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La Corte Penal Internacional bajo presión: ¿qué futuro tiene la justicia internacional? Entrevista a Claudia Cárdenas, especialista en derecho penal internacional

Escrito en 09/09/2026. Publicado en Derechos.

Félix Madariaga
Periodista

La Corte Penal Internacional (CPI) nació con la promesa de convertirse en un instrumento permanente de la justicia internacional frente a los crímenes más graves que pueden afectar a la humanidad. Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, la Corte se ha desenvuelto en un escenario marcado por conflictos armados, graves violaciones al derecho internacional y, al mismo tiempo, por las tensiones políticas derivadas de investigar y perseguir penalmente a personas que ocupan posiciones de enorme poder.

En los últimos años, esas tensiones se han hecho particularmente visibles. Las órdenes de detención emitidas contra altos dirigentes políticos, las dificultades para hacer efectivas algunas de sus resoluciones, el cuestionamiento de su jurisdicción por parte de Estados que no forman parte del Estatuto de Roma y las presiones ejercidas por algunas de las principales potencias mundiales han abierto un debate respecto de la capacidad real de la institución para cumplir con los objetivos para los que fue creada.

A ello se sumó la salida de Karim Khan como fiscal de la Corte, luego de las acusaciones de conducta sexual inapropiada, episodio que volvió a poner bajo escrutinio a una institución que ya enfrentaba importantes críticas. En paralelo, las presiones ejercidas por Estados Unidos contra jueces y funcionarios de la CPI han instalado nuevas interrogantes sobre el futuro de la justicia penal internacional y sobre la capacidad de la Corte para preservar su independencia.

¿Estamos realmente ante una crisis que puede poner en riesgo la supervivencia de la CPI? ¿Sus dificultades son consecuencia de un problema estructural de la institución o reflejan, más bien, los límites que los propios Estados han impuesto a la justicia penal internacional? ¿Sigue siendo necesaria una Corte Penal Internacional en el actual escenario mundial?

Para abordar estas preguntas conversamos con Claudia Cárdenas Aravena, abogada y académica de la Universidad de Chile, especialista en derecho penal internacional y conocedora del funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

¿Qué futuro tiene la Corte Penal Internacional?

FM: La CPI atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la destitución de su fiscal jefe, Karim Khan. ¿Qué impacto tiene este episodio en la credibilidad y legitimidad de la institución ante la comunidad internacional?

CC: Yo creo que si bien lo que salta a primera vista y lo que fue noticia en todo el mundo es la destitución de la máxima autoridad de la Fiscalía por conducta sexual inapropiada, el hecho de que esto haya ocurrido significa que han podido operar los mecanismos existentes para la detección y acción ante esta clase de conductas ilícitas, aun respecto de altos funcionarios de la institución. Entonces, en mi opinión, el episodio en concreto no debiera minar la credibilidad y legitimidad de la institución frente a la comunidad internacional.

FM: La Corte ha emitido órdenes de detención contra altos dirigentes políticos, pero en varios casos estas decisiones no han podido hacerse efectivas. ¿Hasta qué punto una institución que carece de mecanismos propios para ejecutar sus resoluciones puede ejercer realmente justicia internacional?

CC: Eso tiene que ver con que la Corte Penal Internacional, por su diseño, depende de la cooperación de los Estados para actuar, ese es el mecanismo que le es propio. Eso, a su vez, es una manifestación del principio de complementariedad, que rige las relaciones entre la jurisdicción penal internacional y las jurisdicciones estatales. Lo que puedo responder es que es el sistema que tenemos y con el que hay que trabajar, la fuerza o debilidad de la Corte será la que le den los Estados Parte de su Estatuto, que son 125 al día de hoy.

FM: La jurisdicción de la CPI continúa siendo cuestionada por Estados que no son parte del Estatuto de Roma y, particularmente, por algunas de las principales potencias mundiales. ¿Existe un problema estructural de legitimidad en su jurisdicción o se trata principalmente de una resistencia política de los Estados afectados?

CC: Si se ve la lista de los Estados que no son partes del Estatuto de Roma, se verá que coincide con que se trata de Estados que en general no están comprometidos a todo evento con el derecho internacional. También, en los últimos años, algunos Estados en cuyos territorios la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones han denunciado el tratado. Con todo, la mayoría de los Estados que conforman la comunidad internacional sigue apoyando a la institución y su trabajo en la investigación, persecución, castigo y reparación en casos en los que se han cometido crímenes contra el derecho internacional.

FM: En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su presión contra la Corte, incluyendo sanciones contra jueces y funcionarios, mientras algunos países han comenzado a anunciar su salida del organismo. ¿Estamos frente a una crisis pasajera de la CPI o ante una amenaza que puede comprometer seriamente su supervivencia?

CC: Está por verse cómo reaccionarán otros Estados, en ejercicio de su soberanía, a la presión que pueda ejercer el actual gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, no es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo campañas para incidir en el quehacer de la Corte Penal Internacional. Ya a principios de este siglo, durante el gobierno de George Bush, Estados Unidos llevó a cabo una campaña de presión para que los Estados firmaran acuerdos por el artículo 98 del Estatuto de Roma, buscando excluir ciertos casos del ejercicio de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Creo que al día de hoy es difícil prever los efectos que en concreto tendrá esta campaña. Lo que sí puede observarse es que la Corte Penal Internacional ha continuado realizando su trabajo, aun con las sanciones que han sufrido varios de sus jueces y funcionarios, y, que sigue contando con el apoyo de la mayoría de los Estados, que integran su Asamblea de Estados Parte.

EI: Considerando sus limitaciones para hacer cumplir sus decisiones, los cuestionamientos a su jurisdicción, las presiones políticas que enfrenta y las controversias que han afectado a su propia conducción, ¿sigue siendo necesaria la existencia de la Corte Penal Internacional? Y, de ser así, ¿qué cambios serían indispensables para recuperar su legitimidad y eficacia?

CC: Todos los aspectos que se nombran en la pregunta han acompañado a la Corte Penal Internacional, en mayor o menor medida, desde el inicio de su trabajo, y difícilmente podría pensarse que una institución creada para perseguir a criminales poderosos iba a estar exenta de controversias y dificultades en su labor. A mi entender, la necesidad de su existencia persiste, porque su creación obedeció a un problema que subsiste: el déficit de aplicación que por diversas razones tiene en derecho penal internacional. Si bien las cifras actuales de procesos a nivel mundial son mucho mayores de las que existían en las décadas previas a la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con lo cual se puede entender que se ha logrado en parte el efecto catalizador que se previó con su creación; sería deseable ampliar la aplicación del derecho penal internacional. Puede ser necesario explicar que en el sistema de aplicación del derecho penal internacional, la Corte Penal no tiene jurisdicción exclusiva, vale decir no solo ella puede conocer, sino que fue creada como un tribunal de excepción, que pudiera actuar sólo cuando los Estados no lo hicieran apropiadamente. Vale decir, el sistema descansa sobre todo en la actividad de los Estados, que sigue siendo susceptible de mejora, pero ha aumentado en las últimas décadas, dentro de un sistema en el que la Corte Penal Internacional ha jugado un papel relevante. Sobre la última parte de la pregunta, reiteraría algo que ya mencioné más arriba: dado su diseño, la fuerza o debilidad de la Corte será la que le den los Estados Parte de su Estatuto, que son 125 hoy en día.

Venezuela, petróleo sin cuentos

Escrito en 07/09/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia en los que toca pensar con cabeza fría y Venezuela vive uno de ellos.

El 2 de septiembre de 2026, en el Palacio de Miraflores, el Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez firmó acuerdos energéticos con empresas de EEUU, Italia y Venezuela, en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Los acuerdos abarcan petróleo, gas, electricidad, inversión, tecnología, empleo e infraestructura.

Es importante distinguir este momento del anuncio realizado el 28 de agosto, que planteó un marco general de cooperación petrolera entre Venezuela y EEUU. Los acuerdos del 2 de septiembre representan, en cambio, instrumentos concretos con empresas como Chevron, ENI, General Electric Vernova, Aspect Holdings y Primavera. La diferencia importa, los anuncios políticos expresan una orientación, los contratos concretos permiten evaluar qué se está negociando realmente.

Tanto los anuncios políticos como los contratos específicos, ya se ubican en extremos, para unos, Venezuela está entregando su soberanía, para otros, comienza simplemente su recuperación económica, ambas posiciones son simplistas, ya que Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y capital para reconstruir una industria petrolera e infraestructura profundamente deterioradas. Pero la inversión extranjera no garantiza por sí misma desarrollo; la verdadera pregunta es cómo se negocia y cuánto beneficio queda en Venezuela.

Chevron, ENI y las demás empresas no llegan por caridad. Buscan rentabilidad, mercados y oportunidades y esto es normal. El problema no es que estas empresas ganen dinero; el problema sería que ganen ellas mientras Venezuela pierde. Por esto deben evaluarse los contratos, las regalías, los impuestos, la participación estatal, los empleos, los proveedores nacionales, la formación profesional, la protección ambiental y el destino de los ingresos.

La soberanía tampoco consiste únicamente en afirmar que el petróleo pertenece al Estado; la soberanía real significa tener capacidad para decidir qué se produce, con quién, bajo qué condiciones, cuánto recibe el país y cómo utiliza esos recursos.

El acuerdo con General Electric Vernova resulta especialmente importante porque la recuperación petrolera no puede sostenerse sobre un sistema eléctrico deteriorado. Recuperar generación, transmisión y distribución, junto con capacitar trabajadores venezolanos, podría tener un impacto tan importante como aumentar la producción de crudo.

Del mismo modo, la participación de empresas como Primavera y Aspect Holdings plantea la necesidad de fortalecer el talento nacional y reincorporar a profesionales venezolanos que emigraron.

EEUU tampoco actúa por desinterés. Necesita energía, mercados y oportunidades para sus empresas, además de fortalecer su posición geopolítica. Venezuela, por su parte, necesita inversión, tecnología y mercados. Aquí existe un espacio legítimo de negociación. No se trata de escoger entre Washington y Caracas, sino de lograr que Caracas pueda negociar con Washington defendiendo sus propios intereses.

Por otro lado, una izquierda seria no debería rechazar automáticamente la inversión extranjera. Debe preocuparse por evitar la subordinación económica y garantizar que la renta nacional sea distribuida justamente. La consigna no debería ser «fuera las transnacionales«, sino, transnacionales, pero negociando desde el interés nacional.

El desafío mayor es no repetir el viejo modelo rentista. Venezuela no necesita simplemente volver a producir millones de barriles para volver a depender del petróleo. Debe utilizar la riqueza petrolera para desarrollar agricultura, industria, tecnología, infraestructura, educación, salud y empleo. Paradójicamente, el objetivo de una política petrolera soberana debería ser utilizar el petróleo, para que Venezuela dependa cada vez menos del petróleo.

Por esto el éxito de estos acuerdos no debe medirse únicamente en barriles producidos o miles de millones invertidos. Deben medirse también en empleos dignos, salarios, electricidad estable, hospitales, escuelas, empresas nacionales, formación profesional, recuperación de comunidades y diversificación económica.

El Gobierno de Delcy Rodríguez tiene ahora una enorme responsabilidad; si promete más producción, habrá que medirla; si promete inversión, habrá que comprobarla; si promete empleo, habrá que verificarlo; si promete recuperación eléctrica, habrá que verla; y si habla de soberanía, habrá que examinar los contratos. Esto no es oposición, es ciudadanía, soberanía y fiscalización.

Venezuela puede y debe negociar con EEUU, China, India, Rusia, Europa, América Latina o cualquier otro país, ya que la independencia no significa aislarse del mundo, sino poder relacionarse con todos sin quedar subordinada a ninguno.

Los acuerdos de Miraflores pueden representar una oportunidad, pero todavía no constituyen una victoria; tampoco son, por sí mismos, una rendición. Las firmas son apenas el comienzo; la verdadera evaluación llegará con los contratos, la producción, la inversión, los ingresos fiscales, la electricidad, los empleos y, sobre todo, con aquello que finalmente quede en Venezuela.

La disyuntiva no es Chevron contra Venezuela, ni Washington contra Caracas, la verdadera cuestión es si Venezuela puede hacer prevalecer sus intereses dentro de esta nueva relación. Si lo logra, habrá negociación, si no, habrá otra forma de dependencia.

Por esto hoy no corresponde ni cantar victoria ni anunciar una rendición. Corresponde observar, exigir transparencia, medir resultados y defender el interés nacional. Ni rendidos, ni suicidas, soberanos.

El petróleo no se entrega, se pone a producir para el pueblo venezolano

Escrito en 02/09/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la política en los que debemos bajar el volumen de las consignas, dejar por un rato los titulares de las redes sociales y mirar las cosas con serenidad. Esto es precisamente lo que deberíamos hacer con el nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU.

Desde que se conocieron sus detalles, las redes sociales se llenaron de dos versiones enfrentadas. Unos dicen, Trump se quedó con el petróleo venezolano, otros responden, Es una gran victoria de Venezuela. Entre ambos extremos, consideramos necesario mirar el asunto desde una perspectiva chavista, soberanista y, al mismo tiempo, pragmática.

La pregunta fundamental es sencilla, ¿Venezuela está entregando su petróleo o está negociando cómo ponerlo a producir para beneficio del país?, nuestra posición es clara, estamos ante una negociación que busca recuperar la capacidad productiva de nuestra industria petrolera y convertir nuevamente esa riqueza en ingresos para Venezuela.

Venezuela posee las mayores reservas petroleras probadas del mundo, pero durante años su industria ha sufrido las consecuencias de las sanciones, la falta de inversión, el deterioro de infraestructura y las dificultades para acceder a mercados y tecnología, por parte de EEUU. Por esto existe una realidad que no podemos esconder, tener petróleo debajo de la tierra no es suficiente.

El petróleo enterrado no genera salarios, no compra medicinas, no construye escuelas ni recupera hospitales. Para que esta riqueza se convierta en bienestar hay que producirla, comercializarla y transformar sus ingresos en desarrollo nacional, eso también es soberanía.

Según lo anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez, el acuerdo con USA tendrá una duración de 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos petroleros y plantea llevar la producción a más de 1,5 millones de barriles diarios. El Gobierno también ha proyectado inversiones cercanas a 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.335 millones durante el período del proyecto.

Ahora bien, una de las principales matrices que circulan en las redes sociales sostiene que EEUU “se quedó con 65.000 millones de barriles”. Aquí debemos hacer una aclaratoria sencilla pero fundamental. Los aproximadamente 65.000 millones de barriles corresponden a las reservas asociadas a las áreas consideradas en el proyecto. No significa que se vayan a extraer 65.000 millones de barriles durante los 25 años.

Con una producción promedio de 1,5 millones de barriles diarios durante ese período, la cantidad producida sería mucho menor. Por esto debemos separar tres conceptos: reservas, producción y derechos de explotación. Confundirlos puede servir para fabricar titulares escandalosos, pero no para comprender la realidad petrolera.

Precisamente aquí llegamos al punto central de la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez, la posición oficial es que Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos y que las empresas extranjeras reciben derechos para desarrollar y explotar determinados campos dentro del marco legal venezolano. Esto es muy diferente a vender los yacimientos.

Una empresa extranjera puede aportar capital, tecnología y capacidad operativa sin convertirse automáticamente en propietaria del petróleo que permanece en el subsuelo, y esta distinción es fundamental para entender lo que se está haciendo.

Además, hay algo que debemos recordar desde la perspectiva histórica del chavismo. Chávez defendió la soberanía petrolera, pero jamás planteó que Venezuela debía dejar de producir petróleo. Al contrario, planteó que esa riqueza debía estar bajo control nacional y utilizarse para financiar el desarrollo y la justicia social.

La diferencia con la vieja Venezuela estaba precisamente en esto. Durante la Cuarta República, las grandes transnacionales tuvieron una enorme influencia sobre nuestra industria petrolera y buena parte de la renta terminó beneficiando a intereses extranjeros y a las élites nacionales vinculadas al negocio. La Revolución Bolivariana modificó esa relación y recuperó para el Estado una mayor participación en la renta petrolera.

Por esto, defender hoy la participación de empresas estadounidenses no significa regresar automáticamente a aquella Venezuela. La diferencia está en las condiciones y en quién establece las reglas. No se trata de entregar el petróleo a las transnacionales. Se trata de utilizar capital y tecnología extranjeros bajo condiciones que favorezcan a Venezuela.

Y aquí aparece otra idea que consideramos esencial, soberanía no significa aislamiento. Un país puede negociar, asociarse, recibir inversión extranjera y utilizar tecnología internacional sin renunciar necesariamente a sus intereses nacionales. Lo importante es quién pone las reglas, quién controla, quién cobra y para quién se utiliza la riqueza.

Obvio que tampoco debemos ser ingenuos respecto a EEUU. Washington no está mirando hacia Venezuela por solidaridad. Tiene intereses económicos y geopolíticos. Necesita energía, mercados y seguridad de suministro; mientras Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados e infraestructura. Aquí se encuentra el interés de ambas partes. Esto se llama negociación internacional.

No tenemos que amar a EEUU para negociar con empresas estadounidenses. Tampoco tenemos que dejar de ser chavistas, porque una empresa norteamericana invierta en Venezuela. La política internacional no funciona con sentimientos. Funciona con intereses. Y Venezuela tiene una carta muy importante para negociar, su petróleo.

EEUU quiere acceder a esas reservas y las empresas buscan obtener beneficios. Venezuela, por su parte, necesita recuperar producción, generar ingresos y reconstruir su industria. Entonces, ¿por qué no utilizar esta realidad para negociar? El petróleo venezolano tiene valor. Precisamente por esto debemos utilizarlo para defender nuestros intereses nacionales.

Por supuesto, el negocio también puede ser beneficioso para EEUU. Las empresas estadounidenses buscan ganancias y Washington busca fortalecer su seguridad energética. Pero que el negocio sea bueno para USA, no significa automáticamente que sea malo para Venezuela. Ambas partes pueden ganar.

Si una empresa invierte capital, asume riesgos, aporta tecnología y obtiene beneficios, mientras Venezuela aumenta su producción, cobra regalías e impuestos, genera empleos y recupera infraestructura, existe un beneficio para ambos. Esto es una asociación. El verdadero problema sería que uno gane y el otro pierda. Y precisamente por esto Venezuela debe defender sus condiciones.

En este sentido, el Gobierno venezolano ha informado de una regalía mínima del 16% y un 34% de Impuesto Sobre la Renta, además de la proyección de aproximadamente 209.335 millones de dólares en ingresos fiscales durante el período previsto. Estos números deben ser analizados con seriedad y comparados con la historia petrolera venezolana. Porque no podemos hablar de “entrega” sin recordar las condiciones bajo las cuales operaron las transnacionales en Venezuela durante buena parte del siglo XX.

La discusión seria no consiste solamente en preguntar cuánto gana la empresa. Hay que preguntar también cuánto recibe Venezuela, quién asume la inversión y el riesgo, cuánto se paga en regalías e impuestos, cuántos empleos se generan, cuánta tecnología queda en el país y, sobre todo, en qué se utilizan los ingresos. Aquí está la verdadera discusión.

Por esto consideramos que el pragmatismo también es parte del chavismo. Hay sectores que creen que cualquier negociación con Washington es una capitulación. No compartimos esta visión.

Chávez entendió que la política internacional exigía negociar, incluso con países con los cuales existían profundas diferencias. Venezuela compró tecnología, vendió petróleo, buscó inversiones y construyó relaciones con múltiples naciones.

La soberanía no consiste en negarse a hablar con quién piensa diferente. Consiste en poder hablar sin renunciar a los intereses nacionales.

Por esto Venezuela debe relacionarse con todos los que puedan contribuir a su desarrollo: EEUU, China, Rusia, India, Irán, Brasil y cualquier otro país. Nuestro petróleo no tiene por qué pertenecer a una esfera geopolítica determinada. Tiene que servir a Venezuela.

También debemos recordar las condiciones en las que se produce esta negociación. Venezuela viene de años de sanciones y restricciones que afectaron profundamente su capacidad económica y petrolera. A ello se sumaron problemas internos de inversión, mantenimiento, gestión e infraestructura. Y no estamos negociando desde una situación ideal. Estamos negociando desde una economía que necesita recuperarse. Por esto atraer capital y tecnología no debe verse como una vergüenza. Lo verdaderamente importante es qué condiciones se obtienen a cambio.

Si la inversión extranjera ayuda a recuperar campos petroleros, aumenta la producción, genera empleo y produce ingresos para el Estado, Venezuela debe aprovecharla. Y si mañana China ofrece mejores condiciones, también habrá que negociar con China. Si son empresas de otro país las que pueden aportar tecnología y capital, también habrá que conversar con ellas, como se ha estado haciendo. Porque la soberanía consiste precisamente en tener opciones.

Ahora bien, defender el acuerdo tampoco significa cerrar los ojos ante la necesidad de transparencia. Todo negocio de esta magnitud debe ser fiscalizado. Los venezolanos/as tenemos derecho a conocer sus condiciones fundamentales, los mecanismos de control, las obligaciones de las empresas y el destino de los ingresos. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es afirmar, sin pruebas, que “Estados Unidos se robó Venezuela”.

Incluso la información publicada sobre el acuerdo muestra que algunos aspectos de su estructura todavía requieren explicaciones y precisiones. Por esto debemos mantener una posición firme, defender el acuerdo y exigir transparencia al mismo tiempo. No son cosas contradictorias.

Al final, el pueblo venezolano no va a medir este acuerdo por los discursos de Trump ni solamente por los discursos de Caracas. Lo va a medir por los resultados. ¿Aumentó la producción? ¿Llegaron las inversiones? ¿Se recuperaron los campos? ¿Se generaron empleos? ¿Aumentaron los ingresos del Estado? ¿Se recuperó la infraestructura? ¿Se fortaleció nuestra industria petrolera? Y, sobre todo, ¿esos ingresos se transformaron en bienestar para el pueblo?

Porque el pueblo no come barriles de petróleo. Necesita salarios dignos, hospitales, escuelas, servicios públicos, vivienda, pensiones y futuro. Ese debe ser el destino de la renta petrolera.

Por esto consideramos acertada la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez del acuerdo, porque parte de una realidad concreta, Venezuela necesita recuperar su industria petrolera y convertir sus enormes recursos en ingresos para el desarrollo nacional. Si para hacerlo requiere inversión extranjera, debe negociar. Si necesita tecnología estadounidense, debe utilizarla. Si necesita mercados, debe buscarlos. Pero siempre bajo una premisa fundamental, el petróleo venezolano debe beneficiar, en primer lugar, a Venezuela y a su pueblo.

Este es el punto donde el pragmatismo puede encontrarse con la soberanía. No necesitamos una Venezuela aislada. Necesitamos una Venezuela fuerte. Una Venezuela que pueda negociar con todos porque tiene algo que todos necesitan. Una Venezuela que convierta sus recursos naturales en producción, empleo y bienestar. Y una Venezuela que utilice los ingresos petroleros para avanzar hacia una economía productiva y diversificada, capaz de superar progresivamente la dependencia de la renta petrolera. Este sería el verdadero triunfo.

Porque al final no se trata de si el petróleo venezolano lo compra EEUU, China, India o cualquier otro país. Se trata de quién decide las condiciones y para quién trabaja esa riqueza. Si el petróleo venezolano se produce, genera ingresos, recupera nuestra industria, crea empleos y mejora la vida del pueblo, entonces habremos dado un paso adelante. Por esto nuestra posición es clara, el petróleo venezolano no se entrega, se negocia, se produce, se defiende su soberanía, y se pone a producir para el pueblo venezolano.

Costa Rica en la era multipolar: oportunidades y desafíos

Escrito en 26/08/2026. Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González

Costa Rica no puede seguir discutiendo su relación con China y Estados Unidos como si el mundo continuase dividido en dos bloques antagónicos, siguiendo la visión maniquea de la Doctrina Monroe y el Corolario Trump.

Esa visión pertenece al pasado. El siglo XXI está configurando un escenario multipolar donde la capacidad de los países para prosperar dependerá de su inteligencia estratégica, de su soberanía tecnológica y de su habilidad para diversificar alianzas sin renunciar a sus propios intereses.

El verdadero riesgo no es cooperar con China o mantener una relación estrecha con Estados Unidos. El riesgo consiste en carecer de un proyecto nacional y dejar que otros definan nuestras prioridades.

Un país sin estrategia termina adaptándose a las decisiones ajenas, mientras desperdicia oportunidades para fortalecer su economía, su ciencia, su educación y su capacidad de innovación.

La irrupción de las nuevas derechas también interpela a la oposición democrática. No bastará con denunciar los excesos del gobierno o defender las instituciones heredadas.

Si el Pacto Patriótico aspira a convertirse en una alternativa creíble, deberá ofrecer una visión de futuro capaz de responder a las demandas de una sociedad marcada por la desigualdad, la incertidumbre y el cambio tecnológico.

La ciudadanía espera propuestas que fortalezcan la democracia, impulsen un nuevo modelo de desarrollo y sitúen a Costa Rica en mejores condiciones para enfrentar la competencia global.

La historia demuestra que el país ha sabido reinventarse en momentos decisivos. Hoy enfrenta uno de ellos.

La pregunta ya no es si debemos mirar hacia Washington o hacia Beijing.

La pregunta es si tendremos la voluntad de construir un proyecto nacional que dialogue con ambos desde la soberanía, el conocimiento y la confianza en nuestras propias capacidades.

En un mundo que cambia aceleradamente, la mayor amenaza no es la multipolaridad. Es la falta de visión para comprenderla y actuar en consecuencia.

Venezuela tiene derecho a decidir su propio destino

Escrito en 24/08/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la política deja de ser simplemente una discusión entre dirigentes, partidos o corrientes ideológicas, y se convierte en algo mucho más profundo, una defensa de la soberanía. Venezuela está viviendo uno de estos momentos, y por eso no podemos analizar lo que ocurre solamente desde las diferencias internas del chavismo, desde las redes sociales o desde las posiciones enfrentadas dentro de la izquierda.

Hay que mirar el panorama completo. En Venezuela existe una realidad que algunos sectores de la izquierda parecen olvidar, el país lleva años sometido a una fuerte presión política, económica y geopolítica por parte de EEUU y sus aliados. Y cuando un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo, además de oro, gas y una posición estratégica en el continente, es sometido a sanciones, bloqueos, amenazas y operaciones políticas, resulta difícil sostener que todo lo que ocurre dentro de sus fronteras sea simplemente consecuencia de los errores de sus dirigentes.

Claro que existen errores, que hay problemas, que hay cosas que deben cambiar y dirigentes que deben ser cuestionados. La izquierda no puede convertirse en una posición donde criticar al gobierno sea considerado un error; pero tampoco podemos caer en el otro extremo y terminar haciendo análisis políticos que, bajo una supuesta pureza revolucionaria, coincidan con los objetivos de quienes históricamente han buscado debilitar la soberanía venezolana.

Una cosa es criticar al gobierno bolivariano y otra muy diferente es contribuir a generar desesperanza en un pueblo que lleva años enfrentando una fuerte presión externa. Hay compañeros y compañeras de izquierda que hoy hablan de traición, de ruptura definitiva y de fracaso absoluto del proceso. Algunos incluso parecen haber olvidado que durante años fueron parte de las estructuras políticas que hoy cuestionan y esto no significa que no tengan derecho a criticar; por supuesto que lo tienen. Lo que debemos preguntarnos es hacia dónde conduce políticamente esa crítica y, sobre todo, a quién termina beneficiando.

Porque cuando un pueblo está bajo presión, repetir constantemente que todo está perdido, no necesariamente es un acto revolucionario; puede convertirse, aunque no sea la intención de quien lo hace, en una herramienta útil para el adversario.

Esto es precisamente lo que debemos entender cuando hablamos de guerra cognitiva, ya no se trata solamente de bombas, invasiones o soldados. También se disputa la percepción de la gente, su esperanza y su confianza. Se intenta convencer al pueblo de que su propia organización no sirve, de que sus dirigentes son todos/as traidores, de que no existe una salida y de que cualquier alternativa es mejor que continuar resistiendo. La desesperanza también puede convertirse en un instrumento político, y Venezuela tiene suficiente experiencia en este terreno como para no reconocerlo.

El chavismo, con todos sus problemas y contradicciones, conserva algo que sus adversarios no han podido destruir: una base popular organizada, una identidad política y una estructura territorial, construida durante décadas. Esto explica buena parte de la resistencia del proceso bolivariano y también ayuda a entender por qué algunos sectores internacionales tienen tanto interés en dividirlo.

Por otro lado, la oposición venezolana sabe que enfrentarse electoralmente con un chavismo organizado no es lo mismo que recibir respaldo político desde el exterior. Durante años hubo sectores opositores que apostaron a la presión internacional, a las sanciones y a la intervención extranjera, en lugar de construir una alternativa política capaz de competir en las urnas. Porque la realidad, muchas veces, es que, tarde o temprano, la política termina regresando al terreno electoral.

Y aquí aparece una de las cuestiones más importantes del momento. El camino constitucional y electoral no es una concesión del chavismo; forma parte de la propia concepción política que defendió Chávez. Si existen mecanismos constitucionales para resolver las diferencias, deben utilizarse. Si existen elecciones, hay que participar. Si la oposición considera que tiene mayoría, debe demostrarla en las urnas, y si el chavismo quiere continuar gobernando, también debe demostrarlo ante el pueblo. Esto es democracia.

Lo que no puede aceptarse es que la voluntad de los venezolanos y venezolanas, sea sustituida por la voluntad de una potencia extranjera. Aquí está uno de los problemas centrales.

EEUU no puede ser quien decida quién gobierna Venezuela, quién administra el petróleo venezolano o quién controla el oro venezolano. No puede decidir qué instituciones son legítimas y cuáles no, y mucho menos puede apropiarse de los activos de un país soberano para después presentarse como defensor de la democracia. La contradicción resulta demasiado evidente.

Por esto, también debemos mirar con atención las negociaciones políticas que se están produciendo. Si sectores de la oposición comienzan a regresar al terreno constitucional, si aceptan dialogar con las instituciones existentes y si participan nuevamente en procesos electorales, esto puede ser una oportunidad para que Venezuela vaya recuperando cierta normalidad política. Algunos pueden verlo como una debilidad; nosotros lo vemos de otra manera.

Llevar al adversario al terreno donde uno tiene organización y fuerza política también puede ser una estrategia. Si la oposición quiere elecciones, que participe en ellas. Si quiere gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, consejos legislativos o espacios institucionales, que los dispute con votos. Y si el chavismo tiene la mayoría, tendrá que demostrarlo. Esto es mucho más saludable para Venezuela que seguir dependiendo de sanciones, amenazas, pronunciamientos extranjeros o gobiernos paralelos.

Lo mismo ocurre con los activos venezolanos en el exterior. El oro depositado en Londres, los recursos y activos de Venezuela y toda la discusión alrededor de empresas como Citgo, no son asuntos secundarios. Son parte de la disputa por la soberanía económica del país; un país que no puede disponer de sus propios recursos difícilmente puede considerarse plenamente soberano.

Y aquí nuevamente aparece la pregunta fundamental, ¿quién tiene derecho sobre las riquezas venezolanas? La respuesta, para cualquier latinoamericanista consecuente, debería ser sencilla, el pueblo venezolano.

Lo mismo ocurre con la política internacional. Quien mire Venezuela solamente desde Caracas no está viendo toda la realidad. Venezuela está involucrada en una disputa geopolítica de grandes dimensiones. China tiene intereses estratégicos, Rusia tiene intereses estratégicos, Irán tiene intereses estratégicos, India tiene intereses estratégicos, Europa también los tiene y, por supuesto, EEUU tiene enormes intereses, y el petróleo venezolano forma parte de esta ecuación.

La relación entre la Faja del Orinoco, China, Irán y la tecnología necesaria para procesar ciertos tipos de crudo, muestra que las relaciones internacionales actuales son mucho más complejas de lo que algunos análisis simplificados pretenden hacernos creer. En este caso, no se trata únicamente de ideologías o de alianzas políticas, también están en juego factores muy concretos: el petróleo, la energía, la tecnología, los mercados, las reservas, las rutas comerciales y, en última instancia, el poder mundial.

Por esto resulta importante que Venezuela diversifique sus relaciones internacionales; mirar hacia China, India, Rusia, Irán y otros países no significa necesariamente que esté buscando nuevos tutores. Puede significar exactamente lo contrario: buscar un escenario internacional en el que ningún país pueda imponer unilateralmente sus condiciones al resto. En este sentido, los movimientos diplomáticos recientes tienen importancia.

Mientras algunos discuten en las redes sobre quién es más revolucionario o revolucionaria, el gobierno venezolano busca acuerdos, abre canales, negocia y construye relaciones internacionales. Esto es lo que hace cualquier Estado que intenta mantenerse en pie en medio de una situación difícil. La política internacional no se construye solamente con consignas; se construye negociando, resistiendo y teniendo alternativas y Venezuela necesita todas las alternativas posibles.

También debemos entender que la fragmentación de la izquierda latinoamericana no es un fenómeno menor. Durante décadas, EEUU ha trabajado para debilitar procesos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y otros países muestran que la disputa por el poder no se limita a las elecciones; también se libra en los tribunales, en los medios, en las instituciones, en las redes y en los espacios económicos.

La judicialización de la política se ha convertido en una herramienta importante. La división de las fuerzas progresistas también. Y cuando la izquierda termina enfrentándose entre sí, mientras las fuerzas conservadoras reorganizan sus estructuras, el resultado puede ser muy negativo.

Por esto hay que tener cuidado con la trampa de la pureza ideológica. La izquierda latinoamericana no puede convertirse en una suma de pequeños grupos que se consideran moralmente superiores, porque son capaces de cuestionar al compañero de al lado. Una revolución no se construye desde las redes sociales; un país no se defiende solamente desde las plataformas digitales. Y una potencia extranjera no se enfrenta únicamente con consignas, se necesita organización, estrategia, pueblo y, sobre todo, comprender cuáles son las contradicciones principales.

Defender a Venezuela no significa decir que todo está bien, justificar todos los errores del gobierno o dejar de cuestionar a sus dirigentes. Significa algo mucho más básico: entender que las diferencias internas deben resolverse entre venezolanos/as y que el destino del país no puede ser decidido desde Washington.

Esto debería ser un punto de coincidencia para toda la izquierda latinoamericana. Podemos discutir sobre Maduro, sobre Delcy Rodríguez, sobre Jorge Rodríguez, sobre el PSUV, sobre la economía, sobre la corrupción, sobre las instituciones, sobre la conducción del proceso y sobre todo aquello que consideremos necesario.

Pero cuando la alternativa que aparece detrás de esas discusiones es la intervención extranjera, el control de los recursos nacionales o la pérdida de la soberanía, entonces debemos saber dónde colocarnos.

La historia latinoamericana nos ha enseñado algo que no debemos olvidar, EEUU nunca ha necesitado que toda la izquierda desaparezca para derrotarla, muchas veces le ha bastado con dividirla: que unos llamen traidores a otros, que otros respondan acusándolos de haber abandonado sus principios, que el debate termine convertido en insultos y que los sectores revolucionarios gasten sus energías enfrentándose entre ellos. Mientras tanto, los intereses económicos continúan trabajando, esta es la trampa y no debemos caer en ella.

Venezuela necesita crítica, sí, pero necesita una crítica que contribuya a construir y no una que solamente destruya. Necesita debate, pero un debate que fortalezca al pueblo. Necesita elecciones, instituciones y mecanismos constitucionales para resolver sus contradicciones. Necesita recuperar su economía y mejorar las condiciones de vida de su gente. Necesita combatir la corrupción y corregir errores. Pero necesita hacerlo desde su propia soberanía.

Porque Venezuela tiene derecho a equivocarse por cuenta propia, tiene derecho a cambiar, a elegir otro gobierno, si así lo decide su pueblo y a mantener al gobierno que tiene, si así lo decide también su pueblo. Lo que no tiene sentido es pretender que sean otros países quienes decidan por los venezolanos/as. Al final, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren hacer parecer.

¿Queremos una Venezuela sometida a los intereses de una potencia extranjera o una Venezuela dueña de su propio destino?

Desde la izquierda latinoamericana, desde una posición antiimperialista y desde el lado de quienes todavía creemos que nuestros pueblos tienen derecho a construir su propio camino, la respuesta no debería ofrecer demasiadas dudas.

Se puede criticar al gobierno y defender a Venezuela. Se pueden exigir cambios y defender la Revolución Bolivariana. Se puede cuestionar a un dirigente, sin entregar el país a intereses externos. Y se puede ser profundamente crítico sin convertirse en instrumento de quienes quieren recuperar el control sobre las riquezas venezolanas.

Hoy, más que nunca, Venezuela necesita cabeza fría, un pueblo activo y soberanía. Porque cuando una potencia extranjera aumenta la presión, la primera responsabilidad de la izquierda no debería ser destruir al compañero, sino evitar que se debilite al pueblo.

Y en esta lucha, quienes creemos en la independencia de América Latina sabemos dónde debemos estar: del lado de Venezuela, de su pueblo, de su soberanía y de su derecho irrenunciable a decidir su propio destino.

En la encrucijada de la historia

Escrito en 12/08/2026. Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Los caminos de la historia han llevado a nuestra Costa Rica a enfrentar una encrucijada, la primera de este siglo, como solamente las ha debido asumir dos veces en cada uno de los dos siglos de nuestra vida republicana, a saber, con nuestros próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora en la construcción del Estado Nación en el siglo XIX y luego, en el siglo pasado, al verse obligada a enfrentar a la dictadura de los hermanos Tinoco y posteriormente la Guerra Civil de 1948. Todas estas encrucijadas quedaron registradas en los archivos de nuestra historia con letras de sangre, debido a los enfrentamientos militares que desgarraron a la familia costarricense.

La presente encrucijada que la historia nos ha deparado, tiene sus orígenes fuera de nuestras fronteras, en razón de la situación que atraviesa la humanidad con la decadencia y agonía de la hegemonía de Occidente en el mundo entero; vacío que está siendo llenado por China como emergente potencia mundial. Todo lo cual hace que la potencia que ha asumido el hegemón de Occidente, nuestros vecinos de América del Norte, vea reducido su poderío a Nuestra América, dado que el mundo se encamina hacia hegemonías regionales. Los grandes desafíos que enfrenta y ponen en riesgo su sobrevivencia, hacen que la humanidad tome conciencia de que sólo tiene un destino; pero paradójicamente, lejos de unirse, se fragmenta en regiones que se enfrentan, no sólo por motivos ideológicos sino por múltiples causas de índole cultural y lingüístico, religioso o simplemente geográfico. Este fenómeno explica lo que se da en las fronteras de las regiones geopolíticas, donde emergen nuevos polos hegemónicos al interior mismo de Occidente. Tal es el caso de la guerra en una región que nunca ha estado en paz, como es el Mediterráneo, en especial, el Mediterráneo Oriental. Otro tanto sucede en Nuestra América con el Mar Caribe, porque el que es dueño del Mar Caribe es dueño de todo el Continente, sobre todo, a partir de inicios del siglo pasado, con la construcción del Canal de Panamá, la vía interoceánica más importante del mundo.

Para enfrentar esta situación mundial, el gobierno de Trump ha recurrido de manera explícita y brutal, a la vieja Doctrina Monroe, que siempre ha sido la inspiración y guía de toda la política norteamericana hacia sus vecinos del Continente. Los Estados Unidos siempre han creído ser los sucesores de las potencias colonialistas que se repartieron Nuestra América: Inglaterra, España y Portugal. Es por eso que mantiene 78 bases militares en la región siendo así que no hay enemigos militares que puedan temer. En concreto, para Trump nuestras naciones no tienen derecho a la soberanía, somos tan sólo protectorados de su decadente imperio hoy reducido a una hegemonía regional. Para ello debe enfrentar una creciente oposición de nuestros pueblos.

Esto repercute en forma decisiva en la política doméstica de la pequeña Costa Rica, situada en una zona geopolíticamente de la mayor importancia en la política internacional. Todo lo cual nos permite comprender el porqué de la política que el gobierno actual pretende implementar de entero sometimiento a la hegemonía imperial yanqui. El todo poderoso expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial, siguiendo instrucciones del Norte, ve al Estado Nación forjado en el siglo XIX, como su mayor enemigo. Su política consiste en destruir, no sólo el concepto de democracia forjado en el siglo XX como Estado Social de Derecho, sino el menor indicio de soberanía nacional. Eso explica el enfrentamiento con las dos familias más poderosas de la oligarquía nacional, como son la familia Arias Sánchez, a cuyo máximo representante, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se le negó la visa de entrada a los Estados Unidos, lo mismo que a su hermano, Rodrigo, presidente entonces de la Asamblea Legislativa y la familia Jiménez Borbón, dueños de la empresa de comunicación tradicionalmente más influyente en la política nacional por ser el vocero de la oligarquía criolla. Ambas están en la actualidad enfrentadas con el régimen chavista, hegemónico en Zapote y Cuesta de Moras y que cuenta, hasta ahora, con una nada desdeñable base social de apoyo, sobre todo en zonas periféricas a la GAM.

Para enfrentar a la grave crisis que atraviesa el mundo actualmente y cuya repercusión vivimos dramáticamente en nuestro país, sólo cabe una solución y así poder salir airosos de esta encrucijada que nos ha deparado la historia. Esta solución consiste en forjar un frente político en el que se unan todos aquellos que se oponen a que nuestra patria se convierta en un protectorado del Tío Sam y que, por el contrario, sea la heredera de quienes murieron en la Guerra Patria de 1856 para darnos una patria soberana. Para ello se requiere que este frente patriótico se inspire en un programa de gobierno que profundice las conquistas que nos han permitido disfrutar de un régimen democrático definido como Estado Social de Derecho, actualmente tan deteriorado debido a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en lo que llevamos de este siglo. La época de las divisiones inspiradas en criterios meramente ideológicos ha terminado. Los partidos políticos deben dejar de ser simples empresas que se dedican a hacer “marketing” electoral; pero que sólo existen ante el pueblo durante los meses previos a las elecciones y que durante el resto del tiempo sólo se expresan a través de sus bancadas parlamentarias. La muestra más fehaciente de la voluntad popular se hizo patente en las multitudinarias manifestaciones del jueves 6 de agosto – fecha que pasará a la historia – que se escenificaron en todos los rincones de la geografía nacional. Estas multitudes, cobijadas por la bandera tricolor, entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.

El protagonismo de ese movimiento patriótico nacional, debe trascender el quehacer de los partidos políticos tradicionales y ser liderado por los movimientos sociales, surgidos en la sociedad civil al calor de las luchas populares. Esto no quiere decir que los partidos políticos deban desaparecer. Al contrario, los partidos políticos deben ser activos todo el tiempo, pues no sólo se trata de enfrentar a la política apátrida del régimen imperante, sino, ante todo, de contribuir a elevar la conciencia cívica del pueblo, a fin de que no se deje seducir por los cantos de sirena de una poderosa maquinaria politiquera que, con los recursos del erario público, pretende seducirlos con espejismos que sólo llevan al abismo y al fin de nuestras libertades democráticas, invaluable patrimonio heredado de nuestros próceres. La nueva y auténtica democracia, más que una “tercera república”, sólo será posible si se nutre de los valores cívicos. Para lograr lo cual los medios de comunicación, tanto de alcance nacional como regional, juegan un papel imprescindible. El diálogo permanente entre la dirigencia y los diputados con todos los ciudadanos y no sólo con quienes los eligieron, es igualmente imprescindible. Hemos vuelto a 1856. La unidad de todos los patriotas formando un frente común, constituye la única vía para hacer realidad aquí y ahora la Patria por la que vivió y murió Juanito Mora.

Hiroshima y Nagasaki, 81 años después: recordar a las víctimas, no olvidar a los responsables

Escrito en 10/08/2026. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Félix Madariaga

El 6 y el 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki ingresaron para siempre en la historia como las únicas ciudades del mundo contra las que se utilizaron armas nucleares durante una guerra. Han pasado 81 años, y la pregunta sigue siendo necesaria: ¿quién lanzó esas bombas y por qué todavía existe tanta cautela para hablar de esa responsabilidad?

Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima la bomba de uranio Little Boy y tres días después sobre Nagasaki la bomba de plutonio Fat Man. Las estimaciones históricas indican alrededor de 140.000 muertos en Hiroshima hasta fines de 1945 y decenas de miles en Nagasaki, además de las personas que posteriormente sufrieron las consecuencias de la radiación.

No fueron desastres naturales ni accidentes. Fueron decisiones políticas y militares. Por supuesto, los crímenes cometidos por el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial deben ser condenados. Pero una cosa no justifica la otra. Los crímenes japoneses no legitiman el uso de armas nucleares contra ciudades habitadas.

81 años después

Este 6 de agosto, Hiroshima volvió a recordar a sus víctimas. Cerca de 50.000 personas participaron en la ceremonia de paz, junto a representantes de alrededor de 120 países y regiones. A las 8:15 am, hora en que cayó la bomba, se guardó un minuto de silencio. El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, volvió a cuestionar la idea de que las armas nucleares puedan garantizar la seguridad mediante la llamada disuasión nuclear.

El 9 de agosto, Nagasaki realizó también su ceremonia conmemorativa. Naciones Unidas, por su parte, volvió a hacer un llamado para avanzar en la eliminación de las armas nucleares. También organizaciones pacifistas y antinucleares realizaron actividades conmemorativas durante agosto en distintos países.

Recordar Hiroshima y Nagasaki no puede reducirse a ceremonias, flores y discursos sobre la paz. La memoria también debe recordar las decisiones que hicieron posible esa tragedia. La bomba no cayó por casualidad desde el cielo. Fue transportada, preparada y lanzada deliberadamente.

La contradicción japonesa

Existe además una paradoja que Japón debería discutir con mayor profundidad. El país que sufrió los únicos ataques nucleares de la historia continúa dependiendo militarmente de Estados Unidos y de su llamado paraguas nuclear. Japón recuerda cada año el horror de Hiroshima y Nagasaki, pero su seguridad sigue vinculada a la capacidad nuclear estadounidense.

No se trata de desconocer la responsabilidad japonesa en la Segunda Guerra Mundial ni de plantear una revancha histórica. Se trata de formular una pregunta legítima: ¿Puede el único país que ha sufrido ataques nucleares aceptar indefinidamente que su seguridad dependa de las mismas armas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki? La memoria japonesa corre además el riesgo de transformarse en una ceremonia diplomática en la que las víctimas ocupan todo el espacio y la responsabilidad histórica queda en segundo plano.

No olvidar

A 81 años de Hiroshima y Nagasaki, no basta con decir «nunca más».

Hay que recordar a las víctimas, escuchar a los sobrevivientes y cuestionar las doctrinas militares que todavía consideran las armas nucleares instrumentos legítimos de seguridad.

Estados Unidos ha sido el único país que ha utilizado armas nucleares contra población civil durante una guerra. Esa responsabilidad histórica no desaparece con el paso del tiempo.

Japón, por su parte, tiene el desafío de mantener viva su memoria sin convertirla en una conmemoración políticamente cómoda.

Hiroshima no fue un accidente. Nagasaki tampoco. Fueron decisiones humanas.

Por lo mismo Chile forma parte de esa historia. Documentos del propio Departamento de Estado reconocen que Washington financió acciones políticas, desarrolló campañas de propaganda contra Salvador Allende y consideró operaciones encubiertas destinadas a impedir su llegada al poder. Aunque la responsabilidad directa de Estados Unidos en el golpe del 11 de septiembre de 1973 continúa siendo objeto de debate, su intervención en la política chilena está documentada. Por eso, cuando hablamos de Hiroshima y Nagasaki, también debemos recordar que detrás de la retórica estadounidense sobre democracia, libertad y seguridad existe una historia de intervenciones en América Latina y otros continentes que no puede ser ignorada.

Fuentes:

https://history.state.gov/milestones/1969-1976/allende

https://www.youtube.com/watch?v=NMn3bE6JGg4

https://indonesia.un.org/en/320461-message-nagasaki-peace-memorial-81st-anniversary-atomic-bombing-nagasaki-2026-secretary

https://psr.org/get-involved/hiroshima-nagasaki-events/

https://www.nbcnews.com/world/asia/hiroshima-marks-81st-atomic-bomb-anniversary-rcna591306

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2026-08-06/hiroshima-conmemora-81-anos-de-la-bomba-atomica-y-su-alcalde-deplora-la-busqueda-de-armas-nucleares

El anuncio del retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI): reflexiones sobre algunas omisiones notables y el entusiasmo de Estados Unidos

Escrito en 07/08/2026. Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
nboeglin@gmail.com

El pasado 24 de julio Venezuela anunció su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto esta nota de la agencia alemana de noticias DW.

En las líneas que siguen presentaremos las justificaciones oficiales dadas por Venezuela y las pondremos en perspectiva al darse este anuncio hacia finales de un mes particularmente duro para la CPI, como lo fue el mes de julio del 2026: con una nueva arremetida del principal enemigo que tiene la justicia penal internacional desde sus primeros inicios en el 2002, Estados Unidos. En nuestras reflexiones referiremos también a las presiones de todo tipo ejercidas por Estados Unidos en América Latina a partir del 2002 en aras de torpedear los esfuerzos de la comunidad internacional tendientes a dotarla de una justicia penal internacional: este pequeño recorrido histórico permitirá entender mejor que apenas 10 días después de que Estados Unidos anunciara una campaña contra la CPI en este mes de julio del 2026, Venezuela procediera al anuncio objeto de estas reflexiones.

La justificación oficial de Venezuela

En el «tweet» del actual jefe de su aparato diplomático, se pueden leer las únicas razones oficiales que invoca Venezuela para tomar su decisión, refiriéndose a un supuesto «sesgo geográfico» en la labor actual de la CPI «en detrimento del Sur Global» (sic.).

Al omitir convenientemente referirse a las recientes órdenes de captura emitidas contra altas autoridades en Rusia (2023) y en Israel (2024), la justificación resulta de pronto bastante débil y hasta … algo risible: ¿un «sesgo geográfico» cuando la CPI ha emprendido acciones contra los dirigentes del principal socio de Estados Unidos en Oriente Medio, apoyados de manera incondicional por las diversas administraciones norteamericanas? Vaya vaya… ¡que «argumento» más innovador!

Con relación a una labor de la CPI que iría supuestamente «en detrimento del Sur Global» en este año 2026, omitiremos precisar las longitudes y las latitudes del extenso territorio ruso con relación a uno de los dos polos del planeta Tierra, de manera a no causar mayor sonrojo al ya causado.

Lo que podríamos calificar (con el sesgo nuestro de profesor universitario acostumbrado a evaluar a sus estudiantes) como una «justificación que padece de una pobreza extrema» en este 2026, resulta bastante notoria. Y más llamativo resulta el hecho que no haya sido mayormente detectada por analistas y comentaristas, así como por columnistas y «expertos«, usualmente siempre muy pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela.

Más aún tratándose, en el caso de los dirigentes de Israel, de un Estado como Venezuela que, históricamente, ha recibido a refugiados y a desplazados palestinos, así como a personas heridas en proveniencia de Gaza y de Cisjordania en los últimos años, y que ha apoyado la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. No está de más recordar que Venezuela mantiene hasta la fecha suspendidas sus relaciones diplomáticas con Israel, desde el mes de enero del 2009 (véase nota de ElPais/España), «ante la gravedad de las atrocidades contra el pueblo palestino«.

Salvo error de nuestra parte, este anuncio relacionado a la CPI de Venezuela no ha dado lugar a ningún comunicado oficial del aparato diplomático de Venezuela, que haya sido colgado en su sitio oficial (véase enlace). En este mismo sitio oficial sí se encuentra, en sentido opuesto, este comunicado oficial, del 7 de noviembre del 2021, en el que Venezuela reafirmaba ante la comunidad internacional, su firme y pleno compromiso con la justicia penal internacional de La Haya (véase enlace).

Es de tomar nota desde ya, de la poca formalidad del actual aparato diplomático venezolano, que posiblemente tenga algún tipo de explicación: enviar un primer mensaje, a modo de provocación y de paso, medir las diversas reacciones y los silencios.

Cabe precisar que esta decisión de Venezuela de este mes de julio se tomó unos pocos días después del 17 de julio, fecha aniversario de la justicia penal internacional, y que pasó en este 2026, prácticamente desapercibida (Nota 1).

El Estatuto de Roma en muy breve

Como bien se recordará, la CPI fue establecida en julio de 1998 mediante un instrumento conocido como el «Estatuto de Roma«: el texto completo del Estatuto de Roma de 1998 en español está disponible en este enlace.

Resulta oportuno recordar para quiénes no estén muy familiarizados con esta jurisdicción internacional ubicada en La Haya, que la CPI es competente para juzgar penalmente únicamente a título individual a personas (y no a Estados) que, en el ejercicio de sus funciones, cometieron, ordenaron o instigaron a la comisión de tres crímenes: el genocidio (cuya definición se encuentra en el Artículo 6 del Estatuto de Roma), los crímenes de lesa humanidad (Artículo 7) y los crímenes de guerra (Artículo 8).

La lectura completa de este último artículo 8 es particularmente recomendada a la luz de las imágenes de destrucción masiva e injustificada y de la muerte diaria de civiles en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022 así como a la luz de las imágenes de muertes de civiles palestinos y de destrucción a gran escala que provienen de Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023: la lectura completa de este artículo 8 permite además entender mucho mejor las razones por las que tanto el Presidente de Rusia (desde marzo del 2023) como el actual Primer Ministro de Israel (y su ex Ministro de defensa) son objeto de una orden de captura emitida por la CPI desde el mes de noviembre del 2024 (véase comunicado oficial de la CPI).

En el caso de la franja de Gaza, al 25 de julio del 2026 se contabilizan casi 174.000 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y sin acceso a medicamentos, agua y alimentos en cantidad suficientes, y 73.305 víctimas identificadas en Gaza, la mayoría siendo mujeres (10.983), niños (21.283) y personas de la tercera edad (5.100): véase último informe de Naciones Unidas al 25 de julio del 2026. Cabe precisar que las autoridades sanitarias palestinas únicamente registran cuerpos identificados de personas fallecidas en Gaza, y no contabilizan los cuerpos de personas sin identificar, por lo que se estima que son muchas más las personas fallecidas en Gaza y que muchos son los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros.

La denuncia del Estatuto de Roma

Como todo instrumento internacional adoptado en el ámbito multilateral, el Estatuto de Roma contiene en su artículo 127, una disposición sobre la denuncia del mismo, y que se lee de la siguiente manera:

«Artículo 127 Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.

2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto».

Este artículo 127 precisa que, mientras la denuncia de Venezuela no surta efectos legales (con un plazo muy preciso de 12 meses contados a partir de la notificación de la denuncia a la Secretaría General de Naciones Unidas), la justicia penal internacional de La Haya puede continuar con sus investigaciones, recopilar información adicional a la que ya dispone, las organizaciones de derechos humanos pueden continuar enviando casos a la Fiscalía de la CPI, al tiempo que Venezuela sigue sometida a todas y cada una de las disposiciones del Estatuto de Roma como Estado Parte.

Con relación a la situación interna en Venezuela en materia de derechos humanos, este informe del 2021 de un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya alertaba de la posible comisión en Venezuela de crímenes de lesa humanidad susceptibles de interesar a la CPI, al concluir (p. 453) que:

«the Panel of Independent International Experts considers that there are reasonable grounds, that satisfy the standard of proof required by Article 53 of the Rome Statute, to believe that acts to which the civilian population of Venezuela was subjected to, dating back to at least February 12, 2014, constitute crimes against humanity, in accordance with Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court, including the crimes of murder, imprisonment, torture, rape and other forms of sexual violence, persecution, and enforced disappearances as said forth more fully in this report».

En buena lógica, la OEA debería de haberse pronunciado contra la decisión de Venezuela anunciada de retirarse de la CPI en este mes de julio del 2026. Al momento de redactar estas líneas (31 de julio del 2026), no pareciera ser el caso: una actitud que resulta oportuno contrastar con, por ejemplo, el comunicado de prensa de la misma OEA al notificar Venezuela, en el mes de septiembre del 2012, su denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (véase comunicado oficial).

Estados Partes al Estatuto de Roma y criminales de guerra buscados por la CPI

Con relación a las modificaciones de las relaciones jurídicas de un Estado Parte al Estatuto de Roma, en lo que va de este año 2026 únicamente se registra por el momento (al 31 de julio del 2026) la siguiente: se trata de una nota de la Secretaría General de Naciones Unidas con fecha del 29 de mayo del 2026 (véase nota) en la que las nuevas autoridades húngaras notifican dejar sin efecto la denuncia del Estatuto de Roma realizada por Hungría en junio del 2025 (véase documento). Esta reciente decisión de Hungría del 2026 fue, por cierto, saludada por la CPI (véase comunicado oficial): de haberse materializado jurídicamente la denuncia del Estatuto de Roma por parte de Hungría se hubiese convertido Hungría en el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en tomar sus distancias con la justicia penal internacional.

¿Algunos sectores políticos ocupaban, habiendo fracasado con Hungría en Europa, encontrar a otro Estado en otra región del mundo, dispuesto a denunciar el Estatuto de Roma?

Cabe recordar que, en julio del 2025, la CPI emitió una decisión condenando a Hungría por invitar al Primer Ministro israelí y no cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma (véase texto de esta decisión). Se trata de una decisión muy similar a otra anterior, en contra de Mongolia, al haber invitado sus autoridades (sin capturarlo) al actual Presidente de Rusia, también objeto de una orden de captura en su contra emitida por la CPI en marzo del 2023: la decisión relativa a Mongolia es del 24 de octubre del 2024, y por cierto, lleva la firma mancomunada del actual juez costarricense en la CPI (véase texto). Con relación a la no captura y entrega a la CPI del presidente de Rusia, Tajikistan también ha sido objeto de una condena por parte de la CPI, en el mes de marzo del 2026 (véase decisión).

Por cierto, estas decisiones de la CPI, que nunca fueron cuestionadas por ninguno de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma, confortan sin discusión alguna la idea que un jefe de Estado objeto de una orden de captura emitida por la CPI ya no beneficia de los privilegios e inmunidades de los que goza todo jefe de Estado cuando viaja en el exterior.

Pese a la claridad meridiana de estas decisiones de la CPI, existen pequeños círculos (que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel) que continúan intentando establecer un falso debate ante la opinión pública defendiendo la idea que sí se imponen estos privilegios e inmunidades sobre una orden de captura emitida por la CPI. A estos distinguidos asesores de estos pequeños círculos de influencia (incluyendo los que gravitan alrededor de la embajada de Israel en Costa Rica), debería de poder llamarles la atención un hecho sencillo de observar: la reducción bastante drástica de viajes en el exterior del presidente de Rusia y del primer ministro de Israel, desde el momento en que la CPI notificó la existencia de órdenes de arresto en su contra. ¿Qué será lo que observamos todos y que no quieren ver unos pocos?

Nótese que el nuevo alcalde de Nueva York tiene la firme intención de capturar al Primer Ministro israelí si llegara a poner un pie en la ciudad (véase nota de The Guardian del 19 de julio del 2026): desde el punto de vista estrictamente jurídico, su posición abre un interesante debate sobre las competencias que en materia policial poseen en Estados Unidos las autoridades locales, con respecto a las autoridades federales.

América Latina y el Estatuto de Roma

En este enlace figura el estado oficial de las firmas y de las ratificaciones, que registra 125 Estados Partes al Estatuto de Roma: cabe precisar que Senegal fue el primer Estado en ratificarlo en febrero de 1999, siendo Ucrania el último en haber ratificado el Estatuto de Roma, en el mes de octubre del 2024.

No resulta de más recordar que en América Latina, el primer Estado en ratificarlo fue precisamente Venezuela en el mes de junio del 2000: por lo que el anuncio de la denuncia del Estatuto de Roma por parte de sus autoridades el pasado 24 de julio mediante el precitado «tweet» cobra mucha mayor relevancia, y debiera de haber provocado un repudio mucho mayor al observado, tanto en el seno de agrupaciones de profesionales en derecho y jueces como en organizaciones latinoamericanas de derechos humanos.

En América Latina, resulta oportuno indicar que los tres últimos Estados en ratificar el Estatuto de Roma fueron Chile (2009), Guatemala (2012) y El Salvador (2016). Siempre en la región latinoamericana, son tres los Estados que, hasta la fecha, persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma: Cuba, Haití y Nicaragua.

El último informe de labores de la Oficina del Fiscal de la CPI (diciembre del 2025) se puede leer en inglés y en francés.

Con relación a América Latina, en estos momentos la CPI mantiene abierta una investigación sobre Venezuela iniciada en el 2018 (véase enlace), al tiempo que desestimó otra (siempre sobre Venezuela) iniciada a solicitud de las mismas autoridades venezolanas (véase enlace); y cerró una que tenía abierta sobre Colombia en el 2021 (véase enlace).

Con respecto a Venezuela, cabe precisar que la investigación abierta en el 2018 fue objeto de una solicitud formal a la Oficina del Fiscal presentada conjuntamente por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay (véase carta conjunta) a la que se unieron posteriormente Uruguay (véase carta) y Ecuador (véase carta) en el 2024. Aquí también, en buena lógica, estos mismos Estados debieron de haber repudiado el anuncio de Venezuela de retirarse de la CPI del 24 de julio del 2026 y veremos que … no ha sido el caso.

En este enlace de la organización en derechos humanos Human Rights Watch se explica en detalle la importancia para las víctimas en Venezuela de la labor realizada por la justicia penal internacional de La Haya.

Recientemente en El Salvador, varios expertos y organizaciones han solicitado que la CPI investigue las exacciones que sufren muchos salvadoreños, y el manto de impunidad campante que las acompaña, tratándose de exacciones que califican jurídicamente como crímenes de lesa humanidad (Nota 2). La lectura de su informe es particularmente recomendada a diversos sectores políticos en América Latina, partidarios de una «política de mano dura» contra la delincuencia organizada inspirada en la experiencia salvadoreña.

Han sido muchas las críticas hechas a la labor de la CPI, y como toda institución internacional, su funcionamiento es perfectible. Ahora bien, la posibilidad (aún remota) que se establece, en los Estados Partes al Estatuto de Roma, para que algún día las víctimas de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad o de un genocidio y sus familiares vean a sus responsables enjuiciados en La Haya, constituye una manera de mermar la sed de venganza y de revancha de muchos en el mundo: mientras que la impunidad genera ineludiblemente más violencia, la existencia de una jurisdicción como la CPI puede contribuir a frenarla.

Estados Unidos y la justicia penal internacional

Desde este punto de vista, el Estatuto de Roma constituye un valioso instrumento internacional para intentar poner fin a la impunidad campante que persiste cuando ocurren crímenes particularmente graves como el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Resulta oportuno recordar que este tratado multilateral a vocación universal logró entrar en vigor en abril del 2002, pese a una fuerte resistencia de algunos Estados, uno en particular empecinado en torpedear a como diera lugar los alcances del Estatuto de Roma: Estados Unidos. Tuvimos la ocasión de señalar en el 2012, al cumplirse 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma que:

“Pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tanto esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán” (Nota 3).

Parte de las hostilidades contra la CPI en el 2002 consistieron en dedicar intensos esfuerzos de todo el aparato diplomático de Estados Unidos para suscribir “Acuerdos Bilaterales de Inmunidad” (ABI), tendientes a resguardar al personal militar y civil norteamericano de cualquier eventual captura y envío a La Haya a solicitud de la justicia penal internacional.

En el caso específico de Costa Rica, este muy completo artículo de su excanciller en el período (2006-2010) detalla de manera muy completa el tipo de presiones recibidas para que Costa Rica suscribiera a como diera lugar, bajo amenazas comerciales incluso, un ABI con Estados Unidos (Nota 4).

Se recomienda la lectura del precitado artículo en su totalidad, tratándose además de un texto que merece una mención muy destacada: en efecto, salvo error de nuestra parte, no se cuenta con un ejercicio similar de acceso público por parte de ex jefes de aparatos diplomáticos con relación a las presiones muy similares que sufrieron los demás Estados de América Latina en aquella época. Cabe además recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un ABI en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos en todo el mundo (véase el listado de los ABI suscritos por Estados Unidos), siendo el primero de ellos el ABI suscrito con Israel en agosto del 2002 (véase texto). Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y las respuestas a sus peticiones dentro del aparato estatal costarricense pueden analizarse revisando estos cables confidenciales (véase cable 1 , cable 2 y cable 3 ) que fueron dados a conocer por WikiLeaks. En el segundo de estos cables confidenciales (que ameritarían una investigación profundizada no solamente limitada a Costa Rica), se puede leer que:

«After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her«.

El acento puesto de nuestra parte en el caso de Costa Rica y en el hecho de que no sucumbiera a las presiones norteamericanas para firmar un ABI responde a que se considera ejemplar que la diplomacia de Costa Rica mantuviera intacta su fidelidad a los principios enunciados en el Estatuto de Roma, a diferencia, en el continente americano, de Belice, Colombia, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y varios Estados anglófonos en el Caribe.

Con respecto al pasado 10 de abril del 2026, fecha en la que se recuerda ya no la adopción sino la entrada en vigor del Estatuto de Roma (en abril del 2002), remitimos a nuestra nota escrita con relación a lo que ocurre en el Líbano y que debería interesar a la CPI, siempre y cuando las autoridades libanesas accedieran a ello, y titulada: «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, disponible en este enlace.

Un presidente de Estados Unidos sumamente hacendoso combatiendo de manera desvergonzada a la CPI

A penas instalado en la Casa Blanca a finales de enero del 2025, el actual ocupante de la Casa Blanca emitió sanciones contra el personal de la CPI: véase nota oficial de la Casa Blanca del 6 de febrero del 2025. Estas sanciones norteamericanas contra la CPI son insólitas, y recuerdan las viejas técnicas mafiosas tendientes a intimidar a operadores de justicia, jueces y fiscales para que no hagan su trabajo.

Se trata de un detalle en la línea de tiempo que confirma la máxima prioridad dada por la actual administración norteamericana para intentar resguardar a las autoridades israelíes de la justicia penal de La Haya.

En aquella ocasión, la máxima autoridad norteamericana no tuvo reparo alguno en mencionar directamente a Israel como principal motivo de estas sanciones. Estas sanciones de febrero del 2025 dieron origen a una reacción de repudio de 79 Estados Partes al Estatuto de Roma (de 124): véase declaración colgada en el sitio de la diplomacia de Eslovenia. Por parte de América Latina no suscribieron el texto Argentina, El Salvador, Paraguay y Venezuela.

Como ya viene siendo costumbre con las «Executive Orders» del actual ocupante de la Casa Blanca y las de su administración, estas sanciones fueron declaradas ilegales. En efecto, el 18 de julio del 2025, a modo de mensaje nada subliminal de la justicia norteamericana a los jueces de la CPI, se anunció que una jueza en Estados Unidos suspendió la aplicación del Executive Order del Presidente de Estados Unidos contra el personal de la CPI y sus colaboradores (véase nota del New York Post): se trató de una nueva decisión de la justicia norteamericana, que vino a añadirse a varias otras anteriores, declarando ilegales las diversas ocurrencias de su mandatario desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025.

En su decisión del 18 de julio del 2025 (véase texto integral), se lee que la jueza no quedó mayormente convencida por las motivaciones brindadas por el Poder Ejecutivo norteamericano:

«The Government says that the Executive Order advances an “ ‘important’ and ‘compelling’” government interest in “protecting the personnel of the United States and its allies from investigation, arrest, detention, and prosecution by the ICC without the consent of the United States or its allies.” Opp’n 20.5 Even assuming the importance of that government interest, the Executive Order appears to restrict substantially more speech than necessary to further that end. The Executive Order broadly prohibits any speech-based services that benefit the Prosecutor, regardless of whether those beneficial services relate to an ICC investigation of the United States, Israel, or another U.S. ally

/…/

Here too, the Executive Order appears to burden substantially more speech than necessary.

Accordingly, the Plaintiffs have established likely success on the merits of their First Amendment challenge to Section 3(a) of the Executive Order».

Algunos apuntes adicionales son relación a la decisión de Venezuela

La decisión dada a conocer por Venezuela en un «tweet» de su máximo representante diplomático debió de haber generado protestas por parte de las principales organizaciones de derechos humanos, tanto en Venezuela como fuera de ella, al buscar con esta decisión garantizar una futura impunidad a muchos responsables venezolanos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado en el territorio venezolano.

En el caso de América Latina, se trata del primer Estado Parte de la región en anunciar su intención de denunciar el Estatuto de Roma, lo cual debería de ser firmemente condenado y repudiado: invitamos desde ya a nuestros estimables lectores en América Latina revisar lo que han dicho sus autoridades diplomáticas desde el 24 de julio sobre Venezuela. Si no encontraron mayor comunicado de repudio, ello puede plantear interrogantes muy válidas sobre el grado de compromiso con la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, en particular de sectores políticos abanderados en los últimos años con la lucha por la democracia y por el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

A nivel de Naciones Unidas, este comunicado oficial del 27 de julio difundido desde el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas merece una particular mención, que contrasta con el silencio persistente de la OEA: en efecto, los diversos informes del Mecanismo de Investigación sobre Venezuela, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el 2019, están disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas y detallan uno tras uno, la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, que no ha ido sino empeorando con el paso del tiempo. El documental “De Macedonia, con amor“, realizado por activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025.

Sí es de notar, en América Latina, la ausencia de reacciones oficiales por parte de otros Estados Partes al Estatuto de Roma, al anuncio de Venezuela del pasado 24 de julio.

Como si, desde la intervención militar ilegal de Estados Unidos en Venezuela en enero del 2026 y desde la captura de su mandatario – no menos ilegal – por parte de Estados Unidos (Nota 5), los derechos humanos de los venezolanos y la impunidad campante por los crímenes cometidos en el pasado reciente, hubiesen pasado a un segundo plano. Sobre la operación norteamericana realizada en Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero, resulta notoria la extrema celeridad con la que la diplomacia de Israel la saludó y la celebró (véase nota del TimesofIsrael del mismo 3 de enero del 2026) y el hecho que esta primera intervención norteamericana en América Latina en lo que va del siglo XXI, únicamente fue saludada por Argentina y Paraguay (Nota 6).

Nótese que además de Argentina y de Paraguay, en los próximos días Colombia podría sumarse a este pequeño grupo de entusiastas Estados que aplauden y celebran las ilegalidades cometidas en el plano internacional por el actual ocupante de la Casa Blanca: su Presidente electo ya ha anunciado en este mes de julio que trasladará la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso internacional existente desde 1947 (Nota 7) sobre el estatuto internacional específico de Jerusalén (véase nota de la DW del 16 de julio del 2026).

A modo de conclusión

El único Estado en el hemisferio americano (y posiblemente en todo el mundo…) en saludar y en congratularse por la decisión de Venezuela de denunciar el Estatuto de Roma, fue Estados Unidos: al respecto, la lectura del comunicado oficial del Departamento de Estado (véase enlace) merece particular mención y permite entender un poco mejor las razones (no dichas) en el precitado «tweet» de la diplomacia venezolana citado al inicio de estas reflexiones. Un entusiasmo tan grande como solitario por parte de Estados Unidos delata de manera bastante clara la maniobra norteamericana, que ha encontrado en Venezuela algo que aún no ha logrado obtener de otros Estados.

Estas razones se explican aún mejor al recordarse que este «tweet» de Venezuela fue precedido de nuevas sanciones contra la CPI anunciadas por parte de Estados Unidos el pasado 13 de julio, sosteniendo sus máximas autoridades diplomáticas de manera bastante creativa (Nota 8) que se trata de una jurisdicción que «amenaza la soberanía de Estados Unidos» (sic): véase al respecto esta nota oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos el que se precisa que el objetivo consiste en «desmantelar» (sic.) a la CPI y que instrucciones muy precisas serán enviadas por Estados Unidos a los Estados Partes al Estatuto de Roma para que lo denuncien.

La línea de tiempo indica como detalle de interés, que el 10 de julio, autoridades militares de Israel que llegaron en apoyo a las tareas de rescate luego del doble sismo en Venezuela del pasado 24 de junio, se reunieron con las máximas autoridades venezolanas: la reunión sostenida fue inmediatamente celebrada por la máxima autoridad en Israel (véase nota del TimesofIsrael de esta misma fecha).

Sostener que la decisión de Venezuela de retirarse de la CPI es una decisión «libre y soberana» merecería ser matizado, en particular a la luz de todas las gestiones de diversa índole emprendidas por parte del aparato diplomático de Estados Unidos contra la justicia penal internacional en este mes de julio del 2026.

– – Notas – –

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «¿Impunidad o lucha por la justicia? Desde una Costa Rica ausente, apuntes con respecto al día conmemorativo de la justicia penal internacional«, 15 de julio del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: El Salvador ha desarrollado en estos últimos años una política represiva de «mano dura» que ha originado un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas, el cual recomienda realizar gestiones ante la CPI por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador: véanse al respecto esta nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y el texto completo de este voluminoso y muy completo informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SURCOS Digital). Se recomienda la lectura de este documento, en particular por parte de quienes alaban la política de «mano dura» de El Salvador en Costa Rica, así como en algunas otras latitudes del continente americano.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., “A 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una perspectiva latinoamericana “ en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana. University for Peace Press / Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 2012, pp. 1-16, p. 5. Obra completa con acceso al texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: Véase STAGNO B., “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008 “en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana, University for Peace Press / Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 2012, pp. 304-331. Obra completa con acceso al texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI «, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: El comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratuló de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante inusual. De igual manera se pronunció el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que, para estos dos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada en la noche del 2 al 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere (discretamente…) revisar y evaluar en qué medida la captura ilegal del general Noriega en 1989 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano.

Nota 7: Al respecto, no está de más remitir a nuestros estimables lectores en Colombia a lo que se lee en el capítulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv ocurrido en el 2007 y la gran cantidad de resoluciones de Naciones Unidas exigiendo el retiro de toda legación diplomática de Jerusalén, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010): véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 29-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.

Nota 8: La relectura de esta nota oficial del 13 de julio del 2026 del Departamento de Estado evidencia cuan creativos son sus actuales jerarcas, y de paso, un desconocimiento bastante extraño de los fundamentos del derecho internacional público: empezando por el hecho de que, si Estados Unidos no quiere ser Estado parte al Estatuto de Roma, la CPI no tiene cómo ejercer sus competencias en un territorio que no está sujeto a su jurisdicción. Este artículo publicado en The Guardian este 16 de julio por un reconocido experto en Estados Unidos detalla la serie de inconsistencias de Estados Unidos con respecto a la idea de «desmantelar» a la CPI y la total pérdida de credibilidad de su actual secretario de Estado, al sostener que Estados Unidos debe siempre estar en capacidad de «controlar» el derecho internacional. Más allá de la total pérdida de credibilidad de la actual administración norteamericana en este 2026, el no mencionar expresamente a Israel en la declaración del 13 de julio del 2026, claramente denota el grado de cinismo al que se puede llegar en aras de intentar resguardar a toda costa a los altos dirigentes israelíes de las acciones emprendidas en su contra por el Fiscal y por los jueces de la CPI.

¿Por qué USA se alió a la URSS contra la Alemania nazi?

Escrito en 05/08/2026. Publicado en Análisis.

Juan Félix Montero Aguilar*

¿Se han preguntado ustedes cuales fueron los motivos por los cuales Estados Unidos decidió aliarse con la Unión Soviética contra la Alemania nazi en el ll guerra mundial y no con Alemania contra la URSS?

No conozco opiniones al respecto, solo conozco de la brillante diplomacia y política de alianzas de Stalin que lo logró, pero yo tengo algunas opiniones de mi cosecha.

En Estados Unidos había muchas simpatías hacia el régimen nazi, entre otros el afamado piloto Lindenberg que fue el primero en cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas con su avión.

Muchas grandes empresas de EEUU eran financistas de la Alemania hitleriana entre otras el mismitico Rockefeller.

No es casualidad que el político búlgaro Jorge Dimítrov definiera el fascismo como “la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero”.

Los planes expansionistas de las “doctrina Monroe” y el “destino manifiesto” eran anteriores a la ideología nazi y al fascismo de Mussolini.

También el verdadero creador del “miente miente que algo queda” no fue Goebbels, el propagandista de Hitler, sino los gringos Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst con el amarillismo periodístico, muchos años antes.

Bajo ese proyecto de dominación mundial ya EEUU había logrado anexarse excolonias de España como Filipinas, Cuba y Puerto Rico, además de la mitad del territorio mejicano y el reino del archipiélago de Hawái.

USA veía en el proyecto de Hitler un competidor, un rival a sus propios planes expansionistas.

La Unión Soviética desde el punto de vista de clase era tan enemigo de la Alemania nazi como de Estados Unidos, pero USA no avizoraba en ellos en lo inmediato el mismo espíritu expansionista que el que si percibían en la Alemania nazi, que ya lo había hecho evidente con sus conquistas en gran parte de Europa.

Su razonamiento fue el siguiente, acabaremos con la Alemania nazi y después nos encargaremos de la URSS comunista.

A mí no me agrada reconocer esto, me da coraje, pero al final de los tiempos cumplirían su cometido, la destrucción de la Unión Soviética ha sido la mayor derrota política sufrida por la humanidad desde todo punto de vista y no la famosa implosión de que algunos hablan. Hasta el mismo Putin lo ha reconocido así.

Me pueden acusar de otorgarle demasiados méritos a USA, siendo EEUU ahora un imperio en decadencia, pero en esos tiempos era la potencia emergente.

Hoy día Estados Unidos, con el gobierno racista y supremacista de Donald Trump a la cabeza, lleva adelante la reedición de una historia terrible ya vivida por la humanidad, es el neofascismo, el fascismo del S XXl.

El nazi fascismo ha vuelto, regresa motivado por la revancha, nunca perdonó la derrota propinada por la Unión Soviética en la gran Guerra Patria; y está empeñado en apropiarse de cada vez más gobiernos en Europa y también en América Latina, a quien considera su patio trasero.

Utiliza para ello novedosos métodos que les ha dado tan buenos resultados hasta ahora más allá de los golpes de Estado militares y los conocidos como golpe técnico o lawfare: las revoluciones de colores, primaveras; manipulación de elecciones de diversas formas, entre ellas alterando los resultados, sobre todo los votos en el exterior, manipulación de algoritmos y la influencia mediática del presidente Trump.

(*) Profesor pensionado, articulista costarricense y referente de la izquierda en Costa Rica.

Nicaragua y el anuncio electoral de Daniel Ortega: ¿soberanía y derecho de legítima defensa?

Escrito en 21/07/2026. Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González | Julio de 2026

Defender la soberanía frente a la amenaza externa es un derecho. Ninguna potencia debe imponer regímenes, sancionar pueblos o militarizar el continente.

El anuncio de Ortega sobre el muro legal electoral contra el golpismo debe interpretarse dentro de una coyuntura en la que la amenaza intervencionista estadounidense ha aumentado objetivamente.

El Corolario Trump a la Doctrina Monroe de 1823, el Escudo para las Américas, la operación militar contra Venezuela, la coerción energética sobre Cuba y la recientemente inaugurada campaña internacional contra el “terrorismo de extrema izquierda” forman una estructura de presión hemisférica real.

Negarla implicaría ignorar documentos oficiales, operaciones militares, sanciones y mecanismos de vigilancia ya puestos en marcha.

¿Se produce así una espiral: Estados Unidos amplía las nociones de terrorismo y amenaza compartida para justificar su primacía regional; el Gobierno nicaragüense amplía las nociones de golpismo y traición para justificar el cierre interno?

¿Cada polo utiliza los excesos del otro como prueba de la necesidad de sus propias medidas excepcionales?

¿Es posible defender inequívocamente la soberanía de Nicaragua frente a sanciones, operaciones encubiertas o agresiones extranjeras y, al mismo tiempo, sostener que la soberanía pertenece a la sociedad en su conjunto, no solamente al Gobierno?

¿Es posible garantizar que las elecciones ninguna potencia extranjera pueda capturarlas y que ningún poder interno pueda cancelarlas?

Etiqueta: Estados Unidos

Félix MadariagaPeriodista

José A. Amesty Rivera

José A. Amesty Rivera

Álvaro Fernández González

José A. Amesty Rivera

Por Arnoldo Mora

Por Félix Madariaga

Nicolas BoeglinProfesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCRnboeglin@gmail.com

Juan Félix Montero Aguilar*

Álvaro Fernández González | Julio de 2026

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