Adolfo” recorre las cancillerías de todos los rincones del mundo», lo cual ha provocado reacciones antagónicas; con mal disimulado entusiasmo desde la Casa Blanca en el Norte de nuestro Continente hasta la Casa Rosada en el Sur, pero con seria preocupación en el Viejo Continente, desde 10 Downing Street en el Oeste hasta el Kremlin en el Este…y así sucesivamente en el resto del planeta. No es para menos. La historia parece repetirse, pero no de igual manera, pues en los procesos históricos la dinámica es dialéctica no mecánica. Si bien la estructura ideológica es la misma ayer (década de los treinta del siglo pasado) como actualmente, no pocos rasgos predominantemente coyunturales son notoriamente diferentes. Los movimientos nazifascistas en sus diversas variantes tienen en común el nutrirse de la xenofobia, y del hecho de surgir a partir de la crisis estructural de origen socio-económico, que afecta masivamente a los sectores y regiones empobrecidas y que repercute en la esfera política. Pero hoy se da en algunos casos una notoria diferencia, pues antaño esos movimientos se aglutinaban en torno a un líder carismático al cual rendían un culto cuasi religioso: il Duce en Italia, der Führer en Alemania, el Caudillo en España. Hoy en día el fenómeno se repite con Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia pero no con AfD en Alemania o Vox en España; porque en estos últimos países mencionados predomina la estructura partidaria que busca ganar elecciones dentro de un modelo tradicional, es decir, supeditado al marco legal cuyo respeto da legitimidad al poder. Sin embargo, el resultado es el mismo: crisis y eventual fin del régimen político surgido de las revoluciones liberal-burguesas, llamado genéricamente “democracia”, que hace factible que la sociedad civil disfrute de las libertades públicas y el respeto, al menos formalmente, de los derechos humanos. Costa Rica por desgracia, no parece estar exenta de esta amenaza, pues da signos de lo dicho desde 2022.

Esta crisis es “histórica”, es decir, no hay marcha atrás; es también global, pues ya no alcanza tan sólo a los países hegemónicos, como se dio en el siglo pasado, sino que su protagonismo salpica a todos los rincones del planeta sin distingos de lugares geográficos, culturales, religiosos o de diversos niveles socio-económicos. Por lo cual nos afecta de diversa manera y en diversos momentos de nuestra historia política. Debido al alcance universal de la revolución científico-tecnológica en los medios de comunicación, y a los cambios en los medios de producción, esta vorágine afecta a la humanidad entera. Desde el punto de vista político, llama la atención la ausencia de líderes mundiales, debido a la crisis de las naciones-Estado que está dando origen a una fragmentación del poder económico y político de marcado tinte regional, donde la cercanía geográfica juega un papel que antes asumían factores ideológicos y culturales, como las tradiciones de cultura popular, la religión o las lenguas. Pero detrás de todos estos cambios históricos, que provocan a diario los acontecimientos que atiborran los espacios noticiosos y las páginas de los comentaristas, subyacen cambios más profundos que no tienen antecedentes en la historia de la humanidad. En concreto, el surgimiento de China como potencia mundial a partir de la crisis financiera del 2008. Con esta crisis terminó definitivamente el “orden” establecido por las potencias que salieron triunfantes en la II Guerra Mundial. Hoy emerge un nuevo “orden” mundial en el que Occidente impone su revolución cultural pero pierde la hegemonía política. Algo similar a lo que pasó con la caída del Imperio Romano: Roma perdió el poder político, pero dejó como legado imperecedero la estructura imperial con la que Occidente logró dominar al mundo entero…excepto a China. Con el triunfo de la Revolución de Mao (1949) China se “occidentalizó” política y económicamente bajo la conducción de un partido marxista-leninista; esto no obstante, siempre culturalmente se cuidó de nutrirse de sus raíces ancestrales, en especial, de la ética confuciana.

El factor más relevante en todos estos procesos radica en la imposibilidad (¡dichosamente!) de desatar una guerra mundial para imponer ese “orden”, debido a que las potencias antagónicas a Occidente (eje China-Rusia) son potencias que se han dotado de un arsenal termonuclear, que podría acabar con todo signo de vida en el planeta en cuestión de horas. No obstante, la guerra es como el deporte: lo bonito es que alguien salga victorioso; pero cuando todos salen derrotados, se acaba el placer. Por eso sólo se pueden provocar guerras regionales con fines económicos y políticos, que buscan superar las crisis estructurales de raíz económica en las potencias hegemónicas, sin por ello dejar de intentar mantener la hegemonía regional. Pero ese estado de cosas no está en condiciones de dar una solución a la crisis política mundial. Sólo una organización, basada en un “contrato social” entre todos los pueblos de la tierra puede hegemonizar un poder planetario real, es decir, que esté dotado de una autoridad con facultades punitivas, tanto económicas como militares, que le posibilite solventar esta crisis, cuyas manifestaciones más preocupantes se hacen patentes con el surgimiento de movimientos nazifascistas, movimientos que ingenuamente se creían destruidos luego de la II Guerra Mundial. Sólo así se puede devolver la paz a una humanidad que necesita con urgencia destinar todos sus recursos económicos y tecnológicos y su poder político y mediático a resolver la apocalíptica crisis ecológica y sus manifestaciones en las crisis climáticas, como el recalentamiento del planeta, que hoy amenaza sumir a millones de seres humanos en la hambruna. Pero para lograr esa meta se debe comenzar por provocar un movimiento que despierte las conciencias de hombres y mujeres del mundo entero sin distingos de ninguna especie. Dichosamente, a pesar de estos oscuros presagios, hay signos que nos inspiran optimismo. Me refiero en concreto a la manifestación de masas más grande de la historia de Estados Unidos, como fue la protesta pacífica que cerca de 8 millones de ciudadanos llevaron a cabo en más de 50 ciudades bajo la consigna NO KING.

Termino estas reflexiones enfatizando en que, destinar los ingentes recursos económicos y tecnológicos que hoy se emplean en hacer guerras cada vez más absurdas, que tan sólo logran exterminar a poblaciones inermes y no a las fuerzas militares adversas, es la razón de ser del quehacer político. Solo así acabaremos con la amenaza que se incuba en los brotes de nazifascismo, cuya sombra oscurece el horizonte de una humanidad en trance de agonía.

Los elegidos de ayer y de hoy

Álvaro Vega Sánchez

Creerse elegido es la superstición requerida
para elegir después a los sacrificados en masa
Francisco Rodríguez, Alopecia, 2025.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Los elegidos es el título de una serie difundida por Netflix que narra la experiencia de vida profundamente humana del Jesús histórico y sus discípulos. El tema de la elección es columna vertebral en la teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y hoy cobra vigencia particular, atendiendo al contexto geopolítico.

Abraham es elegido para crear un pueblo que sea de bendición a todas las naciones (Genesis 12:1-3), mientras que hoy el llamado pueblo elegido se ha convertido, emulando a los antiguos imperios, en maldición para las naciones, particularmente su vecino el pueblo de Palestina, víctima de una acción criminal devastadora. Un pueblo que pasó de ser víctima de uno de los principales genocidios históricos a convertirse en victimario.

Jesús es elegido por su Padre para instaurar un reino de paz y justicia y, a su vez, este elige a doce discípulos y algunas discípulas, como María Magdalena, para que continúen su misión, particularmente a favor de los empobrecidos y marginados de la tierra. Es una elección que conlleva un compromiso gratuito y generoso por la vida, para convertir a la humanidad en una hermandad de amor, justicia, paz y solidaridad.

La elección divina no es ningún privilegio que obedece a cualidades excepcionales de una persona o pueblo, es un acto de gracia; tampoco para ostentar y hacer alarde de poder y grandeza. Es, más bien, un llamado a defender y promover el derecho a la vida digna de todos los seres humanos, particularmente hacer justicia a los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros e inmigrantes (Dt 10:18). Y por esa causa, los elegidos se convierten en víctima de aquellos poderes que buscan someter, excluir y discriminar; sufren persecución, exilio, sometimiento y muerte. En la película Violinista en el tejado, el protagonista en una escena dramática, donde el pueblo sufre el exilio, eleva su mirada al cielo y protesta ante Dios por haberles escogido como su pueblo: “Sé que nosotros somos tu pueblo elegido. Pero de vez en cuando, ¿no podrías elegir a otro?”.

En este sentido, resulta contradictorio cómo se ha revertido el comportamiento del Israel sionista de hoy, al considerarse el único elegido por Dios, y cuyo rostro es el de la arrogancia y prepotencia faraónica. Efectivamente, si ayer el faraón se resistía a la liberación del pueblo judío hoy es Israel quien se resiste a la liberación del pueblo palestino. También se ha convertido en una amenaza para la paz mundial, induciendo a otras naciones a que le acompañen en una guerra de sometimiento y exterminio.

Por su parte, vuelve con fuerza la doctrina del destino manifiesto bajo el actual gobierno de Donald Trump, que concibe a los Estados Unidos como nación elegida por Dios para llevar “democracia” y “libertad” a todos los pueblos, aunque ello implique doblegarlos por la fuerza a entrar en sus dominios imperiales. Apelar al mesianismo civilizador, como agente destinado a propiciar los ideales democráticos y libertarios, le ha servido para justificar las intervenciones con evidentes intereses geopolíticos, así como la apropiación de recursos y mercados estratégicos para expandir su dominio como potencia. Asimismo, se recicla la doctrina Monroe: “América para los americanos”, como contraparte a las nuevas propuestas del multilateralismo.

Una vez más, es utilizado el nombre de Dios para emprender y justificar la guerra de exterminio, por parte de dos naciones que han hecho alianza para ejercer un dominio absoluto en un mundo que más bien busca nuevas formas de poder geopolítico compartido, para convivir pacíficamente propiciando el bienestar y progreso de todos los pueblos de la tierra, sin exclusiones.

Se está utilizando “el nombre de Dios en vano”, es decir, el pecado de idolatría; el uso interesado del nombre de Dios o la creación y adoración de nuevos dioses-ídolos a imagen y semejanza de élites de poder que buscan legitimar sus intereses egoístas y espurios. Como bien señala el escritor José Saramago, «no es un dios, sino el “factor Dios » el que se exhibe en los billetes de dólar y que se muestra en los carteles que pide para América (la de los Estados Unidos, no la otra…) la bendición divina…Ha sido el “factor Dios”, ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ese que no respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabó por hacer del hombre una bestia”.

El pueblo costarricense, con lucidez, inteligencia política y gran sensibilidad humana ha sabido ondear la bandera de la paz y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Ganó reconocimiento y credibilidad internacional con la eliminación del ejército, la creación de áreas protegidas que salvaguardan una cuarta parte de su territorio, el acuerdo de paz en Centroamérica, la Proclama de Neutralidad ante conflictos armados internacionales, entre otras iniciativas. No debemos, bajo ninguna circunstancia, bajar esa bandera. Todo lo contrario, levantarla con más fuerza y valentía, convocando a la paz con justicia, la erradicación de todas las formas de violencia y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Un no rotundo a las guerras por la conquista de recursos y poder geopolítico global.

Los pueblos libres, dignos y nobles están siendo desafiados a establecer un pacto global por la convivencia pacífica y la preservación del planeta. Un pacto que sea de bendición para todos los pueblos de la Tierra.

Lidiando con Washington: diplomacia y autodeterminación

Álvaro Fernández González | Setiembre 2026

El encuentro de Xi Jinping con Donald Trump y los discursos de Trump, y del presidente de Irán y de la presidenta de Venezuela ante la ONU plantean una pregunta: ¿cómo lidiar con Washington sin renunciar a decidir el propio rumbo? La “estabilidad estratégica” convive con amenazas y acuerdos desiguales. Trump habló de “aniquilar” a Irán y reivindicó la operación estadounidense en Venezuela y el acceso posterior a su petróleo.

China tiene una capacidad económica y política que le permite negociar como gran potencia. Xi propuso cooperar, encauzar la competencia y gestionar las diferencias; también pidió reanudar las negociaciones con Irán. Beijing busca estabilidad para desarrollarse. Aquí la autodeterminación se expresa en poder dialogar, disentir y mantener opciones propias, sin que el otro dicte el desenlace.

Irán enfrenta una amenaza más inmediata. Masoud Pezeshkian defendió en la ONU la seguridad de su país y el uso pacífico de la tecnología nuclear, sin cerrar una salida negociada. Su firmeza recuerda que amenazar con destruir al interlocutor altera el sentido de la diplomacia. ¿Qué garantías permitirían negociar sin convertir la supervivencia en moneda de cambio?

Venezuela ensaya otra respuesta. Delcy Rodríguez agradeció la disposición de Trump a cooperar y destacó el acuerdo energético, a la vez que reclamó soberanía y ausencia de injerencia. La reconstrucción y el ingreso de recursos pueden hacer razonable negociar. Pero Trump presenta el petróleo como fruto de la victoria de las cañoneras. Importa entonces saber quién decide las ventas, administra los ingresos y puede revisar los compromisos. Una mejora económica no despeja el costo político del acuerdo.

Lidiar con Washington exige diplomacia; llamarla defensa de la autodeterminación requiere algo más.

La prueba está en el margen para rechazar exigencias, conservar socios y controlar los recursos, en las garantías frente a la fuerza y en la participación efectiva de cada pueblo en decisiones que comprometen su futuro.

Costa Rica en el contexto de las relaciones internacionales debe tener dignidad, no debe bajar la testuz gubernativa

Vladimir de la Cruz

Las relaciones diplomáticas que Costa Rica inició a mediados del siglo XIX fueron importantes en dos direcciones. Durante la colonia española era España la que asumía la representación de todas las tierras y virreinatos que tenía. Durante la República Federal era la República Federal la que tenía la representación formal de todas las repúblicas centroamericanas.

En una enciclopedia publicada a mediados del siglo XIX Costa Rica no aparece como país o Estado independiente, que ya lo era de España, sino que aparece dentro de la descripción y relato que se hace de la República Federal Centroamericana, en la que se menciona brevemente como un Estado de la Federación. Como ha de ocurrir con los estados que conforman la Unión Americana, a los estados de la República Mexicana, a los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a los estados de Brasil o cualquier otro país que tenga un sistema de República Federal, donde los órganos federales son los que mantienen esa representación diplomática de toda la región.

A mediados del siglo XIX empezaron a reconocernos como país independiente y soberano, tomando sus propias decisiones, después de declarada la Independencia con España y luego de disuelta la República Federal de Centroamérica, concepto con el que todavía se veía a toda la región de Centroamérica, y a Costa Rica, hasta que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. A partir de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras fue más intenso ese reconocimiento internacional y poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes diplomáticos, hoy mezclados con énfasis en la perspectiva de nuestras relaciones comerciales de exportaciones e importaciones.

Al mismo tiempo que nos reconocían también nosotros reconocíamos a otros países, con sus Estados y gobiernos, de igual a igual, sin importar idiomas, tamaños o sistemas políticos. Era una manera de “nacer” al mundo, a las relaciones internacionales en un plano de igualdad y de respeto al ordenamiento interior de quienes querían relacionarse con nosotros, que de igual, mantenían ese respeto hacia nosotros.

Se puede entender que de igual manera, desde aquellos tiempos, las potencias políticas, económicas y militares se volcaban en esas relaciones enfatizando en sus respectivos intereses sobre los países con los cuales querían establecer esas relaciones. Así, por ejemplo, Francia e Inglaterra pusieron énfasis en el proceso de independencia latinoamericano, facilitando dinero a la causa de la Independencia, si eso contribuía a debilitar el sistema colonial español. Así, operaban esos países en otros continentes.

Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas que a finales del siglo XIX se debatían en esa guerra anticolonial, independentista. La guerra hispano americana, de 1898-1903, fue el marco de ese proceso en el continente. Resultado de ella Estados Unidos contribuyó a “inventar”, o crear un país, o una región que se había independizado de España en 1821, que se había agregado a la Gran Colombia, que había tenido en el siglo XIX una intensa historia de anexión y separación con Colombia, donde se habían afincado los intereses franceses y estadounidenses alrededor de la construcción del canal interoceánico, para separar a Panamá en 1903 como nación sometida a Estados Unidos y partida en dos con la construcción del Canal que se terminó en 1913. En ese mismo período Estados Unidos también se metió en la región de Maracaibo, en Venezuela.

En Cuba pasaba algo similar. La lucha por la Independencia era intensa. Martí y los próceres cubanos recibían apoyo en todo el continente, incluso en Costa Rica. Bajo el gobierno de Rafael Yglesias Castro, 1894-1902, Martí visitó dos veces Costa Rica. Recibió el apoyo correspondiente y se llevó a Maceo que estaba en Costa Rica. Poquito tiempo después de su segundo viaje a Costa Rica, Martí cayó en combate. Estados Unidos logró imponerse en el proceso de la lucha independentista, con la Enmienda Platt, una reforma constitucional que impuso, que estableció la llamada República Platista, por un breve período, con la que se robaron el territorio de Guantánamo, donde desde aquella época establecieron un enclave militar, que es hoy el centro de torturas más especializado del mundo, con los detenidos que allí llevan de distintas guerras que sostiene Estados Unidos.

Estados Unidos con sus políticas injerencistas e imperialistas impuso en la región centroamericana, gobiernos, controló asambleas legislativas y poderes judiciales. Les dio apellido a las repúblicas centroamericanas, banana republics, por el peso que la United Fruit Company tenía en los países centroamericanos. En los poderes ejecutivos mantuvo militares gobernando, dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios. Costa Rica fue la excepción donde no pudieron actuar como lo hacían en el resto de Centroamérica o el Caribe.

El siglo XX en su desenvolvimiento político, en América Latina, tuvo sus altibajos desde el punto de vista gubernativo. En correspondencia con la situación internacional, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, y el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con el surgimiento y desarrollo de movimientos socialistas y comunistas, el “ogro del comunismo” apareció sostenido por las políticas y organizaciones anticomunistas que se crearon a niveles nacionales de los países y a nivel internacional y latinoamericano. Se suspendió el anticomunismo cuando la URSS se convirtió en el principal baluarte de lucha contra el fascismo, que había iniciado la II Guerra Mundial en 1939, el que fue derrotado en 1945. Estados Unidos entró a esa guerra en 1942. Resultado del triunfo antifascista fue el surgimiento de una Europa con más países en tránsito hacia el socialismo, que impuso al término de la guerra la ruptura de los aliados antifascistas para dar inicio a un nuevo período de lucha internacional anticomunista, que se mantuvo bajo el alero de la llamada Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991. En todos esos años más países abrazaron la causa de la construcción socialista, no capitalista, destacando en ese proceso países asiáticos como las actuales Repúblicas Populares de China, de Vietnam y de Corea del Norte, que se mantienen como baluartes de ese proceso histórico.

La URSS y las llamadas repúblicas socialistas europeas, agrupadas a su alrededor, colapsaron entre 1985 y 1991, desintegrándose el llamado Mundo Socialista.

Estados Unidos emergió como la superpotencia de estos últimos 35 años, hasta que la República Popular China, sin abandonar sus principios socialistas comunistas avanza poderosamente para convertirse en la principal potencia económica hacia la década del 2030.

De nuevo se ha atizado el anticomunismo mundial. Las guerras imperialistas se han intensificado. Estados Unidos sigue siendo el adalid de estos conflictos, con una presencia militar en el mundo de casi 1000 bases distribuidas en los distintos continentes. Hoy incluso amenazando con invadir regiones, amplios territorios y hasta países constituidos, con el propósito de controlar las materias primas estratégicas, especialmente petróleo, gas y las llamadas tierras raras, ricas en componentes mineralógicos para las nuevas industrias y altas tecnología, incluidas las militares.

Geopolíticamente impone controles. Estados Unidos se ha levantado como un demiurgo moderno, como una divinidad política, en ánimo de ordenar el comportamiento político de los países y de construir un universo propio y dominado, de conformidad a las políticas, directrices y lineamientos que dicte Washington, y su presidente Donald Trump. Los conceptos de la Gran América, del Escudo paramilitar y geopolítico que ha montado sobre Centroamérica y el Caribe, tiene su punta extrema en el Protectorado político económico que ha impuesto en Venezuela.

Los cambios operados en la dinámica política continental latinoamericana han contribuido en esta dirección. Gobiernos proclives al autoritarismo político, al anticomunismo como discurso, enmarañados en las políticas económicas neoliberales han florecido.

Movimientos políticos socialdemócratas, socialcristianos, socialistas de distinto tipo, populistas de izquierda no han satisfecho plenamente las necesidades sociales, económicas y políticas de los pueblos, lo que ha provocado que los péndulos políticos se hayan movido hacia los líderes carismáticos, autoritarios, personalistas, que no tienen partidos políticos propios, ni los encarnan como grandes líderes sin valores doctrinarios o políticos claramente definidos, que rechazan todo lo que signifique el ejercicio político anterior a ellos, y que su único valor ideológico es presentarse como nuevos mesías políticos, sometidos a los dictámenes de las políticas que impulsa Washington en el continente, con capacidad autoritaria de dominar, reprimir y explotar en todo sentido a los pueblos y trabajadores, como se está haciendo.

En toda esta dinámica, Cuba floreció heroica, en la segunda mitad del siglo XX, levantándose contra la dictadura de Batista, impulsando un modelo político revolucionario de tipo socialista, lo que provocó la ira y la preocupación de Washington por el ejemplo que de ella emanaba. Por poco más de 65 años Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico criminal contra Cuba. Impuso durante casi 50 años una ruptura diplomática, de aislamiento político, de los países latinoamericanos, que poco a poco lo fueron de nuevo superando. Parte de ese aislamiento fue la expulsión que se hizo de Cuba de la OEA hasta que de nuevo en este siglo la OEA la invitó a reintegrarse, lo que Cuba no ha admitido. En todo ese proceso solo México, como país realmente independiente y soberano, mantuvo las relaciones diplomáticas con la Cuba Revolucionaria y Socialista. No aceptó la ruptura de relaciones que impuso la OEA. Las razones de la época era el sistema político de Cuba, el socialismo que iniciaba. Las razones posteriores el carácter de su gobierno socialista, que tiene un régimen electoral distinto al de los países latinoamericanos, que ha permitido acusarla de régimen dictatorial no democrático.

Lo más paradójico de esto es que quienes acusaban eran dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios, represores y conculcadores de libertades y derechos ciudadanos.

Con todas las dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos del continente, y de otros continentes, Costa Rica ha mantenido relaciones diplomáticas.

Mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de países hoy considerados genocidas, violadores de derechos humanos, como Israel.

De la manera más servil, más vulgar, de falta de dignidad, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha decidido romper relaciones diplomáticas con Cuba, considerando que es una dictadura, sin estimar que la situación brutal que tiene el pueblo cubano es resultado del bloqueo político, comercial y económico que Estados Unidos ha impuesto y mantiene sobre Cuba. Sin estimar también que en Cuba hay ahora un proceso electoral que establece que el presidente no puede ejercer más de dos gobiernos seguidos, y que esa política se estableció bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz, que él mismo la cumplió, mientras aquí en Costa Rica hay diputados de gobierno, y la misma presidenta que están tratando de modificar la Constitución Política para que el presidente Rodrigo Chaves pueda volver a gobernar y para que el presidente pueda reelegirse.

Lo más gracioso de esta pose servil es que el gobierno de Chaves, como el de Laura, se han sometido a romper comercialmente con la República Popular China, cuando Estados Unidos negocia constantemente con la China comunista sus reglas de comercio y hasta de materias primas.

Cuando Estados Unidos impuso romper relaciones diplomáticas con Cuba, Costa Rica se mantuvo como el más servil de los países de América en ese sentido. Fue el penúltimo en volverlas a establecer frágilmente, en el 2008, unos meses después lo hizo Estados Unidos. Desastroso hubiera sido que Costa Rica estableciera relaciones con Cuba después de Estados Unidos.

El gobierno de Costa Rica ha dispuesto acatar el mandato de Washington sin que Estados Unidos rompa las relaciones diplomáticas que estableció el presidente Barack Obama, que en esa condición fue a abrir la Embajada de Estados Unidos a Cuba. Eso es servilismo político puro. Es bajar la testuz y dejar al país sin dignidad, sin la frente en alto, es aceptar que le pongan yugo, como Trump hace con sus bueyes políticos en el continente.

Así es como nos están reconociendo en el contexto de las relaciones internacionales y diplomáticas de Costa Rica, con una presidenta enyugada, yugo que alcanza para la pareja copresidencial.

Hay que reconocer que el presidente Trump hace un buen boyeo. Tiene arte, técnica y capacidad para guiar, amansar y trabajar con bueyes políticos. ¿Estará Trump montado en la carreta típica costarricense?

¿Cuánto puede pesar ese sometimiento político, de la presidenta, para que no afecte a la candidata costarricense a dirigir la ONU, que se requiere alta diplomacia, relaciones con todos los miembros de la ONU, y garantías políticas de actuación plenamente independiente, cuando en el caso de esta costarricense, que mérito tiene para ese alto cargo, es judía, en medio del conflicto internacional donde está altamente involucrado Israel?

¿Aceptará la enyugada presidenta retirar a Costa Rica de la Corte Penal Internacional, como la ha pedido en la ONU el presidente Trump?

Hay presidentes que les gusta salirse, cuando no los controlan, de organismos o instancias judiciales.

Lula expresa su indignación en la Asamblea General de la ONU: “Ud. ha sido testigo de los abusos de las superpotencias», le dice a A. Guterres

Gilberto Lopes
San José, 23 septiembre 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su indignación ante el estado de la política mundial, al inaugurar la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El privilegio de la insensatez

“Desde que ocupé por la primera vez esta tribuna, en 2003, este es el momento más crítico de las Naciones Unidas”, dijo el presidente brasileño, al ocupar la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas que, por tradición e historia, Brasil inaugura desde 1946.

Lula dedicó la primera parte de su discurso al escenario internacional y al papel de las Naciones Unidas. “La ONU está fallando en una de sus misiones más elevadas: la de librar la humanidad del flagelo de la guerra”. “Todos somos rehenes del inmovilismo de un Consejo de Seguridad que no cumple su papel. En 1946, ya en la primera sesión de esta Asamblea, Brasil llamaba la atención para el alto precio que la comunidad internacional pagaría por el derecho de veto. Este vicio de origen de la Carta de la ONU le otorgó a las grandes potencias el privilegio de la insensatez”.

Brasil, junto con otros países del Sur Global, especialmente la India, ha venido exigiendo una reforma del Consejo de Seguridad donde las cinco potencias nucleares de posguerra –Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China– asumieron el cargo de miembros permanentes con derecho a veto.

Ya en la Declaración de Nueva Delhi, del pasado 12 de septiembre, los BRICS, del cual Brasil es miembro fundador, reiteraron su compromiso con la reforma de la “gobernanza global”, de modo que reflejara mejor las realidades contemporáneas.

Pese a los cambios en el escenario internacional donde, entre otras cosas, las potencias nucleares se han casi que duplicado, el privilegio de los cinco miembros permanentes, nombrados hace 80 años, sigue vigente.

Los líderes de los países que lo integran necesitan reunirse, dijo Lula, en vísperas de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China. Xi Jinping realizará una visita de tres días a Washington, del 23 al 25 de septiembre, que ha despertado enorme expectativa ante los acuerdos (o los desacuerdos) a que puedan llegar los líderes de las dos principales potencias mundiales.

“Miles de millones de dólares financian una nueva carrera armamentista”, dijo Lula, mientras “tensiones geopolíticas amenazan transformar confrontaciones regionales en una conflagración de proporciones globales”.

Redefiniendo una formulación clásica, el presidente brasileño señaló que “la guerra no es la continuación de la política por otros medios. Es la falencia total de la política”.

El genocidio israelí y otras guerras

Lula reiteró la posición de su gobierno sobre el genocidio provocado por Israel en Palestina. Generaciones cargarán el dolor y el trauma del genocidio provocado por el gobierno de Netanyahu contra mujeres y niños en Gaza, del mismo modo que civiles israelíes “pagarán el precio del radicalismo y la intolerancia de los actos terroristas de Hamas”.

Lula agregó que los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania hacen cada vez más inviable la solución de dos Estados y reivindicó la voz de la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, que “no puede ser silenciada por decir la verdad”. La Universidad de Costa Rica le otorgó a Albanese el doctorado honoris causa, que le deberá ser entregado en un acto a celebrarse en San José antes de fin de año.

Lula criticó también las consecuencias de la guerra desatada por Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, “un pasaje vital para el comercio internacional”.

Y reivindicó la iniciativa de Brasil y China para promover una paz negociada en Ucrania. “Todos sabemos que no habrá vencedores en el campo de batalla”, afirmó. “La diplomacia es la única opción”.

“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”

Antes de hacer un breve repaso por otros diversos temas de la agenda internacional, como la importancia del multilateralismo, el desarrollo sustentable, o la lucha contra el hambre y la pobreza, Lula se refirió al escenario hemisférico.

La proximidad geográfica de América Latina y el Caribe con la mayor potencia militar del mundo es una realidad de la que la región no puede escapar, “sobre todo en un escenario de recrudecimiento de tentaciones hegemónicas”.

Lula rechazó la intervención extranjera en las elecciones de Brasil, el próximo 4 de octubre, y la pretensión de Estados Unidos de controlar las riquezas naturales brasileñas, que serán explotadas en beneficio del pueblo brasileño, aseguró. “El acceso a nuestros minerales tendrá como contrapartida obligatoria la generación de valor en nuestro territorio, la transferencia de tecnología y el abastecimiento de sectores estratégicos nacionales”, dijo Lula, que concluyó destacando que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.

Una referencia a la reivindicación de Trump de que la región es el patio trasero de Estados Unidos, una vieja demanda sustentada por la Doctrina Monroe desde el siglo XIX, que el presidente norteamericano pretende modernizar con el nombre de Donroe.

El pueblo venezolano “merece definir su propio destino”, “Nicaragua no va a resolver sus problemas impidiendo que la oposición participe en elecciones” y “Haití sigue poniendo a prueba los límites de la indiferencia de la comunidad internacional”, agregó. Lula también se refirió a la situación cubana, señalando que “el mundo asiste asombrado al castigo colectivo impuesto a diez millones de personas por un embargo económico y un cerco energético ilegales”.

Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) alerta sobre amenazas al proceso electoral

La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) advirtió a las autoridades electorales y al gobierno, en agosto pasado, sobre “una escalada de presiones sobre Brasil” ejercida por Estados Unidos y que amenaza al proceso electoral.

Brasil celebrará el próximo domingo, 4 de octubre, el primer turno de las elecciones presidenciales y elecciones estaduales en todo el país, en medio de reiteradas denuncias sobre la intervención del gobierno norteamericano a favor del candidato opositor, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por los tribunales por su intento de golpe en las elecciones de hace cuatro años, cuando fue elegido Lula.

Las presiones se dan en el marco de una “reafirmación de la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, una prioridad del segundo gobierno de Trump”, dice la ABIN.

En entrevista a CNN, en Nueva York, el pasado lunes, Lula afirmó haber pedido personalmente a Trump no intervenir en las elecciones brasileñas. Según Lula, Trump le dijo que no lo va a hacer.

El valor de sobrevivir

José A. Amesty Rivera

Después del 3 de enero 2026, comenzó a circular con fuerza, y continúa circulando, una idea que merece ser discutida seriamente desde la izquierda, y es que Venezuela debió responder a la intervención militar de EEUU con una guerra abierta, sin importar el costo, y que, llegado el caso, se debía combatir “hasta la inmolación”.

La frase puede sonar heroica y despertar sentimientos legítimos de dignidad, soberanía y rechazo al imperialismo. Pero una cosa es defender la soberanía de un país, y otra muy distinta confundir soberanía con el sacrificio de su pueblo.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana seria, hay que decirlo sin rodeos, una guerra convencional entre Venezuela y EEUU habría significado una derrota militar prácticamente segura para Venezuela, y podía haber transformado esa derrota en una catástrofe nacional. No se trata de rendirse ante el imperialismo, sino de distinguir entre resistencia y suicidio político.

El 3 de enero de 2026, EEUU realizó una operación militar en Venezuela, capturaron y secuestraron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Reuters informó que EEUU había atacado el país y que Donald Trump incluso habló de que el Estado norteamericano administraría Venezuela durante una transición. La operación provocó condenas internacionales y preocupación en Naciones Unidas por el precedente que representaba.

Pero una cosa es esa agresión y otra declarar una guerra convencional contra EEUU. La pregunta debe hacerse con los pies en la tierra, ¿qué habría ocurrido?

Es conocido que EEUU posee una superioridad militar enorme en aviación, marina, inteligencia satelital, drones, guerra electrónica, logística, armamento de precisión y experiencia militar. Venezuela sencillamente no podría igualar esas capacidades; reconocerlo no es ser “proimperialista”; es reconocer una realidad.

El problema aparece cuando algunos sectores hablan de “resistir hasta la muerte” como si una guerra fuera una escena de película heroica en la que unos pocos se sacrifican y el pueblo finalmente obtiene la victoria. Las guerras reales no funcionan así; mueren también el trabajador, la campesina, el maestro, el jubilado, el niño que necesita un hospital y la familia que simplemente quiere vivir en paz.

Se destruyen hospitales, carreteras e instalaciones eléctricas; se paralizan transportes y empleos; se interrumpe el suministro de alimentos; aumenta la inflación y se producen desplazamientos masivos. Por esto, ante quienes hablan de “inmolación”, habría que hacer una pregunta sencilla, ¿quiénes se inmolan? Casi nunca son quienes pronuncian esta consigna desde un despacho o cualquier otro escenario. Son los hijos de los trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los sectores populares, precisamente quienes ya han soportado años de crisis.

Segun una investigación que hicimos, debemos aprender de algunas lecciones de la guerra. La historia reciente ofrece ejemplos que deberían ser obligatorios para cualquier izquierda que quiera hablar seriamente de imperialismo.

En Irak, EEUU ganó rápidamente la guerra convencional de 2003, derrotó al ejército iraquí y ocupó Bagdad. Pero la victoria militar no resolvió el problema. La ocupación, la insurgencia y los conflictos posteriores provocaron enormes costos humanos, económicos y sociales. El proyecto Costs of War de la Universidad Brown, ha estimado más de 940.000 muertes directas asociadas a las guerras posteriores al 11 de septiembre en distintos países, además de las muertes indirectas producidas por la destrucción de sistemas sanitarios, economías e infraestructura. La lección no es que Irak debió rendirse, es otra, una guerra puede derrotar a un ejército y destruir al mismo tiempo a una sociedad.

Libia resulta todavía más relevante para Venezuela, porque ambos países poseen enormes recursos petroleros. Antes de la guerra de 2011, Libia producía alrededor de 1.7 millones de barriles diarios. Durante el conflicto, la producción cayó drásticamente y su economía sufrió una enorme contracción. La caída de Gadafi tampoco significó el final del conflicto, llegaron la fragmentación política, las milicias, los enfrentamientos internos y las disputas por el control del petróleo. El petróleo, por tanto, no protege a un país de la guerra. Puede convertirlo, precisamente, en un objetivo estratégico.

En el caso de Venezuela, ¿Qué habría ocurrido con su petróleo? Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, pero el petróleo no sale de la tierra por sí solo. Para producirlo hacen falta trabajadores especializados, electricidad, oleoductos, carreteras, puertos, refinerías, transporte e infraestructura. Una guerra prolongada habría puesto en peligro todo este sistema. Y la contradicción sería enorme, quienes quisieran defender la soberanía sobre el petróleo podrían terminar destruyendo la capacidad material necesaria para producirlo. Y el petróleo continúa teniendo un enorme valor geopolítico. Reuters ha informado que, después de la operación de enero, Washington buscó ampliar su acceso no solamente al petróleo venezolano, sino también a otros recursos minerales.

Precisamente por esto había que actuar con inteligencia. Los recursos estratégicos deben defenderse, no convertirse innecesariamente en víctimas de una guerra que Venezuela difícilmente podía ganar.

Otro punto fundamental es que una guerra no habría sido una confrontación entre “chavistas y gringos”. Habría ocurrido sobre territorio venezolano, donde viven más de 30 millones de personas, donde hay chavistas, opositores, personas que no votan, ciudadanos cansados de unos y de otros, trabajadores, campesinos, estudiantes, jubilados y familias que simplemente quieren vivir y sacar adelante a sus hijos. ¿Todos ellos tendrían que morir para demostrar una posición política?

Esto no puede ser un programa de izquierda. La izquierda nació, entre otras cosas, para defender la vida y la dignidad de los trabajadores y de los pueblos, no para convertirlos en carne de cañón. Además, una guerra prolongada podría destruir al propio Estado. Y cuando las instituciones pierden el control del territorio, el vacío puede ser ocupado por bandas criminales, milicias, grupos paramilitares, estructuras de narcotráfico o caudillos regionales. Venezuela ya enfrenta problemas relacionados con economías ilegales, grupos armados y fronteras complejas. Una guerra difícilmente habría mejorado esta situación.

La experiencia de Irak y Libia, demuestra además que hay una diferencia entre ganar una batalla y ganar una guerra, y una diferencia todavía mayor entre ganar una guerra y construir un país después de ella.

Asi mismo, supongamos, hipotéticamente, que después del 3 de enero una parte importante de las Fuerzas Armadas y sectores civiles hubieran decidido continuar la lucha. En una primera etapa, las principales capacidades militares venezolanas habrían sido neutralizadas y las instalaciones estratégicas atacadas. La producción petrolera y la economía se habrían reducido, mientras aumentaban los desplazamientos de población. Posteriormente podría haber surgido una resistencia prolongada basada en sabotajes, ataques y enfrentamientos locales. EEUU podría ganar las grandes batallas y, aun así, encontrar dificultades para estabilizar el país. Pero aquí aparece una cuestión que suele olvidarse, Venezuela también se convertiría en un caos. Con el tiempo, una resistencia inicialmente política podría fragmentarse. Aparecerían disputas por territorios, contrabando, combustible, minería ilegal, narcotráfico, armas y control de recursos. Lo que comenzó como una lucha por la soberanía, podría terminar convertido en una lucha por el territorio.

Asi mismo, los países vecinos tendrían fuertes incentivos para buscar una salida. Colombia y Brasil enfrentarían nuevas olas migratorias; otros gobiernos latinoamericanos presionarían por una negociación, mientras potencias como China y Rusia intentarían limitar la expansión de la influencia estadounidense. Finalmente, Venezuela podría encontrarse ante dos caminos, una negociación política con garantías internacionales o una fragmentación mucho más peligrosa, con un Estado debilitado, millones de desplazados y una economía petrolera incapaz de recuperar su capacidad anterior. ¿Sería una victoria? No creemos.

Incluso si una resistencia prolongada obligara finalmente a EEUU a retirarse, habría que preguntar ¿qué quedaría de Venezuela? miles, o potencialmente decenas de miles de muertos, millones de desplazados, infraestructura destruida, hospitales y escuelas deteriorados, una economía devastada y una sociedad más violenta. Y no llamaríamos a esto una victoria revolucionaria.

Por otro lado, si algo debería enseñar la experiencia latinoamericana es que la soberanía no consiste únicamente en tener un ejército. También significa tener comida, hospitales, escuelas, electricidad, industrias, trabajadores, científicos, campesinos produciendo, instituciones funcionales y una economía capaz de sostener al país, y todo esto también es independencia.

Una estrategia que, en nombre de la independencia, terminara destruyendo estas capacidades sería contradictoria. La defensa de Venezuela debería buscar, ante todo, proteger las condiciones que permitan a su pueblo seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Para ello, pueden ser necesarias distintas formas de acción: la resistencia popular, la defensa de la soberanía, la denuncia del imperialismo, la solidaridad de otros países y la movilización internacional.

Pero “morir todos antes que ceder” no es un programa político, es una consigna de desesperación. Una revolución que necesita destruir a su propio pueblo para demostrar que es revolucionaria, ha dejado de preguntarse para quién hace la revolución.

Hay una izquierda latinoamericana que conoce profundamente la palabra resistencia. Cuba, Nicaragua, El Salvador, Chile, Colombia y Argentina conocen el significado de enfrentar poderes enormes. Pero precisamente por esto deberíamos saber también que la vida humana tiene un valor político superior, al de cualquier consigna.

Aquí llegamos a una cuestión más incómoda, ¿qué está haciendo hoy el gobierno venezolano después del 3 de enero? ¿Está sobreviviendo? ¿Está resistiendo? ¿Está negociando? ¿Está tratando de ganar tiempo? Probablemente exista un poco de todo. Después de una agresión de semejante magnitud, la política deja de ser una cuestión de consignas, nimiedades y se convierte en una cuestión de supervivencia. Sobrevivir no necesariamente significa rendirse. Resistir no necesariamente significa disparar. Negociar no necesariamente significa traicionar.

Un gobierno puede intentar conservar las instituciones, el territorio, la población, la economía, la industria petrolera y las relaciones internacionales, mientras mantiene abierta la posibilidad de que Venezuela vuelva a decidir su propio destino. Desde esta perspectiva, aquello que algunos consideran “falta de radicalidad” podría ser una forma diferente de resistencia.

Lo fácil habría sido disparar y convertir el país en un campo de batalla. Lo difícil es evitarlo, no destruir las instalaciones petroleras, no provocar una nueva ola gigantesca de migración, no entregar el país al caos de las armas y no permitir que una confrontación política termine transformándose en una guerra entre venezolanos/as. Esto también es resistencia.

Quizás incluso sea una de las formas más difíciles, porque es mucho más fácil pronunciar “hasta la muerte” que asumir la responsabilidad de que millones de personas tengan comida, medicinas, electricidad, empleo y seguridad. Por supuesto, las decisiones del gobierno pueden y deben ser criticadas. Se pueden cuestionar sus errores, negociaciones, silencios y contradicciones. Pero hay que tener cuidado con exigir desde fuera y desde dentro una guerra, cuyos costos pagarían principalmente todos/as los venezolanos/as.

La pregunta no debería ser si un gobierno está dispuesto a morir. La pregunta es si el pueblo tiene posibilidades de seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Compañeros y compañeras, no necesitamos mártires, necesitamos futuro. Quizás aquí esté la diferencia entre una izquierda que solamente quiere tener razón y una izquierda que realmente quiere transformar la realidad.

El heroísmo puede producir mártires. La política debería producir futuro. Venezuela no necesita convertirse en una gigantesca tumba antiimperialista. Necesita estar viva, ser soberana y tener capacidad para reconstruirse. Necesita que su petróleo pueda financiar educación, salud, vivienda e infraestructura; que su clase trabajadora tenga futuro; que sus jóvenes puedan quedarse porque quieren, y que la soberanía sea una realidad económica, social y política, no solamente una bandera.

Frente a quienes dicen que Venezuela debió responder al 3 de enero con una guerra hasta la inmolación, la pregunta correcta no es quién tuvo más coraje. Es otra, ¿Qué estrategia habría permitido preservar la soberanía venezolana, proteger a su población y mantener abierta la posibilidad de reconstruir el país? Si una estrategia puede dejar millones de desplazados, destruir la economía, paralizar la producción petrolera, devastar infraestructura y convertir al país en un escenario permanente de guerra, hay que tener el valor de decirlo, esto no es una estrategia revolucionaria; es una apuesta al desastre, al caos.

La izquierda latinoamericana debe ser suficientemente antimperialista para denunciar una intervención extranjera, pero también suficientemente racional para no convertir esa denuncia en una invitación al suicidio colectivo. Porque el objetivo de una revolución debería ser que el pueblo viva mejor, no que muera solamente con una consigna heroica en los labios.

Irak, Libia y las guerras interminables de las últimas décadas nos enseñan que ganar una batalla puede ser relativamente fácil; reconstruir un país después de haberlo destruido puede tomar generaciones.

Venezuela no necesita una generación perdida, necesita sobrevivir. Y sobrevivir, en determinadas circunstancias históricas, también puede ser una forma de resistencia. Por esto, quizá la palabra más importante hoy no sea inmolación, sino paciencia. No se trata de ignorar los problemas ni de justificar cada concesión o cada decisión del gobierno. Se trata de mirar el bosque y no perderse en los árboles; de entender que preservar las fuerzas sociales, económicas y políticas de un país puede ser más importante que satisfacer la necesidad inmediata de demostrar quién es más radical. No necesitamos demostrar quién está dispuesto a morir, necesitamos demostrar quién tiene la capacidad de construir. Venezuela necesita futuro.

La Corte Penal Internacional bajo presión: ¿qué futuro tiene la justicia internacional? Entrevista a Claudia Cárdenas, especialista en derecho penal internacional

Felix Madariaga.

Félix Madariaga
Periodista

La Corte Penal Internacional (CPI) nació con la promesa de convertirse en un instrumento permanente de la justicia internacional frente a los crímenes más graves que pueden afectar a la humanidad. Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, la Corte se ha desenvuelto en un escenario marcado por conflictos armados, graves violaciones al derecho internacional y, al mismo tiempo, por las tensiones políticas derivadas de investigar y perseguir penalmente a personas que ocupan posiciones de enorme poder.

En los últimos años, esas tensiones se han hecho particularmente visibles. Las órdenes de detención emitidas contra altos dirigentes políticos, las dificultades para hacer efectivas algunas de sus resoluciones, el cuestionamiento de su jurisdicción por parte de Estados que no forman parte del Estatuto de Roma y las presiones ejercidas por algunas de las principales potencias mundiales han abierto un debate respecto de la capacidad real de la institución para cumplir con los objetivos para los que fue creada.

A ello se sumó la salida de Karim Khan como fiscal de la Corte, luego de las acusaciones de conducta sexual inapropiada, episodio que volvió a poner bajo escrutinio a una institución que ya enfrentaba importantes críticas. En paralelo, las presiones ejercidas por Estados Unidos contra jueces y funcionarios de la CPI han instalado nuevas interrogantes sobre el futuro de la justicia penal internacional y sobre la capacidad de la Corte para preservar su independencia.

¿Estamos realmente ante una crisis que puede poner en riesgo la supervivencia de la CPI? ¿Sus dificultades son consecuencia de un problema estructural de la institución o reflejan, más bien, los límites que los propios Estados han impuesto a la justicia penal internacional? ¿Sigue siendo necesaria una Corte Penal Internacional en el actual escenario mundial?

Claudia Cárdenas Aravena.

Para abordar estas preguntas conversamos con Claudia Cárdenas Aravena, abogada y académica de la Universidad de Chile, especialista en derecho penal internacional y conocedora del funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

¿Qué futuro tiene la Corte Penal Internacional?

FM: La CPI atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la destitución de su fiscal jefe, Karim Khan. ¿Qué impacto tiene este episodio en la credibilidad y legitimidad de la institución ante la comunidad internacional?

CC: Yo creo que si bien lo que salta a primera vista y lo que fue noticia en todo el mundo es la destitución de la máxima autoridad de la Fiscalía por conducta sexual inapropiada, el hecho de que esto haya ocurrido significa que han podido operar los mecanismos existentes para la detección y acción ante esta clase de conductas ilícitas, aun respecto de altos funcionarios de la institución. Entonces, en mi opinión, el episodio en concreto no debiera minar la credibilidad y legitimidad de la institución frente a la comunidad internacional.

FM: La Corte ha emitido órdenes de detención contra altos dirigentes políticos, pero en varios casos estas decisiones no han podido hacerse efectivas. ¿Hasta qué punto una institución que carece de mecanismos propios para ejecutar sus resoluciones puede ejercer realmente justicia internacional?

CC: Eso tiene que ver con que la Corte Penal Internacional, por su diseño, depende de la cooperación de los Estados para actuar, ese es el mecanismo que le es propio. Eso, a su vez, es una manifestación del principio de complementariedad, que rige las relaciones entre la jurisdicción penal internacional y las jurisdicciones estatales. Lo que puedo responder es que es el sistema que tenemos y con el que hay que trabajar, la fuerza o debilidad de la Corte será la que le den los Estados Parte de su Estatuto, que son 125 al día de hoy.

FM: La jurisdicción de la CPI continúa siendo cuestionada por Estados que no son parte del Estatuto de Roma y, particularmente, por algunas de las principales potencias mundiales. ¿Existe un problema estructural de legitimidad en su jurisdicción o se trata principalmente de una resistencia política de los Estados afectados?

CC: Si se ve la lista de los Estados que no son partes del Estatuto de Roma, se verá que coincide con que se trata de Estados que en general no están comprometidos a todo evento con el derecho internacional. También, en los últimos años, algunos Estados en cuyos territorios la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones han denunciado el tratado. Con todo, la mayoría de los Estados que conforman la comunidad internacional sigue apoyando a la institución y su trabajo en la investigación, persecución, castigo y reparación en casos en los que se han cometido crímenes contra el derecho internacional.

FM: En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su presión contra la Corte, incluyendo sanciones contra jueces y funcionarios, mientras algunos países han comenzado a anunciar su salida del organismo. ¿Estamos frente a una crisis pasajera de la CPI o ante una amenaza que puede comprometer seriamente su supervivencia?

CC: Está por verse cómo reaccionarán otros Estados, en ejercicio de su soberanía, a la presión que pueda ejercer el actual gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, no es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo campañas para incidir en el quehacer de la Corte Penal Internacional. Ya a principios de este siglo, durante el gobierno de George Bush, Estados Unidos llevó a cabo una campaña de presión para que los Estados firmaran acuerdos por el artículo 98 del Estatuto de Roma, buscando excluir ciertos casos del ejercicio de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Creo que al día de hoy es difícil prever los efectos que en concreto tendrá esta campaña. Lo que sí puede observarse es que la Corte Penal Internacional ha continuado realizando su trabajo, aun con las sanciones que han sufrido varios de sus jueces y funcionarios, y, que sigue contando con el apoyo de la mayoría de los Estados, que integran su Asamblea de Estados Parte.

EI: Considerando sus limitaciones para hacer cumplir sus decisiones, los cuestionamientos a su jurisdicción, las presiones políticas que enfrenta y las controversias que han afectado a su propia conducción, ¿sigue siendo necesaria la existencia de la Corte Penal Internacional? Y, de ser así, ¿qué cambios serían indispensables para recuperar su legitimidad y eficacia?

CC: Todos los aspectos que se nombran en la pregunta han acompañado a la Corte Penal Internacional, en mayor o menor medida, desde el inicio de su trabajo, y difícilmente podría pensarse que una institución creada para perseguir a criminales poderosos iba a estar exenta de controversias y dificultades en su labor. A mi entender, la necesidad de su existencia persiste, porque su creación obedeció a un problema que subsiste: el déficit de aplicación que por diversas razones tiene en derecho penal internacional. Si bien las cifras actuales de procesos a nivel mundial son mucho mayores de las que existían en las décadas previas a la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con lo cual se puede entender que se ha logrado en parte el efecto catalizador que se previó con su creación; sería deseable ampliar la aplicación del derecho penal internacional. Puede ser necesario explicar que en el sistema de aplicación del derecho penal internacional, la Corte Penal no tiene jurisdicción exclusiva, vale decir no solo ella puede conocer, sino que fue creada como un tribunal de excepción, que pudiera actuar sólo cuando los Estados no lo hicieran apropiadamente. Vale decir, el sistema descansa sobre todo en la actividad de los Estados, que sigue siendo susceptible de mejora, pero ha aumentado en las últimas décadas, dentro de un sistema en el que la Corte Penal Internacional ha jugado un papel relevante. Sobre la última parte de la pregunta, reiteraría algo que ya mencioné más arriba: dado su diseño, la fuerza o debilidad de la Corte será la que le den los Estados Parte de su Estatuto, que son 125 hoy en día.

Venezuela, petróleo sin cuentos

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia en los que toca pensar con cabeza fría y Venezuela vive uno de ellos.

El 2 de septiembre de 2026, en el Palacio de Miraflores, el Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez firmó acuerdos energéticos con empresas de EEUU, Italia y Venezuela, en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Los acuerdos abarcan petróleo, gas, electricidad, inversión, tecnología, empleo e infraestructura.

Es importante distinguir este momento del anuncio realizado el 28 de agosto, que planteó un marco general de cooperación petrolera entre Venezuela y EEUU. Los acuerdos del 2 de septiembre representan, en cambio, instrumentos concretos con empresas como Chevron, ENI, General Electric Vernova, Aspect Holdings y Primavera. La diferencia importa, los anuncios políticos expresan una orientación, los contratos concretos permiten evaluar qué se está negociando realmente.

Tanto los anuncios políticos como los contratos específicos, ya se ubican en extremos, para unos, Venezuela está entregando su soberanía, para otros, comienza simplemente su recuperación económica, ambas posiciones son simplistas, ya que Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y capital para reconstruir una industria petrolera e infraestructura profundamente deterioradas. Pero la inversión extranjera no garantiza por sí misma desarrollo; la verdadera pregunta es cómo se negocia y cuánto beneficio queda en Venezuela.

Chevron, ENI y las demás empresas no llegan por caridad. Buscan rentabilidad, mercados y oportunidades y esto es normal. El problema no es que estas empresas ganen dinero; el problema sería que ganen ellas mientras Venezuela pierde. Por esto deben evaluarse los contratos, las regalías, los impuestos, la participación estatal, los empleos, los proveedores nacionales, la formación profesional, la protección ambiental y el destino de los ingresos.

La soberanía tampoco consiste únicamente en afirmar que el petróleo pertenece al Estado; la soberanía real significa tener capacidad para decidir qué se produce, con quién, bajo qué condiciones, cuánto recibe el país y cómo utiliza esos recursos.

El acuerdo con General Electric Vernova resulta especialmente importante porque la recuperación petrolera no puede sostenerse sobre un sistema eléctrico deteriorado. Recuperar generación, transmisión y distribución, junto con capacitar trabajadores venezolanos, podría tener un impacto tan importante como aumentar la producción de crudo.

Del mismo modo, la participación de empresas como Primavera y Aspect Holdings plantea la necesidad de fortalecer el talento nacional y reincorporar a profesionales venezolanos que emigraron.

EEUU tampoco actúa por desinterés. Necesita energía, mercados y oportunidades para sus empresas, además de fortalecer su posición geopolítica. Venezuela, por su parte, necesita inversión, tecnología y mercados. Aquí existe un espacio legítimo de negociación. No se trata de escoger entre Washington y Caracas, sino de lograr que Caracas pueda negociar con Washington defendiendo sus propios intereses.

Por otro lado, una izquierda seria no debería rechazar automáticamente la inversión extranjera. Debe preocuparse por evitar la subordinación económica y garantizar que la renta nacional sea distribuida justamente. La consigna no debería ser «fuera las transnacionales«, sino, transnacionales, pero negociando desde el interés nacional.

El desafío mayor es no repetir el viejo modelo rentista. Venezuela no necesita simplemente volver a producir millones de barriles para volver a depender del petróleo. Debe utilizar la riqueza petrolera para desarrollar agricultura, industria, tecnología, infraestructura, educación, salud y empleo. Paradójicamente, el objetivo de una política petrolera soberana debería ser utilizar el petróleo, para que Venezuela dependa cada vez menos del petróleo.

Por esto el éxito de estos acuerdos no debe medirse únicamente en barriles producidos o miles de millones invertidos. Deben medirse también en empleos dignos, salarios, electricidad estable, hospitales, escuelas, empresas nacionales, formación profesional, recuperación de comunidades y diversificación económica.

El Gobierno de Delcy Rodríguez tiene ahora una enorme responsabilidad; si promete más producción, habrá que medirla; si promete inversión, habrá que comprobarla; si promete empleo, habrá que verificarlo; si promete recuperación eléctrica, habrá que verla; y si habla de soberanía, habrá que examinar los contratos. Esto no es oposición, es ciudadanía, soberanía y fiscalización.

Venezuela puede y debe negociar con EEUU, China, India, Rusia, Europa, América Latina o cualquier otro país, ya que la independencia no significa aislarse del mundo, sino poder relacionarse con todos sin quedar subordinada a ninguno.

Los acuerdos de Miraflores pueden representar una oportunidad, pero todavía no constituyen una victoria; tampoco son, por sí mismos, una rendición. Las firmas son apenas el comienzo; la verdadera evaluación llegará con los contratos, la producción, la inversión, los ingresos fiscales, la electricidad, los empleos y, sobre todo, con aquello que finalmente quede en Venezuela.

La disyuntiva no es Chevron contra Venezuela, ni Washington contra Caracas, la verdadera cuestión es si Venezuela puede hacer prevalecer sus intereses dentro de esta nueva relación. Si lo logra, habrá negociación, si no, habrá otra forma de dependencia.

Por esto hoy no corresponde ni cantar victoria ni anunciar una rendición. Corresponde observar, exigir transparencia, medir resultados y defender el interés nacional. Ni rendidos, ni suicidas, soberanos.

El petróleo no se entrega, se pone a producir para el pueblo venezolano

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la política en los que debemos bajar el volumen de las consignas, dejar por un rato los titulares de las redes sociales y mirar las cosas con serenidad. Esto es precisamente lo que deberíamos hacer con el nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU.

Desde que se conocieron sus detalles, las redes sociales se llenaron de dos versiones enfrentadas. Unos dicen, Trump se quedó con el petróleo venezolano, otros responden, Es una gran victoria de Venezuela. Entre ambos extremos, consideramos necesario mirar el asunto desde una perspectiva chavista, soberanista y, al mismo tiempo, pragmática.

La pregunta fundamental es sencilla, ¿Venezuela está entregando su petróleo o está negociando cómo ponerlo a producir para beneficio del país?, nuestra posición es clara, estamos ante una negociación que busca recuperar la capacidad productiva de nuestra industria petrolera y convertir nuevamente esa riqueza en ingresos para Venezuela.

Venezuela posee las mayores reservas petroleras probadas del mundo, pero durante años su industria ha sufrido las consecuencias de las sanciones, la falta de inversión, el deterioro de infraestructura y las dificultades para acceder a mercados y tecnología, por parte de EEUU. Por esto existe una realidad que no podemos esconder, tener petróleo debajo de la tierra no es suficiente.

El petróleo enterrado no genera salarios, no compra medicinas, no construye escuelas ni recupera hospitales. Para que esta riqueza se convierta en bienestar hay que producirla, comercializarla y transformar sus ingresos en desarrollo nacional, eso también es soberanía.

Según lo anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez, el acuerdo con USA tendrá una duración de 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos petroleros y plantea llevar la producción a más de 1,5 millones de barriles diarios. El Gobierno también ha proyectado inversiones cercanas a 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.335 millones durante el período del proyecto.

Ahora bien, una de las principales matrices que circulan en las redes sociales sostiene que EEUU “se quedó con 65.000 millones de barriles”. Aquí debemos hacer una aclaratoria sencilla pero fundamental. Los aproximadamente 65.000 millones de barriles corresponden a las reservas asociadas a las áreas consideradas en el proyecto. No significa que se vayan a extraer 65.000 millones de barriles durante los 25 años.

Con una producción promedio de 1,5 millones de barriles diarios durante ese período, la cantidad producida sería mucho menor. Por esto debemos separar tres conceptos: reservas, producción y derechos de explotación. Confundirlos puede servir para fabricar titulares escandalosos, pero no para comprender la realidad petrolera.

Precisamente aquí llegamos al punto central de la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez, la posición oficial es que Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos y que las empresas extranjeras reciben derechos para desarrollar y explotar determinados campos dentro del marco legal venezolano. Esto es muy diferente a vender los yacimientos.

Una empresa extranjera puede aportar capital, tecnología y capacidad operativa sin convertirse automáticamente en propietaria del petróleo que permanece en el subsuelo, y esta distinción es fundamental para entender lo que se está haciendo.

Además, hay algo que debemos recordar desde la perspectiva histórica del chavismo. Chávez defendió la soberanía petrolera, pero jamás planteó que Venezuela debía dejar de producir petróleo. Al contrario, planteó que esa riqueza debía estar bajo control nacional y utilizarse para financiar el desarrollo y la justicia social.

La diferencia con la vieja Venezuela estaba precisamente en esto. Durante la Cuarta República, las grandes transnacionales tuvieron una enorme influencia sobre nuestra industria petrolera y buena parte de la renta terminó beneficiando a intereses extranjeros y a las élites nacionales vinculadas al negocio. La Revolución Bolivariana modificó esa relación y recuperó para el Estado una mayor participación en la renta petrolera.

Por esto, defender hoy la participación de empresas estadounidenses no significa regresar automáticamente a aquella Venezuela. La diferencia está en las condiciones y en quién establece las reglas. No se trata de entregar el petróleo a las transnacionales. Se trata de utilizar capital y tecnología extranjeros bajo condiciones que favorezcan a Venezuela.

Y aquí aparece otra idea que consideramos esencial, soberanía no significa aislamiento. Un país puede negociar, asociarse, recibir inversión extranjera y utilizar tecnología internacional sin renunciar necesariamente a sus intereses nacionales. Lo importante es quién pone las reglas, quién controla, quién cobra y para quién se utiliza la riqueza.

Obvio que tampoco debemos ser ingenuos respecto a EEUU. Washington no está mirando hacia Venezuela por solidaridad. Tiene intereses económicos y geopolíticos. Necesita energía, mercados y seguridad de suministro; mientras Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados e infraestructura. Aquí se encuentra el interés de ambas partes. Esto se llama negociación internacional.

No tenemos que amar a EEUU para negociar con empresas estadounidenses. Tampoco tenemos que dejar de ser chavistas, porque una empresa norteamericana invierta en Venezuela. La política internacional no funciona con sentimientos. Funciona con intereses. Y Venezuela tiene una carta muy importante para negociar, su petróleo.

EEUU quiere acceder a esas reservas y las empresas buscan obtener beneficios. Venezuela, por su parte, necesita recuperar producción, generar ingresos y reconstruir su industria. Entonces, ¿por qué no utilizar esta realidad para negociar? El petróleo venezolano tiene valor. Precisamente por esto debemos utilizarlo para defender nuestros intereses nacionales.

Por supuesto, el negocio también puede ser beneficioso para EEUU. Las empresas estadounidenses buscan ganancias y Washington busca fortalecer su seguridad energética. Pero que el negocio sea bueno para USA, no significa automáticamente que sea malo para Venezuela. Ambas partes pueden ganar.

Si una empresa invierte capital, asume riesgos, aporta tecnología y obtiene beneficios, mientras Venezuela aumenta su producción, cobra regalías e impuestos, genera empleos y recupera infraestructura, existe un beneficio para ambos. Esto es una asociación. El verdadero problema sería que uno gane y el otro pierda. Y precisamente por esto Venezuela debe defender sus condiciones.

En este sentido, el Gobierno venezolano ha informado de una regalía mínima del 16% y un 34% de Impuesto Sobre la Renta, además de la proyección de aproximadamente 209.335 millones de dólares en ingresos fiscales durante el período previsto. Estos números deben ser analizados con seriedad y comparados con la historia petrolera venezolana. Porque no podemos hablar de “entrega” sin recordar las condiciones bajo las cuales operaron las transnacionales en Venezuela durante buena parte del siglo XX.

La discusión seria no consiste solamente en preguntar cuánto gana la empresa. Hay que preguntar también cuánto recibe Venezuela, quién asume la inversión y el riesgo, cuánto se paga en regalías e impuestos, cuántos empleos se generan, cuánta tecnología queda en el país y, sobre todo, en qué se utilizan los ingresos. Aquí está la verdadera discusión.

Por esto consideramos que el pragmatismo también es parte del chavismo. Hay sectores que creen que cualquier negociación con Washington es una capitulación. No compartimos esta visión.

Chávez entendió que la política internacional exigía negociar, incluso con países con los cuales existían profundas diferencias. Venezuela compró tecnología, vendió petróleo, buscó inversiones y construyó relaciones con múltiples naciones.

La soberanía no consiste en negarse a hablar con quién piensa diferente. Consiste en poder hablar sin renunciar a los intereses nacionales.

Por esto Venezuela debe relacionarse con todos los que puedan contribuir a su desarrollo: EEUU, China, Rusia, India, Irán, Brasil y cualquier otro país. Nuestro petróleo no tiene por qué pertenecer a una esfera geopolítica determinada. Tiene que servir a Venezuela.

También debemos recordar las condiciones en las que se produce esta negociación. Venezuela viene de años de sanciones y restricciones que afectaron profundamente su capacidad económica y petrolera. A ello se sumaron problemas internos de inversión, mantenimiento, gestión e infraestructura. Y no estamos negociando desde una situación ideal. Estamos negociando desde una economía que necesita recuperarse. Por esto atraer capital y tecnología no debe verse como una vergüenza. Lo verdaderamente importante es qué condiciones se obtienen a cambio.

Si la inversión extranjera ayuda a recuperar campos petroleros, aumenta la producción, genera empleo y produce ingresos para el Estado, Venezuela debe aprovecharla. Y si mañana China ofrece mejores condiciones, también habrá que negociar con China. Si son empresas de otro país las que pueden aportar tecnología y capital, también habrá que conversar con ellas, como se ha estado haciendo. Porque la soberanía consiste precisamente en tener opciones.

Ahora bien, defender el acuerdo tampoco significa cerrar los ojos ante la necesidad de transparencia. Todo negocio de esta magnitud debe ser fiscalizado. Los venezolanos/as tenemos derecho a conocer sus condiciones fundamentales, los mecanismos de control, las obligaciones de las empresas y el destino de los ingresos. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es afirmar, sin pruebas, que “Estados Unidos se robó Venezuela”.

Incluso la información publicada sobre el acuerdo muestra que algunos aspectos de su estructura todavía requieren explicaciones y precisiones. Por esto debemos mantener una posición firme, defender el acuerdo y exigir transparencia al mismo tiempo. No son cosas contradictorias.

Al final, el pueblo venezolano no va a medir este acuerdo por los discursos de Trump ni solamente por los discursos de Caracas. Lo va a medir por los resultados. ¿Aumentó la producción? ¿Llegaron las inversiones? ¿Se recuperaron los campos? ¿Se generaron empleos? ¿Aumentaron los ingresos del Estado? ¿Se recuperó la infraestructura? ¿Se fortaleció nuestra industria petrolera? Y, sobre todo, ¿esos ingresos se transformaron en bienestar para el pueblo?

Porque el pueblo no come barriles de petróleo. Necesita salarios dignos, hospitales, escuelas, servicios públicos, vivienda, pensiones y futuro. Ese debe ser el destino de la renta petrolera.

Por esto consideramos acertada la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez del acuerdo, porque parte de una realidad concreta, Venezuela necesita recuperar su industria petrolera y convertir sus enormes recursos en ingresos para el desarrollo nacional. Si para hacerlo requiere inversión extranjera, debe negociar. Si necesita tecnología estadounidense, debe utilizarla. Si necesita mercados, debe buscarlos. Pero siempre bajo una premisa fundamental, el petróleo venezolano debe beneficiar, en primer lugar, a Venezuela y a su pueblo.

Este es el punto donde el pragmatismo puede encontrarse con la soberanía. No necesitamos una Venezuela aislada. Necesitamos una Venezuela fuerte. Una Venezuela que pueda negociar con todos porque tiene algo que todos necesitan. Una Venezuela que convierta sus recursos naturales en producción, empleo y bienestar. Y una Venezuela que utilice los ingresos petroleros para avanzar hacia una economía productiva y diversificada, capaz de superar progresivamente la dependencia de la renta petrolera. Este sería el verdadero triunfo.

Porque al final no se trata de si el petróleo venezolano lo compra EEUU, China, India o cualquier otro país. Se trata de quién decide las condiciones y para quién trabaja esa riqueza. Si el petróleo venezolano se produce, genera ingresos, recupera nuestra industria, crea empleos y mejora la vida del pueblo, entonces habremos dado un paso adelante. Por esto nuestra posición es clara, el petróleo venezolano no se entrega, se negocia, se produce, se defiende su soberanía, y se pone a producir para el pueblo venezolano.

Costa Rica en la era multipolar: oportunidades y desafíos

Álvaro Fernández González

Costa Rica no puede seguir discutiendo su relación con China y Estados Unidos como si el mundo continuase dividido en dos bloques antagónicos, siguiendo la visión maniquea de la Doctrina Monroe y el Corolario Trump.

Esa visión pertenece al pasado. El siglo XXI está configurando un escenario multipolar donde la capacidad de los países para prosperar dependerá de su inteligencia estratégica, de su soberanía tecnológica y de su habilidad para diversificar alianzas sin renunciar a sus propios intereses.

El verdadero riesgo no es cooperar con China o mantener una relación estrecha con Estados Unidos. El riesgo consiste en carecer de un proyecto nacional y dejar que otros definan nuestras prioridades.

Un país sin estrategia termina adaptándose a las decisiones ajenas, mientras desperdicia oportunidades para fortalecer su economía, su ciencia, su educación y su capacidad de innovación.

La irrupción de las nuevas derechas también interpela a la oposición democrática. No bastará con denunciar los excesos del gobierno o defender las instituciones heredadas.

Si el Pacto Patriótico aspira a convertirse en una alternativa creíble, deberá ofrecer una visión de futuro capaz de responder a las demandas de una sociedad marcada por la desigualdad, la incertidumbre y el cambio tecnológico.

La ciudadanía espera propuestas que fortalezcan la democracia, impulsen un nuevo modelo de desarrollo y sitúen a Costa Rica en mejores condiciones para enfrentar la competencia global.

La historia demuestra que el país ha sabido reinventarse en momentos decisivos. Hoy enfrenta uno de ellos.

La pregunta ya no es si debemos mirar hacia Washington o hacia Beijing.

La pregunta es si tendremos la voluntad de construir un proyecto nacional que dialogue con ambos desde la soberanía, el conocimiento y la confianza en nuestras propias capacidades.

En un mundo que cambia aceleradamente, la mayor amenaza no es la multipolaridad. Es la falta de visión para comprenderla y actuar en consecuencia.